Document - Lesotho: Inhumane prison conditions for 50 soldiers facing court-martial

Servicio de Noticias: 013/99

ÍNDICE AI: AFR 33/01/99/s

21 DE ENERO DE 1999



DECLARACIÓN PÚBLICA


Lesotho: Condiciones de encarcelamiento inhumanas para 50 soldados que serán juzgados en consejo de guerra


A Amnistía Internacional le preocupa que las autoridades de Lesotho no hayan tomado medidas para mejorar las condiciones inhumanas de la Prisión de Máxima Seguridad de Maseru, en la que llevan detenidos hasta tres meses cincuenta soldados que serán juzgados en consejo de guerra y puede que condenados a muerte.


A la organización también le preocupa que el consejo de guerra creado para juzgar a los presos, acusados en relación con la sublevación del 11 de septiembre de 1998 contra la jefatura del ejército, no cumpla las normas internacionales de independencia e imparcialidad.


«La falta de solución a estos problemas está produciendo un aumento de las tensiones en Lesotho y la posibilidad de más violaciones de derechos humanos», ha afirmado Amnistía Internacional, que añadió que esta falta de soluciones provocó esta semana un motín de los soldados presos, reprimido el 18 de enero por un contingente de tropas de Lesotho, Sudáfrica y Botsuana.


La mañana de 18 de enero, los miembros del consejo de guerra y el juez Cullinan, auditor de guerra, encargado de asesorar al consejo de guerra sobre temas jurídicos, inspeccionaron las celdas en compañía de los abogados defensores. El auditor de guerra hizo constar en acta sus conclusiones: las condiciones de encarcelamiento eran inhumanas, las celdas estaban plagadas de escorpiones y otros insectos y faltas de ventilación, luz, lugares adecuados donde dormir e instalaciones sanitarias.


Durante una visita a la misma prisión, realizada el 29 de octubre de 1998 por unos delegados de Amnistía Internacional, éstos entrevistaron a los 33 soldados que se encontraban entonces detenidos, sin cargos y sin acceso adecuado a sus abogados.


Los delegados señalaron que los detenidos tenían que dormir en colchonetas colocadas directamente sobre el suelo de cemento y que a las celdas llegaba muy poca luz natural incluso en pleno día. Los detenidos se quejaban de que pasaban encerrados más de catorce horas diarias en condiciones antihigiénicas, con un cubo para hacer sus necesidades. Varios de ellos sufrían problemas de salud, tal vez causados o agravados por el frío y la falta de higiene.


Es motivo de honda preocupación el que no se hayan hecho mejoras en las condiciones de esta cárcel, a pesar de los llamamientos que Amnistía Internacional ha hecho llegar a las autoridades responsables y de la inspección y las recomendaciones hechas por el Comité Internacional de la Cruz Roja en octubre, así como de las recomendaciones de funcionarios sudafricanos que inspeccionaron las celdas.


Los abogados de los soldados acusados abandonaron el caso el 18 de enero en protesta por las condiciones en que se mantenía a sus clientes y por la celebración del juicio en las instalaciones de la prisión. Han solicitado al Tribunal Superior una orden para que el juicio se traslade fuera de los límites de la cárcel, basándose en que la actual ubicación merma la integridad del proceso. Los acusados también han manifestado su preocupación por la composición del consejo de guerra, que incluye cinco oficiales al mando del teniente general Mosakheng, principal demandante.


Amnistía Internacional acepta que las autoridades responsables tienen la obligación de investigar y juzgar los delitos. Sin embargo, toda persona tiene derecho a ser juzgada por un tribunal independiente e imparcial que cumpla todas las normas internacionales de imparcialidad. Además, toda persona detenida, aunque esté siendo juzgada, tiene derecho a permanecer retenida en condiciones humanas y con respeto a la dignidad inherente a cualquier ser humano, y bajo ningún concepto podrá ser retenida en condiciones que constituyan trato o pena cruel, inhumano o degradante.


Amnistía Internacional ha solicitado a las autoridades políticas y militares responsables que se aseguren de que las condiciones de prisión mejoran y que se toman todas las medidas necesarias para garantizar que el consejo de guerra contra los cincuenta soldados se lleva a cabo según las normas internacionales sobre garantías procesales, especialmente dada la gravedad de la condena que puede imponerse a los acusados al terminar el juicio.


Amnistía Internacional ha añadido que el cumplimiento por parte de Lesotho de las leyes internacionales de derechos humanos en la realización de este juicio y en el trato dispensado a los acusados también fomentará la confianza de la opinión pública en que la justicia se administra correctamente.


Información general


El 2 de noviembre de 1998, Amnistía Internacional solicitó al primer ministro y ministro de Defensa, Pakalitha Mosisili, al ministro de Justicia, Motanyane, y al jefe de las Fuerzas de Defensa de Lesotho, teniente general Mosakheng, que resolvieran urgentemente las malas condiciones de encarcelamiento en que se encontraban los acusados de la sublevación. La organización también planteó sus preocupaciones a los funcionarios sudafricanos que por entonces participaban en las negociaciones entre el gobierno de Lesotho y los partidos políticos de la oposición.


Amnistía Internacional concluyó en octubre que las condiciones en las que se encontraban los presos distaban mucho de cumplir normas internacionales tales como las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos, de las Naciones Unidas, y el Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión.


El 27 de noviembre, el Tribunal Superior de Lesotho, ante una denuncia interpuesta por familiares de los detenidos, emitió el siguiente fallo: «Lo que había sido un arresto legítimo se ha convertido en uno irregular», y ordenó al jefe de las Fuerzas de Defensa de Lesotho que se asegurara de que los detenidos «son acusados de algún delito del cual sean sospechosos en un plazo de ocho días [a partir del fallo] o son puestos en libertad».

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