Document - Burundi: Deployment of ceasefire monitors - a critical time
AMNISTÍA INTERNACIONAL
COMUNICADO DE PRENSA
5 de febrero de 2003
Índice AI: AFR 16/002/2003/s
Servicio de Noticias: 025
Burundi: El despliegue de observadores del alto el fuego es una etapa crítica
Mientras la Unión Africana se dispone a enviar una fuerza internacional a Burundi para vigilar la aplicación del acuerdo de alto el fuego firmado en diciembre de 2002 por el gobierno de Burundi y el Consejo Nacional para la Defensa de la Democracia-Fuerzas para la Defensa de la Democracia, Amnistía Internacional insta a los signatarios del acuerdo a adoptar medidas inmediatas para impedir que sus fuerzas cometan abusos contra los derechos humanos, y en especial el homicidio de civiles inermes.
«El acuerdo de alto el fuego no tendrá ningún significado concreto para la población de Burundi si persiste o se agrava el cuadro de abusos contra los derechos humanos», dice Amnistía Internacional.
La organización considera que es vital que el mandato de la fuerza de la Unión Africana incluya de manera explícita la protección de los derechos humanos y la prevención de abusos. Debe dotarse a la fuerza de recursos suficientes, proporcionársele formación adecuada y brindársele el apoyo político necesario para que pueda cumplir con su mandato, incluida la presentación de informes públicos sobre abusos contra los derechos humanos.
Se aguarda la inminente llegada a Burundi de 35 observadores, a los que seguirá un contingente más nutrido. El despliegue de la fuerza internacional de vigilancia es un elemento esencial del acuerdo del alto el fuego. Se trata de una fase que algunos esperan con impaciencia y frente a la que otros reaccionan con temor o resistencia, entre otras cosas por el sentido de urgencia que ella imprime a la cuestión, sumamente delicada, de la reforma de las fuerzas gubernamentales.
La persistencia del conflicto y de los abusos contra los derechos humanos no hace más que ahondar estas actitudes, creando un clima en el que se puede prever que continuará la escalada de la crisis de derechos humanos.
Tras un paréntesis inicial en los combates entre las fuerzas gubernamentales y el Consejo Nacional para la Defensa de la Democracia-Fuerzas para la Defensa de la Democracia en diciembre de 2002, se reanudaron las hostilidades en distintas partes del país, especialmente en la zona central alrededor de Gitega y el la zona fronteriza del sudeste, en las inmediaciones de Ruyigi. Estos enfrentamientos han producido nuevos informes sobre homicidios de civiles inermes cometidos como represalia por las fuerzas armadas burundesas y sobre homicidios ilegítimos y episodios de saqueo por las fuerzas del Consejo Nacional, y han acentuado una situación de crisis humanitaria que ya era grave. Los informes indican que recientemente decenas de miles de personas han quedado desplazadas y sin acceso a la ayuda humanitaria en estas zonas.
El 20 de enero, entre 20 y 30 civiles no armados fueron víctimas de ejecución extrajudicial a manos de las fuerzas gubernamentales en el sector de Muvumu, comuna de Gisuru. Parece haberse tratado de un acto de represalia por el homicidio de 10 soldados durante una emboscada tendida por las fuerzas del Consejo Nacional dos días antes. Según informes, recientemente se han registrado otros homicidios de este tipo a manos de las fuerzas gubernamentales, entre ellos los de siete civiles abatidos a tiros al azar el 2 de febrero en el barrio de Kamenge, de Bujumbura, como respuesta a una emboscada tendida contra un vehículo militar cerca de Kamenge.
Durante el mismo periodo, varias personas, entre ellas al menos un jefe administrativo local, han sido víctimas de homicidios deliberados y arbitrarios a manos de combatientes del Consejo Nacional.
De acuerdo con los informes, otras personas han sido secuestradas y decenas de viviendas han sido saqueadas.
El otro grupo político armado importante, Partido por la Liberación del Pueblo Hutu (PALIPEHUTU-FNL), dirigido por Agathon Rwasa, que no ha firmado el acuerdo de paz, sigue actuando en los alrededores de la capital y ataca y saquea periódicamente los barrios periféricos. El PALIPEHUTU-FNL comete numerosos abusos contra los derechos humanos, entre ellos el homicidio ilegítimo de funcionarios del gobierno local y civiles de los que sospecha que han colaborado de alguna manera con personal gubernamental o militar en la zona en la que actúa.
Amnistía Internacional insta a:
- la Unión Africana y otros participantes en las negociaciones en curso sobre Burundi a que garanticen que se dota a la fuerza de observación del alto el fuego de los poderes y los recursos necesarios para proteger los derechos humanos e impedir que se cometan abusos contra ellos, así como para presentar informes públicos sobre los abusos que observen;
- la fuerza de la Unión Africana y los participantes en el acuerdo de alto el fuego a que cooperen en la investigación de los abusos y se aseguren de que se haga comparecer ante la justicia a los presuntos responsables;
- el gobierno y los jefes militares de Burundi a que transmitan el mensaje inequívoco de que no se tolerarán las ejecuciones extrajudiciales y otros homicidios ilegítimos de civiles inermes por parte de las fuerzas de seguridad. Esto debe hacerse no sólo mediante declaraciones públicas sino también mediante investigaciones exhaustivas e independientes de todas las denuncias sobre tales muertes, haciendo públicos sus resultados y garantizando que los presuntos responsables de ordenar o llevar a cabo estos homicidios son suspendidos del servicio de inmediato y llevados ante los tribunales;
- los dirigentes del Consejo Nacional para la Defensa de la Democracia-Fuerzas para la Defensa de la Democracia y del Partido por la Liberación del Pueblo Hutu a que hagan llegar de inmediato a sus combatientes una serie de directrices en las que les ordenen dejar de dar muerte a civiles y de someter a soldados capturados a ejecuciones extrajudiciales;
- todas las partes a que garanticen que no se obstruirá la labor de las organizaciones de derechos humanos y ayuda humanitaria y que no solamente se protegerá a la población civil contra los abusos de derechos humanos en las zonas de conflicto sino que también se le permitirá tener acceso a la ayuda humanitaria.
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