Con arreglo al derecho internacional, entre otros, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) y la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, en los que Angola es Estado Parte, este país no puede llevar a cabo desalojos forzosos, y está obligado a proteger a la población frente a esta práctica. Los desalojos sólo pueden llevarse a cabo como último recurso, cuando se han estudiado todas las demás alternativas posibles en una verdadera consulta con las comunidades afectadas. Las autoridades deben garantizar que no se llevan a cabo con mal tiempo, de noche o en ausencia de los habitantes de la vivienda sin su consentimiento previo, y que nadie se queda sin techo a consecuencia del desalojo. Antes del desalojo, debe proporcionarse a los afectados un alojamiento alternativo adecuado y una indemnización también adecuada por todas sus pérdidas. Estos requisitos son de aplicación en todos los asentamientos, independientemente de la condición de tenencia de sus habitantes, incluidos los asentamientos informales. Incluso cuando los habitantes no tienen tenencia legal, las autoridades no pueden desalojarlos a la fuerza de sus hogares.

Al prepararse para la demolición del barrio del Arco Iris en Lubango, las autoridades angoleñas no han establecido medidas de protección legal ni otro tipo de garantías para proteger a la población de los desalojos forzosos, como consultas auténticas con las comunidades para identificar alternativas a los desalojos y opciones de reasentamiento, avisar con antelación de forma adecuada y razonable y facilitar toda la información sobre el desalojo proyectado, y acceso a remedios legales efectivos. No han facilitado alojamiento alternativo adecuado ni concedido indemnizaciones, a todo lo cual están obligadas conforme al derecho internacional. Las autoridades se proponen llevar a cabo los desalojos durante la estación de las lluvias, lo que viola las normas internacionales.

Las autoridades han ofrecido tierras a los habitantes de Arco Iris para que construyan sus nuevas viviendas en otro lugar. No obstante, el reparto de parcelas no es suficiente para hacer que un desalojo sea legítimo. Los desalojos no deben dejar sin techo a personas o comunidades, por lo que toda medida de reasentamiento, como la construcción de viviendas, el suministro de agua y el reparto de tierras y solares, debe ajustarse a los principios de derechos humanos internacionalmente reconocidos y aplicarse antes de sacar a las comunidades de sus hogares.

AU: 248/11 Índice: AFR 12/002/2011 Emitida el 18 de agosto de 2011