Document - Côte d'Ivoire: The toxic truth: About a company called Trafigura, a ship called the Probo Koala, and the dumping of toxic waste in Côte d’Ivoire: Summary

SUMMARY

Índice AI: AFR 31/008/2012 25 de septiembre de 2012

LA VERDAD TÓXICA

Sobre una empresa de nombre Trafigura, un buque llamado Probo Koala, y el vertido de residuos tóxicos en Costa de Marfil

Informe conjunto de Amnistía Internacional y Greenpeace Países Bajos

RESUMEN

En agosto de 2006, todo el mundo se contaminó: mi familia, mis vecinos. No me gustaría nada que volviéramos a vivir una catástrofe como aquella. [...] Tuvimos problemas respiratorios. Al principio el olor era asfixiante y luego ya no podíamos respirar [...] Tuve que dejar de trabajar el 2 de septiembre. Estuve en cama una semana entera, no volví al trabajo hasta el 11 de septiembre. Mis hijos tuvieron mucha irritación en los ojos, fiebre y resfriado, y uno de ellos también diarrea. La fiebre les duró al menos dos semanas. Mi familia y yo resultamos afectados por los residuos tóxicos. Le dije a mi esposa, que estaba embarazada, que nos fuéramos del barrio.

[...] Toda la vecindad cayó enferma. Los síntomas más comunes eran dolor de cabeza, resfriado, tos, dolor de pecho, problemas respiratorios, picores, erupciones, problemas oculares, vómitos y problemas digestivos.

[...] Al menos si utilizan mi testimonio, mi voz y la de las víctimas a las que represento serán escuchadas.

J.A., víctima de la zona de Abobo-Plaque 1

El 20 de agosto de 2006, la población de Abiyán, Costa de Marfil, comprobó al despertar que un olor intenso y asfixiante inundaba la ciudad, como de una mezcla de huevo podrido, ajo, gas y petróleo, según las descripciones de testigos. El olor provenía de los desechos tóxicos que se habían vertido por la noche en 18 emplazamientos distintos de la ciudad, próximos a viviendas, lugares de trabajo, escuelas y campos de cultivo.

El fuerte olor causó bastante alarma, pero los efectos físicos asociados desataron el pánico generalizado. Miles de personas sufrieron náuseas, dolor de cabeza, vómitos, dolor abdominal e irritación de piel y ojos. En los días y semanas siguientes al vertido, decenas de miles de personas con los mismos síntomas saturaron los centros médicos. En octubre de 2006, los centros de salud habían registrado a más de 100.000 personas con secuelas del vertido. Las autoridades de Costa de Marfil atribuyeron la muerte de entre 15 y 17 personas a su exposición a los residuos tóxicos.

Aunque los efectos del vertido en el entorno y la salud de las personas se documentaron más claramente en los primeros meses, los informes recibidos indican que algunas personas han sufrido secuelas durante un periodo mucho más largo. Debido a los retrasos y las deficiencias en la limpieza de los desechos y la descontaminación de los lugares, las consecuencias para la salud de una exposición prolongada a los residuos también suscitaron preocupación. No se ha realizado ningún control de salud o estudio epidemiológico para evaluar las consecuencias a medio y largo plazo de la exposición a los residuos para la salud. Tampoco se ha hecho pública en ningún momento información completa sobre la composición exacta de los desechos. Al no disponer de esta información, muchas personas siguen preocupadas por las posibles consecuencias para su salud.

Los residuos vertidos en Abiyán en agosto de 2006 pertenecían a una empresa comercializadora de petróleo llamada Trafigura. Llegaron al país a bordo de un buque de carga, el Probo Koala, fletado por Trafigura. Los residuos se originaron en Europa y, según el derecho internacional, no se tendría que haber permitido su llegada a Costa de Marfil.

Basándose en una investigación de tres años sobre lo sucedido en Abiyán, que ha incluido el examen de los mensajes internos de correo electrónico de Trafigura que salieron a la luz mediante una acción judicial en Reino Unido, Amnistía Internacional y Greenpeace ponen al descubierto una serie de decisiones tomadas por Trafigura que demuestran que el vertido fue una consecuencia prácticamente inevitable de las decisiones deliberadas de la empresa. La investigación evidencia además la falta de medidas efectivas por parte de múltiples gobiernos para proteger a la población y el entorno, así como el fracaso de los sistemas nacionales de aplicación del derecho internacional a la hora de controlar a las empresas que realizan operaciones transnacionales, dando lugar a una situación en la que pueden eludir la justicia y actuar impunemente. La investigación señala igualmente el fracaso colectivo de los gobiernos a la hora de proporcionar un recurso efectivo a las víctimas.

Procedencia de los residuos

A finales de 2005, Trafigura decidió comprar grandes cantidades de una gasolina sin refinar llamada “nafta de coquificación”. La empresa tenía intención de usarla como gasolina base barata para carburantes. Según reveló una serie de mensajes internos de correo electrónico de Trafigura, que salió a la luz durante una acción judicial en Reino Unido en 2009, la empresa esperaba obtener importantes beneficios de la transacción.

La nafta de coquificación vendida por PMI Trading Ltd a Trafigura contenía niveles elevados de sulfuro de mercaptano; una de las razones por las que PMI la vendía tan barata era porque no tenía capacidad para refinarla. Para poder utilizarla como gasolina, Trafigura debía encontrar una manera de refinarla.

Y decidió aplicar un procedimiento denominado “lavado cáustico” para refinar la nafta de coquificación. Trafigura sabía muy bien que en ese proceso se generaban residuos tóxicos. En un mensaje interno de correo electrónico con fecha de 28 de diciembre de 2005, enviado a varios colegas y al presidente de Trafigura, un empleado de Londres llamado Claude Dauphin señalaba:

Esta operación [el lavado cáustico] ya no se permite en la Unión Europea, Estados Unidos y Singapur. La mayoría de los países prohíben los lavados cáusticos debido a la peligrosidad de los residuos (mercaptanos, fenoles, olores fétidos) y los proveedores de sustancias cáusticas rehúsan procesar los residuos porque no quedan muchas instalaciones en el mercado. Hay una empresa en Rotterdam que elimina esta clase de residuos en una incineradora; cobra unos 200 dólares estadounidenses por kg y podría originar hasta un total de [sic] 1.000 kg de lodo tras una operación de procesamiento. Según la legislación de la Unión Europea, ya no se pueden transportar esos desechos a través de las fronteras de la UE.

El marco jurídico

El vertido ilegal de desechos peligrosos, con frecuencia en países en desarrollo, se ha reconocido en el derecho internacional como un grave problema tanto para el medio ambiente como para los derechos humanos de las personas. Existen varios instrumentos jurídicos en el ámbito internacional, regional y nacional concebidos para controlar el tratamiento de las sustancias nocivas y peligrosas.

Convenio sobre el control de los movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos y su eliminación (Convenio de Basilea)

El Convenio de Basilea es un tratado internacional destinado a controlar y regular el material de desecho que requiere atención especial o que puede entrañar peligro para la salud de las personas o el medio ambiente. El Convenio define como tráfico ilegal todo movimiento transfronterizo de desechos peligrosos y otros desechos que: se realice sin haber notificado al Estado al que se van a llevar esos desechos y sin solicitar su consentimiento; esté basado en un consentimiento obtenido mediante falsificación, suplantación o fraude; no se corresponda físicamente con la documentación presentada, o dé lugar al deliberado procesamiento inadecuado de los residuos (como su vertido). El Convenio establece asimismo que el tráfico ilícito de desechos peligrosos y otros desechos es delictivo.

Reglamento europeo sobre el traslado de residuos

Según el artículo 18 del Reglamento comunitario relativo a los traslados de residuos, es delito exportar residuos según el Convenio de Basilea desde la UE hasta el Grupo de Países de África, del Caribe y del Pacífico, en el que se incluye Costa de Marfil.

Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación por los Buques (Convenio MARPOL)

El Convenio de Basilea es aplicable a desechos peligrosos y otros desechos, pero no a los “desechos derivados de las operaciones normales de los buques”. Estos residuos están regulados por el Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación por los Buques (MARPOL 73/78). La finalidad del Convenio MARPOL es detener la contaminación del medio marino con petróleo y otras sustancias nocivas. Tales sustancias deben descargarse en “instalaciones de recepción”.

Residuos tóxicos y derechos humanos

Según el derecho internacional de los derechos humanos, los Estados tienen la obligación de proteger a la población de verse expuesta a sustancias peligrosas. El artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales garantiza “el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental”. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ha afirmado lo siguiente:

Para cumplir las obligaciones internacionales que han contraído en virtud del artículo 12, los Estados Partes tienen que respetar el disfrute del derecho a la salud en otros países e impedir que terceros conculquen ese derecho en otros países siempre que puedan ejercer influencia sobre esos terceros por medios legales o políticos, de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional aplicable.

El hecho de que el Comité reconozca la responsabilidad de los Estados en los perjuicios causados a los derechos humanos fuera de su territorio –en determinadas circunstancias– refleja un cuerpo creciente de opiniones jurídicas según las cuales esa responsabilidad es imprescindible para la protección adecuada de los derechos humanos. Como mínimo, respetar el derecho a la salud en otros países supone que los Estados deben tener en cuenta los riesgos previsibles para el derecho a la salud en otros Estados y tomar medidas si tienen capacidad jurídica y técnica para hacerlo.

Lavado cáustico en el mar

Trafigura tuvo dificultades para encontrar un lugar en tierra firme donde estuvieran dispuestos a realizar el lavado cáustico. Entre enero y marzo de 2006 se llevaron a cabo dos operaciones de lavado cáustico en un puerto de Túnez. Pero hubo una fuga de gases asociados a los residuos derivados de las operaciones y las autoridades prohibieron realizar más lavados cáusticos dado que el puerto no tenía las instalaciones adecuadas para procesar los residuos. Tras el episodio de Túnez, Trafigura decidió continuar los lavados cáusticos en el mar, a bordo de un barco. El que se utilizó para la operación se llamaba Probo Koala.

Cuando Trafigura decidió acometer el proceso industrial en el mar, lo hizo sin saber todavía cómo iba a eliminar los desechos resultantes, que ya sabía que eran peligrosos. El primer lavado cáustico en el mar concluyó a mediados de abril de 2006. A finales de junio de ese año, Trafigura había “lavado” al menos tres cargamentos de nafta de coquificación a bordo del Probo Koala mientras el barco, procedente de Gibraltar, se dirigía al norte, hacia Amsterdam. Ahora el buque llevaba almacenados más de 500 metros cúbicos de residuos en sus tanques de decantación. Y Trafigura seguía sin encontrar la manera de eliminarlos.

Los residuos en Europa

En abril de 2006, Trafigura realizó gestiones ante cuatro localidades europeas al menos para intentar descargar los residuos. Ninguna pudo aceptar la carga, y las pruebas disponibles apuntan a que fue porque los residuos requerían tratamiento más especializado del que podían ofrecer. El 19 de junio de 2006, Trafigura contactó con los Servicios Portuarios de Amsterdam, empresa neerlandesa especializada en el procesamiento de residuos de buques, y llegó a un acuerdo para entregarles los desechos. Los Servicios Portuarios tienen oficialmente asignada una instalación de recepción portuaria, lo que significa que cuentan con autorización de las autoridades neerlandesas para procesar residuos procedentes de buques con arreglo al Convenio MARPOL. Sin embargo, posteriormente resultó que Trafigura no había facilitado a los Servicios Portuarios información adecuada sobre las características de los desechos.

El Probo Koala llegó a Amsterdam el 2 de julio de 2006, y los Servicios Portuarios empezaron a descargar los residuos en una gabarra. A primera hora de la mañana siguiente, 3 de julio de 2006, las autoridades neerlandesas recibieron informes sobre un preocupante olor en la zona y hubo avisos a los bomberos y la policía locales. Una mujer que trabajaba cerca de las instalaciones de los Servicios Portuarios explicaba así sus motivos para llamar a las autoridades el 3 de julio de 2006:

Había un olor muy fuerte a producto químico. Me produjo muchas náuseas y dolores de cabeza y abdomen. También tenía un picor permanente en la garganta. La cabeza me dolía terriblemente. A las nueve y media estaba en el trabajo y ya noté el asqueroso olor, pero todavía me sentía bien. Sobre las once telefoneamos a la policía. Cuando decidimos informar el olor era ya muy intenso, como si estuviera pasando una gran nube. [...] No tuve nada de hambre en toda la jornada. Cuando llegué a casa a las cinco, todavía tenía náuseas y mareo y me dolía la cabeza.

Los Servicios Portuarios de Amsterdam tomaron muestras para realizar pruebas, que revelaron que los desechos presentaban una demanda química de oxígeno (medida indirecta de la contaminación) notablemente superior a la que habían previsto al acordar inicialmente el precio por el encargo. Basándose en los resultados de las pruebas, y dado que tendrían que remitir los desechos a otra empresa especializada, los Servicios Portuarios elevaron su presupuesto de 27 a 1.000 euros por metro cúbico (unas 37 veces superior al precio original). Trafigura se negó a pagar un precio tan elevado y pidió a los Servicios Portuarios que bombearan de nuevo los residuos al Probo Koala.

Tanto el olor como la petición de Trafigura de volver a cargar los desechos fueron lo bastante insólitos como para preocupar a las agencias reguladoras. Según informes, los días 3 y 4 de julio de 2006 hubo numerosas discusiones entre las autoridades locales sobre cómo resolver la situación. Aunque la legislación medioambiental neerlandesa contenía disposiciones que debían haber impedido que los residuos volvieran a cargarse en el barco, los organismos reguladores dieron luz verde para que así se hiciera y el Probo Koala abandonara Países Bajos. Tras una breve escala en Estonia, el buque, con los residuos aún a bordo, partió de Europa rumbo a África Occidental.

Los residuos en África

Según los registros de correo electrónico, Trafigura intentó deshacerse de los residuos en Nigeria, sin éxito. Al salir de territorio nigeriano, el Probo Koala recibió instrucciones de Trafigura para dirigirse a Abiyán, en Costa de Marfil. Mientras el barco ponía rumbo al puerto de Abiyán, Trafigura firmó un contrato con una modesta empresa marfileña con licencia reciente llamada Tommy. A esta empresa le dijo que los residuos eran químicos y no desechos MARPOL.

Según los términos del contrato –una nota manuscrita–, Tommy debía “descargar los residuos en una zona situada fuera de la ciudad”, un lugar llamado Akouédo. Se trata de un vertedero al aire libre para residuos domésticos, ubicado en un distrito residencial de Abiyán, que no dispone de instalaciones para almacenar y procesar desechos peligrosos. Como propietaria de los residuos, Trafigura tenía obligación de ejercer la diligencia debida con respecto al tratamiento y la eliminación adecuada de los desechos.

El contrato demuestra además que Tommy iba a facturar, por el procesamiento de los residuos, una cantidad considerablemente inferior a la que Trafigura habría tenido que abonar en Europa. Según los términos del contrato, las tarifas de Tommy eran de 30 dólares estadounidenses por metro cúbico de desechos MARPOL, y de 35 dólares por metro cúbico de residuos químicos. Cantidades muy inferiores a los 1.000 euros por metro cúbico presupuestados por los Servicios Portuarios de Amsterdam para eliminar los residuos en Países Bajos.

No está claro por qué Tommy realizó su presupuesto sobre desechos MARPOL, puesto que ya había dicho que eran residuos químicos; tampoco está claro en qué se basó Trafigura para clasificar el material de desecho a bordo del Probo Koala.

No es necesario especular sobre si Trafigura sabía que el precio presupuestado por Tommy era demasiado bajo para reflejar un costo verosímil por el tratamiento de residuos tóxicos. Cuando la policía neerlandesa, en su intento de rastrear los residuos, llamó a Trafigura y le pidió ver la factura, ésta ordenó a Tommy que elaborara una factura falsa con precios más elevados.

El vertido

Cuando los residuos llegaron a Abiyán, se descargaron en camiones para su traslado al vertedero de Akouédo. Pero, tras la descarga de los primeros camiones, el olor de los desechos causó alarma y se cerró el lugar. Al encontrarse Akouédo cerrado y no poder contactar con Tommy, algunos camioneros, asustados, descargaron sin más sus vehículos en lugares al azar del extrarradio de Abiyán, próximos a viviendas, lugares de trabajo, escuelas, campos de cultivo y la cárcel municipal.

Una catástrofe para la salud y el medio ambiente

Desde el sábado 19 de agosto de 2006, Costa de Marfil se enfrenta a una tragedia humanitaria y medioambiental como consecuencia del vertido de 523 metros cúbicos de residuos tóxicos líquidos procedentes del Probo Koala.

En los días y semanas siguientes, decenas de miles de personas saturaron los hospitales y centros médicos: presentaban trastornos neurológicos, digestivos, cutáneos, respiratorios, de oído, nariz y garganta y otros problemas de salud. Hubo manifestaciones en toda la ciudad como consecuencia de la indignación y el temor suscitados entre la población debido al vertido. El miedo y la angustia psicológica cundieron entre los habitantes de Abiyán debido a la exposición a un olor tan potente y a los efectos del vertido para la salud. A principios de septiembre de 2006, la Organización Mundial de la Salud señaló la angustia creciente de las poblaciones debido a la frecuencia, el número y la gravedad de los síntomas que presentaban los individuos contaminados.

¿QUIÉN ES RESPONSABLE?

Culpabilidad de las empresas: la responsabilidad de Trafigura en los hechos

Trafigura ha negado repetidamente que la empresa sea responsable de la crisis desencadenada en Abiyán en 2006. Aunque un tribunal neerlandés declaró a la empresa culpable de exportar desechos desde Europa, aún no se ha llevado a cabo una investigación significativa sobre la conducta y la responsabilidad de la empresa en relación con el vertido de residuos en Costa de Marfil y sus consecuencias para los derechos humanos.

El examen de las pruebas reunidas demuestra que Trafigura era consciente de que había creado residuos con gran potencial nocivo para el medio ambiente y la salud humana. La empresa sabía –o era razonable que supiera– que el transporte de esos residuos desde Europa hasta África era ilegal. A pesar de que sabía que los desechos requerían un procesamiento adecuado, y que cuatro instalaciones europeas con las que habían contactado no podían procesar los residuos y la quinta había afirmado claramente que los desechos requerían tratamiento especializado, Trafigura contrató a una modesta empresa de Abiyán con licencia reciente para eliminar los residuos tóxicos en un vertedero al aire libre situado en el centro de un barrio pobre de la ciudad.

Trafigura no solo no procesó adecuadamente unos residuos que sabía que eran peligrosos, sino que además engañó a los organismos reguladores y a otras empresas sobre las características de los desechos, lo que elevó el riesgo de que no recibieran el debido tratamiento.

Inicialmente, dos altos cargos directivos de Trafigura que habían llegado a Costa de Marfil tras el vertido, Claude Dauphin y Jean-Pierre Valentini, fueron detenidos y acusados de diversos delitos. Sin embargo, el 13 de febrero de 2007, el Estado de Costa de Marfil y Trafigura llegaron a un acuerdo por el que Trafigura aceptaba pagar al Estado marfileño 95.000 millones de francos CFA (unos 200 millones de dólares estadounidenses). Entre los términos del acuerdo de Costa de Marfil, y a cambio de indemnización, el gobierno renunciaba a “su derecho a entablar acciones penales, civiles o cualquier otra acción o procedimiento en el presente o en el futuro” contra las partes de Trafigura. Los cargos directivos quedaron en libertad bajo fianza y finalmente fueron retirados los cargos.

En 2010, un tribunal neerlandés declaró a Trafigura culpable de exportar desechos peligrosos a Costa de Marfil. Pero la Fiscalía decidió no emprender acciones contra la empresa en relación con los hechos posteriores a la salida de los residuos de la jurisdicción neerlandesa.

También se intentó entablar acciones civiles. En Reino Unido se llegó un acuerdo fuera de los tribunales, mientras que los intentos de las víctimas de acceder a los tribunales neerlandeses fueron infructuosos, en gran parte debido a que la acción penal en Países Bajos no consideró los hechos de Abiyán, lo que reducía las posibilidades de las víctimas para reclamar responsabilidad civil.

Rendición de cuentas de Trafigura y sus ejecutivos ante los tribunales

Costa de Marfil: La empresa obtiene inmunidad frente al procesamiento.

Países Bajos: La empresa es procesada por la exportación de los residuos; es declarada culpable y condenada al pago de una multa de un millón de euros. El fallo condenatorio es confirmado en apelación. La Fiscalía decide no investigar ni enjuiciar posibles delitos cometidos en Costa de Marfil.

Reino Unido: La empresa llega a un acuerdo con 30.000 víctimas fuera de los tribunales; no se entablan procesos penales.

Francia: La Fiscalía de París decide no investigar una denuncia contra los dos directivos franceses de Trafigura, Claude Dauphin y Jean-Pierre Valentini.

Noruega: A pesar de haber llevado residuos semejantes a Noruega, Trafigura elude su procesamiento porque los desechos se produjeron a bordo de un barco y no fueron exportados de otro Estado.

Inacción del Estado: Costa de Marfil

Aunque Costa de Marfil reaccionó con rapidez al vertido de los residuos y ofreció asistencia médica gratuita, el gobierno concedió a Trafigura inmunidad absoluta frente al procesamiento. Las investigaciones realizadas por una comisión nacional de investigación establecida tras el vertido revelaron además graves fallos normativos por parte de las autoridades marfileñas que hicieron posible la entrada de los residuos en el país. En concreto, la licencia de Tommy para operar en el puerto de Abiyán contenía irregularidades y se había concedido sin ser sometida al debido escrutinio. Las operaciones realizadas en el puerto fueron criticadas por su laxitud, al igual que el reglamento y la vigilancia de Akouédo. No se hicieron cumplir las leyes que debían proteger a la población de Abiyán. Al no hacer cumplir la legislación que prohíbe la importación de residuos peligrosos, el gobierno de Costa de Marfil no adoptó todas las medidas necesarias para proteger a las personas bajo su jurisdicción frente a violaciones de sus derechos por parte de Trafigura y Compagnie Tommy. Por tanto, el gobierno marfileño incumplió su obligación de proteger el derecho a la salud, contraída en virtud del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y su obligación de impedir el tráfico, la importación y la eliminación ilegal de desechos peligrosos por personas no autorizadas a efectuar tales operaciones, en virtud de los Convenios de Basilea y Bamako.

Inacción del Estado: Países Bajos

Países Bajos era el país que tenía mayor conocimiento de los residuos y, por tanto, el que estaba en mejor posición de actuar para impedir su exportación y vertido ilegal. El gobierno ha intentado argumentar que fue engañado por Trafigura sobre los residuos, ya que Trafigura los había descrito como desechos MARPOL. Pero esta afirmación no se sostiene.

La información facilitada por Trafigura no era la única que las autoridades tenían cuando tomaron la decisión de permitir que el barco zarpara de Amsterdam con los residuos a bordo. Los responsables de la decisión en Países Bajos –en cuanto a permitir la marcha del Probo Koala– sabían además que los residuos habían suscitado preocupación debido al fuerte olor y a sus efectos en la salud de la gente, concretamente náuseas, dolor de cabeza y mareo. Asimismo eran conscientes de que los Servicios Portuarios de Amsterdam, con amplia experiencia y una instalación de recepción portuaria asignada, no podían procesar los residuos.

Las autoridades neerlandesas tenían ante sí información de sobra para que fuera razonable concluir que existían riesgos previsibles para la salud humana.

También tenían indicios que permitían sospechar que la eliminación adecuada y segura del material peligroso no estaba garantizada. La empresa se iba de Amsterdam con los desechos porque no estaba dispuesta a abonar el costo que suponía su adecuada eliminación en Países Bajos. Por otra parte, el 3 de julio de 2006 habían recibido un mensaje anónimo por fax en el que se afirmaba que los residuos serían vertidos al mar; evidentemente tomaron en serio el aviso, porque solicitaron a las autoridades portuarias de Estonia que midieran el volumen de desechos para comprobar que continuaban a bordo a su llegada a ese país.

La información de que disponían las autoridades de Amsterdam entre los días 2 y 4 de julio de 2006 era suficiente para justificar la adopción de medidas; como mínimo, investigar más los residuos antes de permitir que salieran de Países Bajos. Además de contar con la información necesaria para actuar, Países Bajos tenía capacidad jurídica para hacerlo. Varias leyes aplicables en Países Bajos facultaban a las autoridades para inspeccionar el barco, impedir que zarpara de Amsterdam y exigir la destrucción de los residuos en Países Bajos. De hecho, no es que Países Bajos tuviera legítimo derecho a actuar para impedir que los residuos salieran de Amsterdam en aplicación del derecho internacional y europeo: es que estaba obligado a hacerlo.

El debate sobre si eran residuos MARPOL

Trafigura ha defendido en varias ocasiones el argumento de que los desechos generados a bordo del Probo Koala no estaban sujetos al Convenio de Basilea ni al Reglamento relativo a traslados de residuos –reglamento asociado de la Unión Europea– y que eran desechos MARPOL (derivados de las “operaciones normales de los buques”).

La afirmación de Trafigura de que eran residuos MARPOL no es creíble. El lavado cáustico de gasolina no puede considerarse una operación “normal” de un buque; por el contrario, es sumamente excepcional y antes de las operaciones de Trafigura no constaba que se hubiera llevado a cabo un proceso industrial semejante a bordo de un barco. Como demuestra un estudio realizado por el Centro de Derecho Ambiental Internacional (CIEL), los únicos desechos generados por el barco que podían clasificarse como MARPOL fueron los que produjo como vehículo.

Además, el análisis de las propias declaraciones de Trafigura sobre los residuos demuestra que sabía –o era razonable que supiera– que no eran residuos MARPOL.

Por último, la empresa había admitido sin lugar a dudas que no eran desechos MARPOL antes de su vertido en Abiyán, ya que en una comunicación a Puma fechada el 17 de agosto de 2006 afirmaba: “Dado que la demanda química de oxígeno (COD) es superior a 2.000 mg/l, no deben considerarse desechos MARPOL sino residuos químicos [...]” (Énfasis añadido.)

Reino Unido

Trafigura Ltd, una de las empresas que forman el grupo empresarial Trafigura, tiene su sede en Reino Unido. Mensajes internos de correo electrónico demuestran que esta empresa dirigió las operaciones a bordo del Probo Koala en varios momentos críticos. Pese a ello, las autoridades británicas nunca han investigado ni procesado a esta empresa.

RENDICIÓN DE CUENTAS

Los hechos descritos en este informe tuvieron verdadero carácter transnacional. La producción, el transporte y el vertido de los residuos tóxicos implicaron a varios países, ya que éstos fueron transportados por Trafigura desde el Mediterráneo hasta Países Bajos, Estonia, Nigeria y Costa de Marfil. La población de Abiyán sufrió las consecuencias de este transporte ilegal de residuos por parte de Trafigura y del vertido tóxico realizado por Tommy, como agente de Trafigura, en forma de violaciones de su derecho a la salud –incluido el derecho a un entorno saludable– y su derecho al trabajo.

El Convenio de Basilea fue creado para impedir precisamente este tipo de conductas y efectos. Tiene como fin establecer un régimen de normas internacionales y cooperación entre Estados que sea capaz de impedir la circulación transfronteriza de desechos peligrosos. Este caso pone de relieve cómo una multinacional fue capaz de soslayar este régimen aprovechando las lagunas existentes en la legislación y su aplicación en los distintos países. En el informe se describe cómo varios Estados incumplieron su obligación tanto de evitar la circulación transfronteriza y el vertido de residuos tóxicos como de proteger el derecho a la salud de las personas que resultaron afectadas por el vertido de los residuos.

Los Estados implicados –principalmente Países Bajos y Costa de Marfil, pero otros también– no sólo no impidieron la circulación transfronteriza y el vertido de residuos tóxicos, sino que también fracasaron colectivamente a la hora de proporcionar un recurso efectivo a las víctimas de los abusos contra los derechos humanos cometidos por Trafigura. Los abusos fueron transnacionales, pero los remedios no.

Cabía esperar que las víctimas hubieran tenido más posibilidades de conocer la verdad y obtener un recurso efectivo, dadas las numerosas oportunidades de conseguir justicia en más de una jurisdicción. Pero la realidad fue muy diferente: a pesar de los numerosos esfuerzos, los Estados fracasaron colectivamente a la hora de garantizar a las víctimas su derecho a un recurso efectivo.

Según el derecho internacional, la persona que ha sufrido violaciones de derechos humanos a manos de varios Estados tiene derecho a reparación plena por todos los abusos. Mientras no se garantice el derecho a un recurso efectivo en relación con un acto que es responsabilidad de un Estado concreto, dicho Estado sigue estando obligado a proporcionar acceso provechoso a un procedimiento que asegure un recurso efectivo.

Aunque se iniciaron actuaciones judiciales en varias jurisdicciones, la falta de coordinación y cooperación internacional para procesar a los responsables de los actos delictivos cometidos en Costa de Marfil fue absoluta. En cierta medida, estas actuaciones incluso parecen haberse perjudicado entre sí para disuadir del enjuiciamiento de unos actos delictivos que dieron lugar a los abusos contra los derechos humanos cometidos en Costa de Marfil. Sólo se presentaron cargos en Costa de Marfil contra empleados del Grupo Trafigura, pero no contra el grupo empresarial. Las lagunas existentes en la legislación marfileña impidieron procesar al propio grupo empresarial. Tampoco se ejercieron debidamente las opciones para procesar a los funcionarios públicos con capacidad para tomar decisiones, debido a los términos del acuerdo alcanzado por el gobierno y Trafigura y a la marcha del país de los individuos en cuestión. Ningún otro Estado ha emprendido acciones penales contra alguna de las entidades empresariales implicadas en el vertido de los residuos tóxicos en Costa de Marfil y sus consecuencias para la población y el medio ambiente. Lo que significa que hasta la fecha no se ha procesado al Grupo Trafigura, que engloba a Trafigura Ltd y a Trafigura Beheer BV, radicada en el extranjero, por su implicación en los actos ilícitos cometidos en Costa de Marfil.

REVELACIÓN DE INFORMACIÓN

Ninguno de los Estados implicados ha exigido a Trafigura hasta la fecha que revele la información en su poder sobre la composición de los desechos y las consecuencias de exponerse a ellos para las víctimas. La falta de información sobre la composición de los residuos y sus efectos dificultó la respuesta médica en Costa de Marfil. La falta de información, especialmente sobre los posibles efectos a largo plazo, también está entre los principales motivos de preocupación expresados por las víctimas. El gobierno de Costa de Marfil no pidió a Trafigura que revelara a las víctimas toda la información en su poder –sobre la composición de los desechos y su propia investigación sobre los efectos potenciales– durante el proceso de acuerdo ni posteriormente. A pesar de que en la causa civil abierta en Reino Unido Trafigura declaró que tenía información sobre la composición de los residuos y sus posibles efectos y que había realizado estudios científicos y especializados sobre la exposición a ellos, las autoridades británicas no han solicitado en ningún momento que esta información se ponga a disposición de las víctimas o de las autoridades marfileñas. En lugar de tratarse como un asunto fundamental que afecta al derecho a la salud de las personas se ha tratado simplemente como un asunto privado entre partes en una disputa civil, y el hecho de que no se obligue a la empresa a revelar la información que posee tiene que ver también con la inacción general del Estado británico a la hora de emprender él mismo investigaciones sobre la conducta de la empresa.

El gobierno de Costa de Marfil tampoco ha llevado a cabo una labor de seguimiento a largo plazo sobre los efectos de la exposición a los residuos, especialmente los medioambientales y relacionados con la salud. Pero ninguno de los gobiernos implicados ha ofrecido cooperación internacional al gobierno marfileño para apoyar este proceso de seguimiento, incluida asistencia técnica.

RECOMENDACIONES

El gobierno de Costa de Marfil debe:

establecer un proceso que garantice el acceso a una indemnización del Estado a las restantes personas registradas que han sufrido los efectos del vertido en su salud;

establecer un estudio médico para dar seguimiento y evaluar en el tiempo la salud de la población afectada, a fin de identificar cualquier secuela a largo plazo;

poner en marcha investigaciones y acciones judiciales contra todos los implicados en la apropiación indebida de los fondos de indemnización establecidos en el acuerdo fuera de los tribunales en Reino Unido;

informar públicamente sobre los cambios introducidos en las leyes, normas y prácticas de Costa de Marfil para impedir la importación ilícita o el procesamiento de desechos peligrosos, o ambas cosas;

reformar el Código Penal de Costa de Marfil para que sea posible exigir rendición de cuentas a las empresas ante los tribunales por conductas delictivas que habitualmente son atribuibles a una persona jurídica;

evaluar la legalidad del Protocolo de Acuerdo, incluida la inmunidad frente al procesamiento concedida a Trafigura.

El gobierno de Países Bajos debe:

garantizar que, a las empresas que se han incorporado a Países Bajos a efectos fiscales, con independencia de su nivel de actividad en el país, es posible obligarlas a rendir cuentas ante los tribunales por actividades delictivas que causen daños medioambientales y para los derechos humanos, incluso cuando los delitos se hayan cometido o tengan consecuencias en el extranjero;

cooperar con el gobierno de Costa de Marfil y apoyarlo en la realización de un estudio médico para dar seguimiento y evaluar en el tiempo la salud de la población afectada, a fin de identificar cualquier secuela a largo plazo.

El gobierno de Reino Unido debe investigar las opciones para iniciar un proceso penal contra Trafigura.

El gobierno de Noruega debe acometer una revisión del marco regulador noruego en relación con la idoneidad de las medidas para investigar y procesar a empresas por delitos cometidos o con consecuencias en el extranjero.

La Unión Europea y sus Estados miembros deben:

adoptar un marco normativo que obligue a las empresas a respetar los derechos humanos y el medio ambiente y a ejercer la diligencia debida en materia de derechos humanos en todas sus operaciones;

establecer que sea obligatorio para las empresas revelar los efectos potenciales y reales de sus operaciones globales para los derechos humanos y el medio ambiente, así como dar a conocer evaluaciones del impacto social y medioambiental y asimismo sus posiciones y actividades de cabildeo en relación con los marcos reguladores nacionales o internacionales.

Todos los Estados miembros de la Unión Africana que aún no lo hayan hecho deben ratificar cuanto antes el Convenio de Bamako, el Convenio de Basilea y la Enmienda de Prohibición del Convenio de Basilea, e incorporar sus disposiciones a la legislación nacional.

Todos los Estados deben:

garantizar que su marco jurídico permite exigir responsabilidades penales a las empresas (personas jurídicas);

acometer una revisión de su marco regulador en relación con la idoneidad de las medidas adoptadas para: a) obligar a las empresas a respetar los derechos humanos y el medio ambiente en sus operaciones y b) garantizar que el Estado puede investigar y procesar a empresas por delitos cometidos o con consecuencias en el extranjero; hacer públicos los resultados de este análisis jurídico;

si aún no lo han hecho, ratificar el Convenio de Basilea junto con la Enmienda de Prohibición del Convenio de Basilea, que prohíbe exportar residuos peligrosos de países desarrollados a países en desarrollo.

Los Estados Partes en el Convenio de Basilea deben garantizar que la nafta de coquificación se define como residuo peligroso en virtud del Convenio de Basilea.

Trafigura debe revelar toda la información relacionada con el vertido, incluidos estudios científicos y de otra índole realizados sobre los residuos y sus posibles efectos.

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AMNESTY INTERNATIONAL WORLDWIDE