Document - Equatorial Guinea: Concerns about the recent trial of political opponents and Nigerian nationals

AMNISTÍA INTERNACIONAL

DECLARACIÓN PÚBLICA


19 de mayo de 2010

Índice AI: AFR 24/007/2010


Guinea Ecuatorial: Motivos de preocupación sobre el reciente juicio de opositores políticos y ciudadanos nigerianos


Amnistía Internacional pide la libertad inmediata e incondicional de dos miembros del partido de oposición Unión Popular (UP) que permanecen encarcelados seis semanas después de haber sido absueltos de los cargos presentados contra ellos. La organización pide también un juicio justo para siete ciudadanos nigerianos que fueron condenados por el mismo tribunal a largas penas de cárcel.


Tres miembros de la UP –Santiago Asumu, Marcelino Nguema Esono y Faustino Ondó Ebang, ex presidente del partido– y siete ciudadanos nigerianos –Marck Etim Marck, Eyoh Okon Ikara, Eyon Kun Jhon, Effiong Matew, Okokon Iyanam (alias Mintay), Isangadighi y Ekaette Eyo Okon una mujer– fueron juzgados entre el 17 y el 22 de marzo de 2010 por el Tribunal de Apelación de Malabo, de primera instancia. Todos habían sido acusados de intento de asesinato del presidente, Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, en el asalto al palacio presidencial de la capital, Malabo, que se produjo el 17 de febrero de 2009.


Faustino Ondó ex preso de conciencia, actualmente exiliado en España– fue juzgado in absentia. Al comenzar el juicio se retiraron los cargos presentados contra otros ocho miembros de la UP.


El 5 de abril, el tribunal absolvió a los tres ecuatoguineanos de todos los cargos y condenó a cada uno de los nigerianos a 12 años de cárcel.


A Amnistía Internacional le preocupa que seis semanas después de su absolución, y a pesar de que su abogado ha presentado al presidente del Tribunal de Apelación una solicitud pidiendo su puesta en libertad, Santiago Asumu y Marcelino Nguema Esono continúan en prisión.


Es ilegal que Santiago Asumu y Marcelino Nguema Esono sigan detenidos y deben quedar en libertad inmediatamente. Su detención viola su derecho a la libertad y la seguridad de la persona y vulnera gravemente las leyes de Guinea Ecuatorial, que disponen que la persona absuelta de un delito por un tribunal debe quedar en libertad de inmediato. Además, vulnera también el artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), en el que Guinea Ecuatorial es Estado Parte.


Amnistía Internacional considera a Santiago Asumu y Marcelino Nguema Esono presos de conciencia, detenidos únicamente por sus convicciones políticas, y pide que sean puestos de inmediato en libertad incondicional.


Por lo que se refiere a los ciudadanos nigerianos, Amnistía Internacional pide al gobierno de Guinea Ecuatorial que vuelva a juzgarlos con garantías.


Los nigerianos –seis hombres y una mujer– fueron detenidos en el mar, al parecer en aguas territoriales de Guinea Ecuatorial, por la marina ecuatoguineana poco después del asalto al palacio. Afirmaron ser pescadores y comerciantes y dijeron que su cayuco había perdido el rumbo y había derivado a aguas de Guinea Ecuatorial. En la embarcación no se encontraron armas en el momento de la detención. Tras ser detenidos, los ciudadanos nigerianos permanecieron en la prisión de Black Beach de Malabo, sin cargos y en régimen de incomunicación, hasta mediados de octubre de 2009. Según los informes, todos fueron torturados bajo custodia policial, y la mujer, cuyo nombre no se dio a conocer, murió, según los informes como consecuencia de la tortura.


A Amnistía Internacional le preocupa que no parece haberse abierto ninguna investigación sobre las denuncias de tortura y muerte bajo custodia de los ciudadanos nigerianos.


Además, a la organización le preocupan ciertos aspectos de la detención preventiva y del propio juicio, que violó el derecho a un juicio justo de todos los acusados. En concreto, a Amnistía Internacional le preocupa que:


- los miembros de UP fueron detenidos sin orden de detención, contraviniendo las leyes ecuatoguineanas;

- ni los ecuatoguineanos ni los nigerianos fueron informados de los cargos presentados contra ellos hasta varios meses después de su detención. Tampoco fueron puestos a disposición judicial en el plazo de 72 horas que prescribe la ley a fin de que se legalizara su detención;

- por lo que se refiere a los ciudadanos nigerianos, estuvieron en régimen de incomunicación desde el momento de su detención y no pudieron acceder a asistencia letrada hasta pocos días antes de comenzar el juicio, por lo que se les negó el derecho a una defensa eficaz. Los miembros de la UP permanecieron en régimen de incomunicación después de ser trasladados a la cárcel de Black Beach, aún sin cargos, en junio de 2009, momento en el cual se suspendió su acceso a su abogado;

- según los informes, todos los acusados fueron torturados bajo custodia, y una ciudadana nigeriana murió, según los informes como consecuencia de la tortura. Los abogados defensores informaron de que sus clientes nigerianos presentaban claras muestras de haber sido torturados;

- en el tribunal, los acusados y sus abogados denunciaron las torturas y la muerte bajo custodia de la mujer nigeriana, pero el presidente del tribunal les impuso silencio y, según los informes, desestimó las denuncias por considerarlas irrelevantes para el proceso;

- En el tribunal no se presentaron armas ni ninguna otra prueba que fundamentara los cargos contra los nigerianos; por consiguiente, la fiscalía eludió su obligación de aportar la carga de la prueba y demostrar más allá de toda duda razonable que los ciudadanos nigerianos acusados eran culpables. No obstante, el tribunal hizo caso omiso cuando éstos afirmaron que eran pescadores y comerciantes y los condenó basándose en los informes meteorológicos correspondientes al 16 y el 17 de febrero de 2009. Según estos informes, el tiempo era bueno y por tanto había buena visibilidad. De esto se dedujo que la presencia de los nigerianos en aguas de Guinea Ecuatorial no estaba justificada, por lo que habían tomado parte en el asalto al palacio;

- las autoridades no proporcionaron a los nigerianos ayuda para presentar recurso contra la sentencia.


Amnistía Internacional considera que las autoridades de Guinea Ecuatorial violaron el derecho de los presos nigerianos a un juicio justo.


La organización pide a las autoridades de Guinea Ecuatorial que respeten el derecho a un juicio justo y cumplan sus obligaciones internacionales de derechos humanos en virtud del PIDCP. También les pide que cumplan los compromisos contraídos durante el examen periódico universal del Consejo de Derechos Humanos de la ONU de diciembre de 2009, entre los que figuraban poner fin a la tortura y garantizar juicios justos. En concreto, Amnistía Internacional pide:

  • Que Santiago Asumu y Marcelino Nguema sean puestos inmediatamente en libertad incondicional;

  • Que las autoridades proporcionen a los presos nigerianos el pleno derecho a recurrir e impugnar las garantías de su juicio, o vuelvan a juzgarlos con garantías;

  • Que todas denuncias de tortura y muerte bajo custodia policial sean investigadas exhaustiva e imparcialmente, y que las personas presuntamente implicadas sean puestas a disposición judicial;

  • Que las autoridades garanticen a presos y detenidos el acceso a abogados, al personal consular y al tratamiento médico que puedan necesitar.


Información complementaria


Santiago Asumu y Marcelino Nguema Esono, junto con otros ocho miembros de la UP, entre ellos la esposa y el hermano de Faustino Ondó, fueron detenidos arbitrariamente entre el 18 de febrero y el 22 de marzo de 2009 en Malabo, la capital, y Bata, la principal ciudad del continente (véase Guinea Ecuatorial: Opositores políticos detenidos y torturados, Índice AI: AFR 24/004/2009), tras el asalto al palacio presidencial de febrero de 2009.


Los detenidos permanecieron recluidos sin cargos ni juicio hasta mediados de octubre de 2009 en condiciones que constituyen trato cruel y degradante, y fueron sometidos a otros malos tratos. Según los informes, ambos hombres también fueron torturados en varias ocasiones para conseguir que confesaran. En ese momento, Amnistía Internacional consideró que eran presos de conciencia, arrestados y detenidos únicamente por sus actividades políticas pacíficas, y pidió su puesta en libertad inmediata e incondicional. La organización expresó también su preocupación por las denuncias de tortura y pidió que se investigaran y que los presuntos responsables fueran puestos a disposición judicial.


El artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos dispone: “Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales. Nadie podrá ser sometido a detención o prisión arbitrarias. Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por causas fijadas por ley y con arreglo al procedimiento establecido en ésta”.


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