Document - C�te d'Ivoire: Targeting Women: the forgotten victims of the conflict


[Fecha de embargo: 15 de marzo de 2007]Público


Amnistía Internacional




COSTA DE MARFIL

Las mujeres,

víctimas olvidadas del conflicto








ÍNDICE


1. INTRODUCCIÓN 1


2. INFORMACIÓN GENERAL 2


2.1 Fuerzas internacionales de mantenimiento de la paz 5


3. LA NATURALEZA Y ESCALA DE LA VIOLENCIA SEXUAL DESDE EL COMIENZO DE LA CRISIS MILITAR Y POLÍTICA DE 2002 6


3.1 Las mujeres, objeto de agresión impune por todas las partes 6


3.2. Los autores 11

3.2.1 Fuerzas de seguridad gubernamentales 11

3.2.2 Milicias y grupos respaldados por el gobierno 12

3.2.3 Las Fuerzas Nuevas 13


3.3 Las mujeres como propiedad 15

3.3.1 Secuestros y esclavitud sexual 15

3.3.2 "Ni siquiera puedo hacer recuento de cuántos hombres me violaron." 16

3.3.3 Niñas y mujeres de edad avanzada 17

3.3.4 "Me violaron en presencia de mi esposo y mis hijos." 19

3.3.5 "Cuando descubrió que era de Malí comenzó a agredirme." 20

3.3.6 La violencia sexual continúa avivada por la impunidad 21


4. FIN DE LA IMPUNIDAD POR VIOLACIONES Y OTRAS FORMAS DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER 22


4.1 La violación como arma de guerra: crimen contra la humanidad y crimen de guerra 22


4.2 Procesar a los autores 25

4.2.1 La violación según la legislación nacional 28

4.2.2 Justicia internacional 29


5. SUPERVIVIENTES DE VIOLACIONES: LAS SECUELAS FÍSICAS, PSICOLÓGICAS Y SOCIALES 30


5.1 Trauma físico y psicológico de las violaciones 30

5.1.1 Lesiones físicas 30

5.1.2 Trauma psicológico 32

5.2 Falta de atención médica 33

5.3 Inaccesibilidad a asistencia médica 35

5.3.1 Acceso físico 35

5.3.2 Acceso económico 35


5.4 Estigmatización, rechazo, exclusión social y pobreza 36










COSTA DE MARFIL

Las mujeres,

víctimas olvidadas del conflicto




1. INTRODUCCIÓN

Cientos, posiblemente miles, de mujeres y niñas han sido víctimas de violaciones y agresiones sexuales generalizadas y, en algunos casos, sistemáticas, por parte de las fuerzas combatientes o de civiles estrechamente vinculados a éstas.(1) Se ha subestimado en gran medida la escala de violaciones y casos de violencia sexual en el transcurso del conflicto armado de Costa de Marfil. Muchas mujeres han sufrido violaciones colectivas o han sido secuestradas y sometidas a esclavitud sexual por los rebeldes.(2) Con frecuencia, las violaciones han venido acompañadas por palizas o tortura de la víctima (incluyendo la tortura de tipo sexual). Las violaciones se han cometido en público y ante la presencia de miembros de la familia, entre ellos niños, y algunas mujeres han sido violadas junto a los cadáveres de sus familiares.

En el entorno de la crisis política y militar que ha provocado la división de Costa de Marfil desde septiembre de 2002, con el sur controlado por el gobierno y el norte por un grupo armado de oposición, las Fuerzas Nuevas (Forces Nouvelles), ya no se cumplen las disposiciones nacionales e internacionales sobre los derechos humanos. Todos los grupos armados han cometido y continúan cometiendo actos de violencia sexual con total impunidad. Cientos de miles de desplazados internos se han refugiado en el sur del país, controlado por el gobierno, y cientos de miles de refugiados han huido a los países vecinos, entre ellos Liberia, Guinea, Malí y Burkina Faso. La consecuente crisis humanitaria ha dejado a las mujeres en particular en una situación de extrema vulnerabilidad, provocando un aumento de la pobreza y de la prostitución, ya que estas mujeres, alejadas de sus familias, tienen que luchar por sobrevivir.

Al trauma y el sufrimiento causado por las violaciones, hay que añadir los abusos posteriores cometidos contra los derechos de las mujeres. La mayoría de las mujeres que han sufrido lesiones o enfermedades como consecuencia de las violaciones algunas de las cuales han puesto en peligro sus vidas no han tenido acceso a la asistencia médica necesaria. Estigmatizadas por las violaciones, algunas mujeres han sido abandonadas por sus parejas o familiares y condenadas a la pobreza extrema, en muchas ocasiones junto con sus hijos, todavía dependientes de ellas. Debido al desmoronamiento del sistema judicial en el norte del país y la falta de voluntad política en la zona sur, controlada por el gobierno, las víctimas no tienen posibilidad alguna de obtener justicia o un resarcimiento efectivo. Como consecuencia de la inseguridad que persiste en el país, las mujeres no se atreven a denunciar a los autores por miedo a sufrir más agresiones o represalias.


Este informe es el resultado de una investigación llevada a cabo principalmente en los años 2005 y 2006, e incluye los testimonios de víctimas de violaciones en Costa de Marfil y de sus familiares, activistas locales de derechos humanos, y organizaciones humanitarias locales e internacionales. Las entrevistas se realizaron en Abiyán y sus alrededores, así como en la zona próxima a Guiglo, en la parte occidental del país. Las violaciones y agresiones sexuales destacadas en este informe tuvieron lugar entre 2000 y 2006. En todos los casos, se han cambiado los datos para proteger la identidad de las mujeres que han ofrecido su testimonio. Las versiones completas de algunos de estos y otros testimonios se van a publicar simultáneamente en un documento adjunto.(3)


Este informe recoge recomendaciones dirigidas al gobierno de Costa de Marfil así como a las Fuerzas Nuevas, para que eviten y erradiquen los actos de violencia sexual por miembros de sus fuerzas y simpatizantes y pongan fin a la impunidad de la que gozan los responsables llevándolos ante los tribunales. El informe también reclama a todas las partes en el conflicto, así como a la comunidad internacional, que atiendan a las necesidades urgentes de las víctimas de violaciones, especialmente en lo que respecta al acceso a la asistencia médica adecuada.


A menos que se desarrolle un programa amplio y organizado para responder a las diversas necesidades de estas mujeres, las víctimas de violencia sexual seguirán sufriendo y muriendo innecesariamente y aumentará el número de mujeres que queden expuestas a este tipo de violencia. Todas las partes implicadas, así como los actores internacionales, deben reconocer la gravedad de la situación, y actuar de forma efectiva para garantizar el respeto y la protección de los derechos humanos de estas víctimas olvidadas.


2. INFORMACIÓN GENERAL

En septiembre de 2002, un levantamiento armado dio lugar a la crisis política y militar más grave de la historia de Costa de Marfil desde su independencia de Francia en 1960. Tras un intento fallido de golpe de Estado, el país quedó dividido de hechoen dos zonas, con el sur controlado por el gobierno y el norte en manos de un grupo armado de oposición, el Movimiento Patriótico de Costa de Marfil (Mouvement patriotique de Côte d’Ivoire, MPCI), que más tarde se transformó en las Fuerzas Nuevas tras unirse a otros dos grupos armados de oposición: el Movimiento Popular Marfileño del Gran Oeste (Mouvement populaire ivoirien du grand ouest, MPIGO) y el Movimiento por la Justicia y la Paz (Mouvement pour la justice et la paix,MJP).(4) Las dos zonas han estado separadas durante más de cuatro años por una zona temporal de seguridad controlada por más de 12.000 efectivos de tropas internacionales, entre ellas fuerzas de mantenimiento de la paz de la ONU procedentes de la Operación de las Naciones Unidas en Costa de Marfil (UNOCI) y un contingente de soldados franceses de la Operación Licorne.(5)


La inestabilidad política en Costa de Marfil se remonta más de diez años atrás. En diciembre de 1999, un golpe de Estado militar derrocó al presidente Henri Konan Bédié y puso al general Robert Gueï al frente del gobierno de transición, donde se incluían representantes de los principales partidos políticos. En las elecciones presidenciales de octubre de 2000 fue elegido Laurent Gbagbo, candidato del Frente Popular de Costa de Marfil (Front populaire Ivorien, FPI). Sin embargo, el resultado fue muy disputado, ya que la mayor parte de los candidatos a la presidencia habían sido declarados inelegibles por el Tribunal Supremo. Entre los candidatos rechazados se encontraba el ex presidente Henri Konan Bédié y el ex primer ministro Alassane Ouattara, líder de uno de los partidos de la oposición, la Agrupación de Republicanos (Rassamblement des Républicains, RDR), excluido por motivos de su nacionalidad. (6)

La situación se vio fuertemente agravada por el discurso xenófobo difundido por los medios de comunicación cercanos al presidente Gbagbo, centrado en el concepto de "marfilinidad" ("ivorité"). Con este concepto se distinguía a los "verdaderos" marfilenses de la denominada población extranjera (allogène), comúnmente conocida bajo el nombre de diulá.(7) La retórica xenófoba provocó una serie de abusos contra los derechos humanos que tenían como objetivo principal a la población diulá, entre ellos marfilenses y ciudadanos de otros países de la subregión, muchos de los cuales habían estado viviendo y trabajando en Costa de Marfil durante años.

El discurso xenófobo hacía referencia concretamente a las mujeres de la comunidad "enemiga" y las situaba en posición de gran vulnerabilidad de sufrir violencia sexual. Según el informe de Amnistía Internacional Vidas rotas: Crímenes contra mujeres en situaciones de conflicto:


"En gran parte de la retórica sexualizada y basada en el género tan omnipresente antes de los conflictos y durante su transcurso está inherente una clara incitación a la violencia contra las mujeres. Como resultado, la violencia sexual se convierte a menudo en una estrategia intencionada para aterrorizar, degradar y «derrotar» a toda una población, así como en una forma de engendrar odio y destrucción. Un ataque contra las mujeres puede considerarse un ataque contra toda la comunidad, una afrenta no sólo para las mujeres agredidas, sino también para quienes deberían haberlas protegido. La victoria sobre una fuerza enemiga puede interpretarse como una licencia para violar, al considerar los cuerpos de las mujeres como botín de guerra. A lo largo de la historia se ha considerado el cuerpo de la mujer el legítimo botín de los ejércitos victoriosos. Los comandantes autorizan, ya sea de forma tácita o expresa, las violaciones como medio de «vincular emocionalmente» a los hombres de sus unidades."(8)


Tras el levantamiento armado de septiembre de 2002, todas las partes participantes en el conflicto cometieron abusos contra los derechos humanos de forma generalizada. La mayoría de los abusos más graves tuvieron lugar entre finales de 2002 y los primeros meses de 2003, lo que provocó que cientos de miles de civiles se viesen obligados a huir a países vecinos, entre ellos Liberia, Guinea, Malí y Burkina Faso, o que muchos se convirtiesen en desplazados internos. Walter Kälin, representante especial del secretario general de las Naciones Unidas sobre los derechos de los desplazados internos, que realizó una visita a Costa de Marfil en abril de 2006, calculó que el número de desplazados internos se situaba entre los 500.000 y el millón de personas.(9) Las mujeres desplazadas y refugiadas en Costa de Marfil, incluidas aquéllas que habían huido de la guerra civil en Liberia en la década de 1990, a menudo se convertían en un grupo de población extremadamente vulnerable frente a la pobreza, violencia sexual y explotación. Walter Kälin también llamó la atención sobre el "mayor riesgo de abusos sexuales al que estaban expuestas las mujeres debido a la presencia de un gran número de combatientes armados por todo el país, ya fuesen de las fuerzas nacionales, Fuerzas Nuevas o fuerzas neutrales [fuerzas internacionales de mantenimiento de la paz]".(10) La situación era especialmente grave en la zona occidental de Costa de Marfil, donde los mercenarios, reclutados en gran parte del país vecino Liberia, se formaron para actuar tanto al servicio de las milicias progubernamentales en el suroeste del país como al servicio de los grupos armados de oposición en el noroeste, incluyendo el MPIGO y el MJP. Estos mercenarios participaron en asaltos a ciudades y pueblos, llevando a cabo matanzas de civiles, violando a mujeres y secuestrándolas para someterlas a esclavitud sexual.

Todas las partes participantes en el conflicto reclutaron de forma forzada a civiles, en particular refugiados de Liberia, entre los cuales se encontraban niños y niñas menores de 18 años.


2.1 Fuerzas internacionales de mantenimiento de la paz

La comunidad internacional intervino inmediatamente tras los levantamientos de septiembre de 2002, con el objetivo de evitar que la crisis política y militar se intensificase y se desencadenase un grave conflicto. Las fuerzas francesas de mantenimiento de la paz y, más tarde, las tropas de la Comunidad Económica de Estados del África Occidental (CEDEAO) se encargaron de vigilar la zona temporal de seguridad que separaba a las dos partes en el conflicto. En febrero de 2004, el Consejo de Seguridad de la ONU adoptó la Resolución 1528, que autorizaba la Operación de las Naciones Unidas en Costa de Marfil (UNOCI), con el mandato explícito de "[c]ontribuir a la promoción y la protección de los derechos humanos en Côte d’Ivoire, prestando especial atención a la violencia contra las mujeres y las niñas, y ayudar a investigar las infracciones de esos derechos para poner fin a la impunidad".(11)


Asimismo, la comunidad internacional puso todos sus esfuerzos en el intento de llegar a un acuerdo pacífico que solucionase la crisis. En enero de 2003, todas las partes participantes en el conflicto firmaron el Acuerdo de Linas-Marcoussis. El acuerdo había sido aprobado por la ONU, la Unión Europea y la Unión Africana, y preveía la formación de un gobierno de reconciliación nacional, así como el reagrupamiento, desarme y desmovilización de las fuerzas combatientes. A pesar de la creación de un gobierno de reconciliación nacional en abril de 2003, así como el acuerdo previo de cesación del fuego firmado en octubre de 2002, la situación política continuó siendo inestable y todas las partes implicadas siguieron cometiendo abusos contra los derechos humanos.


Aunque la intervención internacional evitó que el conflicto se intensificase y redujo el número de enfrentamientos esporádicos, los esfuerzos de mediación aún no han conducido a ninguna resolución pacífica del conflicto. A pesar de los innumerables esfuerzos diplomáticos por parte de la Unión Africana, así como la presión desde la ONU y la comunidad internacional, no se consiguieron las condiciones necesarias para llevar a cabo unas elecciones presidenciales, por lo que tuvieron que ser pospuestas en dos ocasiones aquéllas que en un principio estaban previstas para octubre de 2005, principalmente por causas de mutua desconfianza y desacuerdos entre los partidarios del presidente Gbagbo y los de los partidos de oposición y las Fuerzas Nuevas. El Presidente y sus partidarios exigían el desarme inmediato de las Fuerzas Nuevas, mientras éstas últimas y la oposición insistían en un programa para expedir documentos de identidad antes de las elecciones presidenciales. En noviembre de 2006, el Consejo de Seguridad de la ONU decidió ampliar el mandato del presidente Gbagbo durante 12 meses más, así como las competencias del primer ministro Charles Konan Banny.(12) No obstante, en enero de 2007, el presidente Gbagbo y sus partidarios continuaban oponiéndose a la puesta en práctica de esta decisión. En enero de 2007, el Consejo de Seguridad de la ONU amplió el mandato de la UNOCI y el de las fuerzas francesas hasta el 30 de junio de 2007, y consolidó especialmente el de la UNOCI en lo referente a la violencia cometida contra niños y mujeres.(13)


3. LA NATURALEZA Y ESCALA DE LA VIOLENCIA SEXUAL DESDE EL COMIENZO DE LA CRISIS MILITAR Y POLÍTICA DE 2002

3.1 Las mujeres, objeto de agresión impune por todas las partes

Tras el levantamiento de septiembre de 2002 y la división de hecho del país en dos zonas, todas las partes en el conflicto cometieron violaciones y agresiones contra las mujeres con impunidad. Puesto que en las comunidades las mujeres son símbolo de "honor", se perpetraron violaciones para humillar no sólo a las propias mujeres, sino también a los hombres de sus familias y a toda su comunidad.


En diciembre de 2000, varias mujeres habían sido víctimas de violaciones y agresiones sexuales por motivos étnicos o políticos. El hecho de no haber llevado ante los tribunales a los responsables puede haber avivado este clima de impunidad.



Casos de violaciones de mujeres diulás en diciembre de 2000: la ruptura de un tabú


En diciembre de 2000, dos meses después de la polémica victoria electoral de Laurent Gbagbo, varias mujeres, todas ellas de etnia diulá, fueron víctimas de violaciones o agresiones sexuales por parte de miembros de las fuerzas de seguridad, o en su presencia, durante una oleada de ataques contra manifestantes de la oposición que protestaban contra la decisión del Tribunal Supremo de excluir al líder de la RDR, Alassane Outtara, de las elecciones legislativas del 10 de diciembre de 2000. No existen precedentes en la historia reciente de Costa de Marfil de ataques de semejante gravedad cometidos contra mujeres, motivados únicamente por su supuesta etnia o afiliación política. A pesar de la gravedad de estos delitos, confirmados por una investigación oficial, los responsables no fueron llevados ante los tribunales, con lo que se ha enviado a autores potenciales de actos de violencia sexual en Costa de Marfil el alarmante mensaje de que las mujeres pueden ser agredidas por motivos políticos o étnicos con total impunidad.


Una delegación de Amnistía Internacional que se encontraba en Abiyán, capital económica, durante las protestas, pudo investigar los casos de al menos seis mujeres que habían sido violadas o agredidas sexualmente, y habló con algunas de ellas cuando se encontraban detenidas en la Escuela de Instrucción de Policía en Abiyán tras su arresto. Algunas de las mujeres habían sido arrestadas el 4 de diciembre de 2000 mientras se manifestaban en la calle, y otras habían sido arrestadas en sus propias casas por simpatizantes del presidente Gbagbo o por miembros de las fuerzas de seguridad por pertenecer a la etnia diulá y por su supuesto apoyo a la RDR.


Habiba, nacida en 1974 y madre de un niño, dijo a Amnistía Internacional que se dirigía a un mitin de la RDR en el estadio Houphouët Boigny cuando fue atacada en la calle por un grupo de civiles que querían impedir el encuentro de los simpatizantes de la RDR: "Me preguntaron el nombre. Cuando [los hombres vestidos de civil] se enteraron de que era de etnia diulá me arrancaron la ropa y luego me llevaron hasta la maleza. Uno de ellos me obligó a inclinarme y, delante de sus dos amigos, me penetró; ni sus amigos ni los gendarmes allí presentes intervinieron para ayudarme. Por el contrario, disfrutaron viendo cómo me violaba. Cuando acabó, sus dos amigos también querían que les tocase su turno, pero en ese momento llegó un policía y me sacó de allí con el pretexto de que él mismo se encargaría de imponerme el castigo oportuno [...]".


Cuando la llevaron a la Escuela de Instrucción de Policía junto con otras cuatro mujeres a las que habían desnudado, Habiba sufrió malos tratos y agresiones sexuales en el cuarto de baño: "Un policía me llevó al cuarto de baño y me quitó la ropa con el propósito de abusar de mí, pero le supliqué que no lo hiciera, e insistí en el hecho de que me acababan de violar sin utilizar ningún tipo de protección y que, si no lo hacía por mí, que al menos pensase en sí mismo, ya que podía transmitirle alguna enfermedad. Entonces me pidió que saliese de la ducha. Debo señalar que, mientras estábamos en la ducha, algunos de sus compañeros estaban allí mirándonos, con la puerta abierta. Cuando salí, vi a otros policías que estaban sentados en unos bancos cerca de la ducha. Me dijeron que me tumbase de espaldas con las piernas abiertas y que me masturbase hasta que tuviese un orgasmo. Por desgracia, no pude; entonces se fueron acercando y cada uno de ellos me introdujo en la vagina lo que más a mano tenía (porras, palos de madera, arena y ramas de bambú)".


Aminata, a quien también llevaron a la Escuela de Instrucción de Policía en Abiyán tras haber sido arrestada cuando se dirigía al mitin de la RDR, recalcó que las agresiones sexuales tuvieron lugar en presencia de oficiales de la policía: "En la escuela de policía decidieron darnos una paliza, y para ello nos colgaron de los pies y nos golpearon en nuestras partes íntimas, donde nos introdujeron trozos de madera. Después nos obligaron a abrir las piernas y nos echaron chorros de agua en la vagina. Allí mismo, en presencia de algunos de sus superiores, nos desnudaron y nos ordenaron que les mostrásemos cómo hacíamos el amor con nuestras parejas [...]".


Las mujeres de etnia diulá también fueron entregadas públicamente por las fuerzas de seguridad a civiles, que las violaron en presencia de multitud de gente. Algunas de estas mujeres iban a visitar a familiares o estaban haciendo recados cuando fueron arrestadas en la calle, acusadas de ser simpatizantes de la RDR. Fatima, modista de 25 años, fue arrestada por los gendarmes el 4 de diciembre de 2000 cuando iba de camino a visitar a su tía. En su declaración, registrada en la Escuela de Instrucción de Policía el 12 de diciembre de 2000 (y de la que Amnistía Internacional ha obtenido una copia), especifica: "[n]os llevaron a Cocody, a un lugar en el que ya había otras personas que también habían sido arrestadas, entre ellas una mujer joven. Allí, los gendarmes me dijeron que me quitase la ropa, a lo que yo obedecí, y luego les dijeron a algunos jóvenes que "hiciesen el amor" conmigo. De ese modo, fui violada por cinco jóvenes [...]".


Tras los motivos de preocupación planteados por las organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales para la protección de los derechos humanos (ONG), entre ellas Amnistía Internacional, se llevó a cabo una investigación oficial y se concluyó de forma clara que las mujeres habían sido víctimas de violaciones o violencia sexual después de haber sido arrestadas por las fuerzas de seguridad.(14) No obstante, no se tomaron más medidas al respecto. No hubo ningún intento de someter a juicio a los presuntos autores ni de ofrecer resarcimiento o atención médica a las víctimas, con lo que se envió a los autores el mensaje de que las mujeres podían ser agredidas por motivos políticos o étnicos con total impunidad. Este hecho puede haber fomentado las violaciones y otros abusos sexuales contra las mujeres durante el conflicto que estalló en 2002.



Al principio, el MPCI prometió que no atacaría a la población local, afirmando que únicamente perseguía objetivos políticos. Sin embargo, poco después de hacerse con el control del norte del país, incluido Bouaké, segunda ciudad más grande de Costa de Marfil convertida en su plaza fuerte, miembros armados del MPCI comenzaron a perpetrar ataques contra civiles, especialmente mujeres. Varias mujeres fueron obligadas a alistarse en las filas del MPCI. Según la información recogida por Amnistía Internacional, prácticamente todas estas mujeres fueron violadas y sufrieron agresiones sexuales. Algunas de las violaciones se llevaron a cabo antes, durante y después de los saqueos en casas y pueblos, como si las mujeres fuesen "propiedades" que las fuerzas de la oposición pudiesen adquirir como botín en los saqueos, equiparables a otros objetos de valor material.

Muchos de los abusos más graves tuvieron lugar en el oeste de Costa de Marfil entre finales de 2002 y la primera mitad de 2003. Durante este tiempo, las mujeres sufrieron ataques de forma sistemática tanto por parte de las milicias progubernamentales como por parte de los grupos armados de oposición, entre ellos el MJP y el MPIGO, que recurrieron todos ellos al empleo de mercenarios, incluidos ciudadanos de Liberia. Estos grupos y milicias hicieron uso de violencia sexual contra las mujeres, sometiendo a muchas de ellas a esclavitud sexual, con el fin de aterrorizar a la población civil y así extorsionarla. Amnistía Internacional recopiló testimonios de varias supervivientes de la violencia sexual, que consiguieron llegar a Abiyán tras huir de sus secuestradores.

Las fuerzas de seguridad del gobierno también han agredido a mujeres por motivos políticos y étnicos. En los días y semanas siguientes al intento de golpe de Estado de septiembre de 2002, las mujeres, especialmente las refugiadas y las mujeres de etnia diulá, fueron víctimas de violaciones y agresiones sexuales perpetradas por las fuerzas de seguridad del gobierno en Abiyán. Varias refugiadas que habían salido de sus países de origen huyendo de conflictos, especialmente de Liberia, y que habían buscado refugio en Costa de Marfil, fueron violadas durante una operación realizada por las fuerzas de seguridad en Abiyán con el objetivo de destruir varios barrios marginales, argumentando que en ellos se refugiaban "agresores".(15) En estos barrios marginales vivían marfilenses y miembros de comunidades de otros países de la subregión, especialmente de Liberia.


Varias mujeres también fueron violadas y agredidas sexualmente por miembros de las fuerzas de seguridad del gobierno mientras se revisaban sus documentos en uno de los muchos controles situados a lo largo de las carreteras de las zonas del país controladas por el gobierno. Las mujeres de etnia diulá, fácilmente identificables por sus nombres, se convirtieron en las víctimas principales. Las mujeres también fueron agredidas sexualmente en los controles de las zonas dominadas por las Fuerzas Nuevas. La violación se ha utilizado, por tanto, de forma estratégica y táctica como arma de guerra para lograr muchos de los objetivos de todas las partes en el conflicto de Costa de Marfil.


Amnistía Internacional ha concluido anteriormente que la violación:


"Como arma de guerra, la violación se utiliza estratégica y tácticamente para alcanzar objetivos específicos en muchas formas de conflicto. Se utiliza para conquistar, expulsar o controlar a las mujeres y sus comunidades en tiempo de guerra o de conflicto interno. Como forma de tortura basada en el género, se utiliza para obtener información, castigar, intimidar y humillar. Es el arma universal empleada para despojar a las mujeres de su dignidad y destruir su sentido de la identidad. También se utiliza para aterrorizar y destruir comunidades enteras".(16)


Conclusiones de la Comisión Internacional de Investigación de la ONU (Octubre de 2004)


En 2004, el Consejo de Seguridad de la ONU solicitó la formación de una comisión internacional de investigación (la Comisión) sobre las denuncias de graves violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario cometidas en Costa de Marfil desde el 19 de septiembre de 2002 hasta el 15 de octubre de 2004(17). El informe de la Comisión fue presentado ante el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en octubre de 2004, y más tarde se entregó al Consejo de Seguridad de la ONU en diciembre de 2004. A pesar de las repetidas peticiones por parte de ONG internacionales defensoras de los derechos humanos, entre ellas Amnistía Internacional, la ONU todavía no ha hecho público el informe.


No obstante, en diciembre de 2004 se filtró a la prensa una copia. Según la versión filtrada del informe, cuya autenticidad nunca se ha cuestionado, la Comisión llevó a cabo una investigación sobre las denuncias de las violaciones de los derechos humanos, entre ellas las cometidas contra las mujeres durante el conflicto armado de Costa de Marfil, y concluyó que ambas partes en el conflicto utilizaron a las mujeres para satisfacer el apetito sexual de los combatientes, algunos de los cuales se encontraban bajo los efectos de las drogas.


Según la información disponible, la Comisión documentó casos de violaciones de mujeres de todas las edades, entre ellas menores de 12 años, así como violaciones precedidas o acompañadas de tratos crueles, inhumanos y degradantes, violaciones en presencia de sus parejas o descencientes, incestos forzados, acoso sexual, abusos deshonestos, secuestros y esclavitud sexual. Según informes, la Comisión también apuntó que en Costa de Marfil la violencia contra las mujeres aún no se consideraba como un delito grave.


Asimismo, de acuerdo con los datos disponibles, la Comisión descubrió que desde el 19 de septiembre de 2002, la violación se había empleado con frecuencia como arma de guerra contra la población en zonas de combate, así como en áreas residenciales y en zonas donde se encontraban personas desplazadas.


Según la información disponible, la Comisión también estudió las dramáticas consecuencias sociales provocadas por las violaciones durante el conflicto armado, afirmando que cientos de mujeres y niñas que habían sido víctimas de violaciones habían sido rechazadas por sus comunidades, habían tenido bebés concebidos en las violaciones y muchas de ellas se encontraban gravemente enfermas (por VIH/sida y otras enfermedades de transmisión sexual (ETS) o con trastornos psicológicos).


Una lista confidencial, incluida como documento anexo al informe de la Comisión, al parecer, identificaba y ofrecía los nombres de algunos de los responsables de esas violaciones cometidas durante el conflicto.(18)

Aunque no se pueden obtener cifras exactas, se calcula que cientos de mujeres, posiblemente miles, fueron víctimas de violencia sexual a raíz del conflicto armado. Los grandes movimientos de personas internamente desplazadas y de personas refugiadas que huyen de los conflictos ha tenido como consecuencia una vulnerabilidad mayor para las mujeres de esos colectivos en Costa de Marfil, y en especial para las liberianas. La reciente información recogida por Amnistía Internacional muestra que las mujeres siguen siendo objeto de agresión sexual, con total impunidad, a manos de miembros de las fuerzas de seguridad, así como de miembros de los grupos armados de oposición. Civiles y miembros de la milicia que cuentan o bien con el respaldo político de las autoridades gubernamentales en el sur, o con el apoyo de las Fuerzas Nuevas en el territorio bajo su control, también cometen actos de violencia sexual contra las mujeres con total impunidad.


3.2. Los autores

Las mujeres estuvieron en el punto de mira de todas las partes en el conflicto: fuerzas de seguridad gubernamentales, milicias respaldadas por el gobierno y grupos armados de oposición integrados en las Fuerzas Nuevas.


3.2.1 Fuerzas de seguridad gubernamentales

Las fuerzas de seguridad gubernamentales han cometido violaciones y agresiones sexuales contra mujeres, en la mayoría de los casos por motivos étnicos o políticos. Se ha documentado ampliamente la responsabilidad de las fuerzas de seguridad en casos de violación y agresión sexual cometidas contra mujeres diulás en diciembre de 2000 y en puestos de control desde septiembre de 2002. Los informes indican que miembros de las fuerzas de seguridad gubernamentales siguen perpetrando con impunidad actos de violencia sexual.


Amnistía Internacional conoció el caso de una escolar de 14 años, Catherine, violada el 5 de marzo de 2006 por un miembro del Centro de Mando de Operaciones de Seguridad (Centre de Commandement des Opérations de Sécurité, CECOS).(19) Miembros del CECOS siguieron a la niña cuando se dirigía a casa de una amiga para pasar la noche. Catherinecontó a Amnistía Internacional:


"Llamaron a la puerta. Me pidieron que me uniese a ellos y amenazaron con hacer ruido y romperlo todo si no obedecía. La madre de mi amiga no quería problemas, y me aconsejó que saliese y fuese con ellos. Uno de los miembros del CECOS me pidió que pasase la noche con él. Le dije que estaba cansada, pero no me hizo caso. Me agredió y me desabrochó los pantalones; creo que me desmayé. Cuando se fueron, los hermanos de mi amiga vinieron a buscarme y me llevaron al hospital, donde me enteré de que me habían violado"


El tío de la víctima presentó una denuncia en el tribunal militar. La niña declaró ante el comandante de la brigada de Alepe en Abiyán, pero, hasta donde sabe Amnistía Internacional, ni se investigó la denuncia ni se han presentado cargos contra nadie..


3.2.2 Milicias y grupos respaldados por el gobierno

Los grupos y milicias respaldados por el gobierno también fueron responsables de violaciones y agresiones sexuales cometidas contra mujeres identificadas como enemigas del presidente Gbagbo y de la nación por propaganda del Estado difundida a través de medios de comunicación y políticos cercanos al presidente Gbagbo.(20)


Miembros de la Federación de Estudiantes y Escolares de Costa de Marfil (Fédération estudiantine et scolaire de Côte d’Ivoire, FESCI), asociación estudiantil progubernamental, también cometieron ataques y agresiones sexuales contra mujeres a las que se consideraba como oponentes del presidente Gbagbo. Varios miembros de la FESCI participaron en la violación de Elisabeth, estudiante de la Universidad de Cocody, en Abiyán en junio de 2005. Su testimonio muestra el grado en el que los miembros de la FESCI estaban dirigidos por la jerarquía de su movimiento. La joven estaba repartiendo panfletos en conmemoración del aniversario de la muerte de un estudiante en el campus universitario, cuando dos miembros de la FESCI le pidieron que les siguiese porque "el general quería hacerle unas preguntas". Al principio intentó resistirse, pero un grupo de otros doce estudiantes la obligaron a ir con ellos hasta un lugar conocido como "la veranda". Como muestra su testimonio, Elisabeth fue objeto de agresiones por ser defensora de los derechos humanos. Fue víctima de "acoso por sexualidad", mediante el cual las mujeres son sometidas a insultos con el fin de degradarlas y humillarlas:"Me dijeron que estaba jugando con fuego, y que, en lugar de estar repartiendo folletos, debería haberme quedado donde me correspondía, en casa, y buscar marido. Dijeron que mi nombre constaba en sus archivos, que ya habían preguntado a la gente sobre mí y que sabían dónde vivía. Dijeron que tenían maneras de hacerme hablar. Después me dijeron que me iban a encerrar en una habitación y me dieron una paliza. Uno de ellos dijo que iba a ser un trabajo limpio. Había seis chicos en la habitación y dijeron que quien quisiera podía irse. Dos se fueron y cuatro se quedaron". La víctima también afirmó que, además del estudiante que la violó, había otros miembros de la FESCI que se quedaron allí, mirando, sin decir nada ni intentar ayudarla: "Intenté resistirme y, durante el forcejeo, a uno de los estudiantes se le cayeron las gafas al suelo y se rompieron los cristales. Estaba furioso. Me pusieron una bolsa de lona en la cabeza y uno de ellos me oprimió la garganta para que no pudiese gritar mientras otro estudiante me violaba. Los otros me sujetaban de pies y manos y me manoseaban. Aunque tenía la cabeza tapada, me daba cuenta de que había estudiantes entrando y saliendo de la habitación".

Las milicias progubernamentales del suroeste de Costa de Marfil también fueron responsables de actos de violencia sexual generalizados. Este fue el caso concreto de la milicia progubernamental que se identificaba como Lima (por la señal internacional de llamada de radio L, la letra inicial de "Liberia"), compuesta por refugiados liberianos que habían residido en Costa de Marfil durante años y fueron reclutados por el gobierno marfilense.(21) Según informes, esta milicia fue la responsable de violaciones y otros delitos durante su ataque contra Bangolo en marzo de 2003. El informe de la Comisión de Investigación de la ONU, filtrado a la prensa en diciembre de 2004, al parecer documentaba la ejecución masiva de civiles que no participaban en las hostilidades a manos de miembros liberianos de Lima. Parece ser que el informe confirma que el barrio que sufrió los mayores ataques estaba habitado por personas de etnia diulá del norte de Costa de Marfil. Según informes, los hombres, mujeres y niños de esta zona fueron ejecutados en sus casas. Varios cadáveres, según informes, tenían las manos atadas a la espalda, y parecía que varias de las mujeres encontradas desnudas habían sido violadas antes de ser degolladas.


3.2.3 Las Fuerzas Nuevas

Miembros del MPCI, del MPIGO y del MJP también fueron responsables de violaciones, reclutamientos forzosos y esclavitud sexual en las zonas en las que operaban


Todas las personas que sobrevivieron y con las que habló Amnistía Internacional, y que habían sido objeto de actos de violencia sexual por parte de grupos armados de oposición en el oeste, se refrieron a sus atacantes como "rebeldes". Una de esas personas manifestó a Amnistía Internacional: "[l]os rebeldes llevaban uniformes de faena, iban a pie y no les gustaba que se les llamara rebeldes".


Algunas mujeres pudieron identificar los grupos armados de oposición a los que pertenecían sus atacantes. Una mujer gueré dijo a Amnistía Internacional:


"Antes de que estallara la guerra vivíamos todos juntos, íbamos a la misma iglesia y orábamos juntos. Después empezó la guerra y yo salí corriendo con mis hijos. Me caí, tres "rebeldes" me atraparon y me llevaron a Toulepleu con gente del MPIGO. Algunos de ellos hablaban inglés y otros francés; algunos era liberianos".


A pesar de que los grupos armados que se hicieron con el control en el norte del país declararon públicamente que no llevarían a cabo ataques contra la población local, al poco tiempo comenzaron a atacar a civiles, especialmente a las mujeres. Una de las personas con las que habló Amnistía Internacional en Abiyán en mayo de 2006 fue víctima de este cambio repentino de actitud. Véronique, modista baulé de 35 años, que había estado viviendo en Man (aproximadamente 500 km al noroeste de Abiyán), manifestó:


"Cuando llegaron los rebeldes en noviembre de 2002, nos dijeron que no nos harían nada y que habían venido a derrocar al gobierno. Algunos llevaban uniformes militares y otros iban vestidos de dozos [cazadores tradicionales]. Sin embargo, poco después empezaron a entrar en nuestras casas y a llevarse a mujeres por la fuerza. Un día, a finales de 2002, cinco de ellos vinieron a mi casa. Dos me violaron y otros dos violaron a mi hermana pequeña, de 19 años. Me llevaron a Grand Gbapleu, donde había al menos 200 rebeldes. Habían capturado a 30 mujeres, algunas muy jóvenes. Hablaban francés y diulá; su francés era un poco raro. Nos dijeron que cocinásemos para ellos, y mientras lo hacíamos, las otras mujeres relataron cómo las habían violado y algunas contaron que les habían pegado cuando trataron de resistirse. Cuando averiguaron que se acercaban los lealistas [las fuerzas de seguridad gubernamentales], se fueron al frente y las mujeres pudieron huir".


Amnistía Internacional también conoció el caso de tres hermanas, de 17, 16 y 12 años, que fueron secuestradas en Bouaké poco después de que los miembros del MPCI se hiciesen con el control de la ciudad en septiembre de 2002. Los combatientes ocuparon la casa de las tres jóvenes y "las retuvieron como esposas". Según informes, la mayor y la menor finalmente consiguieron encontrar refugio en su pueblo de origen. La tercera de las hermanas trató de huir una noche y murió en el camino.


En este mismo periodo, varias mujeres también fueron violadas en los alrededores de Korhogo, la ciudad más importante del norte del país, no lejos de la frontera con Malí. Amnistía Internacional conoció los casos de varias mujeres secuestradas por miembros del MPCI cuando intentaban llegar a Malí. Una de ellas contó a Amnistía:


"Cuando los rebeldes entraron en Korhogo, mucha gente huyó, internándose en la maleza, a lo más hondo de la espesura. Intentábamos llegar a Malí cuando nos encontramos con dos rebeldes. Degollaron a una persona, a quien acusaron de ser un corps habillé.(22) Dejaron ir a los demás, pero retuvieron a las jóvenes. Nos violaron; uno de ellos nos sujetaba los brazos mientras otro nos violaba. Después nos abandonaron y conseguimos llegar a Malí".


Algunos de los peores abusos fueron cometidos por combatientes del MPIGO y del MJP. Ambos grupos contaban en sus filas con mercenarios, procedentes en particular de la vecina Liberia.


Varias de las mujeres con las que habló Amnistía Internacional dijeron que los combatientes que las habían atacado, secuestrado y violado hablaban inglés, lengua oficial de Liberia. Jeanne, de 23 años y madre de varios hijos, agredida en marzo de 2003 en un pueblo llamado Diourouzon, declaró: "Los hombres que nos atacaron eran de Liberia, Burkina Faso y de etnia senufa".(23) Miembros de grupos armados de oposición parecen haber actuado bajo una imprecisa cadena de mando, teniendo como principal interés el saqueo. En este contexto, la mujeres con frecuencia fueron tratadas como un mero botín que podía tomarse junto con el resto de posesiones materiales. Jeanne dijo a Amnistía Internacional: "Dos de ellos me capturaron. Me dieron una paliza con la culata de sus Kalashnikov. Algunos dijeron: ‘Acabemos con ella’. Los dos que me habían capturado se negaron, pero me violaron; primero uno y después otro". En cuanto acabaron de violarla, los hombres continuaron con el saqueo: "Después de eso, me dejaron allí tirada en el suelo, dolorida. Comenzaron a registrar toda la casa y se llevaron nuestra ropa y todo tipo de cosas, algunas de ellas de bastante valor".


En algunos casos, las mujeres fueron violadas porque se negaron a dar dinero a sus atacantes. Anne, mujer gueré de 40 años que vivía cerca de Toulepleu y tenía un puesto en el mercado, contó a Amnistía Internacional cómo fue agredida cuando varios hombres armados llegaron a su pueblo entre noviembre y diciembre de 2002:


"Los rebeldes me encontraron en el pueblo. Querían dinero, pero yo les dije que no tenía. Me llevaron a la espesura. Dos de ellos me violaron; primero uno y después otro. Mientras uno me violaba, el otro me apuntaba con el arma en la cabeza. Estaba muerta de miedo y no podía moverme".


3.3 Las mujeres como propiedad

3.3.1 Secuestros y esclavitud sexual

Cientos de mujeres fueron secuestradas, violadas y sometidas a esclavitud sexual, especialmente en la zona occidental de Costa de Marfil, tanto por milicias progubernamentales como por miembros de grupos armados de oposición. Estas prácticas se utilizaron con el objetivo de aterrorizar a la población civil que vivía en los territorios controlados por estas formaciones. Algunas de las víctimas fueron reclutadas a la fuerza. Muchas de estas mujeres pasaron a convertirse en "propiedad" de uno o más combatientes, a quienes debían prestar servicios sexuales de forma forzada y para los que debían realizar tareas domésticas como cocinar.


Muchas de las mujeres con las que habló Amnistía Internacional dijeron que los combatientes que las capturaron al oeste del país las consideraban de su propiedad, utilizándolas como esclavas sexuales y como trabajadoras domésticas. Constance, joven capturada junto con su hermana por miembros armados de oposición en febrero de 2003 y llevada a Danane (a unos 600 kilómetros al noroeste de Abiyán), relató lo siguiente: "Nos metieron en una casa grande, con varias habitaciones. Había 50 rebeldes; unos hablaban inglés, otros yacuba, gueré y diulá. [...] Estábamos encargadas de sacar agua, recoger leña y cocinar. Nos mantenían continuamente bajo amenaza". Cuando las amenazas verbales no eran suficientes, los combatientes, entre ellos mercenarios liberianos, hacían uso de la fuerza para obligar a las mujeres a mantener relaciones sexuales con ellos.


"Uno de los [combatientes] que me capturó, un liberiano, me dijo que me desnudase. Me negué, así que me dio dos bofetadas y me tiró al suelo. Me puso una navaja en la garganta y en la otra mano tenía un revolver con el que me amenazaba. Me golpeó con la culata del arma. Se quitó la ropa y me violó tres veces; me consideraba de su propiedad."


Thérèse, con 22 años en 2002, contó a Amnistía Internacional cómo fue secuestrada por el MPCI en Bouaké pocos días después de la toma de la ciudad, y cómo fue retenida a la fuerza:


Los rebeldes me atraparon. También estaban allí otras chicas jóvenes a las que habían capturado. En el camino nos dijeron que nos pusiésemos sus uniformes militares y empezaron a golpearnos. Algunas de nosotras nos quitamos la ropa para ponernos sus uniformes, pero otras se negaron a cambiarse. Las mataron allí mismo, en la carretera. Una vez entramos en el campamento, los rebeldes comenzaron a maltratarnos. Me golpearon con trozos de hierro y de madera. Llegué a desmayarme varias veces. Los rebeldes nos violaron desde el primer día. Durante los dos primeros días todos ellos violaron a las mujeres. Después, repartieron a las jóvenes entre los rebeldes, y luego uno violó a una mujer. Nos retuvieron allí durante mucho tiempo. Algunas veces salíamos del campamento con los rebeldes.


3.3.2 "Ni siquiera puedo hacer recuento de cuántos hombres me violaron."

Amnistía Internacional se reunió con varias mujeres que habían sido victimas de violaciones colectivas. Casi todas ellas informaron de que las violaciones habían sido cometidas por miembros de grupos armados de oposición.


Delphine, mujer gueré nacida en 1958 en Toulepleu, fue víctima de violaciones colectivas durante varias semanas tras haber sido secuestrada por miembros del MPIGO a finales de 2002. Dijo a Amnistía Internacional: "Estuve con ellos durante un mes y diez días. El primer día, 40 hombres mantuvieron relaciones sexuales conmigo, por la noche, cuando volvieron de los combates; se lavaban el pene antes de acostarse conmigo. Ni siquiera puedo hacer recuento de cuántos hombres me violaron".


Sylvie, mujer de 48 años que vivía en Logoualé, cerca de Man (unos 500 kilómetros al noroeste de Abiyán), fue violada por miembros de un grupo armado de oposición y relató a Amnistía Internacional lo siguiente:

"En abril de 2003 los rebeldes rodearon nuestro pueblo. Todo el mundo huyó. Yo no podía correr y me atraparon. Me llevaron a su campamento en Logoualé, donde había unos 40 rebeldes. Algunos hablaban inglés. Tenían unos 30 prisioneros, de los que 10 éramos mujeres. Les dijeron a los niños que nos vigilasen y se asegurasen de que no nos escapábamos. Por la noche vinieron siete de los rebeldes y me pegaron. Después me sujetaron por las manos y los pies y me violaron sucesivamente [...] al menos 30 hombres. Al día siguiente, me dijeron que hiciese algunas tareas para ellos y que les preparase la comida. También violaron a las otras mujeres del campamento. Me separé de ellas porque al cabo de tres días los rebeldes me dejaron en la carretera".


Cuando las mujeres se negaban a mantener relaciones sexuales con sus secuestradores, a menudo eran golpeadas y torturadas. Isabellefue secuestrada en abril de 2003 en Babli, cerca de Bangolo, en la provincia de Man. Su caso es una muestra del grado de vulnerabilidad de las mujeres y los niños cuando un pueblo era atacado por miembros de un grupo armado de oposición. Isabelle contó a Amnistía Internacional: "Cuando los rebeldes llegaron a nuestro pueblo en abril de 2003, huimos. Nuestros maridos ya habían huido y nos habían dejado con los niños. Nos agrupamos en un campamento y [...] los rebeldes vinieron y nos descubrieron allí". Estas mujeres se convirtieron en esclavas sexuales; los hombres que las habían capturado las obligaban a preparar la comida y a mantener relaciones sexuales con ellos: "Si una mujer se negaba a mantener relaciones sexuales, llamaban a otros que les ayudasen y nos amenazaban. Dos rebeldes sujetaban a una mujer por las manos y otros dos por los pies mientras un quinto la violaba. Lo hacían por turnos, a veces se sentaban sobre nuestras manos y pies mientras uno de ellos nos violaba. También nos daban golpes y palizas. Después de un tiempo se fueron al frente y escapamos".


Algunas de las mujeres víctimas de violaciones colectivas informaron de que habían sido forzadas a tomar drogas. Alice,mujer de 36 años y madre de cuatro hijos, que vivía en Toulepleu cuando fue agredida por miembros de un grupo armado de oposición, dijo a Amnistía Internacional: "En enero de 2003 los rebeldes mataron a mis padres y quemaron su casa. A mí me perdonaron la vida y me dijeron que iba a ser su esposa. Me llevaron a su campamento, situado entre Bloéquin y Toulepleu, donde ya tenían a otras ocho mujeres. Nos violaban con frecuencia. Para evitar que nos resistiésemos, nos ataban las manos y los pies a estacas clavadas en el suelo y nos hacían beber aguardiente de palma mezclado con una droga; iban por turnos, pasando de una mujer a otra. Hablaban inglés y diulá entre ellos".


3.3.3 Niñas y mujeres de edad avanzada

La información recogida por Amnistía Internacional muestra que niñas de muy corta edad y mujeres mayores, especialmente las que vivían en la zona occidental del país, fueron violadas por miembros de grupos armados de oposición y milicias progubernamentales, concretamente durante los últimos tres meses de 2002 y los primeros meses de 2003.


Dos hermanas, ambas menores de 18 años, fueron detenidas por miembros de un grupo armado de oposición en febrero de 2003 en un puesto de control próximo al pueblo de Dioulabobou. Las dos niñas iban camino de Abiyán, donde pensaban refugiarse, en un vehículo junto con otras veinte personas aproximadamente. Los hombres armados del control ordenaron a las dos hermanas que bajasen del vehículo. Su tío se negó a dejarlas allí y bajó con ellas. La más joven de las dos, Christelle, de 14 años en el momento de la violación, contó a Amnistía Internacional:


"Uno de los rebeldes me dijo: ‘Tú vas a ser mi esposa, y la otra la esposa de mi hermano’. Nos amenazaron con matar a nuestro tío si nos negábamos a dormir con ellos. Los rebeldes nos dijeron que estábamos sucias y que teníamos que lavarnos. Obedecimos. Alguien se llevó a mi hermana y yo me quedé atrás. Uno de los rebeldes me dijo que me desnudara. Le dije que estaba impresentable. Trajo a otros dos rebeldes y les ordenó que me disparasen si no hacía lo se que me pedía. Uno de los rebeldes me violó mientras los otros dos me apuntaban con sus armas."


Después de violarla, su atacante le dijo que se reuniese con el resto de mujeres secuestradas. La niña se negó a ir sin su hermana mayor, de 17 años en ese momento, que apareció al poco tiempo llorando. Finalmente, dejaron en libertad a las dos niñas y a su tío, y pudieron continuar hasta Abiyán.


Otra escolar, nacida en 1986 y víctima de violación colectiva, relató cómo sus atacantes la ataban durante el día. Sandrine, miembro del grupo étnico baulé, fue capturada por miembros de un grupo armado de oposición en diciembre de 2002 en la zona de Duékoué (450 kilómetros al noroeste de Abiyán):


"Yo era la única prisionera. Había 15 [miembros del grupo armado de oposición] y me internaron en el bosque de Duékoué. Uno de sus jefes me dijo en inglés que sería su esposa. Yo le respondí que eso no podía ser, y él amenazó con matarme. Luego me violó en presencia de los otros; mientras lloraba e intentaba defenderme, los demás se reían de mí y me insultaban. Después de que me violase el jefe, le siguieron otros seis rebeldes. Intentaba defenderme, pero los rebeldes me sujetaban las manos y los pies mientras otro me violaba. Me tuvieron en la espesura dos semanas, y durante el día me tenían atada. Me violaban con frecuencia, y siempre [había varios rebeldes que] me sujetaban las manos y los pies."


Entre las mujeres de más edad que habían sido víctima de algún abuso y con las que Amnistía Internacional pudo hablar, se encontraba Mireille, mujer gueré de 58 años que vivía en un pueblo próximo a Toulepleu. Contó a Amnistía Internacional:


"Cuando empezaron los combates, yo estaba en el pueblo. Cuando oí los disparos [...] huí hacia la espesura. Soy mayor, no podía correr tan deprisa como los demás y me caí. Los rebeldes me alcanzaron y uno de ellos dijo que quería violarme. Sus amigos le dijeron que era demasiado vieja, pero insistió en que iba a violarme. Me tiró al suelo y me arrancó la ropa. Sus dos amigos me sujetaron las manos mientras me violaba y luego me dejaron allí. Me quedé tendida entre la maleza toda la noche y al día siguiente oí un vehículo […]. Era un vehículo de la Cruz Roja y sus ocupantes me dijeron que no tuviese miedo".


En otro caso documentado por Amnistía Internacional, Sabine, miembro del grupo étnico oubé y cacaotera de un pueblo situado en la subprefectura de Facobly, al oeste del país, compartió su historia. Sabine tenía 63 años cuando fue violada en enero de 2003 en presencia de su nieta de cinco años. Explicó a Amnistía Internacional cómo, al igual que el resto de la población, intentaba huir de la llegada de los combatientes armados de oposición:


"Todos huyeron, pero yo no podía correr porque tenía conmigo a mi nieta más pequeña. Cuando llegaron los rebeldes, me abofetearon, me arrancaron la ropa interior y se llevaron todo el dinero que tenía, un total de 215.000 francos CFA (unos 320 euros). Caí al suelo y uno de los rebeldes me violó mientras la pequeña Violette lloraba a mi lado."


3.3.4 "Me violaron en presencia de mi esposo y mis hijos."

Amnistía Internacional pudo hablar con varias mujeres que habían sido violadas en presencia de sus familiares, entre ellos menores de corta edad. La violación fue utilizada para humillar a las víctimas, a los esposos y a las comunidades a las que pertenecían.


Benedicte, mujer baulé de unos cuarenta años, fue violada en Bouaké, cuando la ciudad fue tomada por el MPCI en septiembre de 2002, por miembros del MPCI que acusaban a su esposo de pertenecer al cuerpo de gendarmería. En realidad, se trataba de un funcionario del Ministerio de Economía que trabajaba en Bouaké. Benedicte relató a Amnistía Internacional:


"Los atacantes llegaron a nuestra casa. Golpearon a mi esposo y a mi hijo, y nos amenazaron con matarnos si intentábamos gritar. Pensaban que mi esposo era militar, porque es muy alto, y le acusaron de pertenecer al cuerpo de gendarmería. Él contestó que no era gendarme, y le golpearon con fuerza, haciendo uso de las culatas de sus rifles y dándole patadas y puñetazos. Yo no dejaba de llorar, y uno de ellos se abalanzó sobre mí y me arrancó la falda. Me violaron allí, en presencia de mi esposo y mis hijos; hablaban diulá entre ellos. Me tiraron al suelo; uno me sujetaba los brazos y otro estaba de pie, separándome las piernas con las suyas, mientras otro me violaba. Lo hicieron delante de mis hijos, de los cuales el más pequeño tenía tan sólo un año."


Las mujeres también fueron violadas en presencia de otras personas que habían sido capturadas con ellas en puestos de control en las carreteras. Julianne, de unos 40 años y madre de 11 hijos, huyó de su casa en Diozon, en el distrito de Bangolo, en diciembre de 2002. Vivió con su familia durante tres meses en la espesura. Durante ese tiempo, volvía a su pueblo para buscar los medicamentos que necesitaban sus hijos enfermos. Esto es lo que contó a Amnistía Internacional:


"Los combatientes habían colocado un control en la carretera justo a la salida del pueblo, y me dijeron que tenía que mostrarles mi carné de identidad o darles 1.000 francos CFA (1,50 euros aproximadamente). Los muchachos encargados del puesto de control no llegaban a los 18 años. Yo estaba con mi primo, que comenzó a suplicarles que tuviesen clemencia. Estas palabras provocaron su enfado y dijeron que lo matarían si intentaba decirlo una vez más. Uno de ellos me tiró al suelo, me arrancó el vestido y me violó; uno me sujetaba los brazos detrás del cuerpo, mientras otro nos amenazaba con su rifle y un tercero me violaba. Allí había cinco personas mirando, pero no podían hacer nada porque les estaban apuntando con un revólver. Cuando el que me violó acabó su sucio trabajo, nos dejaron marchar."


3.3.5 "Cuando descubrió que era de Malí comenzó a agredirme."

Las mujeres fueron víctimas de violaciones y abusos sexuales por motivos étnicos, de nacionalidad o de afiliación política. Además de las mujeres diulás que fueron violadas y agredidas sexualmente en diciembre de 2000 (véase supra), muchas otras mujeres fueron objeto de abusos por tener nombres diulás y ser sospechosas de apoyar al presidente de la RDR, Alassane Ouattara, y a grupos armados de oposición.


En los días y semanas siguientes al levantamiento, las fuerzas de seguridad dirigieron sus ataques contra mujeres y refugiados diulás, entre ellos liberianos que habían huido a Costa de Marfil tras el conflicto desatado en su país a principios de los años noventa. Amnistía Internacional grabó el testimonio de Mary, refugiada liberiana de un barrio marginal en el límite del distrito de Cocody en Abiyán, que fue violada el 27 de octubre de 2002 por varios gendarmes que habían llegado a la zona para inspeccionarla: "Llegaron dos camiones de hombres uniformados que empezaron a registrar todas las chozas. [Dos gendarmes] entraron en la mía y me pidieron el carné de identidad. [...] El más alto de los dos gendarmes [...] me tiró en la cama y me dijo que me desnudase, amenazándome con su Kalashnikov. Como intentaba resistirme, el gendarme me dijo: ‘Déjate follar, zorra, son vuestros hombres los que están matando a nuestros familiares, vais a ver…’ Le dejé que hiciese lo que quería porque no tenía manera de defenderme, y poco después hizo que lo sustituyeran diciendo: ‘Te toca’. Los dos gendarmes me violaron sucesivamente entre risas". Tras esta agresión, Mary intentó huir por el patio trasero, pero fue alcanzada por otro grupo de gendarmes. Uno de ellos la agarró por el pelo y la llevó a rastras hasta su habitación. "Me bajó la ropa interior y me arrancó el corpiño; cuando intenté resistirme agarrándome con fuerza a la cama, se tiró encima de mí y me tomó por detrás. Me sodomizó varias veces. [...] Grité para que sus compañeros se enterasen de que estaba en peligro. Atraído por el ruido, otro, muy joven, hizo lo mismo tomándome también por detrás. Disfrutaban viéndome sufrir de esa manera".


Las mujeres cuyos nombres indicaban procedencia diulá también fueron objeto de abusos en los puestos de control de las fuerzas de seguridad gubernamentales. Por ejemplo, Fatou, mujer de Malí, iba camino de Abiyán para reunirse con su pareja cuando fue detenida en el control de Duékoué en mayo de 2005. Contó a Amnistía Internacional lo asustados que estaban todos los extranjeros por los puestos de control: "La verdad es que no quería enseñar mis documentos de identidad porque mis amigos me habían advertido de cómo se comportan las fuerzas de seguridad con los extranjeros. Un soldado me pidió los papeles y le dije que no tenía. Me dijo que le siguiese y llevase mis bolsas, y me registró [...] Cuando descubrió que era de Malí empezó a agredirme. El que me estaba registrando [...] me metió dos dedos en la vagina y luego se limpió sobre mi cuerpo". El soldado volvió unos minutos más tarde y le pidió que mantuviese relaciones sexuales con él: "Le dije que no podía y me amenazó con encerrarme junto con los prisioneros, que no dudarían en violarme. Dijo que no tenía elección: o mantenía relaciones sexuales con él o lo haría con varios prisioneros. Me llevó a rastras hasta un vehículo y fuimos a otro lugar. Me dijo que me lavase y cuando volví dijo que quería acostarse conmigo. Le supliqué, pero me tiró al suelo y me violó, y después me metió dos dedos en la vagina. Luego me dijo que entrase en el coche y, mientras conducía, me dijo que le hiciera una felación; me pegó hasta que lo hice. Después me sacó del coche, me desnudó y me sodomizó". Tras la agresión, el soldado la dejó ir. Fatou se reunió con un representante de la comunidad de Malí en Costa de Marfil, quien la llevó a la comisaría de policía para presentar una denuncia. Hasta donde sabe Amnistía Internacional, no se ha llevado a cabo ninguna investigación.


3.3.6 La violencia sexual continúa avivada por la impunidad

Información reciente obtenida por Amnistía Internacional confirma que las mujeres continúan siendo víctimas de violaciones y otras formas de agresión sexual, perpetradas con total impunidad por todas las partes, lo que incita a que se cometan nuevas violaciones. Los agresores, entre los que se incluyen miembros tanto de fuerzas gubernamentales como de grupos armados, así como sus simpatizantes, parecen actuar sabiendo que, dado su puesto o sus vínculos, es poco probable que tengan que responsabilizarse de las consecuencias de sus actos.


Amnistía Internacional conoció el caso de una niña de 10 años violada en Man en mayo de 2006 por un civil vinculado a las Fuerzas Nuevas. La niña explicó:


"[El hombre que me violó] me empujó y caí al suelo. Me arrancó la ropa y también se quitó la suya. Me dijo que me mataría si contaba a alguien lo que había pasado. Cuando llegué a casa, no dije nada a mi abuela ni a mi madre, a pesar de que me dolía el estómago y la vagina. Tras un par de semanas, mi madre se dio cuenta de que me costaba caminar. Me desvistió y descubrió que tenía una infección en la vagina."


Los padres de la niña la llevaron al centro médico regional en Man, donde algunos civiles cercanos a las Fuerzas Nuevas intimidaron al personal médico para evitar que se expidiese un certificado que confirmase la violación. Tras la agresión, el estado de salud de la niña empeoró, y sus padres la llevaron a Abiyán con la esperanza de que le ofreciesen una mejor asistencia médica.


La UNOCI también ha documentado casos recientes en los que los autores de violaciones han actuado con total impunidad. En junio de 2005, una estudiante de 19 años fue violada en Tiébissou por un miembro de las Fuerzas Armadas Nacionales de Costa de Marfil (Forces armées nationales de Côte d’Ivoire, FANCI), que la amenazó con un Kalashnikov y le puso un cuchillo en la garganta. A pesar de la gravedad de este delito, el soldado quedó en libertad tras permanecer detenido unos meses.(24) Un mes antes, en mayo de 2005, una mujer de 28 años fue violada por dos miembros de las Fuerzas Armadas de las Fuerzas Nuevas (Forces armées des Forces nouvelles, FAFN) en el cuartel de Bouaké.(25) Nadie ha sido procesado por estos delitos.


4. FIN DE LA IMPUNIDAD POR VIOLACIONES Y OTRAS FORMAS DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER


4.1 La violación como arma de guerra: crimen contra la humanidad y crimen de guerra


La violación y otras formas de violencia sexual cometidas por combatientes en el transcurso de un conflicto armado ya sea internacional o no internacional son consideradas por el derecho penal internacional crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra.


El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (Estatuto de Roma), adoptado el 17 de julio de 1998, del cual Costa de Marfil es un Estado signatario pero no un Estado Parte, define violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, esterilización forzada, embarazo forzado y cualquier otra forma de violencia sexual como crímenes de guerra, hayan sido cometidos en un conflicto armado internacional o no internacional.(26) Cuando estos crímenes son cometidos, incluso siendo un acto único, como parte de un ataque generalizado o sistemático contra cualquier población civil, se consideran crímenes contra la humanidad.(27)


Los abusos contra los derechos humanos dirigidos contra mujeres en situaciones de conflictos armados son contrarios a los principios fundamentales del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos. Todos los abusos de este tipo, entre ellos los delitos de violencia sexual, como violación y esclavitud sexual, requieren una respuesta efectiva, que incluya investigación y procesamiento de los autores, así como reparaciones a las víctimas. La forma generalizada e impunidad con que se han cometido violaciones y otras formas de violencia sexual en Costa de Marfil, especialmente en los meses siguientes a la revuelta de septiembre de 2002, son una muestra de las estrategias llevadas a cabo deliberadamente por el gobierno y las fuerzas armadas de oposición de hacer uso de la violación y otras formas de violencia sexual contra las mujeres con el fin de infundir terror.


Según el derecho internacional humanitario, la violación y otras formas de violencia sexual están prohibidas. El artículo 3 común de los Convenios de Ginebra de 1949, referente a los conflictos armados no internacionales, prohíbe explícitamente: "[…] los atentados contra la vida y la integridad corporal, especialmente el homicidio en todas sus formas, las mutilaciones, los tratos crueles, la tortura y los suplicios; […] los atentados contra la dignidad personal, especialmente los tratos humillantes y degradantes […]".

El artículo 4 del Protocolo Adicional a los Convenios de Ginebra (Protocolo II), ratificado por Costa de Marfil en 1989, relativo a los conflictos armados sin carácter internacional, prohíbe:


"los atentados contra la vida, la salud y la integridad física o mental de las personas, en particular el homicidio y los tratos crueles tales como la tortura y las mutilaciones o toda forma de pena corporal; los castigos colectivos; la toma de rehenes; los actos de terrorismo; los atentados contra la dignidad personal, en especial los tratos humillantes y degradantes, la violación, la prostitución forzada y cualquier forma de atentado al pudor; la esclavitud y la trata de esclavos en todas sus formas; el pillaje; las amenazas de realizar los actos mencionados".(28)


Los actos de violencia contra mujeres que constituyan crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra están sujetos a la jurisdicción universal. Esto significa que, según el derecho internacional, las autoridades de cualquier país en el que se encuentren personas sospechosas de haber cometido este tipo de crímenes pueden y deben llevar a cabo una investigación sobre dichas personas, independientemente del lugar en el que se cometieron los crímenes. En el caso de que existiesen indicios admisibles suficientes, ese Estado deberá procesar a los sospechosos, extraditarlos a un Estado que sea capaz y esté dispuesto a ofrecer un juicio justo, o entregarlos a una corte penal internacional.


La violación y otros delitos de violencia sexual cometidos durante conflictos armados también pueden constituir violaciones de otros tratados internacionales en los que Costa de Marfil es Estado Parte, entre los que se incluyen la Convención de la ONU para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención de la ONU contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, y la Convención sobre los Derechos del Niño, así como tratados regionales como la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (Carta Africana).

La Convención de la ONU para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, ratificada por Costa de Marfil en 1995, establece un mandato detallado para garantizar la igualdad entre mujeres y hombres y prohibir la discriminación contra las mujeres. En la Recomendación General Nº 19 adoptada en 1992 por el Comité para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer se confirmaba que la definición de discriminación contra mujeres recogida en el artículo 1 de la Convención incluía la violencia contra la mujer:


"En la definición de la discriminación se incluye la violencia basada en el sexo, es decir, la violencia dirigida contra la mujer porque es mujer o que la afecta en forma desproporcionada. Se incluyen actos que infligen daño o sufrimiento de índole física, mental o sexual, las amenazas de esos actos, la coacción y otras formas de privación de la libertad".(29)


Costa de Marfil es también un Estado Parte en la Carta Africana, en la que se especifica que:


"Todo individuo tendrá derecho al respeto de la dignidad inherente al ser humano y al reconocimiento de su status legal. Todas las formas de explotación y degradación del hombre, especialmente la esclavitud, el comercio de esclavos, la tortura, el castigo y el trato cruel, inhumano o degradante, serán prohibidos".(30)


Aunque aún no lo ha ratificado, Costa de Marfil ha firmado también el Protocolo a la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos relativo a los derechos de la mujer en África, aprobado por la Unión Africana en 2003. El Protocolo obliga explícitamente a los Estados a adoptar medidas apropiadas y efectivas para promulgar y hacer cumplir leyes que prohíban todo tipo de violencia contra la mujer, incluyendo relaciones sexuales no deseadas o forzadas, que castiguen a los autores de la violencia contra la mujer y que pongan en práctica programas para la rehabilitación de las víctimas. El Protocolo también ofrece a las mujeres igualdad en el acceso a la justicia, así como igualdad en la protección ante la ley. El artículo 11 del Protocolo hace referencia explícitamente a la protección de las mujeres en conflictos armados. El Protocolo entró en vigor el 25 de noviembre de 2005 y en agosto de 2006 ya había sido ratificado por 20 Estados.(31) A pesar de que aún se está en espera de una decisión final de ratificación, según el derecho internacional, Costa de Marfil tiene la obligación de abstenerse de actos en virtud de los cuales se frustren el objeto y el fin del Protocolo.(32)


Los responsables de crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra y otras violaciones graves del derecho internacional, entre las que se incluye la violación y otras formas de violencia sexual, deben ser procesados conforme a las normas internacionales de justicia procesal.


4.2 Procesar a los autores

A pesar del gran número de violaciones y otras formas de violencia sexual cometidas en el contexto de la actual crisis política y militar en Costa de Marfil, prácticamente ninguno de los autores, hasta donde sabe Amnistía Internacional, ha sido procesado por estos delitos y las víctimas de violación o violencia sexual no han obtenido ningún tipo de resarcimiento o indemnización.

Los casos de diciembre de 2000: a pesar de las protestas y de una investigación oficial, la impunidad tiene siempre la última palabra


El completo fracaso en el procesamiento de los miembros de las fuerzas de seguridad responsables de las violaciones y agresiones sexuales a mujeres diulás detenidas en la Escuela de Instrucción de Policía de Abiyán en diciembre de 2000, ha transmitido a futuros autores de este tipo de delitos el alarmante mensaje de que no se les va a imputar ninguna responsabilidad por actos de violencia sexual contra mujeres.


Estas violaciones tuvieron lugar durante la estancia en Abiyán de una delegación de Amnistía Internacional, por lo que los delegados de la organización tuvieron la oportunidad de hablar con las mujeres detenidas y recopilar sus testimonios. Los delegados expresaron su preocupación en lo referente a estas graves violaciones de derechos humanos en una conversación mantenida con el entonces ministro de Interior y Seguridad de Costa de Marfil, Emile Boga Doudou, así como en un informe publicado el 13 de diciembre de 2000.(33)


Ante los informes publicados y los motivos de preocupación expresados tanto en Costa de Marfil como a escala internacional sobre estas graves denuncias de tortura, el presidente Gbagbo ordenó una investigación a cargo del inspector general de Administración Territorial y Servicios de Policía, que presentó su informe el 15 de diciembre de 2000.


En este informe se especifica que los investigadores tomaron declaración a algunas de las seis mujeres detenidas en la Escuela de Instrucción de Policía de Abiyán, quienes afirmaron que habían sido violadas, así como al director y a miembros del personal de la Escuela de Instrucción de Policía.


En las conclusiones del informe se expone que "[t]res (03) de las seis mujeres habían sido violadas tras el interrogatorio". El informe también indica en su conclusión: "Todas las mujeres que prestaron declaración aseguraron de forma unánime que hubo tres casos de violación. Asimismo, aseguraron que estas violaciones tuvieron lugar fuera de la Escuela de Instrucción de Policía, en el momento de su detención y antes de su llegada a la misma. Algunas de las mujeres recalcaron que la actuación de la policía las había beneficiado, porque así pudieron escapar de sus violadores y se pusieron a salvo en la Escuela de Instrucción de Policía".


Esta última declaración en la que se afirma que la Escuela de Instrucción de Policía sirvió de refugio para las mujeres detenidas contradice los testimonios recogidos por Amnistía Internacional. Pero todavía más grave es que una de las mujeres detenidas con la que habló la delegación de Amnistía Internacional en diciembre de 2000 declaró que los jóvenes cadetes de policía fueron inducidos por sus superiores a agredir sexualmente a las detenidas: "Los policías pidieron a los jóvenes de la escuela de policía que me violasen mientras estaba en la ducha, y sólo pude librarme al decir que estaba embarazada".


En el informe de AI se establece claramente que las mujeres habían sido violadas y agredidas sexualmente tras su detención, mientras estaban bajo protección policial. Lamentablemente, hasta donde sabe Amnistía Internacional, el informe no ha dado origen a ningún tipo de procedimiento judicial contra los presuntos autores.(34)


En una reunión mantenida con el presidente Gbagbo en junio de 2001 en Abiyán Amnistía Internacional volvió a reiterar sus motivos de preocupación con respecto a la impunidad de la que disfrutan los autores de violación y otras formas de violencia sexual. El presidente prometió que haría un seguimiento de la cuestión, pero, en los seis años que han transcurrido desde que se cometieron los delitos, no se ha procesado a ninguna persona. Amnistía Internacional cree que la impunidad de la que disfrutan los autores ha abierto la puerta a que se produzcan actos similares; actos que se han incrementado de forma alarmante, tanto en cantidad como en virulencia, desde que estalló el conflicto armado.

Aunque la impunidad de importantes violaciones de derechos humanos ya estaba presente antes del conflicto armado en Costa de Marfil, la situación se ha visto agravada por el completo desmoronamiento de un sistema de justicia que funcionaba en el norte del país, controlado por las Fuerzas Nuevas. Este desmoronamiento se debió en gran medida a la salida de la mayoría de los empleados públicos de los órganos judiciales, que huyeron al comienzo del conflicto hacia la zona sur del país, controlada por el gobierno. A pesar de que se ha vuelto a desplegar parte de la administración estatal en el territorio controlado por las Fuerzas Nuevas, el despliegue completo no se ha podido llevar a cabo debido a la falta de fondos y a la preocupación por la seguridad de los empleados públicos que regresen.(35) El secretario general de la ONU hizo un claro hincapié en la importancia de volver a desplazar a empleados públicos de los órganos judiciales a estas zonas cuando afirmó: "Para que sea sostenible, el redespliegue de la administración pública también debe incluir el de los órganos judiciales en la zona de confianza y en el norte. La UNOCI se propone aumentar en todo el país el número de oficiales especializados en asuntos civiles y cuestiones relativas al imperio de la ley a fin de prestar apoyo a este proceso".(36)


La falta de voluntad política ha incrementado la reticencia de los órganos judiciales en la zona sur del país, controlada por el gobierno, a investigar los casos de violaciones y abusos sexuales contra mujeres cometidos por las fuerzas de seguridad o por grupos o milicias progubernamentales. En algunos de los casos reflejados en este informe, se han presentado denuncias ante el poder judicial militar, pero, hasta donde sabe Amnistía Internacional, ninguno de los presuntos autores de violencia sexual o violación ha sido sometido a juicio.


La UNOCI ha denunciado en repetidas ocasiones esta situación de impunidad, añadiendo que incluso en los casos en los que los autores de violencia sexual fueron identificados y detenidos, fueron "a menudo detenidos simbólicamente, pero quedaban al poco tiempo en libertad tras haber permanecido tan sólo unos meses detenidos".(37)



Protección de la mujer: parte del mandato de la UNOCI


Cuando en febrero de 2004 el Consejo de Seguridad de la ONU decidió desplegar una unidad de fuerza de mantenimiento de la paz en Costa de Marfil, la UNOCI recibió el mandato particular de "[c]ontribuir a la promoción y protección de los derechos humanos en Côte d’Ivoire, prestando especial atención a la violencia contra los niños y las mujeres, vigilar y ayudar a investigar las violaciones de esos derechos para poner fin a la impunidad".(38) El mandato fue ratificado por el Consejo de Seguridad de la ONU en enero de 2007.(39)


La UNOCI vigila la situación de la mujer en Costa de Marfil y se encarga de documentar periódicamente casos de abusos contra los derechos humanos cometidos contra mujeres en sus informes sobre la situación de los derechos humanos en Costa de Marfil, publicados por la División de Derechos Humanos de la UNOCI.


En abril de 2006, el Secretario General de la ONU reconoció que la crisis humanitaria y de derechos humanos que están afrontando las mujeres en Costa de Marfil requiere una respuesta mucho más proactiva, cuando anunció que "[e]n cooperación con el PNUD, la ONUCI está preparando un proyecto de creación de un centro para las mujeres y las niñas víctimas de la violencia de género. El centro promoverá también la creación de capacidad para abordar cuestiones de derechos humanos, participación de las mujeres en el proceso de paz y las elecciones, y prevención y control del VIH/sida y las enfermedades de transmisión sexual".(40) No obstante, hasta la fecha, todavía no se ha creado este centro para mujeres y niñas.


El Consejo de Seguridad de la ONU también ha dado instrucciones a la UNOCI de "[a]yudar al Gobierno de Côte d’Ivoire, junto con la Unión Africana, la CEDEAO y otras organizaciones internacionales, a restablecer la presencia de la policía civil en todo el territorio de Côte d’Ivoire, y asesorar al Gobierno de Côte d’Ivoire en relación con la reestructuración de los servicios de seguridad interna".(41) Las patrullas conjuntas dirigidas por la policía de la ONU y las fuerzas de seguridad internas (policía y gendarmería) de Costa de Marfil, cuya actividad se reanudó en junio de 2006, han ido extendiéndose de forma gradual por todo el territorio controlado por el gobierno, al sur de la zona temporal de seguridad.


La UNOCI también ha recibido el mandato de "[f]acilitar, con la asistencia de la Unión Africana, la CEDEAO y otros colaboradores internacionales, que el Gobierno de Côte d’Ivoire restablezca la autoridad del Estado en todo el territorio de Côte d’Ivoire".(42) La UNOCI ha declarado que se propone aumentar en todo el país el número de oficiales especializados en asuntos civiles y cuestiones relativas al imperio de la ley a fin de prestar apoyo a este proceso.(43) No obstante, todavía más de la mitad de los empleados públicos que huyeron del norte de Costa de Marfil al comienzo del conflicto tienen que ser redesplegados en esa zona y aún continúa la impunidad prácticamente absoluta en los casos de violencia sexual.



4.2.1 La violación según la legislación nacional

La violación es considerada un delito en Costa de Marfil y se castiga según el Código Penal de Costa de Marfil. El capítulo 2, sección 1, artículo 354 del Código Penal de Costa de Marfil establece que la violación puede ser castigada con una pena de cinco a 20 años de prisión. La violación puede ser penada con cadena perpetua en el caso de que el autor fuese ayudado por una o más personas, o en el caso de que la víctima sea menor de 15 años de edad.(44) Sin embargo, el Código Penal de Costa de Marfil no incluye la definición de "violación", lo que podría dificultar a las víctimas el disponer de recursos efectivos, incluyendo un acceso igual y efectivo a la justicia, así como una reparación adecuada, efectiva y rápida.


Las organizaciones de derechos humanos en Costa de Marfil, entre ellas la Asociación Marfileña de Mujeres Juristas (Association des femmes juristes de Côte d’Ivoire, AFJCI) han hecho un llamamiento público a las autoridades para incluir en el Código Penal de Costa de Marfil una definición de violación.


El código penal debería incluir una definición de violación y otros delitos de violencia sexual acorde con la evolución del derecho internacional. La definición de violación en el derecho interno debe reflejar los principios internacionales más avanzados, incluyendo algunos de los aspectos más positivos de la jurisprudencia reciente. Concretamente, los elementos del crimen de violación deben incluir: (i) una invasión física de carácter sexual;(45) y (ii) la falta de consentimiento de la víctima.(46) Esta definición debe especificar que la violación incluye concretamente la penetración de la vagina o ano con un objeto, o la inserción del pene en la vagina o ano sin consentimiento de la víctima. Es motivo de preocupación que en la normativa de aplicación algunos Estados hayan utilizado una definición más restringida de violación.

4.2.2 Justicia internacional

Debido al desmoronamiento del sistema judicial marfilense en la zona norte y a su reticencia a tratar los casos de violación en la zona sur controlada por el gobierno, el sistema de justicia internacional debe asumir una función determinante para poner fin a la impunidad de los delitos de violencia sexual en Costa de Marfil. Aunque el país es únicamente un Estado signatario y no un Estado Parte en el Estatuto de Roma, el gobierno marfilense acudió a la Corte Penal Internacional (CPI) en abril de 2003 con el fin de determinar si los delitos cometidos en territorio marfilense desde el 19 de septiembre de 2002 formaban parte de la jurisdicción de la CPI.(47)

En febrero de 2005, la Secretaría de la CPI confirmó que "la República de Costa de Marfil ha aceptado que la CPI ejerza su jurisdicción en lo referente a los delitos cometidos en su territorio desde los acontecimientos del 19 de septiembre de 2002". No obstante, la evolución actual indica que el gobierno marfilense se muestra reacio a permitir que el fiscal de la CPI realice una visita preliminar a Costa de Marfil. El fiscal de la CPI, Luis Moreno Ocampo, hizo unas declaraciones públicas en noviembre de 2006 en las que afirmó que su gabinete "hizo todo lo posible por llevar a cabo una misión en Costa de Marfil durante 2006 con el fin de realizar una inspección preliminar. En principio, el gobierno de Costa de Marfil ha aceptado que pueda realizarse una visita, pero pospuso una misión que ya estaba organizada para principios de este año. Seguimos considerando que esta misión sería de gran importancia. Volveremos a ponernos en contacto con el gobierno de Costa de Marfil y le plantearemos de nuevo nuestra petición."(48)

Amnistía Internacional considera que es imprescindible que el gobierno marfilense coopere plenamente con el fiscal de la CPI, eliminando, entre otras cosas, cualquier tipo de obstáculo que impida su visita a Costa de Marfil, de modo que pueda estudiar la situación, especialmente en lo referente a la violencia de género, y así determinar si abrir o no una investigación sobre los presuntos delitos cometidos en Costa de Marfil desde el 19 de septiembre de 2002.


5. SUPERVIVIENTES DE VIOLACIONES: LAS SECUELAS FÍSICAS, PSICOLÓGICAS Y SOCIALES

"La violencia armada y la inestabilidad han restringido el acceso incluso a los servicios médicos y sociales más básicos en algunas zonas del país."


Informe del Fondo de Población de la ONU de 2006


5.1 Trauma físico y psicológico de las violaciones

5.1.1 Lesiones físicas

"Ya no tengo la menstruación, no veo bien y tengo el útero desgarrado. Me duele al sentarme, así que prefiero pasar todo el tiempo tumbada."

Mujer de 36 años que sufrió la violación colectiva de grupos armados de oposición en enero de 2003


Casi todas las mujeres que habían sido víctimas de violencia sexual con las que hablaron los delegados de Amnistía Internacional siguieron padeciendo dolores y molestias como resultado de las lesiones físicas que sufrieron en el momento de las violaciones. Muchas mujeres tenían dolores en el bajo vientre, en el útero y en la vagina; los periodos menstruales eran a menudo irregulares, algunas veces duraban varias semanas y eran sumamente dolorosos. Otras mujeres habían perdido la menstruación completamente. Muchas de las mujeres además habían recibido palizas, habían sido torturadas y maltratadas y algunas afirmaban que escupían sangre, tenían molestias al estar sentadas o permanecer de pie, padecían escalofríos incontrolados, tenían pérdidas de sangre y problemas de vista.

Una mujer de 48 años, violada por miembros de un grupo armado de oposición cerca de Man en abril de 2003 dijo, a Amnistía Internacional: "Escupo sangre; me pegaron mucho cuando estuve allí. Tengo dolores en el útero y en la vagina".

Una modista de 35 años del grupo étnico baulé, secuestrada y violada por miembros de un grupo armado de oposición en Man en diciembre de 2002, contó a Amnistía Internacional: "Me duele todo el cuerpo, sobre todo el útero y la vagina. La menstruación me dura dos semanas y tengo a menudo pérdidas de memoria".


Otra mujer abortó tras haber sido violada. Salima, una mujer diulá nacida en 1978 a quien clavaron trozos de madera en la vagina durante su detención en la Escuela de Instrucción de Policía en Abiyán en diciembre de 2000, explicó cómo, tres días después de haber sido detenida, "de repente por la mañana noté que me salía sangre entre las piernas; estaba embarazada de seis semanas y acababa de perder al niño".


La brutalidad de las violaciones a menudo provoca graves lesiones físicas, que requieren tratamientos continuados y complejos, como en los casos de prolapsos uterinos (el descenso del útero dentro de la vagina o hasta el exterior), fístulas vesicovaginales o rectovaginales y otras lesiones en el aparato reproductor o en el recto, con frecuencia acompañados de secreciones o hemorragias internas y externas.


Muchas de las mujeres con las que habló Amnistía Internacional tuvieron durante mucho tiempo problemas de salud sexual relacionados con las violaciones, entre ellos infertilidad, dolores y dificultades para mantener relaciones sexuales normales, por motivos físicos o psicológicos. Muchas no se habían hecho ninguna prueba para determinar si habían contraído alguna enfermedad de transmisión sexual (ETS), pero todas ellas, en especial aquéllas que habían sufrido una violación colectiva, corrían el riesgo de haber contraído una ETS, particularmente el VIH/sida. El riesgo de infección por el virus VIH aumenta significativamente cuando el acto sexual forzado viene acompañado de heridas y hemorragias. En general, la destrucción de tejido genital provocado por la violencia asociada a la violación o a la violación colectiva aumenta enormemente la posibilidad de que el violador contagie enfermedades de transmisión sexual a la víctima.


Aunque no se dispone de cifras exactas, se cree que la violencia sexual y las violaciones cometidas durante el conflicto actual han empeorado la crisis del VIH/sida en Costa de Marfil.(49) Se cree que el índice de transmisión del virus VIH es significativamente superior en las regiones más afectadas por el conflicto.


A pesar de que la mayor parte de las mujeres con las que habló Amnistía Internacional no se habían sometido a las pruebas del sida, o bien porque tenían miedo de que el resultado fuese positivo, o bien porque no podían permitírselo económicamente, algunas de ellas habían podido y se habían atrevido a hacerse las pruebas. Un ejemplo de ello fue una mujer gueré de 22 años que había sido retenida en un campamento próximo a Bangolo con otras siete mujeres, tras haber sido secuestradas por miembros de un grupo armado de oposición. Durante una semana fue violada sobre todo por un hombre que hablaba inglés. Al cabo de una semana, uno de los rebeldes decidió que era "demasiado pequeña" y la dejó en libertad. Ella contó a Amnistía Internacional que se hizo el análisis y descubrió que era seropositiva: "Me han dado medicamentos. Me duele todo el cuerpo. Tengo pérdidas de sangre a menudo, me duele la vagina y el útero. Desde las violaciones no he vuelto a tener la menstruación. He perdido mucho peso y me he quedado muy delgada". Amnistía Internacional ha tenido noticias de que esta mujer murió de sida.


5.1.2 Trauma psicológico

"A veces me viene a la mente todo lo que viví: cortaron el cuello a mi esposo y a mi suegra delante de mí"

Mujer de 30 años que sufrió en Man la violación colectiva de miembros de un grupo armado de oposición en diciembre de 2002


Las devastadoras consecuencias psicológicas de las víctimas de violencia sexual incluyen depresión, trastornos de estrés post-traumático, estado de shock, sentimientos intensos de terror, ataques de ira y vergüenza, pérdida de autoestima, sentimientos de culpabilidad, pérdida de memoria, pesadillas y flashbacks de la violación. Los síntomas físicos del trauma psicológico incluyen dolores de cabeza, náuseas, dolores de estómago, sarpullidos, disfunciones sexuales, insomnio y fatiga. Estos efectos suelen perdurar durante años.


Muchas de las víctimas con las que habló Amnistía Internacional admitieron haber sufrido un trauma psicológico a raíz de las violaciones. Este es el caso en especial de aquellas mujeres que presenciaron cómo mataban a sus familiares antes de ser sometidas a esclavitud sexual. Mariame, una mujer gueré de 30 años, madre de dos hijos, informó a Amnistía Internacional: "Estaba en Man, con mi esposo, mi suegra y los niños, en un grupo de 11 personas. Nos internamos en la maleza, en dirección a Toulepleu. Era el 13 de diciembre de 2002; corrimos, pero los rebeldes nos alcanzaron. A veces todo vuelve a mi memoria: le cortaron el cuello a mi esposo y a mi suegra delante de mí. Después de haber matado a mi familia, me llevaron con ellos como una de sus mujeres. El resto de la gente que había intentado huir también fue asesinada. Cuando llegué al campamento había otras personas; a 10 de ellas les habían cortado el cuello y habían dejado sus cuerpos en la maleza. Al cabo de una semana habían cortado el cuello a otras cinco personas y sus cuerpos estaban alrededor de mí, en estado de descomposición. Yo les suplicaba: ‘¡Por favor, por favor, tengo hijos!’. Había 40 hombres y todos ellos me violaron a veces todo vuelve a mi memoria". Mariame ha descubierto que es seropositiva.

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Según informes, el trauma psicológico de las violaciones ha provocado que algunas víctimas hayan intentado suicidarse. Una mujer cuya hija tenía 22 años cuando fue reclutada a la fuerza, violada repetidamente y sometida a esclavitud sexual por miembros del MPCI en Bouaké en 2002, explicó a Amnistía Internacional cómo su hija había recurrido a las drogas y al alcohol tras dar a luz a un bebé fruto de una violación. La madre contaba cómo había afectado a su hija el trauma psicológico de la violación: "Dice que ya no puede hablar conmigo porque su mente está desbordada. Dice que necesita su espacio para respirar, y siempre me dice que se quiere morir porque su sufrimiento ha sido tremendo".


Los trastornos mentales que sufrieron las víctimas de violencia sexual se vieron agravados por el miedo a ser rechazadas por sus esposos, los familiares y la comunidad, así como por el miedo a haber contraído alguna enfermedad de transmisión sexual, incluido el sida, y el temor a un embarazo no deseado.


5.2 Falta de atención médica

La crisis política y militar ha afectado gravemente a las infraestructuras del sector de la salud. En 2006, el Fondo de Población de la ONU (UNFPA) afirmó que: "La violencia armada y la inestabilidad han restringido el acceso incluso a los servicios médicos y sociales más básicos en algunas zonas del país. En concreto, la zona occidental se ve afectada por la escasa presencia de empleados de la administración pública local".(50) En muchas regiones, especialmente en las zonas controladas por las Fuerzas Nuevas, es muy difícil, incluso imposible, que las mujeres que han sido violadas obtengan la atención médica adecuada. Las infraestructuras del sector de la salud, que ya eran insuficientes y carentes de los medios necesarios antes del conflicto, o bien han quedado destruidas en gran parte o han sido saqueadas por los rebeldes, o bien han quedado obsoletas o están abandonadas. En todo el país, las víctimas de violencia sexual a menudo desconocen qué tratamientos médicos están disponibles.

Las víctimas de las zonas controladas por las Fuerzas Nuevas no tienen acceso a prácticamente ninguno de los servicios médicos públicos nacionales. No obstante, gracias a la presencia de organizaciones internacionales no gubernamentales de carácter humanitario y médico, pueden disponer de cierta asistencia sanitaria. Algunas ONG internacionales como Médicos Sin Fronteras (MSF) ofrecen atención médica de urgencia en las principales ciudades del norte y oeste del país, tales como Man, Danané, Korhogo y Bouaké. Según informes, la atención psicoterapéutica profesional para ayudar a las supervivientes de violencia sexual a enfrentarse al trauma psicológico es extremadamente limitada e incluso inexistente en algunas zonas aisladas.(51)


Hay una grave carencia de médicos cualificados, entre ellos ginecólogos y obstetras, y personal médico de otro tipo en la zona controlada por las Fuerzas Nuevas. Tras el levantamiento de 2002, más del 90 por ciento del personal de salud pública que trabajaba en las zonas afectadas, según informes, fue trasladado a la zona sur, controlada por el gobierno, y los centros médicos de las ciudades y aldeas del norte del país quedaron abandonados.(52) Por lo general, es difícil convencer a los médicos y enfermeras para que trabajen en zonas rurales o aisladas. La ausencia de personal médico cualificado en estas zonas obliga a las víctimas de violaciones a buscar asistencia médica en las grandes ciudades, situadas con frecuencia a cientos de kilómetros, o a acudir a curanderos tradicionales, cuyos métodos son a menudo ineficaces y a veces provocan más daños, llegando incluso a poner en peligro la vida de las víctimas.(53) Estas dificultades son especialmente graves en la zona controlada por las Fuerzas Nuevas, donde muchas de las víctimas con las que Amnistía Internacional pudo hablar habían sido violadas, ya que los médicos y enfermeras no reciben un sueldo del gobierno ni están respaldados por éste.

La falta de material y recursos humanos se suman a la terrible experiencia que tienen que afrontar las mujeres tras haber sido agredidas sexualmente. Los tratamientos de profilaxis post-exposición (PPE) que reducen las posibilidades de que una víctima de violencia sexual contraiga una ETS, incluido el sida, si se llevan a cabo dentro de las 72 horas siguientes a la agresión son prácticamente imposibles de conseguir en la mayor parte del país.


La mayoría de las lesiones físicas y psicológicas provocados por violaciones requieren, por lo general, tratamiento prolongado. Concretamente, la reconstrucción quirúrgica de órganos sexuales puede necesitar varias operaciones relativamente caras. En la situación actual de Costa de Marfil, muy pocas mujeres tienen acceso al tratamiento adecuado, debido a la ausencia de centros de salud y hospitales en funcionamiento que estén equipados con los medicamentos, material y personal cualificado necesarios.


La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha destacado claramente en un informe de diciembre de 2005 que el conflicto de Costa de Marfil ha afectado a la disponibilidad de atención médica a las víctimas: "La crisis política y militar de Costa de Marfil ha limitado la capacidad nacional para responder a la epidemia de VIH/sida durante los últimos años. Falta personal médico cualificado y la situación se ha visto agravada por el traslado de los recursos humanos existentes hacia las regiones no ocupadas. Las intervenciones de lucha contra el sida que se han hecho en el país están concentradas en su mayoría en Abiyán y otras grandes ciudades. El precio de los medicamentos es prohibitivo para la mayor parte de la población que asiste a los centros acreditados y las instalaciones para el seguimiento en laboratorio son inadecuadas".(54)


5.3 Inaccesibilidad a asistencia médica

5.3.1 Acceso físico

Las víctimas de violencia sexual en Costa de Marfil, especialmente aquéllas que viven en zonas controladas por las Fuerzas Nuevas, a menudo no tienen acceso a los servicios médicos disponibles. La mayoría de los centros de asistencia médica están concentrados en Abiyán y otras grandes ciudades. Las víctimas de violencia sexual que viven en zonas rurales aisladas a veces están demasiado enfermas para desplazarse hasta estos centros; además, el viaje es caro y peligroso. Tanto en las zonas controladas por el gobierno como en las controladas por las Fuerzas Nuevas, para llegar hasta un centro donde poder ver a un médico, hacerse los análisis de ETS o recibir tratamiento, las supervivientes de violencia sexual tienen que atravesar una serie de controles de carretera. La extorsión y el acoso rampantes en estos controles, así como el hecho de que algunas de las supervivientes hubieran sido violadas en controles de carretera, hace que algunas de ellas desistan de su propósito de desplazarse, lo que les niega el acceso a asistencia médica.


5.3.2 Acceso económico

"Me hice el análisis y la ecografía, que me costaron 13.000 francos CFA (unos 20 euros). [...] El médico diagnosticó que tenía sangre coagulada y me recomendó una operación que es cara; cuesta 250.000 francos CFA (unos 380 euros)."

Mujer de 35 años secuestrada cerca de Man en noviembre de 2002 y sometida a esclavitud sexual por un grupo armado de oposición.

En un país en el que el 38 por ciento de la población vive con menos de 1,30 euros al día, incluso cuando se dispone de asistencia médica, su coste prohibitivo a menudo no permite que las víctimas de violaciones obtengan la asistencia necesaria.(55) La inaccesibilidad económica a asistencia médica es especialmente problemática para las víctimas de violaciones. Aunque no lo exige la legislación de Costa de Marfil, muchos informes indican que, en la práctica, para que la policía y el poder judicial investiguen su caso, las supervivientes primeramente deben haber obtenido un certificado médico en el que se confirme que han sido violadas. El precio desorbitado de estos certificados médicos, que pueden llegar a costar entre 25.000 y 35.000 francos CFA (entre 29 y 41 euros) es otro obstáculo más en la búsqueda de resarcimiento, y posterior indemnización y rehabilitación. Amnistía Internacional no sólo muestra sus motivos de preocupación en lo referente al elevado coste de estos certificados, sino también al hecho de que las mujeres podrían quedar expuestas a daños o represalias.

5.4 Estigmatización, rechazo, exclusión social y pobreza

Además del trauma físico y psicológico ocasionado por la violación, algunas de las víctimas con las que habló Amnistía Internacional se vieron afectadas por el estigma social de las violaciones. Algunas fueron rechazadas y abandonadas por sus prometidos o esposos; otras no dijeron nada a sus esposos por temor a ser abandonadas o marginadas. Delphine, una ama de casa nacida en 1958, violada por miembros de la milicia del MPIGO a finales de 2002, contó a Amnistía Internacional: "Mi esposo no sabe nada; no se lo he dicho. Él quiere tener relaciones sexuales, pero lo disuado. Le he dicho que estoy cansada".


Otras víctimas fueron rechazadas por sus familias o forzadas a irse de la zona en la que estaban viviendo para evitar ser estigmatizadas. Elisabeth, una estudiante universitaria, fue rechazada por su tío, con el que estaba viviendo, tras ser violada por un miembro de la FESCI. Su tío la acusó de "querer meter a la familia en problemas".


Una escolar de 14 años que fue violada por un miembro del CECOS se vio obligada a dejar el barrio en el que vivía y el colegio por motivos de seguridad tras la agresión, y tuvo que irse a vivir con un familiar.


Algunas de las víctimas con las que habló Amnistía Internacional sufrieron dificultades económicas extremas a raíz de las violaciones. Según informes, una de las mujeres diulás detenidas por las fuerzas de seguridad en la Escuela de Instrucción de Policía en 2000 perdió el puesto de trabajo debido a su terrible experiencia.


Una de las víctimas de violencia sexual, que consiguió huir de Bouaké a Abiyán, después tuvo que recurrir a la prostitución para mantenerse a sí misma y al bebé que dio a luz tras haber sufrido la violación colectiva de miembros del MPCI. Amnistía Internacional tuvo la oportunidad de hablar con la madre de la víctima, que destacó la difícil situación en la que se encontraba su hija:

"Para empezar, era la mujer de todos; estaba sometida a la voluntad de ellos, la dejaron embarazada, y luego dio a luz. Tras el nacimiento del bebé pudo salir del campamento y se metió en la prostitución. Está completamente destrozada: consume drogas y alcohol. Me dijo que se habían llevado a varias chicas. Me cuesta mucho hablar con ella."


Es prácticamente imposible obtener un tratamiento médico efectivo y adecuado para los daños físicos y psicológicos o enfermedades provocadas por las violaciones, y esto constituye una nueva violación contra el derecho a la salud y a un recurso efectivo de las supervivientes de violencia sexual en Costa de Marfil.


Normas internacionales sobre el derecho a la salud


El derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental aparece reconocido en muchos de los tratados sobre derechos humanos en los que Costa de Marfil es Estado Parte, entre ellos el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales(56) y la Convención de la ONU sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.


En su Observación general sobre el derecho a la salud, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ha identificado específicamente como violación de la obligación de proteger el derecho a la salud aquellos casos en los que los Estados "no [protegen] a las mujeres contra la violencia" ni "[procesan] a los autores de la misma".(57)


Según la Convención de la ONU sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, Costa de Marfil tiene la obligación de "asegurar, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, el acceso a servicios de atención médica".(58) El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer ha identificado expresamente que "La violencia contra la mujer pone en peligro su salud y su vida".(59)En su Recomendación General Núm. 24, el Comité también estableció:

"La obligación de proteger los derechos relativos a la salud de la mujer exige que los Estados Partes, sus agentes y sus funcionarios adopten medidas para impedir la violación de esos derechos por parte de los particulares y organizaciones e imponga sanciones a quienes cometan esas violaciones. Puesto que la violencia por motivos de género es una cuestión relativa a la salud de importancia crítica para la mujer, los Estados Partes deben garantizar:

a) La promulgación y aplicación eficaz de leyes y la formulación de políticas, incluidos los protocolos sanitarios y procedimientos hospitalarios, que aborden la violencia contra la mujer y los abusos deshonestos de las niñas, y la prestación de los servicios sanitarios apropiados;

b) La capacitación de los trabajadores de la salud sobre cuestiones relacionadas con el género de manera que puedan detectar y tratar las consecuencias que tiene para la salud la violencia basada en el género;"(60)

Asimismo, el Comité ha establecido la obligación de los Estados Partes de "velar por que las mujeres en circunstancias especialmente difíciles, como las que se encuentren en situaciones de conflicto armado y las refugiadas."(61)


Costa de Marfil es también un Estado Parte en la Carta Africana, que reconoce el derecho a la salud y establece expresamente: "Los Estados firmantes de la presente Carta tomarán las medidas necesarias para proteger la salud de su pueblo y asegurarse de que reciben asistencia médica cuando están enfermos".(62)


Asimismo, las víctimas de violaciones y otras formas de violencia sexual tienen derecho a recursos efectivos, entre ellos al acceso equitativo y efectivo a la justicia, así como a una reparación apropiada, eficaz y rápida por el daño sufrido. La reparación eficaz y rápida incluye el derecho a restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición. Los Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones establecen específicamente: "La rehabilitación ha de incluir la atención médica y psicológica, así como servicios jurídicos y sociales".(63)


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(1) A menos que se indique lo contrario, el término "mujer" se empleará para hacer referencia tanto a mujeres como a niñas de edad inferior a dieciocho años.


(2) En la actualización del informe final presentado por la Sra. Gay J. McDougall, relatora especial de la Subcomisión de Promoción y Protección de los Derechos Humanos sobre la violación sistemática, la esclavitud sexual y las prácticas análogas a la esclavitud en tiempo de conflicto armado, se define la esclavitud sexual como "el estado o condición de un individuo sobre el cual se ejercitan los atributos del derecho de propiedad o algunos de ellos, incluida la disponibilidad sexual mediante la violación u otras formas de abuso sexual". En el informe se especificaba a su vez que "cuando se combina con la violencia sexual, la esclavitud constituye esclavitud sexual". E/CN.4/Sub.2/2000/21, 6 de junio de 2000, párrs. 8 y 47 respectivamente.


(3) Amnistía Internacional, Costa de Marfil: Las voces de las mujeres y las niñas, víctimas olvidadas del conflicto, 15 de marzo de 2007, (Índice AI: 31/002/2007).


(4) El 22 de diciembre de 2002, los representantes del MPCI, el MPIGO y el MJP firmaron un acuerdo. Los tres grupos decidieron unirse para formar las Fuerzas Nuevas.


(5) Francia mandó tropas por primera vez a Costa de Marfil el 22 de septiembre de 2002 para garantizar la seguridad de los nacionales franceses y otros extranjeros. La presencia y función de las tropas francesas fue posteriormente aprobada y aclarada por varias resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU. Alrededor de 4.000 soldados participaban en la Operación Licorne a comienzos de 2007. Para mayor información, véase el informe de Amnistía Internacional: Côte d’Ivoire: Clashes between peacekeeping forces and civilians: lessons for the future, Índice AI: AFR 31/005/2006, 19 de septiembre de 2006, pp. 7-9.


(6) En julio de 2000 se aprobó una nueva Constitución por referéndum, según la cual se estipula que los candidatos a la presidencia deben ser hijos de padres de nacidos en Costa de Marfil y no haber tenido nunca otra nacionalidad. Esta disposición hizo que el debate público se centrase en la nacionalidad de Alassane Ouattara.


(7) Este término se ha utilizado para describir, dependiendo de las circunstancias, a cualquier persona de apellido musulmán y originaria del norte de Costa de Marfil o de otros países de la región (entre ellos Malí, Burkina Faso, Guinea, Senegal, etc.). Para mayor información sobre el concepto de "marfilinidad", véase el informe de Amnistía Internacional: Côte d’Ivoire: Clashes between peacekeeping forces and civilians: lessons for the future, op. cit, 13-15.


(8) Amnistía Internacional, Vidas rotas: Crímenes contra mujeres en situaciones de conflicto, noviembre de 2004, (Índice AI: ACT 077/075/2004), p. 15.


(9) Informe del representante especial del secretario general de las Naciones Unidas sobre los derechos de los desplazados internos, Walter Kälin, Adición, Misión a Côte d’Ivoire, 18 de octubre de 2006, A/HRC/4/38/Add.2., párr. 12.


(10) Ibíd., párr. 46.


(11) Véase la Resolución 1528 (2004) adoptada el 27 de febrero de 2004 por el Consejo de Seguridad de la ONU, S/RES/1528 (2004), párr. 6 (n). La Resolución 1528 autorizaba a la UNOCI en términos generales a observar y vigilar el cumplimiento del acuerdo general de cesación del fuego del 3 de mayo de 2003; ayudar a ejecutar el programa de desarme, desmovilización, reinserción, repatriación y reasentamiento; proteger al personal de la ONU y a la población civil; apoyar la asistencia humanitaria; apoyar la aplicación del proceso de paz; contribuir a la protección de los derechos humanos en Costa de Marfil; y ayudar al gobierno a restablecer la autoridad del poder judicial y el imperio de la ley.


(12) Véase la Resolución 1721 (2006), adoptada por el Consejo de Seguridad de la ONU el 1 de noviembre de 2006, S/RES/1721 (2006).


(13) Doc. la ONU S/RES/1739 (2007), 10 de enero de 2007, párrafo 2(k). La Resolución 1739 da instrucciones a la UNOCI de "[c]ontribuir a la promoción y protección de los derechos humanos en Côte d’Ivoire, prestando especial atención a la violencia contra los niños y las mujeres".


(14) Véase infra el recuadro de la sección 4.2.


(15) "Agresores" es un término genérico empleado por los Jóvenes Patriotas (Jeunes Patriotes) y la prensa simpatizante del presidente Gbagbo para designar a los miembros armados de las Fuerzas Nuevas. Los Jóvenes Patriotas es un movimiento calificado, en términos generales, como nacionalista que dice defender a Costa de Marfil de enemigos internos y externos, y que sin ningún reparo hace uso de retórica ostensiblemente xenófoba. Este movimiento "patriótico" está compuesto por miembros de diferentes organizaciones, especialmente del Congreso Panafricano de Jóvenes Patriotas (Congrès panafricain des jeunes patriotes, COJEP) y de la Federación de estudiantes y escolares de Costa de Marfil (Fédération estudiantine et scolaire de Côte d’Ivoire, FESCI).


(16) Amnistía Internacional, Vidas rotas: Crímenes contra mujeres en situaciones de conflicto (Índice AI: ACT 77/075/2004), p. 17.


(17) Véase la declaración del presidente del Consejo de Seguridad en relación con la situación en Costa de Marfil, S/PRST/2004/17, 25 de mayo de 2004.


(18) La existencia de esta lista ha sido confirmada públicamente por el secretario general de las Naciones Unidas, Kofi Annan: "El 17 de enero de 2005, el secretario general informó al Presidente del Consejo de que se proponía poner a disposición del Comité el anexo confidencial del informe, que contenía los nombres de presuntos perpetradores de violaciones graves de los derechos humanos. Posteriormente, se informó a los miembros del Comité de que el anexo confidencial podía consultarse en los archivos de la Secretaría". Informe del Comité del Consejo de Seguridad establecido en virtud de la resolución 1572 (2004) relativa a Costa de Marfil, Doc. ONU: S/2006/55, 30 de enero de 2006.


(19) 9 Esta unidad aglutina efectivos de policía y gendarmería.


(20) 0 En la Resolución 1572, aprobada por el Consejo de Seguridad de la ONU el 15 de noviembre de 2004, se resaltó el papel decisivo que han desempeñado algunos sectores de los medios de comunicación en el enardecimiento de los sentimientos xenófobos. La Resolución exigía que "las autoridades de Côte d’Ivoire dejen de transmitir todos los programas de radio y televisión que inciten al odio, la intolerancia y la violencia". S/RES/1572 (2004), 15 de noviembre de 2004, párr. 6.


(21) 1 El reclutamiento de refugiados liberianos quedó confirmado por un Grupo de Expertos de la ONU sobre Liberia, cuya tarea de investigación incluía Liberia y Costa de Marfil. El Grupo de Expertos reveló que "a mediados de diciembre de 2002 el Gobierno de Côte d’Ivoire empezó a reclutar residentes liberianos en Côte d’Ivoire para formar una milicia que se identificaba por la señal internacional de llamada de radio L (Lima), la primera letra de ‘Liberia’. Muchos de estos reclutas procedían del campamento de refugiados de Nicla y recibieron 10.000 francos CFA por incorporarse. También hubo casos de acoso y violencia contra aquellos que no quisieron alistarse. Los encargados del reclutamiento son fundamentalmente liberianos, aunque el Lima también tiene oficiales de enlace de Côte d’Ivoire." Informe del Grupo de Expertos nombrado con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 4 de la resolución 1458 (2003) del Consejo de Seguridad relativa a Liberia, S/2003/498, 24 de abril de 2003, párr. 57.


(22) 2 Literalmente un "cuerpo vestido". Este término hace referencia a cualquier miembro de las fuerzas de seguridad de uniforme (ejército, policía o gendarmería).


(23) 3 Los senufa viven en Burkina Faso, Malí y Costa de Marfil.


(24) 4 Informe sobre la situación de los derechos humanos en Costa de Marfil de agosto a diciembre de 2005, División de Derechos Humanos de la UNOCI, párr. 135.


(25) 5 Informe sobre la situación de los derechos humanos en Costa de Marfil de mayo a julio de 2005, División de Derechos Humanos de la UNOCI, párr. 130.


(26) 6 Estatuto de Roma, artículo 8.2.b.xxii y e.vi.


(27) 7 Estatuto de Roma, artículo 7.1.g.


(28) 8 Protocolo Adicional de las Convenciones de Ginebra del 12 de agosto de 1949, relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional (Protocolo II), artículo 4.2.


(29) 9 Recomendación General Nº 19 del Comité para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (Violencia contra la Mujer), Doc. ONU A/47/38, 29 de enero de 1992, párr. 6.


(30) 0 Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, artículo 5.


(31) 1 Para mayor información, véase Amnistía Internacional, The Protocol on the Rights of Women in Africa: Strengthening the promotion and protection of women’s human rights in Africa (Índice AI: IOR 63/005/2004), junio de 2004.


(32) 2 La Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados establece en el artículo 18 la obligación de no frustrar el objeto y el fin de un tratado antes de su entrada en vigor, y estipula expresamente que un Estado está obligado a abstenerse de actos en virtud de los cuales "se frustren el objeto y el fin de un tratado: (a) si ha firmado el tratado o ha canjeado instrumentos que constituyen el tratado a reserva de ratificación, aceptación o aprobación, mientras no haya manifestado su intención de no llegar a ser parte en el tratado; o (b) si ha manifestado su consentimiento en obligarse por el tratado, durante el periodo que preceda a la entrada en vigor del mismo y siempre que no se retarde indebidamente".


(33) 3 Amnistía Internacional, Côte d'Ivoire: Preliminary conclusions of the investigation conducted by Amnesty International, 13 de diciembre de 2000 (Índice AI: AFR 31/009/2000).


(34) 4 El rechazo de las autoridades a procesar a los autores ha provocado protestas por parte de varias organizaciones de la sociedad civil de Costa de Marfil, especialmente de la Asociación Marfileña de Defensa de los Derechos de la Mujer (Association ivorienne pour la défense des droits de la femme, AIDF). La presidenta de la AIDF, Constance Yaï, ex ministra de los Derechos de la Mujer y la Familia, lamentó públicamente, en una rueda de prensa en Abiyán a principios de enero de 2001, que "el ministro de Seguridad ha concedido muy poca importancia a estos delitos, y ni siquiera se ha dignado a informarnos sobre si los que cometieron las violaciones han sido castigados como exige la ley".


(35) 5 Según el undécimo informe del secretario general sobre la Operación de las Naciones Unidas en Costa de Marfil, publicado el 4 de diciembre de 2006: "El Comité Nacional para el restablecimiento de la autoridad del Estado ha indicado que para el mes de octubre de 2006 se había redesplegado por lo menos a la mitad de los 24.437 empleados públicos desplazados por la crisis (3.962 empleados públicos en el oeste y, 8.424 en el centro, este y norte del país). La falta de fondos había obstaculizado en parte el redespliegue de los 12.091 funcionarios públicos restantes, ya que se necesitaban 30 millones de dólares para la rehabilitación de la infraestructura y el pago de subsidios a funcionarios públicos. Además, las Forces nouvelles no deberían imponer ninguna condición previa para el regreso de los funcionarios públicos a la parte septentrional del país y, además deberían garantizar su seguridad. A este respecto, se prevé que el Comité arriba mencionado presentará un plan revisado de redespliegue". S/2006/939, 4 de diciembre de 2006, párr. 34.


(36) 6 Ibíd., párr. 35.


(37) 7 Informe sobre la situación de los derechos humanos en Costa de Marfil de agosto a diciembre de 2005, División de Derechos Humanos de la UNOCI, op. cit. párr. 133.


(38) 8 Resolución del Consejo de Seguridad de la ONU 1528 (2004), S/RES/1528 (2004), 27 de febrero de 2004, párr. 6.n.


(39) 9 Resolución del Consejo de Seguridad de la ONU 1739 (2007), S/RES/1739 (2007), 10 de enero de 2007, párr. 2.k.


(40) 0 Octavo informe del secretario general sobre la Operación de las Naciones Unidas en Costa de Marfil, Doc. ONU S/2006/222, 11 de abril de 2006, párr. 65.


(41) 1 Resolución del Consejo de Seguridad de la ONU S/RES/1739 (2007), 10 de enero de 2007, párr. 2.m.


(42) 2 Ibíd., párr. 2.i.


(43) 3 Undécimo informe del secretario general sobre la Operación de las Naciones Unidas en Costa de Marfil, S/2006/939, 4 de diciembre de 2006, párr. 35.


(44) 4 Art. 354. Le viol est puni de l’emprisonnement de cinq à vingt ans. La peine est celle de l’emprisonnement à vie si l’auteur :


1. est aidé dans son crime par une ou plusieurs personnes ;


La peine est également celle de l’emprisonnement à vie si la victime est mineure de quinze ans.


(45) 5 Véase el Tribunal Penal Internacional para Ruanda, Trial Chamber, Prosecutor v. Akayesu, caso núm. ICTR-96-4, resolución de 2 de septiembre de 1998, párr. 688. Amnistía Internacional considera que esta propuesta es mejor que la otra más restrictiva, adoptada por la jurisprudencia del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia y parcialmente incorporada en los Elementos de los Crímenes.


(46) 6 Véase Prosecutor v. Kunarac et al., caso núm. IT-96-23, Appeals Chamber, resolución de 12 de junio de 2002, párrs. 127 y 128. Amnistía Internacional considera motivo de preocupación que la propuesta más restrictiva adoptada al respecto en los Elementos de los Crímenes no tenga en cuenta el factor principal del consentimiento libre y voluntario de la víctima.


(47) 7 El 18 de abril de 2003, Costa de Marfil hizo pública una declaración ad hoc con la CPI, en la que se aceptaba la jurisdicción de la Corte sobre los delitos cometidos en su territorio desde el 19 de septiembre de 2002, pero la Secretaría de la CPI no confirmó que había recibido esta declaración hasta febrero de 2005.


(48) 8 Quinta Sesión de la Asamblea de Estados Partes, discurso de inauguración, La Haya, 23 de noviembre de 2006, pp. 5-6.


(49) 9 Según las cifras más recientes disponibles, la Organización Mundial de la Salud (OMS) calculó que el índice de trasmisión del VIH/sida en Costa de Marfil se situaba en un 7 por ciento a finales de 2003, el más alto de África occidental. Véase OMS, Côte d'Ivoire, Summary Country Profile for HIV/AIDS Treatment Scale-Up, diciembre de 2005, p. 1.


(50) 0 UNFPA, CAP 2006, p. 6, http://www.unfpa.org/emergencies/docs/cap2006_brochure.doc


(51) 1 El Comité Internacional de Rescate ofrece servicios de orientación psicopedagógica, especialmente en Man y Danané.


(52) 2 Fondo Mundial de Lucha contra el Sida, la Tuberculosis y la Malaria; informe publicado en mayo de 2006.


(53) 3 Según informes, los curanderos tradicionales a veces aconsejan a las víctimas de violaciones que se introduzcan trozos de corteza de árbol o de cristal en la vagina.


(54) 4 OMS, Côte d'Ivoire, Summary County Profile for HIV/AIDS Treatment Scale-Up, diciembre de 2005, p.2.


(55) 5 UNAIDS, Côte d'Ivoire: Country Situation Analysis, http://www.unaids.org/en/Regions_Countries/Countries/c%C3%B4te_d_ivoire.asp(consultado el 18 de enero de 2007)


(56) 6 El artículo 12.1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales reconoce "el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental".


(57) 7 Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación General núm. 14, párr. 51.


(58) 8 Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer , artículo 12.1.


(59) 9 Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, Recomendación General núm.19, Doc. ONU A/47/38, párr. 19.


(60) 0 Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, Recomendación General núm. 24, Doc. ONU A/54/38/Rev.1, párr. 15.


(61) 1 Ibíd., párr 16.


(62) 2 Carta Africana sobre los Derechos Humanos y de los Pueblos, Artículo 16.2.


(63) 3 Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones, adoptados por la Asamblea General de la ONU el 16 de diciembre de 2005, párr. 21.



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