Document - Angola: Llamamiento al gobierno para que ponga fin de inmediato a los desalojos y al uso excesivo de la fuerza

Desde noviembre de 2005, más de 600 familias han sido desalojadas de sus viviendas en varios barrios de la capital, en especial el barrio de Cidadanía, en el municipio de Viana, y los barrios de Wenji Maka, Cambamba I, Cambamba II, 28 de Agosto y Banga Wé, en el municipio de Kilamba Kiaxi. Según los informes recibidos, el 13 de marzo de 2006, cuando la población de estos barrios protestó por la demolición de sus viviendas, un contingente de agentes de policía y guardias de seguridad privada propinó golpes y puntapiés a los residentes –entre ellos una mujer embarazada y una mujer que llevaba un niño a la espalda– y abrió fuego contra ellos. Los informes indican que siete policías y un guardia de seguridad golpearon a un joven e hirieron de un disparo en la rodilla a un niño de seis años o menos. Un grupo de guardias pertenecientes a una empresa de seguridad privada participó en los desalojos a fin de proceder a la demolición de las viviendas y, al parecer, controlar una reunión pública. La legislación angoleña (art. 4 de la Ley 19/02 del 31 de julio de 1992) prohíbe a las empresas de seguridad privada cumplir funciones policiales. De acuerdo con los informes, el miércoles 15 de marzo un equipo encargado de la demolición, acompañado de agentes de policía, regresó al escenario de los desalojos, aparentemente con la intención de destruir todos los edificios del lugar.

Amnistía Internacional ve con preocupación que los recientes desalojos masivos en Luanda, al igual que los efectuados en años anteriores, parecen haberse llevado a cabo sin la protección procedimental y el debido proceso legal exigidos por normas internacionales como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), en el que Angola es Estado Parte. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, órgano creado por la ONU para vigilar el cumplimiento del PIDESC por parte de los Estados, ha definido los "desalojos forzosos" como "el hecho de hacer salir a personas, familias y/o comunidades de los hogares y/o las tierras que ocupan, en forma permanente o provisional, sin ofrecerles medios apropiados de protección legal o de otra índole ni permitirles su acceso a ellos". La Comisión de Derechos Humanos de la ONU ha manifestado que los desalojos constituyen una violación grave de una serie de derechos humanos y, en especial, del derecho a una vivienda adecuada.

Amnistía Internacional también siente preocupación ante la reaparición de informes sobre uso excesivo de la fuerza por parte de los encargados de llevar a cabo los desalojos, especialmente durante los desalojos efectuados el 13 de marzo por agentes de la Policía Nacional y la Policía de Intervención Rápida acompañados de guardias de una empresa de seguridad privada en los barrios de Cambamba I, Cambamba II, Banga Wé y 28 de Agosto. No se ha llevado a cabo ninguna investigación de los hechos, incluidos los incidentes en los que la policía y los guardias de seguridad utilizaron armas de fuego, propinaron palizas y detuvieron a algunos residentes.

Amnistía Internacional insta a las autoridades angoleñas a poner fin a los desalojos que siguen llevándose a cabo en Angola y suspender los desalojos masivos mientras no se hayan adoptado una política de vivienda integral basada en los derechos humanos y un marco jurídico que reconozca el derecho a un recurso efectivo. El gobierno debe proporcionar ayuda a las víctimas de los desalojos que siguen sin techo y garantizar su acceso pleno a recursos efectivos.

El gobierno angoleño debe iniciar una investigación pronta, exhaustiva e imparcial de los informes sobre uso excesivo de la fuerza por agentes de policía y guardias de seguridad privada. Para resultar eficaz, tal investigación debe basarse en las normas internacionales, en especial los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, y debe incluir la recopilación y el análisis de todas las pruebas físicas y documentales y las declaraciones de los testigos. Las conclusiones de la investigación deben hacerse públicas y los presuntos responsables deben ser llevados ante la justicia.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Durante la guerra civil, que duró 27 años y llegó a su fin en 2002, millares de familias se vieron obligadas a abandonar sus hogares. Muchas se dirigieron a Luanda, donde viven en asentamientos informales y carecen de títulos de propiedad de la tierra que ocupan. Desde el final de la guerra ha venido aumentando en Luanda la demanda de tierras para proyectos de urbanización de los sectores público y privado, incluidas viviendas para la población de elevados y medianos ingresos. Las autoridades han desalojado de sus casas a miles de familias indigentes a fin de facilitar estos proyectos.********

Amnistía Internacional, Secretariado Internacional, 1 Easton Street, WC1X 0DW, Londres, Reino Unido. Traducción: Editorial de Amnistía Internacional, EDAI.