Document - Southern Africa: Policing to protect human rights: A survey of police practices in countries of the Southern African Development Community, 1997-2002

Proteger los derechos humanos mediante la actuación policial




Informe sobre los métodos policiales en los países de la Comunidad de Desarrollo Económico del África Austral, 1997-2002


















Índice AI: AFR 03/004/2002/s




SECRETARIADO INTERNACIONAL, 1 EASTON STREET, LONDRES WC1X 0DW, REINO UNIDO

TRADUCCIÓN DE EDITORIAL AMNISTÍA INTERNACIONAL (EDAI), ESPAÑA









































Foto de portada: La policía antidisturbios cierra el paso a los manifestantes en Harare, Zimbabue, en febrero de 2001. Los periodistas y trabajadores de los medios de comunicación protestaban por el atentado con bomba contra la imprenta del Daily Newsen enero, días después de que el presidente Robert Mugabe acusara al diario de ser la voz de la oposición. En agosto de 2001 Geoff Nyarota, redactor jefe del periódico, y tres compañeros de profesión permanecieron retenidos durante poco tiempo en relación con un artículo en el que se acusaba a la policía de complicidad en los saqueos de locales comerciales. Geoff Nyarota fue puesto en libertad después de que un juez resolviera que el cargo que se le imputaba por «publicar noticias falsas» era ilegal. © AP/Rob Cooper







Nota: Algunas de las fotografías y casos de este informe pueden herir la sensibilidad del lector.




ÍNDICE








INTRODUCCIÓN 1


1.- VIOLACIONES REITERADAS DE DERECHOS HUMANOS 6


2.- USO INDEBIDO DE LA POLICÍA CON FINES POLÍTICOS 15


3.- NORMAS DE DERECHOS HUMANOS Y LEYES NACIONALES 23


4.- SUPERVISIÓN E INVESTIGACIÓN 31


5.- FORMACIÓN POLICIAL Y DERECHOS HUMANOS 42


6.- LA ACTUACIÓN POLICIAL Y LA COMUNIDAD 51


RECOMENDACIONES 61





Comunidad de Desarrollo Económico del África Austral





Proteger los derechos humanos mediante la actuación policial



Amnistía Internacional Índice AI: AFR 03/004/2002/s

Índice AI: AFR 03/004/2002/s Amnistía Internacional

Proteger los derechos humanos mediante la actuación policial


Informe sobre los métodos policiales en los países de la Comunidad

de Desarrollo Económico del África Austral, 1997-2002


INTRODUCCIÓN


Las normas éticas, especialmente las normas de derechos humanos, son un importante instrumento para la profesionalización de las fuerzas y servicios policiales en todo el mundo y en los países miembros de la Organización para la Cooperación de Jefes de Policía Regionales del África Austral.


Preámbulo del Código de Conducta de Agentes de Policía de la Organización para la Cooperación de Jefes de Policía Regionales del África Austral, agosto de 2001.


Unos 10 agentes de la Policía de Intervención Rápida [...] nos dijeron que nos tumbáramos boca abajo [...] Yo me negué, porque estoy embarazada. Entonces empezaron a pegarme y me dieron en la cabeza [...] [Al día siguiente] Me fui a la jefatura de la Policía de Intervención Rápida a presentar una denuncia y me dijeron que los agentes sólo estaban haciendo su trabajo.


Testimonio de Amelia Matsimbe, Maputo, diciembre de 2001



Las aspiraciones expresadas por los mandos policiales en la región del África Austral y la violencia sufrida por una ciudadana de uno de los países de esta región son dos caras de la realidad de la actuación policial que Amnistía Internacional estudia en este informe, Proteger los derechos humanos mediante la actuación policial. En él se analizan algunos de los problemas, y también de los esfuerzos, que ha supuesto la transformación de las fuerzas nacionales de policía en los países de la Comunidad de Desarrollo Económico del África Austral en los últimos cuatro años.1 El informe forma parte de una serie de actividades de Amnistía Internacional para promover en esta región de África durante 2002 las normas internacionales de derechos humanos referidas a la actividad policial.


Los países de la región han reconocido que la cooperación es la base para su desarrollo, incluida la mejora de la seguridad de sus ciudadanos. A su vez, este desarrollo depende de un buen gobierno, de la promoción y protección de los derechos humanos para todos sin distinción y del respeto por el Estado de derecho. La creación de la Organización para la Cooperación de Jefes de Policía Regionales del África Austral es una muestra de que la región reconoce la necesidad de cooperación en lo que se refiere a la aplicación de la ley. Esta organización ha reconocido expresamente la importancia del respeto hacia los derechos humanos en la profesionalización de los servicios policiales. En los últimos años ha tomado medidas para guiar a las fuerzas policiales de la región subrayando la importancia de las normas de derechos humanos en la actividad policial profesional y fomentando iniciativas de formación en cada país. Con la publicación de este informe, Amnistía Internacional intenta demostrar que aún persisten importantes problemas de derechos humanos en la región de la Comunidad de Desarrollo Económico del África Austral y estimular la elaboración de políticas nacionales y regionales que aumentarán la eficacia de la actuación policial democrática. Los principios internacionales de derechos humanos disponen «que, al igual que todos los organismos del sistema de justicia penal, todo órgano de aplicación de la ley debe ser representativo de la comunidad y su conjunto, obedecerla y responder ante ella».2

Este informe vuelve sobre algunos de los temas del anterior documento de Amnistía Internacional, de 1997, titulado Actuación policial y derechos humanos en la Comunidad de Desarrollo Económico del África Austral, en el que se analizaban brevemente las violaciones de derechos humanos predominantes en la región.3 En dicho informe, Amnistía Internacional señaló el frecuente uso excesivo de la fuerza durante las detenciones, el empleo generalizado de la tortura contra los presuntos delincuentes en investigaciones penales y el uso indebido por parte de los gobiernos de la policía para reprimir a la oposición política. El informe concluía que la mala formulación de las leyes, la formación inadecuada de la policía y la ineficacia de la supervisión y la rendición de cuentas facilitaban o estimulaban las violaciones de derechos humanos. La organización planteó estas preocupaciones y sus recomendaciones de reforma a los gobiernos de los países, las autoridades policiales y a organizaciones regionales como la Comunidad de Desarrollo Económico del África Austral y la Organización para la Cooperación de Jefes de Policía Regionales del África Austral.


En este informe, Amnistía Internacional ha realizado un estudio similar en el periodo transcurrido desde 1997, pero con un enfoque más amplio. El documento trata de captar los factores que, interrelacionados, influyen en la posibilidad y la capacidad de la policía para actuar de forma coherente con las normas profesionales y de derechos humanos. En él:



Comunidad de Desarrollo Económico del África Austral





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abse documentan violaciones de derechos humanos reiteradas en el marco de la labor policial y la forma en que se utiliza a la policía con fines políticos (capítulos 1 y 2);



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abse examinan aspectos de las leyes y constituciones nacionales que vulneran las normas internacionales de derechos humanos (capítulo 3);



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abse estudian una serie de instituciones nacionales que tratan de consolidar la costumbre de que la policía rinda cuentas en casos de falta de ética profesional y de ofrecer reparación a las víctimas de violaciones de derechos humanos (capítulo 4);



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abse analiza el carácter de la formación en derechos humanos que ofrecen los organismos nacionales e internacionales a las fuerzas policiales de la región (capítulo 5) y



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abse examina el efecto de las iniciativas de la sociedad civil que tratan de que la policía responda más y mejor a las exigencias de seguridad por parte de la comunidad (capítulo 6).

El informe concluye con una serie de recomendaciones, algunas de carácter general y otras específicas para ciertos países, que Amnistía Internacional considera que ayudarán a evitar los abusos contra los derechos humanos y a promover las normas de conducta profesional de la policía.


Desplegar eficazmente los servicios policiales y hacerlo de forma que se respeten los derechos humanos es uno de los principales medios a través de los cuales un Estado soberano puede cumplir con sus obligaciones internacionales y con las obligaciones hacia sus propios ciudadanos. «Los organismos policiales que funcionan de forma eficaz, legal y humana son elementos esenciales a la hora de garantizar un orden social que permita que lleguen a hacerse realidad todos los derechos humanos».4 En muchos países miembros de la Comunidad de Desarrollo Económico del África Austral, la preocupación de la opinión pública por el elevado número de delitos violentos y atracos ha presionado a los gobiernos y a la policía a responder rápidamente y erradicar el delito utilizando «todos los medios necesarios». Al mismo tiempo, el aumento de la circulación de armas ligeras en la región ha agravado los riesgos normales inherentes al trabajo policial. En Sudáfrica, por ejemplo, cada año mueren más de 200 policías, lo que, según un reciente estudio, constituye la cifra más alta de este tipo de muertes en todo el mundo.5 Un índice de homicidios tan elevado debe de causar un profundo impacto en la moral y la sensación de seguridad del resto de los agentes.


Estas condiciones subyacen a uno de los principales contextos en los que se producen violaciones de derechos humanos a manos de la policía: la investigación y la lucha contra los delitos comunes. Como se muestra en el capítulo 1, la policía ha respondido a veces violentamente a estos retos, torturando y maltratando a los detenidos o llevando a cabo ejecuciones sumarias.


Otra situación en que se producen de abusos contra los derechos humanos es cuando la policía no cumple con sus obligaciones de forma imparcial. Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley están obligados a mantener y hacer respetar los derechos humanos de todas las personas sin distinción. Y sin embargo, como se indica en el capítulo 1, los grupos marginados social o étnicamente han sido objeto de detenciones arbitrarias o de violencia a manos de la policía, algunas veces instigada por las autoridades políticas. Muchas víctimas de violación o violencia doméstica se han encontrado con indiferencia o falta de sensibilidad cuando han denunciado su caso ante la policía. Otra situación habitual, documentada en el capítulo 2, es que la policía de algunos países no «protege y sirve» a todos los miembros de la sociedad con independencia de cuáles sean sus ideas políticas. Aunque esto constituye un problema persistente en países como Suazilandia y Tanzania, ha sido en Zimbabue donde, en los dos últimos años, el ejercicio profesional e imparcial de las tareas policiales se ha desvirtuado de una forma extrema, con consecuencias directas para los agentes que se han mostrado en desacuerdo y para la oposición al gobierno.


Aunque en estos casos los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley han sido los autores directos de violaciones de derechos humanos, son los gobiernos los que tienen la obligación legal de garantizar el cumplimiento de las normas internacionales de derechos humanos. Suya es la responsabilidad de crear y permitir el desarrollo de un entorno en el que las tareas policiales puedan llevarse a cabo de forma coherente con los derechos humanos y las normas profesionales. Sin embargo, como se explica en el capítulo 3, algunos gobiernos no se han asegurado de que sus disposiciones constitucionales, sus leyes nacionales y sus correspondientes reglamentos creen un marco claro que guíe y respalde legalmente la conducta de la policía a fin de evitar que se cometan abusos contra los derechos humanos. En el ámbito de los tratados internacionales de derechos humanos, en virtud de los cuales los Estados se comprometen públicamente a cumplir ciertas normas, cuatro países de la Comunidad de Desarrollo Económico del África Austral (Angola, Suazilandia, Tanzania y Zimbabue) no han firmado o ratificado la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, de las Naciones Unidas.6 De los que lo han hecho, sólo algunos, como Sudáfrica y Lesoto, han tomado medidas para cumplir con las obligaciones contraídas en virtud de dicho tratado.


En algunos países, como Mozambique, Angola y Mauricio, aún está permitida la detención en régimen de incomunicación, que puede fomentar la tortura y los malos tratos. En otros, los vacíos legales o la vaguedad de las disposiciones de las leyes nacionales permiten que puedan presentarse ante los tribunales confesiones conseguidas bajo coacción, incluso utilizando métodos como la tortura. En casi todos los países de la Comunidad de Desarrollo Económico del África Austral, las leyes y reglamentos que rigen el uso de la fuerza y de las armas de fuego por parte de la policía no cumplen las normas internacionales de derechos humanos en lo que se refiere a su empleo proporcionado y necesario. En Zimbabue, Suazilandia, Malawi y Mauricio, las leyes tipifican como delito actividades políticas pacíficas o pueden ser interpretadas en este sentido, lo cual sitúa a la policía en una situación de conflicto con sus respectivas comunidades y crea las circunstancias para que se produzcan violaciones de derechos humanos.


Una agente de policía asiste a un servicio religioso en la comisaría de Protea, en Soweto (Sudáfrica). Abril de 2001. Más de 200 policías mueren cada año víctimas de homicidio en Sudáfrica.

© AP/Denis Farrell


La tortura, el uso injustificado de medios letales y otras graves violaciones de derechos humanos minan profundamente la profesionalidad de la policía y suponen una vulneración de la confianza de la comunidad y las víctimas que el estado debe reparar. Los gobiernos y la policía están obligados a asegurarse de que esos incidentes se investigan de forma minuciosa, independiente e imparcial, de que las víctimas consiguen reparación y de que los perpetradores comparecen ante la justicia a través de las adecuadas sanciones penales y de otro tipo. Sin embargo, como se analiza en el capítulo 4, la mayoría de los gobiernos no cumplen estas obligaciones. La mayor parte de las unidades policiales disciplinarias o de investigación interna no responden suficientemente a quienes presentan sus quejas. Las Fiscalías Generales, a menudo infradotadas, pueden carecer de la voluntad o la autoridad necesarias para presentar cargos contra altos funcionarios. Los organismos civiles de vigilancia, tales como las comisiones nacionales de derechos humanos y las defensorías del pueblo, han intentado en diversa medida investigar violaciones de derechos humanos a manos de la policía, pero carecen de recursos y las autoridades políticas no siguen sus recomendaciones, como sucede en Zambia.


Como consecuencia, en la práctica el único recurso del que disponen la mayoría de las víctimas o sus familiares es el de conseguir reparación o compensación acogiéndose a las leyes civiles. Incluso aquí hay limitaciones, ya que pocos demandantes disponen de los medios necesarios para emprender acciones ante los tribunales o tienen acceso a asistencia letrada. A pesar de este panorama, en general sombrío, hay algunos gobiernos, como el de Sudáfrica desde 1997 y más recientemente el de Lesoto, que han comenzado a facilitar el desarrollo de instituciones y prácticas encaminadas a poner fin a la cultura de la impunidad y a hacer de la rendición de cuentas una característica inherente a un servicio de policía profesional.


Para mejorar la conducta de la policía es también fundamental una formación amplia y eficaz sobre las normas de derechos humanos y las técnicas básicas que son fundamentales para realizar funciones policiales. Como se documenta en el capítulo 5, los gobiernos de la región, a veces junto con organismos internacionales o países donantes de ayuda, han emprendido numerosas iniciativas. Entre ellas está el intento realizado en Sudáfrica para ampliar la formación en derechos humanos a todos los policías en activo, la puesta a punto de la formación policial en Mozambique con el apoyo de los gobiernos de Países Bajos y España; la promoción de diferentes metodologías docentes en Suazilandia, Botsuana y Malawi y la participación de organizaciones de derechos humanos en la elaboración de material curricular en Tanzania. La propia Organización para la Cooperación de Jefes de Policía Regionales del África Austral ha promovido normas internacionales de derechos humanos y sus correspondientes programas de formación en el ámbito regional y nacional en cooperación con organismos internacionales como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.


Algunos de los programas actualmente en marcha tienen puntos débiles, como la falta de integración de los derechos humanos en la formación en técnicas operativas, la falta de sistemas de supervisión que permitan evaluar a largo plazo la formación y la necesidad de organizar un equipo de formadores especializados. En definitiva, para que sea eficaz, la formación en técnicas operativas y en normas de derechos humanos tiene que estar inmersa en un entorno en el que los reglamentos y las instrucciones cotidianas de los superiores reflejen estas normas profesionales y de derechos humanos. La formación debe ser parte de una estrategia más amplia de reforma policial, que implica reformar las leyes, volver a dotar a la policía de las técnicas y recursos necesarios y establecer una amplia supervisión. Éste no parece ser el caso en la mayoría de los países de la región.


Las reformas institucionales pueden demorar muchos meses, incluso años, en dar resultados sostenibles y a largo plazo. Entretanto, las comunidades locales, que tal vez no tengan acceso a la policía o se sientan extrañas o desconfiadas ante ella, se toman la justicia por su mano. Como se documenta en el capítulo 6, en varios países —Malawi, Tanzania, Zambia y Sudáfrica— han surgido grupos parapoliciales que castigan brutalmente a los presuntos delincuentes. La falta de recursos de los servicios oficiales de policía o la poca confianza en su capacidad ha fomentado el rápido crecimiento de los servicios de seguridad privada, escasamente regulados, que benefician fundamentalmente a las empresas privadas y a las zonas residenciales de alto nivel.


A pesar de estas tendencias, que obstaculizan de diversas formas el desarrollo de una actuación policial que responda públicamente de sus actos, también ha habido iniciativas positivas para lograr un servicio de policía eficaz y orientado hacia la comunidad. Algunos experimentos de «trabajo policial en la comunidad» en Sudáfrica, Malawi y Botsuana han podido demostrar que las comunidades locales y la policía pueden cooperar para crear y aplicar planes de reducción de la criminalidad basados en una cuidadosa información y en métodos legales. También se han tomado medidas de cooperación para mejorar los servicios que se ofrecen a las víctimas del delito, especialmente en casos de violación y violencia doméstica. En Sudáfrica, departamentos del gobierno, organizaciones no gubernamentales y la Comisión Jurídica Permanente han elaborado una «Carta de Derechos de las Víctimas». Las organizaciones no gubernamentales han desempeñado una función fundamental, aportando conocimientos en la materia, formación y compromiso con el apoyo a las víctimas.


El efecto positivo de estas iniciativas a la hora de restaurar la legitimidad y la responsabilidad de la actuación policial en cada país puede reducirse si se utiliza a la policía para la represión política o si ésta goza de impunidad ante violaciones de derechos humanos y otras faltas graves. Los gobiernos tienen la responsabilidad, con ayuda de la comunidad internacional, especialmente en los países con menos recursos, de garantizar que el respeto de los derechos humanos actúa como principio rector de las políticas gubernamentales de rendición de cuentas, y que las medidas para mejorar la eficacia de la policía son también medidas que fomentan el respeto de los derechos humanos. Al final de este informe, Amnistía Internacional ha intentado formular recomendaciones concretas y constructivas para lograr estos objetivos.



















En abril de 2001, la actuación policial en Harare durante las protestas estudiantiles por las becas universitarias en la universidad de Zimbabue provocó la muerte de un estudiante y heridas al menos a otros 28. Según la policía, Batanai Hadzidzi murió pisoteado cuando los estudiantes huían de una de las residencias, bombardeada con gases lacrimógenos. Sin embargo, los testigos afirman que la policía antidisturbios lo apaleó con porras hasta matarlo. Al día siguiente, varios estudiantes resultaron heridos cuando la policía usó fuego real para disolver una marcha de protesta pacífica. La policía casi siempre ha disuelto las concentraciones públicas pacíficas de grupos opuestos al gobierno mediante gases lacrimógenos y bastonazos, mientras que las milicias apoyadas por el Estado se han manifestado libremente por las calles del centro de Harare.© Reuters



***



1.- VIOLACIONES REITERADAS DE DERECHOS HUMANOS


En toda la región de la Comunidad de Desarrollo Económico del África Austral, la policía comete violaciones de derechos humanos en tres amplios contextos: durante la investigación del delito y la detención, reclusión e interrogatorio de los sospechosos; en su trato con grupos sociales vulnerables, como mujeres, refugiados, niños de la calle, minorías étnicas o de otro tipo; y cuando desarrolla su labor en actividades fundamentales para la participación en la vida política del país. No siempre es posible diferenciar claramente las tres categorías, que pueden coincidir lo que respecta a la identidad de las víctimas o el motivo del autor de la violación. En este capítulo se analizan los tipos de violaciones de derechos humanos, incluida la tortura y el uso excesivo de la fuerza, cometidas durante las dos primeras circunstancias. El capítulo 2 examina los incidentes donde la policía se ha utilizado indebidamente con fines políticos.


Detención arbitraria y reclusión ilegal


La ley faculta a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley para detener y recluir a los presuntos delincuentes durante la investigación de un delito. El ejercicio de esta facultad afecta a varios derechos humanos fundamentales, como los derechos a la libertad y a un juicio justo. Estos derechos están protegidos por tratados y normas internacionales y regionales de derechos humanos, en concreto por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos.7 Estos tratados y otras normas internacionales relacionadas contienen una serie de medidas de protección que garantizan que las personas no son privadas de su libertad de forma ilegal o arbitraria e impiden otros abusos. En muchos países de la región, estos derechos también están protegidos por las leyes y las constituciones nacionales.


Sin embargo, la detención arbitraria y la reclusión ilegal son comunes prácticamente en toda la región. Es frecuente que la policía detenga antes de tener pruebas. Los agentes eluden su obligación de presentar a los detenidos ante un tribunal dentro de un plazo determinado, como fijan las leyes nacionales. Puede que oculten el paradero de un detenido a su familia y sus abogados. En este caso, el detenido corre peligro de ser sometido a una investigación «orientada hacia la confesión», en la cual la policía busca la información que necesita, a veces simplemente para terminar con la «investigación» y con frecuencia utilizando la tortura. El problema se agrava dada las deficiencias de los procedimientos policiales, incluido el mantenimiento adecuado de los expedientes en las comisarías, para ejercer de salvaguardias contra estos abusos.


Hay ejemplos de estos abusos en toda la región. En Mauricio, la Ley de Drogas Peligrosas de 1986 permite la detención en régimen de incomunicación durante 36 horas. Aunque la policía también mantiene a los detenidos en régimen de incomunicación de forma ilegal.


Fotografía de Joseph Reginald Topize, destacado cantante local conocido como Kaya, tras morir bajo custodia en febrero de 1999. En enero de 2002, el fiscal general de Mauricio ordenó la reapertura de la investigación oficial. La muerte de Kaya en circunstancias no explicadas tres días después de ser detenido, provocó multitudinarias protestas públicas en las que fueron abatidas a tiros tres personas, al menos una de ellas por la policía. Detenido por presunto consumo de cannabis, Kaya estuvo en una celda de alta seguridad de la policía y no le permitieron ver a su abogado ni a su esposa. Dos autopsias realizadas por peritos independientes revelaron señales de golpes, contradiciendo la afirmación de la policía según la cual Kaya se había autolesionado y la autopsia oficial, que confirmó la versión policial. En el momento en que se escribe este informe, ningún agente había sido suspendido o sometido a medida disciplinaria alguna. Es de temer que la falta de diligencia, de investigaciones independientes inmediatas y posiblemente de voluntad política hayan impedido presentar graves acusaciones contra agentes de policía por violaciones de derechos humanos. © 5-Plus

En Mozambique, la detención arbitraria se utiliza normalmente como arma disuasoria contra el delito. Un policía dijo a Amnistía Internacional que la policía detiene a personas que por su aspecto podrían haber cometido un delito. El «sospechoso» pasa la noche detenido y luego es puesto en libertad, al parecer para «disuadir» a los delincuentes. Los observadores locales de derechos humanos opinan que las detenciones arbitrarias están aumentando. Otro importante problema es que las detenciones no se registran. Al no existir este registro, la gente puede permanecer detenida largos periodos a discreción de la policía y sin el examen judicial que prescribe la ley.

En Zambia, para presionar a los sospechosos a que se entreguen, los policías detienen ilegalmente a sus familiares, una práctica que se denomina «secuestro». El proyectoLa Mujer y la Ley en el África Australde Lusaka señala que las víctimas suelen ser mujeres y niños.


Los policías también abusan de sus facultades de detención en beneficio propio. En Angola, Mozambique, Sudáfrica y Tanzania ha habido informes de detenciones arbitrarias únicamente para conseguir sobornos. Según los informes, los policías angoleños exigen dinero en efectivo a los vendedores y las prostitutas de la calle, y los golpean cuando no acceden a dárselo.


Al ciudadano zimbabuense Thabani Ndlodlo le concedieron en Sudáfrica una indemnización por daños en 1999 al reconocer el Estado que dos policías lo habían agredido ilegalmente y le habían disparado en las piernas tras intentar conseguir dinero de él por su condición de presunto inmigrante ilegal. Los policías también lo habían acusado falsamente de delitos comunes y lo habían mantenido detenido injustamente 446 días.



Tortura


Todos los miembros de la Comunidad de Desarrollo Económico del África Austral son Estados Parte en la Carta Africana, cuyo artículo 5 prohíbe la tortura. Como ya se indicó, con excepción de Angola, Suazilandia, Tanzania y Zimbabue, todos son también Estados Parte en la Convención contra la Tortura. La prohibición de torturar no puede levantarse bajo ninguna circunstancia. Ni siquiera situaciones tan excepcionales como una guerra, un periodo de inestabilidad política u otras situaciones de emergencia pública pueden ser invocadas como justificación para la tortura. El delito de tortura es de jurisdicción universal, y se considera tan grave que constituye un delito de lesa humanidad, razón por la cual todos los Estados son responsables de poner a sus autores en manos de la justicia.8


A pesar de todo esto, en toda la región la tortura y los malos tratos son las violaciones de derechos humanos cometidas por la policía de las que hay más informes. Suceden predominantemente en el marco de investigaciones penales, pero también se utilizan para intimidar a los opositores políticos. En Lesoto, Mozambique, Suazilandia y Zambia, la tortura y los malos tratos parecen ser un método habitual y aceptado de interrogatorio, lo cual pone de manifiesto la falta de recursos y técnicas de investigación básicos de que dispone la policía y la tolerancia general de la violencia en la sociedad. La tortura también se utiliza como forma de castigo. Cuando no existe la presunción de inocencia, incluso cuando el principal propósito de los malos tratos o la tortura es conseguir una información o una confesión del sospechoso, se considera que éste «se merece» este trato por ser delincuente. Esta idea puede sobrepasar el ámbito de la policía, extenderse a la sociedad en general, incluso a las propias víctimas, y disuadir de informar sobre casos de tortura.


En junio de 2001, los detenidos en la comisaría de Morija (Lesoto) dijeron a Motlamisi Kalaka, de 24 años y recién detenido, que los agentes lo torturarían a las 8 de la noche. Aproximadamente a esa hora en dos noches lo sacaron de su celda y lo llevaron a una habitación donde fue presuntamente golpeado y semiasfixiado con una cámara de neumático húmeda. Los policías le exigían que confesara ser el autor de un robo y sólo lo pusieron en libertad cuando sus familiares dijeron que conseguirían un abogado. Posteriormente no se presentaron cargos contra él.

En febrero de 2000, la policía paramilitar detuvo en el norte de Namibia a Kamungwe Ngondo, agricultor de 25 años, por no presentar un documento de identidad que le habían pedido. Estuvo recluido dos semanas en la base de la policía paramilitar, donde fue presuntamente azotado repetidas veces. Al quedar en libertad, contó a los activistas de derechos humanos que a los presos los golpeaban habitualmente por la mañana antes de limpiar sus dormitorios.

En Mozambique, Sudáfrica y Zambia ha habido informes de la existencia de salas de tortura. Al parecer, la Policía de Investigación Criminal de Nampula, Mozambique, tenía una sala de tortura en sus oficinas hasta el año 2001. Los sobrevivientes de las torturas a manos de agentes de la Unidad de Investigación de Delitos Graves y Violentos (la antigua Unidad de Asesinatos y Robos) de Brixton (Sudáfrica) coinciden en relatar que los interrogadores utilizaban un retrete de la jefatura de la Unidad, donde ataban, desnudaban y encapuchaban a sus víctimas y las torturaban aplicándoles descargas eléctricas. También los sobrevivientes de torturas en Zambia hablan de una sala de tortura de la División de Investigación Criminal en la comisaría central de Lusaka, conocida como C5. En Malawi ha habido informes sobre lugares especiales en el campo donde los agentes se llevan a los sospechosos para torturarlos. Esto de llevar a los detenidos a lugares de interrogatorio «informales» es otra preocupante práctica, que algunas veces tiene que ver con el hecho de que no se registra su situación de detenidos en ninguna comisaría.


Hay evidencia de la institucionalización de la tortura en varios países donde las sesiones de tortura parecen llevarse a cabo en horas concretas y lugares especiales.



La policía antidisturbios golpea a un manifestante en el barrio de Mufakose (Harare) durante las protestas callejeras por la subida de los precios de los alimentos. Zimbabue, octubre de 2000. © Reuters

Ciertas formas de tortura son propias de ciertos países. En Lesoto, Sudáfrica, Suazilandia y, con menos frecuencia, en Botsuana, ha habido informes de asfixia con la cámara de un neumático o con una bolsa de plástico, que resulta difícil de detectar médicamente en los sobrevivientes. En Zambia es un método habitual «el columpio» (kampelwa), consistente en atar o esposar a la espalda las manos de la víctima y atarle los pies, para luego suspenderla de una barra metálica por las manos y los pies y golpearla mientras se «columpia». Un método similar, llamado «el helicóptero», fue en su día muy conocido entre los miembros de la ex División de Seguridad en la Sudáfrica del apartheid, y también se ha notificado en Suazilandia. La similitud de los métodos en diferentes países lleva a hacerse una pregunta preocupante: ¿cómo aprenden los agentes las técnicas de tortura?


Uso excesivo de la fuerza


Una función fundamental de la policía es mantener o restablecer el orden público. El Estado se basa en la policía, o en el ejército en casos extremos, para sofocar los disturbios civiles que amenazan vidas, propiedades o la seguridad nacional. Es responsabilidad del Estado garantizar que la respuesta policial a los desórdenes públicos, incluida la criminalidad, se ajusta a los parámetros de las normas internacionales y regionales de derechos humanos


Como funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, los policías tienen por ley derecho a usar la fuerza, incluso medios letales. A veces, las circunstancias en que estos medios pueden utilizarse se especifican de forma más amplia en las leyes nacionales que en las normas internacionales de derechos humanos. Según los principios fundamentales de derechos humanos, siempre que el uso de la fuerza y de las armas de fuego sea inevitable, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley «ejercerán moderación y actuarán en proporción a la gravedad del delito y al objetivo legítimo que se persiga», y que «sólo se podrá hacer uso intencional de armas letales cuando sea estrictamente inevitable para proteger una vida» y «solamente cuando otros medios resulten ineficaces».9 Al utilizar indebidamente medios letales o hacer un uso excesivo de la fuerza violando los principios de necesidad y proporcionalidad, la policía supone una amenaza para el derecho a la vida y la prohibición de ser privado de ella «arbitrariamente».10


Uso de la fuerza en el momento de la detención


Ha habido informes de uso excesivo de la fuerza por parte de la policía al detener a sospechosos y al impedirles escapar. En Mauricio, Mozambique y Zambia, este uso excesivo durante la detención ha provocado heridas y muertes.


El 21 de enero de 2000, la policía de Mauricio abatió a tiros por la espalda a Rajen Sabathapee, que trataba de escapar cuando lo detenían por corrupción. Cuatro policías han sido acusados de asesinato.


El uso excesivo de la fuerza puede acabar considerándose parte de los procedimientos policiales. En Mozambique los policías, que a menudo tienen que actuar sin esposas ni equipo de inmovilización ninguno, consideran que utilizar la fuerza durante la detención es un sustituto necesario de métodos adecuados de inmovilización. Informaciones aparecidas en la prensa y facilitadas por ONG de Zambia indican que disparar a un sospechoso para intentar detenerlo es algo que ocurrió habitualmente en 2001. En varios casos los sospechosos no estaban armados.


Mantenimiento del orden público


La actuación policial en las manifestaciones y las reuniones públicas ilegales —y a veces legales— sigue una pauta similar. La indefinición de las competencias que fija la ley, la formación inadecuada en técnicas para utilizar la mínima fuerza y la falta de equipamiento para llevar a cabo tareas de mantenimiento del orden público son factores que fomentan el uso excesivo y a menudo letal de la fuerza. En todos los países de la Comunidad de Desarrollo Económico del África Austral, ciudadanos desarmados y a menudo pacíficos han sido heridos o han muerto como consecuencia de la actuación policial durante manifestaciones.












Cândida da Silva y António Samuel, heridos cuando la policía realojaba a la fuerza a los residentes y demolía sus casas en Boavista, Angola, en julio de 2001.

© Rafael Marques y Justin Pearce



En Angola, agentes armados de la Policía de Intervención Rápida, paramilitar, junto con la policía regular y el ejército, rodearon y entraron en el vecindario de Boavista (Luanda) en julio de 2001. Su objetivo era desalojar a los vecinos, reubicarlos en un barrio distante más de 50 kilómetros y demoler sus casas. El 1 de julio, dispararon contra un gran grupo de manifestantes, matando a dos personas e hiriendo a otras. El 8 de julio resultaron heridas varias personas más. A Cândida da Silva la alcanzó una bala perdida mientras lavaba los platos en el patio de su casa. La policía afirmó que algunos residentes de Boavista iban armados, pero no pudo demostrarlo. Aunque las autoridades de Luanda prometieron investigar los hechos, en el momento en que se escribe este informe no se tenía noticia de que hubiera ninguna investigación en marcha.


Evison Matafale, popular músico rastaque murió bajo custodia policial en Malawi en noviembre de 2001. Su muerte, aún sin explicar, se produjo tres días después de que la policía lo detuviera por escribir una carta presuntamente sediciosa al presidente Bakili Muluzi. Su muerte originó protestas en varias ciudades y pueblos. En abril de 2002, la investigación realizada por la Comisión de Investigación designada por el gobierno y la Comisión de Derechos Humanos, gubernamental, concluyeron que la detención de Evison Matafale había sido ilegal y que la policía debía ser censurada por transportarlo una larga distancia estando enfermo. Su familia manifestó no estar satisfecha con las conclusiones de las investigaciones y afirmó que emprendería acciones legales. © BBC


El comportamiento de los policías en respuesta a las manifestaciones públicas de Malawi levantó ampollas entre la opinión pública en dos incidentes en los que según los informes, la policía utilizó fuego real para disolver las manifestaciones, a consecuencia de lo cual murieron varios manifestantes. En mayo de 2001, según los informes, un hombre de 18 años fue sido abatido a tiros, una niña pequeña murió a consecuencia de los gases lacrimógenos y varias personas resultaron heridas cuando la policía dispersó a los manifestantes, que protestaban por el estado de conservación de una carretera en el estado noroccidental de Chitipa. La policía no hizo públicos los resultados de una investigación interna y no se realizó ninguna investigación independiente. En diciembre de 2001, la policía utilizó gases lacrimógenos y fuego real contra unos estudiantes que se manifestaban sin armas en Zomba para protestar por las condiciones sociales y económicas, hirió de muerte a Fanikizo Phiri e hirió gravemente a otro manifestante. En febrero de 2002, según los informes, una Comisión de Investigación sobre la muerte de Fanikizo Phiri afirmó que era imposible condenar el uso de fuego real contra los manifestantes, porque su mandato no lo permitía.


También ha habido violaciones de derechos humanos consecuencia del uso abusivo del material que se emplea para sofocar disturbios. Aunque las normas internacionales exigen que los gobiernos equipen adecuadamente a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley,11 si exceptuamos al Servicio de Policía de Sudáfrica, pocas fuerzas policiales de la región facilitan a los agentes el tipo de equipo que les permita trabajar empleando la mínima fuerza ni tampoco la formación adecuada en técnicas de mantenimiento del orden público. Es habitual el uso inadecuado de los gases lacrimógenos para dispersar manifestaciones.


La policía de Zanzíbar, Tanzania, disparó gases lacrimógenos en el interior de la casa de una mujer embarazada tras las manifestaciones políticas de enero de 2001. La víctima narró a Amnistía Internacional que sus hijos gritaban de pánico al ver el gas lacrimógeno y que los agentes la violaron a ella y a sus hijas adolescentes. El 30 de agosto de 2000, la policía de Zambia disparó gases lacrimógenos dentro de una residencia de estudiantes de la Universidad de Zambia tras las protestas por la subida del precio de la matrícula. Una estudiante resultó gravemente herida al saltar desde una ventana para evitar el gas y a la policía. A pesar de la indignación de la opinión pública, el ministro de Asuntos Exteriores hizo una declaración apoyando la actuación policial.


Violaciones de derechos humanos a manos de la policía paramilitar


En casi todos los países de la región la actuación policial en las concentraciones públicas la realizan unidades especiales de policía, cuyos agentes tienen una formación diferente y cuya estructura de mando es independiente de la de la policía oficial, aunque por lo general rinden cuentas al jefe de la policía. Cuando se utiliza indebidamente a la policía por motivos políticos casi siempre son estas unidades las implicadas. La policía paramilitar ha hecho uso excesivo de la fuerza en Angola, Botsuana, Mozambique, Namibia, Tanzania y Zambia.


La policía paramilitar que lleva a cabo las funciones de la policía regular suele hacerlo sin la formación adecuada. En Malawi, la policía paramilitar ha colaborado con la policía regular con el objetivo de combatir el delito. La Unidad Móvil de Policía ha levantado controles de carretera y registrado personas y vehículos sin órdenes de registro. También ha llevado a cabo detenciones ilegales sin cargos. En Mozambique, los agentes de la Policía de Intervención Rápida no suelen llevar a cabo las tareas de la policía regular, pero cuando lo hacen, el uso excesivo que sus agentes hacen de la fuerza y los castigos inmediatos de los presuntos delincuentes indican que no conocen o no respetan la ley.





Oscar Luphalezwi, ex policía de alta graduación de Namibia con más de 24 años de experiencia, muestra las más de 50 cicatrices que tiene en el cuello y en la espalda producidas por las fustas (sjamboks) con las que lo golpearon tras su detención en agosto de 1999. Luphalezwi fue una de las al menos 300 personas detenidas y acusadas de estar implicadas en los ataques del grupo político armado Ejército de Liberación de Caprivi. Más de 130 de ellas, que luego quedaron en libertad sin cargos, presentaron denuncias de tortura. Sus casos siguen pendientes. © AI


En Namibia, la Fuerza Especial de Campaña, unidad paramilitar, ha estado habitualmente implicada en detenciones arbitrarias, incidentes de uso excesivo de la fuerza — algunas veces con medios letales—, palizas y «desapariciones». Actualmente sus agentes representan más del 50 por ciento de una fuerza policial de unos 10.000 policías. Muchos de sus miembros combatieron en el conflicto armado que precedió a la independencia del país, en 1990. Miles de ellos fueron reclutados para la policía en la década de los noventa, cuando el desempleo y la desafección de los ex soldados amenazaban la seguridad nacional.


La mayoría de los abusos de la Fuerza Especial de Campaña se han producido en el nordeste de Namibia, zona de tensiones políticas y étnicas donde hubo un levantamiento separatista en agosto de 1999 y donde posteriormente las fuerzas angoleñas lanzaron ataques en Angola contra las fuerzas de UNITA (Unión Nacional para la Independencia Total de Angola). Los miembros de los grupos étnicos minoritarios mafwe y khwe y las personas sospechosas de apoyar la oposición armada en Angola han sido objetivo de los ataques, no sólo de la Fuerza Especial de Campaña, sino también de las fuerzas armadas de Namibia y a veces de Angola que operan a lo largo de la frontera. Los agentes de la Fuerza Especial de Campaña desarrollan una función policial, aunque su formación hace hincapié sobre cuestiones operativas, no sobre los deberes y las responsabilidades de la aplicación de la ley. Aunque deben entregar a todo sospechoso a la comisaría más cercana para proceder a su detención e investigación, no siempre lo hacen.


Según los informes, después del levantamiento de agosto de 1999, la policía regular, la Fuerza Especial de Campaña y el ejército torturaron a más de un centenar de personas detenidas en virtud del estado de excepción. Los que quedaron en libertad contaron a Amnistía Internacional que la policía mencionaba su etnia al detenerlos o durante los interrogatorios.


Muertes bajo custodia policial

La frecuencia con que se producen muertes bajo custodia policial en algunos países de la región resulta preocupante. En algunos casos, el fallecimiento se produce bajo la custodia oficial de la policía, pero en otros la víctima no figura como detenido en los archivos de la comisaría. Algunas muertes son consecuencia de torturas o negligencia culposa, mientras que otras parecen ejecuciones.


Las organizaciones de derechos humanos y la opinión pública han manifestado su preocupación por el gran número de muertes bajo custodia policial que se producen en Mauricio, Mozambique, Sudáfrica y Zambia. En Mauricio, que tiene una población de sólo 1,2 millones de habitantes, desde 1979 han muerto en circunstancias sospechosas bajo custodia policial 41 personas. En tres de las cuatro muertes de las que se tiene noticia en 2001 se ha puesto en duda la versión oficial de los hechos —suicidio o muerte por enfermedad del detenido—, y las muertes están siendo investigadas por el Departamento de Denuncias contra la Policía y la Comisión Nacional de Derechos Humanos.


Desde finales de 2000 ha habido informes de varias ejecuciones sumarias en Mozambique a manos de policías que se llevaron a presuntos delincuentes de su lugar de detención y los ejecutaron a tiros. Amir Ali Mahomed fue detenido el 6 de enero de 2002 en relación con el robo de un automóvil. El 14 de enero, tres policías se lo llevaron al barrio de Mavalane, en Maputo, donde, según los informes, lo hirieron de bala. Su familia lo llevó al hospital. Según los informes, ese mismo día su esposa y tres de sus familiares fueron detenidos en el hospital y pasaron la noche bajo custodia policial. Amir Ali Mahomed estuvo ingresado una semana en el hospital y luego volvió a prisión.


Una noche de noviembre de 2000, 83 personas murieron en un calabozo de la policía en Montepuez (Mozambique). Habían sido detenidas tras unas violentas manifestaciones de la oposición en las que murieron al menos 41 personas, entre ellas seis policías. Apiñadas en el calabozo, de sólo 7x3 metros, la mayoría de ellas murió por asfixia.


En Sudáfrica se producen anualmente varios cientos de muertes bajo custodia policial o «como consecuencia de la actuación de la policía». Las averiguaciones de las organizaciones no gubernamentales y las investigaciones de oficio de la Dirección Independiente de Denuncias contra la Policía han demostrado que en la mayoría de los casos la causa de la muerte ha sido el uso de la fuerza por la policía, casi siempre en el momento de la detención.12 Algunas veces se ha tratado de ejecuciones sumarias de presuntos delincuentes y en unos pocos casos la muerte ha sido consecuencia de torturas.


En Sudáfrica, Zakhele Mabhida fue abatido a disparos por la policía el 23 de abril de 2001 en las dependencias de la Unidad de Asesinatos y Robos de Durban. Varias horas antes se había entregado a la policía desarmado en relación con una investigación sobre el homicidio de dos agentes. El informe forense indicó que presentaba múltiples heridas de bala y que le habían disparado a poca distancia en el pecho.

El 6 de octubre de 2001, Japet Lunga fue tiroteado por la policía ante su casa en Zambia. Según los informes, unos agentes que investigaban el robo de un vehículo ataron a Japet a su hermano Jairos y discutieron a cuál de ellos matarían antes. Japet fue el elegido y su hermano pasó detenido casi tres semanas sin cargos, y al parecer fue torturado. En enero de 2002 se ordenó una investigación, que, cuando se escribe este informe, aún no se había iniciado.


Igualdad ante la ley


La igualdad es un principio fundamental de los derechos humanos. El artículo 7 de la Declaración Universal de Derechos Humanos dispone: «Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley».13 La Carta Africana prohíbe toda discriminación en el disfrute de los derechos humanos (artículo 2) y dispone la igualdad ante la ley (artículo 3).


Aunque varios gobiernos de la región de la Comunidad de Desarrollo Económico del África Austral hablan de la «democratización» de la actuación policial, en casi todos los países de la zona ha habido informes de discriminación y diferente trato por parte de la policía en función de la etnia, la identidad sexual, la afiliación política, el género, la edad y la condición social. Algunas veces, las víctimas del delito se convierten después en víctimas de la discriminación policial.


La sargento Nozipho Ntoni, policía de Eastern Cape, Sudáfrica, fue agredida en julio de 2000 por un compañero de alta graduación con el que mantenía relaciones y resultó herida en el incidente. Nozipho Ntoni trató de denunciarlo en la comisaría, pero el mismo agente la volvió a golpear delante de otros de menor graduación. Cuando agentes de otra comisaría intentaron detener al agresor, su hermano, también policía de alta graduación, se lo impidió. El agente no fue detenido hasta que la Dirección Independiente de Denuncias contra la Policía investigó el caso. Más tarde fue llevado a juicio acusado de agresión. En abril de 2002 el proceso aún no había concluido.

© Independent Complaints Directorate

Muchas de las violaciones de derechos humanos cometidas por la policía reflejan actitudes discriminatorias que también se manifiestan en la inacción de la policía ante los abusos contra los derechos humanos cometidos por otros. En tales circunstancias, los gobiernos no cumplen con su obligación de garantizar los derechos humanos de todos los ciudadanos. Un grave ejemplo es la actuación discriminatoria de la policía que puede observarse en Zimbabue durante los dos últimos años, asunto que se trata en el capítulo 2. Las mujeres víctimas de violación y violencia doméstica suelen experimentar la insensibilidad y el trato discriminatorio por parte de la policía en muchos países de la Comunidad de Desarrollo Económico del África Austral. Hay informes según los cuales la policía a menudo se niega a investigar estos delitos, afirmando que se trata de asuntos de familia o de comunidad. Muy pocos servicios policiales facilitan formación adecuada a sus agentes para que sepan enfrentarse a estos casos e investigarlos.


Los grupos sociales marginados —los niños de la calle en Mozambique, las prostitutas en Angola, las mujeres del grupo étnico kxoe san en Namibia— suelen ser víctimas de violaciones de derechos humanos a manos de la policía. En Mozambique la edad penal está fijada en los 16 años, pero los niños de la calle son especialmente vulnerables a las palizas de la policía en castigo por delitos reales o imaginarios.



Marcha en favor de los derechos de los homosexuales en Windhoek, Namibia, abril de 2001. La homosexualidad no está tipificada como delito, y la última vez que se juzgaron actos homosexuales como «delitos sexuales antinaturales» según el derecho consuetudinario fue a finales de la década de los ochenta. Pero los hombres sospechosos de homosexualidad siguen siendo agredidos y detenidos por las fuerzas de seguridad, como hicieron en mayo de 2001 unos agentes del grupo paramilitar Fuerza Especial de Campaña. © AP/Jutta Dobler

La discriminación por motivos de género puede verse agravada por la discriminación por motivos étnicos. El Grupo de Trabajo sobre Minorías Indígenas en África Austral ha informado de que las mujeres de la etnia khoe san en Namibia se encuentran con grandes dificultades a la hora de denunciar una violación. La policía no las toma en serio y a menudo las intimida. En Mauricio, la mitad de los detenidos que murieron bajo custodia en circunstancias sospechosas entre 1979 y 2001 eran de la minoría creole, que constituye menos del 25 por ciento de la población. Las protestas y los disturbios que tuvieron lugar en el seno de esta comunidad en febrero de 1999 pusieron de manifiesto las denuncias de actuación discriminatoria de la policía, entre cuyos agentes predomina la etnia hindú, contra una comunidad que es considerada pobre, analfabeta y potencialmente delictiva. En Zambia, la Comisión Católica de Justicia y Paz ha manifestado su preocupación ante el hecho de que los abusos de la policía contra los menos favorecidos desde el punto de vista económico y cultural, que son fáciles de intimidar y considerados incapaces de quejarse, suelen quedar ignorados.


Las lesbianas y los gays, así como los grupos que luchan por los derechos de éstos, han sido objetivo del hostigamiento de la policía en Namibia y Zimbabue. En septiembre de 2000, el ministro del Interior namibio, Jerry Ekandjo, dijo en Ondangwa a unos policías recién ingresados en el cuerpo que no toleraran a los gays. El presidente de Namibia, Sam Nujoma, en un discurso a estudiantes universitarios en marzo de 2001, afirmó que la policía detendría, encarcelaría y expulsaría del país a los homosexuales. Estas declaraciones son una incitación directa a la policía para que cometa violaciones de derechos humanos.


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Entre los factores que contribuyen a que la policía cometa abusos contra los derechos humanos en muchos países de la Comunidad de Desarrollo Económico del África Austral está su falta de técnicas y formación profesional, las endebles salvaguardias legales existentes y la ausencia en gran medida de mecanismos eficaces para garantizar que los policías responden de sus actos. También puede haber falta de voluntad para abordar estos problemas. El capítulo 2 documenta las violaciones de derechos humanos que se producen en países en los que los intentos para lograr elevar el nivel de la actuación policial se ven obstaculizados por las interferencias políticas y en los que la profesionalidad de la policía está amenazada por las ambiciones políticas de los gobernantes.


2.- USO INDEBIDO DE LA POLICÍA CON FINES POLÍTICOS


La manipulación política de la policía subvierte el Estado de derecho y erosiona la profesionalidad de los agentes, disuadiendo de continuar a los mejores de entre los recién incorporados y reduciendo la capacidad de la policía para combatir eficazmente el delito. El abuso de las facultades concedidas a la policía, en países que en las décadas de los setenta y los ochenta tuvieron que hacer frente a la desestabilización por parte de la Sudáfrica del apartheid, recuerda a prácticas del pasado. La policía sudafricana en su día formó parte intrínseca del aparato de represión del Estado, y sus agentes participaron en violaciones de derechos humanos generalizadas y sistemáticas.


Ahora, otros gobiernos de la región de la Comunidad de Desarrollo Económico del África Austral emplean tácticas similares a las de la época del apartheid, y utilizan indebidamente a la policía con fines políticos, para disolver concentraciones públicas, manifestaciones o actividades de los partidos de la oposición y de los disidentes. En la mayoría de los países de la región, los líderes de la oposición, los sindicalistas, los activistas juveniles, los observadores de derechos humanos y los periodistas son hostigados por la policía, que interrumpe sus actividades o les hace desistir de llevarlas a cabo. Este uso político indebido de la policía vulnera las garantías y las normas internacionales de derechos humanos sobre actuación policial, y se evidencia en las afirmaciones de lealtad política hechas por autoridades policiales y las represalias contra los agentes que desempeñan sus funciones de forma justa e imparcial.


Varias normas internacionales de derechos humanos obligan a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley a desempeñar sus funciones de forma justa e imparcial. Como se señaló en el capítulo 1, las normas y los tratados internacionales garantizan a todas las personas igualdad ante la ley sin discriminaciones. El Código Internacional de Conducta para los Titulares de Cargos Públicos afirma que los funcionarios tienen la obligación de actuar en interés del público y que «Por consiguiente, los titulares de cargos públicos serán ante todo leales a los intereses públicos de su país tal como se expresen a través de las instituciones democráticas de gobierno.”14 El interés público se basa en que las tareas policiales se lleven a cabo de forma justa e imparcial, sin tener en cuenta la afiliación política.





La policía antidisturbios de la Unidad de Campaña obliga a subir a sus vehículos a mujeres y niños durante las protestas de febrero de 2002 en Dar es Salam (Tanzania). Según los informes, a todos se los llevaron de sus casas por sospecharse que escondían a manifestantes que habían asistido a la conmemoración del aniversario de la muerte a tiros por la policía de tres manifestantes musulmanes en febrero de 1998. La policía confirmó que había 17 mujeres y 16 niños detenidos en la comisaría central, que quedaron en libertad sin cargos a primeras horas de la mañana siguiente.

© Dar Es Salaam TV


El Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, de las Naciones Unidas, no sólo prohíbe a estos funcionarios que cometan actos de corrupción, sino que también les ordena que se opongan a estos actos y los combatan. Su artículo 7 define la corrupción como «la comisión u omisión de un acto por parte del responsable, en el desempeño de sus funciones o con motivo de éstas, en virtud de dádivas, promesas o estímulos ilegítimos, exigidos o aceptados, como la recepción indebida de éstos una vez realizado u omitido el acto».15 Aunque generalmente está considerado corrupción policial exigir o aceptar un soborno para poner en libertad a un detenido o pasar por alto una infracción de tráfico, por ejemplo, la corrupción política de un inspector de policía que transmite la orden de detención de un político de la oposición dictada por el comisario con la promesa implícita o explícita de un ascenso o de seguridad en el puesto de trabajo tiene consecuencias más graves para los derechos humanos, pues puede crear en la opinión pública la idea de que todo el cuerpo de policía ejerce discriminación por motivos políticos.


Declaraciones y acciones partidistas


En los países de la Comunidad de Desarrollo Económico del África Austral, la mayoría de las leyes que rigen las operaciones policiales exigen que los agentes cumplan con sus deberes sin partidismos políticos, sin mostrar antagonismo ni favoritismo alguno hacia ningún partido político o grupo étnico. En Mozambique, por ejemplo, la ley exige actuar con neutralidad y no discriminar a nadie por su afiliación política ni mostrar apoyo a ningún partido. Los procedimientos y criterios de promoción están claramente establecidos con el fin de evitar el favoritismo político. La realidad, sin embargo, es que se ha utilizado a la policía con fines políticos para disolver manifestaciones de la oposición y promover al partido gobernante.


En Angola se ha utilizado a menudo a la policía con fines políticos, a pesar de los intentos de los acuerdos de paz de redefinir la función apolítica de una fuerza de policía unificada. Oficialmente, las leyes y normas aplicables establecen que la función de la policía es defender a toda la comunidad y proteger al Estado. Un elemento importante del acuerdo de paz de 1991, firmado en Bicesse (Portugal) fue la despolitización y la unificación de las fuerzas policiales. Cuando la guerra estalló en 1992, tras rechazar UNITA los resultados de las elecciones, el gobierno desplegó la Policía de Intervención Rápida que, según los informes, ejecutaron extrajudicialmente a miles de miembros de UNITA en Luanda y en otras ciudades. El Protocolo de Lusaka, firmado por el gobierno y por UNITA en 1994, daba más importancia a los derechos humanos y trataba de definir con más claridad una nueva función de la policía.


El uso indebido de la policía con fines políticos, que en el periodo predemocrático anterior a 1993 fue un importante problema en Lesoto, ha disminuido. Sin embargo, la Unidad Contra el Crimen, creada en 1999 para recoger armas ilegales tras los disturbios civiles que siguieron a las elecciones de 1998, y compuesta por personal del ejército y de la policía, fue considerada por los partidarios de la oposición un cuerpo gubernamental para eliminar a la oposición política. La participación de la Unidad contra el Crimen en palizas y torturas fue motivo de preocupación, incluso dentro de la policía. Aunque nominalmente estaba bajo la dirección del jefe de la policía, sus operaciones han sido controladas por un comité de seguridad de alto nivel presidido por el ministro de Asuntos Exteriores.. En 2001 dejó de haber en esta Unidad miembros del ejército.


En toda la región sigue siendo «sabido» que la promoción se basa en la afiliación política del agente. En Mozambique, agentes de la Guardia Civil española, que llevan desde 1998 impartiendo cursos de reciclaje para la policía, observaron que los agentes vestían abiertamente camisetas del partido gobernante, y en su programa de formación hicieron más hincapié sobre el principio de imparcialidad. En Zimbabue se ha considerado que la Ley de Policía exige obediencia política a los agentes y elimina a los que apoyan a partidos de la oposición o demuestran imparcialidad política en su trabajo. Aunque el director general de la Policía, Augustine Chihuri, prometió en junio de 2001 que los agentes «llevarían a cabo sus tareas por igual con personas de diferentes opiniones políticas», hay informes de que dijo que «no apoyar al gobierno equivale a la rebelión, que es un delito punible». Constituye una violación de las normas internacionales de derechos humanos negar a alguien, aunque sea un policía, el derecho a ejercer su derecho a la libertad de opinión, incluidas las opiniones políticas y su expresión.16 Aunque la Ley de Policía no permite a los agentes que se pongan del lado de ninguna organización política de forma pública, en los últimos años se ha eliminado del escalafón a los agentes que han desempeñado sus obligaciones de forma no partidista


Un caso que fue muy comentado en Zimbabue fue el traslado, en octubre de 2000, del subinspector de policía Solomon Ncube, director de la División de Investigaciones Criminales, y de Emmanuel Chimwanda, agente al mando de la provincia de Harara. Según los informes, ambos, junto con aproximadamente otros 20 agentes depurados, fueron relegados sin obligaciones, puesto de trabajo ni mando a lo que se conoce como «Equipo de inspectores» en la jefatura de policía, situación de reserva que se usa principalmente para agentes sospechosos de simpatizar con la oposición. Los sustituyeron agentes que habían demostrado lealtad al partido gobernante deteniendo a activistas de la oposición sin tener pruebas suficientes para hacerlo, o no investigando abusos contra los derechos humanos y otros delitos cometidos por partidarios del gobierno.




Stephen Chasara, organizador del partido de oposición Movimiento por el Cambio Democrático en Zimbabue, muestra las señales de una paliza que, según afirmó, le dieron unos agentes en la comisaría central de Harare en noviembre de 2001. © Reuters

Elecciones


Varios gobiernos de la Comunidad de Desarrollo Económico del África Austral han utilizado a la policía para eliminar a la oposición política. En Tanzania, decenas de activistas políticos de oposición fueron detenidos y maltratados antes, durante y después de las elecciones que tuvieron lugar en Zanzíbar en octubre de 2000. El Grupo de Observadores de la Commonwealth señaló que había agentes de la Unidad de Campaña (policía armada antidisturbios) en algunos colegios electorales y manifestó que «dado que la conducta de algunos elementos de la policía antes de las elecciones solía distar mucho de cumplir las normas internacionales, nos preocupan especialmente el uso de fuego real contra manifestantes desarmados y las palizas».17 El Grupo señaló los informes que hablaban de intimidación a cargo de policías que actuaban de forma partidista. Otros informes indican que la policía retiraba las urnas de votación antes de terminar el recuento.


En Zimbabue, en los dos últimos años las elecciones se han caracterizado por la violencia, cuyos autores han sido en la mayoría de los casos simpatizantes del gobierno, por la complicidad de la policía en esa violencia, como demuestra el que no hayan actuado contra ella ni hayan investigado o detenido a sus presuntos autores, y por las violaciones de derechos humanos perpetradas por los propios agentes de policía. En las elecciones de 2001 para cubrir escaños vacantes en el Parlamento, unos partidarios del Movimiento por el Cambio Democrático dijeron que habían sido detenidos y torturados por policías. También hubo casos en los que agentes e inspectores, a pesar de la presión que soportaban, aplicaron la ley de forma profesional y justa, deteniendo a activistas del partido gobernante que habían cometido delitos. Pero algunos de estos agentes fueron luego trasladados o amenazados con perder el puesto.


La víspera de las elecciones presidenciales de marzo de 2002 en Zimbabue, la policía se negó a acatar las órdenes judiciales impedir la agresión violenta y el desplazamiento forzado de miles de agricultores a manos de los partidarios del gobierno. Hubo numerosos informes de tortura a manos de la policía y de la milicia apoyada por el Estado, y se detuvo a parlamentarios acusándolos de asesinato por confesiones extraídas bajo tortura por la policía. Se detuvo arbitrariamente a los periodistas. En muchos casos, la policía no hizo nada para evitar o investigar los homicidios de partidarios de la oposición a manos de la milicia apoyada por el Estado. Al evaluar las elecciones presidenciales, la misión de observación del Foro Parlamentario de la Comunidad de Desarrollo Económico del África Austral, compuesta por parlamentarios de 11 países de la región, señaló el partidismo de la actuación policial, evidente durante los comicios, y afirmó: «El uso de tropas antidisturbios para dispersar a los potenciales votantes en algunas circunscripciones de Harare planteó dudas sobre la imparcialidad de la policía.»18 El Grupo de Observadores de la Commonwealth, en su informe preliminar, concluyó que «con mucha frecuencia, la policía no actuaba para investigar casos de violencia e intimidación de los que han tenido informes, especialmente cuando las víctimas eran partidarios, reales o imaginados del Movimiento por el Cambio Democrático. De hecho, parecían tratar a los partidarios del Movimiento de forma estricta y ser indulgentes con los simpatizantes de la Unión Nacional Africana de Zimbabue-Frente Patriótico, el partido en el poder. Esta falta de imparcialidad en la actuación policial arroja muchas dudas sobre la aplicación del Estado de derecho en Zimbabue.”19


El activista de la oposición Laban Chiweta murió en el hospital a consecuencia de las quemaduras y las heridas en la cabeza sufridas tras la presunta agresión de que él y otros fueron víctimas el 6 de diciembre de 2001, perpetrada por miembros de la Brigada Joven de la Unión Nacional Africana-Frente Patriótico en la ciudad de Trojan Mine cercana a Bindura, (Zimbabue). Según los informes, los jóvenes comenzaron a agredirlos ante los ojos de la policía, que ni intervino ni detuvo a los agresores. Según los informes, a finales de 2001 cientos de simpatizantes del gobierno recibieron formación militar en campamentos juveniles y posteriormente participaron en una serie de agresiones a miembros de partidos de la oposición. Siempre según los informes, en enero de 2002, en barrio de Kuwadzana, en Harare, la policía se limitó a mirar cuando aproximadamente un centenar de miembros de la milicia del Centro de Formación Border Gezi, de Bindura, agredían y hostigaban a los residentes. La policía tampoco intervino en agresiones similares en la ciudad de Marondera en febrero de 2002.


Manifestaciones


El uso indebido de la policía con fines políticos se ve a menudo en la negación selectiva de los derechos a reunirse públicamente y a asociarse de los políticos de la oposición y los que critican al gobierno. En casi todos los países de la Comunidad de Desarrollo Económico del África Austral, a los organizadores de manifestaciones políticas pacíficas se les niega habitualmente el permiso para realizar marchas o reuniones. Las normas internacionales de derechos humanos sólo permiten establecer las restricciones a los derechos a reunirse pacíficamente y a asociarse libremente que estén previstas por la ley y sean «necesarias en una sociedad democrática, en interés de la seguridad nacional, de la seguridad pública o del orden público, o para proteger la salud o la moral públicas o los derechos y libertades de los demás».20 El que una manifestación no tenga permiso para celebrarse no puede utilizarse como justificación para utilizar métodos de actuación policial que no cumplen las normas internacionales. A pesar de esto, la represión violenta de manifestaciones se ha justificado aduciendo que los manifestantes no tenían autorización.


El 19 de enero de 2002, miembros de las juventudes de la Unión Nacional Africana de Zimbabue-Frente Patrióticoirrumpieron en una concentración del Movimiento por el Cambio Democrático que se celebraba en el White City Stadium de Bulawayo (Zimbabue), a pesar de que la policía se había comprometido a garantizar la seguridad a los organizadores. Los jóvenes agredieron a los partidarios del Movimiento, 18 de los cuales al parecer tuvieron que recibir tratamiento hospitalario, y retuvieron a siete de ellos durante varias horas en el estadio. Asimismo parece que torturaron a Mthokozisi Ncube en el estadio, delante de agentes de policía. Ncube murió a causa de las heridas el 26 de enero.


Otro caso se produjo el 26 de enero de 2002, cuando 150 miembros de las juventudes de la Unión Nacional Africana de Zimbabue-Frente Patriótico impidieron que se celebraran concentraciones de la oposición en la ciudad de Chitungwiza, cerca de Harare, y en el barrio de Greendale, utilizando métodos como agredir a los participantes a medida que llegaban. Agentes de la Unidad de Apoyo de la policía golpearon a la gente al dispersar una multitud de varios cientos de personas. La policía insistió equivocadamente en que, para celebrar la concentración, no bastaba con notificarla, sino que era necesario el permiso policial. Fuese o no fuese esto cierto, no cabe duda de que los golpes vulneraron las normas internacionales sobre la disolución de reuniones públicas.21


Tras las elecciones, la policía siguió interpretando la Ley de Orden Público y Seguridad para justificar el uso excesivo de la fuerza y para disuadir a los críticos del gobierno de celebrar concentraciones y manifestaciones públicas. En marzo de 2002, unos agentes detuvieron y golpearon a tres estudiantes de la Universidad de Zimbabue por ayudar a planificar una huelga general convocada por los sindicatos en protesta por el empeoramiento de la situación económica.


Durante muchos años, la policía de Zimbabue ha aplicado la Ley de Mantenimiento del Orden Público para reprimir de forma habitual las manifestaciones de estudiantes, sindicalistas, activistas cívicos y opositores políticos. Esta ley fue concebida por el anterior gobierno de la minoría blanca para suprimir el nacionalismo africano. En enero de 2002, el Parlamento, de mayoría gubernamental, hizo que se aprobara una ley aún más draconiana, la Ley de Orden Público y Seguridad, en virtud de la cual, no avisar con antelación a la policía de cualquier reunión de más de seis personas es punible con fuertes multas y penas de cárcel. Ni siquiera están exentas las reuniones diplomáticas: la policía interrumpió una reunión en marzo de 2002 entre unos 30 diplomáticos extranjeros y el candidato a la presidencia del Movimiento por el Cambio Democrático, Morgan Tsvangirai, amenazando con detenerlo en aplicación de esta ley.


Actuando junto a los militantes del partido gobernante, la policía disolvió concentraciones pacíficas de la oposición en el periodo previo a las elecciones presidenciales de marzo de 2002 en Zimbabue, y permitió en repetidas ocasiones que los jóvenes partidarios de la Unión Nacional Africana de Zimbabue-Frente Patriótico impidieran brutalmente a los partidarios de la oposición asistir a las concentraciones.


En Mozambique, la policía se acostumbró a tener una función política durante los 16 años de conflicto armado interno que acabaron en 1992. Hoy en día, aunque dentro del cuerpo se han producido importantes cambios, sigue habiendo vestigios de esa politización en la conducta y las estructuras de la policía.


En noviembre de 2000, la Resistencia Nacional Mozambiqueña (RENAMO), en la oposición, organizó manifestaciones en todo el país como medida de presión para que les concedieran sus exigencias, como el recuento de los votos de las elecciones de 1999. Algunas de las manifestaciones fueron violentas: en todo el país murieron 41 personas, entre ellas seis agentes de policía. En Chimoio, provincia de Manica, la policía golpeó a los manifestantes con las culatas de sus rifles ante las oficinas de la RENAMO antes de comenzar la marcha, y, según los informes, en la ciudad de Nampula dispararon de forma indiscriminada y sin provocación previa, abatiendo a tiros a una persona cuando la muchedumbre se dispersaba.


En Namibia, las reuniones de opositores de la sociedad civil han sido blanco de la actuación policial. En junio de 1997, tras una oleada de manifestaciones de ex combatientes desempleados, el presidente Nujoma declaró que prohibiría cualquier manifestación no autorizada por la policía basándose en una ley de orden público de 1989, en pleno apartheid. 22 Un mes después, agentes de policía armados disolvieron una reunión entre un jefe tradicional de la comunidad himba, el jefe Kapika, 70 miembros de su comunidad y sus abogados. La policía afirmó que la reunión, convocada para debatir la oposición a la construcción de una presa, era ilegal, ya que no se había solicitado ni obtenido autorización. La comunidad himba recurrió legalmente y el gobierno acordó no hacer cumplir la disposición de 1989, que sin embargo aún no ha sido revocada.


Durante el periodo previo a las elecciones de 1996 y de 2001 en Zambia, el gobierno reprimió la libertad de expresión y de reunión. La policía ha abusado habitualmente de las competencias que le otorga la Ley de Orden Público (Modificada) para negar el derecho a reunirse a los grupos de oposición y los críticos del gobierno, aunque las concentraciones organizadas por el gobierno no parecen regirse por ella, ni siquiera es necesario notificarlas previamente. La policía reprimió las protestas a gran escala que se produjeron tras el resultado de la elecciones presidenciales de diciembre de 2001, y el nuevo presidente, Levy Mwanawasa, afirmó que la policía se ocuparía de los manifestantes que denunciaran la manipulación de las elecciones «como considerara adecuado».23


En Tanzania, miembros de grupos de oposición han sido detenidos, golpeados o ejecutados antes y durante manifestaciones organizadas.


En Zanzíbar (Tanzania), en octubre de 2000 decenas de personas resultaron heridas cuando la policía utilizó fuego real, gases lacrimógenos y proyectiles de goma contra los manifestantes que protestaban contra las irregularidades de las elecciones presidenciales. El 27 de enero de 2001, unos agentes armados mataron ilícitamente al menos a 22 manifestantes en la isla de Pemba (Zanzíbar). Según los informes, la policía de Zanzíbar había recibido refuerzos de una unidad especial antidisturbios del continente, la Unidad de Campaña, y de los militares armados con pistolas, rifles y subametralladoras. Según los informes, a algunas personas les dispararon desde un helicóptero de la policía.














Sandile Bhembe, miembro de la Alianza Democrática de Suazilandia, tras quedar libre de la custodia de la policía. Manzini, Suazilandia, noviembre de 2000. Durante las protestas y las huelgas de octubre y noviembre de 2000 por las restricciones de libertades fundamentales, sindicalistas, maestros, estudiantes y otros manifestantes fueron detenidos, agredidos y torturados por las fuerzas de seguridad. © AFP



En Suazilandia, la policía ha sometido a los sindicalistas a redadas, detenciones arbitrarias, torturas y malos tratos por sus actividades sindicales. También han sufrido graves restricciones de la libertad de expresión, reunión y asociación. Durante las protestas y las huelgas generales de octubre y noviembre de 2000 hubo muchos informes de brutalidad policial. Bonginhlanhla Gama, dirigente de un sindicato de educadores, resultó herido de bala por la policía y tuvo que ser hospitalizado. Según los informes, el 23 de octubre de 2000 soldados y policías dispararon gases lacrimógenos contra sindicalistas, estudiantes y trabajadores que trataban de entregar al rey una petición, y los golpearon con porras. El 7 de noviembre, dirigentes de la Federación de Sindicatos de Suazilandia fueron retenidos brevemente en un control de carreteras de las fuerzas de seguridad a las afueras de Mbabane para impedir que se unieran a los manifestantes que trataban de entregar al primer ministro una petición en favor de las reformas políticas. Durante la huelga de dos días convocada en noviembre del 2000 por los sindicatos afiliados a la Federación de Sindicatos de Suazilandia, la policía detuvo a Musa Dlamini, secretario general de la Asociación Nacional de Educadores que, según los informes, fue sometido a tortura de asfixia en la comisaría de Manzini. En el año 2001, él junto con otros cinco dirigentes sindicales fueron absueltos de los cargos de desacato al tribunal en relación con la huelga.

Periodistas


El uso de la policía para hostigar a los medios de comunicación es una práctica habitual en muchas partes de la región, como Malawi, Namibia, Suazilandia, Zambia y Zimbabue. Periodistas de toda la región han sido víctimas de detenciones, encarcelamientos, registros y confiscación de notas y archivos por parte de la policía, que ha intentado reprimir la publicación de artículos críticos con el gobierno.


En Malawi ha habido periodistas detenidos por diversas causas, como sedición y «publicar falsas noticias que probablemente causen temor o alarma entre la población».


En julio de 2000, agentes armados de la Fuerza Móvil de la Policía amenazaron con disparar a Pushpa Jamieson, periodista del semanario The Cronicle, y confiscaron su cámara. La periodista había estado tomando fotos de los enfrentamientos entre la policía antidisturbios y cientos de personas que no podían ser albergadas en un estadio para las celebraciones del día de la independencia. Incluso los vendedores de periódicos han estado sometidos en Malawi al hostigamiento policial. En mayo de 2001, unos policías, encabezados por un relaciones públicas de la policía, detuvieron al vendedor Austin Machewere en Lilongwe, se incautaron de ejemplares del periódico Dispatchy lo acusaron de crear temor o alarma entre la población antes de dejarlo en libertad bajo fianza en espera del juicio.


La policía ha ayudado a hostigar a los medios de comunicación en Suazilandia, donde el gobierno cerró periódicos como TheSwazi Observer, de propiedad estatal, The Guardiany The Nationen los años 2000 y 2001.


El 19 de octubre de 2001, policías armados interrumpieron una conferencia de prensa organizada por miembros y afiliados de la Alianza Democrática de Suazilandia para protestar, entre otras cosas, por la detención del dirigente de la oposición Mario Masuku. La policía volvió a boicotear un segundo intento de convocar la conferencia, esta vez apoyada por policía paramilitar fuertemente armada, según los informes la Unidad de Servicios de Apoyo Operativo. Un policía de alta graduación golpeó con un bastón al periodista Thulasizwe Mkhabela, de The Times. El ministro de Asuntos Exteriores y Comercio afirmó más tarde que entre las competencias de la policía estaba el aplicar la ley como considerara necesario, y que impedir la celebración de la conferencia de prensa no había tenido nada de malo.24


En Tanzania, la policía hostigó a los periodistas antes y después de las elecciones de octubre de 2000. El corresponsal de la BBC y activista de derechos humanos Ally Saleh, que había informado sin cesar de abusos contra los derechos humanos en Zanzíbar, fue detenido y acusado de secuestrar a dos mujeres. Al parecer los cargos eran falsos y más tarde se retiraron.


Durante los últimos diez años, la policía de Zambia ha detenido a Fred M’membe, director jefe del periódico privado The Postpor diversos cargos, entre ellos espionaje y difamación. En agosto de 2001, M’membe volvió a ser detenido y acusado de difamar al presidente, ofensa tipificada en el código penal de Zambia y punible con hasta tres años de cárcel. El periódico había acusado de robo al entonces presidente, Frederick Chiluba. Tras quedar en libertad bajo fianza Fred M’membe, la policía hizo saltar el cierre de su verja de un disparo y golpeó a los guardias de seguridad de su casa intentando sin éxito volver a detenerlo. Cuando volvió a presentarse a la policía, M’membe no fue puesto bajo custodia. Su juicio, junto con otros tres acusados del mismo delito, comenzó a finales de abril de 2002.

***


A pesar de los intentos de algunos gobiernos de elevar el nivel de la actuación policial, otros utilizan a la policía indebidamente para mantenerse en el poder. En estos Estados, los mandos y agentes responsables de abusos no responden ante nadie. Sin embargo, todos los países de la Comunidad de Desarrollo Económico del África Austral se han comprometido en un grado u otro, en virtud del derecho internacional y de sus propias constituciones y leyes nacionales, a hacer respetar y proteger los derechos humanos. En el capítulo 3 examinamos los aspectos de éstas que no cumplen las normas internacionales.





3.- NORMAS DE DERECHOS HUMANOS Y LEYES NACIONALES


El respeto de los derechos humanos es parte integral de una actuación policial profesional. En Angola, los estatutos de la policía señalan: «La Policía Nacional es una fuerza militarizada cuyo deber básico es respetar el ejercicio de los derechos y las libertades fundamentales».25 Este mismo principio puede encontrarse en las leyes que regulan la actuación de la policía en todos los países miembros de la Comunidad de Desarrollo Económico del África Austral. Sin embargo, para garantizar su cumplimiento, las leyes que facultan a la policía para combatir y prevenir el delito deben encuadrarse en un marco de derechos humanos. Si las leyes no los guían adecuadamente, los agentes no pueden estar seguros de qué conducta se les exige en el cumplimiento de sus obligaciones. Es deber de los Estados garantizar que las leyes son claras y que se ajustan a las normas internacionales de derechos humanos.


La conducta de la policía se regula mediante normas de derechos humanos internacionales y regionales y a través de las constituciones, leyes y normativas de cada Estado. En los países de la Comunidad de Desarrollo Económico del África Austral algunas disposiciones nacionales que afectan a la policía distan mucho de ajustarse a las normas internacionales de derechos humanos y por tanto facilitan los abusos. Aunque la aplicación de las normas de derechos humanos no puede depender únicamente de las leyes, es importante que las lagunas existentes en el marco legal no faciliten la comisión de abusos contra los derechos humanos ni den poderes que entren en conflicto con derechos fundamentales. Es necesario que haya una sólida base legislativa para el desarrollo de una actuación policial que respete los derechos humanos.


Aplicación de los tratados internacionales de derechos humanos a las jurisdicciones nacionales


Las constituciones de los Estados suelen facilitar el método que permite dar fuerza de ley a los tratados internacionales de derechos humanos en las jurisdicciones nacionales. Algunas constituciones permiten la aplicación directa de dichos tratados al ser ratificados por los Estados, mientras que otras pueden exigir su incorporación a través de legislación nacional. En el primer caso, los tribunales nacionales pueden hacer cumplir directamente las obligaciones internacionales del Estado a partir del momento en que son ratificadas. Las constituciones de Sudáfrica, Namibia y Angola permiten que los tribunales nacionales apliquen las leyes internacionales directamente en sus fallos. En otros países, es necesario aprobar leyes que den a las obligaciones internacionales fuerza de ley, lo cual puede retrasar la aplicación de normas internacionales y obstaculizar el escrutinio internacional de su conducta. Según la Constitución de Zimbabue, el Parlamento debe intervenir para incorporar las normas internacionales a las leyes nacionales.


Normas internacionales de derechos humanos


Los instrumentos de derechos humanos internacionales y regionales más importantes con disposiciones aplicables a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley son la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos.


A excepción de Suazilandia, todos los países de la Comunidad de Desarrollo Económico del África Austral han ratificado el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y todos son parte en la Carta Africana. Sólo Angola, Suazilandia, Tanzania y Zimbabue no han firmado ni ratificado la Convención contra la Tortura.


El ejercicio de las facultades legítimas de la policía afecta a varios derechos humanos fundamentales que están protegidos por estos instrumentos de derechos humanos, en especial los derechos a la libertad y a un juicio justo y la prohibición de detención y reclusión arbitrarias, el derecho a la intimidad, la libertad de asociación y de reunión y, en circunstancias excepcionales, el derecho a la vida.26 La actuación ilegal de la policía vulnera estos derechos fundamentales, así como los derechos a la igualdad ante la ley, a la presunción de inocencia y a no ser torturado.27


Para ayudar a incorporar las obligaciones internacionales a las leyes nacionales, la ONUha elaborado directrices, principios y recomendaciones. Las que se refieren especialmente al trabajo de la policía son:

• las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos,

• el Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley,



Comunidad de Desarrollo Económico del África Austral





Proteger los derechos humanos mediante la actuación policial



Amnistía Internacional Índice AI: AFR 03/004/2002/s

Índice AI: AFR 03/004/2002/s Amnistía Internacional

abel Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión,

• los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley,

• los Principios Básicos para el Tratamiento de los Reclusos.28


No tienen la fuerza vinculante de los tratados pero se espera de los Estados Miembros de las Naciones Unidas que se ajusten a ellas.


Cuando un Estado se convierte en Estado Parte en un tratado internacional, contrae compromisos que garantizan su cumplimiento. Tanto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos como la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, exigen a los Estados que tomen todas las medidas necesarias para hacer realidad los derechos que establecen. Según la Convención contra la Tortura, todo Estado Parte debe tomar medidas legislativas, administrativas, judiciales o de otro tipo eficaces para impedir los actos de tortura (artículo 2).


Según el Comité contra la Tortura, órgano de vigilancia del cumplimiento de la Convención contra la Tortura, Mauricio, Namibia y Zambia no han aprobado medidas legislativas eficaces.29 Por el contrario, Lesoto y Sudáfrica sí han tomado medidas para que sus leyes y procedimientos nacionales cumplan con la Convención. A finales de 1998, la Policía Sudafricana aprobó una Política sobre la Prevención de la Tortura y el Trato de las Personas bajo Custodia. Esta normativa regula la detención y el interrogatorio de los presuntos delincuentes bajo custodia policial en las comisarías y establece salvaguardias en temas como el mantenimiento de archivos y la atención médica. En Lesoto, país que ratificó la Convención contra la Tortura en 2001, el gobierno ha creado un comité interministerial para supervisar su aplicación. Es la primera vez que en Lesoto se crea este tipo de órgano de supervisión de un tratado. Convocado por el Ministerio de Asuntos Exteriores, está formado por representantes de la policía y los servicios penitenciarios, el Servicio de Seguridad Nacional y las fuerzas armadas, así como de los Ministerios de Defensa y de Justicia. Tiene previsto traducir a la lengua de Lesoto la Convención contra la Tortura, tipificar la tortura como delito, revisar las leyes que precisan modificación y estudiar las experiencias de otros países.


Los Estados que ratifican tratados de derechos humanos también se comprometen a presentar ante el correspondiente órgano de vigilancia del tratado informes sobre las medidas adoptadas para aplicarlo. El organismo encargado de evaluar estos informes y su periodo de presentación varía según el tratado.30 En virtud de los procedimientos de las Naciones Unidas, a menudo las ONG participan en el proceso de examen de los informes, aportan informes «de vigilancia» y participan en los debates.


Muchos países presentan sus informes con considerable retraso o no los presentan. Entre los países de la Comunidad de Desarrollo Económico del África Austral, por ejemplo, a comienzos de 2002 tanto Angola como Namibia tenían 10 informes sin presentar de diferentes tratados de la ONU. Ninguno de los dos había presentado el informe inicial ni el segundo informe periódico que exige el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que Angola tenía que haber presentado en diciembre de 1997 y abril de 1998, y Namibia en febrero de 1996 y febrero de 2001, respectivamente..


Leyes nacionales sobre tortura y malos tratos


Los Estados Parte en la Convención contra la Tortura deben aprobar o modificar las leyes nacionales para tipificar la tortura como delito y castigar este delito con penas adecuadas que tengan en cuenta su gravedad. (artículo 4).31


La Constitución de casi todos los países de la Comunidad de Desarrollo Económico del África Austral prohíbe la tortura y los tratos crueles, inhumanos o degradantes. La Constitución de Malawi prohíbe «cualquier tipo de tortura» y la de Namibia, «la tortura y los tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes». Por su parte, las constituciones de Mauricio y Zimbabue disponen que «nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos inhumanos o degradantes». Suazilandia es la excepción. Su gobierno suspendió la Constitución de 1968 en 1973 y desde entonces ha funcionado sin definición escrita de sus facultades y funciones ni garantías constitucionales de derechos y libertades fundamentales.


El derecho internacional considera no derogable el derecho a no ser sometido a torturas. Esto quiere decir que no puede ser suspendido en ninguna circunstancia, ni siquiera bajo estado de excepción.32 Sin embargo, en Angola, la Ley sobre el Estado de Excepción no incluye el derecho a no ser torturado entre otros derechos no derogables, a pesar de que el país es Parte en la Carta Africana y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que no permiten derogar la prohibición de la tortura.


En la mayoría de los países de la Comunidad de Desarrollo Económico del África Austral la tortura no está tipificada específicamente como delito. Los Códigos Penales de, por ejemplo, Mauricio, Mozambique, Zambia y Zimbabue, permiten utilizar otra terminología, como «agresión con intención de causar lesiones graves», pero en Namibia, sin embargo, los actos de tortura o los tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes no están regulados por las leyes, sino que son considerados delitos comunes. Queda a discreción de los tribunales condenar a prisión o al pago de una multa a las personas declaradas culpables de tortura. En un destacado caso de 1992, la Corte Superior condenó a prisión a un agente de policía declarado culpable de torturar hasta la muerte a un detenido.33


En países de todo el mundo se ha demostrado que la falta de salvaguardias fundamentales en ámbitos de la aplicación de la ley facilita la tortura y los malos tratos. Amnistía Internacional ha detectado salvaguardias que pueden ayudar a proteger de la tortura a quienes están bajo custodia, 34 como poner límites de tiempo a la detención en régimen de incomunicación, proporcionar salvaguardias durante el interrogatorio y la custodia y no admitir en los juicios pruebas obtenidas mediante tortura.


Detención arbitraria y en régimen de incomunicación


A menudo la tortura tiene lugar durante las primeras horas o días de detención, y el hecho de que el detenido esté incomunicado la facilita. Las normas y los órganos internacionales de derechos humanos mantienen que las restricciones y los retrasos a la hora de permitir a los detenidos tener contacto con el mundo exterior sólo son admisibles en circunstancias excepcionales y por breve tiempo. Las normas internacionales exigen que los detenidos puedan ponerse en contacto con sus familiares y abogados y con los médicos que elijan.35 Los órganos de derechos humanos de las Naciones Unidas también han rechazado la detención en régimen de incomunicación como práctica que puede facilitar la tortura y los malos tratos, y han recomendado que sea considerada ilegal y que los presos incomunicados queden en libertad sin demora.36



Policías en Botsuana. Antiguamente los militares desempeñaban a menudo tareas policiales junto a los agentes de policía. © Botswana government website

Algunos países de la Comunidad de Desarrollo Económico del África Austral permiten la incomunicación de los detenidos en comisarías. Los Códigos de Procedimiento Penal de Mozambique y Angola permiten mantener incomunicados a los detenidos. En Mozambique este régimen puede prolongarse hasta 48 horas antes de que el detenido sea conducido ante una autoridad judicial. En Angola, los detenidos permanecen incomunicados hasta el primer interrogatorio por el juez de instrucción en presencia de un funcionario de la Fiscalía General y un abogado defensor. El juez de instrucción puede autorizar la detención en régimen de incomunicación durante un máximo de 5 o 10 días si se trata de delitos contra la seguridad del Estado. En Angola la disposición sobre la detención en régimen de incomunicación se conservó en la Ley de Detención Preventiva de 1992, que modificó parte del Código de Procedimiento Penal. En Mozambique este régimen de detención persistió en el proyecto de modificación del Código de Procedimiento Penal presentado al Consejo de Ministros en 2001, que aún no se ha convertido en ley.


En otros países de la Comunidad de Desarrollo Económico del África Austral está limitado el acceso a los detenidos en aplicación de leyes concretas sobre delitos graves y «terrorismo» o de leyes que disponen el estado de excepción. En Mauricio, tanto la Ley de Drogas Peligrosas de 1986 como la Ley de Prevención del Terrorismo de 2002 permiten que un policía con grado de superintendente ordene la detención en régimen de incomunicación durante 36 horas. La Constitución se modificó en 2002 expresamente para restringir la puesta en libertad bajo fianza de sospechosos de «terrorismo» y eliminar el derecho a recibir asistencia letrada. En virtud de ambas leyes, sólo pueden acceder a un médico oficial. En Botsuana, la Constitución permite la detención en régimen de incomunicación durante al menos 5 días cuando se ha declarado el estado de excepción.


En la mayoría de los países de la Comunidad de Desarrollo Económico del África Austral, el detenido debe comparecer ante un juez en un plazo de 48 horas (en Zambia, de 24), requisito legal que habitualmente se infringe. En Suazilandia, la Orden sobre delitos sin fianza de 1993, enmendada, obliga a los tribunales a rechazar la libertad bajo fianza de cualquier persona acusada de diversos delitos que se especifican en ella. La policía no tiene que demostrar que tiene pruebas de peso contra el acusado. En junio de 2001, el Tribunal de Apelación de Suazilandia sentenció que la Orden era «una ley draconiana [...] incompatible con la presunción de inocencia, así como una invasión de la libertad del individuo».


Registro de detenciones e interrogatorios


Una salvaguardia contra la tortura o los malos tratos bajo custodia o interrogatorio es el registro oficial de información sobre la detención y el interrogatorio. Según directrices internacionales, la detención de una persona debe quedar debidamente registrada, indicando sus motivos y la identidad del agente que la llevó a cabo.37 También debe registrarse la hora y el lugar de todos los interrogatorios, junto con los nombres de todos los presentes, y esta información debe estar disponible para las actuaciones judiciales o administrativas.38


En Sudáfrica, la Política sobre Prevención de la Tortura y Trato de las Personas bajo Custodia trata de ajustarse a estas directrices internacionales. En virtud de esta política, en todas las comisarías debe haber un registro de ingresos bajo custodia. Toda acción llevada a cabo por un agente con relación a un detenido debe quedar registrada, así como las visitas de médicos, la duración de los interrogatorios y las personas presentes en ellos. La Comisión Jurídica Permanente ha recomendado que se refuerce esta política incorporándola a los reglamentos de la policía.


La falta de asistencia letrada durante los interrogatorios policiales puede dar lugar a abusos. El relator especial sobre la independencia de jueces y abogados de las Naciones Unidas ha recomendado que el abogado del detenido esté presente.39 En Botsuana, por ejemplo, no hay ninguna disposición concreta que permita que un abogado esté presente durante el interrogatorio.


La grabación en vídeo de los interrogatorios puede ser una eficaz salvaguardia contra los abusos. El relator especial sobre la cuestión de la tortura de las Naciones Unidas ha recomendado el uso de esta tecnología.40 En Mauricio, la Ley de Drogas Peligrosas de 1986, modificada en 1995, exige que el detenido sea grabado en vídeo durante el plazo permitido de 36 de detención en régimen de incomunicación. Sin embargo, según los informes, la falta de recursos ha impedido que se cumpla esta ordenanza. Una disposición similar de la Política sobre Prevención de la Tortura y Trato de las Personas bajo Custodia de Sudáfrica se hizo depender de la disponibilidad del material necesario. En la mayoría de los países de la Comunidad de Desarrollo Económico del África Austral, la policía a menudo carece de los recursos más básicos y no es probable que la grabación en vídeo se utilice de forma generalizada en un futuro próximo.


Pruebas conseguidas mediante tortura


Las normas internacionales de derechos humanos disponen que las declaraciones conseguidas mediante tortura o malos tratos no podrán presentarse como pruebas en ningún procedimiento, excepto contra personas acusadas de haber conseguido confesiones por medios ilícitos.41 Se trata de una importante garantía de que la tortura y los malos tratos no se aceptan como métodos legítimos de investigación y de que la policía no se basa en la tortura para conseguir confesiones. Las normas internacionales exigen que, si un acusado denuncia torturas o malos tratos, las autoridades lleven a cabo una investigación para determinar la veracidad de estas denuncias. También exigen que sea la acusación la que aporte pruebas de que no se utilizaron medios ilícitos, como torturas o malos tratos, para obtener confesiones. 42


En Sudáfrica, el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional una disposición de la Ley de Enjuiciamiento Criminal según la cual era el acusado quien debía probar que no había confesado voluntariamente cuando la declaración había sido ratificada por escrito en presencia de un juez.43 En Namibia, el Código Penal dispone que una declaración hecha de forma no voluntaria no puede ser admitida como prueba, excepto contra la persona acusada de conseguirla utilizando cualquier forma de coacción, como la tortura. Esta norma ha quedado reforzada por una disposición constitucional según la cual los tribunales no admitirán pruebas conseguidas mediante tortura.


En otros países de la región, por ejemplo, Mozambique, no hay ninguna ley que disponga que las declaraciones hechas bajo tortura no son admisibles como prueba. En Zambia y Botsuana, aunque una confesión no voluntaria puede declararse no admisible, la Ley de Enjuiciamiento Criminal permite admitirla siempre que sea pertinente. El gobierno zambiano se comprometió a examinar con más detenimiento esta cuestión de las pruebas derivativas en su informe presentado al Comité contra la Tortura en 2001.44 En Malawi, la Ley Pruebas y Enjuiciamiento Criminal (artículo 176), dispone que las pruebas son admisibles siempre que sean pertinentes, incluso cuando se denuncia que no se han conseguido de forma libre y voluntaria. Por consiguiente, la ley en Malawi parece ir más allá de la admisibilidad de pruebas derivativas procedentes de confesiones conseguidas de forma ilegal y admite la propia confesión si el tribunal está convencido de que el contenido de dicha confesión es materialmente cierto. Se espera que la Comisión Jurídica de Malawi, que actualmente examina la Ley, se ocupe de las disposiciones que contravienen normas reconocidas internacionalmente y facilitan que la policía cometa abusos.

Normas sobre el uso de la fuerza y de las armas de fuego


Policía y votantes en un colegio electoral cerrado. Zanzíbar, Tanzania, octubre de 2000. © AP/Sayyid Azim


Como se indicó en el capítulo 1, las normas internacionales de derechos humanos sobre la conducta de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley mantienen el principio de que el uso de la fuerza debe ser una excepción y de que la policía sólo debe utilizarla cuando sea estrictamente necesario y en la medida en que lo exija el ejercicio de sus obligaciones.45 Estas normas se basan en el equilibrio entre el derecho a la vida y a la seguridad de la persona y la necesidad de evitar el delito y de poner a los delincuentes en manos de la justicia. Todos los derechos emanan del derecho supremo a la vida, que ningún Estado puede derogar, ni siquiera en estado de excepción. Si un policía mata a un sospechoso que huye y que debe ser considerado inocente hasta que se pruebe lo contrario más allá de cualquier duda razonable en un tribunal, jamás se podrá determinar si es inocente o culpable.


En muchos países de la Comunidad de Desarrollo Económico del África Austral se deja a los tribunales la misión de interpretar hasta qué punto las disposiciones que permiten el uso de la fuerza cumplen las normas internacionales sobre el equilibrio entre los principios de necesidad y de proporcionalidad. En Lesoto, puede utilizarse la fuerza «en la medida en que sea necesario» para practicar una detención legítima o impedir que un detenido huya. En Botsuana, Sudáfrica, Zambia y Zimbabue, puede utilizarse una fuerza «razonablemente necesaria» con estos mismos fines. En Angola y Mozambique, se permite el uso de la fuerza si resulta «indispensable» para evitar que un sospechoso escape o para reducirlo si opone resistencia. En Tanzania, el Código Penal dispone que pueden utilizarse «todos los medios necesarios» para detener a un sospechoso que se resiste o intenta huir. El Código de Procedimiento Penal de Tanzania parece más restrictivo, pues sólo permite el uso de un grado de fuerza que probablemente resulte letal para el sospechoso cuando el policía lo crea razonablemente necesario para proteger su vida o evitar lesiones graves.


Según las normas internacionales, el uso de armas de fuego por parte de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley está limitado a situaciones en las que resulte estrictamente necesario para la defensa propia o de otras personas frente a una amenaza inminente de muerte o de lesiones graves, para evitar que se cometa un delito grave que implica una seria amenaza contra la vida y para efectuar detenciones en caso de que la persona represente un grave peligro y se resista a la autoridad, o impedir que escape.


Un policía persigue a un niño refugiado en Luena, en el este de Angola, 1998.

© Da Silva Joao/Corbis Sygma

La mayoría de los países de la Comunidad de Desarrollo Económico del África Austral permiten el uso de medios letales con el único propósito de practicar una detención, incluso cuando no hay vidas en peligro. Por ejemplo, los homicidios cometidos mientras se realiza una detención legítima o se impide que una persona detenida legalmente huya se consideran excepciones al derecho a la vida que garantizan las constituciones de Botsuana, Lesoto, Zambia y Zimbabue.


En Sudáfrica y Zimbabue sólo pueden utilizarse medios letales contra presuntos autores de determinados delitos, pero algunos de ellos son delitos no violentos, como el robo. En Sudáfrica, una enmienda de 1998 de la Ley de Procedimiento Penal, que permitía el uso de medios letales sólo cuando corría peligro la vida o existía riesgo de lesiones graves, no llegó a entrar en vigor debido a los obstáculos planteados por la policía, preocupada por el aumento del peligro que esta enmienda suponía para los agentes. En marzo de 2002, el Tribunal Constitucional aún no había decidido sobre la constitucionalidad de la disposición no enmendada.46


En algunos países, los límites legales respecto al uso de medios letales se ajustan al derecho internacional. En Namibia, el reglamento de la policía sólo permite utilizar la fuerza en situaciones de peligro para la vida. El Tribunal Superior de Namibia ha pedido a la Comisión sobre Reforma y Desarrollo de las Leyes que anule la disposición de la Ley de Procedimiento Penal que no se ajusta a dicho reglamento o a las normas internacionales.


Libertades de reunión y de asociación


En algunos países de la Comunidad de Desarrollo Económico del África Austral, la ambigua redacción en la tipificación de algunos delitos puede dejar demasiado campo a la policía para interpretar a discreción si una conducta es delictiva, lo cual puede utilizarse para violar los derechos de reunión pacífica y asociación. Algunos delitos definidos según la Ley de Prevención del Terrorismo en Mauricio y el Proyecto de Ley Antiterrorista en Sudáfrica podrían incluir actividades que equivalen al ejercicio pacífico del derecho a la libertad de expresión. En Suazilandia, en virtud del Decreto de Enmienda de la Ley de Sedición y Actividades Subversivas de 1987, provocar la insatisfacción con el rey también puede ser castigado con la cárcel.


Como se indicó en el capítulo 2, la Ley de Orden Público y Seguridad de Zimbabue concede a la policía amplias facultades para prohibir una reunión pública o todas las reuniones públicas en una zona durante hasta tres meses. También permite que actividades que suponen el ejercicio pacífico del derecho a la libertad de expresión sean castigadas con duras penas, incluida la cárcel. Cuando la policía prohíbe una manifestación, no es posible recurrir ante una autoridad judicial o independiente esta prohibición.


***


La mayoría de los gobiernos de la Comunidad de Desarrollo Económico del África Austral no cumplen sus obligaciones según las normas internacionales de derechos humanos. Incluso cuando se adhieren a tratados internacionales de derechos humanos y aprueban leyes que prohíben violar estos derechos, con frecuencia la policía no las respeta. Además de responder ante órganos internacionales de vigilancia de los tratados, los Estados deben asegurarse de que existen mecanismos de supervisión en el ámbito nacional para controlar y vigilar las actividades de los organismos encargados de hacer cumplir la ley.





4.- SUPERVISIÓN E INVESTIGACIÓN


Las violaciones de derechos humanos a manos de la policía representan una vulneración de la confianza de la comunidad y las víctimas que el Estado debe subsanar. La tortura, el uso injustificado de medios letales y otras violaciones graves socavan seriamente la profesionalidad de la policía. El gobierno y la policía están obligados a asegurarse de que los casos se investigan de forma exhaustiva, independiente e imparcial, de que se resarce a las víctimas y de que los autores son puestos en manos de la justicia. De no hacerlo, estarán dando a entender que estos delitos son tolerados e incluso considerados justificados, y lo único que harán será fomentar que se repitan.


La exigencia legal de investigar


Según las normas internacionales de derechos humanos, los Estados deben investigar violaciones de derechos humanos como la tortura y la privación de la vida mediante el uso de medios letales injustificables. Cuando se descubren violaciones de derechos humanos graves, las investigaciones deben conducir a actuaciones disciplinarias o penales que garanticen que tanto los autores como los agentes implicados en su comisión o encubrimiento rinden cuentas.


La Asamblea General de las Naciones Unidas ha subrayado que «todas las denuncias de torturas u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes deben ser objeto de un examen pronto e imparcial por las autoridades nacionales competentes [...]».47 La Convención contra la Tortura en su artículo 13 exige algo similar. Los Estados deben establecer un recurso eficaz y consolidar en las leyes nacionales el derecho de las víctimas a presentar denuncias de tortura o malos tratos.48 Los órganos internacionales y regionales de derechos humanos han aclarado cuáles son los componentes esenciales de un recurso eficaz:




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Proteger los derechos humanos mediante la actuación policial



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abprontitud en comenzar a examinar las denuncias y rapidez en el ritmo de toda la investigación para proteger a la víctima y reducir al mínimo la pérdida de pruebas;



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Proteger los derechos humanos mediante la actuación policial



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abimparcialidad para garantizar que todas las pruebas se ponderan adecuadamente, tanto las del denunciante como las del acusado y los testigos;



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abindependencia para garantizar que no hay conflicto de intereses, ocultación de pruebas o procedimientos injustos;



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abprotección de denunciantes y testigos para garantizar que tanto ellos como cualquier otra persona implicada en la investigación no sufren represalias;



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abexhaustividad para asegurarse de que se tiene en cuenta toda la información pertinente que demuestra o invalida la veracidad de la denuncia.49


Los policías acusados de tortura o malos tratos deben ser suspendidos del servicio activo durante la investigación oficial, sin perjuicio del resultado de ésta.50


La respuesta de los Estados a las denuncias de uso indebido de medios letales o uso excesivo de la fuerza debe ser similar. Los homicidios consecuencia del uso excesivo o ilegal de la fuerza por funcionarios públicos deben tipificarse como delitos comunes y, cuando suceden, es preciso que los gobiernos inicien sin demora investigaciones exhaustivas e imparciales.51


En caso de cualquier despliegue de fuerza, los gobiernos y la policía tienen responsabilidades diferentes y claramente definidas para evitar el uso ilegal de la fuerza o de armas de fuego.52 Son las siguientes:




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abestablecer procedimientos eficaces para la elaboración de informes y el examen de todos los incidentes donde se hayan utilizado armas de fuego y en los que se hayan producido lesiones o muertes debido al uso de la fuerza o de armas de fuego; facilitar investigaciones independientes en el caso de muerte, lesiones graves u otras consecuencias graves;


sl240


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abcastigar el uso arbitrario o abusivo de la fuerzas o las armas de fuego como delito común en las leyes del país;



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abtomar medidas para evitar el uso ilegal de la fuerza o las armas de fuego, vigilarlo e informar sobre él;



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abasegurarse de que la obediencia de órdenes superiores no se tolera como para justificar la violación de derechos humanos;



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abasegurarse de que no se imponen sanciones a quienes se nieguen, obedeciendo las normas internacionales, a ejecutar una orden de uso de la fuerza y de armas de fuego.


Mecanismos de supervisión


Unos mecanismos de supervisión eficaces mejoran la confianza de la población en la policía, algo indispensable para lograr una actuación policial eficaz. Hay distintos tipos de investigaciones realizadas por organismos y funcionarios públicos que pueden ayudar al gobierno y a la policía a cumplir con su obligación y garantizar un servicio de policía responsable y profesional:




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abinvestigaciones internas de la policía con vistas a posibles sanciones disciplinarias o remisión a la fiscalía;



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abinvestigaciones de la fiscalía;



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abinvestigaciones judiciales o del pesquisidor sobre las muertes. Estas investigaciones pueden encontrar indicios de culpabilidad y remitir el caso a la fiscalía;



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abcomisiones de investigación judicial sobre un tipo concreto de abusos reiterados o un incidente importante. Estas comisiones pueden formular recomendaciones generales o específicas;



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abinvestigaciones de las comisiones nacionales de derechos humanos53 y de las defensorías del pueblo, encaminadas a conseguir el resarcimiento de las víctimas o a formular recomendaciones generales;



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abórganos especializados en investigación de denuncias, responsables de investigar directamente abusos policiales o de supervisar investigaciones internas.









Unos detenidos muestran señales de brutales palizas, Zambia, noviembre de 2000. Los cuatro comparecieron ante un tribunal de primera instancia en Lusaka acusados de robo a mano armada y tenían señales visibles de golpes en el cuerpo. Según dijeron, durante las dos semanas que pasaron detenidos sin cargos bajo custodia policial los habían golpeado repetidas veces con sjamboks(látigos). En Zambia, la policía tortura habitualmente a los presuntos delincuentes comunes, a veces con resultado de muerte. Los familiares y testigos también corren peligro. Al parecer la tortura es más frecuente en las zonas rurales, aunque rara vez se notifica. En noviembre de 2001, en una reunión del Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas, el gobierno de Zambia accedió a incorporar la tortura como delito en el Código Penal, y afirmó que había tomado medidas para proteger y supervisar a las personas bajo custodia.

© Legal Resources Foundation



Cada órgano de investigación puede esclarecer los hechos, ayudar a las víctimas a conseguir reparación o proteger a víctimas potenciales. Cada uno necesita la cualificación, las facultades y los recursos adecuados para ser eficaz. Estos órganos también deben informar públicamente sobre sus actividades. Si las autoridades no responden ante sus conclusiones y no aplican las recomendaciones válidas, el órgano de investigación quedará desacreditado y el Estado dará a entender que aprueba las violaciones de derechos humanos. Si de las conclusiones se derivan indicios razonables de delito, debe procederse a una investigación penal.


En cada jurisdicción hay lugar para mecanismos de investigación independientes, sea una defensoría del pueblo o una autoridad policial independiente encargada de las denuncias. Estos órganos deben tener un mandato que asegure su independencia e imparcialidad. Los mecanismos de investigación de denuncias también deben ser sensibles a las necesidades concretas de grupos vulnerables, como las mujeres, los niños, las víctimas de agresiones sexuales y los miembros de minorías étnicas.


En los siguientes apartados se describen algunos de los mecanismos de supervisión de los países de la Comunidad de Desarrollo Económico del África Austral, con ejemplos de prácticas adecuadas e inadecuadas.


Investigaciones internas de la policía


En la mayoría de los países de la región los reglamentos policiales prevén algún tipo de sistema de investigación interna. Unos sistemas internos sólidos son fundamentales para afianzar la cultura de la rendición de cuentas. Sin embargo, en general estos sistemas no cubren las necesidades de las víctimas de violaciones de derechos humanos a la hora de garantizarles la confidencialidad de sus denuncias y de proporcionarles seguridad frente a posibles represalias. No inspiran confianza a quienes sirven. No son transparentes y el público conoce muy poco los procedimientos para presentar denuncias.


En Angola, los policías pueden ser sancionados por infringir las obligaciones enumeradas en el Reglamento de Disciplina General de 1996 o vulnerar los derechos que la ley garantiza. Los agentes de alta graduación que llevan a cabo las investigaciones disciplinarias pueden aplicar a discreción las sanciones, que van desde reprimendas hasta expulsión del cuerpo, pasando por la prisión sin juicio. El Reglamento no indica con claridad cómo iniciar un procedimiento de justicia penal cuando la investigación disciplinaria revela la comisión de un delito, y tampoco quién puede presentar denuncias y cómo hacerlo. A pesar de la voluntad general de imponer disciplina a los policías, estas deficiencias, combinadas con la renuencia de las autoridades a informar a los denunciantes del resultado de las actuaciones contra los agentes denunciados, hacen que esta forma de investigación no sea suficiente por sí sola.


En Botsuana, cualquier ciudadano puede presentar una denuncia a un agente de alta graduación en la comisaría donde está destinado el agente infractor. Es bastante probable que este procedimiento intimide a los posibles denunciantes, y en todo caso carece de salvaguardias respecto a la confidencialidad. No está muy claro el proceso que seguirá la denuncia, y tampoco el derecho del denunciante a ser informado. Por ejemplo, no se sabe con claridad el proceso o los presuntos delitos por los cuales 40 agentes fueron suspendidos del servicio en 2001. Sin embargo, el gobierno y la policía han adoptado «sistemas de gestión de la actuación policial» para tratar de que en el cuerpo de policía aumente la rendición de cuentas en general.


En Lesoto es la Oficina de Denuncias y Asuntos Disciplinarios de la Policía la que se ocupa de estos temas. Entre marzo de 2000 y marzo de 2001 este departamento recibió 66 denuncias. Sin embargo, no parece haber informado públicamente sobre el resultado de sus investigaciones y por tanto el conocimiento del público sobre la Oficina y su función es mínimo. Además, el departamento no tiene representación en los distritos de fuera de la capital. En 1998, una nueva Ley de Policía creó la Dirección de Policía para intentar aumentar el control civil sobre la gestión de la policía y asesorar al gobierno sobre políticas y normas de actuación. Sin embargo, hasta hace poco las tensiones políticas impidieron que esta Dirección cumpliera sus funciones básicas y desarrollara nuevas formas de trabajo. El personal de la Dirección recibió denuncias sobre violaciones de derechos humanos a manos de la policía, pero no tuvo capacidad o autoridad para abrir investigaciones.


En Mauricio, las autoridades crearon en 1999 una Oficina de Investigación de Denuncias separada del cuerpo policial para investigar denuncias enviadas directamente por el público o presentadas en las comisarías. Dependientes jerárquicamente del director general de la policía, puede «escuchar a ambas partes, recopilar [...] pruebas o documentos para presentar una investigación completa al director de la Fiscalía».54 Los criterios para presentar denuncias a la Oficina de Investigación de Denuncias no están del todo claros, así como tampoco los derechos de los denunciantes a que se les informe de la marcha de la investigación. Puede ser muy importante la disposición que exige que la Oficina de Investigación de Denuncias informe en un plazo de 48 horas la recepción de un caso de investigación a la nueva Comisión Nacional de Derechos Humanos (véase más adelante) y que se someta a sus directrices y supervisión.


El problema es distinto en Mozambique, donde los comisarios de policía son responsables, en virtud de una norma de 1987, de abrir una investigación y un procedimiento disciplinario después de presentada una denuncia contra un agente. Los denunciantes experimentan retrasos, reciben información confusa y en general tienen poca confianza en el proceso. Los policías no llevan chapas de identificación o son trasladados a otras comisarías para que el demandante no puedan identificarlos.

En Namibia se ha creado una Junta de Asuntos Disciplinarios para mejorar la administración de la policía, la eficacia de sus operaciones y sus niveles de actuación. En todas las regiones hay Unidades Disciplinarias y de Denuncias que investigan las denuncias presentadas en las comisarías y pueden iniciar tanto investigaciones penales como internas. Sin embargo, las organizaciones no gubernamentales locales han encontrado pocos indicios de que las Unidades actúen respecto a las violaciones de derechos humanos.




Amelia Matsimbe, propietaria de un bar, fue golpeada por unos agentes de policía que encontraron su establecimiento abierto después de la hora legal de cierre. Maputo, Mozambique, diciembre de 2001.


«Unos 10 agentes de la Policía de Intervención Rápida [...] estuvieron esperando fuera hasta que salimos [...] Se dividieron en tres grupos, cada uno “encargado” de alguno de nosotros (el guarda, dos clientes y yo). Nos dijeron que nos tumbáramos boca abajo para poder pegarnos con las porras. Yo me negué, porque estoy embarazada. Entonces empezaron a pegarme y me dieron en la cabeza. Después de pegarnos, nos llevaron al automóvil, nos hicieron ponernos boca abajo con parte del cuerpo debajo de los asientos y nos pisaron. Luego nos dejaron lejos de allí [...]. Fui al hospital, donde me examinaron. Tenía el brazo roto, un gran hematoma y me dolía la cintura [...] [Al día siguiente] Me fui a la jefatura de la Policía de Intervención Rápida a presentar una denuncia y me dijeron que los agentes sólo estaban haciendo su trabajo».


Amelia Matsimbe tuvo que ir a la comisaría local, a la jefatura de la Policía de Intervención Rápida, al Ministerio del Interior y de nuevo a la comisaría local para intentar presentar una denuncia. Tras rellenar los formularios y entregarlos al comisario, no volvió a saber nada más.



En Sudáfrica, la policía tiene diversos sistemas internos para controlar las normas de actuación y gestionar las denuncias de los ciudadanos. Entre ellos están la Oficina de Investigación de Denuncias y una inspectoría en la Dirección General de la Policía. La inspectoría consta de equipos de evaluación para investigar las comisarías y las unidades de policía especializadas donde se presenta un elevado número de denuncias. La Oficina de Investigación de Denuncias recibe unas 2.000 denuncias anuales (directamente de los ciudadanos y de las ONG) y controla la calidad y los resultados de las investigaciones de la policía en el ámbito provincial. Puede remitir el caso al fiscal general del Estado para que inicie actuaciones penales, o a la División de Servicios Jurídicos para que tome medidas disciplinarias, o bien a los órganos civiles de supervisión para que investiguen más a fondo.


En Zambia, los procesos de investigación interna parecen avanzar lentamente y dar pocos resultados. En el primer informe del país al Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas, de diciembre de 2000, se señalaba: «Durante el período que se examina (18 meses), el Servicio de Policía de Zambia registró en total 32 casos en que los agentes de policía cometieron supuestamente actos de tortura. Esos casos aún están pendientes de examen por las autoridades pertinentes».55 En Suazilandia al parecer hay una unidad de asuntos internos de la policía para denuncias y asuntos disciplinarios, pero no hay información pública sobre si se ocupa de denuncias de violaciones de derechos humanos.


Fue tal la indignación de la opinión pública por la muerte bajo custodia policial de dos jóvenes, Edison Makhanya y Sibusiso Jele, a las pocas horas de ser detenidos el 20 de marzo de 2001, que el primer ministro de Suazilandia ordenó una investigación del pesquisidor. La policía dijo a los familiares que los jóvenes se habían suicidado ingiriendo «pastillas contra los gorgojos», que se utilizan como plaguicidas. Aunque el pesquisidor llevó a cabo su investigación con imparcialidad, ésta se vio obstaculizada por la mala calidad de la investigación policial previa, los impedimentos que la policía puso a un perito patólogo independiente que representaba a los familiares y la falta de análisis toxicológicos, cuyos resultados no aportó a la investigación. En el mes de marzo de 2002, la investigación no había podido llegar a ningún resultado concluyente.


La función del fiscal


Tanto en Angola como en Mozambique, el fiscal general puede desempeñar una función directa y accesible para poner en marcha el proceso de una denuncia contra un agente de policía. Puede recibir las denuncias directamente o a través de las actuaciones judiciales, cuando un acusado denuncia que lo obligaron a confesar bajo coacción. En Angola ha surgido otra posibilidad, ya que desde hace poco hay fiscales en las comisarías. Esto les permite cumplir con más rapidez su obligación de legalizar la detención de sospechosos. Si llega a su conocimiento algún presunto abuso, deben informar a la Fiscalía General.


En Mozambique, cuando se presenta una denuncia de tortura durante un juicio penal, no es habitual que los jueces ordenen su investigación, y no hay instituido ningún procedimiento que garantice que los tribunales la investigan plenamente. Las víctimas de violaciones de derechos humanos a manos de la policía han acudido a organizaciones no gubernamentales como la Liga Mozambiqueña de Derechos Humanos (Liga Moçambicana de Direitos Humanos) en busca de ayuda para plantear sus casos ante las autoridades, incluida la Fiscalía. Es raro que se procese a agentes de policía en activo.


Aunque en algunos países de la Comunidad de Desarrollo Económico del África Austral se ha procesado a policías por su participación en violaciones de derechos humanos, la minuciosidad de las investigaciones internas de la policía y la dificultad de asegurar que la rendición de cuentas llega a los más altos niveles de responsabilidad siguen siendo motivo de preocupación.



Tras la muerte de 83 personas en una celda de la policía en Montepuez, Mozambique, en noviembre de 2000 (véase supra), el gobierno ordenó un peritaje médico, en el que participaron también médicos expertos sudafricanos. Los resultados no se publicaron, sino que se comunicaron directamente a los dos gobiernos afectados. Dos agentes de policía fueron condenados por asesinato y otros tres quedaron absueltos. El que hubieran estado actuando bajo las instrucciones o con el conocimiento de al menos un mando policial, aunque no se exigieran responsabilidades a ningún otro agente, fue motivo de preocupación.




El gobierno sudafricano reaccionó rápidamente cuando la televisión nacional emitió en noviembre de 2000 una filmación que se había mantenido en secreto, en la que unos policías incitaban a unos perros a atacar a tres presuntos inmigrantes ilegales. Un año más tarde, cuatro agentes adiestradores caninos de la policía fueron declarados culpables de agresión con intención de causar lesiones graves. Las organizaciones nacionales de derechos humanos mostraron su preocupación ante el hecho de que no se hubiera tomado ninguna medida contra los mandos de estos agentes, a pesar de la evidencia de que este «ejercicio de entrenamiento» era frecuente. © AFP

Comisiones y defensorías del pueblo


En varios países, la defensoría del pueblo, órgano civil de supervisión, es la única fuente de donde puede surgir una investigación potencialmente independiente de las denuncias. En Angola, la intención de crear la figura de un defensor del pueblo independiente (Provedor de Justiça) que respondería a las violaciones de derechos humanos, incluidas las de la policía, no se ha hecho realidad.


En Botsuana, la Ley del Defensor del Pueblo de 1995 prohíbe que la Oficina del Defensor del Pueblo investigue ninguna actuación relacionada con la seguridad del Estado o la investigación de delitos. Tampoco le permite investigar órdenes o instrucciones dadas a la policía o a las fuerzas de defensa. Como señaló un experto en cuestiones legales, esto impide resarcir a los ciudadanos que no puedan entablar una demanda civil por daños ante los tribunales, y tampoco deja ninguna vía para que los agentes denuncien la actuación de sus superiores.56


La Comisión Permanente de Derechos Humanos de Zambia tiene facultades para investigar las denuncias de violaciones de derechos humanos a manos de la policía, pero su personal de seis investigadores es insuficiente y tiene poca capacidad para llegar a las zonas rurales. La inacción gubernamental ha minado la eficacia de la Comisión. Por ejemplo, no se tomaron medidas oficiales cuando la Comisión documentó 45 casos de violaciones de derechos humanos a manos de la policía entre 1995 y 1998. El fiscal general parece reacio a procesar a los policías y la Comisión no puede representar a los demandantes ante los tribunales en causas civiles.


En 1998 y 1999, una comisión de investigación judicial en Zambia encontró que 21 agentes policiales y de seguridad habían torturado a los presuntos implicados en un presunto compló para dar un golpe de Estado en 1997. La comisión recomendó que se retirara a tres policías contra los que había pruebas graves. Pero el gobierno no siguió las recomendaciones del informe de la investigación. Recomendar el retiro en lugar del procesamiento en un caso en el que las pruebas eran graves desacredita el mecanismo de investigación, y el hecho de que el gobierno no siga esta recomendación desacredita todo el proceso.


En Mauricio y Tanzania se han creado nuevas comisiones de derechos humanos con posibilidades de actuar en la investigación de violaciones de derechos humanos a manos de la policía. En Mauricio, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, creada en abril de 2001, puede supervisar las investigaciones internas sobre denuncias contra la policía. Tiene facultad para remitir los casos de disciplina a la Comisión Disciplinaria, y las violaciones de derechos humanos o los delitos comunes al fiscal general del Estado. En primer lugar debe intentar resolver las denuncias mediante la conciliación. Puede visitar comisarías y otros lugares de detención. En ambos países, comisiones especiales de investigación han examinado problemas de actuación policial tras graves disturbios del orden público en los que la respuesta de la policía ha sido desproporcionada. En Mauricio, la comisión de investigación sobre la actuación policial en los disturbios de febrero de 1999 en protesta por unas muertes bajo custodia criticó el «uso excesivo» de gases lacrimógenos, pero no llegó a la conclusión de que la policía hubiera hecho un uso ilegítimo de medios letales. Durante los disturbios fueron abatidas a disparos tres personas, al menos una de ellas por la policía. En Tanzania, la comisión que investiga las violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad durante las manifestaciones del 27 de enero de 2001 debe presentar sus conclusiones antes de junio de 2002.









La policía dispara contra manifestantes musulmanes en Ciudad del Cabo, Sudáfrica, en enero de 1999. El 8 de enero de 1999, Yusuf Jacobs, de 22 años, fue alcanzado por los disparos de la policía, que intentaba dispersar una manifestación de organizaciones musulmanas contra la visita a Ciudad del Cabo del primer ministro británico. En los incidentes hubo varios heridos más, entre ellos un periodista. Yusuf Jacobs, a quien la policía se llevó a rastras del lugar, murió en el hospital cuatro días después. La Dirección Independiente de Denuncias contra la Policía llevó a cabo una investigación.

© AP/Themba Hadebe


La Oficina del Defensor del Pueblo de Namibia recibe anualmente unas 120 denuncias de los ciudadanos contra la policía. Al parecer, sólo realiza unas investigaciones preliminares para verificar en términos generales que las denuncias están justificadas y remitirlas a las Unidades Disciplinarias y de Denuncias a fin de que las investiguen. La falta de información o de actuación de estas unidades y el bajo nivel de sus investigaciones hace que muchos denunciantes tengan que presentar demandas civiles. El gobierno admitió en su informe de 1996 al Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas que la Oficina del Defensor del Pueblo estaba «falta de recursos y de personal».


En Zimbabue, donde la politización de la policía y del sistema de justicia penal ha ido en aumento durante los dos últimos años, la Oficina del Defensor del Pueblo podría investigar las denuncias contra la policía, y también citar y tomar declaración a los testigos y exigir documentos u otras pruebas.57 Pero el hecho de que el defensor del pueblo sea elegido por el presidente del país, sólo asesorado por la Comisión de Servicios Judiciales, resta mucha credibilidad a su independencia. La Oficina del Defensor del Pueblo no puede gestionar ciertos documentos oficiales sobre cuestiones de seguridad, y no tiene que informar públicamente sobre los resultados de sus investigaciones. Posiblemente como consecuencia de las dificultades de acceso para los ciudadanos (sólo tiene oficinas en Harare y Bulawayo), de su falta de personal y de su insuficiente presupuesto, la institución del defensor del pueblo se centra principalmente en cuestiones administrativas en el área de los derechos socioeconómicos.


Órganos de denuncias


El órgano independiente de supervisión e investigación de denuncias más desarrollado de la región de la Comunidad de Desarrollo Económico del África Austral es el de Sudáfrica. Se trata de la Dirección Independiente de Denuncias contra la Policía, creada en 1997.58 Éstos son los puntos positivos de la legislación sudafricana respecto a ella:


• exigencia de establecer la Dirección Independiente de Denuncias contra la Policía tanto a nivel nacional como provincial



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abobligación de «todos los órganos del Estado» de facilitar «la ayuda que pueda exigirse razonablemente para proteger la independencia, imparcialidad, dignidad y eficacia de la Dirección»;



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abobligación de que la Dirección Independiente de Denuncias contra la Policía investigue por propia iniciativa o al recibir una denuncia «cualquier muerte bajo custodia policial o como consecuencia de la actuación policial» y la consiguiente obligación de que las autoridades policiales le notifiquen todos los casos de este tipo;



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abconcesión de algunas facultades policiales al personal investigador de la institución, como la posibilidad de efectuar detenciones (de los agentes presuntamente infractores);



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abfacultad de remitir los casos al fiscal general del Estado para que decida entablar acciones judiciales o formule alguna otra recomendación; y



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abobligación de presentar informes periódicos en el Parlamento.


Sin embargo, hay deficiencias importantes que merman la independencia y la eficacia de la Dirección Independiente de Denuncias contra la Policía. Es el ministro de Seguridad, responsable de la policía, el que designa a su director ejecutivo, y su presupuesto proviene de la asignación hecha a este ministerio. Las organizaciones de la sociedad civil han pedido que la Dirección Independiente de Denuncias contra la Policía tenga una base jurídica independiente, como órgano creado por ley que responda directamente ante el Parlamento. De esta forma se reduciría cualquier posible conflicto de intereses.

Además, la policía no está obligada a notificar a la Dirección Independiente de Denuncias los casos de presunta tortura. Esta Dirección depende del acceso que le facilitan las ONG a peritos médicos y expertos en balística independientes. Las autoridades no están obligadas a aplicar sus recomendaciones. Posiblemente el problema de más difícil solución con que se encuentra la Dirección Independiente de Denuncias contra la Policía es el elevado volumen de trabajo que realizan sólo 30 investigadores, cada uno de los cuales se ocupa de 40 o más casos en curso y realiza el seguimiento de decenas de investigaciones ya remitidas a la policía. Entre abril y septiembre de 2001, la Dirección Independiente de Denuncias contra la Policía recibió más de 1.400 denuncias que entraban en su mandato, entre ellas 91 muertes bajo custodia policial y 175 muertes como consecuencia de la actuación de la policía. Últimamente este organismo ha adquirido nuevas responsabilidades, como investigar las denuncias contra los nuevos servicios de policía metropolitana y las presentadas en relación con las obligaciones de la policía tal como dispone la Ley sobre Violencia Doméstica, núm. 116, de diciembre de 1998. Este incremento de funciones no ha ido paralelo a un incremento del personal investigador. Las nueve oficinas provinciales han tenido algunas veces dificultades para conseguir una actitud colaboradora respecto al acceso a los archivos policiales o a la relación con las oficinas del fiscal general.


Un importante número de investigaciones de la Dirección Independiente de Denuncias contra la Policía han conducido a detenciones y condenas en casos de tortura y de presuntas ejecuciones extrajudiciales. En junio de 1998, el periodista Thabo Mabaso fue golpeado tan brutalmente por la policía de la comisaría de Gugulethu que perdió la vista del ojo izquierdo. Tres agentes fueron declarados culpables de agresión y condenados a prisión, a pesar de los intentos de la policía de entorpecer las investigaciones de la Dirección Independiente de Denuncias contra la Policía. En 2001, el periodista llegó a un acuerdo extrajudicial con las autoridades policiales y fue indemnizado.

Otro caso fue el de cuatro policías acusados de asesinato en relación con la presunta ejecución extrajudicial del parlamentario del Congreso Nacional Africano Bheki Mkhize, en julio de 2000. Mkhize fue abatido a disparos tras el asalto de su domicilio por una docena de agentes de la Policía de Orden Público con sede en Ulundi, que al parecer buscaban armas. Un policía intentó modificar el lugar del crimen para que confirmara la versión de que la policía había disparado en defensa propia. Sin embargo, las investigaciones de la Dirección Independiente de Denuncias contra la Policía y el resultado de los exámenes médicos forenses y las pruebas balísticas independientes confirmaron que la víctima estaba desarmada y que la policía le había disparado intencionadamente a corta distancia.


En Lesoto, la Ley de Policía de 1998 dispuso la creación de una Oficina de Denuncias contra la Policía, que se retrasó debido a las tensiones políticas. El ministro del Interior elegirá a los ocupantes de cuatro puestos directivos, y la Oficina investigará e informará al ministro sobre cualquier denuncia remitida por las autoridades policiales o el director general de la policía. Las denuncias pueden proceder de los ciudadanos, pero no hay ninguna disposición que contemple el acceso directo de éstos a Oficina de Denuncias. Esta iniciativa mejorará el acceso a investigaciones independientes sobre violaciones de derechos humanos, pero la imparcialidad de la Oficina puede verse negativamente afectada por diversos factores. Aunque la Oficina puede emitir citaciones y exigir que se muestren documentos, el director general de la Policía y las autoridades policiales pueden impedir que se curse una citación si se considera que revelar la información va en contra del «interés del público o pondría en peligro la seguridad de alguna persona». Aunque su capacidad es limitada, la fuente más probable de investigadores será la policía. Además, sin oficinas secundarias, el alcance de la Oficina de Denuncias contra la Policía no llegará a las tierras altas del campo.


En Zambia, la Ley de Policía de 1999 dispuso la creación de un Departamento de Denuncias Públicas contra la Policía, con facultades para interrogar casos de conducta indebida de agentes y formular recomendaciones. Sin embargo, se ha avanzado muy poco en la creación de este organismo .


Demandas civiles


Cuando las instituciones nacionales han fallado a los denunciantes, algunos han interpuesto demandas civiles para conseguir indemnizaciones de la policía. Sin embargo, por lo general con este tipo de recursos lo único que se consigue es una compensación económica para la víctima, sobre todo cuando se llega a un acuerdo extralegal. En los casos, menos frecuentes, en que la demanda termina en los tribunales puede haber importantes revelaciones respecto a las violaciones de derechos humanos denunciadas. Sin embargo, hay aspectos importantes de las reparaciones que suelen exceder los límites del recurso civil, como la rehabilitación (tanto la atención médica y psicológica como los servicios jurídicos y sociales), la cesación de las violaciones y las garantías de no repetición, la verificación de los hechos y la difusión pública y completa de la verdad y la aceptación de responsabilidades y la disculpa de los autores. La vía civil tampoco cumple el requisito de las normas internacionales de que los autores sean puestos en manos de la justicia. El que las demandas civiles sean el principal recurso para las víctimas de abusos contra los derechos humanos indica hasta qué punto el Estado no cumple sus obligaciones.



Trabajadores textiles del Sindicato de Trabajadores Textiles y de la Confección Unidos de Lesoto presentan sus peticiones al gobierno en noviembre de 1999. Una de ellas era que se tomaran medidas contra los policías que dispararon contra los asistentes a las manifestaciones del sector de 1998, en las que murieron dos personas y más de 20 resultaron heridas. La policía de Lesoto ha hecho un uso excesivo de la fuerza en las manifestaciones, especialmente en las sindicales y las políticas. Una comisión judicial de investigación concluyó que el uso de la fuerza por parte de la policía había sido «irrazonable» cuando abatieron a disparos al menos a cinco trabajadores de la construcción en huelga en Butha-Buthe en 1996. Más recientemente, en octubre de 2001, la policía dispersó con látigos a los huelguistas en las calles de Maseru.

© Mopheme-The Survivor, Maseru



En Botsuana, varias ONG, entre ellas el Centro de Asistencia Letrada de la Universidad de Botsuana, ofrecen servicios legales gratuitos que permiten a los ciudadanos presentar demandas civiles, aunque es raro que las demandas contra la policía por torturas o violaciones similares lleguen a los tribunales. La vía civil ha sido uno de los pocos recursos disponibles en Lesoto. A veces un demandante o un familiar sobreviviente consigue que la policía lo indemnice por homicidio ilegítimo o tortura.

El caso del agente Roman Musa Tshabalala, abatido a disparos en acto de servicio en la comisaría de Lobamba el 30 de julio de 1997, es un buen ejemplo de las dificultades de conseguir rendición de cuentas y reparación para las víctimas de abusos contra los derechos humanos en Suazilandia. A la familia de este agente le dijeron que se había suicidado con su propia arma y le ocultaron el informe de la autopsia, realizada por un patólogo de la policía sin aviso previo. Además, la investigación que exigía la ley no se llevó a cabo. Cuando la familia recibió el cadáver para enterrarlo observaron que presentaba heridas de bala que parecían indicar que le habían disparado dos veces por la espalda. Tras meses en los que las autoridades no abrieron ninguna investigación ni facilitaron el informe, la familia acudió al Tribunal Superior en julio de 1998 y al final lo consiguió. En el informe se decía que la trayectoria de los proyectiles era «de detrás hacia adelante, de arriba a abajo», lo cual confirmaba las sospechas de asesinato de la familia. Tras varios años más de litigio, el Estado llegó a un acuerdo extrajudicial con los familiares.


En Mozambique, las víctimas de violaciones de derechos humanos a manos de la policía pueden interponer demandas civiles, pero el proyecto de enmienda del Código de Procedimiento Penal dispone que la indemnización corra a cargo bien de la persona autora del abuso o bien del Estado, lo cual permitiría al Estado trasladar la responsabilidad a policías insolventes. En Sudáfrica continúa recurriéndose a las demandas civiles, fundamentalmente a través de consultorios de asistencia jurídica relacionadas con las universidades, a veces junto con las investigaciones de la Dirección Independiente de Denuncias contra la Policía.


En Suazilandia, donde en general el gobierno no ha procesado ni aplicado ninguna medida disciplinaria contra los policías por violaciones de derechos humanos, no hay ningún órgano independiente con autoridad para investigar los abusos de la policía e informar públicamente de ellos. Los afectados deben interponer demandas civiles por daños, pero tanto los funcionarios de la Fiscalía como la policía responden lentamente a las citaciones e invariablemente niegan toda responsabilidad. La ineficacia y la indiferencia se agravan debido a la carencia de recursos en los tribunales, que aumenta los retrasos, y la falta de asistencia jurídica hace que los juicios civiles queden fuera del alcance de muchos demandantes.


En Zambia, los demandantes recurren a ONG como la Comisión Católica de Justicia y Paz cuando la Fiscalía General no aplica las recomendaciones de la Comisión Permanente de Derechos Humanos. La Fundación de Recursos Jurídicos y el Colegio de Abogados de Zambia ofrecen ayuda legal en las demandas civiles por daños contra la policía, que en muchos casos acaban en acuerdos favorables a la víctima, la mayoría extrajudiciales. En Zimbabue, las grandes cantidades que se pagan por daños civiles a las víctimas de violaciones de derechos humanos a manos de la policía, (150.000 dólares en 1998) parecen haber fomentado la formación en derechos humanos de los agentes, aunque el resultado de esta tendencia se ha visto desvirtuado en los dos últimos años.


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En muchos de los países de la Comunidad de Desarrollo Económico del África Austral, las perspectivas de lograr investigaciones independientes e imparciales de las denuncias de violaciones de derechos humanos a manos de la policía y de que las víctimas de estas violaciones sean indemnizadas son mínimas. Sin embargo, unos cuantos gobiernos están comenzando a permitir y facilitar el desarrollo de instituciones y prácticas que pueden ayudar a terminar con la cultura de la impunidad en la policía y consolidar la aceptación de la rendición de cuentas como característica inherente a un cuerpo de policía profesional.





5.- FORMACIÓN POLICIAL Y DERECHOS HUMANOS


Una formación eficaz de todos los agentes de policía es fundamental para garantizar que la actuación policial se ajusta a las normas internacionales de derechos humanos. «Para que sea eficaz, la formación debe ir encaminada a mejorar los conocimientos, las técnicas y las actitudes a fin de contribuir a la conducta profesional adecuada».59 Los derechos humanos deben enseñarse como parte intrínseca del papel y las funciones de la policía, no como algo suplementario y opcional. También es importante que los agentes reciban una formación adecuada y de alta calidad en técnicas como la investigación criminal, las técnicas de entrevista y la actuación policial para el mantenimiento del orden público. La formación en derechos humanos para la policía sólo puede alcanzar su plena eficacia si la política de reclutamiento de agentes exige un nivel adecuado de educación y garantiza que la policía es representativa de la comunidad, incluidos los grupos minoritarios. En países donde ha habido conflictos, como por ejemplo Angola, se han incorporado ex combatientes a la policía. En la mayoría de los casos, su formación y experiencia militar, unidas a unos niveles de educación inadecuados, hacen que no estén cualificados para desempeñar tareas policiales en una sociedad democrática.


En muchos países de la Comunidad de Desarrollo Económico del África Austral los programas de formación de la policía sufrieron una reestructuración en la década de los noventa como parte de las iniciativas de reforma de la policía. En la mayoría de los casos, los nuevos programas reflejan un cambio: de un estilo militar de actuación policial se pasa a un enfoque basado en el «trabajo policial en la comunidad» y el respeto hacia los derechos humanos. En este capítulo se examina cómo se ha incorporado la formación sobre derechos humanos a los programas de formación de la policía. El primer apartado analiza la categoría que ocupa la formación en derechos humanos dentro de los programas de formación policial de toda la región, en concreto si se trata de un componente permanente y plenamente integrado o una iniciativa especial. La segunda parte tiene en cuenta los principales elementos de una formación eficaz en derechos humanos: planificación, contenido y métodos docentes, supervisión, evaluación y seguimiento.60 La tercera parte examina iniciativas encaminadas a mejorar técnicas fundamentales en la actuación policial.


Los derechos humanos en los programas de formación policial


Los derechos humanos deben formar parte de toda la formación básica de los nuevos agentes. La formación en derechos humanos también debe incluirse en todos los cursos pertinentes que los policías hagan durante su vida profesional, como los cursos de reciclaje y la formación en técnicas de investigación criminal y actuación policial para el mantenimiento del orden público. Los Estados que han ratificado la Convención contra la Tortura están obligados a velar «por que se incluyan una educación y una información completas sobre la prohibición de la tortura en la formación profesional del personal encargado de la aplicación de la ley» (artículo 10).61


La mayoría de los cuerpos policiales de la Comunidad de Desarrollo Económico del África Austral proporcionan algún tipo de formación en derechos humanos, pero en pocos casos esta formación llega a todo el escalafón. Es probable que su efecto en los nuevos agentes se reduzca mucho si éstos sirven junto a agentes que no han recibido ninguna formación en derechos humanos o si están expuestos a las prácticas existentes en una organización en la que la formación en derechos humanos ha sido mínima hasta el momento.


La formación en derechos humanos debe ser un componente permanente de la formación policial, y reflejarse en planes de formación y asignación de recursos a largo plazo. Sí sólo hay algún curso de formación excepcional de vez en cuando, su efecto es limitado, ya que no implica la supervisión de la formación, necesaria para garantizar que todos los agentes están adecuadamente formados. Este tipo de cursos suelen depender de personal concreto, cuyo cambio puede echar por tierra las iniciativas de formación, y es posible que los agentes asignados a ellos sean aquéllos de los que puede prescindirse en ese momento, no los que más los aprovecharían.



Manual de formación sobre seguridad en la comunidad que utilizan más de 300 foros de trabajo policial en la comunidad en Malawi desde el año 2000. El manual fue realizado por varias ONG locales e internacionales, con el apoyo de la policía de Malawi y de los gobiernos de Noruega y de Reino Unido.

© Malawi Community Safety and Firearms Control Project, managed by Saferworld (UK)

Desde 1995, Sudáfrica ha puesto en marcha uno de los programas más completos de formación en derechos humanos de la región. Su objetivo es impartirlo a los 102.000 policías en activo, incluidos los nuevos agentes, y al terminar el año 2001 lo habían recibido unos 29.000. El programa incluye «formación de formadores», desarrollo de material de formación y seminarios de tres días en el ámbito provincial. La misma formación de tres días se imparte como parte de la formación básica en todas las academias de policía. El programa ha recibido importantes donaciones de la Agencia Sueca de Cooperación Internacional para el Desarrollo, la Agencia Estadounidense para el Desarrollo Internacional y la Unión Europea, así como de diversas empresas sudafricanas.


Otros países han hecho esfuerzos para incorporar los derechos humanos a programas de formación que lleguen a todo el escalafón. El nuevo plan de formación de Lesoto, en vigor desde 2000, incluye los derechos humanos en la formación básica y en casi todos los cursos de perfeccionamiento. Sin embargo, los primeros 200 nuevos agentes formados con este plan pasaron varios meses ejerciendo funciones operativas antes de entrar en la academia de policía, y está previsto que siga siendo así. Tampoco se dispone de ningún sistema para supervisar los avances de los nuevos agentes y el efecto sobre la incidencia de violaciones de derechos humanos después de la formación.


En 1998 comenzó en Mozambique una revisión íntegra de la formación policial con un proyecto de formación de formadores. El proyecto está gestionado por el gobierno mozambiqueño y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y financiado por los gobiernos de España y Países Bajos. La Guardia Civil española presta ayuda técnica. El proyecto incluye formación de nuevos agentes, cursos de reciclaje para los agentes que están en activo y cursos de formación en técnicas especiales. Los agentes recién ingresados reciben una formación en derechos humanos básica como parte de su formación sobre ética, disciplina y derecho constitucional, y al final de la formación también asistirán a seminarios sobre derechos humanos. Sin embargo, es preocupante la falta de formación específica sobre derechos humanos en la formación de nuevos agentes. Aunque el curso de reciclaje creado por el proyecto del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo incluía formación sobre derechos humanos, este componente del proyecto se suspendió por falta de fondos cuando menos de un tercio de todos los agentes habían recibido el curso de reciclaje.


A pesar de la elaboración de un exhaustivo manual de formación en derechos humanos, éstos no han sido bien integrados en la formación de la policía en Namibia. El manual, creado por la ONG local Centro de Asistencia Letrada y financiado por la Comisión de las Comunidades Europeas, trata sobre los principales aspectos del trabajo policial, así como sobre las normas internacionales de derechos humanos y el trato a los grupos vulnerables. Los formadores del Centro de Asistencia Letrada lo utilizan en la formación que imparten a la policía dos veces al año, pero los formadores de la policía, no. Además, el Centro de Asistencia Letrada no puede formar a los nuevos agentes ni a los paramilitares de la Fuerza Especial de Campaña.


Antes de 1997, en la formación policial en Malawi apenas estaban presentes los derechos humanos. Sin embargo, en 1996-97 se rediseñó la formación para nuevos agentes con la ayuda técnica prestada por la policía de Surrey como parte del programa de reforma de la policía malawi emprendido por la Secretaría de Estado para


Formación en derechos humanos para policías, Tanzania.

© Legal and Human Rights Centre

el Desarrollo Internacional británica. La nueva formación reflejó un cambio en los métodos de enseñanza, que pasaron de ser didácticos a facilitativos y un mayor énfasis en cuestiones de derechos humanos. En 2001, la ONG Centro Danés de Derechos Humanos ayudó a la policía malawi a elaborar un manual de formación en derechos humanos para los agentes.


En Zambia, la formación en derechos humanos está incorporada a la formación de los nuevos agentes en la principal academia de policía y en dos centros especiales para la formación de la policía paramilitar. La Comisión Permanente de Derechos Humanos imparte algunos cursos de formación en derechos humanos en la academia principal, pero no en los centros de la policía paramilitar. La Comisión también ha hecho encomiables esfuerzos para llevar la educación en derechos humanos hasta los policías de todo el país. Sin embargo, en su informe del año 2000 al Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas, Zambia reconoció que el número de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley con formación en derechos humanos era «mínimo», y que faltaba material de formación y personal cualificado.


Los derechos humanos forman parte de la formación policial en Botsuana desde hace varios años. Entre los profesores del claustro de la academia de policía hay varios expertos en este tema. El plan de formación de la policía fue rediseñado en 2002 con la ayuda de la Academia de la Policía Nacional Británica, Bramshill. Los derechos humanos están presentes en todo el nuevo plan de estudios, que también hace énfasis en las metodologías de enseñanza participativas.


En Zimbabue, la ONG local Fundación de Recursos Jurídicos impartió formación en derechos humanos a unos 1.500 policías en activo de 1989 a 1997. En 1998, otra ONG, la Fundación de Derechos Humanos de África Meridional, comenzó a trabajar con la policía para elaborar material de formación en derechos humanos y para formar a los formadores de la policía. Desde 2001, la formación en derechos humanos está incluida en el plan de estudios de la Academia de Policía de Zimbabue. También se han realizado talleres para que los mandos policiales se aseguren de la aceptación de la nueva formación en derechos humanos. Sin embargo, esta iniciativa se suspendió a mediados de 2001. La financiación de la Fundación de Derechos Humanos de África Meridional provenía de la Agencia Sueca de Cooperación Internacional para el Desarrollo (talleres para los mandos policiales) y de la Agencia Danesa para el Desarrollo (formación de formadores).

En varios países se han emprendido prometedoras iniciativas de formación en derechos humanos, pero, al ser relativamente nuevas, es difícil evaluar hasta qué punto son válidas. La policía de Suazilandia ha creado recientemente una Unidad de Planificación de Formación a fin de revisar y rediseñar los programas de formación de la policía. Esta unidad debe centrarse en la inclusión de los derechos humanos en la formación policial y la revisión de la formación de nuevos agentes. En la actualidad, sin embargo, la instrucción es una parte importante de la formación y a los nuevos agentes se les utiliza para desempeñar funciones operativas durante su formación. En Tanzania, desde 1998 el Centro Jurídico y de Derechos Humanos, ONG local, ha impartido formación en derechos humanos a policías en Dar es Salam y en Arusha, así como a los agentes de investigación criminal de distrito. También ha publicado un manual de formación de la policía. Desde 2001 los derechos humanos están incluidos en el plan de estudios permanente de la academia de policía de Dar es Salam, pero no forman parte del de la academia de Moshi, donde se realiza la mayor parte de la formación de los nuevos agentes.


Varias organizaciones, como ONG locales e internacionales y organizaciones de las Naciones Unidas, han impartido en ocasiones seminarios sobre derechos humanos a la policía en Angola. Sin embargo, no hay un plan general que abarque a todos los agentes en activo. En 2000, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) impartió formación sobre derecho internacional humanitario. Esta materia ahora está incluida en la formación que se imparte a los agentes de base, pero no a otros grados. Cada profesor decide a su discreción si la imparte a los nuevos agentes.


Los agentes de la región de la Comunidad de Desarrollo Económico del África Austral también se benefician de iniciativas de formación regionales, algunas de la cuales incluyen formación en derechos humanos. Desde 1998, el Proyecto Formación para la Paz del Instituto de Estudios de Seguridad de Sudáfrica organiza anualmente programas de formación para policías que desean prestar servicios en misiones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas. Estos programas se realizan bajo los auspicios de la Organización para la Cooperación de Jefes de Policía Regionales del África Austral. Los temas de derechos humanos están bien cubiertos y se ha seleccionado a profesorado experto de la oficina regional del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y de ONG regionales. El objetivo del curso es garantizar que los agentes cumplen los criterios de selección para servir en las misiones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas. Sin embargo, entre estos criterios no figuran los conocimientos sobre derechos humanos, lo cual tiende a desvirtuar la importancia de los derechos humanos en la actuación policial.


Desde finales de los noventa, la Organización para la Cooperación de Jefes de Policía Regionales del África Austral ha organizado en la región varios programas especiales de formación de formadores sobre derechos humanos, uno en Botsuana en 1999 y otro en Sudáfrica en 2000. En 2002 la Organización para la Cooperación de Jefes de Policía Regionales del África Austral, en cooperación con la Fundación de Derechos Humanos de África Meridional iniciará un programa global de formación en derechos humanos para formadores de policías en la región de la Comunidad de Desarrollo Económico del África Austral.


Elementos esenciales de la formación en derechos humanos


La formación en derechos humanos por sí sola no es suficiente para garantizar que los agentes de policía entienden estos derechos y aplican sus principios en su trabajo. Para que sea eficaz, es preciso que esté bien planificada, con un programa bien concebido, métodos docentes adecuados e instructores competentes. También es necesario su control, evaluación y seguimiento mediante cursos de reciclaje.


Evaluación de la situación de los derechos humanos


La formación en derechos humanos debe adaptarse a los problemas concretos del país en cuestión. Para ello debe haber una evaluación previa, tanto por parte de la policía como de los grupos de la sociedad civil, de las violaciones de derechos humanos más frecuentes que cometen los policías. Varios de los programas de formación desarrollados como parte de los procesos de reforma policial se han basado en la evaluación de necesidades, y dentro de ella la evaluación de las preocupaciones de derechos humanos. Sin embargo, muy pocos han examinado específicamente los problemas de derechos humanos.


La policía de Botswana hizo un gran esfuerzo para reflejar las preocupaciones y perspectivas de la sociedad civil en su nuevo programa de formación. Se invitó a ONG a participar en debates sobre formación de la policía y ésta llevó a cabo encuestas de opinión sobre algunos de sus servicios. En Sudáfrica, la policía


La actuación policial y los derechos humanos, carpeta de formación policial sudafricana. Producido por la Policía Sudafricana, contiene un vídeo de formación, una guía de bolsillo sobre derechos humanos, un ejemplar de bolsillo de la Constitución, una lámina con el Código de Conducta de la Policía Sudafricana y folletos sobre la forma de notificar una violación y la protección de los refugiados.

© South African Police Service

también buscó la aportación de organizaciones de la sociedad civil para la elaboración del curso y los materiales sobre derechos humanos.


Sin una evaluación del tipo de abusos que cometen los agentes, puede que la formación no toque las áreas problemáticas. Por ejemplo, en el actual plan de desarrollo estratégico de la policía de Zambia, los objetivos de derechos humanos se centran en reducir la detención ilegal, pero no se menciona la tortura, a pesar de la evidencia de su extendido uso.


Esta evaluación de la situación de los derechos humanos también puede poner de manifiesto necesidades de formación especiales, por ejemplo, cómo responder a grupos especialmente vulnerables a las violaciones de derechos humanos a manos de la policía. En muchos países, los policías tienen dificultades para ocuparse de delitos como la violación, a menudo porque carecen de la formación adecuada. Ésta ha aumentado —a menudo impartida por ONG y órganos de la ONU como el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF)— en cuestiones relativas al género, en la actuación policial con grupos como los niños de la calle y en la forma de enfrentarse a la violación y la violencia doméstica. En Zambia, Sudáfrica, Malawi, Botsuana y Namibia, entre otros países, se ha introducido una formación especial sobre la actuación policial con mujeres y niños. En los dos primeros países se han creado unidades de ayuda a las víctimas en algunas comisarías. Sin embargo, la formación suele tener una duración limitada y rara vez supone el desarrollo de técnicas prácticas mediante representación de papeles (role-play) y otras metodologías de participación.


Programas planificados y prácticos


El objetivo de la formación en derechos humanos debe ser capacitar a los policías para aplicar las normas de derechos humanos a su trabajo diario. En Mozambique, el componente de derechos humanos del curso de reciclaje de la policía ha sido criticado por su carácter marcadamente teórico y su falta de atención a las necesidades locales o cuestiones prácticas de actuación, como las detenciones y las investigaciones.


En muchos países, las limitaciones de educación y el analfabetismo suponen un problema importante. Esto pasa por ejemplo con la policía sudafricana y la Fuerza Especial de Campaña de Namibia. Para superar esta dificultad es preciso crear cursos de alfabetización, que pueden utilizarse como forma eficaz para aprender sobre derechos humanos. La falta de conocimientos sobre derechos humanos entre los formadores de la policía impide también el desarrollo de una formación en derechos humanos para todos los agentes. Si bien las iniciativas sobre formación de formadores llevada a cabo por ONG y organizaciones donantes han ayudado a contrarrestar este problema, el hecho de que los formadores especializados sean trasladados a otros puestos no docentes después de haberlos formado ha reducido significativamente las ventajas de varios programas de formación de la policía.

Normas internacionales de derechos humanos y objetivos


Las normas y tratados internacionales de derechos humanos deben ser la base para el desarrollo de programas de formación en derechos humanos, sobre todo los que tienen que ver especialmente con la actuación policial.62 La formación debe subrayar la función de los policías de defender y proteger los derechos humanos, y esforzarse por combatir la extendida idea de que proteger los derechos humanos y controlar eficazmente el delito son objetivos mutuamente excluyentes. La protección de los derechos humanos beneficia a todas las personas con las que está en contacto la policía, incluidas las víctimas del delito, no sólo a los presuntos delincuentes y a los detenidos, como a veces se cree erróneamente.


Tanto si la formación en derechos humanos se incorpora a todos los aspectos de la formación de la policía como si se imparte en forma de asignatura independiente, deberá demostrar cómo se aplican los principios de derechos humanos al trabajo y la práctica habituales de la policía. La base de la formación práctica será la relación entre las facultades para la aplicación de la ley y la protección de los derechos humanos:


• la obligación de servir y proteger a todos los miembros de la comunidad sin distinciones;

• las exigencias que implica una detención legal y la prohibición de la detención arbitraria;

• los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad en el uso de la fuerza y de las armas de fuego;

• los derechos legales del detenido, incluido el derecho a la presunción de inocencia;



Comunidad de Desarrollo Económico del África Austral





Proteger los derechos humanos mediante la actuación policial



Amnistía Internacional Índice AI: AFR 03/004/2002/s

Índice AI: AFR 03/004/2002/s Amnistía Internacional

abla prohibición total de la tortura, incluido el derecho de cualquier agente a negarse a obedecer una orden de tortura;

• los castigos disciplinarios y penales que acarrean las violaciones de derechos humanos;


La formación en derechos humanos no debe ser contradicha por ninguna de las otras enseñanzas impartidas en los programas de formación policial. La formación en técnicas de actuación policial y en derechos humanos deben complementarse. Por ejemplo, para actuar basándose en un uso de la fuerza mínimo y proporcionado, es preciso que se enseñe a los agentes a utilizar técnicas eficaces de inmovilización y de control de multitudes (más adelante se examinará con más detalle este aspecto).


Instructores competentes y técnicas participativas


La Organización para la Cooperación de Jefes de Policía Regionales del África Austral, reconociendo algunas de las limitaciones existentes entre los formadores en cuanto a conocimientos, ha organizado actividades regionales de formación de formadores, hasta la fecha según han ido surgiendo. La formación especial de formadores en derechos humanos se ha incluido en los programas de formación en derechos humanos de Malawi, Sudáfrica y Zimbabue, entre otros.


Varias academias de policía de la Comunidad de Desarrollo Económico del África Austral han introducido metodologías de enseñanza modernas, facilitadoras y participativas. Este tipo de metodologías suelen considerarse más eficaces para aprender técnicas y modificar conductas que las clases tradicionales, cuyo objetivo es comunicar conocimientos.


Sin embargo, la formación de formadores no suele ser un componente permanente de los programas de reforma de la policía, y esto resulta particularmente problemático cuando los formadores experimentados son trasladados a otro puesto. La policía de Surrey (Reino Unido) observó esta tendencia durante la revisión del programa de formación de Malawi para nuevos agentes en 1998. De los más de 50 instructores que habían recibido formación como parte de un programa de la Secretaría de Estado para el Desarrollo Internacional británica en 1996-1997, menos de la mitad seguían impartiendo formación en academias de policía en 1998. En la revisión se constató también que el tamaño de los grupos era a veces demasiado grande para utilizar métodos de enseñanza participativos.


Colaboración en la formación de la policía


ONG, universidades y grupos civiles locales e internacionales realizan aportaciones expertas a los programas de formación en derechos humanos, contribuyendo así al desarrollo de material de formación, la formación de formadores y la formación directa de los agentes. En muchas de estas colaboraciones se utiliza un enfoque innovador de la formación. En Angola, a finales de 2001 comenzó un proyecto que utilizaba representaciones teatrales relacionadas con el trabajo policial. Los actores habían recibido previamente formación en derechos humanos. El proyecto La Policía Nacional al servicio del ciudadano es una iniciativa conjunta de la policía de la provincia de Luanda, la oficina de las Naciones Unidas en Angola y un grupo cultural angoleño.El uso del teatro en la educación en derechos humanos no es nuevo, pero en Angola no se había utilizado en la formación de policías.


La colaboración con expertos de otros campos también desempeña una importante función en la formación de la policía sobre cuestiones de derechos humanos especialmente preocupantes, como la justicia de menores y el trato de mujeres, niños y grupos vulnerables, como los refugiados. Sin embargo, las organizaciones que colaboran no suelen participar luego en la observación y la evaluación de los programas de formación.


Varios programas de formación de policías están muy basados en la formación directa de los agentes por instructores que no son policías. Es el caso de los cursos de perfeccionamiento de Zambia, que dependen de la Comisión Permanente de Derechos Humanos y otros organismos, y de los cursos que imparte una ONG local en Namibia.


Sin embargo, a las ONG y los grupos civiles puede resultarles imposible impartir formación directa de forma habitual o a largo plazo debido a sus cambios de personal o de prioridades. Lo ideal es que los conocimientos sobre derechos humanos estén localizados en centros de formación de la policía para que la formación en derechos humanos de la policía se institucionalice.


Observación y evaluación


Los campos más descuidados de la formación en derechos humanos, y también de otras áreas de la formación de la policía, son el seguimiento, la observación y la evaluación. Estos aspectos aportan el vínculo vital entre formación y práctica que asegura que lo aprendido en la formación no se olvida ni se descarta en favor de los hábitos establecidos. El seguimiento puede resultar especialmente importante para los nuevos agentes, que aportan ideas nuevas a un entorno policial tradicional, a menudo hostil a los derechos humanos.


En Mozambique, la Guardia Civil española intentó realizar el seguimiento de la formación proporcionando asistencia técnica en las comisarías donde los agentes habían recibido el curso de reciclaje. La iniciativa resultó eficaz para asegurar la aplicación de lo aprendido en la formación, aunque debido a limitaciones de presupuesto sólo hubo agentes de la Guardia Civil en nueve comisarías. En esas comisarías prácticamente no hay detenciones arbitrarias e ilegales. En otros países de la Comunidad de Desarrollo Económico del África Austral hay pocas señales de seguimiento de la formación o apoyo a los nuevos agentes.


La observación y la evaluación, tanto de los programas de formación como de su efecto, son fundamentales para garantizar que la formación ha sido eficaz y que no se han malgastado los recursos. Lo aprendido debe incorporarse al programa de formación correspondiente. Las ONG y los grupos civiles pueden desempeñar una importante función en este campo, aunque muy pocos programas de formación en derechos humanos de la región incluyen observación y evaluación. Varias organizaciones donantes de ayuda han evaluado los programas de formación financiados por ellas, pero estas evaluaciones suelen basarse en los criterios y necesidades de información del donante, y no benefician necesariamente al servicio de policía objeto de evaluación.


Un guardia civil español conversa con miembros de la comunidad en Nampula City, provincia de Nampula. Mozambique, diciembre de 2001. © AI





















Técnicas policiales y derechos humanos


Los agentes, los organismos de supervisión de la policía, los fiscales y las organizaciones de derechos humanos de toda la región mencionan el uso de técnicas policiales inadecuadas como uno de los factores causantes de las detenciones arbitrarias, los malos tratos y la tortura de los detenidos. Hay muchas evidencias de las deficiencias en las técnicas de investigación y entrevista y una excesiva dependencia en las confesiones extraídas de los detenidos. Es preciso formación en derechos humanos y en técnicas de alta calidad para aumentar la profesionalidad.


El desempeño de las tareas policiales en concentraciones públicas es otro campo en el que las técnicas policiales y la formación son deficientes. Es preciso dotar a los agentes de técnicas prácticas en el uso de la fuerza y las armas de fuego que les permitirían respetar los principios de uso mínimo y proporcionado de la fuerza. Ningún agente de policía debe portar un arma si no recibe formación y es examinado periódicamente sobre su uso.


Entre las iniciativas de formación financiadas por países donantes ha estado la formación en investigación penal, especialmente como parte de los programas de reforma de la policía. Entre 1998 y 2001, profesores de la Guardia Civil española dirigieron 11 cursos sobre técnicas de investigación a los que asistieron 454 policías en Mozambique. La formación técnica también ha sido un importante componente de la ayuda británica a las fuerzas policiales de Asia Meridional.


Sin embargo, evaluaciones independientes han puesto en tela de juicio que esta formación sea sostenible.63 En raras ocasiones sus ventajas se han difundido lo suficiente como para tener un efecto a largo plazo, dado el carácter temporal de los programas de formación, el reducido número de agentes que los siguen y la posterior reubicación de muchos de ellos a puestos donde no se utiliza la formación recibida.


Sudáfrica ha introducido varias iniciativas de formación encaminadas a mejorar las técnicas policiales. El personal de la Dirección de Operaciones Especiales, de reciente creación, recibe formación especial en técnicas de investigación penal en virtud de un acuerdo de cooperación con la Academia de Formación de la Policía Británica en Hendon y la Policía Metropolitana. La Dirección, dependiente del Ministerio de Justicia, se creó para investigar «la delincuencia organizada» y otros delitos calificados como prioridades nacionales. Representa un intento de crear una fuerza de investigación cualificada cuyos métodos rompan totalmente con prácticas anteriores. El personal está formado principalmente por licenciados universitarios sin experiencia previa en tareas policiales. Se les enseña a actuar en el lugar del crimen, recopilar y documentar pruebas, tomar declaraciones, técnicas de entrevista y normas de derechos humanos.


Tratando de abordar las violaciones de derechos humanos relacionadas con la actuación policial en temas de orden público, la formación impartida en Sudáfrica ya no hace hincapié sobre el controlde las multitudes, sino sobre su manejo. La formación subraya el uso mínimo de la fuerza y la respuesta gradual, comenzando por la negociación y recurriendo a maniobras de ataque sólo cuando todo lo demás ha fallado. Asimismo, la policía ha introducido recientemente la formación en técnicas «suaves», como la resolución de conflictos y la mediación. No obstante, el programa de formación sudafricano es la excepción, no la regla. En varios países de la Comunidad de Desarrollo Económico del África Austral, el mantenimiento del orden público está a cargo de unidades paramilitares cuya formación no incluye conocimientos de derechos humanos ni de los principios sobre el uso mínimo de la fuerza.


El mantenimiento permanente de formadores cualificados en toda la gama de técnicas policiales está más allá de los recursos de algunos países. Una solución es recurrir a centros regionales especializados, como por ejemplo ha hecho la policía de Suazilandia con expertos de Sudáfrica.


Las organizaciones independientes también pueden proporcionar formación en técnicas especializadas. La Unidad Médico-Legal Independiente de Sudáfrica forma expertos en la recopilación e interpretación de datos médicos periciales en la investigación penal, y a sus cursos han asistido miembros de unidades de investigación de la policía y la Dirección Independiente de Denuncias contra la Policía. Actualmente esta organización está impartiendo un curso sobre la investigación de delitos contra mujeres y niños destinado a funcionarios responsables de la aplicación de la ley y personal de justicia y médico.


Un paso potencialmente positivo en la región ha sido la reciente creación de una Academia de Policía Internacional en Botsuana. En virtud de un acuerdo de cooperación entre el gobierno estadounidense y el de Botsuana, ofrece diversos cursos especializados para policías de la región de la Comunidad de Desarrollo Económico del África Austral. El año 2002 habrá un curso para gestores y formadores sobre la formación de agentes que se ocupan de la investigación de delitos sexuales.


La formación avanzada ofrece a los agentes de alta graduación la oportunidad de mejorar sus técnicas policiales y contribuir al desarrollo de la organización. Pocos países de la región ofrecen este tipo de formación. La empresa South African Technikon SA ofrece un curso de cuatro años en prácticas policiales. En Mozambique, la recién inaugurada Academia de Ciencias Policiales ofrece un Diploma encaminado a consolidar las técnicas de los gentes de mayor graduación. Pero los derechos humanos sólo se tratan en el último año de los cuatro que componen el curso. Desde 1999, la Unión Europea ha financiado un programa de formación universitario en Mauricio que abarca una amplia gama de técnicas policiales con un componente de derechos humanos. Con ayuda de la Academia de Formación de la Policía Nacional británica, el servicio de policía de Botsuana está desarrollando actualmente un curso de mando estratégico que estará abierto a agentes de otros países de la Comunidad de Desarrollo Económico del África Austral.


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La mera formación no logrará que la actuación policial se base en los principios de derechos humanos. Para ello debe estar vinculada a los cambios en el entorno en el que trabajan los policías. La formación debe reflejarse tanto en los reglamentos como en las instrucciones diarias de los supervisores. La formación en derechos humanos y en técnicas de la policía debe formar parte de una estrategia más amplia de reforma policial, que incluya reforma legal y amplia supervisión.


6.- LA ACTUACIÓN POLICIAL Y LA COMUNIDAD


La falta de respeto hacia la policía es una amenaza para el Estado de derecho en África Meridional y Oriental. El distanciamiento que muchas comunidades locales y organizaciones de la sociedad civil sienten respecto a la policía ha privado a ésta de la información necesaria para desarrollar un sistema de inteligencia preciso sobre el mundo del crimen y le ha negado la cooperación civil necesaria para prevenir y detectar los delitos. En lugar de ello, se pasan por alto los abusos cometidos por los agentes, se utilizan sistemas tradicionales de justicia, los grupos parapoliciales se toman la justicia por su mano y quienes pueden permitírselo pagan servicios de seguridad privados.


Sin embargo, en los casos en que la policía local ha sido reformada y se ha labrado una reputación de respeto hacia los derechos de las comunidades, los agentes han creado la confianza del público y la cooperación cívica necesarias para prevenir y detectar el delito. Este tipo de cooperación se está consiguiendo en muchas zonas mediante programas de vigilancia de barrio, proyectos de apoyo a las víctimas, programas de prevención del delito basados en la comunidad, programas de puertas abiertas y otras formas de colaboración de la sociedad civil con la policía. Desgraciadamente, estas colaboraciones pueden verse —y de hecho se han visto en algunos casos— negativamente afectadas por el uso de la policía para la represión política, por una cultura de formación militar de la policía, por la impunidad de los agentes que cometen abusos y por la presión pública y política para que se responda al aumento de los delitos violentos utilizando «todos los medios necesarios».


Iniciativas locales de “trabajo policial en la comunidad”


En varios países de la Comunidad de Desarrollo Económico del África Austral se han hecho intentos de crear órganos locales en los que la policía y los representantes de la comunidad puedan cooperar para prevenir y detectar el delito. Se ha dicho que estos intentos forman la base del «trabajo policial en la comunidad», aunque el concepto no suele estar bien definido. En varios países estas iniciativas han sido preparadas de forma poco acertada, y a veces incluso han tenido como consecuencia abusos contra los derechos humanos cometidos por quienes han participado en ellas.


«Navidad de la policía: Felicítenos las fiestas dejando aquí sus sugerencias para mejorar nuestro trabajo». Buzón de sugerencias de la policía de Mozambique. © AI


En Suazilandia, el término «trabajo policial en la comunidad» se utiliza desde mediados de la década de los noventa para describir la realización por civiles de algunas de las funciones policiales contra el delito en la comunidad. La policía comunitaria civil ha sido criticada por la brutalidad con que trata a los presuntos delincuentes. Aunque algunos de sus miembros han sido detenidos y acusados por ello, no se han disuelto sus unidades. La condición, el mandato y las facultades de estas unidades no están claras y no parece que hayan recibido formación adecuada. Al parecer están vinculadas a la policía oficial del país a través de agentes de prevención de delitos destinados en las jefaturas y en las dependencias regionales. Estos agentes reciben formación en técnicas de trabajo policial en la comunidad, y algunos de sus instructores han recibido formación en Gran Bretaña.


0 En Zambia se inició en 1989 un programa de vigilancia de barrio como parte del proceso de reforma de la policía. El trabajo policial en la comunidad se ensayó en Lusaka con unos 30 policías formados en Canadá durante la década de los noventa. Según la Ley de Policía de 1999, que dio carácter de ley al trabajo policial en la comunidad, cualquier comunidad puede establecer una asociación de prevención y control del delito con facultades de detención. El programa de vigilancia de barrio parece estar en decadencia en muchas zonas, pero sigue activo en algunas partes del país. Las opiniones sobre su eficacia varían: hay quien lo considera una contribución positiva a la reducción del delito, mientras que a otros les preocupa que se aplique la ley de la calle. Aunque esto es un problema, especialmente en zonas rurales, no se ha asociado con comités de vigilancia de barrio.


Intentando acercar más a los policías a la comunidad, la policía de Zambia creó puestos de policía dependientes de comisarías en algunas zonas rurales y en Lusaka. Si bien esta iniciativa parece positiva, los puestos de la policía se han asociado a veces con violaciones de derechos humanos cometidas por los agentes. A menudo la dotación de los puestos está compuesta por agentes recién ingresados, ha habido informes de agentes ebrios e insultantes y la supervisión es limitada.


El trabajo policial en la comunidad fue adoptado por Namibia como parte de la actividad de la policía cuando el país consiguió la independencia en 1990. En muchas comunidades se animó a los comités de la policía y de relaciones públicas a proporcionar un foro en el que el público y la policía pudieran compartir información y debatir la forma de actuación policial más adecuada para la zona. Sin embargo, en 1996 se revisó el sistema, al caer el interés del público. La policía diseñó también un «programa de vigilancia de 20 casas del vecindario» que funcionó de 1994 a 1995 para fomentar el diálogo entre agentes y miembros de la comunidad local. Este plan se aplicó fundamentalmente en Windhoek, donde según la policía ha sido eficaz.


Una evaluación de la participación de la Secretaría de Estado para el Desarrollo Internacional británica con la policía de Namibia entre 1990 y 1995 señaló que la actuación policial en la comunidad, inicialmente adoptada por la policía, acabó por considerarse «blanda», especialmente frente al incremento en la tasa de delitos. La policía namibia llevó a cabo otra revisión de la actuación policial en la comunidad en el periodo 2000-2001, pero los resultados aún no están disponibles.


La policía de Zimbabue tiene un agente de enlace con la comunidad en cada comisaría desde la década de los ochenta. Sin embargo, desde que el gobierno del país animó a las milicias, compuestas por «veteranos de guerra», simpatizantes del partido gobernante y jóvenes desempleados, a intentar resolver los problemas de propiedad de la tierra, la relación entre la policía y la comunidad se ha deteriorado bruscamente. La pasividad de la policía ante la violencia de las milicias apoyadas por el Estado en las zonas rurales, y el uso excesivo de la fuerza por la policía contra manifestantes urbanos han llevado al temor y la desconfianza. En 2000, la policía prohibió a los zimbabuenses blancos participar en los programas de vigilancia de barrio. Las consultas a la comunidad se han reducido y muchos vecinos evitan las reuniones con la policía por temor a estar en el punto de mira por sus ideas políticas.


A finales de 2001 se inició un proyecto piloto en un barrio pobre de Maputo (Mozambique). Los residentes formaron un grupo parapolicial para patrullar la zona a pie; si encuentran a alguien que crea problemas de orden público, deben llevarlo ante el consejo del barrio. Éste puede resolver problemas menores mediante conciliación, pero si se trata de un delito grave la persona debe ser trasladada a la comisaría. Este proyecto piloto está basado en la estructura de líderes de barrio establecida por el partido gobernante, el Frente para la Liberación de Mozambique (FRELIMO). Se ha denunciado que la policía distribuye armas a los simpatizantes del FRELIMO como parte del proyecto y que sólo éstos son reclutados.


Con la apertura democrática de Sudáfrica en 1994 se intentó desarrollar una actuación policial por consenso, basada en las asociaciones de comunidades locales. Se exigió a la policía que estableciera consultas con la comunidad en todas las comisarías locales y mecanismos de consulta a nivel provincial. En 1996 se elaboró una definición de trabajo del trabajo policial en la comunidad: «El trabajo policial en la comunidad tiene como objetivo crear una asociación activa y equitativa entre la policía y los ciudadanos, a través de la cual es posible decidir conjuntamente cuáles son los problemas de criminalidad y seguridad ciudadana y elaborar y poner en práctica soluciones para ellos».64 Se elaboraron manuales de formación para la policía y se incluyeron la técnicas de trabajo policial en la comunidad en los planes de estudio de las academias de policía.



Danistan Chisanga, de 25 años, uno de los 11 detenidos que, según los informes, fue agredido por policías y miembros de un grupo parapolicial de la comunidad. Zambia, enero de 2001. Acusado de asesinato y robo con agravantes, Danistan Chisanga afirmó que los agentes se turnaban para golpearlos utilizando sjamboks(látigos), cables de electricidad y porras. © Legal Resources Foundation

Se crearon Foros de Trabajo Policial en la Comunidad donde se reunían representantes de la comunidad y la policía local para establecer las prioridades de prevención y detección de delitos. Sin embargo, los esfuerzos locales para crear estos foros tropezaron a menudo con la rivalidad entre facciones políticas y con la arraigada desconfianza en la policía, además de la falta de recursos, formación y experiencia de muchos policías.


La Secretaría de Estado para el Desarrollo Internacional británica facilitó ayuda económica y técnica para poner en marcha los Foros de Trabajo Policial en la Comunidad en algunas provincias. Por ejemplo, en 1998 comenzó un proyecto de trabajo policial en la comunidad en Eastern Cape en el que participaban tres ONG locales. En él se proporcionaba formación básica a 198 comisarías mediante un taller de cinco días de duración para la policía, de un día para las comunidades y de un día más para la policía y las comunidades. El número de foros aumentó considerablemente, y en mayo de 2001 comenzó un segundo proyecto en el que 40 comisarías y comunidades debían elaborar y aplicar planes de reducción de la criminalidad.


Se emprendieron otras muchas iniciativas locales, como una estrategia de trabajo policial en la comunidad que tuvo aparente éxito en Cato Manor, municipio de Durban cuyos habitantes tienen un bajo poder adquisitivo. Hubo grandes avances en algunos proyectos de la región de Kwazulu Natal concebidos para poner freno a los delitos armados, como sucedió con uno en el distrito rural de Belito Bay patrocinado por comercios urbanos y grandes agricultores bajo la autoridad del consejo local. Este proyecto se ocupaba tanto de las comunidades económicamente más desfavorecidas como de las más ricas, utilizando patrullas de calle de civiles bien formados bajo la supervisión de la policía y difusión a través de iglesias y escuelas.


El Plan de Desarrollo de la Policía 1998-2003 de Lesoto pone énfasis en el trabajo policial en la comunidad y en mejorar las relaciones entre la policía y la comunidad. Además de la formación, el plan se centra en la expansión de los Comités de Prevención del Delito. A los miembros civiles de estos comités se les permite que lleven a cabo algunas tareas policiales, como patrullar, pero, aunque se supone que no deben enfrentarse a los sospechosos sin la presencia de un agente de policía, por lo general no están supervisados.


Intentando promover un modelo diferente, la Secretaría de Estado para el Desarrollo Internacional británica financió un Proyecto de Seguridad que se inició en junio de 2001. Se seleccionaron cuatro lugares piloto donde la policía mantiene un estrecho contacto con los comités de la comunidad, pero conservando el control de las tareas policiales. Estos comités debatirán con la policía las prioridades de la comunidad y la prevención del delito, pero no realizarán tareas policiales de ningún tipo.


También en Botsuana el Plan de Desarrollo Corporativo de la Policía pone énfasis en el trabajo policial en la comunidad y la mejora del rendimiento. En 2000, el gobierno dispuso números de teléfono gratuitos para facilitar la notificación de violaciones y delitos violentos contra la mujer. Según un agente de alta graduación, en muchas zonas del país se han creado comités comunitarios de prevención del delito y programas de vigilancia de barrio. También hay foros de comerciantes para la prevención del delito y programas en los que participan diversos sectores de la sociedad, como los agricultores. La policía dirige seminarios y talleres de prevención del delito con miembros de la comunidad.


En Malawi, el trabajo policial en la comunidad se introdujo como parte de un proceso de reforma de la policía en 1997 y ha recibido el apoyo de la Secretaría de Estado para el Desarrollo Internacional británica de acuerdo a modelos desarrollados fundamentalmente en Sudáfrica. Se formaron nuevos Foros de Trabajo Policial en la Comunidad a nivel de distrito (o a veces de subdistrito) con representantes de la policía y la comunidad para debatir las prioridades del trabajo policial y exponer quejas. También se crearon varios programas de apoyo a las víctimas y de «puertas abiertas». En algunas zonas donde funcionaban los Foros, la policía notificó un descenso de la criminalidad. Por ejemplo, en una evaluación realizada en 1999 en Kanengo, Lilongwe, la comunidad local notificó un descenso significativo en el número de violaciones y otros delitos violentos.


Policía de Malawi. La imagen procede de un vídeo sobre seguridad comunitaria y control de armas de fuego, titulado Proteger nuestras vidas. El trabajo policial en la comunidad en Malawi, producido por ONG locales e internacionales que participan en el Proyecto de Seguridad y Control de Armas de Fuego en la Comunidad y emitido en todo el país desde el año 2001.

© Malawi Pictures and the Malawi Community Safety and Firearms Control Project

En 2000, la policía de Malawi, la Secretaría de Estado para el Desarrollo Internacional británica y dos ONG locales editaron un manual en tres idiomas para ayudar a los Foros de Trabajo Policial en la Comunidad. Elaboraron planes de estudio para la formación y celebraron ocho seminarios regionales en los que participaron policías locales y cientos de miembros destacados de los Foros. Se realizaron programas de radio y televisión para fomentar una formación adecuada de Foros de Trabajo Policial en la Comunidad, prevenir los delitos violentos, controlar las armas de fuego ilegales y poner freno a las actividades de los grupos parapoliciales.


En junio de 2000 había más de 350 Foros que tenían asociadas miles de Juntas de Prevención de Delitos en el ámbito de grupos de pueblos y de Comités de Prevención de Delitos en el ámbito de pueblos. Las funciones de las juntas y los comités variaban, pero la mayoría se centraba en la educación ciudadana. Sin embargo, en zonas rurales en las que no hay ningún policía a una distancia razonable, algunas juntas y comités han formado sus propias patrullas y llevado a cabo detenciones, a veces, según los informes, acompañadas de palizas.


Iniciativas de las ONG


Observación


El grado de observación de los derechos humanos que ejercen las ONG en los países de la Comunidad de Desarrollo Económico del África Austral varía mucho. La mayor parte de esta labor de observación se desarrolla en el ámbito local, a veces en cooperación con organismos nacionales, como comisiones de derechos humanos y defensorías del pueblo (véase el capítulo 4). Aunque proporcionan un importante servicio y generan información de incalculable valor para evaluar la eficacia de los programas de formación de la policía, la observación de derechos humanos que realizan las ONG suele carecer de suficiente financiación y a menudo apenas llega a las zonas rurales más remotas. En Lesoto, por ejemplo, es muy difícil realizar el seguimiento de la policía en la zona montañosa. El viaje hasta allí es difícil, hay pocos abogados fuera de la capital y la futura Oficina de Denuncias contra la Policía sólo será accesible en Maseru. La mayor parte de la población rural no puede permitirse económicamente el viaje hasta Maseru para emprender acciones judiciales, aunque sepan que existe esta posibilidad y sean conscientes de su derecho a denunciar.


Pocas ONG operan a nivel de distrito, y el descenso de la ayuda de donantes ha dejado a muchas de ellas sin fondos suficientes. En Zambia, AFRONET (Red Interafricana de Derechos Humanos y Desarrollo), la Comisión Católica de Justicia y Paz y la Fundación de Recursos Jurídicos, todas las cuales participan en la observación y documentación de abusos contra los derechos humanos, han expresado su preocupación por la falta de capacidad para seguir los acontecimientos en las zonas rurales, donde se teme que son frecuentes los abusos.


Sin embargo, la Sociedad Nacional para los Derechos Humanos de Namibia sí intenta observar de forma sistemática la evolución de los derechos humanos en la zona septentrional de Caprivi. En Malawi hay problemas logísticos debido a la escasez de recursos de las ONG, especialmente en la estación de lluvias, cuando las carreteras están intransitables. No obstante, activistas parajurídicos del Centro de Asesoramiento, Investigación y Educación en Derechos , ONG malawi con sede en Blantyre, ayudan a realizar tareas de observación en ciertos distritos, al igual que hacen los activistas del Centro de Derechos Humanos y Rehabilitación, con sede en Lilongwe. De los casos de malos tratos policiales se ocupan policías de alta graduación y la Defensoría del Pueblo, ya que no existe ningún procedimiento de presentación de denuncias contra la policía. El Centro de Derechos Humanos y Rehabilitación ha informado de que las autoridades policiales responden, pero rara vez imponen sanciones disciplinarias o acusan a los policías que cometen alguna infracción.


Centros de asistencia jurídica de ONG vinculados a universidades y despachos de abogados que se ocupan de casos de interés público en varios países, entre ellos Sudáfrica, han documentado abusos contra los derechos humanos en los litigios contra las autoridades policiales y gubernamentales. Los fallos de los tribunales pueden tener repercusiones en la política pública y en las prácticas de la policía. Las organizaciones de derechos humanos de Zimbabue, gracias a una observación sistemática durante los dos últimos años de prácticas reiteradas de abusos contra los derechos humanos, han documentado el aumento de la politización de la policía en Zimbabue. Estas organizaciones, entre las que figura el Programa de Asistencia Letrada y Asesoramiento Jurídico de la Universidad de Zimbabue, han prestado apoyo a las víctimas de abusos cometidos por las milicias y la policía.


En Mauricio, miembros de la sociedad civil, entre ellos abogados privados y ONG, han condenado activamente los incidentes de brutalidad policial. El Partido Lalit en la oposición, realiza el seguimiento de las muertes bajo custodia policial y las denuncias de tortura y malos trato durante las detenciones e interrogatorios de la policía. Esta organización proporciona ayuda psicológica y jurídica a las víctimas de la brutalidad policial, y ha organizado campañas contra las leyes que permiten la detención en régimen de incomunicación.


Marcha en recuerdo de Patrick Nabanyama, Bulawayo, Zimbabue, en julio de 2001. Organizador de un partido de oposición, unos hombres armados que, según la opinión generalizada, actuaban para el gobierno, lo secuestraron de su domicilio en junio de 2000, y se teme que esté muerto. Los simpatizantes del gobierno y los llamados «veteranos de guerra» han cometido homicidios y agresiones contra partidarios de la oposición en complicidad con la policía. © Private






















Apoyo a las víctimas


Según un subcomisario de la policía de Botsuana, las ONG locales hacen sentir con fuerza su voz en cuestiones de derechos humanos y género, y la policía ha respondido a sus preocupaciones. Por ejemplo, después de poner sobre el tapete la cuestión de la violencia doméstica y de la respuesta de la policía ante ella en 1997, se designó un grupo especial y se desarrolló una política de detención y reclusión de sospechosos, no sólo de mediación. Algo parecido sucedió con los servicios prestados a los supervivientes de violaciones y las víctimas de la violencia doméstica en Sudáfrica, que han mejorado en ciertas partes del país como resultado de una intensa labor de presión de las ONG hacia la policía y los departamentos de Salud y Justicia. Las ONG también han participado activamente a la hora de formar a los agentes de policía y los funcionarios de justicia penal, y con sus aportaciones a los proyectos de ley y la aplicación de las tareas de observación de la nueva Ley sobre Violencia Doméstica.


La violación es un delito que no siempre se denuncia en Lesoto, al igual que ocurre en todos los países de la Comunidad de Desarrollo Económico del África Austral, pero los conocimientos de las ONG locales están desaprovechados. Según el proyecto La Mujer y la Ley en el África Austral, la policía no atiende con sensibilidad a las mujeres víctimas de violencia sexual. Hay agentes que han entrevistado a víctimas de violación en un mostrador público y les han pedido que justificaran por qué estaban en el lugar del delito. A la policía apenas se la ha formado para apoyar a las víctimas en casos de delitos sexuales y domésticos.65 La Federación de Abogadas da conferencias a los agentes sobre cuestiones de género en la Academia de Formación de la Policía, y el proyecto La Mujer y la Ley en el África Australtambién ofrece algo de formación. La rama local de este proyecto en Suazilandia ha tenido iniciativas similares, así como el Grupo de Acción de Suazilandia contra los Abusos, que también da servicio a las sobrevivientes de las violaciones.

La Asociación Cristiana de Mujeres Jóvenes y el UNICEF ayudaron a crear la Unidad de Apoyo a las Víctimas de Zambia en 1996. Actualmente hay agentes que ayudan a las víctimas en muchas zonas del país, y las ONG consideran que esta Unidad ha sido el único resultado destacable del proceso de reforma de la policía de Zambia.


Tras la incapacidad de la policía tanzana para detener los homicidios de ancianas sospechosas de brujería o de poner a sus autores a disposición judicial, en junio de 2000 la Asociación de Mujeres en los Medios de Comunicación de Tanzania presentó un vídeo para aumentar la concienciación sobre la cuestión de los homicidios por brujería.


Colegios y jóvenes


En la mayoría de los países de la Comunidad de Desarrollo Económico del África Austral la delincuencia juvenil va en aumento. La policía dispone de pocas técnicas especializadas para tratar a los menores y a menudo los mantiene recluidos junto con adultos en los calabozos de las comisarías. Muchos presuntos delincuentes juveniles y niños bajo custodia son niños de la calle o huérfanos cuyos padres han muerto de sida, y la sociedad civil ha desarrollado algunos proyectos para ayudarlos.


En Sudáfrica, donde está en marcha una amplia reforma de la justicia de menores, algunas ONG y autoridades locales han desarrollado proyectos para fomentar la seguridad en las escuelas. Padres, maestros, alumnos y policías tratan de incrementar el grado de comprensión sobre la violencia, el delito y la actuación policial, y se les pide que informen de los peligros que amenazan a alumnos, personal, edificios escolares y material.


En Zambia, policías de la Unidad de Enlace con las Escuelas visitan las escuelas para hablar sobre delitos y seguridad. Han visitado la mayoría de las escuelas de Lusaka, y tienen previsto ir a otras zonas del país. El jefe de la unidad admitió que, durante sus primeras visitas, los niños intentaban de escaparse por las ventanas de las aulas por lo atemorizados que estaban.


Armas de fuego ilegales


En Sudáfrica, el nivel de violencia con armas de fuego ha desvirtuado muchas iniciativas de trabajo policial en la comunidad. En 1999 murieron asesinadas unas 25.000 personas, más de la mitad de ellas por arma de fuego. Algunas de las víctimas fueron policías. La mayoría de los agentes tienen autorización para portar armas de fuego a pesar de que no han recibido cursos de capacitación para ello. Además, muchas decenas de miles de civiles poseen armas legalmente. El Parlamento sudafricano comenzó a estudiar la posibilidad de aumentar el control sobre las armas, pero el problema de la violencia con armas de fuego está muy arraigado.


En 1999 el gobierno inició la Operación Ventilaciónpara poner freno a los delitos con arma de fuego en KwaMashu, municipio de Durban asolado por el desempleo, los altos niveles de violencia y donde la actuación de la policía era tradicionalmente muy deficiente. Las bandas de delincuentes estaban bien armadas, mientras que los agentes de la policía local eran inferiores en número y estaban mal equipados. Durante la 0 Operación Ventilación, policías fuertemente armados en vehículos acorazados batieron el municipio casa por casa con muy poca cooperación por parte de la policía local. Se recuperaron pocas armas de fuego, continuó la violencia de las bandas y la moral de la policía siguió siendo baja.

En contraste con lo anterior, un grupo especial de la policía enviado a Edendale, en Pietermaritzburg, adoptó una estrategia de trabajo policial en la comunidad con la cooperación de grupos locales comunitarios para desarrollar un programa contra las armas de fuego basado en la obtención de información. Edendale es otro gran municipio cuyos habitantes tienen un nivel económico bajo y que cuenta con una policía local ineficaz, muy afectada por los elevados niveles de violencia armada. El grupo especial, compuesto por agentes muy bien formados y miembros de la policía local a quienes los líderes comunitarios consideraban dignos de confianza, consiguió valiosa información que propició un gran número de detenciones. Aunque los bloqueos del proceso judicial provocaron retrasos injustificados a la hora de procesar a los detenidos, el grupo especial resultó eficaz y al parecer gozó del respeto de la comunidad.


En Malawi, país cuya población es fundamentalmente rural, dos ONG locales iniciaron en 1999 el Proyecto de Seguridad y Control de Armas de Fuego en la Comunidad, cuyo objetivo era promover la actuación policial profesional y la cooperación de la sociedad civil. En la fase piloto se trabajó con representantes civiles de los Foros de Trabajo Policial en la Comunidad y la división malawi de trabajo policial en la comunidad. Desde entonces ha habido informes de comunidades que han ayudado a la policía a recuperar armas ilegales y, según los datos oficiales, la incidencia de los delitos con arma de fuego se ha estabilizado. El Consejo Cristiano de Mozambique ha animado a que se entreguen las armas de fuego y otras armas pequeñas que quedan como residuo de la guerra a cambio de herramientas y material que los ciudadanos pueden emplear para ganarse la vida, como herramientas agrícolas, máquinas de coser y bicicletas.


Iniciativas con empresas


En Namibia, la unidad de investigación sobre delitos económicos de la policía adopta un enfoque de trabajo policial en la comunidad, manteniendo conversaciones con diferentes grupos empresariales. No obstante, sus esfuerzos están limitados por la falta de éxitos del programa general de trabajo policial en la comunidad.


Una coalición de ONG de Malawi ha intentado animar a las dos mayores organizaciones empresariales, la Cámara de Comercio y la Asociación de Tabaqueros, para que apoyen sus esfuerzos por mejorar la seguridad en la comunidad. Ambas asociaciones han expresado su preocupación por la violencia con armas de fuego y ante la posibilidad de que el índice de delitos violentos disuada a los inversores. Aunque los negocios locales han contribuido al trabajo de los Foros de Trabajo Policial en la Comunidad, las grandes empresas se muestran reacias a dar fondos a la policía hasta que la rendición de cuentas funcione mejor.


Las empresas sudafricanas han apoyado mucho las iniciativas de trabajo policial en la comunidad. La asociación «Empresas contra el Delito» se fundó en 1995 bajo los auspicios de grandes compañías a fin de mejorar las instalaciones de las comisarías y reducir el delito en los distritos de negocios de las ciudades, por ejemplo, adquiriendo videocámaras de vigilancia en la zona de hoteles de Durban y en el centro de negocios de Johannesburgo.66


Proyectos de concienciación de la opinión pública


En los países de la Comunidad de Desarrollo Económico del África Austral, este tipo de programas funcionan de forma esporádica y descoordinada. En Angola, unas cuantas ONG participan en la celebración de reuniones y seminarios para debatir cuestiones relacionadas con la actuación policial, pero es difícil evaluar la repercusión de esta iniciativa.

En Malawi se han utilizado técnicas teatrales para mejorar la comprensión de la actuación policial, los derechos humanos y el Estado de derecho. Por ejemplo, en el distrito rural de Mchinji se representó una obra sobre la ley de la calle, en la que se ejecutaba a un inocente. En Kanengo, Lilongwe, un grupo teatral representó una obra sobre la violación y la forma de tratar a las víctimas de este delito. Las ONG que participan en el Proyecto de Seguridad y Control de Armas de Fuego en la Comunidad han ayudado a producir debates radiofónicos y programas de llamadas sobre el trabajo policial en la comunidad, así como un vídeo sobre la seguridad en la comunidad.67 Durante los años 2002 y 2003 está previsto que la televisión de Malawi emita 39 programas breves de televisión educativa.





Guardias de seguridad en Malawi. Las empresas de seguridad privada desempeñan tareas propias de la policía en muchos países africanos.

©Peter Barker/Panos

Seguridad privada


En la Comunidad de Desarrollo Económico del África Austral existe una dependencia cada vez mayor del Estado y de los sectores privados hacia los servicios de empresas de seguridad privada, lo cual puede desvirtuar o relegar a un segundo plano estos diversos intentos de transformación. Esto sucede en un marco de criminalidad en aumento, grandes disparidades de renta y riquezas y falta de servicios policiales eficaces. Muchos países también tienen miles de de combatientes desmovilizados, tanto de ejércitos regulares como de milicias. Los servicios de seguridad privada han crecido con rapidez, y cada vez llevan a cabo más funciones que solían ser privativas de la policía, como custodiar locales de empresas, patrullar las calles y asesorar sobre la prevención del delito. Mientras que se supone que la policía debe proteger a toda la población, la industria de la seguridad privada se rige por los beneficios y sólo responde ante sus clientes.



Vigilancia de barrio en Mitchell's Plain, Sudáfrica, 1999. Empresas y comunidades emplean cada vez más guardias de seguridad privada y grupos parapoliciales para custodiar sus vidas y propiedades. Se considera que la infradotada policía oficial es incapaz de enfrentarse al rápido aumento de los índices de criminalidad.

© Guy Tillim/South Photographs

Un estudio realizado en Sudáfrica en 1999 llegó a la siguiente conclusión: «La industria de la seguridad privada es uno de los sectores económicos de crecimiento más rápido en Sudáfrica [...] Se calcula que hay más de cuatro guardias de seguridad privada por cada miembro uniformado de la Policía Sudafricana que desarrolla tareas policiales visibles. Por consiguiente, los ciudadanos tienen más probabilidades de tener contacto con guardias de seguridad privados que con agentes de policía».68 Los niveles de formación de los agentes de seguridad privada en la región de la Comunidad de Desarrollo Económico del África Austral son bajos. Según la junta reguladora de Sudáfrica, casi 100.000 de los 350.000 agentes de seguridad registrados no tenían la formación necesaria para el nivel de las tareas que debían realizar. Tres cuartas partes del total de los guardias de seguridad tienen el mínimo nivel de cualificación, lo que supone que pueden portar armas con sólo cinco horas de formación en el manejo de armas de fuego y luego ser destinados a sus puestos sin recibir más entrenamiento. Es más, no hay ninguna norma reguladora legal que se aplique a los guardias de seguridad propios de las empresas (de los que se calculaba que había 60.000 en 1999). Las estructuras oficiales de coordinación con la policía son mínimas, y ha habido informes de violentos abusos cometidos por guardias de seguridad privada.


Las empresas sudafricanas de seguridad privada han ampliado sus operaciones hacia otros países de la Comunidad de Desarrollo Económico del África Austral donde los sistemas reguladores son poco estrictos o inexistentes. Por ejemplo, Malawi no tiene leyes que regulen las empresas de seguridad privada, aunque sus servicios son utilizados en muchos hogares de ingresos altos y en la mayoría de los negocios importantes. En Mozambique, a principios de 2002, el ministro del Interior pidió a las empresas de seguridad privada que cooperaran con la policía, pidiendo a sus agentes que actuaran como policías en la lucha contra el delito y que compartieran sus vehículos en caso de emergencia, dado que la policía a menudo carece de medio de transporte.


Cuando los intentos de transformar la actuación policial o hacer más accesibles los servicios de policía se abandonan o fracasan, algunas comunidades intentan resolver los problemas de la seguridad comunitaria tomando la justicia por su mano. En los países de la Comunidad de Desarrollo Económico del África Austral ha habido un amplio abanico de casos. En las montañas de Lesoto, habitantes de los pueblos de la zona que patrullan por la noche armados con palos y látigos tradicionales han agredido a presuntos ladrones de ganado. En Mozambique, Zambia, Tanzania, Malawi y Sudáfrica, grupos organizados han golpeado o matado a presuntos delincuentes. Algunas veces los homicidios se producen cuando la policía no detiene a los sospechosos o cuando éstos salen bajo fianza acusados de graves delitos. El grado de violencia de algunos de estos grupos, como el denominado Ciudadanos contra las Bandas y las Drogas (Sudáfrica), el Banyamalenga (Malawi) y el Sungusungu (Tanzania), han obligado a los gobiernos a prestar atención urgente a la crisis de la actuación policial contra el delito.69 En Tanzania, el presidente Benjamin Mkapa pidió al pueblo que dejara de tomarse la justicia por su mano, afirmando que las turbas habían matado a 78 personas entre enero y abril de 2001. El presidente afirmó: «Algunos de nosotros desean convertirse en ciudadanos o instituciones más poderosos que la policía, los tribunales y nuestras cárceles [...]»70 a lo cual un ciudadano contestó agriamente, retándolo a «depurar a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley deshonestos, especialmente en la policía y los tribunales. Son ellos los que fallan al presidente y obligan a los ciudadanos a recurrir a estos homicidios descontrolados».71


***


Es obvio que estas respuestas violentas no constituyen una solución a las necesidades legítimas de comunidades que tratan de mejorar su seguridad y al mismo tiempo lograr que se haga justicia con las víctimas del delito. Frente a ello, es de esperar que las iniciativas a las que nos hemos referido en páginas anteriores de este capítulo y en los dos anteriores, junto con reformas en la administración de justicia, como por ejemplo la que Sudáfrica ha tratado de llevar a la práctica en los últimos años, permitan a los gobiernos brindar seguridad a la comunidad de una forma legítima, humana y eficaz.






RECOMENDACIONES


Recomendaciones a los gobiernos y las autoridades policiales de la Comunidad de Desarrollo Económico del África Austral


Amnistía Internacional opina que tanto cada gobierno como la Comunidad de Desarrollo Económico del África Austral en conjunto deben tomar medidas urgentes para abordar el problema de las violaciones de derechos humanos a manos de la policía y dar mayor impulso a la transformación de los servicios policiales de forma coherente con las normas de derechos humanos y las normas de ética profesional.


Las siguientes recomendaciones, basadas en las conclusiones de este informe, van dirigidas fundamentalmente a los gobiernos y autoridades policiales de los Estados Miembros de la Comunidad de Desarrollo Económico del África Austral. Amnistía Internacional pide también a las organizaciones intergubernamentales regionales —en concreto a la Comunidad de Desarrollo Económico del África Austral y a la Organización para la Cooperación de Jefes de Policía Regionales del África Austral— y a los gobiernos con intereses políticos, económicos o de otro tipo en la región de la Comunidad que hagan todo lo que esté en sus manos para apoyar a las autoridades políticas y policiales de los Estados de la Comunidad de Desarrollo Económico del África Austral a la hora de poner en práctica estas recomendaciones.


Definir normas




Comunidad de Desarrollo Económico del África Austral





Proteger los derechos humanos mediante la actuación policial



Amnistía Internacional Índice AI: AFR 03/004/2002/s

Índice AI: AFR 03/004/2002/s Amnistía Internacional

abDesarrollar una cultura de respeto hacia las normas internacionales y regionales de derechos humanos incorporándolas y dándoles pleno efecto en las jurisdicciones nacionales;

• Garantizar que los ciudadanos conocen sus derechos y las formas de hacer que se respeten;



Comunidad de Desarrollo Económico del África Austral





Proteger los derechos humanos mediante la actuación policial



Amnistía Internacional Índice AI: AFR 03/004/2002/s

Índice AI: AFR 03/004/2002/s Amnistía Internacional

abAsegurar la independencia total de los jueces y de la profesión legal, y estar dispuestos a respetar las sentencias de los tribunales y el Estado de derecho;



Comunidad de Desarrollo Económico del África Austral





Proteger los derechos humanos mediante la actuación policial



Amnistía Internacional Índice AI: AFR 03/004/2002/s

Índice AI: AFR 03/004/2002/s Amnistía Internacional

abDeclarar claramente que no se tolerarán violaciones de derechos humanos a manos de la policía bajo ninguna circunstancia y que la necesidad de investigar un delito o de asegurar el orden público nunca puede utilizarse como justificación de violaciones de derechos humanos;



Comunidad de Desarrollo Económico del África Austral





Proteger los derechos humanos mediante la actuación policial



Amnistía Internacional Índice AI: AFR 03/004/2002/s

Índice AI: AFR 03/004/2002/s Amnistía Internacional

abAsegurarse de que entre los criterios para lograr el ascenso en la policía está una conducta policial profesional y acorde con las normas internacionales y regionales de derechos humanos;



Comunidad de Desarrollo Económico del África Austral





Proteger los derechos humanos mediante la actuación policial



Amnistía Internacional Índice AI: AFR 03/004/2002/s

Índice AI: AFR 03/004/2002/s Amnistía Internacional

abCuando sea necesario, reformar las leyes, los reglamentos y los procedimientos de actuación de la policía para ajustarlos a las normas internacionales de derechos humanos;



Comunidad de Desarrollo Económico del África Austral





Proteger los derechos humanos mediante la actuación policial



Amnistía Internacional Índice AI: AFR 03/004/2002/s

Índice AI: AFR 03/004/2002/s Amnistía Internacional

abAsegurarse de que el uso de armas de fuego, gases lacrimógenos y demás material de seguridad se rige por directrices estrictas, y que se controla cuidadosamente;



Comunidad de Desarrollo Económico del África Austral





Proteger los derechos humanos mediante la actuación policial



Amnistía Internacional Índice AI: AFR 03/004/2002/s

Índice AI: AFR 03/004/2002/s Amnistía Internacional

abProporcionar a todos los órganos de «trabajo policial en la comunidad» (foros, programas de vigilancia de barrio, comités de prevención del delito, etc.) un marco legal y regulador coherente en la legislación nacional, que defina las funciones y responsabilidades de miembros y agentes. Estas normas deben garantizar que todas las actividades de aplicación de la ley se llevan a cabo de acuerdo con las normas de derechos humanos, y deben recibir una amplia difusión y publicidad;



Comunidad de Desarrollo Económico del África Austral





Proteger los derechos humanos mediante la actuación policial



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abHacer que las compañías de seguridad privada se sometan a unas normas nacionales que garanticen una estricta rendición de cuentas y una rigurosa formación de su personal. Esta formación debe tener un amplio componente de derechos humanos. Las funciones y responsabilidades de los agentes de seguridad privada no deben ir en detrimento de las de la policía nacional y los organismos encargados de hacer cumplir la ley.


Garantizar la rendición de cuentas




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abInvestigar y poner en manos de la justicia a los presuntos autores de violaciones de derechos humanos. Es fundamental que las autoridades tomen medidas eficaces para investigar las denuncias de estas violaciones sin demora y de forma minuciosa, imparcial e independiente, de acuerdo a las estrictas normas internacionales que rigen estas investigaciones. Las actuaciones judiciales contra los perpetradores deben desarrollarse de acuerdo con las normas internacionales y regionales sobre garantías procesales y sin recurrir a la pena de muerte;



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abAsegurarse de que todas las iniciativas de reforma se observan y evalúan. La observación de la repercusión de estas iniciativas es fundamental para asegurarse de que se están cumpliendo los objetivos y de que los recursos están correctamente asignados.

Garantizar un desempeño profesional e imparcial de las tareas policiales




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abPoner fin al uso político de la policía. Los gobiernos deben dejar de utilizar a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley con fines políticos, como reprimir reuniones públicas pacíficas y perseguir a los partidos de oposición, las organizaciones no gubernamentales y las minorías, incluidos gays y lesbianas. Todos los agentes deben recibir instrucciones claras y explícitas de respetar los derechos humanos de todos, independientemente de sus opiniones políticas, identidad sexual, religión, origen étnico, sexo, color, idioma, etc.;



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abTomar medidas para mejorar las condiciones de trabajo de los policías y los recursos de que disponen para que puedan llevar a cabo sus funciones de forma profesional.


Proporcionar formación eficaz




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abGarantizar que todos los policías reciben una formación en derechos humanos que sea práctica, pertinente para el trabajo policial y basada en normas internacionales y regionales de derechos humanos. La formación de la policía en las siguientes áreas debe basarse siempre en normas de derechos humanos y estar encaminada a garantizar los más altos niveles en el ejercicio profesional. La formación debe prestar la debida atención a la obligación de respetar los derechos humanos de grupos vulnerables, como las mujeres y los niños.

> Mantenimiento del orden público. El uso de la fuerza y las armas de fuego en la actuación de la policía para mantener el orden público debe ajustarse a las normas internacionales. Los agentes deben aprender técnicas que les permitan utilizar la fuerza y las armas de fuego de acuerdo a los principios de necesidad y proporcionalidad. Sólo deberán usar medios letales cuando sea estrictamente inevitable como último recurso a fin de proteger la vida. Este componente de la formación debe ir asociado a un programa para revisar el material que se encuentra a disposición de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley a fin de asegurarse de que les permiten realizar las tareas policiales de acuerdo con estos principios;

> Procesos de detención y reclusión. La policía debe efectuar detenciones utilizando la menor fuerza necesaria de forma coherente con la prohibición de la tortura y los malos tratos. La formación debe basarse en normas internacionales y regionales de derechos humanos relativas al uso de la fuerza y al trato de detenidos o presos;

> Interrogatorio de los presuntos delincuentes. La formación sobre «actuación en el lugar del crimen», recopilación, análisis y conservación de pruebas y otros aspectos de la investigación de presuntos delitos, como técnicas de entrevista y toma de declaración de sospechosos y testigos, debe estar concebida a fin de desarrollar la capacidad de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y de la policía para reconstruir un caso de forma eficaz que evite recurrir a la coacción;

> Víctimas del delito. Debe facilitarse formación para entrevistar a quienes denuncian abusos contra los derechos humanos, especialmente en denuncias de violación y violencia doméstica. Esta formación debe ir unida a otras iniciativas destinadas a elevar el nivel de los exámenes médicos forenses de los sobrevivientes;



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abGarantizar una observación y evaluación eficaces de los programas de formación. Los criterios para evaluar el éxito de estos programas —incluida la evaluación de la comprensión que tienen los alumnos de las normas de derechos humanos y su compromiso con ellas— deben quedar fijados al inicio del programa para asegurarse de que se aprenden lecciones de programas previos y que éstas se incorporan a futuras iniciativas de formación;



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abGarantizar que a los centros de formación policial acuden de forma fiable y continuada formadores experimentados. Esto incluye la formación de alta calidad de formadores en el ámbito nacional o regional o la firma de acuerdos de cooperación sostenibles entre las instituciones de formación de la policía y otros organismos;



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abTodas las iniciativas de formación y reforma deben estar vinculadas a la creación de mecanismos eficaces de rendición de cuentas.


Crear acuerdos de cooperación




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abTodos los proyectos que implican la cooperación de la sociedad civil con organizaciones policiales deberán basarse en normas internacionales y regionales de derechos humanos;



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abLos proyectos e iniciativas no gubernamentales encaminadas a fomentar la seguridad de la comunidad respetando las normas de derechos humanos deben ser fomentados y apoyados por organismos donantes;



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abEl patrocinio por parte de negocios y empresas de iniciativas contra el delito debe ser fomentado siempre que contribuya a la promoción de las normas internacionales de derechos humanos y no aumente las disparidades en cuanto a los recursos disponibles para la actuación policial en zonas ricas y pobres;



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abTodas las policías deben procurar acuerdos de cooperación con la sociedad civil que garanticen una mejor notificación y actuación sobre los delitos de violación y violencia doméstica;



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abLos gobiernos deben reconocer los conocimientos y la contribución de las organizaciones no gubernamentales y otros grupos de la sociedad civil a la formación de la policía y buscar la forma de fortalecer estas relaciones.


Reformas concretas


Amnistía Internacional pide a los gobiernos y autoridades policiales de los países de la Comunidad de Desarrollo Económico del África Austral que tomen las siguientes medidas:


Reformas legales



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abDemostrar su compromiso con la protección y promoción de los derechos humanos para todos los ciudadanos ratificando tratados internacionales que contienen salvaguardias contra violaciones de estos derechos. He aquí los tratados importantes que aún no han sido firmados o ratificados por algún país de la Comunidad de Desarrollo Económico del África Austral:

> Convención de la ONU contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (Angola, Suazilandia, Tanzania y Zimbabue);

> Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Suazilandia);

> Convención de la ONU sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (Suazilandia);



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abAsegurarse de que la tortura está tipificada como delito en sus legislaciones nacionales. Se trata de una clara obligación en virtud del artículo 4 de la Convención contra la Tortura, que algunos Estados Parte aún no han cumplido (Botsuana, Lesoto, Malawi, Mauricio, Mozambique, Namibia, Sudáfrica y Zambia);



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abRevocar o enmendar leyes que permiten el uso en cualquier actuación judicial de cualquier declaración o prueba conseguida mediante tortura o malos tratos, excepto como prueba contra la persona acusada de la tortura o los malos tratos. Los países cuyas leyes de procedimiento penal permiten que este tipo de pruebas se utilice en casos penales o que no prohíben su uso son Botsuana, Lesoto, Malawi y Zambia;



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tab Amnistía Internacional

abRevocar o enmendar leyes que permiten la detención en régimen de incomunicación o la detención prolongada sin juicio, o que anulan la jurisdicción de los tribunales para la determinación de fianzas. Estas leyes son:

> Ley de Detención Preventiva de 1992 (Angola);

> Ley de Drogas Peligrosas de 1986 y la Ley de Prevención del Terrorismo de 2002 (Mauricio);

> Código de Procedimiento Penal de 1929 (Mozambique);

> Orden sobre delitos sin fianza de 1993 y sus posteriores enmiendas (Suazilandia)



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abGarantizar que las disposiciones relativas al uso por parte de la policía de medios letales en Constituciones, leyes nacionales o normativas están en consonancia con las normas internacionales de derechos humanos. Las Constituciones que no limitan adecuadamente el uso de medios letales son las de Botsuana, Lesoto, Zambia y Zimbabue. Asimismo, las leyes nacionales de todos los países deben ser modificadas en caso necesario para garantizar que reflejan los principios de necesidad y proporcionalidad en el uso de la fuerza;



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abRevocar o enmendar leyes que limitan la libertad de conciencia y de expresión y el derecho a reunirse pacíficamente y a asociarse. Estas leyes, especialmente evidentes en Suazilandia y Zimbabue, niegan derechos humanos fundamentales y pueden facilitar el uso político de la policía.


Mecanismos de supervisión y rendición de cuentas


Establecer órganos eficaces, adecuadamente dotados e independientes que estén facultados para investigar denuncias contra la policía, incluidas denuncias sobre violaciones de derechos humanos perpetradas por los agentes y sobre la pasividad de la policía a la hora de investigar otros abusos contra los derechos humanos. Estos órganos deben ser accesibles a todas las víctimas de violaciones de derechos humanos y rendir cuentas públicamente.


> Varios países no tienen órganos que cumplan el criterio anterior (Angola, Botsuana, Mauricio, Mozambique, Suazilandia, Zambia y Zimbabue;

> La Oficina de Denuncias contra la Policía de Zambia, creada en virtud de la Ley de Policía de 1999, y el defensor del pueblo (ombudsman) de Angola, establecida por la Constitución, deben convertirse en realidad lo antes posible;

> La Ley de Policía de 1998 de Lesoto debe modificarse o entrar en vigor nuevas leyes que permitan a los ciudadanos acceder directamente a la Oficina de Denuncias contra la Policía y asegurarse de que se toman medidas como resultado de sus investigaciones;

> El gobierno de Sudáfrica debe demostrar su compromiso con la supervisión independiente de la policía asegurándose de que la Dirección Independiente de Denuncias contra la Policía dispone de los recursos adecuados y de las facultades necesarias para poder funcionar de forma eficaz y creíble en la investigación de denuncias de violaciones de derechos humanos a manos de la policía y desempeñar sus nuevas obligaciones en relación con la Ley sobre Violencia Doméstica y la supervisión de los servicios de policía metropolitana. El gobierno y el Parlamento nacional deben apoyar el proceso de establecer la Dirección Independiente de Denuncias sobre una base legislativa independiente para perfeccionar su independencia institucional;



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abPoner en marcha medidas que faciliten y permitan a los órganos de supervisión acceder a los informes de forenses independientes en la investigación de denuncias de violaciones de derechos humanos a manos de la policía.


Formación


Asegurarse de que la formación en derechos humanos es un componente permanente de los programas de formación de la policía que se imparten en todos los niveles, y que el compromiso con la formación en derechos humanos se refleja en los planes y presupuestos de la policía.




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abAngola debe examinar y revisar los programas de formación policial con vistas a incorporar la formación en derechos humanos a toda la formación pertinente;



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abLa formación en derechos humanos debe integrarse plenamente en los programas de formación para los nuevos agentes en Mozambique y en todos los programas de formación avanzada y especializada pertinentes, incluida la formación sobre orden público, control de multitudes y técnicas de investigación;



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abLas autoridades policiales de Namibia deben integrar la formación en derechos humanos en todos los programas de formación policial basándose en el Manual de Derechos Humanos de la Policía de Namibia. Además, deben revisar con carácter de urgencia la formación de la Fuerza Especial de Campaña (policía paramilitar) y asegurarse de que todos los agentes, tanto antiguos como recién incorporados, reciben una amplia formación en derechos humanos. Debe asignarse a la formación en derechos humanos los recursos económicos y humanos adecuados;



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abEl gobierno y las autoridades policiales de Sudáfrica deben asegurarse de que todos los agentes reciben una formación adecuada respecto a sus funciones y responsabilidades con relación a la Ley sobre Violencia Doméstica;



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abLas autoridades policiales de Suazilandia deben asegurarse de la plena incorporación de la formación en derechos humanos en el plan de estudios de formación de la policía;



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abLas autoridades policiales de Tanzania deben asegurarse de que los derechos humanos se incorporan plenamente a la formación de nuevos agentes;



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abZambia debe poner en marcha un amplio plan para asegurarse de que todos los agentes de policía en activo reciben una formación de suficiente calidad y duración sobre derechos humanos y sobre la Convención contra la Tortura. El efecto y la eficacia de este tipo de formación debe controlarse cuidadosamente.




NOTAS FINALES


1 Los países que incluye este informe son Angola, Botsuana, Lesoto, Malawi, Mauricio, Mozambique, Namibia, Suazilandia, Sudáfrica, Tanzania, Zambia y Zimbabue, todos miembros de la organización intergubernamental Comunidad de Desarrollo Económico del África Austral.

2 Asamblea General de las Naciones Unidas, resolución 34/169 del 17 de diciembre de 1979, por la que se adopta el Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, subpárrafo a) (www.un.org/documents/ga/res/34/a34res169.pdf).

3 Índice AI: AFR 03/002/1997/s. Para documentos de Amnistía Internacional traducidos al español, véase <http://www.edai.org/centro/news.html>. Para el resto de los documentos de la organización, véase <http://www.amnesty.org>.

4 Ralph Crawshaw y Leif Holmström, compiladores, Essential Texts on Human Rights for the Police: A Compilation of International Instruments, Kluwer Law International, La Haya, 2001, p. 3.

5 Anthony Minnaar, «An analysis of attacks on and murder of members of the South African Police Service: Searching for preventative and protective strategies». Documento presentado en el Décimo Simposio Internacional sobre Victimología, Montreal, Canadá, 6-11 de agosto de 2000, pp. 4-7.

6 Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, de las Naciones Unidas, adoptada por la Asamblea General de este organismo en 1984 y en vigor desde 1987. Los textos de éste y otros tratados y normas internacionales de derechos humanos pueden consultarse en la página web de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos <www.unhchr.ch/spanish/html/intlinst_sp.htm>.

7 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículos 9 y 14), adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1966 y en vigor desde 1976; Carta Africana (artículo 6), adoptada por la Organización de la Unidad Africana en 1981 y en vigor desde 1986.

8 Crawshaw y Holmström, Essential Texts on Human Rights for the Police, pp.10-11; Amnistía Internacional, Acabar con la impunidad. Justicia para las víctimas de tortura(Índice AI : ACT 40/024/2001/s), de noviembre de 2001, capítulos 5 y 6; preámbulo del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, Doc. ONU A/CONF.183/9.

9 Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley (principios 4, 5 y 9), adoptados por el Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en La Habana, Cuba , en 1990.

10 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 6), Carta Africana (artículo 4).

11 Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley (principio 2).

12 Informes de CNE (www.icd.gov.za): ICD and the Centre for the Study of Violence and Reconciliation (CSVR), Informe sobre el seminario The prevention of deaths as a result of police action and in police custody, Pretoria, 14 de abril de 2000.

13 Declaración Universal de Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de la ONU en 1948.

14 Código Internacional de Conducta para los Titulares de Cargos Públicos (artículo 1) (www.un.org/documents/ga/res/51/a51r059), adoptado por la Asamblea General de la ONU en su resolución 51/59 del 12 de diciembre de 1996.

15 Código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley (http://www.unhchr.ch/spanish/html/menu3/b/h_comp42_sp.htm), adoptado por la resolución 34/169 de la Asamblea General de las Naciones Unidas el 17 de diciembre de 1979.

16 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículos 18 y 19).

17 The elections in Zanzibar, United Republic of Tanzania, 29 October 2000, Informe del Grupo de Observadores de la Commonwealth.

18 Declaración de la misión de observación del Foro Parlamentario de la Comunidad de Desarrollo Económico del África Austral para las elecciones presidenciales de Zimbabue, 13 de marzo de 2002.

19 Informe preliminar del Grupo de Observadores de la Commonwealth para las elecciones presidenciales de Zimbabue, 14 de marzo de 2002.

20 ICCPR (artículos 12 y 22).

21 Principios Básicos sobre el Uso de la Fuerza y de Armas de Fuego por Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley (principios 13 y 14).

22 The Proclamation of Provision for the Protection of Public Peace and Order at Public Gatherings, No. AG 23 de 1989.

23 The Post(Lusaka), 3 de enero de 2002.

24 Guardian(Suazilandia), 25 de octubre de 2001.

25 Estatuto Nacional de la Policía (artículo 1), Angola, decreto 20/93, 11 de junio de 1993.

26 Derechos a la libertad y a un juicio justo y la prohibición de detención y reclusión arbitrarias: Declaración Universal de Derechos Humanos (artículos 3, 9, 10); Carta Africana (artículos 6, 7); Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 9). Derecho a la intimidad: Declaración Universal de Derechos Humanos (artículo 12); Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 17). Libertad de asociación: Declaración Universal de Derechos Humanos (artículo 20); Carta Africana (artículo 10); Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 22). Libertad de reunión: Declaración Universal de Derechos Humanos (artículo 20); Carta Africana (artículo 11); Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 21). Derecho a la vida: Declaración Universal de Derechos Humanos (artículo 3); Carta Africana (artículo 4); Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 6).

27 Derecho a la presunción de inocencia: Declaración Universal de Derechos Humanos (artículo 11); Carta Africana (artículo 7); Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 14). Derecho a igualdad ante la ley: Declaración Universal de Derechos Humanos (artículo 7); Carta Africana (artículo 3); Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 14). Prohibición de la tortura: Declaración Universal de Derechos Humanos (artículo 5); Convención contra la Tortura; Carta Africana (artículo 5); Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 7)..

28 Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos, adoptadas por el Primer Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, de 1955; Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión, adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, Resolución 43/173 del 9 de diciembre de 1988; Principios Básicos de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos, adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, Resolución 45/111, del 14 de diciembre de 1990.

29 Observaciones Finales del Comité contra la Tortura: Mauricio, 5 de mayo de 1999, A/54/44 párrafos 118-123; Namibia, 6 de mayo de 1997, A/52/44, párrafos 227-252; Zambia, 23 de noviembre de 2001, CAT/C/XXVII/Concl. 4.

30 Según el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 40), los Estados deben presentar informes al Comité de Derechos Humanos, el primero un año después de la entrada en vigor del Pacto y a partir de entonces a petición del Comité. Según la Convención contra la Tortura (artículo 19), deben presentar el informe inicial ante el Comité contra la Tortura un año después de la entrada en vigor de la Convención y a partir de entonces cada cuatro años. Según la Carta Africana (artículo 62), los Estados deben presentar informes ante la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos cada dos años.

31 Véase también Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión (principio 7); Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos, párrafos 31-33.

32 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 4); Convención contra la Tortura (artículo 2).

33 The State v. Michael Matroos, Tribunal Superior de Namibia, 1992.

34 Véase el Programa de 12 puntos para la prevención de la tortura a manos de agentes del Estado, en el documento de Amnistía Internacional ¡Actúa ya! Tortura, nunca más(Índice AI: ACT 40/013/2000/s).

35 Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos (reglas 91 y 92); Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión (principios 18 y 19); Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 14).

36 Comisión de Derechos Humanos, Resolución 2001/62, párrafo 10; Comité de Derechos Humanos, Observación General 20, párrafo 11; Asamblea General de las Naciones Unidas, Cuestión de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, nota del secretario general, Informe del relator especial sobre la cuestión de la tortura, A/56/156, párrafo 39.

37 Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos (regla 7); Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión (principio 12).

38 Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión (principio 23)

39 Informe sobre la misión del relator especial sobre la independencia de jueces y abogados, Doc. ONU E/CN.4/1998/39/add.4, párrafo 47, 5 de marzo de 1998

40 Véase el Informe del relator especial sobre la cuestión de la tortura, Doc. ONU E/CN.4/2001/s/66, párrafos 1,307-1,316; A/56/156, párrafo 34.

41 Convención contra la Tortura, (artículo 15); Comité de Derechos Humanos, Observación General 20, párrafo 12.

42 Convención contra la Tortura (artículo 12).

43 S v. Zuma and others1995 (2) SA 642 (CC).

44 Conclusiones y recomendaciones del Comité contra la Tortura: Zambia, 23 de noviembre de 2001, CAT/C/XXVII/Concl.4.

45 Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley (artículo 3); Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley (principios 5 y 9).

46 Walters v. State, CCT 2801, noviembre de 2001.

47 Resolución 56/143, 19 de diciembre de 2001, párrafo 2.

48 Hugo Rodríguez v. Uruguay, 19 de julio de 1994, párrafo 12.3; Comité de Derechos Humanos, Observación General 20, párrafo 14.

49 Por ejemplo, el Comité de Derechos Humanos, creado para observar el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos por los Estados Parte, ha afirmado: «la obligación en virtud del Pacto no se limita al respeto de los derechos humanos, sino que los Estados Partes también se han comprometido a asegurarse de que todas las personas bajo su jurisdicción los disfrutan» (Observación General 3: 29/07/81). La traducción de la cita es de EDAI. (www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf).

50 Principios Relativos a la Investigación y Documentación Eficaces de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, adoptados por la Asamblea General de las Naciones Unidas, Resolución 56/143 de 19 de diciembre de 2001, párrafo 3.

51 Principios relativos a una eficaz prevención e investigación de las ejecuciones extralegales, arbitrarias o sumarias, recomendados por la Resolución 1989/65 del ECOSOC de 24 de mayo de 1989.

52 Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley; Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley.

53 Véase Instituciones Nacionales de Derechos Humanos: Recomendaciones de Amnistía Internacional para la protección y la promoción efectivas de los derechos humanos, (Índice AI : IOR 40/007/2001/s).

54 Tomado de la página web de la policía de Mauricio (http://ncb.intnet.mu/pmo/police/divisions/units/cib/index.html).

55 Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas, CAT/C/47/ADD.2.

56 Profesor Daniel Nsereko, The Botswana Constitutional Law, en International Encyclopaedia of Laws, Kluwer Law International, La Haya, 2001, p.249.

57 Según el artículo 11.1 de la Ley 16 de 1982, enmendada por la Ley 1 de 1989.

58 Según la Ley de Policía de Sudáfrica, Núm. 68 de 1995.

59 Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Manual on Human Rights Training Methodology(ISSN 1020-16888). La traducción de la cita es de EDAI. (www.unhchr.ch/html/menu6/2/train).

60 Este apartado se basa en los siguientes documentos: Professional Training Series No. 5, Human Rights and Law Enforcement: A Manual on Human Rights Training for the Police, de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ISBN 92-1-154105-0) (www.unhchr.ch/html/menu6/2/train); Cees de Rover, To Serve and to Protect: Human Rights and Humanitarian Law for Police and Security Forces, Comité Internacional de la Cruz Roja, Ginebra 1998; Amnistía Internacional, Guía de 12 puntos para la formación y la educación en derechos humanos de los funcionarios del Estado,(Índice AI : ACT 30/001/1998/s).

61 Véase también Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley (principio 20).

62 Como el Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley y los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley

63 Keith Biddle, Ian Clegg y Jim Whetton, Evaluation of ODA/DfID Support to the Police in Developing Countries: A Synthesis Study, Centre for Development Studies, University of Wales, Swansea.

64 Government of the Republic of South Africa, National Secretariat of Safety and Security (1996), Guidelines on Community Policing, p. 4.

65 Confirmado a Amnistía Internacional por la Oficina de Denuncias y Asuntos Disciplinarios de la Policía durante un debate sobre el trato a las víctimas, diciembre de 2001.

66 Véase Practical Guide to Partnership Policing, Institute of Security Studies, Pick 'n Pay and South African Police Service, 1996, y posteriores revisiones.

67 Proteger nuestras vidas. El trabajo policial en la comunidad en Malawi, vídeo de 35 minutos producido por Jenny Morgan en 2000 y patrocinado por Canon Collins Educational Trust for Southern Africa.

68 Jenny Irish, Policing For Profit, Institute of Security Studies, Pretoria, agosto de 1999.

69 Fear in the City, Urban Terrorism in South Africa, Institute for Security Studies Monograph No. 63, septiembre de 2001.

70 Fragmento de un discurso pronunciado por el presidente Benjamin Mkapa en la radio tanzana el 27 de abril de 2001.

71 “Police cause of lynching, Dar residents claim “, The Guardian (Dar es Salam), 1 de mayo de 2001.





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