AMNISTÍA INTERNACIONAL
DECLARACIÓN PÚBLICA

23 de diciembre de 2010

Índice AI: AFR 32/019/2010

Kenia: Denunciar el Estatuto de Roma no afectará a las investigaciones iniciadas

La moción aprobada por el Parlamento keniano el 22 de diciembre para pedir al gobierno que tome las medidas oportunas para denunciar el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional no eximirá a Kenia, si es que el gobierno accede a ella, de cumplir con las obligaciones que ha contraído en virtud del Estatuto, ha manifestado Amnistía Internacional.

En la moción se pide la revocación de la Ley de Delitos Internacionales (que hace posible la aplicación del Estatuto de Roma en Kenia) y se solicita al gobierno que denuncie el Estatuto de Roma. Sin embargo, éste dispone que toda denuncia de un Estado Parte –Kenia lo es desde 2005– se hará efectiva un año después de la fecha en que el secretario general de la ONU reciba la notificación. Además, Amnistía Internacional ha señalado que, en caso de que Kenia decida denunciar el Estatuto de Roma, la denuncia no afectará a la cooperación con la Corte en las investigaciones y enjuiciamientos en relación con los cuales Kenia tenga la obligación de cooperar y que se hayan iniciado antes de la fecha en que la denuncia se haga efectiva, ni impedirá de ningún modo que continúe el examen de todo asunto sometido ya a examen por la Corte antes de la fecha en que la denuncia se haga efectiva.

En marzo, la Corte Penal Internacional autorizó al fiscal, Luís Moreno Ocampo, a iniciar una investigación sobre la violencia postelectoral de 2007/2008. Debido a ello, en diciembre el fiscal presentó una solicitud a la Corte para que cursara citaciones para la comparecencia de seis ciudadanos kenianos. El fiscal considera que hay razones para creer que los seis son responsables de crímenes de lesa humanidad presuntamente cometidos en Kenia durante la violencia. Corresponde a la Corte decidir, a través de su Sala de Cuestiones Preliminares II, si deben cursarse o no tales citaciones.

Hasta la fecha, el gobierno keniano no ha iniciado investigaciones imparciales y creíbles sobre los presuntos delitos internacionales y violaciones de derechos humanos cometidas durante la violencia postelectoral ni puesto a disposición de la justicia a los presuntos responsables. En particular, el gobierno no ha garantizado el establecimiento de un tribunal especial, o mecanismo judicial, como recomendó la comisión oficial de investigación sobre la violencia postelectoral en un informe de 2008. Debido a ello, la Corte Penal Internacional no ha tenido más remedio que intervenir con respecto a las personas consideradas responsables de crímenes de lesa humanidad.

Según la comisión de investigación, la violencia postelectoral causó la muerte de más de 1.100 personas, que fueron víctimas de homicidios de motivación política o étnica o de homicidios policiales, y el desplazamiento de más de 500.000 personas de sus hogares.

Amnistía Internacional pide al gobierno keniano que rechace la moción parlamentaria en que se pide revocar la Ley de Delitos Internacionales y la retirada de Kenia del Estatuto de Roma en aras de la necesidad de abordar la impunidad de los delitos de derecho internacional y las violaciones de derechos humanos. La organización pide también al gobierno que garantice la cooperación plena con la Corte Penal Internacional en el asunto keniano pendiente actualmente ante ella.