Document - Guinea-Bissau: El gobierno somete a creciente hostigamiento a los defensores de los derechos humanos

4 de febrero de 2002
Índice AI: AFR 30/003/2002/s
Servicio de Noticias 22/02

Guinea-Bissau: El gobierno somete a creciente hostigamiento a los defensores de los derechos humanos

«Los defensores de los derechos humanos y los opositores políticos de Guinea-Bissau se enfrentan a la continuada represión de la oposición pacífica y a toda crítica a la política gubernamental», ha advertido hoy Amnistía Internacional, que añade: «El gobierno ha incrementado también su injerencia en cuestiones ajenas a su jurisdicción».

Entre las víctimas de la última oleada de hostigamiento figuran Fernando Gomes, fundador y ex presidente de la Liga de Derechos Humanos de Guinea-Bissau (Liga Guineense dos Direitos Humanos, LGDH), y en la actualidad presidente de la formación política Alianza Socialista de Guinea-Bissau (Aliança Socialista da Guiné, ASG), y João Vaz Mané, vicepresidente de la LGDH. Fueron detenidos y acusados de malversación de unos fondos de la LGDH que una organización no gubernamental le había donado en 1999.

Fernando Gomes fue detenido en su domicilio la mañana del sábado 2 de febrero de 2002 por tres agentes de policía. El 25 de enero de 2002 se había dictado orden de arresto contra él, pero no se ejecutó dado que, en esos momentos, se encontraba fuera del país. Según algunos informes, el 30 de enero se había anulado la orden de arresto, justo un día después de su regreso. Actualmente se encuentra recluido en la principal comisaría de policía de Bissau, conocida como Segunda Esquadra.

João Vaz Mané fue detenido la tarde del sábado 26 de enero de 2002, detención que también llevaron a cabo tres agentes de policía, que ya habían intentado detenerlo el día anterior. Lo llevaron a la Segunda Esquadra y allí estuvo privado de libertad hasta el 1 de febrero, cuando quedó en libertad condicional, teniendo que presentarse semanalmente ante un tribunal de Bissau.

La legislación de Guinea-Bissau establece que las órdenes de detención sólo se llevan a cabo, de forma excepcional, en fin de semana, cuando la persona a la que se busca sea un delincuente muy peligroso y exista el riesgo de que huya del país.

Amnistía Internacional expresa su profunda preocupación por la injerencia del gobierno en los asuntos internos de las organizaciones no gubernamentales, especialmente si se considera que ni la ONG extranjera ni la LGDH han presentado denuncia alguna contra Fernando Gomes ni João Vaz Mané, y que no parece haber indicio alguno de que se hayan producido prácticas indebidas.

Amnistía Internacional ha declarado: «Las detenciones de Fernando Gomes y de João Vaz Mané parecen obedecer a motivos políticos y formar parte de los intentos que las autoridades de Guinea-Bissau están realizando para silenciar toda crítica, especialmente mediante la injerencia en procesos judiciales, la detención de magistrados del Tribunal Supremo, en noviembre de 2001, y la actividad censora que se ejerce sobre los medios de comunicación».

El 4 de enero, João Vaz Mané y el actual presidente de la LGDH fueron citados a dependencias presidenciales, donde se los interrogó sobre un programa radiofónico semanal sobre derechos humanos en el que la LGDH había pedido a las autoridades que presentaran pruebas sobre un presunto intento de golpe de Estado en diciembre de 2001 que se saldó con la detención de aproximadamente 40 ex soldados.

En un suceso relacionado con los hechos citados pero referido en concreto a la libertad de prensa y expresión, Carlos Schwarz, director de Ayuda y Desarrollo (Ajuda e Desenvolvimento, AD), organización no gubernamental local, y Agnelo Regalla, propietario y director de Radio Bombolom, comparecieron ante el Fiscal General, el 4 de febrero de 2002, para contestar a unas preguntas relacionadas, respectivamente, con el funcionamiento y los estatutos de una radio comunal, Voz de Quelele, patrocinada por la AD y Radio Bombolom.

Tras instar a las autoridades a que garanticen que las organizaciones no gubernamentales y los medios de comunicación pueden realizar sus funciones sin injerencias gubernamentales, Amnistía Internacional ha declarado: «El gobierno de Guinea-Bissau debe poner en libertad de forma inmediata e incondicional a Fernando Gomes y a João Vaz Mané, así como a cualquier otra persona que haya sido privada de libertad por criticar la política gubernamental; de no hacerlo, tiene que formular cargos en su contra por delitos comunes reconocibles».

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