Document - Cameroon's human rights record under scrutiny by the United Nations

Servicio de Noticias 201/99

ÍNDICE AI: AFR 17/03/99/s

26 de octubre de 1999



NOTA A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN



La situación de los derechos humanos en Camerún, sometida al escrutinio de las Naciones Unidas


El estudio por parte del Comité de Derechos Humanos de la ONU, el 27 y 28 de octubre en Ginebra, del tercer informe periódico de Camerún brinda una oportunidad excelente de someter a un serio escrutinio la situación de los derechos humanos en este país, que apenas ha experimentado mejoras desde que se estudió su informe anterior, en 1994. Camerún ha seguido incumpliendo de forma flagrante los compromisos adquiridos en virtud del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).


Varios centenares de personas han sido ejecutadas extrajudicialmente por las fuerzas de seguridad desde marzo de 1998 en una campaña contra los robos a mano armada llevada a cabo en el norte del país. La tortura y los malos tratos a presos y detenidos, que llegan a causar la muerte de algunos de ellos, siguen siendo una práctica sistemática a pesar de las leyes dictadas en enero de 1997 para prohibir la tortura. Las condiciones en las prisiones de Camerún son extremadamente penosas: hay un grave hacinamiento, las instalaciones higiénicas no son adecuadas (a veces ni siquiera existen) y tanto la comida como la atención médica son muy deficientes. El índice de mortalidad entre los reclusos es muy elevado. Otros han muerto a consecuencia de lo que parece ser un uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad.


Los detractores y opositores al gobierno, entre los que se encuentran periodistas, partidarios de partidos políticos de oposición y activistas de derechos humanos, siguen siendo detenidos y encarcelados arbitrariamente. El encarcelamiento del destacado periodista Pius Njawé, que permaneció diez meses recluido en 1998, fue enérgicamente condenado tanto dentro como fuera de Camerún. En diciembre de 1998, el Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria concluyó que el encarcelamiento de Pius Njawé violaba el derecho a no ser detenido arbitrariamente y el derecho a la libertad de expresión, garantizados ambos por el PIDCP.


Más de cincuenta personas de las provincias de habla inglesa de Camerún permanecieron recluidas más de dos años en relación con los violentos incidentes que tuvieron lugar en marzo de 1997 en la Provincia Noroccidental; finalmente comparecieron ante un tribunal militar de la capital, Yaundé. De estos detenidos, al menos diez murieron posteriormente a consecuencia de las torturas o de la falta de asistencia médica.


El juicio de estos presos y de unos veinte acusados más ante el tribunal militar no fue ni independiente ni imparcial, y tampoco cumplió varias condiciones fundamentales expuestas en las normas internacionales relativas a la celebración de juicios con las debidas garantías, entre las que se encuentra el PIDCP. El Comité de Derechos Humanos ha recomendado que la jurisdicción de los tribunales militares no se amplíe más allá de las cuestiones de disciplina militar, y ha recomendado que todos los juicios en los que estén implicados civiles se celebren ante tribunales civiles. Al concluir el juicio, el 6 de octubre de 1999, 36 acusados fueron declarados culpables y condenados a penas que oscilaban entre un año de prisión y cadena perpetua.


Otros cinco presos de la comunidad de habla inglesa han permanecido hasta cuatro años recluidos sin cargos ni juicio.


Hace cinco años, en marzo de 1994, al examinar el segundo informe periódico de Camerún, el Comité de Derechos Humanos deploró los numerosos casos de detención ilegal, tortura, condenas a muerte y ejecuciones extrajudiciales que tenían lugar en el país. El Comité concluyó que la libertad de expresión no estaba garantizada y que la tortura y los malos tratos parecían ser una práctica sistemática. El Comité recomendó que el gobierno tomara todas las medidas necesarias para poner fin a estas violaciones de derechos humanos y para llevar a los responsables ante los tribunales. Sin embargo, desde entonces no ha habido indicios de que el gobierno haya hecho ningún intento serio de poner en práctica estas recomendaciones.


El Comité de Derechos Humanos está compuesto por 18 expertos que son elegidos por los Estados Partes del PIDCP. Supervisa el cumplimiento por parte de los Estados de las obligaciones contraídas en virtud del Pacto. Los expertos son designados a título individual y no representan a ningún gobierno. El Comité se reúne tres veces al año para examinar los informes escritos presentados por los Estados. Entre los informes que el Comité de Derechos Humanos examinará en el actual periodo de sesiones se encuentran los de China (Hong Kong), la República de Corea, Marruecos, Noruega y Portugal (Macao).


Véase también: Camerún: flagrante desprecio por los derechos humanos, publicado por Amnistía Internacional el 16 de septiembre de 1997, (Índice AI: AFR 17/16/97/s);Cameroon: Extrajudicial executions in North and Far-North Provinces, publicado por Amnistía Internacional en diciembre de 1998 (Índice AI: AFR 17/16/98); y Cameroon: Lengthy prison terms after unfair trial before military tribunal, publicado por Amnistía Internacional el 7 de octubre de 1999.



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