Document - Angola: Above the Law: Police Accountability in Angola


[Fecha de embargo: Septiembre de 2007]Público


Amnistía Internacional



Por encima de la ley

Rendición de cuentas policial en Angola
















Por encima de la leyRendición de cuentas policial en Angola


IntroducciónDurante muchos años, la conducta de la policía en Angola ha dado lugar a violaciones graves de los derechos humanos. Según la información de que dispone Amnistía Internacional, son pocos los casos que se investigan, y casi ningún agente comparece ante la justicia como autor de violaciones de derechos humanos. En varias ocasiones, Amnistía Internacional ha solicitado información a las autoridades angoleñas sobre las medidas tomadas en relación con los casos denunciados de abusos contra los derechos humanos a manos de la policía. Hasta el momento, no ha recibido respuesta. El encarnizado conflicto que el país vivió desde su independencia, en 1975, hasta abril de 2002 obstaculizó gravemente la modernización de la policía. En 2003, la Policía Nacional de Angola puso en marcha un Plan de Modernización y Desarrollo, destinado a dotar al cuerpo de los recursos y conocimientos necesarios para actuar como fuerza policial profesional en un clima de paz. Desde entonces, se han observado algunas mejoras en la conducta de la policía, incluido un descenso en el número de arrestos y detenciones arbitrarias, así como en el de casos denunciados de tortura y ejecución extrajudicial de presuntos delincuentes. Además, la formación en derechos humanos se ha incorporado al programa de adiestramiento de la policía. Sin embargo, Amnistía Internacional sigue recibiendo informes sobre violaciones de los derechos humanos perpetradas por agentes de policía y sobre la impunidad de éstos, es decir, la ausencia de medidas para enjuiciar a los responsables de delitos en virtud del derecho internacional de los derechos humanos, establecer la verdad y garantizar plena reparación a las víctimas. Al parecer, la única excepción ha sido el procesamiento y condena de un agente de policía el 8 de agosto de 2006 por un homicidio ocurrido el 1 de enero de 2005.(1) Amnistía Internacional cree que la persistente impunidad de la policía ante violaciones de los derechos humanos apunta a ciertas deficiencias de la práctica policial y, en particular, a la falta de un sistema efectivo de rendición de cuentas de este cuerpo.Este informe documenta casos de violaciones de derechos humanos perpetradas por la policía angoleña entre 2005 y 2007, y pone de manifiesto una constante de abusos de poder, así como una constante pasividad a la hora de enjuiciar a los perpetradores de violaciones de derechos humanos. Asimismo, trata de poner en evidencia las lagunas del sistema de rendición de cuentas de la policía angoleña que contribuyen a estas violaciones y las agravan. El informe concluye con recomendaciones para la mejora de las políticas y prácticas policiales que, de aplicarse plenamente, ayudarían considerablemente a reducir las violaciones de derechos humanos a manos de la policía.La información en la que se basa el informe fue obtenida durante las visitas realizadas a Angola en mayo de 2003 y febrero de 2007. Los datos recogidos durante la visita de mayo de 2003 sirvieron de base para un memorando de Amnistía Internacional, que se envió a las autoridades, la policía y organizaciones no gubernamentales angoleñas específicas en septiembre de 2005. Las autoridades aún no han respondido a dicho memorando.1. Actuación policial en AngolaEl contexto nacionalDebido a la guerra civil que duró 27 años y a la ausencia de inversiones adecuadas en el cuerpo policial, la Policía Nacional de Angola no está plenamente desarrollada. Durante la guerra, muchos de los agentes reclutados procedían de las fuerzas armadas y, a su vez, el conflicto tuvo un efecto embrutecedor sobre la sociedad, incluida la policía. No en vano, algunos agentes de policía explicaron a la delegación de Amnistía Internacional, en mayo de 2003, que el hecho de llevar un arma despertaba cierto "complejo de superioridad" en otros agentes. Esta circunstancia, unida a la participación de la Policía de Intervención Rápida (cuerpo paramilitar) en combates militares explica que, tal vez, la policía tienda a utilizar métodos militares en lugar de normas operativas propias de un cuerpo policial civil. Además, antes de la Constitución de 1992, la policía también aplicaba una legislación que restringía los derechos humanos y las libertades fundamentales.(2) En la actualidad, la policía tiene que hacer frente a problemas de la sociedad angoleña resultantes de la rápida urbanización, el fácil acceso a armas pequeñas y los altos índices de desempleo y subempleo, que dan lugar a un incremento vertiginoso de la criminalidad. No obstante, se han producido importantes avances gracias a la introducción del Plan de Modernización y Desarrollo 2003/2012, centrado principalmente en la profesionalidad, la responsabilidad cívica, la transparencia y una estrecha colaboración con las comunidades. Algunas de las reformas efectuadas entre 2003 y 2006 fueron las siguientes:

Ø establecimiento de oficinas de denuncia en Luanda y en las demás provincias, en las que la población pueda presentar quejas sobre la conducta de la policía;



Ø reestructuración del Comando Provincial de Luanda en siete divisiones, cada una de ellas responsable de una zona concreta, para reforzar la seguridad pública;

Ø implantación de un amplísimo programa de readiestramiento, en academias de policía, de los agentes en activo. En febrero de 2004 se informó de que 17.000 agentes estaban recibiendo formación básica;(3)

Ø elevación de los requisitos académicos para el reclutamiento de agentes de policía, que pasaron de sexto a octavo y décimo curso.(4)

Otro importante avance es la introducción de asignaturas de derechos humanos en la formación policial, con varias horas a la semana dedicadas a la materia. Las clases de derechos humanos corren a cargo del Colegio de Abogados de Angola.(5) Esporádicamente, se celebran seminarios y sesiones de formación en derecho internacional humanitario y de los derechos humanos, impartidos por ONG locales como la Asociación por la Justicia, la Paz y la Democracia (Associação de Justiça, Paz e Democracia, AJPD), y por la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Angola (Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, OACNUDH) y el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR). Algunos altos cargos han recibido esta formación, a fin de que toda la cadena de mando esté al tanto de las cuestiones de derechos humanos inherentes a la labor policial. Amnistía Internacional se congratula de estos cambios.

Legislación nacional y normas internacionales relativas a la labor policial

Legislación nacional

Las leyes, reglamentos y normativas que regulan el papel, las funciones y la estructura de la Policía Nacional son las siguientes:

Ø la Constitución angoleña de 1992, que se está revisando actualmente y garantiza los derechos humanos y libertades fundamentales. Toda la legislación del país se subordina a la Constitución, y debe respetar los principios que ésta recoge;

Ø Ley Orgánica del Ministerio del Interior, decreto-ley 11/99, de 9 de julio de 1999;(6)

Ø Ley Orgánica de la Policía Nacional, decreto 20/93, de 11 de junio de 1993;

Ø Reglamento de Disciplina General, decreto 41/96, de 27 de diciembre de 1995;

Ø reglamento interno, aprobado por el comandante general de la Policía.

La Ley Orgánica de la Policía Nacional establece que los objetivos de la Policía Nacional son los siguientes:

Ø defender la legalidad democrática;

Ø mantener la paz y el orden público;

Ø respetar el ejercicio de los derechos humanos y libertades fundamentales de la población;

Ø defender y proteger la propiedad pública, colectiva y privada;

Ø prevenir la delincuencia;

Ø colaborar con la política nacional de defensa de conformidad con la ley.

Para llevar a término estos objetivos, la policía debe garantizar la promoción y protección de los derechos humanos y libertades recogidos en la Constitución, en las normas internacionales de derechos humanos y en el derecho internacional de los derechos humanos.

Normas internacionales y regionales

Angola es Estado Parte en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y en su Protocolo Facultativo,(7) así como en la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos. Si bien aún no ha ratificado la Convención de la ONU contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes ni su Protocolo Facultativo, se ha comprometido públicamente a hacerlo.(8) Según la Constitución angoleña, los tribunales deben aplicar las disposiciones de los tratados ratificados por el Estado, incluso cuando las partes en litigio no las invoquen.(9)La ONU ha aprobado varias normas que atañen a la policía. Aunque no son vinculantes, Amnistía Internacional recomienda al gobierno de Angola que las aplique mediante, entre otras cosas, su oportuna incorporación a la legislación nacional y a los procedimientos operativos internos. Algunas de estas normas son las siguientes:Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley;

Ø Directrices para la Aplicación Efectiva del Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley;Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley;

Ø Declaración sobre la Protección de Todas las Personas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes;

Ø Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos;

Ø Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión;

Ø Principios Relativos a una Eficaz Prevención e Investigación de las Ejecuciones Extralegales, Arbitrarias o Sumarias;

Ø Reglas para la Protección de los Menores Privados de Libertad;

Ø Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delitos y del Abuso de Poder.

Además, la Organización Regional para la Cooperación de los Jefes de Policía del África Meridional (SARPCCO) adoptó en agosto de 2001, por unanimidad de todos sus miembros, incluido Angola, un Código de Conducta para Agentes de Policía, que se considera la "norma mínima" que deben seguir los servicios y fuerzas policiales de la región. Todos los Estados Partes debían aplicar sus 13 artículos: de éstos, los seis primeros hacen referencia al respeto por la vida humana e incluyen normas sobre el respeto hacia los derechos humanos, la no discriminación, la proporcionalidad en el uso de la fuerza, la prohibición de la tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, la protección de las personas bajo custodia y el trato compasivo a las víctimas de delitos.

2. Violaciones de derechos humanos y rendición de cuentas de la policía

Pese a las disposiciones legales que exigen respeto hacia los derechos humanos y reformas policiales para afianzar dicho respeto, la policía continúa violando impunemente los derechos humanos.

DOMINGOS MAURÍCIO

El 2 de septiembre de 2005, un grupo de agentes de policía acudió al domicilio de Domingos Maurício a las seis de la mañana. Según informes, entraron en la casa y la registraron sin mostrar una orden judicial, alegando que Domingos Maurício ocultaba armas. A pesar de que no las encontraron, lo detuvieron. Según su esposa, lo golpearon y le amenazaron con matarlo. Posteriormente lo trasladaron a la unidad de policía de Lunda Sur, donde lo acusaron de posesión de armas ilegales.

Al día siguiente, 3 de septiembre, Domingos Maurício fue entregado al comando de la Séptima División de Policía y recluido en régimen de incomunicación. La noche del 4 de septiembre, su familia recibió una llamada telefónica de la comisaría en la que le comunicaban que Domingos Maurício había muerto. Sus familiares aseguraron que habían encontrado su cuerpo desnudo en el suelo de la celda, lleno de cortes y cubierto de sangre, mientras que la policía afirmaba, según informes, que había muerto de tuberculosis. La autopsia reveló que su muerte se había debido a un traumatismo causado por el impacto de un objeto pesado. A pesar de esta revelación, el comandante de policía de la división se negó a retirar la versión policial de los hechos. Según la información recibida, el comandante general de la policía pagó ciertos gastos, como el ataúd, 2 sacos de 25 kg de arroz, judías y 20 litros de aceite, a cambio del "silencio" de la familia. Más adelante, el diario Capitalcomunicó que la policía había establecido una comisión de investigación para conocer la causa real de la muerte.(10) Aún no se conocen sus conclusiones. En junio de 2007, Amnistía Internacional pidió más información sobre el caso, y fue informada por una autoridad policial de que la investigación continuaba en curso, pero que aún no se había acusado ni detenido a nadie, ya que la policía no sabía con seguridad quién era el responsable de la muerte.

Este caso es sólo un ejemplo de las violaciones de derechos humanos perpetradas por la policía en Angola. Según las normas internacionales de derechos humanos, cuando se comete una violación de derechos humanos las autoridades pertinentes deben garantizar que se realiza una investigación exhaustiva para establecer la verdad de los hechos, los autores deben comparecer ante un tribunal para ser juzgados, y las víctimas deben recibir reparaciones plenas.(11) En Angola, rara vez se cumplen estos requisitos cuando los perpetradores son agentes de policía. Para evitar las continuas violaciones de derechos humanos a manos de la policía, es fundamental que dicho cuerpo rinda cuentas de sus actos.

Para que la policía rinda cuentas, se precisan medios de identificar y abordar problemas que puedan dar lugar a violaciones de derechos humanos, con objeto de prevenirlas. Asimismo, se necesitan métodos para garantizar que, una vez que se ha producido una violación de derechos humanos, con el fin de que no se repita, se toman medidas para llevar a los perpetradores ante la justicia y proporcionar reparaciones a las víctimas. A tal efecto, es necesario contar con sistemas eficaces de rendición de cuentas, tanto dentro de la estructura policial como fuera de ella. Los primeros se conocen como mecanismos de rendición de cuentas interna, mientras que los segundos son los mecanismos de rendición de cuentas externa.

La resolución de las Naciones Unidas sobre el Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley enfatiza que la policía debe responder ante la comunidad en general así como ante la ley, y obedecer a ambas. Además, insta a los organismos policiales a ejercer la disciplina interna de conformidad con los principios establecidos en el Código y pide que se establezca un medio de ejercer escrutinio público sobre la policía.

Para evitar que la policía de Angola cometa violaciones de derechos humanos, es fundamental instaurar mecanismos efectivos de supervisión interna y externa, de conformidad con el Código de Conducta. En dicha supervisión debe participar también la sociedad civil.

El término "mecanismo de rendición de cuentas interna" engloba, para Amnistía Internacional, lo siguiente:

Ø control y supervisión activos ejercidos por supervisores en cada nivel de la cadena de mando;

Ø procedimientos para informar de las acciones de la policía, como cumplimentar formularios tras efectuar arrestos, detenciones y registros o tras emplear la fuerza o armas de fuego;

Ø reglamentos, incluido el código disciplinario;

Ø procedimientos operativos (en ocasiones, conocidos como reglamentos internos o códigos de práctica);

Ø oficinas especiales dentro del organismo policial y del Ministerio del Interior ante las que responda la policía, como el órgano de inspección de la policía y el sistema de registro de denuncias de la población.

Amnistía Internacional utiliza el término "rendición de cuentas externa" para referirse a:

Ø rendición de cuentas ante el poder ejecutivo a través del Ministerio del Interior;

Ø rendición de cuentas ante el poder judicial, a través de la Fiscalía General, entre otros órganos;

Ø rendición de cuentas ante el poder legislativo, a través de la Asamblea Nacional;

Ø rendición de cuentas ante la ciudadanía a través de lo siguiente:

· Oficina del Defensor del Pueblo;

· oficina de información al público de la Policía Nacional;

· satisfacción de las necesidades de asistencia de la ciudadanía;

· supervisión de la actuación policial por las ONG y los medios de comunicación.

Sistema de rendición de cuentas interna en Angola

La cadena de mando

Una cadena efectiva de mando garantiza que los superiores están al tanto de los actos de sus subordinados, y puede contribuir a evitar violaciones de los derechos humanos o a que se emprendan las acciones pertinentes cuando se cometan.

Según el Reglamento de Disciplina General, el superior es siempre responsable de los fallos de sus subordinados cuando éstos son consecuencia de órdenes u errores suyos. De igual modo, el Reglamento especifica que los superiores tienen la responsabilidad de sancionar a sus subordinados. Por tanto, el personal subordinado debe rendir cuentas antes sus superiores que, a su vez, deben velar por que éstos no cometan violaciones de derechos humanos y por que rindan cuentas cuando las cometan. Según parece, éste no es siempre el caso en Angola.

DETENCIÓN ARBITRARIA DE MIEMBROS DE PADEPA

Durante los últimos tres o cuatro años, se ha detenido de forma arbitraria, en varias ocasiones, a miembros del Partido de Apoyo Democrático y Progreso de Angola (Partido do Apoio Democrático e Progresso de Angola, PADEPA). Uno de los incidentes más recientes se produjo el 19 de febrero de 2007, cuando agentes de policía detuvieron al secretario general y a siete miembros del partido que repartían propaganda en la que se denunciaban las condiciones socioeconómicas de Luanda. A continuación, los condujeron a la comisaría de policía número cuatro, donde permanecieron recluidos, en régimen de incomunicación y sin cargos, durante cinco días. El 23 de febrero comparecieron ante el tribunal de policía del distrito Ingombota, Luanda, cuyo juez los dejó en libertad condicional hasta que se dictara sentencia. El 1 de marzo el juez los absolvió, al estimar que no habían cometido ningún delito.

A pesar de la ilegalidad de la detención en este caso y en muchos otros casos de detención arbitraria de miembros del PADEPA y de otras personas, no parece que los superiores sancionaran a los agentes de policía por sus actos.

Reglamento de Disciplina General

El Reglamento de Disciplina General define el comportamiento que se espera de la policía y los actos de los que ésta debe abstenerse. En Angola, estas normas se conocen como "deberes disciplinarios de la Policía Nacional". Además, el Reglamento establece los procedimientos disciplinarios que se deben seguir cuando se violen sus disposiciones. Es esencial que todos los agentes de policía conozcan su contenido y que éste deje claro que no se tolerarán violaciones de los derechos humanos. Sin embargo, el Reglamento no se aplica de forma efectiva. El siguiente caso ilustra cómo los agentes de policía de Angola han actuado, a veces, sin tenerlo en absoluto en cuenta.

JOANA AGOSTINHO

El 7 de diciembre de 2006, unos agentes de la Tercera División de Policía se presentaron en el domicilio de Joana Agostinho en el municipio de Cazenga, provincia de Luanda, con la intención, al parecer, de detener a su hijo de 17 años, Francisco Agostinho André. Según dijeron, éste había participado en peleas en el barrio. En aquel momento sólo se encontraban en la casa su madre y dos hermanas, Marisa André Rodrigues e Inês Tatiana Valentim Passos. Tras registrar a fondo la casa, los policías consideraron que la familia ocultaba a Francisco Agostinho André y, según informes, empezaron a pegar a las tres mujeres, las golpearon con sus armas y las amenazaron de muerte si no revelaban su paradero. A continuación las condujeron a la comisaría de policía número 12, donde las siguieron golpeando. Según las mujeres, los agentes se llevaron también un reproductor de DVD, un televisor y un teléfono móvil de la casa. Al día siguiente, tras la llegada del comandante de policía a la comisaría, las mujeres quedaron en libertad. Una de ellas, que posteriormente acudió a la AJPD para que la ayudaran a presentar una denuncia contra la policía, informó de que los agentes habían actuado bajo los efectos del alcohol.(12)

En este caso, la policía incumplió muchos de los deberes recogidos en el Reglamento de Disciplina General, como los de no cometer abusos de poder(13) y abstenerse de emplear malos tratos y otros actos de violencia contra terceras personas.(14) Además, al estar, al parecer, bajo los efectos del alcohol incumplieron el deber de comportarse de forma que no deje lugar a dudas sobre la corrección de sus actos.(15)

Por otro lado, incluso una actuación policial que se ajuste al Reglamento puede dar lugar a violaciones de derechos humanos, ya que éste contiene disposiciones contrarias al derecho internacional de los derechos humanos, como las que exigen obediencia ciega a las órdenes y otras relativas al uso de la fuerza.

Ausencia de disposiciones contra la obediencia a órdenes ilegales

El Reglamento de Disciplina General exige obediencia ciega a las órdenes. Según éste, si un agente considera que obedecer la orden de un superior podría desembocar en algún tipo de lesión, puede explicárselo al superior en privado. Si éste insiste en que la orden se ejecute, el subordinado debe llevar a cabo la acción, pero puede solicitar una copia de la orden por escrito.(16) La inflexibilidad de estas disposiciones, que no admiten cuestionamientos, es, por su propia naturaleza, contraria al Código de Conducta de la ONU para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, según el cual "los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley que tengan motivos para creer que se ha producido o va a producirse una violación del presente Código informarán de la cuestión a sus superiores y, si fuere necesario, a cualquier otra autoridad u organismo apropiado que tenga atribuciones de control o correctivas".(17) Con respecto a la tortura y los malos tratos, el artículo 5 del Código establece que "ningún funcionario encargado de hacer cumplir la ley podrá […] invocar la orden de un superior […] como justificación de la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes".

A consecuencia del requisito de obediencia ciega, los agentes de policía ejecutan con frecuencia órdenes sin cuestionarse su legalidad, como ocurrió en el caso del Movimiento de Estudiantes Angoleños (Movimento dos estudantes angolanos), que se expone infra. Asimismo, se han dado casos de desalojos forzados en masa –desalojos en gran escala sin el debido proceso legal– en los que la policía ha actuado a instancias de las autoridades de la administración civil, sin plantearse si los desalojos eran o no legales.

Se debe añadir al Reglamento de Disciplina General una disposición que estipule que todos los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley tienen tanto el derecho como el deber de no obedecer órdenes manifiestamente ilegales, incluidas aquéllas que, si se llevaran a la práctica, violarían derechos humanos fundamentales. Además, se deben incluir disposiciones para proteger y apoyar a cualquier agente que denuncie una violación del reglamento o de los derechos humanos fundamentales, o se oponga a ella.

Falta de disposiciones adecuadas sobre el uso de la fuerza

El Reglamento de Disciplina General prohíbe el uso de armas en general, a menos que sean absolutamente necesarias para defenderse de una agresión o intento de agresión, para repeler un ataque contra el lugar de trabajo o, si fuera necesario, para mantener el orden público o efectuar detenciones si así lo solicita un superior.(18) Se prohíben los malos tratos, los insultos y la violencia contra el detenido, tanto en el momento de la detención como después de ésta, salvo en casos de resistencia, huida o intento de huida.(19)

Estas disposiciones incumplen gravemente las normas internacionales de derechos humanos, según las cuales el uso de la fuerza debe ser un recurso excepcional y proporcionado, y las armas de fuego sólo se deben emplear para proteger la vida.

La policía ha utilizado fuerza excesiva o innecesaria en diversas ocasiones para dispersar manifestaciones.

MOVIMIENTO DE ESTUDIANTES ANGOLEÑOS

El 23 de febrero de 2005, la policía detuvo una marcha pacífica del Movimiento de Estudiantes Angoleños en Luanda, que protestaba contra la subida de los precios del transporte público y exigía ayudas para transporte. Según informes, el gobernador provincial de Luanda había ordenado que no se celebrara la manifestación y había dicho a la policía que utilizara todas las medidas a su alcance para ello. Según afirmó el gobernador, los estudiantes no habían pedido formalmente autorización, y la legislación angoleña prohibía las manifestaciones en horas de trabajo. Sin embargo, el Movimiento de Estudiantes Angoleños había informado a la policía provincial de su intención de manifestarse, a pesar de que se le había denegado la autorización.

En torno a las nueve de la mañana del 23 de febrero de 2005, unos 30 minutos después de la hora designada para el inicio de la marcha, llegaron numerosos agentes de policía en cinco vehículos patrulla, tres camionetas y cinco automóviles de la brigada canina con perros que, según informes, soltaron en medio de la aglomeración de estudiantes. No hubo heridos, ya que los estudiantes no ofrecieron resistencia. Al menos dos estudiantes permanecieron detenidos en vehículos policiales durante aproximadamente una hora, pero no se efectuaron arrestos. Los estudiantes celebraron otra manifestación pacífica el 30 de julio de 2005, para pedir de nuevo que les concedieran transporte público gratuito. En esta ocasión, la policía golpeó y detuvo brevemente a algunos manifestantes.

Asimismo, Amnistía Internacional tiene constancia de casos de uso excesivo de la fuerza durante desalojos forzados. Al menos desde julio de 2001, la policía ha cooperado con personal de otros órganos, como el departamento fiscal del gobierno provincial de Luanda, empresas privadas de seguridad y personal militar, para desalojar por la fuerza a personas de sus casas.

Durante los desalojos forzados y las demoliciones del 21 de junio de 2004 en Wenji Maka, municipio de Kilamba Kiaxi, varias personas denunciaron haber sido detenidas de forma arbitraria, mientras que otras informaron de lesiones provocadas por armas de fuego de la policía. Tanto Sebastião Manuel como José Valentim recibieron disparos en la pierna, y José João Fernandes fue herido con arma de fuego en la cabeza, por lo que perdió el habla.(20) Este incidente no se investigó.

En el mismo municipio, se han producido más recientemente nuevos casos de desalojos forzados en los que la policía ha utilizado fuerza excesiva. Desde septiembre de 2004 se han practicado desalojos forzados en los barrios de Cambamba I y II, Banga Wé y 28 de Agosto, en Kilamba Kiaxi, después de que, al parecer, las autoridades otorgaran esas tierras al proyecto de viviendas Nova Vida sin respetar ninguno de los requisitos establecidos en el derecho internacional. En esta zona, los desalojos se vieron acompañados del uso de la fuerza y, en ocasiones, de armas de fuego por la policía.

DESALOJOS DE CAMBAMBA II

El 13 de marzo de 2006, miembros de la Policía Nacional y guardias de Visgo, empresa privada de seguridad, acompañados de otras personas vestidas de civil, llegaron a Cambamba II con excavadoras y demolieron 200 casas. Los residentes, en su mayoría mujeres, menores y ancianos, permanecieron delante de sus casas, negándose a moverse. Cuando llegó el automóvil del director de Nova Vida, algunos le lanzaron piedras, mientras que otros arrojaban objetos a la policía y los guardias, que huyeron de lugar. Más tarde, esa misma mañana, los policías y los guardias regresaron, acompañados de unos 100 agentes de la Policía de Intervención Rápida fuertemente armados que, según informes, salieron de sus vehículos disparando al aire y al suelo. Propinaron golpes y patadas a los residentes, entre ellos una mujer embarazada, a la que provocaron una hemorragia. Un niño de unos cuatro años de edad resultó herido en la rodilla, al parecer por una bala, y hubo que trasladarlo al hospital. La policía dijo que sus agentes no habían disparado contra el niño y que éste había resultado herido al caer de los brazos de su madre en medio de la confusión de los desalojos.

Los desalojos realizados ese mismo día en los barrios de Cambamba I y Banga Wé estuvieron rodeados de un grado similar de violencia.

DESALOJOS DE CAMBAMBA I

En Cambamba I, donde se demolieron alrededor de 130 casas, un guardia privado de seguridad, armado con un rifle automático AK 47, disparó a los pies de un joven que trataba de huir. A continuación, con ayuda de siete agentes de policía, rodearon al joven y lo agredieron, a patadas y a golpes con una manguera. Varias mujeres fueron detenidas, entre ellas Domingas Manuela Batista, embarazada en aquel momento. Helena André, Maria Ganga, Luciana Inácia y Leonora Martins Miguel fueron detenidas junto con sus hijos. Las que oponían resistencia eran arrojadas al suelo a empujones y golpeadas, entre ellas una mujer que llevaba un bebé a la espalda. También un hombre, Alvarito Francisco Medina, fue agredido y detenido.

Al parecer no se ha investigado la participación de la policía en los desalojos forzados con objeto, entre otras cosas, de establecer si el uso de la fuerza y de armas de fuego estuvo justificado en estos casos. En entrevistas con una delegación de Amnistía Internacional que visitó Angola en febrero de 2007, la policía y otras autoridades negaron que el cuerpo de policía hubiera actuado ilegalmente al participar en los desalojos forzados, y alegaron que éste tenía derecho a estar presente y que no había cometido ninguna violación de derechos humanos. Es más, el portavoz de la policía provincial de Luanda aseguró que quienes habían disparado contra los residentes eran guardias privados, no policías. Asimismo, declaró que los agentes habían participado en los desalojos forzados con el único fin de mantener el orden y evitar conflictos entre las partes. Según sus palabras, acudieron al lugar desprovistos de armas, y algunos de ellos también resultaron heridos durante los desalojos.

Amnistía Internacional ve con preocupación el uso de fuerza excesiva en estas ocasiones, un uso que violó las normas internacionales de derechos humanos. Según las normas internacionales de derechos humanos sobre el uso de armas de fuego, éstas se pueden utilizar sólo en las siguientes circunstancias:

Ø en defensa propia o de otras personas, en caso de peligro inminente de muerte o lesiones graves;

Ø para evitar la comisión de un delito particularmente grave que entrañe una seria amenaza para la vida, o con el objeto de detener a una persona que represente ese peligro y oponga resistencia a su autoridad, o para impedir su fuga;

Ø en caso de que resulten insuficientes medidas menos extremas para lograr dichos objetivos. En cualquier caso, sólo se podrá hacer uso intencional de armas letales cuando sea estrictamente inevitable para proteger una vida .(21)

El artículo 3 del Código de Conducta de la ONU para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley establece que "[l]os funcionarios encargados de hacer cumplir la ley podrán usar la fuerza sólo cuando sea estrictamente necesario y en la medida que lo requiera el desempeño de sus tareas". Además, según los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, la policía sólo puede recurrir a la fuerza cuando sea estrictamente necesario; además, la fuerza utilizada debe ser proporcional al objetivo que se persiga y debe ser legítima, y los agentes deben rendir cuentas al respecto. El grado y tipo de fuerza aplicado debe ser sólo el necesario para alcanzar un objetivo legítimo, y será proporcional a la gravedad del delito.(22) El objetivo principal debe ser evitar el empleo de la fuerza y de armas de fuego. Se debe recurrir en primer lugar a medios no violentos, y emplear la fuerza y las armas de fuego sólo cuando los otros medios "resulten ineficaces o no garanticen de ninguna manera el logro del resultado previsto".(23)

La proporcionalidad sólo se puede alcanzar si la policía tiene un amplio abanico de técnicas y material, como armas incapacitantes no letales y métodos que no conlleven el uso de armas. Por otro lado, se debe tener en cuenta el principio de subsidiariedad, según el cual los agentes deben actuar de la forma menos invasiva posible y menos perjudicial para los derechos del sospechoso. La subsidiariedad no se refleja explícitamente en las principales normas internacionales, pero algunas fuerzas de policía la consideran una práctica óptima.

Procedimientos disciplinarios

Los procedimientos disciplinarios entran en juego cuando un agente de policía incumple las disposiciones del Reglamento de Disciplina General. Los procedimientos disciplinarios contra el personal policial son en general poco severos, y corren exclusivamente a cargo del organismo policial afectado. Antes de tomarse una decisión, se debe investigar el caso, avalarlo con pruebas y tener en cuenta la declaración del acusado, que tiene acceso a su expediente. El acusado no tiene representación legal, salvo en casos de enfermedad o trastornos físicos o mentales, en que se nombra un defensor.(24) Según el artículo 66 del Reglamento de Disciplina General, un superior puede modificar o anular cualquier sanción impuesta por un subordinado. Además, en ciertas circunstancias, el agente acusado puede apelar.(25)

Si en un proceso disciplinario se estima que puede haberse cometido un delito, se remite el caso a las autoridades pertinentes,(26) que serán los departamentos nacional o provincial de investigación criminal y la fiscalía. El Reglamento de Disciplina General establece que el proceso disciplinario es independiente de los procesos penales, pero no especifica si en esas circunstancias se suspenderá el primero. En la práctica, parece que el proceso disciplinario precede a las acciones penales, y concluye antes de que éstas se inicien.

Incluso en los casos en que el proceso disciplinario da lugar a que se expulse del cuerpo al acusado, éste puede ser absuelto en el proceso penal, si el juez no encuentra suficientes pruebas para condenarlo. Según el artículo 92, se debe aplicar a los agentes de policía la legislación sobre delitos militares. Sin embargo, cuando el agente de policía es expulsado del cuerpo a raíz del proceso disciplinario y antes de que se inicien las acciones penales, dicha legislación deja de ser aplicable, puesto que ya no se trata de un miembro del cuerpo de policía.

Ausencia de procesos disciplinarios contra agentes por violaciones de derechos humanos

A pesar de la existencia de procedimientos disciplinarios, en pocas ocasiones se han tomados acciones disciplinarias contra agentes por violaciones de derechos humanos.

FERNANDO LELO

En mayo de 2006, agentes de policía arrestaron y detuvieron brevemente a Fernando Lelo, corresponsal de la Voz de América en la provincia de Cabinda, cuando fotografiaba cómo la policía golpeaba a miembros de una congregación católica que asistían a una misa especial de reconciliación en la catedral de la ciudad de Cabinda. Tras detenerlo lo condujeron a la Dirección Provincial de Investigación Criminal (Direcção Provincial de Investigação Criminal, DPIC), donde le confiscaron la cámara y la grabadora y, según informes, lo golpearon. Alrededor de las tres y media de la tarde, seis horas después de su detención, Fernando Lelo quedó en libertad sin cargos. Si bien recibió más tarde la grabadora, la DPIC no le devolvió la cámara, a pesar de sus reiteradas peticiones. Fernando Lelo informó a Amnistía Internacional de que el 28 de septiembre de 2006, tras haber remitido quejas por escrito al Ministerio del Interior, éste envió una delegación de inspectores de la Policía Nacional de Luanda a Cabinda para investigar su caso. Según Fernando Lelo, la delegación declaró que su detención había sido ilegal y que había violado sus derechos. Sin embargo, a pesar de dicha declaración, no parece que se haya abierto ningún proceso disciplinario contra los agentes de policía ni que se haya indemnizado a Fernando Lelo.

Este caso es sólo un ejemplo de los muchos en los que no se llevan a cabo procesos disciplinarios cuando la policía comete violaciones de los derechos humanos. De hecho, no se abrieron procesos disciplinarios en ninguno de los casos mencionados en este informe, salvo en los casos de tortura de los empleados de Maboque y de la ejecución extrajudicial del vendedor ambulante. La ausencia de procesos disciplinarios contra los agentes de policía refuerza la impunidad existente y legitima, equivocadamente, las violaciones de derechos humanos a manos de la policía.

Códigos internos de práctica

Amnistía Internacional es consciente de que, a fin de modificar los métodos y técnicas de acción policial, la Policía Nacional está reformando o desarrollando códigos de práctica que se ajusten a los objetivos del Plan de Modernización y Desarrollo. Como ya se ha comentado, las disposiciones actuales sobre el uso de la fuerza violan las normas internacionales de derechos humanos. Por tanto, es vital que se redacten códigos de práctica que respeten las normas internacionales, que dichos códigos se incorporen a la legislación y se den a conocer ampliamente, de manera que se pueda informar sin demora de cualquier violación, y que se consagren como base de la formación intensiva de nuevos agentes y de la formación de reciclaje de los ya existentes.

Además, los casos de detención arbitraria de miembros del PADEPA y del periodista Fernando Lelo descritos previamente indican que, o bien los códigos internos de práctica no dejan claro cuándo se pueden efectuar detenciones, o la policía no los tiene en cuenta. Las detenciones arbitrarias constituyen violaciones del PIDCP(27) y de la Carta Africana,(28) en los que Angola es Estado Parte. En virtud de estos tratados, sólo se puede privar de libertad a una persona por motivos legalmente reconocidos y según los procedimientos establecidos por ley.

Por tanto, los códigos de práctica internos deben incluir disposiciones detalladas sobre la forma de efectuar arrestos y detenciones, sobre el trato de los detenidos y sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego. Además, deben tener en cuenta las disposiciones de las normas internacionales, así como los códigos profesionales de práctica basados en ellas. Este código detallado de práctica, si se impone con rigor, transmitirá claramente a los agentes de policía la idea de que las violaciones de derechos humanos son inaceptables.

Sistema de recepción de denuncias de la población: Guichet de Reclamação

La apertura de oficinas de presentación de denuncias en la mayoría de las ciudades angoleñas constituyó un importante paso hacia la rendición de cuentas de la policía. La primera se inauguró en Luanda en 2003 y, desde entonces, se han establecido otras similares en las demás provincias. Dichas oficinas forman parte de la estructura policial y están abiertas al público, que puede presentar denuncias contra la policía en persona o por medio de números de teléfono de tarifa reducida.(29) Amnistía Internacional acogió con satisfacción este importante avance, indicativo del compromiso de la Policía Nacional con la mejora de la rendición de cuentas. Sin embargo, preocupa a la organización la aparente falta de respuesta de dichas oficinas a la comunidad.

Ausencia de respuesta a las denuncias y de información al público

A raíz de los casos de desalojo forzado ya descritos, algunos miembros de las comunidades afectadas presentaron denuncias en las oficinas. A pesar de ello, las comunidades no han recibido ninguna información de las oficinas sobre medidas tomadas al respecto. La policía debe garantizar que se lleven a cabo investigaciones sobre las denuncias presentadas en estas oficinas, y a la vez las oficinas deben informar a los denunciantes sobre la evolución de sus denuncias. El funcionamiento eficaz de la oficina de denuncias reforzará la confianza de la opinión pública en la policía y proporcionará a la Policía Nacional un medio de corregir comportamientos poco profesionales y de mejorar tanto su rendimiento como la percepción de la opinión pública sobre la labor policial en la comunidad.

Sendas delegaciones de Amnistía Internacional visitaron la oficina de denuncias de Luanda en mayo de 2003 y febrero de 2007. En mayo de 2003, el agente responsable de la oficina comunicó a la delegación que se publicarían informes sobre el trabajo de las oficinas. Sin embargo, en febrero de 2007 parecía que, aunque la oficina provincial de denuncia de Luanda informa cada tres meses al agente responsable de ella, los informes no se hacen públicos. La publicación de los informes es esencial para la credibilidad de las oficinas. Además, se debe dar amplia publicidad a las actividades de las oficinas e informar, entre otros puntos, sobre su funcionamiento en general, sobre la forma en que se garantiza la confidencialidad y la seguridad de los denunciantes y sobre el modo de presentar denuncias.

Otra medida para que la opinión pública confíe en las oficinas de denuncia sería el nombramiento de una figura pública respetada como inspector o inspectora independiente, para que supervise sus actividades y formule recomendaciones. Dicha persona tendría acceso a los expedientes, con la finalidad de seleccionar un número adecuado,(30) examinarlos y remitir los que no encontrara satisfactorios al comandante general. Este inspector o inspectora informaría anualmente sobre la eficiencia e integridad en la gestión de las denuncias. Como es natural, se le exigiría que respetara la confidencialidad de los denunciantes y de los agentes implicados.

Rendición de cuentas externa

Los mecanismos externos de rendición de cuentas no forman parte de la estructura policial y cumplen una función en la supervisión de la policía. Estos mecanismos incluyen estructuras estatales creadas oficialmente con el fin de controlar en alguna medida las funciones de la policía, así como organizaciones e instituciones cuyas funciones tienen relación con las actividades de la policía, proporcionando información a la población.

Mecanismos formales externos de rendición de cuentas

Oficialmente, la rendición de cuentas policial externa se ejerce en Angola a través de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial.

La Policía Nacional de Angola se halla bajo la jurisdicción del Ministerio del Interior, que supervisa todas las divisiones de la policía, tiene facultades para llevar a cabo nombramientos y determina la política operativa. El poder ejecutivo ejerce su función de control de la responsabilidad de la policía a través de este Ministerio.

La Asamblea Nacional establece el marco legal dentro del cual opera la policía. Sus comisiones, entre ellas la Comisión de Defensa, Seguridad y Orden Interno y la Comisión Parlamentaria para los Derechos Humanos, Peticiones, Quejas y Sugerencias de los Ciudadanos, llevan a cabo inspecciones e investigaciones y formulan recomendaciones para la acción.

La Procuraduría General supervisa la función investigadora de la policía y es responsable de asegurar la observancia de la ley en general y de la administración de justicia a través de los tribunales. El poder judicial tiene competencia sobre los agentes de policía sospechosos de haber cometido delitos, competencia que le permite asegurar que los agentes de policía que hayan cometido delitos sean sometidos a la justicia.



Aunque en Angola existen estas estructuras para la rendición de cuentas externa, a Amnistía Internacional le preocupa que no estén llevando a cabo con eficacia sus funciones de supervisión de la policía.

EMPLEADOS DE LA EMPRESA MABOQUE

El 13 de mayo de 2006, Mateus Inácio Martins, Faustino Penhafu, Zeferino Muipile y Santos João Francisco, guardias de seguridad privados empleados por la empresa de construcciones civiles Maboque, fueron aprehendidos y detenidos en diferentes comisarías de policía de Luanda por sospecharse que habían robado dinero de la caja fuerte de la empresa. Los golpearon brutalmente durante un periodo de cinco días, incluidos el día de su aprehensión y el día en que recobraron la libertad. El 17 de mayo de 2006 los cuatro quedaron en libertad sin cargos. En junio de 2006, la Asociación para la Justicia, la Paz y la Democracia difundió este caso en los medios de comunicación nacionales y posteriormente la policía anunció que los agentes responsables de los malos tratos habían sido destituidos tras un proceso disciplinario. En febrero de 2007 se informó a la delegación de Amnistía Internacional que se habían iniciado acciones penales contra los agentes de policía. No obstante, según la información que obra en poder de Amnistía Internacional, el juicio sigue pendiente.

No se ha tipificado la tortura como delito

Un hecho que preocupa seriamente a Amnistía Internacional es que el poder legislativo no haya adoptado legislación que prohíba y penalice claramente la tortura, los malos tratos y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Amnistía Internacional ha documentado varios casos de tortura cometida por agentes de policía, entre ellos la tortura de miembros de PADEPA que han sido aprehendidos y detenidos en numerosas ocasiones.

MALTRATO DE MIEMBROS DE PADEPA

El 10 de noviembre de 2004, decenas de personas que se manifestaban frente a la embajada de Estados Unidos en Luanda fueron aprehendidas y detenidas durante un breve lapso. Siete miembros de PADEPA fueron detenidos y trasladados a la comisaría de policía número dos de Luanda donde, según informes, fueron golpeados y sufrieron contusiones y otras lesiones. El 9 de noviembre de 2006 se detuvo a 110 miembros de PADEPA que participaban en manifestaciones pacíficas en cuatro lugares de Luanda. Según informes, las manifestaciones y las detenciones tuvieron lugar frente a la embajada francesa, cerca de la embajada portuguesa y frente al edificio ocupado por el gobernador de Luanda.(31) Los manifestantes protestaban contra la corrupción y exigían que Francia devolviera el dinero depositado por el presidente de Angola que, según PADEPA, pertenecía al pueblo angoleño.(32) Los detenidos fueron recluidos en las comisarías número uno, dos, tres y cuatro de Luanda, donde, según informes, los golpearon, los amenazaron con armas y los hicieron dormir en el suelo. En algunos casos la policía derramó agua sobre el piso para obligarlos a permanecer despiertos. En febrero de 2007, el presidente del partido, Carlos Leitão, que no fue detenido en esa ocasión, dijo a la delegación de Amnistía Internacional durante una entrevista que a los miembros de PADEPA los habían recluido junto a detenidos peligrosos que les habían robado y que podrían haberles causado "daños psicológicos". Carlos Leitão caracterizó el tratamiento que recibieron los miembros del partido bajo custodia como "tortura física y psicológica".

También se han recibido informes de casos de muerte por tortura, como los de Domingos Maurício, relatado al principio de este documento, y Francisco Levi da Costa, que se examina infra. Aunque la Constitución de Angola prohíbe la tortura, el Código Penal no lo hace. El ministro de Justicia informó a Amnistía Internacional que actos como ese equivalen a "delitos contra la persona física", que están prohibidos.(33) Recientemente, el gobierno de Angola se comprometió por voluntad propia a promover la protección de los derechos humanos por medio de, entre otras cosas, la aceleración del proceso de ratificación de la Convención de la ONU contra la Tortura. Amnistía Internacional acoge con satisfacción este compromiso e insta a las autoridades a asegurar que todos los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley sepan con claridad que no se tolerarán la tortura ni otros malos tratos.

No se han investigado casos de violaciones de derechos humanos

Es responsabilidad de la Procuraduría General llevar a cabo investigaciones cuando se ha cometido un delito. Sin embargo, no se ha llevado a cabo casi ninguna investigación sobre las violaciones de derechos humanos cometidas por la policía. En muchos de los casos que se analizan en este informe no se han llevado a cabo investigaciones. O si las ha habido, no se han hecho públicos sus resultados.

NELITO MANUEL CANGADOEl 30 de octubre de 2006 se encontró en la morgue el cuerpo de Nelito Manuel Cangado, un mes después de su aprehensión y reclusión en las celdas de la comisaría del barrio de Golfe, en Luanda. De acuerdo con la organización angoleña Mãos Livres, la noche de su detención unos agentes de policía se presentaron en su domicilio cerca de medianoche, buscando, según informes, a su hermano Joaquim Pereira, de quien sospechaban que había robado un teléfono móvil. Los agentes detuvieron a los dos hermanos y los llevaron a la comisaría. A Joaquim Pereira lo pusieron en libertad poco después, mientras que Nelito Manuel Cangado permaneció detenido. Más tarde, su familia encontró su cuerpo en la morgue. Se llevó a cabo una autopsia, en la que se reveló que había muerto de shock traumático. Al parecer, posteriormente acusaron a un agente de policía de ser responsable de su muerte. A Amnistía Internacional le informaron de que la DNIC aún está investigando el caso. No ha quedado claro si se ha detenido a algún agente en relación con este caso.

En febrero de 2007 el periódico O Angolenseinformó de un caso similar.(34)

FRANCISCO LEVI DA COSTADe acuerdo con el informe de O Angolense, el 2 de febrero de 2007, a las ocho de la mañana, unos agentes de policía detuvieron a Francisco Levi da Costa y a otros dos hombres tras ser éstos descubiertos, según se afirmó, por el dueño de un comercio cuando intentaban robar tres cajas de pescado. Los agentes los llevaron a la comisaría número ocho, donde los golpearon durante cuatro días consecutivos sin llevarlos a comparecer ante el fiscal para un interrogatorio formal. Francisco Levi da Costa perdió el conocimiento a causa de los golpes que recibió, sobre todo en la cabeza, pero la policía alegó que simplemente estaba fingiendo para que lo pusieran en libertad. En la mañana del 5 de febrero de 2007, Francisco Levi da Costa fue muerto a golpes por la policía en una celda policial. El dueño de las cajas de pescado retiró los cargos contra los otros dos hombres cuando se enteró de esta muerte. El portavoz de la policía provincial de Luanda manifestó que se estaba llevando a cabo una investigación interna y que no podía hacer comentarios sobre el caso. En el momento de redactarse el presente informe, un funcionario policial informó a Amnistía Internacional de que Francisco Levi da Costa había participado en una riña con otros reclusos antes de su muerte y que la policía no descartaba la posibilidad de que hubiese muerto a causa de esta pelea. Amnistía Internacional recibió la información de que todavía no se había acusado a nadie de su muerte.

Las normas internacionales de derechos humanos exigen que se lleve a cabo una investigación de la causa de la muerte en todos los casos de muerte de un detenido o un preso. Las conclusiones de dicha investigación deben estar a disposición de quien lo solicite.(35) Las averiguaciones deben investigar la causa, modo y momento de la muerte, la persona responsable de ésta y toda práctica o conducta que pudiera haber contribuido a ella.

No se ha procesado a agentes de policía por cometer violaciones de derechos humanos

Otra deficiencia de la Procuraduría General es que se ha procesado a pocas personas responsables de violaciones de derechos humanos, creándose así una sensación de impunidad. Una excepción a lo anterior parece ser el procesamiento del agente de policía que fue declarado culpable de la muerte de Antoninho Tchiswugo.

ANTONINHO TCHISWUGOEl 1 de enero de 2005, un agente de la comisaría número uno de Lobito, en la provincia de Benguela, se dirigió al edificio donde vivía Antoninho Tchiswugo, conocido como "Toi", también en Lobito. El agente lo asió, lo esposó y le disparó a la cabeza. Después le sacó las esposas y arrojó el cuerpo al hueco del ascensor. Pese a las declaraciones de algunos de los amigos de la víctima, el agente no fue acusado o suspendido hasta que se llevase a cabo una investigación. Fue sólo tras las protestas de algunas ONG que se inició una investigación en febrero de 2005, que llevó a la detención del agente el 13 de marzo de ese mismo año. El 8 de agosto de 2006, el Tribunal Provincial de Benguela en Lobito declaró al agente culpable del homicidio deliberado e ilegítimo de "Toi" y lo condenó a 17 años de prisión y a pagar daños y perjuicios a la familia de la víctima por un monto de 500.000 kwanzas (aproximadamente 6.250 dólares estadounidenses). Hasta donde Amnistía Internacional tiene conocimiento, ésta es la primera vez que un agente de policía ha sido declarado culpable de homicidio ilegítimo y condenado a una pena de prisión prolongada.


qj En el año 2006 se anunció que se iniciarían acciones penales con respecto a dos casos. Uno de ellos fue el caso de los cuatro empleados de la empresa Maboque que fueron torturados, descrito supra,(36)y el otro es el que se reseña en el apartado siguiente.

VENDEDOR CALLEJERO, LARGO PRIMEIRO DO MAIO

En mayo de 2006, dos agentes de policía mataron a un joven vendedor callejero e hirieron a otro en la zona de Largo Primeiro do Maio, en Luanda. Según informes, el 15 de mayo de 2006 los dos policías patrullaban la zona cuando se encontraron con un grupo de vendedores callejeros. De acuerdo con los informes, uno de ellos llevaba una bolsa que contenía varios teléfonos móviles que se sospechó fueran robados. Cuando la policía abrió la bolsa, el joven huyó hacia el interior de un edificio, a donde lo persiguió uno de los agentes, que lo aprehendió. Según informaciones de prensa, cuando salieron del edificio el agente ordenó al joven que no se moviera y lo mató de un disparo. Sin embargo, en febrero de 2007, el portavoz de la policía provincial dijo a la delegación de Amnistía Internacional que el joven se había resistido a la captura y que el agente de policía, en una actuación negligente, disparó y lo mató. El portavoz agregó que el agente había hecho uso desproporcionado de la fuerza y había sido expulsado de la policía tras un proceso disciplinario, y que se habían iniciado acciones penales contra él. De acuerdo con los informes, la gente que se hallaba en las cercanías del hecho en el momento del disparo protestó contra la policía, y durante esta protesta otro agente disparó e hirió al otro vendedor. El portavoz de la policía provincial no hizo mención de lo sucedido a este agente. No resulta claro para Amnistía Internacional si ambos agentes se encuentran actualmente bajo custodia. Al parecer aún no han sido juzgados.

HOMICIDIOS EN LAS PROVINCIAS DE LUNDA NORTE Y LUNDA SUR

El 7 de diciembre de 2004, un portavoz de la policía informó de que cinco personas, cuatro de ellas originarias de la República Democrática del Congo y una de Angola, habían muerto por asfixia en una celda de la comisaría de Muxinda el 5 de diciembre. El portavoz añadió que los familiares habían reaccionado atacando a los agentes con lo que denominaron "armas que no eran de fuego" y que la policía había disparado a la multitud, matando a un familiar de uno de los fallecidos. Al día siguiente, 8 de diciembre, una agencia de noticias informó de que el 7 de diciembre se habían encontrado 12 cadáveres.(37) El informe no aclaraba dónde. Un periodista angoleño y un abogado portugués investigaron posteriormente este incidente. Sus conclusiones, relativas a éste y otros casos de homicidios cometidos por agentes de policía en las provincias de Lunda, están contenidas en el informe Lundas: The stones of death. Angola’s deadly diamonds: Human rights abuses in the Lunda provinces, publicado a comienzos de 2005,(38) que fue seguido por el informe Operation Kissonde: The Diamonds of Humiliation and Misery, publicado en 2006. Los autores informaron de que la celda en la que habían estado recluidos los 12 fallecidos era "como un armario", sin ventilación ni luz y sin ningún tipo de instalaciones higiénicas. Según el informe, tres agentes de policía habían sido detenidos en relación con las muertes. Altos cargos de la policía manifestaron que había existido un "exceso de celo" por parte de los agentes en cuestión.(39)

El informe Lundas: The stones of death. Angola’s deadly diamonds: Human rights abuses in the Lunda provinces, también expone el caso de 11 detenidos aprehendidos en Xa-Muteba que murieron debido a las duras condiciones de reclusión y a la falta de alimento adecuado entre el 11 de abril y el 3 de junio de 2004. Hasta ahora no se ha hecho pública información alguna sobre ninguna investigación que se haya hecho de estas muertes. Amnistía Internacional ha planteado el caso en numerosas ocasiones a las autoridades angoleñas, pero no ha recibido ninguna información.

En virtud de las normas internacionales, incluidos los Principios de la ONU Relativos a una Eficaz Prevención e Investigación de las Ejecuciones Extralegales, Arbitrarias o Sumarias, los Estados deben investigar todos los casos en que haya sospecha de ejecuciones extralegales, juzgar a los presuntos responsables y proporcionar reparación a las familias de las víctimas.

No se ha proporcionado información a las víctimas y al público

En los casos examinados supra, las autoridades han declarado que se estaban llevando a cabo investigaciones o que se estaban iniciando acciones legales. Sin embargo, en la mayoría de los casos no se ha proporcionado más información sobre las conclusiones de esas investigaciones o el progreso de las actuaciones judiciales, y las autoridades casi nunca han respondido a las solicitudes de información de Amnistía Internacional. El acceso del público y de las víctimas a la información debe estar garantizado por un mecanismo eficaz de rendición de cuentas, de forma que sea evidente que se hace a la policía responsable de sus acciones.

La Declaración de la ONU sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delitos y del Abuso de Poder dispone que los procesos judiciales y administrativos deben responder a las necesidades de las víctimas, informándolas, entre otras cosas, de la marcha de las actuaciones.(40) El Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión también dispone que las conclusiones de las investigaciones sobre las muertes deben ser puestas a disposición de quien las solicite.(41) Proporcionar al público la información relativa a las conclusiones de las investigaciones y al progreso de las actuaciones judiciales garantizará no sólo que se haga justicia, sino que también se perciba que se la hace.

Mecanismos informales externos de rendición de cuentas

Fuera del marco oficial, a la policía se la responsabiliza de sus actos a través de las actividades de mecanismos independientes de rendición de cuentas, los medios de comunicación y las ONG de derechos humanos.

Mecanismos independientes de rendición de cuentas

La policía debe rendir cuentas ante organismos independientes de vigilancia creados por ley, como el Defensor del Pueblo de Angola, nombrado en marzo de 2005. La Defensoría del Pueblo es un organismo público independiente cuya tarea es la de proteger los derechos y libertades constitucionales de la población y asegurar que la administración pública actúe con justicia y dentro del marco de la ley. El Estatuto del Defensor del Pueblo le otorga facultades para investigar quejas presentadas por miembros de la población(42) y casos de violaciones graves de derechos humanos incluso sin que medie una queja, (43) así como para formular recomendaciones encaminadas a prevenir y reparar injusticias y vigilar el cumplimiento de estas recomendaciones. (44)

El escrutinio independiente es un elemento invalorable para mejorar la rendición de cuentas interna, aumentar la profesionalidad en general e incrementar la confianza y el apoyo públicos. También puede asegurar que los presuntos responsables de cometer violaciones de derechos humanos sean puestos a disposición de la justicia y que la policía cumpla con su deber de proteger y promover los derechos humanos.

La Defensoría del Pueblo puede encargarse de quejas de violaciones de los derechos humanos cometidas por agentes de policía, pero su mandato es muy amplio, y es probable que se ocupe sólo de los casos más graves. Su actuación no proporciona un escrutinio independiente de carácter exhaustivo de la actuación de la policía.

Muchos países, reconociendo la necesidad de disponer de mecanismos de escrutinio independiente permanente, han creado organismos independientes cuyo fin específico es recibir quejas contra la policía y diligenciarlas. Este tipo de organismos garantizan que las quejas contra la policía se gestionen de forma abierta, eficiente y justa, y asimismo ayudan a elevar la calidad de la actuación de la policía y a incrementar la confianza pública en ella.

Un organismo independiente de atención de quejas contra la policía se encargaría de tramitar todas las quejas contra la policía, incluyendo asuntos relacionados con sus operaciones, como por ejemplo la ausencia de reacción en casos de emergencia, y denuncias de mala conducta, incluidos casos de violaciones de derechos humanos. Este organismo estaría facultado para llevar a cabo investigaciones por sí mismo, o para supervisar las investigaciones de quejas que lleve a cabo la policía. El organismo también sería responsable de salvaguardar los derechos de las personas que presentan quejas.(45) Otro cometido de un organismo independiente de tramitación de quejas es el análisis de tendencias y la formulación de recomendaciones para dar respuesta a ellas, proporcionando un análisis independiente como instrumento de comparación con el análisis interno.

El papel de las ONG y de los medios de comunicación en la supervisión de la policía

Los medios de comunicación angoleños y las ONG locales desempeñan un papel indispensable en la supervisión de la actuación de la policía. Los medios de comunicación han informado de casos de violaciones de derechos humanos, llamando así la atención de las autoridades sobre ellos. En algunas ocasiones, los casos de violaciones de derechos humanos sobre los que han informado los medios de comunicación han sido los mismos que han sacado a la luz las ONG locales como la AJPD y Mãos Livres. Son estas ONG las que reciben las denuncias de violaciones de derechos humanos de las propias víctimas y las que piden a las autoridades que actúen para que la policía rinda cuentas al respecto. En 2006 la AJPD desempeñó un papel decisivo para poner al descubierto la tortura de los cuatro empleados de la empresa Maboque a manos de la policía. La presión ejercida por la AJPD llevó a que se instruyeran procedimientos disciplinarios contra los agentes responsables y, finalmente, a que se les expulsara de la policía. Mãos Livrestambién proporciona asesoramiento letrado a víctimas de violaciones de derechos humanos. Además, otras ONG del tipo de las mencionadas ofrecen formación en derechos humanos a la policía. Es esencial que a estas ONG se les proporcione libertad de acción para llevar a cabo estas funciones y que las autoridades policiales cooperen con ellas.

Es lamentable que la respuesta de la policía a periodistas y organizaciones de derechos humanos que buscan información sobre abusos cometidos por la policía sea a menudo poco transparente y poco respetuosa del interés público. En algunos casos se han violado los derechos de los propios periodistas que documentaban violaciones de derechos humanos. La policía ha detenido arbitrariamente a periodistas que no eran sospechosos de haber cometido ningún delito, como lo prueba el caso de Fernando Lelo documentado supra. Amnistía Internacional hace un llamamiento a las autoridades policiales para que cooperen con las ONG y los medios de comunicación a fin de asegurar que los responsables de violaciones de los derechos humanos sean llevados ante la justicia.

3. Conclusiones A pesar de su deber legal de respetar los derechos humanos fundamentales y de la reciente inclusión de la formación en derechos humanos en el plan de estudios de la policía, los agentes de policía de Angola han continuado cometiendo violaciones de derechos humanos.

En la mayoría de los casos de violaciones de derechos humanos cometidas por la policía documentados en este informe, no se han llevado a cabo investigaciones, no se han instruido procesos disciplinarios y ningún presunto responsable ha sido puesto a disposición de la justicia. A Amnistía Internacional le preocupa que esta cultura de impunidad policial intensifique las violaciones de derechos humanos y los abusos cometidos por la policía. La inexistencia de actuaciones disciplinarias y de procesamientos de agentes de policía por cometer abusos contra los derechos humanos, unida a las permanentes violaciones de derechos humanos que se producen, señalan un defecto grave de los mecanismos de rendición de cuentas de la policía. Aunque Angola dispone de una serie de mecanismos internos y externos de rendición de cuentas policial, incluidas las oficinas de atención de quejas contra la policía recientemente creadas y la Defensoría del Pueblo, estos mecanismos no parecen ser eficaces ni responder a las necesidades de la sociedad. Amnistía Internacional cree que estos mecanismos deben ser fortalecidos si se quiere que la policía verdaderamente rinda cuentas por sus acciones. Amnistía Internacional sugiere, además, que podría ser necesaria la creación de un órgano independiente y especializado para supervisar a la policía, de forma de poner fin a la cultura de la impunidad policial.

Además, algunas de las disposiciones del derecho nacional angoleño relativas a la labor policial no se ajustan a las normas internacionales de derechos humanos. Amnistía Internacional insta a las autoridades a que reformen estos códigos y reglamentos para que estén en consonancia con dichas normas. Finalmente, Amnistía Internacional hace un llamamiento a las autoridades angoleñas para que promuevan un enfoque de la labor policial basado en los derechos humanos y pongan fin a la impunidad policial por violaciones de los derechos humanos.

4. Recomendaciones A fin de mejorar los servicios policiales y reducir las violaciones de derechos humanos cometidas por la policía, Amnistía Internacional pide a las autoridades angoleñas que apliquen las siguientes recomendaciones.

Poner a los responsables de violaciones de derechos humanos a disposición de la justicia

Ø Deben investigarse con prontitud, imparcialidad y exhaustividad todos los casos de ejecuciones extrajudiciales, tortura, uso excesivo de la fuerza, muertes bajo custodia y otras violaciones de los derechos humanos, y debe enjuiciarse a los presuntos responsables.

Ø Las quejas sobre la conducta de un agente de policía deben tratarse con la diligencia debida, ya provengan de particulares, supervisores o colegas. Las personas que presenten quejas deben confiar en que recibirán apoyo y, si es necesario, protección contra represalias. Los particulares deben tener la seguridad de que sus quejas serán tratadas con seriedad y que no se verán perjudicados por haberlas presentado.

Ø A Amnistía Internacional le preocupa la cantidad de investigaciones que, según informes, la policía ha iniciado en el pasado y que, al parecer, no ha concluido. Muchas de ellas, según parece, simplemente desaparecieron durante su trámite. Amnistía Internacional insta a las autoridades a garantizar que las investigaciones con respecto a los casos de abusos y violaciones de los derechos humanos que se mencionan en el presente informe lleguen a su conclusión y que los presuntos responsables sean puestos a disposición de la justicia. Las víctimas de violaciones de derechos humanos o, en los casos de muerte bajo custodia o ejecución extrajudicial, sus familias, deberán recibir indemnización.

Garantizar que todos los agentes de policía reciban capacitación relativa a la labor policial basada en las normas de derechos humanos

Ø Todos los agentes de policía deben recibir capacitación y formación complementaria sobre las normas de derechos humanos relativas a la labor policial y deben entender plenamente que actos como la detención y reclusión arbitrarias, la muerte bajo custodia, la tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, así como el uso excesivo de la fuerza, constituyen violaciones de los derechos humanos. Los oficiales superiores también deben recibir esta capacitación. Una acción de este tipo sería concordante con el propósito del Plan de Modernización y Desarrollo de incrementar el nivel de capacitación profesional y personal de la policía.

Ø Las autoridades deben seguir proporcionando cursos de capacitación o perfeccionamiento al personal policial, y deben garantizar que esa capacitación esté unida a una supervisión cuidadosa, en la que se les dé a los agentes instrucciones claras acerca del uso de la fuerza y de las armas de fuego y se los vigile atentamente. Además de instrucción en técnicas de autodefensa y del manejo de las armas, la capacitación debe incluir técnicas de control de disturbios, así como pruebas que aseguren que los agentes entienden perfectamente los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad.

Ø Debe capacitarse a los oficiales superiores en la supervisión del uso de la fuerza y de las armas de fuego por el personal a su cargo. Debe apoyarse esta capacitación por medio de una política de investigaciones exhaustivas de presuntas violaciones de derechos humanos.

Ø En consonancia con el objetivo del Plan de Modernización y Desarrollo de sustituir rifles por pistolas, las armas inadecuadas, como los rifles AKM, deben sustituirse por dispositivos más adecuados a la labor policial en tiempos de paz, como por ejemplo instrumentos no letales, de forma de evitar el uso innecesario de la fuerza.

Reformar los códigos y reglamentos que regulan la acción de la policía para ajustarlos a las normas internacionales

Ø Debe reformarse el Reglamento de Disciplina General a fin de garantizar que respete las normas internacionales de derechos humanos. Debe incluirse la prohibición de obedecer órdenes ilegales.

Ø Deben elaborarse códigos de práctica para la gestión de actos que puedan alterar el orden público y para el uso de la fuerza y de las armas de fuego. Esos códigos deben ajustarse a las normas internacionales de derechos humanos y a los principios policiales de legalidad, necesidad y proporcionalidad. Además, deben incluir disposiciones para el trato de las víctimas u otras personas afectadas por el uso de la fuerza o de las armas de fuego y para la evaluación de dicha actividad.

Ø Estos códigos deben hacerse públicos para mejorar la comprensión general de la labor policial y ayudar a proteger los derechos humanos.

Ø Deben incluirse en los códigos instrucciones para la presentación de informes, junto con modelos de los formularios que deben rellenarse después de llevar a cabo actuaciones como detenciones, registros o uso de la fuerza o de armas de fuego. Deberán elaborarse asimismo dos tipos de formularios específicos, uno para informar de lesiones graves o muertes causadas como consecuencia del uso de la fuerza o de armas de fuego, y otro para informar de muertes bajo custodia.

Prohibir toda forma de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes

Ø Angola se ha comprometido a acelerar la ratificación de la Convención de la ONU contra la Tortura y de su Protocolo Facultativo. Amnistía Internacional insta a las autoridades pertinentes a asegurar que las disposiciones de la Convención se incorporen a la legislación nacional. La prohibición absoluta de la tortura y de otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, que no admite excepciones bajo ninguna circunstancia, debe establecerse con claridad en la legislación nacional, en los reglamentos disciplinarios y en los códigos de práctica.

Ø Todo programa de capacitación para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley debe tomar plenamente en cuenta esta prohibición. Todos los agentes y oficiales, incluidos los jefes, deben tener pleno conocimiento de sus responsabilidades con respecto a la protección de los detenidos, y comprender que los actos de tortura o los tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes constituyen delitos comunes en virtud de las leyes nacionales y de los tratados internacionales en los que Angola es Estado Parte.

Considerar con seriedad, después de consultar exhaustivamente con los organismos estatales pertinentes y con la sociedad civil, la creación de una oficina independiente de denuncias contra la policía

Como es probable que las quejas contra la policía sean numerosas, y que al Defensor del Pueblo no le sea posible prestar a la supervisión de la policía toda la atención que sería deseable, debe considerarse cuidadosamente la posibilidad de crear un organismo especializado para supervisar a la policía. Debe consultarse en profundidad con la policía, la judicatura, el Defensor del Pueblo y representantes de las ONG pertinentes. Cualquier organismo encargado de la supervisión de la policía debe poseer independencia suficiente como para crear sus propios procesos y procedimientos, y su presupuesto no debe depender de la policía.

Además, dicho organismo debe poseer:

Ø experiencia en las técnicas adecuadas para hacer cumplir la ley, así como legitimidad desde el punto de vista de las personas a quienes afectarán sus actuaciones;

Ø facultades suficientes para llevar a cabo sus propias investigaciones, independientemente de la policía;

Ø facultades para iniciar averiguaciones o investigaciones aunque no se haya recibido una queja concreta;

Ø facultades para exigir cooperación de los departamentos de la policía, y en especial tener acceso a todos los archivos policiales;

Ø facultades para hacer comparecer a testigos;

Ø facultades para exigir a organismos policiales que le proporcionen información sobre sus actuaciones en casos individuales, y que justifiquen su inacción, si procede.

Asegurar que la policía trabaje en estrecho contacto con las ONG que desempeñan tareas de observación y que coopere con ellas

Las ONG locales desempeñan un papel indispensable en la observación y la documentación de casos de violaciones de derechos humanos cometidas por agentes de policía. Las ONG reciben información directamente de la población. La Policía Nacional debe asegurar que trabaja en estrecho contacto con las ONG para hacer el seguimiento de cualquier presunta conducta indebida de agentes de policía y para garantizar que todos los presuntos responsables sean llevados ante la justicia.

Amnistía Internacional insta al Defensor del Pueblo a garantizar que:

Ø los casos de violaciones graves de los derechos humanos cometidas por agentes de policía, incluidas las ejecuciones extrajudiciales y la tortura, se investiguen incluso sin mediar denuncia de particulares, según las facultades establecidas por el Estatuto del Defensor del Pueblo;

Ø se sigan las recomendaciones hechas a los órganos pertinentes respecto a medidas correctivas aplicables a violaciones de derechos humanos cometidas por agentes de policía y, en los casos en que las actuaciones no resulten satisfactorias, el caso sea remitido a la autoridad competente.(46)

Recomendaciones a los organismos internacionales

Amnistía Internacional observa que en la capacitación de la policía angoleña toman parte diversas ONG y organizaciones no gubernamentales internacionales. Amnistía Internacional recomienda que los distintos organismos:

Ø coordinen la capacitación de la policía angoleña para evitar lagunas o duplicaciones y para asegurar la utilización efectiva de los fondos;

Ø se aseguren de que la capacitación cumpla con las normas internacionales de derechos humanos y que se haga especial hincapié en ellas;

Ø vigilen la aplicación por parte de la policía angoleña de los principios impartidos durante la capacitación y hagan comentarios sobre cualquier incidente en el que la actuación de la policía no se haya ajustado a las normas de derechos humanos.

Amnistía Internacional también insta a la comunidad internacional, en especial a los gobiernos de Estados que tengan influencia en Angola, a que:

Ø ayuden a proporcionar capacitación en derechos humanos basada en las normas internacionales de derechos humanos en coordinación con otros organismos que estén proporcionando dicha capacitación;

Ø continúen utilizando su influencia para alentar a las autoridades a investigar violaciones de derechos humanos cometidas por la policía y poner a los responsables a disposición de la justicia.

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(1) Véase el caso de Antoninho Tchiswugo, en este mismo documento.



(2) Por ejemplo, la ley 7/78, de 26 de mayo de 1978, sobre Delitos contra la Seguridad del Estado, que penalizaba, entre otros actos, la "propaganda antirrevolucionaria", y la ley 3/78, de 9 de abril de 1988, que permitía la detención administrativa durante periodos de hasta 15 años.



(3) Jornal de Angola, 9 de febrero de 2004.



(4) Sexto, octavo y décimo se refieren a los años de escolarización.



(5) Según el director del Departamento de Educación Patriótica y Ética Policial y el director de Formación Superior de la Policía, febrero de 2007.



(6) Sustituye al decreto-ley 28/93, de 27 de agosto de 1993.



(7) Permite a los individuos presentar comunicaciones sobre violaciones del Convenio ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU, creado en virtud del PIDCP, una vez agotados los recursos nacionales.



(8) Los compromisos voluntarios de Angola con respecto a la protección de los derechos humanos quedaron plasmados en una carta del Representante Permanente de Angola ante las Naciones Unidas dirigida a la presidenta de la Asamblea General, con fecha de 3 de mayo de 2007.



(9) Artículo 21.3 de la Constitución de Angola.



(10) Capital, 17-24 de septiembre de 2005.



(11) Principio 34 del Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión, y artículos 18 y 20 de los Principios de la ONU Relativos a una Eficaz Prevención e Investigación de las Ejecuciones Extralegales, Arbitrarias o Sumarias.



(12) O Angolense, 9-16 de diciembre de 2006.



(13) Artículo 5.34 del Reglamento de Disciplina General.



(14) Artículo 5.48 del Reglamento de Disciplina General.



(15) Artículo 5.19 del Reglamento de Disciplina General.



(16) Artículo 3 del Reglamento de Disciplina General.



(17) Artículo 8 del Código de Conducta.



(18) Artículo 5, párr. 38 del Reglamento de Disciplina General.



(19) Artículo 5, párr. 48 del Reglamento de Disciplina General.



(20) Comunicado de prensa del Movimiento de la Ciudadanía (Movimento da Cidadania), Comisión de Campesinos de Wenji Maka (Comissão de Camponeses do Wenji Maka) y SOS-HABITAT – Acción Solidaria (SOS-HABITAT – Accão Solidária), sin fecha.



(21) Principios Básicos, Principio 9, que desarrolla el comentario del artículo 3 del Código de Conducta.



(22) Principios Básicos, Principio 5.



(23) Principio 4.



(24) Decreto 41/96, artículo 72.2.



(25) Decreto 41/96, artículo 80.



(26) Decreto 41/96, artículo 3.



(27) Artículo 9.1.



(28) Artículo 6.



(29) En Luanda, estos números son 113 o 02-33 47 20.



(30) El inspector o inspectora decidiría cuál es el número adecuado en función de criterios que garanticen una muestra representativa.



(31) "Frustrada manifestação defronte a embaixada da França", Jornal Apostolado, 9 de noviembre de 2007, complementado con información extraída de una entrevista con Carlos Leitão, presidente de PADEPA, durante la visita de la delegación de Amnistía Internacional en febrero de 2007.



(32) Entrevista con Carlos Leitão, presidente de PADEPA, febrero de 2007.



(33) Entrevista con el ministro de Justicia durante la visita de una delegación de Amnistía Internacional en febrero de 2007.



(34) O Angolense, 17-24 de febrero de 2007.



(35) Principio 34, Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión.



(36) Véase el apartado sobre la no tipificación de la tortura como delito.



(37) Agence France Presse, 8 de diciembre de 2004.



(38) Lundas: The stones of death. Angola’s deadly diamonds: Human rights abuses in the Lunda provinces, 2005, Marques, R. y Falcão de Campos, R.



(39) Agora, 25 de diciembre de 2004 y Lundas: The stones of death. Angola’s deadly diamonds: Human rights abuses in the Lunda provinces, pág.24.



(40) Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia, principio 6.a.



(41) Principio 34, Conjunto de Principios.



(42) Estatuto del Defensor del Pueblo, artículo 18.f.



(43) Estatuto del Defensor del Pueblo, artículo 3.



(44) Estatuto del Defensor del Pueblo, artículo 18.a y g.



(45) Las personas que, tras presentar una queja, no queden satisfechas pueden también presentar su queja ante un tribunal.



(46) Estatuto del Defensor del Pueblo, artículo 36.4.







AMNISTÍA INTERNACIONAL


Declaración pública


Índice AI: AFR 20/011/2007 (Público)

Servicio de noticias: 184/07

26 de septiembre de 2007

http://web.amnesty.org/library/Index/ESLAFR200112007


Chad: La resolución del Consejo de Seguridad de la ONU es un avance en la protección de la población civil, pero persisten los motivos de preocupación



Amnistía Internacional acoge con satisfacción hoy, 26 de septiembre de 2007, la noticia de que el Consejo de Seguridad de la ONU ha aprobado la resolución 1778, por la que se autoriza el despliegue en Chad y la República Centroafricana de una presencia multidimensional que se denominará misión de las Naciones Unidas en la República Centroafricana y el Chad, MINURCAT.


La organización espera que esta decisión suponga una renovación del compromiso de la comunidad internacional de garantizar la protección de la población civil en esta región devastada por la guerra.


La aprobación de la resolución 1778 constituye un importante avance en la protección de la población civil del este de Chad y el norte de la República Centroafricana. Amnistía Internacional pide que esta misión se despliegue con prontitud y que cuente con los recursos adecuados para cumplir del mejor modo posible este cometido.


Sin embargo, a la organización le preocupan los siguientes aspectos:

La MINURCAT no tiene el mandato de vigilar las zonas limítrofes entre Sudán, Chad y la República Centroafricana, pese a que uno de los principales motivos de inseguridad en la región son los ataques transfronterizos.

La eficacia global de la fuerza desplegada puede verse comprometida por la reducida cantidad de personal policial y militar que se enviará a ambos países, así como la limitada área geográfica en la que se desarrollará la operación.

La región está plagada de armas pequeñas, por lo que la MINURCAT deberá poner en marcha medidas destinadas a frenar la proliferación de tales armas en la zona.

Los grupos armados siguen utilizando y reclutando a niños y niñas soldados. La MINURCAT deberá asegurar el desarme, la desmovilización y la reintegración de estos menores y de otros combatientes lo antes posible tras el despliegue de la fuerza internacional.

Las mujeres y las niñas continúan sufriendo violaciones y otras formas de violencia sexual. La MINURCAT deberá adoptar urgentemente y con carácter prioritario medidas que prevengan tales abusos.


Información complementaria

Desde 2006, Amnistía Internacional hace campaña para que, entre otras medidas, se establezca una fuerza de la ONU con un mandato firme destinado a proteger a la población civil del este de Chad y el norte de la República Centroafricana. A pesar de los graves abusos contra los derechos humanos que se cometen de forma generalizada en sus territorios, los gobiernos de Chad y la República Centroafricana han incumplido o no han sido capaces de cumplir la obligación primaria que les incumbe de proteger a la población civil.


La resolución 1778 se ha aprobado poco después de que la ONU haya adoptado otra resolución por la que autoriza el despliegue de una fuerza híbrida de mantenimiento de la paz de la Unión Africana y la ONU en Darfur (Operación Híbrida de la Unión Africana y las Naciones Unidas en Darfur, UNAMID).



Documento público

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Si desean más información, pónganse en contacto con la oficina de prensa de Amnistía Internacional en Londres, llamando al número +44 20 7413 5566, o visiten http://news.amnesty.org. Para los documentos y comunicados de prensa traducidos al español consulten http://web.amnesty.org/library/eslindex.


Amnistía Internacional, 1 Easton St., London WC1X 0DW, Reino Unido. Sitio web: http://www.amnesty.org







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