Document - Burundi: No protection from rape in war and peace


[Fecha de embargo: 9 de octubre de 2007]Público


Amnistía Internacional





Burundi


Desprotegidas frente a las violaciones,

tanto en la guerra como en la paz















ÍNDICE



1. INTRODUCCIÓN 1

1.1 Contexto 6

1.2 Metodología 7

1.3 Un número elevado de violaciones, tanto denunciadas como no denunciadas 8

2. LAS VIOLACIONES IMPUNES DEL CONFLICTO 10

2.1 El conflicto 10

2.2 Violaciones y otros crímenes contra las mujeres cometidos durante el conflicto 11

2.3 Impunidad para los responsables de crímenes contra la humanidad 13

2.4 El riesgo de represalias 15

3. LA PERSISTENCIA DE LA VIOLACIÓN EN EL SENO FAMILIAR Y EN LA COMUNIDAD 16

3.1 La violación en el seno familiar 17

3.2 La violación en la comunidad 17

3.3 La práctica del "arreglo amistoso" 21

4. LA RESPUESTA DEL ESTADO 24

4.1 La policía judicial no investiga a fondo ni eficazmente los casos de violación 24

4.2 La actitud discriminatoria de los encargados de hacer cumplir la ley 25

4.3 La función de los certificados médicos 28

4.4 La reacción del Estado ante las carencias de los encargados de hacer cumplir la ley 29

4.5 La función del fiscal 31

4.6 La función de las organizaciones no gubernamentales en la provisión de asistencia a las víctimas de violación 33

5. LA PROTECCIÓN JURÍDICA DE LAS VÍCTIMAS DE VIOLACIÓN EN EL PLANO INTERNACIONAL Y NACIONAL 34

5.1 El marco jurídico internacional 34

5.1.1 Las normas internacionales de derechos humanos en materia de violencia sexual 34

5.1.2 El derecho internacional humanitario en materia de violencia sexual 36

5.1.3 El derecho penal internacional en materia de violencia sexual 37

5.2 El ordenamiento jurídico nacional 38

6. CONCLUSIÓN 39

7. RECOMENDACIONES 40














Burundi


Desprotegidas frente a las violaciones,

tanto en la guerra como en la paz

http://web.amnesty.org/library/Index/ESLAFR160022007



1. INTRODUCCIÓN



"Me atacó un grupo de cuatro hombres que irrumpieron en mi casa de noche. Me secuestraron y me obligaron a caminar hasta la casa de uno de ellos. Allí me golpearon, me violaron y me arrojaron a la calle. Pedí ayuda a uno de los vecinos. El día siguiente por la mañana, el vecino vio cómo los hombres limpiaban mi sangre y llamó a otros vecinos, a las autoridades locales y a algunos soldados. Los soldados detuvieron a los hombres y se los llevaron a la comisaría de policía de Kigobe [en Bujumbura Mairie, la capital]."


IS,(1) una mujer de 49 años de edad, del distrito urbano de Bukirasazi, comuna de Kinama en Bujumbura, que fue brutalmente golpeada y violada por cuatro hombres en diciembre del 2003.


La investigación policial e interrogatorio se realizaron a lo largo de un mes e IS y uno de los vecinos tuvieron que estar presentes. El policía judicial le dijo entonces a IS que ya no era necesario que acudiera de nuevo a la comisaría porque iban a trasladar a los hombres a la Prisión Central de Mpimba. Cuando IS regresó a casa, se enteró de que los hombres habían sido puestos en libertad. Después de esto, IS recibió numerosas amenazas de los presuntos violadores, que le dijeron que la matarían si volvía a acusarlos. Como tenía miedo a las represalias, habló con la policía confidencialmente. Pese al riesgo que corría IS y a que ésta había pedido que no se hiciera nada, la policía hizo una advertencia a los hombres sin prevenir de ello a IS. Esto hizo que IS perdiera totalmente su confianza en la policía.


IS contó que se sentía avergonzada porque en su comunidad se la conocía ahora como a una víctima de violación. IS también contó que había contraído el virus de inmunodeficiencia humana (VIH) como consecuencia de la violación. Esta situación creó muchas dificultades para sus hijos. Otros niños, incluso los propios hijos de los presuntos autores, se burlaban al parecer ante ellos de la violación de su madre.


La modalidad de violencia sexual que más se denuncia en Burundi es la violación, cometida tanto por agentes del Estado como por agentes no estatales, incluidos funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y oficiales del ejército.(2) La violación de mujeres y muchachas es frecuente en el hogar y en la comunidad, y es un problema ampliamente extendido por todo el país.(3) Entre el 2004 y el 2006, una media de 1.346 mujeres al año denunciaron sus casos a la organización Médecins sans Frontières(MSF, Médicos sin Fronteras). El riesgo de violación es también particularmente grave para las menores: en diciembre del 2006, el 60 por ciento de las violaciones denunciadas se habían cometido contra menores.(4) Las autoridades burundesas no están ejerciendo la diligencia debida(5) para impedir, investigar y castigar la violación y otros actos de violencia sexual, con lo que los agresores eluden el procesamiento y la sanción del Estado. En el clima que han generado estas carencias sistémicas, las víctimas de violación se muestran más reacias o son menos capaces de buscar justicia por la vía judicial. El índice de enjuiciamientos que producen condenas por delitos sexuales sigue siendo muy bajo. Es necesario que el gobierno comunique con claridad y sin más dilación el mensaje de que la violencia contra las mujeres es una violación de los derechos humanos que no puede tolerarse, que la violación es un delito, que los agresores han de rendir cuentas ante la justicia, y que las víctimas deben recibir indemnización.

El nivel actual de violencia sexual resulta difícil de determinar con exactitud, dada la falta de estadísticas oficiales confiables. El gobierno no posee el sistema independiente de monitorización que le permitiría informar públicamente sobre la extensión de la violación y otras formas de violencia sexual en el país y sobre la eficacia de la respuesta de las autoridades pertinentes.


La pobreza, unida a una sociedad patriarcal y a una cultura en la que la violación y la violencia sexual no se toman en serio, contribuye a crear una situación en la que las mujeres están demasiado atemorizadas para denunciar los crímenes. Muchas mujeres víctimas de violación no buscan reparación ni reciben apoyo del Estado, ni de su comunidad, ni de su familia. Con frecuencia, el hecho de que no denuncien una violación se debe al temor a las represalias del agresor. Las mujeres de Burundi sufren, además, otras formas de discriminación sexual, incluido el estigma social que padecen las víctimas de violación en sus comunidades. Al hablar de sus casos con Amnistía Internacional (AI) y con Acción de los Cristianos para la Abolición de la Tortura (ACAT), las víctimas de violación aludían con frecuencia a la vergüenza que sintieron tras la violación. Un error muy común es el de considerar que la víctima es culpable de la violación: por su comportamiento, o por ir vestida de determinada forma. La familia de la víctima, sus amistades y su comunidad suelen hacerle el vacío, dejándola sola y en la indigencia. Ciertas prácticas tradicionales que niegan a las mujeres ciertos derechos, incluido el derecho a la propiedad o a heredar propiedad, o el derecho a la tierra que cultivan, aumentan su dependencia económica de los hombres.(6) Algunas víctimas de violación contaron a la delegación de Amnistía Internacional y ACAT su renuencia a entablar acción ante la justicia por temor a perder el apoyo económico de su familia o de su esposo. La pobreza y la falta de educación y de acceso a información y a cuidados de la salud son otros de los factores económicos que contribuyen también a la vulnerabilidad de las mujeres.


La violación de muchachas jóvenes tiene mayor probabilidad de ser investigada, y de que los agresores sean procesados, que la violación de mujeres adultas. Sin embargo, las deficiencias sistémicas que se observan en el sistema judicial y de aplicación de la ley son graves. El sistema no protege particularmente a las mujeres de las zonas rurales, quienes a menudo no saben cómo iniciar una acción judicial y suelen estar lejos de la asistencia médica y psicosocial que proporcionan algunas organizaciones no gubernamentales (ONG) que trabajan en Burundi.

La pobreza y la ausencia de oportunidades económicas crean a menudo dificultades insuperables para que las mujeres víctimas de violación puedan presentar denuncias, incluso cuando conocen la identidad de los agresores. Las mujeres que han sufrido violencia sexual a manos de miembros de los grupos armados o de las fuerzas del gobierno durante el conflicto civil del país(7) rara vez han contado lo sucedido por temor a las represalias. El gobierno debe tomar medidas drásticas para resolver el problema de la violencia contra las mujeres y, haciéndolo, llevar a la sociedad burundesa, y al propio sistema de justicia penal, el mensaje terminante de que la violencia sexual y por motivos de género no se tolerará. El gobierno debe cumplir sus obligaciones y garantizar que se protegen los derechos de las mujeres y que no se las relega a sufrir en silencio. Sólo entonces podrán las mujeres que han sido víctimas confiar en que el sistema judicial y de aplicación de la ley será capaz de tratar sus quejas debidamente y de ofrecerles apoyo. El gobierno de Burundi tiene el deber de asegurar que estas mujeres quedan debidamente protegidas cuando comunican una violación u otra forma de violencia sexual. También debe asegurar que se realizan investigaciones eficaces y que los agresores rinden cuentas ante la justicia.

La actitud de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y de las autoridades judiciales es por lo general indiferente e insensible hacia las víctimas que denuncian crímenes. Esta actitud se traduce profesionalmente en negligencia en el cumplimiento del deber. Amnistía Internacional y ACAT han obtenido pruebas de que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley no suelen asegurarse de que las denuncias de violación se someten a una verdadera investigación y de que se procesa a los responsables. La desproporcionada importancia que adquiere el certificado médico como prerrequisito del procesamiento, es un ejemplo del tipo de barreras que se alzan para impedir el acceso de las víctimas de violación a la justicia. Esto va unido a la falta de diligencia en otros aspectos del proceso de investigación. Esta práctica tan deficiente de la policía y de los tribunales hace que las mujeres duden de que denunciar la violencia sexual a las autoridades sea un remedio eficaz y les consiga justicia, una desconfianza que agrava el hecho de que se denuncien violaciones de los derechos humanos –incluso violación sexual–, a manos de los propios encargados de hacer cumplir la ley.

Las mujeres que denuncian violaciones a las autoridades pertinentes reciben muy mal apoyo de las judiciales, las cuales ignoran con frecuencia sus necesidades y temores a lo largo de toda la investigación y la vista del caso. Las víctimas y sus familias mencionaron, además, un sistema tradicional e informal de resolución de disputas según el cual la familia de una víctima de violación entra en negociaciones con la familia del agresor. Estas negociaciones tienen como propósito llegar a un acuerdo que a menudo conduce al pago de cierta forma de indemnización –en dinero o especie– a la familia de la víctima, y se llevan a cabo fuera del marco del sistema de justicia penal.

Los servicios médicos y psicosociales y de asesoramiento para víctimas de violación los proporcionan en la actualidad las ONG internacionales y nacionales; sin embargo, el nivel general de asistencia es muy bajo y no es adecuado para hacer frente al número de casos de violación y de violencia sexual que se producen en Burundi. Muchas víctimas no reciben ayuda alguna. El Estado no puede abdicar de su función como proveedor de cuidados de salud, incluido asesoramiento psicológico, para las víctimas de violación.

Las autoridades de Burundi tienen la obligación –en virtud de la normativa internacional de derechos humanos y del propio ordenamiento jurídico interno–, de tomar todas las medidas necesarias para proteger el derecho de las mujeres a la integridad física y a la seguridad, y de prevenir, investigar y castigar todas las formas de violencia contra las mujeres. Por tanto, el gobierno debe centrarse ahora en el desarrollo e implementación de un Plan de Acción Nacional estructurado y eficaz para prevenir la violencia contra las mujeres y hacer efectivo el derecho de las víctimas de violación al acceso a la justicia y los servicios de salud, particularmente mediante un número creciente de procesamientos por violación y violencia sexual que produzcan condenas.


1.1 Contexto


Tras las últimas elecciones parlamentarias celebradas en Burundi, el 29 de julio del 2005, aumentó la visibilidad de las mujeres parlamentarias, que ocuparon 37 de los 118 escaños de la Asamblea Nacional.(8) También por esas fechas se nombró a mujeres para ocupar puestos políticos importantes, como la Presidencia de la Asamblea Nacional(9) y la cartera de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional,(10) y más mujeres ocuparon otros importantes puestos ministeriales y profesionales en todas las ramas de la administración pública. El nombramiento de mujeres para estos puestos superiores de los órganos decisorios marcó una mejor integración de las mujeres en la gobernanza del país.


Este considerable aumento en el número de mujeres en altos puestos parlamentarios y otros puestos gubernamentales o de la administración pública, no ha supuesto en la práctica una mejora del estatus general de las mujeres en Burundi. Para que se produzca tal mejora –y se protejan los derechos humanos de las mujeres–, Burundi debe combatir exhaustivamente la discriminación por motivos de género en todas sus manifestaciones, lo que incluye todas las formas de violencia contra las mujeres. Por lo general las mujeres son objeto de discriminación debido a que el Estado no impugna con determinación las actitudes tradicionales conservadoras hacia los sexos y el estatus de las mujeres en la sociedad.



1.2 Metodología


La delegación de AI visitó Burundi en febrero y en septiembre del 2006, y se reunió con miembros de ACAT(11) que residen en el país.(12) Las dos organizaciones realizaron gran parte de su investigación conjunta en la comuna de Kinama y en Bujumbura. Algunas de las personas entrevistadas procedían, además, de otras provincias del país. La delegación de Amnistía Internacional y de ACAT se entrevistó con ONG de derechos humanos y organizaciones de mujeres,(13) con miembros de la magistratura y de la policía judicial,(14) y con personal de la ONU.(15)


Amnistía Internacional y ACAT ven con gran preocupación que hayan continuado los altos índices de violación y de violencia sexual desde que finalizó el conflicto civil. Entre 1993 y el 2003, la violación se usó como arma de guerra.(16) El cese formal de hostilidades no ha puesto fin a la violación, ni a otras formas de violencia sexual.


Las conclusiones de este informe se desprenden de los testimonios y relatos de mujeres violadas tanto durante el conflicto como tras el cese formal de hostilidades. Ilustra los factores sociales, culturales y jurídicos que limitan el acceso a la justicia para las víctimas de violación. Y sus recomendaciones se centran en la necesidad de reformar las actitudes y prácticas de la policía y la judicatura, para que desempeñen eficazmente sus funciones investigando las denuncias de violación, haciendo rendir cuentas ante la justicia a los responsables y proporcionando reparación a las víctimas.



1.3 Un número elevado de violaciones, tanto denunciadas como no denunciadas


Las cifras de las ONG burundesas e internacionales señalan un número alarmante de violaciones denunciadas y no denunciadas. Los niveles actuales de violencia sexual son difíciles de determinar con exactitud pues los datos sobre índices y cuadros persistentes de violencia sexual, tanto en el seno familiar como en la comunidad, son igualmente escasos. El gobierno no posee un sistema independiente de monitorización que le permita pedir responsabilidades, públicamente, a todas las partes del aparato del Estado.(17) Faltan, por tanto, estadísticas fiables y completas sobre el número de casos de violación u otras formas de violencia sexual que se denuncian. Las cifras totales de casos denunciados, procesos y condenas son escasas y poco fiables. No se dispone de datos sobre género, edad ni otros criterios clave. El Estado es el responsable de monitorizar y mantener un registro de todos los casos de violación denunciados en Burundi y, al hacerlo, de establecer la existencia de cuadros persistentes, con el fin explícito de asignar suficientes recursos y de introducir las leyes y políticas apropiadas para prevenir la violación y responder a este tipo de casos.


Las estadísticas e información proporcionadas por los medios de comunicación y las organizaciones de derechos humanos y del cuidado de la salud sólo representan, pues, a las mujeres que tuvieron acceso a centros médicos o de asistencia. Las siguientes estadísticas se han recabado a partir de los registros de diversas ONG que ofrecen servicios de salud, de asesoramiento jurídico y de asistencia psicológica a víctimas de violencia sexual:(18)

Entre el 2004 y el 2006, se denunciaron en el Centro "Seruka" de MSF 4.039(19) casos de violación: un promedio de 1.346 víctimas por año o 26 por semana.(20)

· La Liga Burundesa de Derechos Humanos ITEKA (Liga ITEKA)(21) y MSF registraron 1.791 incidentes de violación o violencia sexual en el 2005: un promedio de 34 víctimas por semana.(22)


· En el 2006, la Liga ITEKA y MSF registraron 1.930 incidentes de violación o violencia sexual: un promedio de 37 víctimas por semana.(23)


· En el 2006, la Asociación Burundesa para la Protección de los Derechos Humanos y los Detenidos (APRODH) registró 686 casos de víctimas de violación o violencia sexual: un promedio de 13 víctimas por semana.(24)


Estas estadísticas no son sino la punta del iceberg. Muchas mujeres burundesas se muestran renuentes a denunciar ellas mismas los incidentes de violación. Esta renuencia se debe a distintos factores, como el estigma, las actitudes discriminatorias y el temor a las represalias. La confianza de las mujeres víctimas en que las autoridades investigarán eficazmente sus denuncias de violación, es mínima y ello se debe en parte a la falta de diligencia que demuestran las autoridades a la hora de registrar y abordar con eficacia las denuncias de violación.


Otras veces las mujeres no denuncian el incidente porque no disponen de dinero para pagar el desplazamiento hasta un centro médico o de asistencia. Las ONG desempeñan un papel de crucial importancia registrando las declaraciones de las víctimas, proporcionándoles asesoramiento jurídico y prestándoles apoyo psicosocial. Sin embargo muchas mujeres mantienen el silencio, desconociendo a menudo la existencia de estos servicios, especialmente en las zonas rurales remotas. Para mejorar el acceso de las mujeres a la justicia es importante alentar al gobierno a que registre todas las violaciones del derecho de las mujeres a la integridad física y a la seguridad y a que proporcione a la sociedad civil burundesa e internacional informes de evaluación oficiales. Estos informes podrían servir de base para acciones futuras.


2. LAS VIOLACIONES IMPUNES DEL CONFLICTO


2.1 El conflicto


La violencia se desató en Burundi en 1993, cuando el primer presidente de etnia hutu democráticamente elegido, Melchior Ndadaye, fue asesinado por oficiales militares de etnia tutsi.(25) Tras su muerte se produjeron ataques generalizados contra la población civil tutsi a manos de hutus y, subsiguientemente, ataques de represalia contra la población hutu perpetrados por el ejército, de etnia mayoritariamente tutsi. El conflicto se prolongó y dio lugar a que todos los bandos cometieran graves violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario. El Acuerdo para la Paz y la Reconciliación en Burundi, conocido como el Acuerdo de Arusha, (26) se firmó en el 2000 entre el gobierno y todas las partes del conflicto excepto dos de los grupos armados: el Conseil national pour la défense de la démocratie-Forces pour la défense de la démocratie(CNDD-FDD, Consejo Nacional para la Defensa de la Democracia - Fuerzas para la Defensa de la Democracia) liderado por Pierre Nkurunziza, y Forces Nationales de Libération(FNL, Fuerzas Nacionales de Liberación). El CNDD-FDD firmó un acuerdo de paz con el gobierno en noviembre del 2003. (27) La Organización de las Naciones Unidas (ONU) desplegó una fuerza de mantenimiento de la paz en Burundi –la ONUB–, en junio del 2004, y entre junio y septiembre del 2005 se celebraron con éxito las elecciones que pusieron fin a la transición y llevaron al poder al partido de Pierre Nkurunziza, las CNDD-FDD. En septiembre del 2006, las FNL, el último grupo armado, firmaron un acuerdo de cesación del fuego con las autoridades burundesas. (28) Las negociaciones entre el gobierno y las FNL sobre la aplicación del cese el fuego continúan. La ONUB completó su mandato en diciembre del 2006 y sus tropas se han retirado. La ONUB fue reemplazada por la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Burundi (Bureau intégré des Nations Unies au Burundi,BINUB) y una fuerza de la Unión Africana. La BINUB tiene un mandato de 12 meses, que se inició el 1 de enero del 2007.


Se estima que unas 300.000 personas perdieron la vida entre 1993 y el 2003.(29) El conflicto produjo desplazamientos internos masivos y una ola de refugiados, principalmente a la vecina Tanzania.(30) La discriminación general que sufren las mujeres burundesas en tiempos de paz se exacerbó durante la guerra. Las mujeres sufrieron de una forma desproporcionada durante el conflicto y fueron blanco de violencia y de tratos crueles, inhumanos y degradantes. El conflicto agravó la pobreza y debilitó al Estado, incluidos sus sectores de salud y de justicia, que han padecido años de insuficiente financiación, de mala gestión y de corrupción. El acceso de mujeres y niñas a la salud, la educación y a la nutrición se erosionó igualmente a medida que las condiciones de vida de la población se deterioraban.(31)


2.2 Violaciones y otros crímenes contra las mujeres cometidos durante el conflicto


La violación y la violencia sexual fueron endémicas en el conflicto armado de Burundi y fueron cometidas por soldados del gobierno, por miembros de grupos armados y por particulares. Pese a haber sido endémicas durante la guerra, el número de estas violaciones sigue sin conocerse y apenas se ha denunciado. El número de agresores que fueron procesados es igualmente ínfimo. Las pruebas de la magnitud de las violaciones cometidas durante el conflicto demuestran que los grupos armados y las fuerzas gubernamentales utilizaron la violación deliberadamente para denigrar, humillar y sembrar el terror entre las mujeres, sus comunidades y la población civil.(32) Todas las partes del conflicto cometieron violaciones.


NSes una mujer de 70 años de edad, de la comuna de Kinama, en Bujumbura. NS contó a la delegación de Amnistía Internacional y ACAT que la violó un soldado en mayo del 2001. Contó que tres soldados se presentaron en su casa una noche y uno de ellos se la llevó haciéndola caminar bastante tiempo. La amenazó con matarla de un tiro si no se acostaba con él. El soldado la violó y se dio a la fuga al intervenir un transeúnte. Sus vecinos informaron a las autoridades, las cuales no investigaron la violación. Su historia se transmitió por radio, pero no se hizo nada para detener y procesar al responsable. NS contrajo el virus de inmunodeficiencia humana (VIH) como consecuencia de la violación, y contó que le dolía todo el cuerpo. No tenía apoyo alguno y el Estado no está haciendo nada por ella.


NS no denunció el incidente a la policía. Fueron sus vecinos los que informaron al chef de quartier(33)quien a su vez acudió a la policía. La emisora local de radio también fue informada y transmitió lo ocurrido. NS pensó que esto sería suficiente para iniciar una acción judicial y no se dio cuenta de que las autoridades esperaban que ella presentara una queja formal.


Cuando la delegación de Amnistía Internacional y ACAT le preguntó por qué no había denunciado al responsable, exclamó: "¿Denunciar? Se lo dije al chef de quartiery a la emisora de radio, ¿qué más podría haber hecho? Además, era un soldado ¿qué podría haber hecho yo contra un soldado?"


La amenaza de violación a menudo forzaba a las familias a dormir lejos de sus hogares por las noches. Ciertas categorías de mujeres eran especialmente vulnerables, por ejemplo, las que vivían solas, las viudas, las desplazadas en el interior del país y las refugiadas, así como también cualquier mujer cuando salía a buscar leña o agua.


ANes una mujer de 28 años, oriunda del distrito urbano de Bubanza, comuna de Kinama, en Bujumbura:

"En el 2003 me violaron dos soldados desconocidos que me atacaron cuando recogía leña. Me quedé embarazada pero el niño nació muerto. Me hubiera gustado tener esposo e hijos, pero ya he perdido toda esperanza. Cada vez que un hombre descubre que me han violado, me abandona."


AN contó a la delegación de Amnistía Internacional y ACAT que hubiese querido recibir tratamiento médico y denunciara al violador, pero que no sabía qué acción podía haber tomado entonces. Su madre habló con el chef de quartierel cual no hizo nada para ayudarla ni para explicarle cómo presentar una denuncia.


2.3 Impunidad para los responsables de crímenes contra la humanidad


La impunidad que disfrutan las fuerzas gubernamentales y los grupos armados por las violaciones y actos de violencia sexual que cometieron durante el conflicto ha contribuido a crear el clima actual, en el que estos tipos de crímenes quedan sin castigo. La Declaración de Nairobi sobre el derecho de las mujeres y las niñas a interponer recursos y obtener reparaciones(34) subraya esta tendencia al reconocer que "la violencia de género perpetrada durante las situaciones de conflicto es consecuencia de las desigualdades entre mujeres y hombres, niñas y niños, que antecedieron al conflicto, y que esta violencia sigue agravando la discriminación hacia las mujeres y las niñas en situaciones postconflicto". En Burundi hay indicios de que la violación y la violencia sexual siguen estando muy extendidas. Amnistía Internacional y ACAT exhortaron a las autoridades burundesas a investigar y perseguir judicialmente los casos de graves violaciones de derechos humanos, incluidos los crímenes contra la humanidad y los crímenes de guerra que se cometieron durante el conflicto.


El Consejo de Seguridad de la ONU pidió, en su Resolución 1606 de junio del 2005, que se establecieran dos mecanismos: una comisión mixta de verdad y reconciliación y un tribunal especial en la estructura judicial de Burundi, que investigara los crímenes cometidos en el país e hiciera rendir cuentas ante la justicia a los responsables. Se proponía que los mecanismos tuvieran una composición nacional e internacional. Las discusiones entre el gobierno de Burundi y la ONU continúan y no han avanzado gran cosa desde entonces, dejando sin resolver la cuestión de la inmunidad para los autores de crímenes contra el derecho internacional cometidos durante el conflicto, incluida la violación.


El establecimiento de los mecanismos estaba previsto en un principio para septiembre del 2005. Un obstáculo fundamental para decidir el marco temporal para su establecimiento parece haber sido la cuestión de la amnistía por actos de genocidio, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Otra cuestión ha sido la de la relación entre la Comisión de Verdad y Reconciliación y el Tribunal Especial. En una carta del Asesor Jurídico de la ONU al gobierno de Burundi, tras una misión oficial al país realizada en marzo del 2006, se hacía hincapié en el principio de que no debe haber inmunidad ni amnistía por actos de genocidio, crímenes contra la humanidad ni crímenes de guerra, y en la necesidad de que los dos órganos fueran neutrales e independientes.(35)


Del 5 al 10 de marzo del 2007, la ONU envió a Burundi un equipo técnico para aclarar las cuestiones pendientes relacionadas con el establecimiento de los mecanismos propuestos. Tras la reunión, las dos partes seguían sin llegar a un acuerdo sobre la cuestión de la amnistía, los vínculos entre la Comisión de Verdad y Reconciliación y el Tribunal Especial, y la independencia del ministerio público. En mayo del 2007, durante su visita a la región de los Grandes Lagos, Louise Arbour, alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, anunció que estaba previsto celebrar en julio del 2007 consultas nacionales entre el gobierno, la ONU y los grupos de la sociedad civil sobre el establecimiento de los dos mecanismos. Las consultas estarían a cargo de un pequeño grupo, integrado por miembros del gobierno de Burundi, la ONU y la sociedad civil. Louise Arbour declaró que el gobierno había dado su apoyo a la propuesta de no conceder una amnistía por los crímenes de guerra, actos de genocidio, crímenes contra la humanidad y otras graves violaciones de los derechos humanos. El gobierno de Burundi confirmó esto en una carta enviada a la ONU el 16 de mayo del 2007.


2.4 El riesgo de represalias


Las mujeres que habían sido víctimas de violación y violencia sexual durante el conflicto civil, dijeron que una de las razones por la que no denunciaron los crímenes era por temor a las represalias. Pese a un cese formal de las hostilidades, estas víctimas de violación o violencia sexual todavía temen hablar de lo sucedido, lo que presenta un reto considerable para que las ONG puedan investigar y documentar estos casos. Algunas víctimas dijeron haber recibido amenazas, contra ellas o sus familias, de los agresores o los familiares de éstos.


Una maestra de la ciudad de Gitega relató su historia a la delegación de Amnistía Internacional y ACAT:


"El 28 de diciembre de 1997 me dio el alto un soldado de las fuerzas armadas del gobierno y me llevó a un cuartel militar en Mubuga. El soldado me violó y me obligó a quedarme toda la noche. No lo denuncié porque tenía mucho miedo. Además, nadie hubiese estado dispuesto a declarar en mi favor porque en aquellos tiempos todo el mundo tenía miedo a las represalias. El mío no fue un caso aislado durante la crisis, sino práctica corriente: la gente me dijo que tuve suerte porque salí con vida. Tuve un hijo como resultado de la violación y tenemos muchos problemas."


Las amenazas de violencia y los ataques de represalia se ciernen constantemente sobre las mujeres que buscan reparación en el sistema de justicia.


IK es de Nyakabiga, Bujumbura, y acudió a la Asociación de Mujeres Juristas(36) en junio del 2005 cuando violaron a su hijita de cuatro años. Los presuntos autores del ataque habían sido detenidos y su juicio había comenzado. IK manifestó a la Asociación de Mujeres Juristas que temía por la seguridad de su hija, la suya propia y la de las personas que prestaban testimonio en el juicio. Sus temores se basaban en las amenazas verbales que había proferido la familia de los encausados durante el juicio. Según cuenta, le dijeron que algo malo podría pasarles a ella y a su hija. IK no denunció las amenazas a las autoridades por temor a que no las tomaran en serio.


Algunas mujeres declararon que retiraron sus denuncias antes del juicio o durante éste. El gobierno de Burundi debe tomar medidas para garantizar que las víctimas se sientan seguras para denunciar casos de violación y violencia sexual. Entre otras, estas medidas deben incluir una formación efectiva de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley para que investiguen concienzudamente las alegaciones de violación y violencia sexual, de forma que los derechos, la intimidad y la seguridad de víctimas y testigos se respeten y protejan. Cuando existe un riesgo razonable de que la víctima pueda ser sometida a amenazas u otros actos de violencia, el Estado tiene la obligación de protegerla.


3. LA PERSISTENCIA DE LA VIOLACIÓN EN EL SENO FAMILIAR Y EN LA COMUNIDAD


Los altos índices de violaciones y otras formas de violencia sexual anteriores al 2006 se atribuían a menudo al conflicto armado. Sin embargo, las cifras del 2006 indican que persisten en la comunidad y en el seno familiar altos índices de violación y de violencia sexual.


En Burundi, las muchachas menores de 18 años y las mujeres jóvenes de entre 18 y 30 años son las que corren mayor riesgo de violación y de violencia sexual. La mayoría de las víctimas de violación tienen entre tres y 30 años de edad.(37) En diciembre del 2006, la ONU informó de que el 60 por ciento de las violaciones denunciadas se habían cometido contra menores.(38) El 24 por ciento de las víctimas de violación son menores de 11 años. (39) En el 2006, la Liga ITEKA registró un total de 532 casos de violación y violencia sexual perpetrados contra niñas menores de 12 años.(40)



3.1 La violación en el seno familiar


Los informes de las organizaciones locales de derechos humanos indican que la violación en el seno familiar está muy extendida. Según las cifras de la Liga ITEKA, el 63,2 por ciento de las violaciones de Burundi las cometen vecinos y familiares cercanos, en otras palabras, personas a las que la víctima conoce o con las que la unen lazos familiares.(41) Las pruebas reunidas en Burundi reflejan que las mujeres tienden a no denunciar al esposo o al padre cuando su detención significaría la pérdida de la principal fuente de ingresos del hogar.



KJ es una mujer de 48 años, de Cibitoke, Bujumbura:


"El 6 de agosto del 2006 descubrí que mi esposo había violado a nuestra hija, que tenía 8 años. Él admitió que lo había hecho. Se burló de mí diciendo que como la niña era su hija, lo volvería a hacer si quería. Me quejé a la policía, pero insistieron en que les pidiera un taxi para ir a detenerlo.(42) Como no tenía dinero para el taxi, tuve que ir a ver a otro policía que me entregó una citación para mi esposo, ordenándole presentarse en la comisaría. Pero él nunca lo hizo."



3.2 La violación en la comunidad



Los grupos de mujeres más vulnerables, como las viudas, las refugiadas que regresan al país y las mujeres que viven solas, son las que corren mayor riesgo de violación.


HBhizo la siguiente declaración a la delegación de Amnistía Internacional y ACAT:


"Me violaron el 28 de agosto del 2006 cuando recogía leña cerca de mi casa de Mubone, Kabezi, Bujumbura Rural. Iba de regreso a casa cuando un hombre joven me agarró, me arrastró dentro de su casa, cerró la puerta y me violó. Yo grité pero nadie acudió en mi ayuda. El hombre me tuvo presa en su casa durante tres días. Al tercero me dijo que me marchara pero yo me negué, porque después de violada no tenía ningún sitio adonde ir. Yo tenía entonces 18 años y era huérfana. Finalmente él aceptó que me quedara. Pero a los pocos días quería echarme de su casa porque yo sangraba a causa de la violación. Entonces es cuando los vecinos intervinieron y me aconsejaron que denunciara el incidente a las autoridades."


En un entorno de discriminación general contra las mujeres, las que sobreviven la violación sufren esta discriminación en mayor grado, así como una marginación total. La actitud de la sociedad es culpar injustamente a la víctima de la violación en vez de al agresor, lo que disuade aún más a las víctimas de presentar una denuncia. Como ilustra el siguiente relato, cuando se viola a una menor, la sociedad burundesa culpa a veces a la madre.


NEes una niña de 6 años, de Cibitoke, en Bujumbura. A finales de enero del 2006 fue violada por un joven de 18 años. NE sólo le contó lo ocurrido a su madre debido al dolor físico que tenía tras la violación. La madre de la niña denunció el asunto a la policía. Sin embargo, su esposo le echó la culpa de la violación a ella. El presunto violador fue detenido el 11 de febrero del 2006, pero al no poder la madre de éste llevarle comida a la cárcel, la policía bajo cuya custodia estaba lo dejó marchar. Casos como éstos demuestran una deficiencia fundamental en la actitud de las autoridades estatales para asegurar enjuiciamientos que produzcan condenas.


Varias mujeres hablaron de sus sentimientos de vergüenza después de la violación. La actitud que impera en la sociedad burundesa es que la violación es culpa de la víctima, resultado quizá de su comportamiento o de su forma de vestir. Los testimonios recogidos por Amnistía Internacional y ACAT muestran que por lo general la víctima de violación suele ser rechazada por su comunidad y pierde considerable estatus entre sus familiares, amigos y vecinos. La gente se burla y humilla a las víctimas, y éstas suelen tener grandes dificultades para encontrar esposo o pareja. Una mujer rechazada por la comunidad suele ser expulsada del hogar y forzada a buscarse la vida. En tales casos, las mujeres disponen de pocas opciones viables para sobrevivir y pueden acabar en la indigencia.



NE, una mujer de 42 años que fue violada en agosto del 2005, contó a la delegación de Amnistía Internacional y ACAT lo siguiente:


"La violación ocurrió cuando me dirigía a Bujumbura para apelar contra un fallo judicial en un juicio entablado por mi cuñado. Él había obtenido una orden judicial para echarme de la tierra que me había dejado mi difunto esposo. Yo tenía pensado quedarme con una amiga durante la vista. Sin embargo, cuando llegué a su casa, me encontré con que no había nadie. Unos vecinos me invitaron a quedarme en la suya y yo acepté, pues no tenía donde pasar la noche. Esa noche, esos hombres me violaron.


Fui a Nturengaho, que es una organización local que proporciona apoyo y refugio a las mujeres, así como cuidados médicos. No sabía qué hacer pues no conocía la identidad de las personas que me habían atacado. Temía que si denunciaba el crimen y la comunidad se enteraba, me convertiría en una víctima de violación. También me horrorizaba que lo descubriera mi cuñado y utilizara la violación contra mí, para tratar de que esto influyera en el resultado del juicio."


Muchas víctimas de violación guardan silencio y no formulan cargos debido a lo duras que son para ellas las consecuencias de revelar la violación públicamente. El Estado no está cumpliendo su deber de tomar medidas para combatir el estigma y la discriminación que sufren las sobrevivientes de violación, y tampoco está ayudando a las víctimas individualmente. Como en Burundi las mujeres no reciben el apoyo de sus comunidades locales, muchas creen que no les conviene presentar queja formal contra los violadores y otros agresores sexuales.


Estas actitudes discriminatorias hacia las mujeres y la violencia sexual también las comparten con frecuencia otros miembros influyentes de la comunidad. Los funcionarios del gobierno local a menudo hacen caso omiso de la ley, desconocen el proceso a seguir para enjuiciar y no se sienten motivados ni para involucrarse ni para asistir a las víctimas. Estos funcionarios podrían desempeñar un papel crucial si ayudaran a asegurar que los crímenes que se cometen en su esfera de autoridad se comunican a las autoridades pertinentes y que se les da el seguimiento que corresponde. Muchas mujeres y muchachas no tienen un buen conocimiento de los procedimientos judiciales y a veces no saben qué pasos se han de dar para denunciar un crimen, para asegurar que se inicia una investigación y para ir siguiendo el progreso de su caso. Las autoridades de Burundi están abandonando a esas mujeres que esperan que se realicen investigaciones concienzudas cuando denuncian actos de violación.


Otras mujeres no denuncian la violación porque no saben que es un crimen que debe denunciarse sin más a la policía y por el que los agresores deben ser procesados.


NVes una mujer de 27 años, de Kamenge, Bujumbura. Dos hombres desconocidos la violaron a ella y a su hermana el 21 de febrero del 2006. NV contó a la delegación de Amnistía Internacional y ACAT que los dos atacantes forzaron la entrada en su casa:


"Llegaron a mi casa a la una de la madrugada. Llamaron a la puerta durante aproximadamente una hora. Al cabo de un rato, forzaron la entrada. Nos golpearon y después nos violaron. Nos pusieron trapos en la boca para que no pudiéramos gritar."


Cuando NV se reunió con la delegación de Amnistía Internacional y ACAT, dijo que no sabían dónde presentar cargos contra los atacantes, ni cómo hacerlo. No habían oído hablar de los servicios que proporciona MSF. Así que no le habían contado nada a nadie.



Muchas mujeres de Burundi no saben que la violación debe tener consecuencias legales y no la denuncian porque no consideran a la policía ni a la judicatura como responsables principales de tales investigaciones y enjuiciamientos. Algunas mujeres entrevistadas sabían que la violación es un crimen por el que el autor puede ser procesado, pero se mostraban escépticas sobre sus posibilidades de éxito en un procesamiento. Además, las mujeres suelen conocer a los agresores, los cuales continúan viviendo en sus comunidades o familias. La amenaza de ataques físicos e intimidaciones contra la víctima o su familia también contribuye a que las mujeres se muestren renuentes a denunciar estos crímenes. El Estado tiene la obligación de tomar medidas concretas y específicamente dirigidas para mejorar la denuncia y la investigación de los casos de violación. La incapacidad de los funcionarios del Estado para impedir la comisión de estos crímenes no hace sino agravarse con los obstáculos que se levantan contra las pocas víctimas que se atreven a denunciarlos. Las desalientan las actitudes discriminatorias generalizadas y la falta de voluntad para crear un entorno social en el que las víctimas de violación reciban un apoyo y protección adecuados.


3.3 La práctica del "arreglo amistoso"


Amnistía Internacional y ACAT comprobaron que en Burundi algunas personas prefieren usar un sistema tradicional e informal de resolución de disputas, en el que la víctima o su familia negocia con el agresor o con la familia de éste. Estas negociaciones tienen como propósito alcanzar un acuerdo que a menudo se traduce en el pago de cierta forma de indemnización –en dinero o en especie– a la familia de la víctima. Las negociaciones se llevan a cabo fuera del marco del sistema de justicia penal.


Otras veces, la víctima o sus familiares pueden acordar que contraiga matrimonio con el agresor para proporcionarle así a ella tanto apoyo social como económico. Sin embargo, Amnistía Internacional y ACAT consideran que esta práctica implica aprobar la violación y otras formas de violencia sexual, y que no constituye una alternativa aceptable al derecho de las mujeres víctimas de violación a obtener reparación. Según se informó a la delegación de Amnistía Internacional y ACAT, estos arreglos son comunes cuando la víctima es huérfana y está al cuidado de familiares lejanos, y por lo tanto no cuenta con un gran apoyo de su familia, o cuando el agresor pertenece a la propia familia de la víctima. En estos casos, la víctima apenas tiene poder social o de negociación. Sus opiniones o sentimientos no parecen tenerse en cuenta.


KJes una niña de 14 años que presuntamente fue violada por un soldado en su propia casa, ubicada en la collinede Murambi, Kibago, en junio del 2004. El padre de la niña vio al violador y lo persiguió. Lo persiguió hasta su casa, donde los dos hombres negociaron un "arreglo amistoso". El violador aceptó contraer matrimonio con KJ y mantenerla.


Las carencias del sistema de justicia penal para resolver satisfactoriamente los casos de violación explican en parte por qué las víctimas de violencia sexual tienen que negociar acuerdos con sus agresores. Según pudieron comprobar Amnistía Internacional y ACAT, el acuerdo entre el agresor y la víctima puede tomar muchas formas, entre otras, el pago de una suma en efectivo, el pago de los gastos escolares de la víctima, o la provisión de ropa para la familia de la víctima. Los familiares de la víctima tienen un papel destacado en las negociaciones, mientras que a la víctima se la margina en todo el proceso. Hasta las personas que ayudan a mediar entre el agresor y la familia de la víctima reciben pago:


NR, de Kamenge, Bujumbura, contó a la delegación de Amnistía Internacional y ACAT que un tendero de su distrito había violado a una niña de 13 años. El tendero pagó 50.000 francos burundeses (unos 45 dólares estadounidenses) a la madre de la víctima para que retirara los cargos en su contra. También dio dos cajones de cerveza a las personas que ayudaron a mediar entre él y la madre de la víctima.


Según los términos de un "arreglo amistoso", la familia de la víctima puede concertar el matrimonio entre la víctima y el agresor. La edad mínima para contraer matrimonio es de 18 años en el caso de las mujeres.(43) A veces incluso niñas menores de 16 años que han sido víctimas de violencia sexual son obligadas a contraer matrimonio con el agresor. Esta práctica la impulsa en parte la creencia, sumamente extendida, de que una vez violadas las niñas o mujeres tienen pocas probabilidades de contraer matrimonio, de hallar seguridad y, por tanto, de salir de la familia.


Las víctimas de violación tienen muy pocas probabilidades de encontrar pareja o esposo si su comunidad sabe lo que les ha ocurrido. Algunas víctimas de violación creen que si se casan con el agresor sufrirán menor estigma social y ganarán aceptación social y seguridad económica. Amnistía Internacional y ACAT consideran que los "arreglos amistosos" no ofrecen a las mujeres víctimas de violación libertad de elección. En tales casos, como en el que se ilustra seguidamente, la pobreza y la falta de oportunidades obligan a las mujeres víctimas de violación a aceptar un "arreglo amistoso".


FKtenía 17 años cuando la violó un vecino. Como era huérfana, vivía con su abuela en Buyenzi. El vecino era mucho más viejo que ella y ya estaba casado, pero le prometió a la abuela de FK que se casaría con ésta. FK fue a vivir a casa del agresor, pero se marchó al poco tiempo cuando descubrió que ya estaba casado. Cuando regresó con su abuela ésta la echó de casa. El chef de zoneintervino y le dijo al violador que tenía que encontrar otra casa para FK y vivir con ella a la vez que seguía casado con su esposa.


Estos acuerdos entre el agresor y la familia de la víctima no tienen en cuenta que la víctima no desea casarse con el agresor y, por tanto, constituyen matrimonio forzado. Incluso cuando la víctima parece dispuesta a contraer matrimonio con su agresor, es una decisión que a menudo se debe a la necesidad, más que a elección propia. En sus Observaciones finales al informe inicial de Burundi, presentado en noviembre del 2006,(44) el Comité de la ONU contra la Tortura manifestaba su preocupación por "la resolución extrajudicial o amistosa de los casos de violación e incluso por parte de las autoridades administrativas, en particular las prácticas como el matrimonio entre el violador y la víctima", y recomendaba que el Estado resolviera la cuestión de la impunidad para los crímenes de violación, a fin de eliminar esta práctica.


El matrimonio en tales circunstancias constituye una violación de los derechos de las mujeres y las expone a la continuación del abuso inicial. El hecho de que un matrimonio acordado "amistosamente" entre la familia de la víctima y el agresor se considere ventajoso, demuestra claramente hasta qué punto incumple el Estado su obligación hacia las víctimas de la violencia de género, privándolas de acceso a la justicia y abandonándolas a su suerte, para afrontar solas el estigma de víctima de violación.


No obstante, el fiscal de Bujumbura declaró a la delegación de Amnistía Internacional y ACAT que este tipo de "arreglo amistoso" no puede hacerse después de presentada queja formal a las autoridades.(45) Sin embargo un alto cargo policial confirmó que "para las niñas de 14 a 15 años, los padres a menudo hacen estos arreglos [con el agresor] y a veces tenemos que aceptar que ésa es su voluntad". Esta declaración revela un reconocimiento y aceptación tácita del sistema de "arreglos amistosos" por parte de las autoridades.


Las autoridades burundesas tienen el deber de eliminar esta práctica. Los "arreglos amistosos" no constituyen un remedio efectivo para las violaciones de los derechos humanos como requiere el derecho internacional, ni proporcionan adecuado resarcimiento a las víctimas. Si las autoridades actúan en connivencia o dan su aprobación a "arreglos amistosos" que conducen a matrimonios forzados, sus acciones pueden en ciertas circunstancias constituir aprobación de la tortura. El gobierno de Burundi debe cumplir su deber de respetar, proteger y hacer efectivos los derechos humanos de las mujeres víctimas de violación.



4. LA RESPUESTA DEL ESTADO

4.1 La policía judicial no investiga a fondo ni eficazmente los casos de violación


La responsabilidad de investigar las infracciones, incluidos los crímenes sexuales, recae en la policía judicial,(46) la cual está facultada para detener y encarcelar a los sospechosos,(47) iniciar investigaciones(48) y tomar declaración jurada a los testigos.(49) La policía judicial forma parte del ministerio público y tiene oficina en cada comuna.(50) Sus miembros son, no obstante, objeto de duras críticas: se les critica especialmente que no velen por que las alegaciones de violación y violencia sexual se investiguen a fondo y pueda enjuiciarse con éxito a los responsables.

Cuando reciben una denuncia de violación, los policías judiciales tienen obligación de abrir expediente, tomar declaración a la víctima y a los testigos, y recabar pruebas.(51) El Código de Procedimiento Penal confiere asimismo a la policía judicial poderes especiales para realizar investigaciones de crímenes y delitos no resueltos. Una vez reunidas las pruebas del delito, han de remitir el expediente al fiscal.(52)

Cuando una víctima de violación decide presentar una queja, suele denunciar el crimen a la administración local de la comuna,(53)que está integrada por personal administrativo civil y otros responsables de hacer cumplir la ley, los cuales deberían aconsejar a la víctima que denuncie lo ocurrido a la policía judicial. Sin embargo, en la mayoría de los casos no lo hacen. Las mujeres que desearían denunciar el crimen, pero que desconocen por completo el sistema judicial, nunca llegan siquiera a tener oportunidad de hacerlo.


4.2 La actitud discriminatoria de los encargados de hacer cumplir la ley


La gran mayoría de los policías judiciales que reciben y transcriben las alegaciones de violación son hombres que no han recibido la formación en cuestiones de género que les permitiría tratar adecuadamente las denuncias de violación o violencia sexual. Las mujeres comentaban que esta carencia de las autoridades burundesas contribuye a que persista la renuencia de muchas mujeres víctimas a presentar queja formal a la policía. Un oficial de alto rango de la policía de Burundi manifestó, en una entrevista mantenida con la delegación de Amnistía Internacional y ACAT, que los policías del país estaban influidos por "la cultura burundesa". Lo que da a entender que la cultura patriarcal dominante en la sociedad burundesa sirve de justificación suficientemente poderosa para la inacción.


El número de hombres y mujeres policías es también digno de mención, por lo desproprocionado.(54) La percepción de la policía que tenían las mujeres era de insensible e indiferente. Esta actitud insensible de la policía es una de las causas directas de que el agresor escape al enjuiciamiento. También se alegaba que en la administración local algunos funcionarios eran cómplices en la violación y la violencia sexual pues la toleraban, o no denunciaban la violencia contra las mujeres en sus comunidades, además de no denunciar a los agresores a las autoridades, como ilustra el siguiente caso:


UJes una muchacha de 18 años, de Ruziba, Kanyosha, en Bujumbura. El 25 de julio del 2006 la violó un hombre que vivía en su comunidad y al que conocía bien.


La había invitado a su casa como hacía a menudo, pues se conocían. En esta ocasión, sin embargo, cerró la puerta con llave después de entrar ella y empezó a amenazarla. UJ vio que había dos hombres más en la habitación y se dio cuenta de que era una trampa y trató de pedir ayuda. Algunos vecinos acudieron, pero no pudieron entrar. El chef de quartieracudió también pero hizo marchar a los vecinos diciéndoles que UJ era la esposa del agresor.


El hombre que la invitó a su casa la violó y retuvo a UJ toda la noche. Fue un soldado, amigo de sus padres, quien vino a socorrerla y a detener al violador. No se tiene información sobre éste último a partir de ese momento.


En este caso, el chef de quartierincumplió de dos maneras su deber de prevenir la violencia contra las mujeres. Al decir que UJ era la esposa del agresor y que nadie debía intervenir, reforzó la idea de que la comunidad y el Estado deben tolerar la violencia contra las mujeres cuando se produce en el hogar; y también incumplió su deber cuando no prestó asistencia a una mujer en peligro de sufrir una agresión, ni impidió que ésta ocurriera. Según dijeron a Amnistía Internacional y ACAT algunas fuentes, sospechaban que el chef de quartieractuó de esta manera porque conocía a los violadores y deseaba protegerlos.


UJ pidió al policía judicial que se ocupaba del caso que detuviera a los cómplices, pero éste se negó. También se negó a aceptar el certificado médico que ella había obtenido de MSF y exigió un certificado expedido por otro médico. Una delegación compuesta de activistas locales de los derechos humanos, miembros de ACAT y de la Asociación de Mujeres Juristas de Burundi, visitaron al policía judicial a cargo del caso para pedirle que explicara esta decisión. Él manifestó que era necesario que UJ fuera examinada por un especialista para poder obtener los resultados más fiables posibles. Añadió que todavía estaban buscando a los cómplices de la violación.


Cuando las ONG interrogaron al chef de quartiersobre el papel que había desempeñado en el caso, él mantuvo que estaba fuera de la casa cuando tuvo lugar la agresión pero que sabía que la víctima ya estaba encerrada en el interior cuando él llegó. Justificó su inacción alegando que había oscurecido y que intervenir podría haber sido peligroso.


La indiferencia erigida en cultura de que hacen gala los encargados de hacer cumplir la ley agrava el problema. Las autoridades invocan pretextos nimios cuando tratan de justificar ante las ONG locales su falta de acción para procesar a los responsables de actos de violencia contra las mujeres. Según se ha informado a Amnistía Internacional y a ACAT, la policía suele achacar la culpa de la violación a la víctima bien por su comportamiento hacia el agresor o bien por la forma en que iba vestida en el momento de la agresión. En tales casos, las alegaciones legítimas de violación no se toman en serio pues, al entender de la policía, la mujer bien ha consentido o bien tiene su parte de responsabilidad. Las víctimas adultas declaran a menudo que la reacción de la policía cuando comunicaron la violación o la violencia sexual fue de indiferencia. Los responsables de la aplicación de la ley con frecuencia no toman ninguna acción, e incluso desalientan a las víctimas de recurrir a la justicia.


Las organizaciones de derechos humanos han manifestado también que los policías suelen citar diversidad de razones para justificar el bajo número de procesamientos, entre ellas: la falta de recursos y de personal, la práctica del "arreglo amistoso", el bajo número de quejas formales que presentan las víctimas de violación, la considerable proporción de casos en los que las víctimas retiran los cargos después de que se haya remitido el expediente del caso al ministerio público, y la falta de declaraciones de testigos que respalden los cargos.

Cierto es que a la hora de investigar las alegaciones de violación y procesar a los responsables la respuesta policial se ve muy afectada por la falta de recursos. Uno de los problemas más comunes es la falta de medios de transporte que permitan a los policías desempeñar sus funciones, como acudir al lugar de los hechos y detener a los presuntos responsables. La policía ha llegado a pedir a algunas víctimas que entregaran ellas mismas la citación al autor del crimen. Este tipo de conducta por parte de los responsables de hacer cumplir la ley es inexcusable, pues es en el Estado en quien recae directamente la responsabilidad de asegurar la aprehensión de los responsables de un crimen y la protección de las víctimas. Otro de los problemas clave es la falta de instalaciones apropiadas en las comisarías de policía para entrevistar debidamente a las víctimas. La policía cita la falta de recursos como el principal obstáculo para mejorar su respuesta. Sin embargo, aunque el apoyo económico del gobierno es sin duda importante, debe ir acompañado de una formación sistemática y de la revisión de las prácticas profesionales de forma que se aumente la capacidad de la policía para investigar los casos de violación y tratar de la forma apropiada a las víctimas.


4.3 La función de los certificados médicos


Durante las entrevistas mantenidas con agentes de policía sobre la admisibilidad de las pruebas, la delegación de Amnistía Internacional y de ACAT pudo constatar el gran hincapié que se hacía en los certificados médicos. Esto se debe a que los certificados suelen ofrecer la prueba más importante y decisiva en la que apoyar el enjuiciamiento cuando se han recabado pocas o ninguna otra prueba. En cuanto a la investigación de la violación, es frecuente que la policía judicial no visite el lugar de los hechos ni recoja pruebas materiales de crucial importancia durante sus investigaciones.(55) Algunos policías judiciales han defendido esta práctica en las entrevistas que concedieron a la organización. Uno, en particular, manifestó: "No puede hacerse nada sin que un experto médico haya demostrado que la violación ocurrió." Sin embargo, en derecho (si no en la práctica), el Código Penal de Burundi no especifica en ninguna parte que la calificación de violación dependa de la producción de un certificado médico.


Los certificados médicos pueden establecer que ha habido relación sexual y si hay señales –como lesiones o heridas– que indiquen que se ha utilizado fuerza. Sin embargo, no pueden jamás establecer definitivamente que ha ocurrido una violación, especialmente si el examen médico se realiza días o semanas después de ocurridos los hechos.


Los policías judiciales piden a veces a las víctimas que obtengan un certificado del médico que ellos designan, declarando que los tribunales sólo admiten como pruebas esos certificados. Peor aún, las consultas con ciertos médicos designados por la policía judicial requieren a veces que la víctima pague el costo del examen. Algunas víctimas han declarado que las obligaron a obtener un segundo certificado médico, incluida consulta con otro médico, que llevó tiempo concertar, con lo que las pruebas médicas que podrían indicar que había habido violación, resultaban entonces menos claras.


Amnistía Internacional y ACAT estiman que el éxito de un procesamiento en caso de violación no debería hacerse depender hasta tal punto de la existencia de un certificado médico. La policía judicial debe buscar activamente otros tipos de pruebas, así como considerar la aplicación de otros métodos para recabarlas. En particular, los policías judiciales deben respetar el Código de Procedimiento Penal aceptando todas y cada una de las pruebas reunidas en el curso de la investigación. Ejemplos de ello serían los testimonios de testigos y las pruebas físicas de violencia, como ropas desgarradas, huellas dactilares o los informes de exámenes psicológicos. El gobierno debe proporcionar formación a todos los responsables de la aplicación de la ley sobre la forma de documentar e investigar los casos de violación y otras formas de violencia sexual. Los policías deben asimismo aceptar los certificados médicos expedidos por todos los profesionales médicos competentes y experimentados.


4.4 La reacción del Estado ante las carencias de los encargados de hacer cumplir la ley


El comisario de la policía judicial de Bujumbura Mairie confirmó que el bajo nivel de procesamientos se debe en parte a la reticencia de las mujeres a presentar denuncia:


"Como ocurre con otros crímenes, sabemos que hay muchos casos de violencia sexual que quedan impunes. ¿Qué podemos hacer si las víctimas no presentan queja? Algunos casos no se conocen porque las disputas se resuelven en la propia comunidad. Otros ni siquiera llegan a conocimiento de la policía."

Un miembro de la Policía de Menores y de Protección de la Moralidad declaró que los familiares se niegan a menudo a presentar denuncia incluso cuando violan a una niña, dando lugar a la puesta en libertad del presunto violador:

"Cuando se trata de violación de menores, sí suelen denunciarlo, pero a veces no prosiguen con el caso."


El actual gobierno de Burundi ha indicado que le preocupan los altos índices de violaciones, denunciadas y no denunciadas, que se cometen en el país. Al escribir este informe, las autoridades burundesas habían completado, con la asistencia de la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Burundi (BINUB), la primera fase de consulta y planificación para establecer una unidad especializada dentro de la policía que se ocupe de los casos de violencia sexual y relacionados con el género. En octubre del 2006 se celebró un taller para policías burundeses en los locales de la ONUB, en colaboración con la ONU. Los participantes en el taller acordaron el establecimiento de una unidad especializada y propusieron un modelo para su funcionamiento. Los participantes recomendaron encarecidamente lo siguiente: crear una unidad especial que se encargue de la violencia sexual y relacionada con el género; establecer esta unidad especial en cada una de las 17 provincias del país; reclutar a más mujeres policías; reforzar los medios a disposición de los agentes de policía; lanzar una campaña de sensibilización de la opinión pública sobre la violencia sexual y relacionada con el género, y crear un comité interministerial. Las discusiones entre la policía nacional de Burundi, las autoridades y la ONU se centraron principalmente en la organización de esta unidad especial y en su modo de funcionamiento. Las autoridades burundesas ya han aceptado el establecimiento de la unidad especializada, pero el gobierno todavía tiene que presentar su plan de financiación a la BINUB para poder empezar el reclutamiento y la formación de los policías que integrarán estas unidades. Amnistía Internacional y ACATacogen con satisfacción estas medidas y alientan a ambas partes a hacer cuanto puedan para que se completen satisfactoriamente.


Las mujeres seguirán mostrándose reacias a presentar denuncias formales a la policía a menos que las investigaciones policiales mejoren y produzcan esas condenas que de momento faltan casi por completo. La desconfianza en la policía no ha hecho sino agravarse al saberse que la recientemente establecida y reestructurada fuerza policial burundesa ha cometido violaciones de los derechos humanos, incluidas violaciones y actos de violencia sexual. El 5,8 por ciento de las violaciones registradas por APRODH en el 2006 fueron cometidas por soldados o agentes responsables de la aplicación de la ley.(56) Según la información de la ONU, ocho mujeres fueron al parecer violadas por varios agentes de policía en la comuna de Nyarusange (provincia de Gitega) entre abril y mayo del 2006.(57)



4.5 La función del fiscal


El conflicto armado, la corrupción y las injerencias políticas han debilitado de tal forma el sistema judicial y los órganos encargados de la aplicación de la ley, que es preciso reformarlos.(58) El sistema judicial de Burundi está falto de recursos humanos, económicos y materiales, tan básicos incluso como papel, muebles y equipo de oficina. El personal judicial y el responsable de la aplicación de la ley tienen una formación muy deficiente. Las ONG locales de derechos humanos han señalado la falta de motivación de fiscales y jueces y la indiferencia con que reciben los informes de incidentes de violación y de violencia sexual insuficientemente investigados por la policía judicial. Ciertos casos no se instruyen debidamente, y no se imponen las penas apropiadas.


El fiscal supervisa el ministerio público, que incluye a la policía judicial. La función del fiscal es estudiar el expediente preparado por la policía judicial, expediente que incluirá información sobre los cargos imputables y sobre el delito. El fiscal es quien decide si se acusa formalmente al sospechoso y se remite el caso a un tribunal de justicia, o si se abandona la investigación. El fiscal también toma entonces la decisión de poner o no al acusado en detención preventiva. El tribunal estudia la legalidad de la decisión del fiscal y decide si la confirma o la rechaza.


El fiscal es quien debe iniciar la acción judicial ("action publique")(59) al recibir información confiable de que se ha cometido una violación. El Código de Organización y Competencia Judicial dispone que la decisión inicial le corresponde a él. Una vez iniciado el proceso ante un tribunal, la víctima puede constituirse como parte demandante en él para pedir daños y perjuicios, y ello se hace por medio de una declaración al efecto, bien al actuario del tribunal o bien en la sala, en cualquier momento desde el comienzo de la vista hasta la finalización del procedimiento.(60) En el sistema actual, el fiscal no informa a las víctimas de violación sobre cómo va progresando el caso, sino que son ellas las que deben ir siguiéndolo, lo que supone una carga agotadora. Las ONG proporcionan asistencia a las víctimas acompañándolas a las oficinas del ministerio público.

El sistema actual no ayuda a las víctimas cuando denuncian una violación y desean que se procese a los responsables. En primer lugar, el sistema judicial actual no asiste a las mujeres víctimas de violación que temen testificar en público: no se proporciona a la víctima la opción de presentar su testimonio en privado.(61) Según las organizaciones locales de derechos humanos, el ministerio público no parece muy motivado para asegurar procesamientos justos y a conciencia. Según otros informes, los jueces tienen una actitud discriminatoria hacia las víctimas, lo cual, inevitablemente, influye en el resultado del procedimiento judicial.


Una de las razones que empujan a algunas mujeres a denunciar la violación a la policía judicial es la esperanza de que el juez que entienda en la causa ordene el pago de una indemnización. Sin embargo, muchas víctimas no entablan al mismo tiempo una demanda por conocer mal el procedimiento judicial. Una vez que se presenta una demanda, el juez tiene la responsabilidad de ordenar el pago de daños y perjuicios a la víctima, y de asegurarse que se cubren las costas del juicio.(62) Según las ONG locales de derechos humanos, los jueces no conceden a veces una reparación suficiente, especialmente si la demandante está ausente. Las ONG también han documentado casos en los que la reparación ordenada por el juez fue inadecuada. En otras ocasiones, las costas judiciales para las víctimas que entablan juicio son muy altas, pues incluso cuando el tribunal declara culpable al encausado y ordena que pague daños y perjuicios a la víctima, el condenado con frecuencia simplemente no posee medios suficientes para pagar las costas del juicio o la reparación a la víctima.


4.6 La función de las organizaciones no gubernamentales en la provisión de asistencia a las víctimas de violación

En cuestión de protección de las mujeres frente a la violencia sexual y su acceso a la justicia, las ONG desempeñan una función de vital importancia, particularmente en lo que se refiere a informar y apoyar a las víctimas de violación y de otras formas de violencia sexual para romper los tabúes que rodean este tipo de violencia. Las ONG han desempeñado un papel decisivo en la provisión de asistencia médica, psicológica y jurídica a las víctimas, y están demostrando ser indispensables en la lucha contra la violación y la violencia sexual.


En primer lugar, las ONG proporcionan asistencia médica a las víctimas, y su personal las acompaña a los hospitales y centros médicos especializados, particularmente al Centro "Seruka" de MSF. Las ONG proporcionan también alojamiento para víctimas de violación y muchas disponen de pensiones en las que mujeres y muchachas pueden recuperarse del horror físico y psicológico que han sufrido. Ciertas ONG, además, se encargan de pagar todas las facturas médicas y de comprar medicinas para las víctimas. Las ONG cubren también los gastos de desplazamiento de las víctimas que tienen que acudir a la ONG o a la policía para denunciar una violación.



En segundo lugar, las ONG proporcionan a las mujeres ayuda psicológica. Las víctimas de violación son bien acogidas en los centros, y allí se las escucha debidamente. Las ONG proporcionan asesoramiento psicológico para ayudar a las víctimas a recuperarse de la terrible experiencia. Las ONG asesoran a las mujeres sobre cómo ir siguiendo el progreso de sus casos y las acompañan a las oficinas del fiscal. También asisten a veces al juicio para ayudarlas. Y, finalmente, cubren los gastos de alojamiento y de transporte de la víctima para asegurar que el proceso sigue adelante.

El creciente número de víctimas que busca el asesoramiento y apoyo de las ONG burundesas supone un progreso tangible. Sin embargo, la capacidad de las ONG para proporcionar asistencia y apoyo a personas de cualquier parte del país es muy limitada. Las ONG no pueden, por lo tanto, monitorizar y proporcionar apoyo económico y logístico a la inmensa mayoría de las víctimas. Estos servicios debe proporcionarlos el gobierno, con el apoyo de la comunidad internacional.



5. LA PROTECCIÓN JURÍDICA DE LAS VÍCTIMAS DE VIOLACIÓN EN EL PLANO INTERNACIONAL Y NACIONAL



5.1 El marco jurídico internacional


5.1.1 Las normas internacionales de derechos humanos en materia de violencia sexual


El derecho internacional sobre derechos humanos impone a los Estados la obligación de respetar, proteger y promover los derechos humanos de las mujeres, y pueden pedirse responsabilidades a aquéllos que no la cumplen. Las obligaciones de los Estados abarcan tanto la de garantizar que sus propios agentes no cometen actos de violencia de género como la de implementar medidas positivas y eficaces para prevenir, investigar, prohibir y castigar los actos de violencia sexual contra las mujeres y garantizar reparación a las víctimas de estos actos, tanto si el agresor es un agente del Estado como si se trata de un particular. (63)


El Estado tiene, por lo tanto, el deber de promulgar leyes, adoptar políticas e implementar prácticas que protejan a las víctimas de la violencia sexual, de proporcionar a éstas los recursos apropiados, y de llevar a los responsables ante la justicia.


Burundi ratificó la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) el 8 de enero de 1992, y firmó su Protocolo Facultativo el 13 de noviembre del 2001. El Comité de la CEDAW, que vigila la aplicación de la Convención por los Estados Partes, emitió en 1992 su Recomendación General Núm. 19, en la que hace hincapié en el papel del Estado para prevenir la violencia contra las mujeres y procesar a los responsables, exhortándolos, particularmente, a que "[...] adopten medidas apropiadas y eficaces para combatir los actos públicos o privados de violencia por razones de sexo" y a que "velen por que las leyes contra la violencia y los malos tratos en la familia, la violación, los ataques sexuales y otro tipo de violencia contra la mujer protejan de manera adecuada a todas las mujeres y respeten su integridad y su dignidad."


El principio de "diligencia debida" determina el nivel de esfuerzo que se requiere emplee un Estado para dar cumplimiento a su responsabilidad de proteger al individuo frente al abuso de sus derechos por agentes no estatales.(64) De nuevo según la Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer, los Estados deben: "Proceder con la debida diligencia a fin de prevenir, investigar y, conforme a la legislación nacional, castigar todo acto de violencia contra la mujer, ya se trate de actos perpetrados por el Estado o por particulares". (65)


La diligencia debida exige que el Estado adopte toda una serie de medidas adicionales a las legislativas para abordar la violencia de género, como la formación de los agentes del Estado y la adopción de políticas y mecanismos prácticos para proteger los derechos de las mujeres. Los Estados deben también asegurar que las mujeres que han sufrido cualquier forma de violencia de género tienen acceso a los mecanismos jurídicos relevantes, y que éstos son los más apropiados para responder a las necesidades de las propias víctimas.


El artículo 4 del Protocolo a la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos relativo a los derechos de la mujer en África, instrumento que Burundi firmó el 3 de diciembre del 2003, también dispone que: "Toda mujer tendrá derecho a que se respete su vida, su integridad física y la seguridad de su persona. Todas las formas de explotación, de castigo y de trato cruel, inhumano y degradante deben estar prohibidas" y exige a los Estados que tomen medidas para prohibir, prevenir y castigar "todas las formas de violencia contra las mujeres, incluidas las relaciones sexuales forzadas o no deseadas, hayan tenido lugar en público o en privado". Conforme al derecho de los tratados, las autoridades burundesas no deben hacer nada que sea contrario a los objetivos y al fin que persigue el Protocolo, aunque no hayan ratificado éste. Amnistía Internacional y ACAT exhortan encarecidamente a las autoridades burundesas a ratificar el Protocolo sin más dilación.


La Convención sobre los Derechos del Niño, que Burundi ratificó el 19 de octubre de 1990, también obliga a los Estados Partes a proteger a las personas menores de 18 años adoptando "todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual". Burundi es también Estado Parte en la Carta Africana sobre los Derechos y el Bienestar del Niño, instrumento que en su artículo 16.1 obliga a los Estados a tomar medidas "para proteger al menor contra toda forma de tortura, de trato inhumano y degradante y, en particular, contra toda forma de daño o abuso físico o mental, de trato negligente o de malos tratos, incluidos los abusos sexuales, cuando se encuentre bajo la custodia de uno de sus padres, de un guardián legal o de una autoridad escolar, o de cualquier otra persona que tenga custodia del menor".


5.1.2 El derecho internacional humanitario en materia de violencia sexual


En virtud del derecho internacional humanitario aplicable en casos de conflicto armado, todas las partes han de rendir cuentas de todo acto que sea contrario al derecho de los tratados o al derecho consuetudinario. La violación y otras formas de abuso sexual están prohibidas por el artículo 3 común a los cuatro Convenios de Ginebra, aplicable a los conflictos armados sin carácter internacional: "A este respecto, se prohíben, en cualquier tiempo y lugar, [...]: a) los atentados contra la vida y la integridad corporal, especialmente el homicidio en todas sus formas, las mutilaciones, los tratos crueles, la tortura y los suplicios; [...] c) los atentados contra la dignidad personal, especialmente los tratos humillantes y degradantes; [...]". El artículo 4 del Protocolo adicional II –en el que Burundi es Estado Parte y que es aplicable a los conflictos sin carácter internacional–, prohíbe "los atentados contra la vida, la salud y la integridad física o mental de las personas, en particular el homicidio y los tratos crueles tales como la tortura y las mutilaciones o toda forma de pena corporal; los castigos colectivos; la toma de rehenes; los actos de terrorismo; los atentados contra la dignidad personal, en especial los tratos humillantes y degradantes, la violación, la prostitución forzada y cualquier forma de atentado al pudor; la esclavitud y la trata de esclavos en todas sus formas; el pillaje; [y] las amenazas de realizar los actos mencionados".


5.1.3 El derecho penal internacional en materia de violencia sexual


Ciertos tipos de violencia contra mujeres y niñas puede calificarse como actos de genocidio, crímenes contra la humanidad o crímenes de guerra, que el derecho penal internacional reconoce como los crímenes más graves.


El Estatuto de la Corte Penal Internacional (Estatuto de Roma) ha tratado de garantizar el acceso a la justicia para las mujeres que son víctimas de crímenes contra el derecho internacional. Burundi ha ratificado el Estatuto de Roma.

Las siguientes infracciones figuran entre las que el artículo 7.1.g del Estatuto de Roma clasifica como crímenes contra la humanidad: la violación, la esclavitud sexual, la prostitución forzada, la esterilización forzada, o cualquier otra forma de violencia sexual de gravedad comparable. Este mismo artículo reconoce también expresamente que la esclavitud incluye el tráfico de mujeres. El artículo 7.1.h dispone que la persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos de género en conexión con cualquier crimen de la competencia de la Corte, constituye un crimen contra la humanidad.

Lo que es más, el derecho internacional considera que la violación es constitutiva de tortura cuando la perpetran agentes del Estado. Burundi, habiendo ratificado el 18 de febrero de 1993 la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, ha contraído la obligación de tipificar la tortura como delito y de investigar y procesar a los responsables de actos de tortura y otras penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. También pueden pedirse responsabilidades a Burundi por los actos de violación perpetrados por particulares si el Estado no ha ejercido la diligencia debida para prevenir el crimen, castigar al autor o proporcionar reparación a la víctima.

5.2 El ordenamiento jurídico nacional



El artículo 385 del Código Penal de Burundi prohíbe la violación. Toda persona declarada culpable de violación, ya sea por medios violentos, amenazas, decepción o abuso de una persona que no está en plena posesión de sus facultades debido a enfermedad o a cualquier otra causa, puede ser condenada a una pena de prisión de entre 5 y 20 años. En caso de muerte de la víctima, el perpetrador se enfrenta a una pena de cadena perpetua o de muerte. Todo atentado contra el pudor de una persona menor de 18 años es punible con una condena de prisión de entre 5 y 15 años, y de seis meses a cinco años si la víctima es adulta. Si en la comisión del acto impúdico contra una persona menor se ha hecho uso de violencia, la pena aumenta hasta un máximo de 20 años. Las penas mínimas pueden doblarse en ciertas circunstancias, por ejemplo, si el autor disfrutaba de una posición de autoridad sobre la víctima, si el crimen ha sido cometido por más de una persona, o si ha dado lugar a problemas médicos graves.


Durante la preparación de este informe, la Asamblea Nacional de Burundi estaba examinando una revisión del Código Penal. Amnistía Internacional y ACAT desconocen cuando está previsto promulgar el nuevo Código. Según ciertas fuentes, el texto propone disposiciones nuevas para la protección de las mujeres frente a la violencia sexual. En noviembre del 2006 se presentó a la sociedad civil un borrador del texto y en febrero de este año se remitió una versión revisada a la Asamblea General.


La versión inicial del proyecto de Código Penal presentado a la sociedad civil incluía entre los crímenes contra la humanidad (artículo 194) "la violación, la esclavitud sexual, la prostitución forzada, el embarazo forzado, la esterilización forzada o cualquier otra forma de violencia sexual de gravedad comparable", conforme a las disposiciones del Estatuto de Roma. El artículo 545 del proyecto de Código Penal también incluye la violación como un delito separado que define como "cualquier acto de penetración sexual, de la naturaleza que sea y por cualquier medio que se realice, cometido contra otra persona utilizando violencia, coacción, amenaza o sorpresa" y le asigna una pena de prisión de entre 5 y 10 años. Ciertos tipos de violación, particularmente la violación cometida por familiares, la violación de menores de 18 años y la violación perpetrada por agentes del Estado, son punibles con penas de 10 años a cadena perpetua y las multas correspondientes. El proyecto actual de Código Penal prevé un marco jurídico mejorado para la policía y la judicatura burundesas, a fin de garantizar el enjuiciamiento eficaz y justo de los casos de violación. Amnistía Internacional y ACAT piden a las autoridades de Burundi que garanticen la pronta entrada en vigor del Código Penal revisado.


6. CONCLUSIÓN


Los responsables de la aplicación de la ley y el poder judicial de Burundi no ejercen la diligencia debida y, como consecuencia de ello, los autores de actos de violación y de violencia sexual eluden el castigo. El gobierno de Burundi tiene la obligación, en virtud del derecho internacional sobre derechos humanos, de proteger, respetar y hacer efectivos los derechos humanos de las mujeres, lo que incluye asegurarse de que los presuntos autores de actos de violación rinden cuentas ante la justicia y de que el poder judicial está equipado y posee la formación necesaria para investigar y procesar con eficacia en casos de violación. Hoy son las ONG las que están proporcionando servicios que el Estado debería proporcionar pero no proporciona. El Estado no puede abdicar de su responsabilidad de ejercer la diligencia debida y, a corto plazo, debe apoyar la labor de las ONG.


Amnistía Internacional y ACAT ven con preocupación que se denuncien casos de violencia sexual perpetrada tanto por agentes del Estado como por particulares. El gobierno tiene ante sí ahora la tarea de ganarse la confianza de la población civil de Burundi y de asegurar a las víctimas que las autoridades realizarán investigaciones serias y eficaces de los casos de violación para que el agresor rinda cuentas ante la justicia. El incumplimiento de esta obligación por el Estado constituye una violación de los derechos fundamentales de las mujeres y agrava las violaciones de estos derechos que ya han sufrido las víctimas de violencia sexual.


Amnistía Internacional y ACAT promueven la asociación y cooperación entre todas las organizaciones de derechos humanos de Burundi que se ocupan de casos de violación y de violencia sexual. Trabajando juntas con un propósito común, las ONG de Burundi pueden favorecer la promoción y protección de los derechos de las mujeres. Todas las organizaciones que se asocien para trabajar juntas deberían centrar su acción en la responsabilidad de las autoridades y exigir que éstas cumplan las obligaciones de derechos humanos que les impone el derecho internacional. El verdadero reto para las ONG de Burundi reside ahora en asegurar que las autoridades reconocen que les incumbe a ellas continuar el trabajo que las organizaciones locales ya han puesto en marcha. Así pues, las recomendaciones de derechos humanos que Amnistía Internacional y ACAT hacen al gobierno de Burundi, y que se basan en los testimonios de mujeres que se recogen en este informe, van dirigidas a contribuir a las próximas iniciativas del gobierno para reducir los índices de violación. Es hora de mejorar el acceso de las burundesas a la justicia.


7. RECOMENDACIONES


Amnistía Internacional y ACAT hacen recomendaciones específicas a las autoridades de Burundi y a la comunidad internacional.


7.1 Al gobierno de Burundi


Denuncia pública:

· El gobierno debe denunciar de forma pública e inequívoca todas las formas de violencia contra mujeres y niñas, incluidas las que se cometen en el seno familiar, en la comunidad y a manos de agentes del Estado, y comprometerse públicamente a asumir su responsabilidad de ejercer la diligencia debida para combatir la violencia contra las mujeres.

Monitorización:

· El gobierno debe elaborar, dar a conocer y aplicar procedimientos unificados para registrar con precisión los casos de violación y otros actos de violencia sexual.

· Debe establecer un sistema administrativo que permita monitorizar y registrar sistemáticamente todos los casos de violencia sexual denunciados en Burundi, incluyendo los procedimientos penales a que hayan dado lugar y las sentencias definitivas. Los datos recogidos deben incluir cifras detalladas, segregadas por edad, sexo y otros criterios, con el fin de conocer las tendencias que se produzcan en materia de violación y de violencia sexual. Estas estadísticas deben hacerse públicas con regularidad, y diseminarse ampliamente.

Investigaciones y procesamientos:

· Debe dar sin dilación instrucciones claras a los altos responsables de la policía, el ejército y otras ramas de las fuerzas de seguridad del país, advirtiéndoles de que todos los responsables de la aplicación de la ley deben considerar la violación como un delito, tomar todas las medidas necesarias para investigar con eficacia las alegaciones de violación y otras formas de violencia sexual, y llevar a la justicia a los autores de tales crímenes.

· Debe velar por que todas las quejas y denuncias de violación y otras formas de violencia sexual cometidas por los responsables de hacer cumplir la ley sean investigadas con prontitud, con eficacia y con imparcialidad por un organismo independiente y por que los presuntos autores de estos actos comparezcan ante la justicia. Los funcionarios de quienes se sospeche que han cometido una violación u otras formas de violencia sexual, deben ser suspendidos de sus funciones hasta que se investigue el caso.

· El gobierno debe ordenar al fiscal general y a otros miembros influyentes del poder judicial que den sin dilación instrucciones claras a la policía, en particular a la policía judicial, para que se asegure de que todas las alegaciones de violación son objeto de una investigación exhaustiva que utilice la gama completa de técnicas de investigación.

· El gobierno debe garantizar que los responsables de actos de violación y otras formas de violencia sexual comparecen ante la justicia y que su juicio se ajusta plenamente a las normas procesales internacionales.

· Debe, conjuntamente con medidas destinadas a una reforma a largo plazo, incrementar los recursos económicos asignados a la policía nacional para que pueda responder con mayor prontitud y eficacia, y suministrarle especialmente medios de transporte.

· El gobierno debe crear un mecanismo de control independiente para garantizar que se inician sin dilación investigaciones exhaustivas, independientes e imparciales cada vez que se alegue que la policía no ha investigado debidamente actos de violación y otros crímenes de violencia sexual.

· Debe incrementar el reclutamiento y la formación de personal femenino en los servicios de policía y en la judicatura.

· Debe investigar y perseguir judicialmente los crímenes de violación y de violencia sexual cometidos durante el conflicto mediante el establecimiento de una Comisión de Verdad y Reconciliación y un Tribunal Especial, como propuso el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en su Resolución 1606 de junio del 2005.

Formación:

· El gobierno debe proporcionar a los miembros de la policía judicial, de la judicatura y de otras instituciones del Estado, una formación sistemática sobre los métodos de investigación aplicables en casos de violación y de violencia sexual; sobre la forma de tratar a las víctimas de estos crímenes, en particular la forma correcta de comportarse con ellas, y sobre las formas prácticas de mejorar la respuesta de estos funcionarios públicos en general.

Apoyo a las víctimas:

· El gobierno debe establecer, en el marco del procedimiento judicial, locales que proporcionen a las mujeres víctimas de violación la posibilidad de presentar su testimonio en privado.

· Debe poner en marcha un programa eficaz de apoyo y protección de víctimas y testigos para garantizar la seguridad de las víctimas y sus familias y protegerlas de la intimidación y las represalias.

· Debe establecer y mantener un fondo oficial gestionado por el gobierno a fin de proporcionar una reparación adecuada a las víctimas de violación.

· El gobierno debe proporcionar a las víctimas de violación y de otras formas de violencia sexual servicios de asistencia jurídica gratuita en todo el país, incluidas las zonas rurales.

· Debe poner en marcha más iniciativas de sensibilización para mejorar el apoyo público a las víctimas de violación y poner así fin a la actitud generalizada de discriminación contra las víctimas de violación.

· Debe tratar de reforzar la acción de las organizaciones de derechos humanos y de los grupos de mujeres financiando la formación, la investigación y las acciones de sensibilización de la opinión pública, y fomentando los contactos.

7.4 A la comunidad internacional, incluida la ONU y los principales países donantes

· Deben aportar mayor ayuda técnica y material a los programas existentes para asistir de inmediato y con eficacia a las víctimas de la violencia relacionada con el género;

· Deben poner en marcha, en colaboración con el gobierno y con las ONG nacionales e internacionales, campañas de sensibilización pública para prevenir la violencia contra las mujeres y para poner fin al estigma que padecen las víctimas de violación y de otras formas de violencia contra las mujeres;

· Deben insistir en que se haga rendir cuentas ante la justicia a los autores de violación y de otras formas de violencia sexual;

· Deben seguir apoyando la reforma del sistema de justicia de Burundi, en particular mediante la provisión de asistencia técnica, con vistas a garantizar el establecimiento de tribunales nacionales competentes, independientes e imparciales;

· Deben proporcionar formación sistemática en derecho internacional humanitario y normas internacionales de derechos humanos, en particular sobre los derechos fundamentales de las mujeres y la prohibición de la violencia contra las mujeres, a todos los miembros de las fuerzas armadas y a todos los responsables de la aplicación de la ley: policías judiciales, jueces, fiscales y otros funcionarios del sistema de justicia penal. ********

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· (1) Ninguno de los testimonios ni relatos que figuran en este informe revelan el nombre completo de la víctima a fin de mantener tanto la intimidad como la seguridad de testigos, fuentes o víctimas.

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· (2) Para mayor información sobre la violencia sexual en Burundi pueden consultarse los siguientes documentos: Informe provisional del Experto independiente sobre la situación de los derechos humanos en Burundi, Sr. Akich Okola, A/HRC/4/5, del 26 de febrero del 2007, y Etude sur les Causes et les Conséquences du viol dans la Société Burundaise, Operación de las Naciones Unidas en Burundi, diciembre del 2006. Ambos informes ofrecen una perspectiva general de la violencia sexual en Burundi. El informe de actividades de la Asociación Burundesa para la Protección de los Derechos Humanos y los Detenidos (Association pour la Protection des Droits Humains et des Personnes Détenues, APRODH) del 2006, proporciona información adicional sobre la cuestión de la violación y los perpetradores de violación y violencia sexual.

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· (3) Para mayor información, pueden consultar el Informe provisional del Experto independiente sobre la situación de los derechos humanos en Burundi, Sr. Akich Okola, A/HRC/4/5, del 26 de febrero del 2007. Conviene señalar que, aunque la violación es una práctica extendida por todo Burundi, las provincias occidentales parecen haber sido las más afectadas en el año 2006 (véase Informe del Secretario General sobre los niños y los conflictos armados en Burundi, S/2006/851, del 27 de octubre del 2006).

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· (4) Noveno informe del Secretario General sobre la Operación de las Naciones Unidas en Burundi, S/2006/994, del 18 de diciembre del 2006.

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· (5) La "diligencia debida" determina el grado de esfuerzo requerido que un Estado debe emplear para cumplir su responsabilidad de proteger a los individuos contra el abuso de sus derechos por agentes no estatales.

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· (6) Estas prácticas consuetudinarias han sido anuladas y reemplazadas por el ordenamiento jurídico ordinario. No están reconocidas por ninguna ley ni codificadas en la legislación. Según los recursos que posea la mujer, estas cuestiones pueden regularse por el sistema jurídico nacional. Sin embargo, las prácticas tradicionales tienden a aceptarse como la norma debido a que las familias las aplican a nivel comunitario.

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· (7) Véase infra, capítulo 2.1.

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· (8) Las elecciones pusieron fin al gobierno de transición establecido por el Acuerdo de Arusha (2001). El CNDD-FDD obtuvo el 58 por ciento de los escaños en la Asamblea Nacional.

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· (9) Immaculée Nahayo Nyandwi fue nombrada presidenta de la Asamblea Nacional de Burundi el 16 de agosto del 2005. Pie Ntavyohanyuma la sustituyó el 16 de marzo del 2007. Alice Nzomukunda fue elegida vicepresidenta de la Asamblea Nacional el 25 de abril del 2007.

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· (10) Al preparar este informe, ocho de las 20 carteras ministeriales estaban ocupadas por mujeres.

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· (11) ACAT Burundi se creó en el 2003. Esta ONG forma parte de una estructura internacional mayor conocida como la Federación Internacional de Acción de los Cristianos para la Abolición de la Tortura. (FIACAT). ACAT Burundi informa y hace cabildeo en favor de personas que han sido torturadas, recluidas en condiciones inhumanas o a las que se ha hecho desaparecer, cualquiera que sean sus orígenes, opiniones políticas o creencias religiosas.

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· (12) El último informe de Amnistía Internacional sobre la violencia de género en Burundi se publicó en el 2004: Burundi - La violación, abuso oculto contra los derechos humanos (Índice AI: AFR 16/006/2004). El informe se complementó con actividades de cabildeo dirigidas a las autoridades de Burundi y a la comunidad internacional.

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· (13) Las dos organizaciones trabajaron conjuntamente con una serie de organizaciones de derechos humanos y organizaciones de mujeres, entre ellas MSF, APRODH, la Liga Burundesa de Derechos Humanos ITEKA (Liga ITEKA), la Asociación de Mujeres Juristas de Burundi (AFJB, Association de Femmes Juristes au Burundi), la Asociación de Defensa de los Derechos de la Mujer (ADDF, Association de Défense des Droits de la Femme), la Asociación para la Protección de la Mujer Burundesa, Nturengaho y el Colectivo de las asociaciones y ONG femeninas de Burundi (CAFOB, Collectif des associations et ONGs féminines au Burundi). Las dos organizaciones se reunieron con un grupo compuesto por mujeres parlamentarias: SOFEPA (Solidarité des Femmes Parlementaires).

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· (14) Amnistía Internacional y ACAT mantuvieron conversaciones con los titulares de puestos superiores y medios de la policía judicial, la Policía de Menores y de Protección de la Moralidad, así como el comisario judicial de la ciudad de Bujumbura. Amnistía Internacional y ACAT se entrevistaron asimismo con altos cargos de la magistratura de Burundi, entre ellos el fiscal de Bujumbura, el fiscal jefe del Tribunal de Apelación de Bujumbura, y otros cargos medios del ministerio público de la provincia de Bujumbura Rural.

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· (15) Las dos organizaciones mantuvieron conversaciones con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Burundi.

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· (16) Consulten el informe de AI, Burundi - La violación, abuso oculto contra los derechos humanos (Índice AI: AFR 16/006/2004). Cabe señalar también que el conflicto prosiguió, aunque con menor virulencia, hasta septiembre del 2006, cuando las FNL, el último grupo armado, firmaron el acuerdo de cesación del fuego con las autoridades burundesas.

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· (17) Hay que señalar que el Ministerio del Interior elabora algunas estadísticas sobre delincuencia. Esta información estadística se recaba por provincias y regiones. Todos los actos delictivos están divididos en siete categorías. La violación figura entre una serie de delitos clasificados como "crímenes contra la familia y la moralidad pública".

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· (18) Las cifras no son completas pero sí son una buena indicación del número de mujeres que denuncian violaciones actualmente a las ONG.

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· (19) La cifra es el total para los tres años (2004: 1.372 casos; 2005: 1.477 casos; 2006: 1.190 casos). Las estadísticas son el registro realizado directamente por el personal de MSF.

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· (20) El Centro "Seruka" de MSF, ubicado en Bujumbura, fue inaugurado en el 2003, con el propósito de proporcionar apoyo general médico, jurídico y social a las víctimas de violación. Casi las tres cuartas partes de las víctimas que asisten al centro proceden de Bujumbura Mairie y Bujumbura Rural. Un poco más de la cuarta parte procede de otras provincias. Bujumbura Mairie es la provincia en la que se ubica la capital. Bujumbura Rural es la provincia que circunda Bujumbura Mairie. Lamentablemente, el acceso al Centro "Seruka" es más difícil para las mujeres de provincias más distantes. MSF, no obstante, proporciona supervisión médica y entrenamiento a tres centros médicos provinciales, los de Bubanza, Makamba y Karuzi.

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· (21) La Liga ITEKA y la APRODH son dos organizaciones punta de derechos humanos de Burundi. Ambas se hacen cargo de los gastos médicos, psicológicos y jurídicos de las víctimas, y les prestan apoyo en cuestión de reintegración social. Cabe señalar que los casos denunciados a la Liga ITEKA y a la APRODH podrían haberse denunciado también a MSF.

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· (22) Liga ITEKA, Rapport Annuel sur la Situation des Droits de l’Homme, 2005, p. 22.

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· (23) Liga ITEKA, Rapport Annuel sur la Situation des Droits de l’Homme, 2006, p. 22.

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· (24) APRODH, Rapport d’Activités, 2006, p. 26.

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· (25) Cabe señalar que Burundi se ha visto afectado por matanzas y violencia étnica desde que logró su independencia de Bélgica, en 1962.

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· (26) El Acuerdo de Arusha de agosto del 2000, concedió inmunidad provisional a todos los signatarios en relación con los "crímenes políticos" cometidos antes del Acuerdo.

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· (27) En marzo del 2004, el CNDD-FDD y el gobierno de transición firmaron el Protocolo de Pretoria sobre el reparto de competencias en materia de política, defensa y seguridad en Burundi, ampliando la inmunidad provisional a los líderes y combatientes del CNDD-FDD, así como a las fuerzas de seguridad gubernamentales.

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· (28) El proyecto de ley para conceder inmunidad provisional a los miembros de Palipehutu-FNL fue aprobado por la Asamblea Nacional el 3 de noviembre del 2006.

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· (29) Véase el informe de AI, Burundi - La violación, abuso oculto contra los derechos humanos (Índice AI: AFR 16/006/2004). Véase también: Proyecto Ploughshares, Armed Conflicts Report, Burundi 2006, http://www.ploughshares.ca/libraries/ACRBriefs/ACRBrief-Burundi.htm.

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· (30) Para más información, véase el informe de AI, Burundi - La violación, abuso oculto contra los derechos humanos (Índice AI: AFR 16/006/2004).

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· (31) Para más información, véase el Informe provisional sobre la situación de los derechos humanos en Burundi, presentado por el Relator Especial de la Comisión de Derechos Humanos en cumplimiento de la decisión 1998/274 del Consejo Económico y Social, 13 de octubre de 1998, párrs. 50-54. http://www.unhchr.ch/Huridocda/Huridoca.nsf/0/14a1dd3a24178cae802566d40035986a?Opendocument

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· (32) Para más información sobre estas cuestiones, véase el informe de AI, Burundi - La violación, abuso oculto contra los derechos humanos (Índice AI: AFR 16/006/2004).

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· (33) Chef de quartier (jefe de distrito), chef de zone (jefe de zona), chef de secteur (jefe de sector) y chef de colline (jefe de colina) son los nombres que reciben los líderes tradicionales de cada una de estas subdivisiones de una commune (comuna). Véase la Nota 50 para más información.

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· (34) La Declaración de Nairobi sobre el derecho de las mujeres y las niñas a interponer recursos y obtener reparaciones se adoptó durante la Reunión Internacional sobre el derecho de las mujeres y las niñas a interponer recursos y obtener reparaciones, celebrada en Nairobi del 19 al 21 de marzo del 2007. A la reunión asistieron defensoras y activistas de los derechos de las mujeres.

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· (35) Séptimo informe del Secretario-General sobre la Operación de Naciones Unidas en Burundi, S/2006/429, 21 de junio del 2006, p. 8, párr. 40.

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· (36) Una organización de mujeres que proporciona apoyo y asesoramiento jurídico a las víctimas de violación y de violencia sexual.

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· (37) Unidad de género de la ONUB, Etude sur les Causes et les Conséquences du Viol dans la Société Burundaise, diciembre del 2006.

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· (38) Noveno informe del Secretario-General sobre la Operación de Naciones Unidas en Burundi, S/2006/994, 18 de diciembre del 2006.

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· (39) Unidad de género de la ONUB, Etude sur les Causes et les Conséquences du Viol dans la Société Burundaise, diciembre del 2006.

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· (40) Liga ITEKA, Rapport annuel sur la situation des droits de l’homme, 2006, Synthèse, Bujumbura, mayo del 2007, p. 24.

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· (41) IRIN NEWS, Armed banditry, sexual violence increasing, 16 de mayo del 2007.

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· (42) Los servicios de policía de Burundi padecen dificultades económicas y según los informes no disponen de suficientes vehículos para practicar detenciones. La policía, por tanto, exige que la persona que denuncia asuma los gastos de un viaje en taxi. El vehículo es entonces alquilado por los servicios de policía, que se desplazan así al lugar para efectuar la detención.

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· (43) Artículo 88 del Decreto-Ley 1-024 del 28 de abril de 1993, que enmienda el Código de Familia: "Los hombres, antes de alcanzar la edad de 21 años, y las mujeres, antes de alcanzados los 18 años, no pueden contraer matrimonio. No obstante, el gobernador provincial puede conceder una dispensa de edad, de haber una razón válida."

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· (44) Examen de los informes presentados por los Estados Partes con arreglo al Artículo 19 de la Convención, Conclusiones y recomendaciones del Comité contra la Tortura: Burundi, CAT/C/BDI/co/1, del 15 de febrero del 2007.

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· (45) Cabe señalar que, como se desprende del caso mencionado supra, esto no se respeta en la práctica.

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· (46) El artículo 9 de la Ley relativa a la Creación, Organización, Misiones, Composición y Funcionamiento de la Policía Nacional, establece que este cuerpo se compone de cuatro ramas: 1) Seguridad Interior; 2) Policía Judicial; 3) Policía del Aire, Fronteras y Extranjería, y 4) Policía Penitenciaria.

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· (47) El artículo 19 de la Ley Nº 1/015 del 20 de julio de 1999, que enmienda el Código de Procedimiento Penal, dispone: "Si el presunto autor de la infracción no se encontrara presente en el lugar, el policía judicial podrá buscarlo dentro de los límites de la jurisdicción del tribunal de primera instancia y ordenar su comparecencia y, de ser necesario, forzarlo a comparecer".

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· (48) Ibíd., artículo 16: "En caso de crimen o delito flagrante o presuntamente flagrante, el policía judicial con competencia general más cercano se desplazará al lugar de los hechos sin dilación a fin de constatar la infracción e investigar las circunstancias en las que se cometió."

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· (49) Ibíd., artículo 17: "Podrá obligar a cualquier persona que pueda proporcionar información a prestar declaración bajo juramento como testigo, conforme a las disposiciones de los artículos 47 y 48. No podrá exigirse declaración bajo juramento a los presuntos autores de la infracción."

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· (50) Burundi está dividida en 17 provincias, que se dividen a su vez en comunas (117 en total). Una comuna se divide en unidades administrativas más pequeñas: zona, sector, colina y subcolina.

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· (51) Artículo 3 de la Ley Nº 1/015 del 20 de julio de 1999, que enmienda el Código de Procedimiento Penal.

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· (52) Ibíd., artículo 5.

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· (53) Muchas mujeres denuncian el crimen a la administración local porque no conocen la función de la policía judicial. Las mujeres también dan por sentado por lo general que la administración local es el primer punto de contacto.

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· (54) El Noveno informe del Secretario General sobre la Operación de Naciones Unidas en Burundi (S/2006/994, del 18 de diciembre del 2006) mencionaba sin embargo que la ONUB estaba asistiendo a la policía nacional burundesa a establecer una unidad especial para asuntos de género dentro del marco de los módulos de formación. AI acoge con satisfacción estas medidas y alienta a ambas partes a hacer cuanto puedan para que se completen satisfactoriamente.

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· (55) Las investigaciones efectuadas por la policía en relación con otros crímenes no se abordan en este informe, que se centra esencialmente en la violación.

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· (56) APRODH, Rapport d’activités, 2006, p. 29.

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· (57) Informe provisional del Experto independiente sobre la situación de los derechos humanos en Burundi, Sr. Akich Okola, A/HRC/4/5, del 26 de febrero del 2007.

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· (58) Véanse el Informe provisional del Experto independiente sobre la situación de los derechos humanos en Burundi, Sr. Akich Okola, A/HRC/4/5, del 26 de febrero del 2007, y el Informe del Experto independiente sobre la situación de los derechos humanos en Burundi, Sr. Akich Okola, E/CN.4/2006/109, del 23 de diciembre del 2005.

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· (59) Una "action publique" es un procedimiento judicial que inicia el fiscal contra una persona que ha cometido un delito; da lugar a una "action civile" o demanda por la parte agraviada. El artículo 189 de la Ley Nº 1/004 del 14 de enero de 1987, que enmienda el Código de Organización y Competencia Judicial, dispone: "El ejercicio de la acción judicial en toda su plenitud y ante todos los tribunales de justicia recae en el fiscal general de la República. Éste puede ejercer las funciones del ministerio público en cualquier jurisdicción."

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· (60) El artículo 120 de la Ley Nº 1-015 del 20 de julio de 1999, que enmienda el Código de Procedimiento Penal dispone: "Una vez incoado proceso ante un tribunal competente para entender del caso, la parte agraviada podrá solicitar al dicho tribunal unirse al proceso como parte demandante. La constitución como parte demandante podrá hacerse en cualquier momento del procedimiento, desde la incoación hasta la finalización de la exposición de razones, mediante una declaración presentada al actuario del tribunal o hecha en la sala, de la que se acusará recibo. En caso de declaración al actuario, éste lo comunicará a las partes interesadas. La constitución como parte demandante conlleva el pago de un depósito, que la parte interesada deberá entregar al actuario en persona".

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· (61) Las entrevistas con la policía judicial podrían realizarse usando cámaras de vídeo.

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· (62) El artículo 160 de la Ley Nº 1-015 del 20 de julio de 1999, que enmienda el Código de Procedimiento Penal, dispone: "De la ejecución penal se encarga el ministerio público en lo que concierne a las sentencias condenatorias, los daños y perjuicios concedidos de oficio y el encarcelamiento por impago de deudas; a instancias de la parte demandante, en lo que concierne a las sentencias pronunciadas a petición suya; el actuario del tribunal en lo que concierne al cobro de multas, costas y gravamen proporcional."

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· (63) El artículo 1 de la Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer, proclamada por la Asamblea General de la ONU el 20 de diciembre de 1993, define así la violencia contra las mujeres: "[...] todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o sicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada."

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· (64) Además del Comité de la CEDAW, también el Comité de Derechos Humanos ha comentado sobre las obligaciones de los Estados de garantizar la protección de los derechos que garantiza el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP): "[...] las obligaciones positivas de los Estados Partes de velar por los derechos del Pacto sólo se cumplirán plenamente si los individuos están protegidos por el Estado, no sólo contra las violaciones de los derechos del Pacto por sus agentes, sino también contra los actos cometidos por personas o entidades privadas que obstaculizarían el disfrute de los derechos del Pacto en la medida en que son susceptibles de aplicación entre personas o entidades privadas. Puede haber circunstancias en que la falta de garantía de los derechos del Pacto, tal como se exige en el artículo 2, produciría violaciones de esos derechos por los Estados Partes, como resultado de que los Estados Partes permitan o no que se adopten las medidas adecuadas o se

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· ejerza la debida diligencia para evitar, castigar, investigar o reparar el daño causado por actos de

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· personas o entidades privadas", Comité de Derechos Humanos, Observación general Nº 31, La índole de la obligación jurídica general impuesta a los Estados Partes en el Pacto, Doc de la ONU CCPR/C/21/Rev.1/Add. 13, del 26 de mayo del 2004, párr. 8.

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· (65) La Recomendación General Núm. 19 del Comité de la CEDAW hace hincapié en la necesidad de perseguir judicialmente los actos de violencia contra las mujeres, sean cometidos por agentes del Estados o por particulares: "En virtud del derecho internacional y de pactos específicos de derechos humanos, los Estados también pueden ser responsables de actos privados si no adoptan medidas con la diligencia debida para impedir la violación de los derechos o para investigar y castigar los actos de violencia e indemnizar a las víctimas".

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