Document - Central African Republic: Government soldiers and armed groups attacking unarmed civilians and critics

AMNISTÍA INTERNACIONAL

Declaración pública

Índice AI: AFR 19/001/2006 (Público)

Servicio de Noticias: 033

7 de febrero de 2006

http://web.amnesty.org/library/Index/ESLAFR190012006

República Centroafricana: Soldados del gobierno y grupos armados atacan a civiles y detractores no armados

A Amnistía Internacional le preocupa hondamente el deterioro de la situación de la seguridad en la República Centroafricana y la escalada de ataques perpetrados contra civiles no armados en los últimos meses por miembros de las fuerzas de seguridad y por bandas armadas ajenas al control del gobierno. Según informes, decenas de civiles en la región del norte de la República Centroafricana han muerto y otros miles han abandonado sus casas y buscado refugio incluso en el país vecino Chad.

Entre las víctimas de violaciones de derechos humanos a manos de soldados del gobierno se encuentran defensores y defensoras de derechos humanos y periodistas que fueron agredidos por haber denunciado abusos contra civiles.

Amnistía Internacional ha recibido informes según los cuales bandas armadas dirigieron ataques contra civiles no armados al norte de la República Centroafricana, matando a decenas de ellos e hiriendo a otros tantos. Según la información recibida, las bandas saquearon casas y robaron objetos particulares. Los informes también indican que, en varios casos, las bandas secuestraron a civiles y los obligaron a transportar los objetos robados. Según informes, más de 10.000 civiles abandonaron sus casas y se dirigieron al sur de Chad para escapar de la violencia. La inseguridad que desde hace años impera en el norte de la República Centroafricana ha llevado a más de 45.000 centroafricanos a refugiarse en Chad. La asistencia humanitaria a la que tienen acceso los refugiados es limitada.

Según los informes recibidos, después de los ataques perpetrados por bandas armadas, soldados del gobierno destinados a la región norte de la República Centroafricana para combatir a estas bandas atacaron a civiles y los acusaron de colaborar o pertenecer a las mismas. Según informes, los soldados mataron e hirieron a un número indeterminado de civiles.

Se ha recibido información según la cual en Bangui, capital de la República Centroafricana, miembros de las fuerzas de seguridad han llevado a cabo homicidios ilegítimos con impunidad.

El 5 de enero de 2006, dos personas murieron a causa de los disparos efectuados por miembros de las fuerzas de seguridad que agredieron a un grupo de personas que regresaban del funeral de un sargento del ejército que murió a manos de miembros de la Guardia Presidencial después de matar a un mando del ejército. El sargento fue apartado de la custodia de gendarmería y fue víctima de una ejecución sumaria a manos de sus compañeros soldados. No se ha sabido que el gobierno haya tomado medidas contra los soldados que mataron a civiles o al sargento.

Según informes, un ex miembro de la Guardia Presidencial que, desde 2004, ha matado a varias personas y golpeado gravemente a otras, ha amenazado con total impunidad a defensores y defensoras de derechos humanos y periodistas. En 2005 fue detenido y puesto en libertad sin cargos ni juicio. El gobierno no ha tomado medidas contra el soldado, pese a las protestas de activistas de derechos humanos y de los informes publicados en la prensa sobre su violencia. Se teme que siga atemorizando a las personas en la República Centroafricana y que siga impune.

Amnistía Internacional fue informada de que el mismo soldado amenazó de muerte como mínimo a un periodista y a dos personas defensoras de los derechos humanos. En enero de 2006 fueron amenazadas algunas personas, entre ellas Maka Gbossokoto, director del periódico independiente Le Citoyen y presidente de la Unión de Periodistas Centroafricanos (UJCA, por sus siglas en francés), Nganatouwa Goungaye Wanfiyo, abogado y presidente de la Liga Centroafricana de Derechos Humanos (LCDH, por sus siglas en francés), y Adolphe Ngouyombo, presidente del Movimiento por los Derechos Humanos y la Acción Humanitaria (MDDH, por sus siglas en francés).

Amnistía Internacional exhorta al gobierno de la República Centroafricana a que aplique las leyes nacionales y cumpla sus obligaciones internacionales, según se estipula en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, y otros tratados de derechos humanos ratificados por la República Centroafricana.

La organización insta al gobierno a que proteja los derechos humanos fundamentales de sus ciudadanos, en particular el derecho a la vida. Asimismo, el gobierno debe garantizar a periodistas y activistas de derechos humanos que puedan ejercer sin restricciones la libertad de expresión y asociación. Los miembros de las fuerzas de seguridad presuntamente implicados en actos que vulneran los derechos humanos deben ser llevados ante la justicia. El gobierno también ha de instaurar y aplicar mecanismos para impedir la impunidad.

Amnistía Internacional también pide a la comunidad internacional que anime al gobierno de la República Centroafricana a proteger y promover los derechos humanos. Los países de la Comunidad Económica y Monetaria de África Central (Communauté économique et monétaire d'Afrique centrale, CEMAC) y Francia deben garantizar que la asistencia prestada al gobierno centroafricano y a sus fuerzas de seguridad tenga en cuenta la promoción y protección de los derechos humanos.

Información complementaria

El presidente François Bozizé subió al poder en marzo de 2003 tras el derrocamiento, a manos de un grupo armado a su mando, del ex presidente Ange-Félix Patassé. Cientos de civiles no armados fueron víctimas de homicidios ilegítimos y centenares de mujeres fueron violadas por partidarios armados de Bozizé y Patassé. Según informes, combatientes congoleños partidarios del ex presidente Patassé fueron los responsables de casi todas las violaciones. A pesar de que el presidente Bozizé condenó públicamente las violaciones de derechos humanos cometidas por simpatizantes de Patassé, su gobierno no procesó a ninguno de los presuntos autores. Sin embargo, el gobierno centroafricano ha remitido a la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya los crímenes cometidos durante el conflicto armado que culminó con la subida de Bozizé al poder. La República Centroafricana ratificó el Estatuto de Roma establecido por la CPI en 2002.

Desde que el presidente Bozizé tomo posesión de su cargo, miembros de las fuerzas de seguridad han perpetrado homicidios y otras violaciones de los derechos humanos. Las promesas del gobierno –antes y después de las elecciones generales celebradas a principios de 2005– de poner fin a la impunidad no han sido cumplidas. Los soldados siguen torturando y matando a civiles, violando a las mujeres y saqueando bienes con impunidad. Según los informes, los principales autores pertenecen a la Guardia Presidencial que depende directamente del presidente Bozizé como comandante en jefe del ejército y ministro de Defensa. Las bandas armadas que merodean por el lugar, conocidas como zaraguinas, siguen matando y robando a viajeros y residentes en el norte de la República Centroafricana. Las zaraguinas son bandas de salteadores de caminos que se aprovechan de la inacción de los gobiernos sucesivos a la hora de aplicar la ley y el orden en esta región, y desde hace muchos años atemorizan a la población local y roban a los viajeros. En los últimos meses, se han recibido informes según los cuales algunos de los grupos armados activos en esta región actúan por motivos políticos y están llevando a cabo los ataques para provocar una desestabilización con el objetivo de derrocar al gobierno presidido por Bozizé. No está claro si este último grupo existe realmente o si se trata de fuerzas leales a algún dirigente o partido político. La seguridad en el norte de la República Centroafricana y la disciplina en el seno de las fuerzas de seguridad centroafricanas siguen siendo objetivos difíciles de alcanzar, a pesar del despliegue, respaldado por un contingente militar francés, de fuerzas encargadas de mantener la paz compuestas por soldados de países de la Comunidad Económica y Monetaria de África Central.