Document - Kenya: Statement on the conclusion of the mission led by Amnesty International’s Secretary General
AMNISTÍA INTERNACIONAL
DECLARACIÓN PÚBLICA
ÍNDICE AI: AFR 32/007/2009
16 de junio de 2009
Kenia: Declaración sobre la conclusión de la visita de la secretaria general de Amnistía Internacional a Kenia
Irene Khan, secretaria general de Amnistía Internacional, encabezó la delegación de alto nivel que visitó Kenia entre el 8 y el 12de junio de 2009.
El objetivo de la misión ha sido doble:
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Presentar la primera acción de la nueva campaña global de Amnistía Internacional “Exige Dignidad” –que pretende poner al descubierto y combatir los abusos contra los derechos humanos que crean y perpetúan la pobreza. Amnistía Internacional presentó el primer informe de la campaña titulado La mayoría invisible: dos millones de personas viven en asentamientos precarios en Nairobi. Este informe es objeto de un comunicado de prensa que se adjunta a esta declaración.
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Reunirse con representantes de la sociedad civil y con autoridades gubernamentales para analizar y presentar la perspectiva de Amnistía Internacional sobre la situación general de los derechos humanos en Kenia, incluidas las cuestiones relacionadas con la violencia postselectoral.
La delegación planteó las siguientes cuestiones a las autoridades de Kenia:
-la impunidad por los abusos de derechos humanos y delitos cometidos durante los violentos incidentes que se produjeron tras las elecciones en 2007-2008;
-la rendición de cuentas por parte de la policía por la violación de derechos humanos;
-la protección para los defensores y defensoras de los derechos humanos;
-la reforma de los sistemas judicial y policial.
La delegación de Amnistía Internacional se reunió con el primer ministro, Raila Odinga; el vicepresidente del país, Kalonzo Musyoka; el viceprimer ministro y ministro del Gobierno Local, Musalia Mudavadi; el ministro de Seguridad Interna y Administración Provincial, George Saitoti; el ministro de Justicia y Cohesión Nacional, Mutula Kilonzo; el ministro de la Tierra, James Orengo, y el ministro de la Vivienda, Soita Shitanda, así como otros altos funcionarios del gobierno. La delegación se reunió también con la presidencia de la Comisión Nacional Keniana de Derechos Humanos, organizaciones clave de la sociedad civil y con representantes diplomáticos.
Parte I
Kenia: Hasta dos millones de personas viven en el corazón de Nairobi en un agujero negro para los derechos humanos - sin servicios, sin seguridad, sin voz
(Nairobi) Amnistía Internacional hizo público el 12 de junio su informe sobre las espantosas condiciones y los graves abusos contra los derechos humanos que soportan quienes viven en los barrios marginales de Nairobi. La mayoría invisible: Dos millones de personas viven en asentamientos precarios en Nairobi describe cómo la mitad de la población de Nairobi vive en asentamientos informales, apiñada en una zona que sólo constituye el 5 por ciento del suelo urbanizado de la ciudad y el 1 por ciento de todos los terrenos por los que se extiende Nairobi.
Este informe es el primero de los que se presentarán en la nueva e innovadora campaña mundial de la organización, “Exige Dignidad”, que pretende poner al descubierto y combatir los abusos contra los derechos humanos que crean y perpetúan la pobreza. En Kenia, Amnistía Internacional está movilizando a los habitantes de los asentamientos precarios para que “exijan dignidad” y su derecho a una vivienda adecuada. La campaña hará que se oigan sus voces y exigirá a los dirigentes políticos kenianos que den respuestas efectivas.
“Millones de personas viven en condiciones miserables, y no sólo sufren la privación de servicios básicos, sino también discriminación, inseguridad y marginación”, ha afirmado Irene Khan, secretaria general de Amnistía Internacional.
“No se escuchan sus voces ni se les consulta o informa sobre las decisiones que afectan a sus vidas. Esto no es más que un escándalo de derechos humanos.”
El informe describe cómo el gobierno keniano se ha abstenido de proteger a los habitantes de los asentamientos precarios y cómo el abandono de los políticos durante generaciones ha permitido el aumento de estos asentamientos, que ha convertido a sus habitantes en prisioneros de la pobreza. Amnistía Internacional considera que los derechos humanos son fundamentales para permitir que las personas rompan el círculo de la pobreza.
En el informe, habitantes de asentamientos precarios describen una vida caracterizada por la privación, el aumento del precio de los alimentos, la falta de centros educativos o de atención a la salud, el hostigamiento por parte de las autoridades o la constante amenaza del desalojo forzoso. Según las víctimas, a menudo se llevan a cabo desalojos forzosos durante la noche o cuando hace mal tiempo y se hace un uso excesivo de la fuerza. Los desalojos se producen sin previo aviso o sin haberlos notificado del modo adecuado, y se destruyen las pertenencias de las personas al mismo tiempo que sus casas.
El informe señala que hay hasta 127.000 personas en peligro inminente de sufrir la demolición de sus viviendas provisionales y negocios informales, a causa de un plan gubernamental para la limpieza de la cuenca del río Nairobi.
A pesar de la política nacional sobre vivienda aprobada hace cuatro años, en la que se prometía el progresivo cumplimiento del derecho a la vivienda, el gobierno no ha facilitado viviendas asequibles y accesibles. Aunque se acoge con satisfacción esta iniciativa, el proceso de mejora de los asentamientos precarios ha avanzado con demasiada lentitud y carece de los recursos necesarios. Los habitantes de los asentamientos consideran que no se les ha consultado adecuadamente.
“Explotados por terratenientes, amenazados por la policía, extorsionados por bandas de delincuentes: los asentamientos precarios de Nairobi son un agujero negro para los derechos humanos, porque a sus habitantes se les priva de servicios básicos, se les niega seguridad y no se les permite opinar sobre su futuro”, ha afirmado Irene Khan.
El informe de Amnistía Internacional pide al gobierno de Kenia que:
-ponga fin a todos los desalojos forzosos;
-adopte directrices conformes al derecho internacional de los derechos humanos para garantizar la seguridad de tenencia y proteger a las personas frente a los desalojos arbitrarios;
-consulte del modo adecuado con las comunidades afectadas;
-mejore la coordinación entre las entidades gubernamentales que se ocupan de cuestiones relativas a la tierra y la vivienda.
“La promesa de ofrecer viviendas y servicios adecuados a quienes viven en barrios marginales y asentamientos informales lleva incumpliéndose desde hace mucho tiempo”, ha afirmado Irene Khan.
Información complementaria:
Irene Khan se reunió con habitantes y activistas de los asentamientos de Soweto (Kibera) y Korogocho. La delegación de Amnistía Internacional también visitó el asentamiento de Deep Sea.
La secretaria general de Amnistía Internacional presentó un número gratuito (3221) de envío de mensajes SMS para que los kenianos cuenten a su gobierno lo que significa para ellos el derecho a la vivienda y vivir con dignidad. Irene Khan y otros miembros de la delegación de Amnistía Internacional participaron en una marcha de varios cientos de personas de asentamientos de todo Nairobi para exigir su derecho a una vivienda adecuada.
El informe incluye testimonios directos, como el caso de una mujer que describió cómo se había quedado sin casa en dos ocasiones, la primera a causa de un desalojo forzoso y la segunda al incendiarse la vivienda mientras ella y otros familiares dormían en el interior. La única pertenencia que pudo salvar fue su tarjeta de identidad. Otra mujer describió que, tras sufrir un desalojo forzoso, sus hijos habían pasado varias semanas sin ir al colegio de educación primaria porque sus libros, uniformes y material escolar habían quedado destruidos cuando derribaron su vivienda. En un caso, una víctima de desalojo forzoso contó cómo él y las casas de sus vecinos habían sido incendiadas mientras se encontraban en la iglesia.
Parte II:
Kenia: Se agota el tiempo. El gobierno tiene que actuar urgentemente para acabar con la impunidad y lograr reformas esenciales
“A los sucesivos gobiernos kenianos se les ha dado muy bien crear Comisiones y Grupos Especiales de trabajo, pero muy mal aplicar las recomendaciones que han formulado. Este gobierno repite esa constante. Percibimos una evidente falta de voluntad política para tomar medidas concretas y ejercer una acción decisiva,” ha declarado Irene Khan, secretaria general de Amnistía Internacional.
Amnistía Internacional ha acogido son sumo agrado el alto nivel de acceso y el franco y abierto diálogo ofrecidos por las autoridades de Kenia, pero se ha encontrado con profundas divergencias en el seno del propio gobierno sobre la percepción de la situación de los derechos humanos en el país y sobre la magnitud y la naturaleza de las reformas que se precisan.
El Acuerdo de Gobierno de Coalición, y su propio establecimiento, han supuesto una notable oportunidad para romper la persistente cultura de impunidad y lograr las muy necesarias reformas constitucional, legal e institucional. Sin embargo, la discordia y las divisiones políticas en el gobierno están estrangulando esa oportunidad.
“Se agota el tiempo, y el gobierno tiene que actuar urgentemente para consensuar cuestiones básicas en materia de derechos humanos,” ha afirmado la señora Khan.
Transcurridos seis meses de la publicación del informe de la Comisión Waki, no se han emprendido acciones concretas para atajar la impunidad por las violaciones de derechos humanos graves y generalizadas cometidas por la policía y las fuerzas de seguridad, incluidos los sucesos de violencia postelectoral. Sin embargo, el gobierno sí ha dedicado mucha energía a rebatir el informe del relator especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, lo que refuerza y afianza la cultura de impunidad. Las amplias investigaciones y documentación realizadas y recopiladas por prestigiosas organizaciones nacionales e internacionales han desvelado que la policía y las fuerzas de seguridad cometieron violaciones generalizadas de derechos humanos, como homicidios ilegítimos, ejecuciones extrajudiciales, torturas y malos trastos, y otros abusos.
Ministros del gobierno aseguraron a Amnistía Internacional su compromiso con la reforma, pero el primer paso en todo proceso de cambio es el reconocimiento del problema.
Todas las partes del gobierno han reconocido que serán necesarias reformas constitucionales y nuevas leyes para lograr la reforma policial y judicial. Es imperioso que el gobierno de forma colectiva, y los dirigentes políticos gubernamentales a título individual, logren crear el consenso necesario para asegurar que se producen cambios constitucionales y legislativos.
Atajar urgentemente la impunidad por abusos contra los derechos humanos cometidos en sucesos de violencia postelectoral
El gobierno aseguró a la delegación de Amnistía Internacional que próximamente se promulgaría una nueva ley que propone la constitución de un Tribunal Especial sobre esta cuestión.
“No basta con promulgar una nueva ley. Los dos sectores del gobierno tienen que trabajar conjuntamente y con unidad de propósito para generar el necesario consenso y apoyo políticos que precisa ese tribunal,” afirmó la señora Khan.
Amnistía Internacional cree que la nueva versión de la ley debe redactarse tras consultar ampliamente y tomar en cuenta a la sociedad civil y a la opinión pública. El propuesto tribunal debe ajustarse al derecho internacional y ser independiente de toda injerencia política o de otra índole.
Esperar a que intervenga la Corte Penal Internacional (CPI) sería una abdicación de responsabilidad por parte del gobierno y del Parlamento de Kenia. En virtud del Estatuto de Roma de la CPI –en el que Kenia es Parte– los Estados Partes están obligados a establecer procesos locales que sean complementarios a los de la CPI. Como tal, el proceso para el establecimiento una instancia judicial local no debe considerarse como un elemento opuesto al proceso de la CPI sino más bien como un elemento para probar esta disposición gubernamental a combatir la impunidad.
Promover reformas fundamentales de los sistemas judicial, policial y de seguridad
Hace ya mucho que debían haberse emprendido reformas radicales y sectoriales del sistema policial y de las fuerzas de seguridad, incluso antes de que la violencia postelectoral creara una urgencia nueva. La labor del actual Grupo Especial de trabajo para la reforma de la policía no puede quedarse en un mero ejercicio de escaparatismo para retrasar o evitar el cambio.
El gobierno debe actuar con decisión y con carácter de urgencia cuando reciba las recomendaciones del Grupo Especial de trabajo sobre cómo hacer que las fuerzas policiales y de seguridad sean más efectivas y rindan cuentas de sus actos. Un elemento esencial de la reforma tiene que ser una comisión independiente de denuncias contra la policía.
“Las reformas de amplias miras carecerán de toda credibilidad si no se aplican medidas concretas para atajar la impunidad del pasado,” ha afirmado la señora Khan.
Amnistía Internacional pide a las autoridades de Kenia a que establezcan, sin más demora, una comisión de investigación independiente, imparcial y pública sobre los abusos de derechos humanos perpetrados por grupos armados –pero también de las fuerzas policiales y de personal de seguridad kenianos– en la región de Mount Elgon y en las operaciones contra los Mungiki. La investigación debe identificar a las personas que fueron responsables de la comisión de violaciones de derechos humanos y llevarlas ante la justicia.
Esta investigación debe también abordar las violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado.
No puede haber lugar para la impunidad en un proceso de Verdad, Justicia y Reconciliación
“El proceso de verdad, justicia y reconciliación ni puede ni debe sustituir a las actuaciones judiciales para establecer responsabilidades penales individuales en la comisión de abusos contra los derechos humanos en el pasado. Debe ir acompañado de procesos penales y de las reformas judiciales necesarias para que estos puedan llevarse a cabo,” ha recordado la señora Khan.
Amnistía Internacional considera que el proceso no debe dar lugar a la promulgación de amnistías e indultos. Acoge con satisfacción la propuesta de enmienda legislativa actualmente ante el Parlamento para eliminar las disposiciones que permiten la promulgación de amnistías e indultos. El gobierno debe procurar su adopción. Sin embargo, la ley en cuestión carece de un programa integral y efectivo para la protección de testigos. Si se desea que el proceso tenga una significación real, hay que corregir esta carencia urgentemente.
El proceso en curso para la designación de los y las integrantes de una Comisión de la Verdad, la Justicia y la Reconciliación tiene que ser abierto y transparente para que quede garantizado el respeto a la independencia e imparcialidad de esa Comisión.
Proteger a los defensores y defensoras de los derechos humanos
En el último año, defensores y defensoras de los derechos humanos fueron objeto de homicidio, amenazas selectivas e intimidación. Varios y varias de ellos denunciaron a la delegación de Amnistía Internacional que las autoridades restringen su espacio para organizarse. Las declaraciones hostiles de representantes de la policía y del gobierno están poniendo en entredicho la legitimidad del trabajo de los defensores y defensoras de los derechos humanos y están poniendo en peligro su seguridad. Todo parece indicar que las críticas a la policía en relación con homicidios ilegítimos y ejecuciones extrajudiciales equivale a apoyar grupos prohibidos, lo cual es inaceptable.
“Las autoridades kenianas tienen que reconocer de forma inequívoca el legítimo derecho que defensores y defensoras de los derechos humanos tienen a realizar su labor y deben, asimismo, garantizar su seguridad,” ha declarado la señora Khan.
El 5 de marzo, dos hombres armados no identificados mataron en pleno centro de Nairobi y de un modo que recordaba a una ejecución, a Oscar Kamau Kingara y Paul Oulu, trabajadores de la Fundación Oscar –Consultorio de Asistencia Jurídica Gratuita (Oscar Foundation Free Legal Aid Clinic –the Oscar Foundation). El FBI se ofreció para dar apoyo a las autoridades en la investigación de estas muertes, oferta que fue rechazada. Casi cuatro meses después, es vergonzosa la falta de progresos realizados en la investigación policial, y no se tiene indicio alguno de que se vaya a capturar a los autores ni de que vayan a ser puestos a disposición de la justicia.
Amnistía Internacional pide a las autoridades de Kenia que se aseguren de que se llevan a cabo investigaciones exhaustivas, imparciales e independientes sobre esas muertes y que se identificará y procesará a los presuntos autores.
Amnistía Internacional concluye que todos los dirigentes políticos kenianos sin excepción deben dejar de lado sus intereses partidistas y otros intereses políticos para garantizar que el respeto por los derechos humanos y la rendición de cuentas por las violaciones de esos derechos cometidas en el pasado constituirán partes esenciales del proceso sociopolítico y económico.
“Si Kenia no aprovecha esta oportunidad para combatir la impunidad por los abusos contra los derechos humanos cometidos durante los violentos incidentes que se produjeron tras las elecciones en 2007-2008, no hará sino acumular graves problemas para el futuro. Este gobierno de coalición tiene la oportunidad de demostrar –si es que quiere realmente aprovecharla– que compartir el poder no es sólo una cuestión de política sino una verdadera ocasión de materializar un cambio real en beneficio del pueblo keniano,” terminó la señora Khan.
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Documento público
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