Document - Equatorial Guinea: Arrests of pro-democracy activists - a changing pattern of human rights violations

GUINEA ECUATORIAL


Detenciones de activistas por la democracia


Una nueva pauta en las violaciones de derechos humanos




NOVIEMBRE 1991 RESUMENÍNDICE AI: AFR 24/03/91/s


DISTR: CO/GR/SC



Durante el último año ha surgido en Guinea Ecuatorial una nueva pauta de detenciones políticas en respuesta a la presión creciente por la reforma política. Decenas de personas han sufrido detenciones arbitrarias desde noviembre de 1990, al parecer por haber abogado por la introducción de un sistema multipartidista en Guinea Ecuatorial o por ser sospechosos de estar a favor de este sistema.


En el pasado, los llamamientos en favor de la reforma política han procedido principalmente de partidos de la oposición creados en el exilio entre los miles de ecuatoguineanos que habían huido del terror reinante bajo el primer presidente del país, Francisco Macías Nguema (1968-1979). A pesar del golpe de Estado encabezado por el actual presidente, Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, que derrocó al presidente Macías Nguema en agosto de 1979, la oposición política siguió siendo castigada con la cárcel. Las tensiones políticas, con frecuencia en el seno del propio clan del presidente, desembocaban en oleadas de detenciones cada pocos años; tras ellas, los presuntos cabecillas eran puestos a disposición de tribunales militares y acusados frecuentemente sobre la base de declaraciones obtenidas por medio de torturas.


Desde 1990, el gobierno ha respondido a las presiones para la reforma prometiendo, por un lado, introducir un sistema político multipartidista y por el otro deteniendo a los partidarios de cambios políticos. En contraste con el modelo de represión de la década de los ochenta, durante los últimos 12 meses se ha detenido a grupos más reducidos de personas en intervalos más frecuentes, y sin embargo ninguna de estas personas ha sido acusada de delito alguno. Algunos han sido detenidos durante pocos días, mientras que otros han permanecido recluidos en cárceles o confinados en sus domicilios o pueblos: a otros se les ha detenido, liberado y detenido de nuevo. Otras personas críticas o sospechosas de oponerse al gobierno han sufrido acosos o amenazas.


Como consecuencia de las ambiguas promesas de reforma política hechas por el gobierno, algunas personas han roto el silencio del miedo y le han criticado abiertamente o de manera anónima. No obstante, el clima de tensión e intimidación persiste.


Los detalles de las detenciones han tardado en salir a la luz, pero la información disponible ha permitido a Amnistía Internacional adoptar como preso de conciencia a Antonio Ebang Mbele Abang, ex miembro del Parlamento que fue detenido en noviembre de 1990. Amnistía Internacional está investigando los casos de otras 10 personas que se encuentran encarceladas actualmente y al parecer son presos de conciencia. Por otro lado, la organización continúa investigando numerosos informes de torturas o malos tratos.







Este informe resume el documento de * páginas titulado Guinea Ecuatorial: Detenciones de activistas por la democracia. Una nueva pauta en las violaciones de derechos humanos (Índice AI: AFR 24/03/91/s), publicado por Amnistía Internacional en noviembre de 1991. Quienes deseen más información o emprender alguna acción al respecto deberán consultar el documento completo.















































SECRETARIADO INTERNACIONAL, 1 EASTON STREET, LONDRES WC1X 8DJ, REINO UNIDO TRADUCCIÓN DE EDITORIAL AMNISTÍA INTERNACIONAL, ESPAÑA





GUINEA ECUATORIAL


Detenciones de activistas por la democracia


Una nueva pauta en las violaciones de derechos humanos




1. Introducción


Durante el último año ha surgido en Guinea Ecuatorial una nueva pauta de detenciones políticas en respuesta a la presión creciente por la reforma política. Decenas de personas han sufrido detenciones arbitrarias desde noviembre de 1990, al parecer por haber abogado por la introducción de un sistema multipartidista en Guinea Ecuatorial o por ser sospechosos de estar a favor de este sistema.


En el pasado, los llamamientos en favor de la reforma política han procedido principalmente de partidos de la oposición creados en el exilio entre los miles de ecuatoguineanos que habían huido del terror reinante bajo el primer presidente del país, Francisco Macías Nguema (1968-1979). A pesar del golpe de Estado encabezado por el actual presidente, Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, que derrocó al presidente Macías Nguema en agosto de 1979, la oposición política siguió siendo castigada con la cárcel. Las tensiones políticas, con frecuencia en el seno del propio clan del presidente, desembocaban en oleadas de detenciones cada pocos años; tras ellas, los presuntos cabecillas eran puestos a disposición de tribunales militares y acusados frecuentemente sobre la base de declaraciones obtenidas por medio de torturas1.


Desde 1990, el gobierno ha respondido a las presiones para la reforma prometiendo, por un lado, introducir un sistema político multipartidista y por el otro deteniendo a los partidarios de cambios políticos. En contraste con el modelo de represión de la década de los ochenta, durante los últimos 12 meses se ha detenido a grupos más reducidos de personas en intervalos más frecuentes, y sin embargo ninguna de estas personas ha sido acusada de delito alguno. Algunos han sido detenidos durante pocos días, mientras que otros han permanecido recluidos en cárceles o confinados en sus domicilios o pueblos: a otros se les ha detenido, liberado y detenido de nuevo. Otras personas críticas o sospechosas de oponerse al gobierno han sufrido acosos o amenazas.


Como consecuencia de las ambiguas promesas de reforma política hechas por el gobierno, algunas personas han roto el silencio del miedo y le han criticado abiertamente o de manera anónima. No obstante, el clima de tensión e intimidación persiste.


Los detalles de las detenciones han tardado en salir a la luz, pero la información disponible ha permitido a Amnistía Internacional adoptar como como preso de conciencia2a Antonio Ebang Mbele Abang, ex miembro del Parlamento que fue detenido en noviembre de 1990. Amnistía Internacional está investigando los casos de otras 10 personas que se encuentran encarceladas actualmente y al parecer son presos de conciencia. Por otro lado, la organización continúa investigando numerosos informes de torturas o malos tratos.


2. Antecedentes de las detenciones de fines de 1990 y de 1991


Tras su llegada al poder en 1979, el presidente Obiang Nguema prometió que los derechos humanos serían respetados en Guinea Ecuatorial. Sin embargo, el gobierno hizo pocos esfuerzos para mantener esta promesa y poner en práctica el plan elaborado por un experto designado por la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para restablecer el respeto a los derechos y libertades fundamentales en Guinea Ecuatorial. Se incluían en este plan una enmienda a la Constitución, la reforma del sistema judicial y la creación de condiciones que hicieran posible el regreso de muchos miles de exiliados cuyas cualificaciones podrían beneficiar al país3.


Las personas que permanecen fuera del país han formado partidos políticos en el exilio. El único partido permitido por la ley en Guinea Ecuatorial es el Partido Democrático de Guinea Ecuatorial (PDGE), encabezado por el presidente Obiang Nguema. En 1988, los dirigentes del Partido del Progreso de Guinea Ecuatorial, formado por exiliados en España, regresaron a su país a solicitar permiso para que su partido operara legalmente en Guinea Ecuatorial. Fracasaron en este intento, y tras el regreso a España del presidente del Partido del Progreso, unas 40 personas sospechosas de apoyar a este partido fueron detenidas, y nueve de ellas fueron después juzgadas y declaradas culpables de participar en una supuesta conspiración para derrocar al gobierno. Amnistía Internacional les considera presos de conciencia. Cinco han sido liberados después, pero cuatro continúan encarcelados.


En julio de 1988 se celebraron elecciones para la Cámara de Representantes del Pueblo (parlamento de Guinea Ecuatorial). Todos los candidatos fueron propuestos por la dirección del Partido Democrático (PDGE) y elegidos sin oposición para un período de cinco años. En las elecciones presidenciales del 25 de junio de 1989, el propio presidente Obiang Nguema fue reelegido sin oposición para un nuevo período de siete años.


En varias ocasiones en 1990 y 1991 el gobierno reiteró sus anteriores promesas de cumplir el Plan de Acción de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas elaborado en 1982 por el experto en Guinea Ecuatorial de esta Comisión para garantizar que la protección de los derechos humanos sería salvaguardada por un sistema judicial efectivo. En septiembre de 1990, tras la publicación del informe de Amnistía Internacional Guinea Ecuatorial: Tortura, el gobierno anunció la creación de una Comisión Nacional de Derechos Humanos. Sin embargo, no se ha tenido noticia de ninguna actuación de esta comisión para investigar informes de violaciones de derechos humanos. Por otro lado, existen pocos indicios de que el gobierno haya adoptado medidas prácticas que posibiliten una libertad real de expresión o asociación, la reforma del sistema jurídico de acuerdo con el programa concebido por la ONU o la introducción de garantías encaminadas a impedir violaciones de los derechos humanos tales como la detención arbitraria y la tortura.



3. Detenciones de fines de 1990 y de 1991


En 1990 aumentó la tensión política en Guinea Ecuatorial y crecieron las exigencias de reforma política, pese a que éstas no podían expresarse públicamente. Las resoluciones del entonces Comité Central del PDGE, publicadas tras una reunión de noviembre de 1990, reflejaban que el partido era consciente de la evolución política ocurrida en la región, particularmente en los vecinos Gabón y Camerún, y revelaba su preocupación por la creciente presión a favor de un sistema político multipartidista dentro del país. Mientras que concedía que Guinea Ecuatorial podía adoptar un sistema político pluralista "cuando lo aconseje la evolución natural de nuestra sociedad", el comité central insistía también en el mantenimiento del Estado unipartidista argumentando que la extrema represión del anterior presidente, Macías Nguema, había sido un "producto" del sistema multipartidista introducido cuando Guinea Ecuatorial se independizó de España en 1968.


El 22 de noviembre de 1990, al día siguiente de la reunión del comité central, Antonio Ebang Mbele Abang, ex preso de conciencia adoptado por Amnistía Internacional en 1985, fue destituido de su cargo de vice-presidente de la Cámara de Representantes del Pueblo y expulsado del PDGE. Según algunos informes, se había negado a apoyar la tesis del partido en el sentido de que Guinea Ecuatorial debía seguir siendo un Estado unipartidista. Posteriormente se le sometió a arresto domiciliario en la localidad de Micomeseng en el norte de Río Muni, provincia continental de Guinea Ecuatorial, al parecer por orden del gobierno.


En diciembre de 1990 y enero de 1991 tuvieron lugar nuevas detenciones. La noche del 6 al 7 de diciembre de 1990, al menos cinco personas, entre soldados y civiles, fueron detenidas en Ebebiyín o en sus cercanías, al noreste de la provincia de Río Muni, cerca de donde se encuentran las fronteras de Camerún, Gabón y Guinea Ecuatorial. Se les acusó de haber estado en contacto con opositores al gobierno, algunos de los cuales vivían al otro lado de la frontera. De uno de ellos, Pedro Motu Mamiaga -ex soldado y miembro de la patrulla que había impedido la fuga del anterior presidente Macías Nguema tras el golpe de 1979, y que, según los informes, había estado desde entonces bajo arresto domiciliario en Ebebiyín-, las autoridades sospechaban también que había mantenido reuniones con opositores al gobierno en dicha localidad. Gabino Mualika Epitie fue detenido el 8 de enero de 1991 en Bata, capital de la provincia continental de Río Muni, por sospecharse, según los informes, que estaba en contacto con opositores del gobierno en el exilio.


A principios de febrero de 1991, una Comisión de Sensibilización del PDGE creada para explicar a la población en general las resoluciones de la reunión del comité central de noviembre de 1990, informó que en su recorrido por el país había comprobado que los miembros del PDGE rechazaban de manera unánime la introducción de un sistema político multipartidista. Según fuentes extraoficiales, los delegados de la Comisión de Información y Conciencia Política intimidaron a las personas de las que se sospechaba que estaban a favor del cambio político. Unas semanas después, en marzo de 1991, se informó que varias personas fueron detenidas y posteriormente sometidas a arresto domiciliario. Ángel Masié Ntutumu, ex-ministro del Interior y miembro de la Cámara de Representantes del Pueblo y Ricardo Nvumba Bindang, pequeño terrateniente, formaban parte de un grupo de personas que firmaron una carta dirigida al presidente Omar Bongo de Gabón pidiéndole que promoviera el pluralismo político en Guinea Ecuatorial. Parece ser que la carta fue interceptada por las autoridades de Guinea Ecuatorial. Se dice que Ricardo Nvumba Bindang había estado detenido en Malabo durante una semana y sometido a arresto domiciliario después en Añisok o sus alrededores, mientras que, según los informes, Ángel Masié Mtutumu fue puesto en arresto domiciliario en Micomeseng.


Miembros de la Iglesia católica sufrieron amenazas, detenciones cortas y acusaciones de fomentar la agitación política cuando la iglesia publicó una carta pastoral en abril de 1991 en la que cuestionaba la política del gobierno. Por otra parte, un sacerdote había criticado al gobierno desde el púlpito en la misa del domingo. Era sospechoso, al parecer, de ser el responsable de unos panfletos en contra del gobierno que aparecieron en las calles de Malabo a principios de mayo de 1991. Se dice que unas 40 personas han sufrido breves detenciones en relación con estos panfletos. A finales de mayo de 1991, el comité central de PDGE publicó una declaración en la que recordaba a la Iglesia que el gobierno le había permitido reanudar sus actividades tras la persecución sufrida en la década de los setenta bajo el gobierno anterior, y hacía un llamamiento a las autoridades eclesiásticas para que impidieran a los sacerdotes usar el altar para poner a la población en contra de las autoridades del Estado, ya que esto podía afectar las relaciones Iglesia-Estado. Entre las personas que sufrieron breves detenciones en mayo se encontraba un periodista de televisión, Alfonso Nsué Mokuy, quien ya había estado detenido en anteriores ocasiones por su declarada oposición a la política del gobierno.


A finales de mayo de 1991, el comité central del PDGE examinó de nuevo la cuestión de la reforma política. Esta vez invirtió sus posiciones y solicitó al gobierno que elaborara un programa de cambios políticos encaminados a la adopción de un sistema político multipartidista. En julio de 1991, poco después de un congreso del PDGE que respaldó la resolución del comité central, el presidente Obiang Nguema viajó por el país para explicar las reformas propuestas e invitar a la población a que creara nuevos partidos políticos de acuerdo con aquéllas. Sin embargo, los opositores políticos rechazaron estas propuestas basándose en que suponían poca independencia para los nuevos partidos y no permitían que los partidos creados en el exilio operaran legalmente en Guinea Ecuatorial.


El 15 de agosto de 1991, algunos presos políticos y de otro tipo fueron puestos en libertad por orden del presidente Obiang Nguema en el 12º aniversario de su ascensión al poder. Al menos tres de ellos habían sido acusados de intento de derrocar al gobierno tras juicios sin las debidas garantías en tribunales militares. Julián Nguema Abogo y Jesús Ntutumu Nsong estaban entre los nueve presos de conciencia condenados en septiembre de 1988, a tres de los cuales se les había puesto en libertad en 1989 y 1990. El sargento Venancio Mikó fue liberado también; había sido condenado a muerte en 1983 pero posteriormente se le conmutó la pena.


A mediados de agosto de 1991 cinco personas más fueron detenidas. Una de ellas, Antonio Ebang Mbele Abang, miembro del parlamento, fue detenido de nuevo cuando aún se encontraba bajo arresto domiciliario. Esta vez fue encarcelado: se había negado, según los informes, a crear un partido político según los términos de las propuestas del PDGE de julio de 1991, basándose en que no había garantías de que tal partido pudiera actuar como un auténtico partido de oposición. Según los informes, a los otros cuatro se les acusó de propagar ideas subversivas. Entre ellos se encontraba Alfonso Nsué Mokuy, el periodista de televisión que había estado brevemente detenido en mayo de 1991. También detuvieron a Pedro Ekong Andeme, a quien también habían detenido anteriormente a principios de la década de 1970 y de nuevo en junio de 1981. Se cree que estas cinco personas continúan recluidas en Bata y Malabo.



4. La arbitrariedad de las detenciones de 1990 y 1991


Según los informes, ninguna de las detenciones descritas anteriormente se ha efectuado de acuerdo con las propias leyes de Guinea Ecuatorial o con la normativa internacional relativa a la detención o el encarcelamiento. En los pocos casos sobre los que existe información se ha informado que las detenciones las llevan a cabo soldados ecuatoguineanos o soldados marroquíes trasladados temporalmente a Guinea Ecuatorial en virtud de un acuerdo bilateral firmado con Marruecos. Según los testimonios recibidos en años anteriores, estos soldados efectúan las detenciones por orden de las autoridades políticas sin ninguna intervención de los tribunales. Los guardianes de las prisiones son principalmente militares sin autoridad alguna para impedir que los soldados que efectúan los arrestos saquen a los detenidos de la cárcel, los torturen o los interroguen.



5. Informes de torturas o malos tratos


Se ha informado que algunos de los detenidos por motivos políticos en 1991 han sufrido torturas o malos tratos en prisión, pero existen pocos detalles disponibles hasta el momento que confirmen estos informes. No obstante, Amnistía Internacional ha recibido en el pasado testimonios detallados de víctimas de tortura que ponían de manifiesto el empleo sistemático de torturas y palizas a los presos, tanto políticos como comunes. Los presos han sido torturados para obtener "confesiones" que se presentaban como pruebas en el juicio o simplemente como forma de intimidación o castigo. Amnistía Internacional ha decidido no hacer públicos por el momento los nombres de los presos que, según los informes, han sido torturados en 1991: hacerlo podría exponerlos a ser acosados o maltratados de nuevo o podría poner en peligro a las personas que han proporcionado la información a Amnistía Internacional. Según los informes, una de las víctimas ha sufrido varios métodos de tortura, entre otros ser golpeada mientras estaba suspendida de un poste. Amnistía Internacional continúa investigando estos informes.



6. Recomendaciones de Amnistía Internacional


Amnistía Internacional ha informado repetidamente al gobierno de sus preocupaciones por las violaciones de derechos humanos en Guinea Ecuatorial. El gobierno no ha respondido nunca con detalle, ni tampoco ha puesto en práctica las recomendaciones hechas por Amnistía Internacional en comunicaciones directas al gobierno y en informes publicados. Entre estas recomendaciones se incluyen las siguientes:


-Establecimiento de salvaguardias que garanticen la independencia del poder judicial y, especialmente, la abrogación de las disposiciones constitucionales que permiten al jefe del Estado nombrar jueces y separarlos del cuerpo a su discreción, pues este precepto menoscaba la independencia e imparcialidad de los jueces.


-Establecimiento de salvaguardias que garanticen que cualquier detenido será llevado sin demora ante un juez, quien puede autorizar la prolongación de la detención sólo si existen indicios razonables que sugieran que la persona ha cometido un delito común tipificado; esto ayudaría a impedir que las personas sean detenidas por la sola razón de sus opiniones políticas.


-Promulgación de leyes que hagan efectivos los preceptos constitucionales de hábeas corpus y amparo, que harían posible que los presos o sus familiares impugnaran ante los tribunales las detenciones ilegales y arbitrarias y ayudarían a erradicar la detención arbitraria y la tortura;


-Realización inmediata de investigaciones de las denuncias de violaciones de derechos humanos por una comisión imparcial e independiente.


Poco después de la publicación, en septiembre de 1990, de un informe de Amnistía Internacional titulado Guinea Ecuatorial: Tortura, el gobierno anunció que había creado una Comisión de Derechos Humanos que examinaría las denuncias de violaciones de estos derechos. Sin embargo, según fuentes extraoficiales, sus miembros son principalmente funcionarios del gobierno y miembros de la Cámara de Representantes del Pueblo que fueron escogidos de una lista elaborada por el PDGE. Por consiguiente, la independencia e imparcialidad de la Comisión son cuestionables. Además, no se ha tenido noticia de que esta Comisión haya adoptado medida alguna para mejorar la salvaguardia de los derechos humanos.


El 12 de octubre de 1991, 23º aniversario de la independencia de Guinea Ecuatorial, el presidente Obiang Nguema anunció planes a corto, medio y largo plazo para introducir reformas políticas. Añadió que se haría una enmienda a la Constitución, que iría seguida de la promulgación de leyes que regularan los partidos políticos, las elecciones, la prensa, los sindicatos y las asociaciones. También sugirió que se concedería la amnistía a los presos políticos.


Amnistía Internacional acogería con agrado cualquier reforma legal en Guinea Ecuatorial que proporcionara protección a los derechos humanos. No obstante, a esta organización le preocupa que no se hayan cumplido los compromisos adquiridos en el pasado en lo concerniente a la protección de los derechos humanos. En 1986, Guinea Ecuatorial se convirtió en Estado miembro de la Carta Africana de los Derechos Humanos y de los Pueblos de la Organización para la Unidad Africana (OUA) y suscribió en septiembre de 1987 el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas. Sin embargo, no ha adoptado ninguna medida para poner en práctica las disposiciones de estos tratados internacionales de derechos humanos.


Amnistía Internacional hace ahora un llamamiento al gobierno para que empiece a cumplir los compromisos adquiridos liberando inmediatamente a todas las personas encarceladas o confinadas a causa de sus opiniones políticas no violentas. Entre éstas se incluyen los cuatro presos de conciencia que cumplen condenas impuestas en septiembre de 1988, Pedro Bacale Mayé, Joaquín Elema Borengue, Francisco Bonifacio Mbá Nguema y Gaspar Manana Okiri y, por otra parte, Antonio Ebang Mbele Abang y los demás encarcelados en 1990 y 1991 por la expresión pacífica de sus opiniones políticas.

1Para más información sobre las violaciones de derechos humanos cometidas durante la década de 1980, véase Guinea Ecuatorial: Los tribunales militares y el uso de la pena de muerte (Equatorial Guinea: Military Courts and the Use of the Death Penalty, Indice AI: AFR 24/01/87), Guinea Ecuatorial: Tortura (Equatorial Guinea: Torture, Indice AI: AFR 24/05/90) y Guinea Ecuatorial: Seis Presos de Conciencia (Ecuatorial Guinea: Six Prisoners of Conscience, Indice AI: AFR 24/04/90).

2Presos de conciencia son las personas detenidas a causa de sus convicciones, color, sexo, origen étnico, lengua o religión que no han hecho uso de la violencia o abogado por ella.

3Se estima que la población de Guinea Ecuatorial es de unos 400.000 habitantes

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