Document - Africa: In search of safety: the forcibly displaced and human rights in Africa




África





















En busca de seguridad

Desplazados a la fuerza y derechos humanos en África



AMNISTÍA INTERNACIONAL

TRADUCCIÓN DE EDITORIAL AMNISTÍA INTERNACIONAL, ESPAÑA


Amnistía Internacionales un movimiento mundial de voluntarios que se esfuerza por prevenir algunas de las peores violaciones de derechos humanos que cometen los gobiernos. Amnistía Internacionaltrabaja principalmente para:


- obtener la libertad de todos los presos de conciencia, es decir, de las personas encarceladas en cualquier parte del mundo a causa de sus creencias o de su origen étnico, sexo, color, idioma, origen nacional o social, situación económica, nacimiento u otras circunstancias, siempre que tales personas no hayan recurrido a la violencia ni propugnado su uso;


- lograr que se juzgue con prontitud e imparcialidad a los presos políticos;


- conseguir la abolición de la pena de muerte y la erradicación de la tortura y otros tratos crueles a los presos;


- acabar con las ejecuciones extrajudiciales y las «desapariciones».


Amnistía Internacionalse opone también a los abusos de los grupos de oposición: a la toma de rehenes, a la tortura y homicidio de prisioneros, y a otros homicidios arbitrarios y deliberados.


Amnistía Internacional, reconociendo que los derechos humanos son indivisibles e interdependientes, se esfuerza por promover todos los derechos humanos consagrados en la Declaración Universal de Derechos Humanos y otras normas internacionales mediante programas de educación en derechos humanos y campañas para que se ratifiquen los convenios internacionales de derechos humanos.


Amnistía Internacionales imparcial. Es independiente de todo gobierno, ideología política y credo religioso. Ni apoya ni se opone a ningún gobierno o sistema político, ni tampoco apoya ni se opone a las opiniones de las víctimas cuyos derechos trata de proteger. Lo que pretende en cada caso particular es proteger los derechos humanos, sea cual sea la ideología de los gobiernos o de las fuerzas de oposición o las convicciones de las víctimas.


Amnistía Internacionalno clasifica a los gobiernos según su trayectoria en derechos humanos. No trata nunca de establecer comparaciones, sino que se esfuerza por poner fin a las violaciones de derechos humanos específicas de cada caso.


Amnistía Internacionalcuenta con aproximadamente un millón de miembros y suscriptores repartidos entre 162 países y territorios. Tiene 4.273 Grupos locales formalmente registrados en el Secretariado Internacional de la organización, y varios miles de grupos escolares, universitarios, profesionales y de otra índole en más de 80 países de África, América, Asia, Europa y Oceanía. Para asegurar la imparcialidad, cada grupo trabaja en casos y campañas de cualquier país excepto el propio, seleccionados por su diversidad geográfica y política. La investigación sobre las violaciones de derechos humanos corre a cargo del Secretariado Internacional de Amnistía Internacional. Ninguna Sección, Grupo o miembro ha de procurar información sobre su país, y ninguna Sección, Grupo o miembro tiene responsabilidad alguna en las acciones o declaraciones de la organización sobre su propio país.


Amnistía Internacionalmantiene relaciones de trabajo con el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (ecosoc); la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (unesco); el Consejo de Europa; la Organización de los Estados Americanos; la Organización de la Unidad Africana y la Unión Interparlamentaria (uip).


Amnistía Internacionalse financia con las donaciones y suscripciones de sus miembros en todo el mundo. Ni solicita ni acepta financiación de ningún gobierno. Para salvaguardar la independencia de la organización, todas las contribuciones están estrictamente controladas por las directrices del Consejo Internacional de la organización.









Fotografía de la portada: Los refugiados expulsados por la fuerza de Tanzania a finales de 1996 se enfrentan a un futuro incierto en Ruanda. © AP


ÍNDICE




1. Introducción 1


Refugiados y desplazados internos 3

La crisis de la protección 5

Amnistía Internacional y los refugiados 7


2. Las causas del desplazamiento 8


La región centroafricana de los Grandes Lagos 9

La tragedia liberiana 13

El reto de los derechos humanos 15


3. Los desplazados internos 16


Sudán: abusos y discriminación 17

Avances 21


4. Todavía en peligro 23


Garantizar el asilo 23

Campos de refugiados 24

Abusos contra mujeres refugiadas 28


5. Repatriación forzada y repatriación voluntaria 29


Repatriación forzada a Ruanda 30

Repatriación voluntaria 33

Resolución de los conflictos 35


6. Conclusiones y recomendaciones 37



Notas finales 44
























































Título original:

AFRICA

In search of safety

The forcibly displaced and human rights in Africa



Amnistía Internacional

Secretariado Internacional

1 Easton Street

Londres WC1X 8 DJ

Reino Unido

web site: http://www.amnesty.org


Fecha de publicación:

20 de junio de 1997

AFR 01/05/97/s



ÁFRICA


En busca de seguridad

Desplazados a la fuerza y derechos humanos en África



Un niño desplazado recoge leña en Somalia. © Oxfam





1. Introducción


Más de 20 millones de personas se han visto desplazadas a la fuerza de sus hogares en África. Alrededor de la cuarta parte de ellas son refugiados que han recibido asilo en territorios extranjeros, por lo general en un Estado vecino. El resto (se calcula que 16 millones) viven en otras zonas de su propio país como desplazados internos.


La mayoría de estos desplazados no se caracterizan por nada especial, excepto por su sufrimiento. Tanto si se han refugiado en territorios extranjeros como si continúan en su propio país, son personas que han tenido la desgracia de vivir en determinado lugar en un mal momento, de pertenecer a cierto grupo étnico o de haber apoyado a determinada facción política. La mayoría son mujeres y niños, pero cualquiera puede convertirse en desplazado.


Las razones por las que las personas se ven obligadas a abandonar sus hogares, comunidades y tierras en busca de seguridad son complejas. En casi todos los casos se entremezclan, reforzándose mutuamente, factores como la represión, la violencia social, los conflictos armados, la pobreza y el desplazamiento forzado. No obstante, la causa directa de la huida es casi siempre el peligro de sufrir abusos y violaciones de derechos humanos.


Las personas que huyen lo hacen por temor a la detención arbitraria y a la tortura, y también porque tienen amigos o familiares «desaparecidos»; pero la mayoría huyen porque, en las guerras que asuelan África, cada vez es más frecuente que las víctimas de las acciones militares sean fundamentalmente civiles.


En los últimos 15 años han perdido la vida en guerras millones de civiles africanos. Muchos murieron como consecuencia del hambre provocada por las acciones de los gobiernos y de los grupos armados de oposición. A muchos otros les mataron indiscriminadamente o los ejecutaron extrajudicialmente. Por temor a correr esta suerte es por lo que han huido millones de personas más. En países como Angola, Burundi, Liberia, Ruanda, Sierra Leona, Somalia, Sudán, Uganda y Zaire tanto las fuerzas gubernamentales como los grupos armados de oposición han lanzado ataques contra la población civil. Los gobiernos y las facciones políticas explotan cada vez más las diferencias étnicas para granjearse apoyo y definir al enemigo. Esta actitud hace que se identifique como objetivos bélicos a comunidades y poblaciones enteras


Aunque de manera menos extrema que la guerra propiamente dicha, los abusos y violaciones de derechos humanos también son causa de desplazamiento forzado en todo el continente. En Kenia, la violencia étnica fomentada por el Estado provocó en 1991 y 1992 más de 1.500 muertes, así como el desplazamiento interno de alrededor de 300.000 personas. Unos 240.000 refugiados salieron de Togo en 1993 huyendo de una campaña emprendida por el gobierno para reprimir la reforma democrática. En algunas partes de Sudán afectadas por la guerra sólo de manera indirecta, los sindicalistas, los estudiantes y los activistas políticos están constantemente expuestos a ser detenidos; desde 1989 han huido del país millares de personas.


Los gobiernos olvidan a menudo que las víctimas del desarraigo tienen los mismos derechos básicos que los demás seres humanos. Los desplazados padecen la más extrema pobreza. Sin casa y sin sustento, a menudo dependen de las comunidades a cuyas tierras se han trasladado, las cuales con frecuencia son también tan pobres que carecen de recursos para compartir. Asimismo, están a merced de quienes controlan el territorio donde se encuentran y, lamentablemente, los abusos y violaciones de derechos humanos contra los refugiados y los desplazados internos, los miembros más marginados y desatendidos la sociedad, son muy comunes.


La reacción internacional al problema de los refugiados en África consiste, por lo general, en centrarse en sus necesidades humanitarias, sin considerar las causas de su huida. Si bien es necesario proporcionar medios de vida a los refugiados, tal solución no es suficiente. Los gobiernos no pueden eludir la responsabilidad de abordar cuestiones tan fundamentales como son los problemas de derechos humanos y los procesos políticos que provocan el desplazamiento forzado.


En este informe se exponen las causas del desplazamiento forzado en África, así como lo especialmente vulnerables que son los refugiados y los desplazados internos africanos a los abusos y violaciones de derechos humanos. Se destaca el hecho de que no se haya dado prioridad suficiente a las cuestiones de derechos humanos en la búsqueda de soluciones a los problemas de los refugiados, a menudo por conveniencia política y económica. Asimismo, en el informe se pide a los gobiernos y a las instituciones internacionales que reafirmen su compromiso con la protección de los refugiados y desempeñen una función más activa en la defensa de los derechos de los desplazados internos.


El movimiento internacional de derechos humanos ha tardado mucho en adoptar la causa de los refugiados, y esta demora ha generado un distanciamiento entre las organizaciones que trabajan en favor de los refugiados y los organismos de derechos humanos. En el presente informe se insta a las organizaciones de derechos humanos que trabajan en África a buscar formas de contribuir a garantizar los derechos humanos de los desplazados forzosos.




Refugiados y desplazados internos


Más de cinco millones de hombres, mujeres y niños africanos son refugiados. Representan la tercera parte de la población total de refugiados del mundo. Un número al menos tres veces superior de personas viven en su propio país como desplazados internosInternally displaced persons: report of the Representative of the Secretary-General, Fancis Mading Deng (Desplazados internos: informe del representante del secretario general, Francis Mading Deng),presentado conforme a las resoluciones 1993/95 y 1994/68 de la Comisión de Derechos Humanos. Documento ONU E/CN.4/1995/50, 2 de febrero de 1995.


Los refugiados tienen derecho a recibir protección internacional. La Convención de las Naciones Unidas de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados (Convención de la ONU sobre los Refugiados) y su Protocolo de 1967 establecen el derecho de las personas a ser protegidas si están expuestas a sufrir persecución en su país de origen debido a su raza, religión, nacionalidad, grupo social o convicciones políticas.


En el caso de los refugiados de África se aplica también la Convención [de 1969 de la Organización de la Unidad Africana] que Regula los Aspectos Específicos de los Problemas de los Refugiados en África (Convención de la OUA sobre los Refugiados). Redactado al concluir las luchas contra la dominación colonial, este tratado regional hace posible la determinación colectiva de la condición refugiado. Esto significa que grandes grupos de refugiados que huyen de violaciones masivas de derechos humanos o de situaciones de violencia generalizada reciben protección sobre la base de su nacionalidad o su pertenencia a un determinado grupo étnico. Esta generosa y amplia norma es fundamental para salvaguardar la vida de millones de personasUn análisis incisivo y accesible de los derechos humanos y la Convención de la OUA sobre Refugiados esAfrican Exodus: refugee crisis, human rights and the 1969 OAU Convention, Comité de Abogados por los Derechos Humanos, Julio de 1995.. La existencia de ambas convenciones supone que la mayoría de los países africanos tienen que considerar el asunto del reconocimiento de la condición de refugiado por partida doble.


Hay países africanos que acogen a grupos muy numerosos de refugiados tomando como base su derecho a que se les reconozca colectivamente como tales. Sin embargo, a menudo se obliga a los recién llegados a permanecer en campos o asentamientos rurales de los que no pueden salir so pena de perder la condición de refugiados y de que se les trate como a inmigrantes ilegales. Muchos de ellos proceden de zonas rurales, pero hay también algunos de origen urbano que, obligados a permanecer en el lugar que les ha sido asignado, no tienen oportunidad de reanudar la forma de vida a la que se han visto forzados a renunciar. En el norte de Kenia, por ejemplo, en el remoto campo de refugiados de Kakuma, se encuentran confinados alrededor de 200 etiopes cultos de origen urbano. Muchos refugiados se trasladan a ciudades y centros de población importantes donde se hacen «invisibles». No se sabe cuantos refugiados viven ilegalmente en ciudades africanas, pero es probable que sean centenares de miles. Estas personas son vulnerables a la explotación, el hostigamiento y la expulsión. En Tanzania, por ejemplo, las autoridades han detenido y amenazado con la expulsión a varios centenares de refugiados zaireños que intentaron quedarse en ciudades o centros de población importantes.


Además de la determinación como grupo, existen procedimientos de concesión individual de asilo, en los que se consideran las solicitudes una a una, pero con frecuencia son tremendamente complicados y en absoluto satisfactorios. A menudo, los solicitantes de asilo no tienen acceso a asesoramiento ni representación independientes, ni tampoco posibilidades reales de ejercer el derecho de apelación si se rechaza su solicitud.


Como en otras partes del mundo, en Africa se han evitado los procedimientos de determinación individual de la condición de refugiado en el caso de líderes políticos que, de haberse aplicado estos procedimientos, no hubieran tenido ninguna posibilidad de que se les ofreciera protección debido a las violaciones de derechos humanos de que eran responsables. Por ejemplo, a Mengistu Haile-Mariam, de Etiopía, se le concedió asilo en Zimbabue; Milton Obote, de Uganda, vive en Zambia desde 1985; Hissein Habré, de Chad, consiguió asilo en Senegal, y el difunto Siad Barre, de Somalia, recibió protección en Kenia, y después en Nigeria.


La protección que se ofrece a las personas reconocidas como refugiados varía de un país a otro. El marco legal oscila entre una minuciosa legislación sobre refugiados y un completo silencio sobre el asunto. Y también hay diferencias en la rigurosidad con que los gobiernos africanos aplican las normas sobre derechos humanos en el trato que ofrecen a los refugiados.


Existe un organismo internacional encargado de garantizar que se satisfacen las necesidades de protección y de ayuda de los refugiados, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). Para realizar su trabajo, este organismo ha de tener acceso a las comunidades de refugiados, y el acceso depende de la cooperación y la buena voluntad de los Estados que han acogido a los refugiados. Asimismo, para su financiación, el ACNUR depende en gran medida de gobiernos occidentales donantes de ayudaEn 1996, las diez mayores contribuciones fueron las de EE.UU., Unión Europea, Japón, Suecia, Dinamarca, Países Bajos, Reino Unidos, Noruega, Suiza y Alemania. . Esta dependencia de los gobiernos puede, a veces, impedirle adoptar públicamente una postura firme sobre problemas de protección y afectar a la energía con que desempeña su mandato en este asunto.


No hay ningún tratado ni organización internacional semejante al ACNUR que se ocupe específicamente de ofrecer ayuda y protección a los 16 millones de desplazados internos africanos. Los gobiernos suelen ser reacios a aceptar la supervisión internacional del trato que ofrecen a los refugiados, e incluso se muestran claramente hostiles a la participación internacional a la hora de prestar ayuda y protección a los desplazados internos, que son ciudadanos suyos. Por consiguiente, muchas poblaciones de desplazados internos están fuera del alcance de las organizaciones internacionales.


No cabe duda de que es necesario garantizar mejor protección a los desplazados internos, pero las soluciones son complejas y plantean problemas prácticos y políticos. Quienes trabajan en favor de los refugiados temen, no sin razón, que tanto los gobiernos donantes de ayuda como los que acogen a refugiados se sirvan de las iniciativas de ayuda a los desplazados internos para incumplir las obligaciones internacionales para con los refugiados, impidiendo a las personas que huyen pasar a otro país.


La historia de la migración forzada en África comenzó hace siglos. La situación existente en los Estados precoloniales provocaba a menudo desplazamientos masivos de personas que huían de gobernantes represivos aprovechando la baja densidad de población y la ausencia de fronteras políticas formalesThe Cambridge Survey of World Migration, Robin Cohen, ed., Cambridge University Press, 1995.. La trata de esclavos fue causa no sólo de la salida del continente de millones de africanos a los que se llevó a trabajar a las plantaciones del Nuevo Mundo y a los ejércitos de esclavos de Oriente Medio, sino también del desplazamiento forzado de incontables comunidades africanas que huían de los traficantes de esclavos. La colonización del continente por las potencias europeas también provocó desplazamientos masivos, seguidos por la generalización del trabajo forzado en plantaciones y minas. Las fronteras artificiales impuestas por las potencias europeas, que dividieron comunidades y zonas en las que tradicionalmente había movimientos estacionales de población, siguen siendo un factor que complica la situación.


Después de la independencia, los políticos nacionalistas de diversos países recurrieron a la expulsión masiva de «extranjeros» para granjearse el apoyo popular. En las últimas décadas se ha producido una desastrosa decadencia económica en el África subsahariana, que ha agudizado la represión, la desestabilización política y el riesgo de guerra civil. Con el fin de la guerra fría, la importancia estratégica mundial de África ha declinado. Han surgido nuevas oportunidades de democratización, pero se han generalizado la inseguridad política y los conflictos armados. En algunas partes del continente, tales como Liberia, Somalia y Sudán, el Estado como entidad es prácticamente inexistente, y el territorio nacional se haya divido en parcelas controladas por facciones armadas rivales.


Las optimistas previsiones de un fin inminente del desplazamiento de millones de personas en África se han esfumado. En su lugar, los gobiernos y las poblaciones de todos los países africanos que acogen a refugiados sólo ven ya el peligro de que estallen nuevos conflictos internos y de que los que se desarrollan en África Central, Sudán y Liberia degeneren en auténticas guerras internacionales. En todos estos conflictos pierden la vida muchos hombres, mujeres y niños.






Refugiados ruandeses en Zaire. © Howard J. Davies


La crisis de la protección


El régimen internacional que garantiza la protección de los refugiados se encuentra amenazado. A lo largo de la historia, la mayoría de los países y comunidades africanas han dado siempre a los desplazados una respuesta generosa, reflejo del valor que se concede en África a la hospitalidad y de la existencia de arraigados vínculos étnicos, políticos y culturales entre los refugiados y las comunidades que les acogen. Incluso en situaciones económicas y sociales problemáticas, los africanos han dispensado un recibimiento tan generoso que a menudo han hecho sentirse avergonzados a países industrializados más ricos. Malawi, por ejemplo, país con menos de 10 millones de habitantes, alojó hasta hace unos años a una población de 1.100.000 refugiados según datos oficiales.


Sin embargo, esta hospitalidad se ha ido erosionando en los últimos años. Algunos gobiernos africanos han cerrado sus fronteras a personas que temían perder la vida. Han devuelto a su país de origen a refugiados a los que, en algunos casos, han matado al llegar allí. A otros refugiados les han coaccionado, reduciéndoles las provisiones y negándoles otros derechos básicos, para que se marcharan. En algunos países africanos existe xenofobia desde hace mucho tiempo, por ejemplo contra los ugandeses y los somalíes en Kenia, o contra los montañeses etíopes en las ciudades del norte de Sudán. Pero la hostilidad hacia los refugiados parece ir en aumento, y ahora se les culpa de los problemas económicos, de seguridad, medioambientales y sociales.


El número de africanos que solicitan asilo fuera de África es sólo una pequeña parte del total de desplazados forzosos del continente. Los que lo hacen se enfrentan a menudo a la hostilidad y al racismo en un clima de creciente resistencia oficial a acoger a refugiados. Los países industrializados ricos, en teoría protectores de los derechos de los refugiados, en la práctica cierran sus fronteras a los relativamente pocos solicitantes de asilo que intentan cruzarlasVéase el documento de Amnistía InternacionalRefugiados: los derechos humanos no tienes fronteras (Índice AI: ACT 34/03/97/s), 1997.. Mientras tanto, estos mismos Estados se muestran reacios a ofrecer el apoyo necesario a países con menos recursos económicos que, como Tanzania, acogen a poblaciones inmensas de refugiados y no tienen todavía ningún mecanismo internacional que les compense por tan enorme responsabilidad.


El hecho de que los gobiernos del mundo estén cada vez menos dispuestos a cumplir sus obligaciones para con los refugiados afecta también al ACNUR, que se enfrenta a una falta de apoyo internacional a su labor de protección. Amnistía Internacional cree que en el programa de trabajo de este organismo predominan y destacan cada vez más sus actividades de ayuda humanitaria.


La mejor solución al desplazamiento forzado es impedir, en primer lugar, que las personas se vean obligadas a huir. Sin embargo, a menos que estén directamente amenazados sus intereses estratégicos, los gobiernos no adoptarán medidas para proteger a esas personas antes de que se produzca una emergencia.


El deterioro de la situación de los derechos humanos es un primer aviso de tensiones políticas que pueden dar lugar a que las personas se vean obligadas a huir. Pero, por desgracia, raras veces se presta atención a los informes de la ONU y de la OUA sobre derechos humanos, y menos caso se hace aún a los que elaboran los grupos no gubernamentales de derechos humanos. En agosto de 1993, el relator especial de la ONU sobre ejecuciones sumarias o arbitrarias informó acerca de la pauta de homicidios existente en Ruanda y propuso medidas radicales, pero prácticas, para proteger a los civiles de las matanzas. En general, se hizo caso omiso del informe, y en abril de 1994 comenzó el genocidio de Ruanda.


Una vez que el desplazamiento ha tenido lugar no se puede buscar una solución ocupándose únicamente de la logística de la ayuda humanitaria, sin considerar los motivos por los que las personas se han visto obligadas a huir. Si la causa del desplazamiento han sido los abusos y violaciones de derechos humanos, la solución radica en establecer el respeto a estos derechos. A fin de crear las condiciones de seguridad necesarias para el regreso de los desplazados a sus hogares, muchos países africanos precisan de un apoyo constante que les permita llevar a cabo largos y complejos procesos de reconciliación y reconstrucción. Sin embargo, en vez de abordar el problema del desplazamiento forzado como parte de un proceso con dimensiones políticas y de derechos humanos, los gobiernos aplican por lo general un enfoque limitado y a corto plazo, que les resulta más conveniente.


Las recientes crisis de refugiados de África se han producido, en su mayor parte, en el contexto de conflictos armados. Pero las cuestiones relativas a los derechos humanos no han sido parte integrante del proceso de búsqueda de soluciones. Si se quiere crear una paz justa y duradera, los tratados de paz han de incluir compromisos relacionados específicamente con los derechos humanos, así como mecanismos que garanticen su cumplimiento. Es necesario que contengan acuerdos sobre el regreso de los refugiados y de los desplazados internos a sus hogares. Sin embargo, raras veces se ha dado prioridad suficiente a los derechos humanos.


La mayoría de los refugiados y de los desplazados internos están deseando regresar a su lugar de origen; pero son muy pocos los que están dispuestos a hacerlo si existe todavía el riesgo de sufrir abusos y violaciones de derechos humanos como los que les obligaron a huir. Por consiguiente, sólo se debe proceder a la repatriación si está demostrado que la situación es segura. Sin embargo, algunos Estados han devuelto a la fuerza a refugiados sin que la situación en su país de origen fuera segura.


El regreso de los desplazados a su lugar de origen no se puede calificar de voluntario si la información que reciben sobre la situación allí no es lo suficientemente precisa y completa como para permitirles tomar una decisión con conocimiento de causa. El gobierno de Sudán, por ejemplo, ha fomentado el regreso de millares de desplazados internos a diversas partes de sur del país sin informarles de que esas zonas siguen siendo escenario de los combates entre los grupos armados de oposición y la milicia gubernamental.


De todos modos, el regreso, incluso cuando es voluntario y seguro, no supone el final de los problemas. Es necesario tomar medidas para garantizar la seguridad y la buena reintegración de los refugiados que regresan. Desde el punto de vista de los derechos humanos, es esencial crear un sistema independiente y fiable de vigilancia que permita emprender con prontitud las debidas acciones si surge de nuevo la amenaza de la persecución.


Amnistía Internacional y los refugiados


Amnistía Internacional aplica una norma muy sencilla en su trabajo sobre refugiados. Si existen razones fundadas para creer que una persona está expuesta a ser víctima de encarcelamiento como preso de conciencia, tortura, ejecución o «desaparición» en su país, tal persona no puede ser obligada a regresar allí. Nuestros esfuerzos tienen por objeto impedir la devolución forzada (refoulement) de quienes necesitan protección a un lugar donde corren peligro. Con este fin, intentamos garantizar el acceso a procedimientos de asilo justos y satisfactorios, así como una valoración objetiva e imparcial de la situación de los derechos humanos en el país de destino.


En este informe, Amnistía Internacional aplica el término «refugiados» a todos los solicitantes de asilo que huyen de lugares donde están expuestos a sufrir persecución y violaciones de derechos humanos, incluso en el caso de que no se les haya reconocido oficialmente como refugiados. El termino «desplazados forzados» abarca a los refugiados y a los desplazados internos.


Gran parte del trabajo de Amnistía Internacional en favor de los refugiados lo realizan las Secciones nacionales del movimiento que tienen su sede en los países donde se solicita protección. Los miembros de Amnistía Internacional proporcionan información sobre violaciones de derechos humanos cometidas en el país de origen de los solicitantes de asilo a los gobiernos, a quienes toman las decisiones sobre las solicitudes de asilo y a abogados y otras personas que trabajan en favor de los solicitantes de asilo. Asimismo, las Secciones de Amnistía Internacional mantienen bajo observación las políticas y las prácticas de asilo de los gobiernos a fin de asegurarse de que son idóneas para identificar y proteger a quienes corren peligro. En algunos casos, los miembros de Amnistía Internacional interceden directamente ante las autoridades para impedir la devolución forzada de una persona a un lugar donde corre peligro.

El presente informe forma parte de una campaña emprendida por Amnistía Internacional en todo el mundo en favor de los derechos humanos de los refugiados. Lanzada en marzo de 1997, esta campaña está centrada en tres asuntos clave, cada uno de ellos inexplicablemente unido a la protección de los derechos humanos. Son:


! Protección de los derechos humanos en los países de origen: acciones para impedir las violaciones de derechos humanos a fin de que nadie tenga que abandonar su país en busca de seguridad.


! Protección de los derechos humanos en los países de asilo: acciones para garantizar que a quienes huyen de violaciones de derechos humanos se les permite llegar a un lugar seguro, se les ofrece protección eficaz contra la devolución forzada y se les garantiza un nivel mínimo de trato humano mientras se encuentran desplazados.


! Protección de los derechos humanos a escala internacional: acciones para garantizar que se presta especial atención a los derechos humanos al considerar asuntos sobre refugiados tales como los programas de regreso a los lugares de origen, los cambios que se producen en la práctica y en el derecho internacional en relación con los refugiados y la necesidad de protección de quienes se ven desplazados dentro de su propio país.


El hecho de haya cada vez más refugiados no es un problema pasajero ni el resultado imprevisible de acontecimientos fortuitos. Es la consecuencia lógica de crisis de derechos humanos, el fruto de las decisiones de individuos que controlan la vida de las personas. Si los gobiernos cumpliesen debidamente su función y protegieran a sus ciudadanos en lugar de perseguirlos, las personas que se encuentran en el exilio podrían regresar con seguridad y ningún hombre, mujer ni niño más tendría que enfrentarse a un futuro incierto en un país extranjero.




2. Las causas del

desplazamiento


Cada refugiado o desplazado interno del mundo es consecuencia de la desprotección de los derechos humanos. Los abusos y violaciones de derechos humanos no son «accidentales», sino el resultado de decisiones políticas y militares, especialmente en el caso de las brutales guerras que asuelan actualmente diversas partes de África, así como de la represión y la discriminación constante que se ejerce en las distintas sociedades.


En este capítulo se analizan detenidamente dos casos concretos que demuestran la relación existente entre los abusos y violaciones de derechos humanos y el desplazamiento forzado. El primero de estos casos, la crisis de la región centroafricana de los Grandes Lagos, pone de manifiesto los vínculos entre las violaciones de derechos humanos y los desplazamientos masivos de población. Prueba que, sin garantías eficaces de protección de los derechos humanos, el problema de los refugiados no se puede resolver satisfactoriamente. Asimismo, ilustra la tendencia de los gobiernos a buscar soluciones rápidas a problemas difíciles desentendiéndose de la protección de los derechos humanos. En el segundo caso, Liberia, el ciclo de violencia y odio está tan arraigado, que más de la mitad de la población ha huido de sus hogares; además, la desintegración del Estado plantea problemas especiales a la hora de proteger los derechos humanos. Estos dos conflictos, al igual que muchos otros que se desarrollan por toda África, muestran cómo se manipulan las diferencias étnicas para fomentar la hostilidad y el odio.


Hay muchos ejemplos más de la relación entre los abusos y violaciones de derechos humanos y el desplazamiento forzado. En Nigeria, centenares de miembros del grupo étnico ogoni se vieron obligados a huir debido a las detenciones, violaciones y homicidios cometidos después de los enfrentamientos entre etnias de 1993 (instigados, al parecer, por fuerzas gubernamentales) y de la formalización de la ocupación militar de Ogonilandia en abril de 1994. En noviembre de 1995, el escritor nigeriano y defensor de los derechos del pueblo ogoni, Ken Saro-Wiwa fue ejecutado junto con otros ocho líderes ogoni tras un juicio por homicidio celebrado sin las debidas garantías y por motivos políticos, lo que suscitó la condena de la opinión pública mundial. Aunque en 1993 los ogoni buscaron seguridad en otras partes de Ogonilandia o en Nigeria, la persecución constante de los familiares de los hombres ejecutados y de los partidarios del movimiento en pro de los derechos del pueblo ogoni provocó a comienzos de 1996 un éxodo de alrededor de 1.000 personas al vecino Benín. La huida acabó cuando las autoridades nigerianas aplicaron medidas de seguridad más estrictas en la frontera.


Alrededor de 240.000 refugiados huyeron de violaciones de derechos humanos cometidas en Togo en 1993 como consecuencia de la campaña de represión lanzada por el presidente y el ejército contra las reformas democráticas. Aproximadamente la mitad de ellos regresaron en 1993 y 1994, pero algunos se encontraron con nuevas violaciones de derechos humanos y volvieron a huir. A finales de 1994 se decretó una «amnistía general» para los refugiados, pero fue acogida con desconfianza, y a comienzos de 1996 continuaban fueran del país más de 100.000 personas. A principios de 1997 aún había en Ghana y en Benín alrededor de 13.000 refugiados de Togo.


La región centroafricana de los Grandes Lagos


Están disparando. La gente está aterrorizada y se queda en su casa tumbada en el suelo.


Este mensaje, difundido por Radio France Internationale, fue una de las últimas declaraciones publicas que hizo la primera ministra de Ruanda, Agathe Uwilingiyimana, antes de que la mataran el 7 de abril de 1994.


El gobierno de Agathe Uwilingiyimana se había comprometido a repartir el poder entre los dos grupos étnicos de Ruanda: la mayoría hutu y la minoría tutsi. La primera ministra había tomado posesión de su cargo en julio de 1993, después de tres años de guerra civil entre el ejército, controlado por los hutus, y el Frente Patriótico Ruandés (RPF), grupo político tutsi.


Los intentos de avanzar en el camino de la paz se vieron frustrados el 6 de abril de 1994, al ser derribado un avión en el que viajaban los presidentes de Ruanda y Burundi. Al cabo de unas horas, el ejército y las milicias aliadas con él habían iniciado una campaña orquestada de matanzas.


En las semanas siguientes murieron hasta un millón de personas, en su mayoría tutsis, aunque también perdieron la vida muchos hutus moderados. Miembros de la milicia interahamwe, soldados, policías y autoridades políticas locales fueron de casa en casa y arrastrando a sus moradores fuera de ellas los mataron a tiros o con cuchillos y bayonetas. Camiones de soldados recorrieron las ciudades y el campo en busca de presas humanas, destrozándolo todo a su paso. Gran número de personas que habían buscado refugio en iglesias y hospitales fueron aniquiladas y se dejó que sus cadáveres se pudrieran con el calor.


Los civiles también fueron presa del frenesí homicida. Una mujer hutu declaró:


Maté a tres personas, tres hombres. Los conocía; eran vecinos míos... No tuve más remedio. Cuando me negué a matar, los soldados del gobierno golpearon a mi hija en la cabeza con un arma y la mataron. Sólo tenía seis semanas.


La rapidez con que se propagaron las matanzas indica que se habían planeado cuidadosamente tiempo atrás. Durante los meses previos al estallido de la violencia se había armado y preparado física y psicológicamente a las milicias para que mataran tutsis.


Aunque la mayoría de las víctimas eran tutsis y hutus moderados que murieron a manos de las fuerzas del gobierno y de las milicias aliadas con ellas, el FPR mató en represalia a varios millares de personas, en su mayoría hutus.



Lógicamente, el genocidio de Ruanda conmocionó e indigó al mundo; pero no debería haberle sorprendido. El riesgo de que se produjese una terrible tragedia de derechos humanos era evidente desde hacía mucho tiempo. Los dirigentes de Ruanda llevaban años fomentando el odio étnico.

En los meses previos al estallido de la violencia que degeneró en el genocidio de Ruanda, destacados expertos en derechos humanos de la ONU instaron repetidas veces a la comunidad internacional a tomar medidas para proteger a los civiles de las matanzasInforme del Sr. Brace Wale Ndiaye, relator especial, sobre su misión en Ruanda del 8 al 17 de abril de 1993. Documento ONU E/CN. 4/7/Add.1, 11 de agosto de 1993.. Pero no se prestó atención a los llamamientos. En vez de intervenir para impedir el desastre, los gobiernos del mundo no sólo permitieron que la situación siguiera deteriorándose, sino que, además, cuando comenzaron las matanzas de hombres, mujeres y niños ruandeses, retiraron de allí a casi todas las fuerzas de la ONU.


El genocidio acabó en julio de 1994 con la victoria del FPR. Alrededor de dos millones de refugiados, en su mayoría hutus, huyeron entonces a Zaire, Tanzania, Uganda y Burundi. Muchos no habían tomado parte en los homicidios masivos ni en los demás abusos y violaciones graves de derechos humanos de 1994, pero entre los huidos había también miembros del gobierno anterior, así como de su ejército y de interahamwe.


Durante más de dos años, un millón y medio de refugiados ruandeses vivieron en «ciudades campamento» levantadas sin ningún orden en el este de Zaire. Más de 500.000 personas más buscaron refugio en Tanzania y otras 150.000 en Burundi. Los campos de refugiados estaban controlados en gran medida por miembros del ex gobierno ruandés, de su ejercito y de las milicias, es decir, por las autoridades responsables del genocidio. Les servían de base para reorganizarse y preparar futuras acciones militares contra el nuevo gobierno de Ruanda.


A finales de 1996, en el este de Zaire y en Tanzania había también alrededor de 50.000 y 200.000 refugiados, respectivamente, que habían huido de una guerra civil sobre la que había menos información, la de Burundi. Las matanzas de civiles eran una tragedia periódica en este país desde hacía décadas, pero se intensificaron espectacularmente a partir de 1993, tras un intento de golpe de Estado en el que fue asesinado el primer presidente de Burindi elegido democráticamente. En esa época se recibían informes sobre homicidios de civiles desarmados, incluidos ancianos y niños, prácticamente todas las semanas. Desde entonces la situación en Burundi ha degenerado en una guerra civil y en un auténtico estado de anarquía en el que sobrevivir es cuestión de suerte. Según informes, desde julio de 1996, cuando el comandante Pierre Buyoya tomó el poder mediante un golpe militar, hasta finales del año se cometieron al menos 10.000 homicidios.


Las personas que huyeron de Ruanda y Burundi no encontraron un refugio seguro. Las que entraron en Zaire se vieron obligadas a huir de nuevo cuando, en septiembre de 1996, estallaron los combates entre el ejército zaireño y un grupo armado tutsi apoyado, según informes, por el gobierno ruandés. Al concluir octubre, este grupo, la Alianza de las Fuerzas Democráticas para la Liberación de Congo-Zaire, controlaba gran parte del este de Zaire.


En octubre de 1996, la Alianza lanzó ataques constantes contra campos de refugiados que acogían a más de un millón de personas, en su mayoría hutus procedentes de Ruanda y Burundi. Los refugiados sufrieron también ataques de soldados zaireños, así como de fuerzas hutus del ex gobierno de Ruanda y de interahamwe. La Alianza, apoyada, según informes, por fuerzas del gobierno ruandés, bombardeó los campos de refugiados indiscriminadamente y cometió varias matanzas. A mediados de noviembre de 1996, por ejemplo, mató a unos 500 refugiados ruandeses y desplazados zaireños en el campo de refugiados de Chimanda, situado 60 kilómetros al sur de la localidad de Bukavu. La matanza tuvo lugar tras una serie de enfrentamientos entre la Alianza y miembros del ex ejército de Ruanda y de la milicia interahamwe.


A lo largo de la crisis de los refugiados se hizo patente que las autoridades de Zaire estaban aprovechándose de las divisiones étnicas. Los legisladores amenazaron con privar de la




Refugiado de Burundi en Tanzania. © Crispin Hughes/Oxfam


nacionalidad zaireña a los ciudadanos de origen ruandés, independientemente de que fueran hutus o tutsis, a pesar de que, en muchos casos, sus familias llevaban generaciones viviendo allí. Una vez que estallaron los combates, los políticos y los medios de comunicación zaireños culparon de todo a los tutsis que vivían en Zaire e instaron a los ciudadanos a movilizarse para luchar contra los «enemigos de dentro y de fuera». En Octubre, el Parlamento zaireño pidió la dimisión de todos los tutsis con cargos en el gobierno. Los estudiantes encabezaron manifestaciones violentas contra los tutsis, en las que se saquearon y destruyeron casas y se humilló y golpeó a hombres, mujeres y niños. Las fuerzas de seguridad no hicieron nada para impedirlo. Decenas de hutus y tutsis fueron detenidos en Kinshasa y Kisangani debido a su origen étnico o a su nacionalidad. Se deportó a Ruanda y a Burindi a cientos de tutsis zaireños, y muchos centenares más huyeron, aterrorizados, al Congo.


En noviembre de 1996, en el este de Zaire se encontraban, aislados de toda ayuda, sin más opción que enfrentarse a encarnizados combates o morir de hambre, más de un millón de refugiados. Vivían ocultos en la selva, alimentándose de raíces y agua de lluvia. Uno de ellos describió así la confusión:


Herían y mataban a tiros a mucha gente. No sabemos quién disparaba. Había mucha gente con armas que no llevaba uniforme.


La situación era tan desesperada que, el 15 de noviembre de 1996, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó el envío de una fuerza multinacional de intervención para ayudar a los refugiados. Mientras los gobiernos extranjeros se dedicaban a debatir esta propuesta, los refugiados ruandeses se enfrentaban a un peligro inminente de muerte como consecuencia del hambre y las enfermedades. No parecían tener más posibilidad de supervivencia que regresar a sus lugares de origen. En el transcurso de unos días, alrededor de 600.000 refugiados volvieron a cruzar a pie la frontera, de regreso a Ruanda. Uno tras otro, los gobiernos que se habían declarado dispuestos a aportar hombres a la fuerza de intervención retiraron su ofrecimiento; la comunidad internacional había decidido que el problema estaba resuelto. El gobierno ruandés y la Alianza de las Fuerzas Democráticas para la Liberación de Congo-Zaire declararon que prácticamente todos los refugiados habían regresado a Ruanda. Sin embargo, gran número de ellos (probablemente entre 150.000 y 500.000) se quedaron en Zaire viviendo en terribles condiciones.


Puesto que la comunidad internacional no había criticado las devoluciones forzadas desde Zaire, el gobierno de Tanzania aprovechó la oportunidad para expulsar a sus refugiados. A primeros de diciembre, en una declaración firmada también por el ACNUR, concedió a centenares de miles de refugiados ruandeses un plazo de tres semanas para regresar a sus lugares de origen. Más de 300.000 personas abandonaron los campos de refugiados e intentaron pasar a otros países, pero los soldados tanzanos les obligaron a regresar y a cruzar la frontera: en el transcurso de tres semanas pasaron a Ruanda más de 400.000 personas (véase el capítulo 5).


La comunidad internacional estaba tan impaciente por ver resuelto el «problema de los refugiados» que apenas se planteó si estos regresos eran voluntarios y si resultaba seguro para los refugiados volver a su lugar de origen, a pesar de que había indicios de la persistencia de problemas de derechos humanos en Ruanda. En 1994 y 1995 habían seguido cometiéndose homicidios allí, y en los ocho primeros meses de 1996 murieron a manos de soldados del gobierno o de grupos armados de oposición al menos 900 personas. Asimismo, decenas de miles de personas fueron recluidas en condiciones espantosas y sin cargos ni juicio como sospechosas de participar en el genocidio, a menudo con muy pocas o ninguna prueba.


Los refugiados que han regresado se enfrentan a un futuro incierto. En enero y febrero de 1997 hubo nuevos homicidios, perpetrados tanto por el Ejército Patriótico Ruandés (EPR) como por grupos armados aliados con el ex ejército de Ruanda y la milicia interahamwe.Entre las víctimas había refugiados que acababan de regresar de Zaire o de Tanzania. Algunas zonas de Ruanda parecen cada vez más un nuevo campo de batalla, donde, según informes, se cometen graves abusos y violaciones de derechos humanos todos los días.

A algunos refugiados les obligaron a regresar a Burundi, donde corrían un peligro aún más inminente. Muchos de ellos fueron rodeados por miembros de la Alianza de las Fuerzas Democráticas para la Liberación de Congo-Zaire y entregados a las fuerzas del gobierno burundés en la frontera. Mataron sin piedad a centenares de personas recién llegadas. El 22 de octubre de 1996, por ejemplo, en una matanza cometida en una iglesia de Murambi y en sus alrededores, perdieron la vida alrededor de 400. Asimismo, las fuerzas del gobierno de Burundi mataron a tiros a más de 100 personas devueltas por las autoridades de Tanzania en enero de 1997.


La causa y la principal característica de los conflictos que provocaron la crisis de refugiados en el este de Zaire a finales de 1996 fueron los abusos y violaciones de derechos humanos. Los refugiados llegados allí desde Ruanda y Burundi huían de homicidios masivos de civiles desarmados, cometidos por personas que no tenían inconveniente en matar a inocentes con tal de alcanzar sus objetivos políticos. Entre los que huyeron se encontraban los responsables del genocidio.


Durante su estancia en Zaire, los refugiados estuvieron a merced de las milicias exiliadas, que se valían de la intimidación y la violencia para utilizarlos como «escudos humanos», protegidos por los cuales se apropiaban de la ayuda humanitaria y preparaban ofensivas contra los gobiernos de Ruanda y Burundi. Al mismo tiempo, los líderes políticos zaireños aprovechaban las divisiones étnicas para debilitar a sus opositores y comprar la lealtad de sus aliados. Las fuerzas de seguridad de Zaire cometieron con impunidad violaciones generalizadas de derechos humanos. Decididos a destruir los lugares que servían de base a sus opositores, los combatientes de la Alianza, apoyados, según informes, por el gobierno ruandés, no vacilaron en atacar los campos de refugiados.


Resolver la crisis de África Central no resultará fácil, pero cualquier «solución» que se busque será temporal si no está basada en el respeto a los derechos humanos. Es imposible que los refugiados regresen a sus países de origen con dignidad y seguridad si continúan cometiéndose en ellos violaciones de derechos humanos, aun cuando decidan hacerlo porque el regreso es un mal menor comparado con la vida en el exilio. No hay ninguna esperanza de paz a largo plazo en Burundi a menos que se protejan los derechos de sus dos grupos étnicos. El mismo futuro de Zaire como entidad política es incierto mientras siga siendo una práctica habitual del gobierno hacer caso omiso de los derechos de sus ciudadanos.


La tragedia liberiana


En este momento creo que no tengo palabras para expresar los padecimientos que me ha infligido la guerra. La primera desgracia fue la muerte de mi querida esposa. Teníamos tres hijos. Murió en Buchanan en 1990. La segunda fue la invasión de Greenville en octubre de 1993. Estaba convencido de que el frente de batalla se encontraba muy lejos, pero me vi rodeado de nuevo por esta insensata invasión... en la que las dos facciones contendientes cometían matanzas de civiles sin ningún reparo.

Ex maestro liberiano refugiado.


El conflicto de Liberia, que comenzó en diciembre de 1989, se ha caracterizado por la manifiesta falta de respeto mostrada por todas las partes hacia los derechos humanos y las normas humanitarias internacionales. Las facciones contendientes han sembrado el terror entre la población. Sus miembros han mutilado a los prisioneros y utilizado los intestinos de sus víctimas para acordonar zonas recién conquistadas. Han cortado en pedazos cadáveres humanos y los han esparcido por los pueblos. Muchas zonas han quedado sometidas al control de las sucesivas facciones contendientes, y el país es ahora un conjunto de feudos rivales, gobernados por jefes de facción.


Hay hasta 11 facciones luchando en Liberia, y prácticamente todas ellas han cometido abusos contra los derechos humanos de la población civil. Entre las más importantes se encuentran las Fuerzas Armadas de Liberia (FAL), que aunque son el ejército nacional a menudo actúan como grupo armado al margen del gobierno; el Consejo Liberiano para la Paz (CLP), apoyado por las anteriores; el Frente Patriótico Nacional de Liberia (FPNL), que ha controlado a veces gran parte del país, y elMovimiento Unido de Liberación para la Democracia en Liberia(ULIMO), dividido a su vez en facciones étnicas enfrentadas.


Aunque en 1995 se firmó un acuerdo de paz, el conflicto armado continuó de manera esporádica en las zonas rurales del país. En abril de 1996, tras varios meses de relativa calma, estallaron de nuevo encarnizados combates en la capital, Monrovia, al intentar la policía, aliada al parecer con el FPNL, detener a Roosevelt Johnson, líder de una facción rival del FPNL, el ULIMO-J. Al principio, los protagonistas fueron estos dos grupos, pero posteriormente se sumaron a los combates todos los demás. Las FAL, el CLP y el ULIMO-J unieron sus fuerzas contra el FPNL y su ex rival, el ULIMO-K. En medio de un estruendo de disparos y bombardeos con mortero, la población civil vio, aterrorizada, cómo los integrantes de las facciones armadas recorrían las calles saqueando, mutilando y matando. En seguida empezaron a aparecer cadáveres de personas a las que habían cercenado algún miembro.


Cada grupo armado controlaba una zona distinta de Monrovia, pero los combates estuvieron centrados en el Centro de Entrenamiento Barclay, cuartel militar situado en el centro de la ciudad. Durante todo este tiempo huyeron del país millares de refugiados más. En mayo de 1996 se acordó un armisticio en la capital que respetaron todos los grupos armados, pero las dos facciones del ULIMO, el FPNL y el CLP continuaron combatiendo en diversas partes del país, especialmente en Grand Gedeth, Tuzona y Zwedru.







Refugiados que huían de la violencia en Liberia atrapados en un barco al no concedérseles permiso para desembarcar. © Jon Spaull

Todas las facciones que tomaron parte en esta fase del conflicto cometieron graves abusos contra los derechos humanos. Sus miembros torturaban y mataban deliberadamente a civiles desarmados, sospechosos de apoyar a otros grupos, cada vez que atacaban o conquistaban el territorio de sus rivales. Todas las facciones armadas cometieron homicidios deliberados y arbitrarios de civiles, aunque en muchos casos no se pudo determinar cuál de ellas fue la responsable.


La historia de la guerra civil de Liberia es un catálogo de abusos y violaciones brutales de derechos humanos, que quizá nunca se conozcan en su totalidad. La guerra ha causado la muerte de 200.000 liberianos y la huida de más de 700.000. A principios de 1997 había más de 400.000 refugiados de Liberia en Guinea, más de 300.000 en Costa de Marfil, alrededor de 5.000 en Sierra Leona y millares más en Ghana y Nigeria (véase también el capítulo 4). Asimismo, al menos un millón de liberianos se vieron desplazados en su propio país. Estas frías estadísticas ocultan incontables tragedias humanas. Por ejemplo, a finales de septiembre de 1996, tras una serie de enfrentamientos armados entre el ULIMO-J y el ULIMO-K, se mató a decenas de civiles, y al menos 21 más murieron en Sinje, municipio de Cape Mount, a manos, según informes, del ULIMO-K. Entre éstos últimos había una niña de meses a la que fracturaron el cráneo.


La incitación deliberada a la hostilidad entre etnias ha sido un factor clave de la guerra de Liberia. Las diferencias entre los grupos armados tienen cada vez más una base étnica, y es por su origen étnico por lo que se cometen regularmente atrocidades contra los civiles.


Cada uno de los principales participantes en el conflicto liberiano ha recibido apoyo de otros países de África Occidental. Nigeria, que domina la fuerza regional para el mantenimiento de la paz, ECOMOG, ha ayudado a las facciones armadas rivales del FPNL, especialmente durante los primeros años del conflicto. Los gobiernos de Burkina Faso y Costa de Marfil han apoyado a veces abiertamente al FPNL. Las fuerzas de seguridad guineanas han prestado apoyo tácito al ULIMO-K. Según testigos presenciales, esta facción ha actuado en Guinea con el apoyo de autoridades locales y de miembros de las fuerzas de seguridad del mismo origen étnico. Las autoridades guineanas han detenido a refugiados liberianos sospechosos de apoyar a facciones rivales del ULIMO-K.

En el mandato de la intervención internacional en Liberia no se ha establecido un objetivo claro en relación con los derechos humanos. ECOMOG, fuerza para el mantenimiento de la paz enviada al país en 1990 por la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental (ECOWAS), no fue en absoluto imparcial cuando llegó y, según informes, anteriormente había sido responsable de violaciones de derechos humanos. La Misión de Observadores de las Naciones Unidas en Liberia (UNOMIL), enviada en 1993 para vigilar el cumplimiento del armisticio, no ha defendido con firmeza los derechos humanos y tampoco ha recibido mucho apoyo económico de la ONU.


El acuerdo de paz de Abuja de agosto de 1995 fue el último de una serie de intentos de resolver el conflicto, ninguno de los cuales ha proporcionado aún una estabilidad duradera a Liberia. En algunos casos, la causa de este fracaso fue la falta de consenso entre los organismos encargados de gobernar en la etapa de transición, pero Amnistía Internacional cree que se debió también al hecho de que en los acuerdos no se prestara suficiente atención a los derechos humanos. Por ejemplo, a pesar de que poner fin a la impunidad era una cuestión de vital importancia, en el acuerdo de Abuja no se estipuló nada para investigar y castigar las atrocidades cometidas por las facciones armadas antes de agosto de 1996. El deseo de paz ha tenido más peso que la necesidad de llevar ante los tribunales a los responsables de delitos contra los derechos humanos cometidos anteriormente, medida decisiva para poner fin a los abusos.


En septiembre se formó un nuevo gobierno con la mediación de la ECOWAS, y en noviembre comenzó un proceso de desarme, pero los avances han sido muy lentos.


El reto de restablecer el respeto a los derechos humanos en Liberia plantea problemas especiales, ya que el Estado como entidad ha dejado prácticamente de existir. Con frecuencia cuesta determinar la responsabilidad de los abusos. Resulta difícil no soló obtener información y verificarla, sino también averiguar dónde radica la responsabilidad de los abusos y quién tiene autoridad y capacidad para ponerlos fin. La diferencia entre las fuerzas del gobierno y las de la oposición es muy poco precisa. No obstante, está claro que los desplazados liberianos no podrán volver a sus hogares con seguridad hasta que no se restablezca en el país el respeto a los derechos humanos.

El reto de los derechos humanos


La extensión de las guerras en África no ha de desviar la atención del hecho de que los gobiernos y sus opositores armados están obligados por igual a acatar los principios básicos de las normas internacionales de derechos humanos y del derecho humanitario. El Artículo común 3 de los Convenios de Ginebra de 1949 establece unas normas mínimas sobre derechos humanos que se deben respetar en los conflictos armados. Prohíbe los ataques contra no combatientes, la tortura y las ejecuciones extrajudiciales. Asimismo, los tratados internacionales de derechos humanos contienen varios principios básicos vigentes incluso en situaciones de emergencia nacional, tales como guerras o conflictos internos. Se debe privar de legitimidad internacional a los gobiernos y a los grupos armados de oposición que, en épocas de guerra, efectúan ataques contra civiles inocentes, pues el poder lleva consigo la responsabilidad de proteger los derechos humanos.


La comunidad internacional ha de prestar atención a la información que advierta de posibles desplazamientos forzados. El aumento del número de abusos y violaciones de derechos humanos, especialmente si se cometen contra civiles debido a su identidad colectiva, suele ser señal de una dinámica política que dará como resultado la huida masiva de personas.


No obstante, prestar atención a las primeras señales de advertencia no servirá de mucho si los gobiernos no tienen la voluntad política de poner en tela de juicio la conducta de sus iguales. Los principios sobre derechos humanos, recogidos en normas y tratados internacionales de los que la mayoría de los gobiernos son signatarios, proporcionan un base internacional legítima para la acción. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas está dispuesto a tomar medidas contra los Estados que amenazan la seguridad de sus vecinos, pero raras veces, por no decir nunca, muestra la misma disposición ante abusos y violaciones de derechos humanos cometidos contra civiles en el territorio de un gobierno. El Mecanismo de la OUA para la Prevención, Gestión y Resolución de Conflictos, creado en junio de 1993, no ha considerado las preocupaciones sobre derechos humanos como elemento esencial de los conflictos de África, salvo en el caso de Sierra Leona.


La Comisión de los Veinte sobre Refugiados, comité de embajadores con responsabilidad política sobre los refugiados dentro de la OUA, ha visitado recientemente varios países africanos para evaluar las situación de los refugiados y ha reconocido que los conflictos y las violaciones de derechos humanos son causas directas del problema. La función de la Comisión es muy importante para garantizar, por un lado, que los Estados miembros de la OUA cumplen las obligaciones que les impone la Convención de la OUA sobre Refugiados y, por el otro, que el Mecanismo de Resolución de Conflictos y otros instrumentos de la OUA tienen en cuentan las necesidades de los refugiados y los desplazados internos desde el punto de vista de los derechos humanos.


Las operaciones internacionales humanitarias y de mantenimiento y consolidación de la paz se han de planificar teniendo en cuenta los derechos humanos y de manera coordinada desde el principio. Si las intervenciones políticas, humanitarias y derechos humanos están mal coordinadas se corre el riesgo de que se resten eficacia unas a otras. Si no se planifican debidamente ni se les proporcionan los recursos necesarios, no pueden cumplir su difícil pero decisiva función. La magnitud de los padecimientos humanos y del desplazamiento forzado en África es un resultado claro del hecho de que la comunidad internacional no haya dado prioridad a los derechos humanos.


3. Los desplazados internos


Según cálculos aproximados, en el África subsahariana hay 16 millones de desplazados a los que no se reconoce como refugiados por no haber cruzado ninguna frontera internacional. La inmensa mayoría de ellos son mujeres, niños y ancianos.


Han huido de la misma violencia y los mismos abusos y violaciones de derechos humanos que los refugiados acogidos en países vecinos. En muchos casos, la causa directa del desplazamiento han sido acciones militares emprendidas contra civiles por fuerzas del gubernamentales o por grupos armados de oposición con el fin de desestabilizar zonas controladas por sus rivales o de someter a la población.


Los desplazados internos son especialmente vulnerables a los abusos y violaciones de derechos humanos. La mayoría han huido de un conflicto armado y viven ahora en zonas controladas por una de las partes de ese conflicto. Muchos han visto cómo destruían sus cultivos y se llevaban su ganado como botín, por lo que se han quedado sin sustento. Además, no sólo son presa del hambre y las enfermedades, sino que con frecuencia su condición de marginados hace que sean objeto de discriminación por parte de las autoridades y de la población local. Muchos grupos de desplazados están fuera del alcance de las organizaciones humanitarias internacionales; pero incluso cuando no es así, estas organizaciones no tienen el cometido de intervenir en cuestiones de derechos humanos. Una vez más, el interés internacional está centrado en la ayuda humanitaria, no en la protección de los derechos humanos.


Este capítulo se centra en los más de cuatro millones de desplazados internos de Sudán, pero hay otros países africanos que tienen también una población enorme de personas en esta situación. En Sierra Leona, más de dos millones de habitantes, casi la mitad de la población, se vieron obligados a abandonar sus hogares como consecuencia del conflicto interno que estalló en 1991. Huyeron de atrocidades cometidas tanto por las fuerzas del gobierno como por la oposición armada. La mayoría se quedaron en el país, en campos de desplazados o en las principales ciudades si tenían familiares o amigos en ellas. Alrededor de 360.000 pasaron a las vecinas Guinea y Liberia como refugiados.


En Burundi, que tiene una población de alrededor de cinco millones y medio de habitantes, un persistente ciclo de violencia étnica e impunidad ha convertido en desplazados a más de medio millón de personasInforme del Representante del Secretario General, Francis M. Deng. Apéndice: Sobre las características. Documento ONU E/CN.4/1995/50/Add.2. La mayoría de las que pertenecen al grupo étnico tutsi han huido a campos de acogida protegidos por los militares tutsis, que controlan el gobierno. Casi todos los hutus, el grupo étnico más numeroso del país, han huido a los pantanos, los valles y la selva, para alejarse lo más posible de las zonas urbanizadas. A estas últimas se las conoce como «dispersos», más que como desplazados, y se enfrentan a problemas enormes de ayuda y protección. Al comenzar 1997, las autoridades de Burundi anunciaron la creación de campos de acogida para los desplazados hutus. La ONU y las organizaciones de derechos humanos expresaron su preocupación por la posibilidad de que se obligue a los hutus a permanecer en tales campos y de que las fuerzas del gobierno y sus partidarios consideren «objetivo legítimo» a todo el que se encuentre fuera de ellos. Asimismo, existía el temor de que las personas acogidas en los campos corrieran peligro de ser sometidas a ejecución extrajudicial, «desaparición», detención arbitraria y tortura por las fuerzas de seguridad.


La gran superficie de algunos países africanos puede determinar que las personas que huyen de abusos y violaciones de derechos humanos crucen la frontera o se queden en su país como desplazados internos. A veces el viaje hasta la frontera es demasiado largo y peligroso para decidirse a emprenderlo; a veces los países vecinos cierran sus fronteras, como hizo Tanzania en 1995 a los refugiados de Burundi. En ocasiones existen otros factores. En 1994, las tropas francesas intervinieron en Ruanda. Al marcharse las fuerzas internacionales huyeron gran número de ruandeses, pero centenares de miles acabaron en campos de desplazados internos, como el de Kibeho, donde posteriormente, en abril de 1995, se mató a millares de personas.





Mujer dinka. Centenares de miles de dinka son víctimas del desarraigo en Sudán al haber tenido que abandonar sus hogares como consecuencia de la violencia y de los abusos contra los derechos humanos. © Crispin Hughes/Panos Pictures

Sudán: abusos y discriminación


En el largo conflicto interno de Sudán, la población civil ha sufrido ataques de las fuerzas armadas del gobierno, de las milicias aliadas con ellas y de los grupos armados de oposición. Como consecuencia de ello, cuatro millones y medio de personas son desplazados internos. La guerra civil, que comenzó con la rebelión en 1983 del Ejército Popular de Liberación de Sudán (EPLS), grupo armado de oposición activo fundamentalmente en el sur del país, ha costado la vida a más de un millón de personasEn la investigación más minuciosa que se ha realizado sobre el número de bajas causadas por la guerra en Sudán se calcula que, entre 1983 y 1993, mataron a 1.300.000 de personas (Quantifying genocide in the southern Sudan 1983-1993,Millard Burr, US Committee for Refugees).. Los combates se libran principalmente en la parte meridional de Sudán y en las zonas adyacentes de los montes Nuba y de la región que se extiende al sur del Nilo Azul.


Los desplazados internos de las zonas en guerra están dispersos por remotas zonas despobladas o viven en campos de acogida y en «pueblos en paz» creados y controlados por el gobierno o por el ELPS. Los que han salido de estas zonas viven en ciudades y centros urbanos importantes, donde se han convertido en víctimas de las políticas gubernamentales de discriminación.


Subyacentes a la guerra existen tensiones políticas, religiosas y étnicas entre pueblos mayoritariamente no musulmanes que se consideran africanos y sectores de la población fundamentalmente musulmanes que se definen como árabes. Los habitantes del sur del país y los nuba se consideran desfavorecidos política y socialmente Las tensiones se han agravado desde que el Frente Islámico Nacional tomó el poder en 1989 y comenzó a aplicar un radical programa político basado en su interpretación particular del islam.


Los sucesivos gobiernos, incluido el actual, así como el EPLS y otras facciones armadas más pequeñas, han atacado a comunidades civiles, obligando a sus miembros a huir. Una táctica clave del gobierno ha consistido en aprovechar la rivalidad existente entre comunidades vecinas por razones étnicas o de propiedad de los recursos para crear milicias tribales.


El norte de Bahr-al-Ghazal, que llegó a ser una de las partes del sur de Sudán más densamente pobladas, ha quedado asolado como consecuencia de los ataques, apoyados por el gobierno, de milicias de los grupos étnicos rizeiqat y misseriya, asentados más al norte. La destrucción de la zona se ha producido en dos fases (de 1985 a 1989 y de 1992 hasta ahora) y ha traído consigo la ejecución extrajudicial de millares de personas, la violación de millares de mujeres y el secuestro de millares de niños.


Privados de su sustento por atacantes que han destruido los cultivos y graneros y se han llevado los rebaños como botín, hasta un millón de mujeres, niños y ancianos han emprendido una larga y ardua marcha hacia el norte. La mayoría de los hombres en edad de combatir se han dirigido al sur con el ganado que les quedaba, adentrándose en las tierras de las comunidades vecinas. Entre 1986 y 1989, centenares de miles de personas viajaron a los campos de refugiados de EtiopíaVéase el documento de Amnistía Internacional Sudan: Human rights violations in the context of civil war(Índice AI: AFR 54/17/89), diciembre de 1989.. En 1991, tras el derrocamiento del gobierno etiope, más de 400.000 huyeron de nuevo a Sudán.


En 1992 se reanudaron los ataques contra civiles en Bahr al-Ghazal al restablecer el ejército y las Fuerzas Populares de Defensa (FPD), milicia creada y controlada por el gobierno, las comunicaciones por ferrocarril entre el norte y el sur de Sudán. Cada vez que pasa por allí un tren, las FPD desalojan a los civiles de una parte del territorio que se extiende a cada lado de la vía férrea. Un superviviente de un ataque efectuado en 1993 contra el pueblo luo de Pankuel describió así lo ocurrido:


Hubo 23 muertos. Los ataron y los mataron en masa. Las FPD pasaron por el pueblo. La gente les oyó llegar y se escondió en el bosque. Pero detuvieron a algunas personas. Las ataron de dos en dos, espalda contra espalda, con los brazos sujetos por detrás a la altura de los codos y las piernas atadas por las rodillas y los tobillos. Luego les degollaron.


En este ataque, como en muchísimos otros, se violó a mujeres y se secuestró a niñosVéanse los documentos de Amnistía Internacional Sudan: Las lágrimas de los huérfanos: sin derechos humanos no hay futuro(Índice AI: AFR 54 /02/95/s), 25 de enero de 1995, y Sudan: Progress or public relations? (Índice AI: AFR 54/06/96), 29 de mayo de 1996..


En 1995, un ex comandante del EPLS creó una nueva milicia que estableció su centro de operaciones en una localidad del norte de Bahr al-Ghazal controlada por el gobierno. Los miembros de este grupo apresan a campesinos a los que obligan a llevar el producto de sus saqueos hasta su base y luego los «liberan» metiéndolos en campos de desplazados internos situados en torno a ella.


Centenares de miles de nuba del sur de Kordofan se han convertido también en desplazados internos como resultado de las incursiones de las fuerzas del gobierno. Después de atacar e incendiar sus pueblos se ha ejecutado extrajudicialmente a millares de personas, violado a mujeres y secuestrado a niños.


El EPLS y los grupos armados que combaten contra él en el sur también han atacado deliberadamente asentamientos de civiles. En 1991, una facción disidente del EPLS compuesta principalmente de nuer atacó las tierras que ocupan los dinka bor en la zona sur del Alto Nilo, matando a centenares de personas y expulsando a decenas de miles más. Muchos de estos desplazados se encuentran ahora en campos de acogida situados varios kilómetros más al sur, a lo largo de la frontera de Uganda. Han sufrido ataques de las fuerzas aéreas sudanesas y de grupos ugandeses de oposición armada que cuentan con la ayuda del gobierno de Sudán.


No hay nada fortuito en el problema del desplazamiento interno en Sudán. Un estudio del Programa Mundial de Alimentación de las Naciones Unidas reveló que, en 1994 y 1995, los ataques contra civiles efectuados en el norte de Bahr al-Ghazal por las fuerzas del gobierno y las milicias aliadas con ellas afectaron de manera especial a zonas conocidas por su elevado índice de producción de alimentos y que tuvieron lugar en la época en que mayor daño podían causar a los ciclos de cultivoFood Economy Reports 1995, Programa Mundial de Alimentos, enero de 1996..


El gobierno considera esencial controlar a los desplazados internos. Desde 1992 aplica un programa de evacuación sistemática de las zonas que se disputa con el EPLS. Desaloja de ellas a comunidades nuba enteras para reasentarlas en los denominados «pueblos en paz», situados a menudo cerca de guarniciones militares. A las personas trasladadas a estos lugares no se les permite apenas comunicarse con gente de fuera, y a algunas que han intentado escapar las han matado a tiros.


Muchos «pueblos en paz» se encuentran cerca de zonas donde se llevan a cabo programas de cultivo mecanizado intensivo para la exportación. Tales programas, elemento clave del proyecto de desarrollo económico del gobierno, dependen del suministro de mano de obra barata. Un examen oficial de la Operación Salvar Sudán, emprendida por las Naciones Unidas para proporcionar ayuda humanitaria de emergencia a las poblaciones del país afectadas por la guerra, ha puesto de relieve «una inquietante relación entre la política de desarrollo económico del gobierno de Sudán con respecto a la agricultura, su política en relación con los desplazadas por la guerra y su afirmación del control de las tierras en el contexto de la guerra interna»Operation Lifeline Sudan: a review, julio de 1996, p. 186..


Las mujeres desplazadas a los «pueblos en paz» y a las guarniciones están expuestas a ser violadas y explotadas sexualmente por los soldados y el personal de las FPD. Son muy pocas las que se muestran dispuestas a denunciar que han sido violadas, porque, aparte de la sensación de degradación personal que produce, la violación se considera una vergüenza social en Sudán. Muchas mujeres nuba y de otros pueblos del sur del país utilizan la frase «llevadas como esposas» por soldados y miembros de las FPD para describir los abusos de que han sido objeto.


Según informes, las mujeres nuba que han sido violadas por soldados o por miembros de las FPD se cuentan por millares. De acuerdo con las declaraciones de testigos presenciales, llevaban a los campesinos a las guarniciones a punta de pistola y, una vez allí, amenazaban a las mujeres con golpearlas o disparar contra ellas si no accedían a tener relaciones sexuales.


Los «pueblos en paz» de los alrededores de Wau, la mayor de las ciudades de Bahr al-Ghazar controladas por el gobierno, desempeñan también la función de «escudos humanos» contra los ataques del EPLS. Las decenas de miles de personas que buscaron refugio en Wau huyendo de las incursiones efectuadas en norte de Bahr al-Ghazal fueron alojadas en el interior de la ciudad hasta que en 1991 las autoridades decidieron proteger el casco urbano creando «pueblos en paz» alrededor suyo.


Sudán es un país inmenso, el mayor de África, y casi dos millones de desplazados internos se han alejado de las zonas en guerra, buscando refugio en los pueblos y ciudades del norte del país. Según cálculos aproximados, en 1994 vivían en la capital, Jartum, y en sus alrededores unas 800.000 personas desplazadas por la guerra, la mayoría de ellas procedentes del surNotas breves sobre la población de desplazados de Jartum, coordinador de las Naciones Unidas para las operaciones de ayuda humanitaria y de emergencia en Sudán, enero de 1996..







Habitantes del sur de Sudán desplazados por la fuerza a campos de acogida de Jartum. © Panos

Considerados en todas partes ciudadanos de segunda clase y partidarios del «enemigo», los habitantes del sur del país y los nuba son a menudo objeto de discriminación y de abusos. La legislación sudanesa fomenta estos prejuicios diferenciando entre «ocupantes», personas que llegaron a Jartum antes de 1984 (debido principalmente a la sequía y al hambre que asolaron el oeste de Sudán) y «desplazados» que llegaron después de 1984 huyendo de la guerra, habitantes del sur y nuba, principalmente. Los «ocupantes» tienen derecho a asentarse en la capital; los «desplazados» no.


En 1991, el gobierno comenzó a desalojar a los desplazados internos de los campos de acogida de Jartum y a instalarlos en grandes asentamientos temporales creados mucho más allá de los límites de la ciudad. Estos desalojos forzados se efectúan todavía, con el pretexto de llevar a cabo una «planificación urbana»A principios de 1996 se destruían una media de 850 viviendas al mes (UNICEF, marzo de 1996).. Las autoridades proceden a menudo a demoler las viviendas sin avisar previamente a sus ocupantes. Al menos 39 personas han muerto tratando de proteger sus hogares o de salvar sus bienes. Los nuevos campos temporales de acogida levantados alrededor de Jartum carecen de higiene, de protección y de agua suficiente. Además, al estar tan lejos de la capital, ofrecen a sus ocupantes muy pocas posibilidades de obtener algunos ingresos, y, según informes, hay un índice de desnutrición sumamente altoOperation Lifeline Sudan: a review, julio de 1996..


En sus zonas de origen, las mujeres del sur de Sudán y de los montes Nuba obtienen algunos ingresos vendiendo bebidas alcohólicas. Como a menudo no tienen otra forma de ganarse la vida, muchas de las que se han visto desplazadas siguen haciéndolo, a pesar de que el código penal sudanés castiga la elaboración y el consumo de alcohol. Sin embargo, a veces tienen que sufrir las consecuencias, como muestra el caso de Nyandeng Makwak, a quien encarcelaron por elaborar cerveza. Esta mujer dinka cuenta que la policía registró una vez su casa a altas horas de la noche y, al encontrar bebidas alcohólicas, quiso chantajearla. No tenía el dinero que le pedían, así que la detuvieron. Al negarse a tener relaciones sexuales con el agente que la había detenido, la llevaron ante un tribunal de orden público, que la condenó a seis meses de cárcel y a pagar una multa en un juicio sumario y sin las debidas garantíasSilent tombs: oral testimonies from Sudan, Lawrence Tung y Vanessa Gordon, Sudan Focal Point 1996.. Aunque, en teoría, los acusados tienen derecho a un abogado, los juicios se celebran a menudo poco después de la detención, por lo que no da tiempo a solicitar asistencia letrada, aunque de todos modos los desplazados internos raras veces tienen acceso a ella por falta de medios o de contactos.


Los niños desplazados son particularmente vulnerables a la detención arbitraria. En septiembre de 1992, el gobierno comenzó a aplicar una política de captura de niños «vagabundos» con el fin de llevarlos a campos de acogida especiales para ellos. Aún así, según cálculos oficiales, en 1994 había en Jartum y sus alrededores alrededor de 25.000 niños «vagabundos».


La policía detiene a menudo a niños del sur de Sudán y nuba que encuentra en la calle sin ir acompañados de una persona adulta. Con frecuencia los mantienen recluidos varios días en las comisarías antes de llevarlos a campos de acogida. Hay informes de palizas infligidas por la policía a estos niñosVéase el documento de Amnistía Internacional Sudán: Las lágrimas de los huérfanos: sin derechos humanos no hay futuro(Índice AI: AFR 54 /02/95/s), 25 de enero de 1995, y el informe de Human Rights Watch/Africa Children of Sudan: slaves, street children and child soldiers, septiembre de 1995.. En 1994, el gobierno reconoció que había campos para niños en Jartum, Kosti, Geneina, Abu Dom y Durdib. De acuerdo con los informes, a los niños que intentan escapar los golpean y los obligan a arrastrarse desnudos por el sueloLa situación de los derechos humanos en Sudán: informe del relator especial, Sr. Gáspár Bíró, presentado de acuerdo con la resolución 1994/79 de la Comisión de Derechos Humanos. Documento de la ONU E/CN.4/1995/58, 30 de enero de 1995., y hay indicios de la existencia de otros campos en lugares remotos, más próximos a las zonas en guerra, donde se les trata aún peor. Tal es el caso, por ejemplo, de un campo situado en Abu Dikiri, al borde de los montes Nuba, donde, al parecer, en abril de 1995 dispararon a unos niños que intentaban huir.


Según informes, algunos de estos campos funcionan como escuelas donde se enseña árabe y doctrina coránica, a pesar de que la mayoría de los niños no son musulmanes. Asimismo, en algunos campos el ejército y las FPD han reclutado a muchachos por la fuerza.


El EPLS también tiene campos donde se prepara a los niños para ingresar en las fuerzas armadas. Por ejemplo, en el campo de Omere, reclutó, al parecer, a más de 1.000 niños a principios de 1995.


Asimismo, en las zonas en guerra se secuestra a los niños. Unos son vendidos a sus propias familias. A otros los llevan a Darfur o a Kordofanal, donde viven esclavizados, limpiando la casa o cuidando el ganado de sus secuestradores. Si intentan escapar, los castigan con brutales palizas, e incluso los matan. A finales de septiembre de 1996, cuatro muchachos dinka esclavos consiguieron escapar aprovechando un enfrentamiento entre pastores nómadas de los grupos étnicos rizeiqat y zaghawa; su «amo» dio con ellos y los mato a tirosEn marzo de 1987, las milicias rizeiqat mataron a más de 1.000 desplazados internos dinka que vivían en la localidad de Ad-Daien, Darfur. Dos ciudadanos sudaneses defensores de los derechos humanos, Ushari Ahmad Mahmud y Suleiman Ali Baldo, elaboraron un informe sobre la matanza, The Daien massacre and slavery in Sudan,en el que se identificó por primera vez la reaparición de la esclavitud..


Aunque el secuestro y la esclavitud están prohibidos (el gobierno niega que haya esclavos), los desplazados a menudo no se atreven a hacer nada para liberar a sus hijos. En septiembre de 1996, Maiwen, desplazo interno dinka que vivía en Al-Obeid, localizó en el sur de Kordofan a una nieta suya de 11 años, llamada Acol. Al intentar llevársela, lo golpearon y lo dejaron tres días atado a un árbol. La niña y su «amo» desaparecieron. En algunos casos, la policía y los tribunales locales han intervenido para que se liberara a niños esclavos, pero Amnistía Internacional no conoce ninguno en el que se haya procesado al secuestrador o al «amo».


Avances


Los gobiernos y las autoridades de factoson los principales responsables de los derechos humanos de los desplazados internos. La comunidad internacional no puede sustituir a tales autoridades, pero sí tomar medidas para presionar a los gobiernos y a otras entidades políticas a fin de que se atengan al derecho internacional humanitario, así como para garantizar que en las intervenciones internacionales se concede especial importancia a los derechos humanos.


En 1992, el secretario general de la ONU nombró un representante sobre la cuestión de los desplazados internos, el cual, tomando como base los derechos humanos y las normas humanitarias internacionales ya existentes, se ha encargado de elaborar un conjunto de directrices que establecerán los derechos de los desplazados internos. Amnistía Internacional cree que se debe reforzar y apoyar mejor el mandato del representante especial para que pueda desempeñar una función activa en la denuncia de ejemplos concretos de abusos y violaciones de derechos humanos.


La protección que se ofrece en la actualidad a los desplazados internos es limitada. En el caso de los que viven en zonas en guerra es especialmente importante el Artículo común 3 de los Convenios de Ginebra de 1949, que prohíbe los ataques contra las personas no combatientes. Uno de los aspectos, reconocido internacionalmente, del mandato del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) es promocionar el respeto a los derechos humanos e intervenir en favor de la población civil en situaciones de conflicto armado. El ACNUR, en cuyo mandato no está incluido de manera específica el trabajo con desplazados internos, interviene en casos concretos, a petición del secretario general de la ONU o de otro organismo pertinente de la ONU, con el consentimiento del país afectado y si dispone de recursos.


La mayoría de los organismos operativos de la ONU que trabajan con los desplazados internos lo hacen dentro de un marco en el que la labor humanitaria está separada de la protección de los derechos humanos. Casi todos ellos dan prioridad a la satisfacción de las necesidades de ayuda humanitaria y por este motivo existe una acusada falta de actividad internacional práctica para proteger los derechos humanos de los desplazados internos.


Según la revisión oficial de la Operación Salvar Sudán organizada por las Naciones Unidas, en el norte de Sudán la falta de claridad con respecto a los mandatos de los distintos organismos de la ONU en la aplicación de los actuales instrumentos internacionales para la protección de poblaciones desplazadas por la guerra ha limitado considerablemente la eficacia de la ONU y de la política internacional. En la revisión se llega a la conclusión de que no se ha abordado la cuestión fundamental de la protección de la enorme población de desplazados internos de SudánOperation Lifeline Sudan: a review, julio de 1996, p. 220. .


Sin embargo, el sector sur de la Operación Salvar Sudán, que está dirigido por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), constituye un ejemplo de acción para mejorar la protección de los desplazados internos que se puede utilizar en otros lugares. El sector sur trabaja fundamentalmente en el territorio controlado por el EPLS y por otros grupos armados de oposición. Ha intentado alcanzar un consenso con estos grupos para aplicar un enfoque basado en los derechos humanos a la acción en favor de los desplazados internos. Gracias a ello, se han acordado reglas básicas para el envío de ayuda humanitaria, que incluyen el compromiso firmado de respetar las disposiciones de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño y los Convenios de Ginebra de 1949. Asimismo, se han establecido mecanismos para investigar los quebrantamientos de las reglas básicas. Queda todavía mucho por hacer; de hecho, el EPLS y otros grupos armados siguen cometiendo abusos contra los derechos humanos en el sur de Sudán. No obstante, lo realizado hasta ahora constituye un importante intento de unir la ayuda humanitaria y los derechos humanos a fin de garantizar la protección de unas personas que figuran entre las más vulnerables del mundo.


Amnistía Internacional cree que la protección debe formar parte claramente del mandato de todas las operaciones internacionales en favor de los desplazados internos. La asistencia prestada únicamente en forma de ayuda humanitaria no es suficiente. Ningún organismo internacional ha de hacer caso omiso de los abusos y violaciones de derechos humanos. Las operaciones internacionales tienen que estar basadas en una estrategia para abordar los problemas de derechos humanos coordinada en los niveles más altos.





4. Todavía en peligro


El 30 de octubre de 1996, cinco hombres armados rodearon a Pascal Murwirano, refugiado ruandés de 22 años que había buscado amparo en un orfanato del este de Zarie con la esperanza de escapar del conflicto que asuela la zona. Sucedió lo siguiente:


''¿Eres de Ruanda?''.

''Sí''.

''¿Eres hutu?''.

''Sí''.

''Quítate la ropa''.


Pascal se santiguó. Se desabrochó el primer botón de la camisa, y antes de que pudiera desabrocharse el segundo, lo mataron. Le pegaron un tiro en el corazón, cuatro en el estómago y uno en la cabeza.


El testigo presencial que hizo esta declaración era uno de los miles refugiados zaireños que huyeron a Tanzania a finales de 1996 por temor a perder la vida.


Los refugiados tienen los mismos problemas de derechos humanos que cualquier otra persona. En los países donde los civiles son presa fácil para policía y los soldados, están expuestos a sufrir extorsión, detención arbitraria, malos tratos y ejecución extrajudicial. En las zonas donde se desarrolla un conflicto armado corren peligro de que los maten en ataques deliberados o indiscriminados. Sin embargo, los refugiados son aún más vulnerables que otras personas, porque son extranjeros sin ninguna posibilidad de recibir protección de su propio Estado y sin casa ni sustento.


De acuerdo con el derecho internacional, los Estados de acogida son responsables de proteger a los refugiados. Pero en los países donde el gobierno y las fuerzas de seguridad violan los derechos humanos de sus propios ciudadanos, los refugiados también corren peligro. Especialmente en los países en que la política oficial del gobierno los discrimina, la población local puede atacarlos y someterlos a abusos.


La respuesta que dan a los refugiados los países que los acogen está siempre condicionada por preocupaciones políticas más generales. En ocasiones, los gobiernos de acogida temen que las tensiones o los conflictos que han provocado la huida de los refugiados se propaguen a su propio país. Otras veces apoyan a una de las facciones contendientes en el Estado del que los refugiados han huido. Asimismo, hay factores políticos internos. Por ejemplo, la actitud del gobierno de Kenia hacia los refugiados de Somalia está muy influida por la política de discriminación que aplica a sus propios ciudadanos de etnia somalí.


Con frecuencia, los refugiados continúan expuestos a peligros procedentes de su propio país, en unos casos porque las fuerzas del gobierno o de la oposición armada cruzan la frontera para atacarlos y en otros porque son víctimas de facciones políticas existentes en la misma población de refugiados. Las mujeres son especialmente vulnerables. A menudo son ellas las que tienen que mantener a la familia, por lo que se exponen a sufrir explotación y abusos a manos de las autoridades del campo, el personal de seguridad y los refugiados varones. Debido a esta situación de inferioridad, se denuncian muchos menos casos de abusos sexuales y explotación de mujeres de los que en realidad se producen; además, las autoridades a menudo no les prestan la debida atención.


En este capítulo se exponen los problemas de derechos humanos que se les plantean a los refugiados en los países de asilo.


Garantizar el asilo


Millones de africanos han conseguido entrar en países vecinos para pedir asilo, pero cruzar la frontera puede resultar peligroso. En la época delapartheid,el gobierno sudafricano no quiso reconocer el concepto de asilo y cerró su frontera con Mozambique colocando una valla eléctrica mortal. Decenas de mozambiqueños murieron tratando de cruzar esta valla entre 1986, cuando se levantó, y 1990, cuando se redujo el voltaje. Huían de una guerra civil fomentada activamente por las autoridades sudafricanas.


A los liberianos que en mayo de 1996 huyeron en barco de la reanudación de los combates en Monrovia no se les permitió desembarcar en Costa de Marfil, e inicialmente tampoco en Sierra Leona ni en Ghana. Devueltos de un puerto a otro, millares de hombres, mujeres y niños se vieron obligados a vivir hacinados en barcos que hacían agua, sin apenas nada que comer y beber, prácticamente sin ningún tipo de instalación higiénica y sin la menor idea de cuándo o dónde se les permitiría desembarcar. Ni siquiera tenían espacio suficiente para dormir tumbados. Las autoridades les impidieron abandonar los barcos a pesar de las terribles condiciones en que se encontraban, de su desesperación y de los ruegos del ACNUR y de las organizaciones no gubernamentales. Al cabo de nueve días de confinamiento en el carguero Bulk Challenger,a 3.000 refugiados se les permitió desembarcar y solicitar asilo en Ghana.


Una vez que los refugiados han entrado en un país, conseguir que se les reconozca como tales es un requisito esencial para obtener protección. A los refugiados mozambiqueños que lograron pasar a Sudáfrica en los años ochenta se les trató como a inmigrantes ilegales, exponiéndose así a ser encarcelados y expulsados.


Senegal no ha reconocido como refugiados a los mauritanos que han llegado allí en busca de protección; consideradas como «desplazados», estas personas son vulnerables a los altibajos de las relaciones entre ambos países. En 1989, las tensiones entre Senegal y Mauritania provocaron las expulsión de 100.000 mauritanos moros (árabes bereberes) y de 20.000 senegaleses de Senegal, mientras que Mauritania hizo lo mismo con numerosos senegales y con decenas de miles de los denominados mauritanos negros. En 1992, ambos países restablecieron las relaciones diplomáticas, y entonces se comenzó a presionar a los refugiados para que volvieran a sus lugares de origen reduciéndoles progresivamente la ración de alimentos.


Sin embargo, el asilo no garantiza a las personas que lo consiguen que no serán devueltas a su país. Kenia, por ejemplo, ha expulsado periódicamente a refugiados. En julio de 1996, las autoridades de este país obligaron a cruzar de nuevo la frontera a más de 900 solicitantes de asilo somalíes, a pesar de los esfuerzos del ACNUR por garantizar el cumplimiento de las obligaciones que impone a Kenia la Convención de la OUA sobre Refugiados.


El intento de garantizar la protección de los refugiados se deja a menudo en manos del ACNUR. Este organismo interviene cuando los gobiernos expulsan a refugiados o cierran sus fronteras, aunque con frecuencia en vano. Asimismo, en varios países desempeña una función consultiva en procedimientos de concesión individual de asilo.


Aunque a la mayoría de los refugiados africanos se les ofrece protección reconociéndoles colectivamente como tales, en un pequeño número de casos, con frecuencia de personas de origen urbano, se utilizan procedimientos de determinación individual de la condición de refugiado, posibilidad que también está considerada en la Convención de la OUA sobre Refugiados. En comparación con el número muchísimo mayor de personas que buscan protección en el contexto del desplazamiento masivo, estos refugiados corren el riesgo de que no les preste la debida atención.


Los procedimientos individuales pueden resultarles muy complicados y difíciles de entender a los refugiados, y en muchos casos el solicitante de asilo no tiene posibilidades de buscar asesoramiento independiente ni de presentar una apelación si se rechaza su solicitud. En algunos países, como Kenia, el comité encargado de determinar la condición de refugiado lleva años sin funcionar, y el ACNUR se encuentra en la contradictoria situación de tener que representar a los refugiados y a la vez decidir qué solicitantes de asilo reúnen los requisitos necesarios para que se les reconozca como refugiados.


Campos de refugiados


Muchos Estados africanos han restringido la libertad de circulación de los refugiados obligándolos vivir en campos de acogida o en zonas muy concretas. Con frecuencia, la única forma posible de dar alojamiento a gran número de personas consiste en crear campos de acogida. No obstante, desde el punto de vista de los derechos humanos, el hecho de que se obligue a los refugiados a residir en tales campos es motivo de preocupación por varias razones.


A veces, para tener derecho a recibir alimentos y otras formas de ayuda es absolutamente necesario residir en un campo de acogida. En Argelia, para poder beneficiarse de la asistencia humanitaria, que incluye alimentos, electricidad, letrinas y una clínica, los refugiados de Malí y de Níger tienen que vivir en alguno de los cuatro campos de acogida que se les han asignado al sur del país, en pleno desierto del Sahara. En Ghana, la ración de alimentos que recibían los refugiados togoleses asentados fuera del campo de Klikor equivalía a la mitad de la proporcionada a los residentes en el campo por el Programa Mundial de Alimentación de las Naciones Unidas.


par Los refugiados están expuestos a ser expulsados si los encuentran en zonas no autorizadas. El 10 de enero de 1997, las autoridades de Tanzania devolvieron sumariamente a Burundi a 126 refugiados de este país que habían sido detenidos por encontrarse fuera de la zona autorizada que rodea los montes Kitali porque, presuntamente, habían participado en actos violentos. A las pocas horas de ser entregados, las fuerzas de seguridad burundesas mataron a tiros a 122 de ellos.


Con frecuencia, los refugiados que viven en situación ilegal fuera de los campos de acogida son apresados por la policía o el ejército, a veces con violencia. En Kenia se pueden presentar cargos contra cualquier refugiado que se encuentre fuera del campo al que ha sido asignado y encarcelarlo o imponerle un multa. Hay agentes de policía corruptos que detienen a los refugiados para chantajearles. A finales de 1995, como consecuencia de una campaña de represión llevada a cabo en Nairobi por la policía contra personas de fuera del país, más de 1.000 individuos, muchos de ellos refugiados, fueron recluidos en un centro temporal de detención donde vivieron hacinados y sin alimentos suficientes ni asistencia médica adecuada. En marzo de 1996 fueron detenidos en Nairobi a varios etiopes, entre ellos siete refugiados, relacionados con el Frente de Liberación Oromo. Los amenazaron con deportarlos a Etiopía. El ACNUR consiguió que los dejaran en libertad, pero fueron trasladados de inmediato a un remoto campo de refugiados. Sólo a uno de ellos se le permitió regresar a Europa, donde residía anteriormente.


A veces, los refugiados que deciden asentarse fuera de los campos son objeto de discriminación oficial, así como de explotación cuando hacen algún trato con la población local. En Zimbabue, por ejemplo, muy pocos refugiados mozambiqueños conseguían permiso de trabajo en los años ochenta. Tampoco podían afiliarse a sindicatos. Sin embargo, en las granjas y plantaciones de Zimbabue siempre se contrataba a inmigrantes mozambiqueños cuando hacía falta mano de obra. Los propietarios de las tierras se aprovechaban de la vulnerabilidad de los jornaleros ilegales pagándoles la mitad de lo que cobraban los del país. Naturalmente, este hecho generaba animosidad hacia los inmigrantes entre los trabajadores agrícolas zimbabuenses, que no lograban encontrar trabajoAfrican Exodus: refugee crisis, human rights and the 1969 OAU Convention, Comité de Abogados por los Derechos Humanos, julio de 1995..


La localización de los campos de acogida, a menudo en remotas zonas rurales o cerca de la frontera, puede entrañar peligro para los refugiados. Las autoridades de Costa de Marfil, que apoyan al grupo armado de oposición del Frente Patriótico Nacional de Liberia (FPNL), obligan a los refugiados liberianos a vivir en pueblos próximos a la frontera con Liberia. Hay muchos informes de ataques lanzados por el FPNL desde Liberia en los que han muerto refugiados y ciudadanos marfileños.


El grupo armado de oposición Ejército Popular de Liberación de Sudán ha secuestrado en Adjumani, localidad ugandesa próxima a la frontera, a refugiados sudaneses, algunos de ellos especialistas que habían sido miembros del grupo. En 1994 se llevaron a Sudán a varios refugiados, y una vez allí mataron deliberadamente a al menos uno de ellos, el Dr. Karlo Madut Deng. Más recientemente, los refugiados sudaneses del norte de Uganda han sido atacados por grupos ugandeses de oposición armada que tienen sus bases en Sudán y en Zaire. En julio de 1996, por ejemplo, el Ejército de Resistencia del Señor mató deliberadamente a más de 100 refugiados en Achol Pii. Debido a estos ataques, algunos refugiados han comenzado a regresar a Sudán.


En el norte de Burundi, el hecho de que los campos de refugiados hutus de Ruanda estén cerca de los que ocupan los desplazados internos burundeses de etnia tutsi ha provocado actos violentos. El conflicto estalló cuando el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas recortó la ayuda humanitaria a los desplazados tutsis, que estaban resentidos ya por la asistencia internacional prestada a los refugiados hutus. En un ataque efectuado contra el campo de Majuri en marzo de 1995 murieron 12 refugiados y resultaron heridos otros 22.


Aunque a veces sea necesario que otros Estados proporcionen ayuda y recursos, es al gobierno del país de acogida al que corresponde garantizar la debida seguridad en los campos de refugiados y en sus alrededores, así como asegurarse de que los campos están situados en lugares que no entrañan peligro para sus ocupantes. Sin embargo, los gobiernos a menudo prefieren mantener a los refugiados en zonas remotas del país. En 1995, las autoridades de Kenia, por ejemplo, decidieron cerrar los campos de refugiados somalíes de la costa por considerarlos perjudiciales para la industria turística del país y una amenaza para la seguridad. Millares de refugiados fueron trasladados entonces a otros campos situados en zonas del noreste de Kenia, más próximas a la frontera con Somalia y afectadas por el bandidaje y la inseguridad.


Mas de un millón de hutus ruandeses buscaron protección en campos de refugiados de Zaire y de Tanzania cuando abandonaron su país en 1994. La mayoría habían huido por temor a las represalias de los tutsis del Frente Patriótico Ruandés después del genocidio. No obstante, el éxodo masivo tuvo también su origen en una estrategia deliberada de las autoridades expulsadas, que querían conservar el control sobre una parte muy considerable de la población de Ruanda. Las instituciones y estructuras ruandesas fueron trasplantadas a los campos de refugiados y la vida de las personas que residían en ellos quedó en manos de las antiguas autoridades del gobierno porque eran quienes controlaban la distribución de alimentos y de agua. Las milicias empezaron a entrenarse en los campos y en sus alrededores con la intención de invadir de nuevo Ruanda. Intimidaban a la población de refugiados y les obligaban a pagar un «impuesto de guerra» para financiar sus actividades.

Las antiguas autoridades ruandesas intentaron impedir que los refugiados regresaran a Ruanda haciendo circular información falsa sobre la suerte que habían corrido las personas que habían vuelto, amenazando a quienes tenían intención de regresar y, a veces, utilizando la fuerza bruta. En un panfleto que distribuyeron por el campo de Mugunga se decía:


De todas las personas que el ACNUR ha hecho regresar, no ha sobrevivido ninguna.... Los tutsis se han quedado con todos los bienes de los hutus, y a los valientes que se atreven a hablar los matan sin piedad.


Este control planteaba un problema a las organizaciones humanitarias, que veían, impotentes, el mal uso que se daba a su ayuda en beneficio de grupos políticos armados. Representaba también un problema de seguridad para el gobierno de Ruanda. Pero, sobre todo, constituía un inmenso problema para la mayoría de los refugiados, a los que se utilizaba como peones de un conflicto interminable.


Ni las autoridades zaireñas ni las tanzanias tomaron las debidas medidas para impedir los abusos contra los derechos humanos dentro de los campos, ni tampoco prendieron a las personas acusadas de participar en el genocidio de Ruanda. En Zaire, el ACNUR contrató a una fuerza de soldados zaireños para proporcionar seguridad a los campos. Según informes, gracias a esta medida se redujo el número de delitos comunes, como el robo, pero no sirvió para acabar con la violencia política. Tanto en Tanzania como en Zaire se detuvo a un pequeño número de personas identificadas como «intimidadores», siete de las




La mayoría de los refugiados son mujeres y niños. © Sebastião Salgado

cuales fueron deportadas a Ruanda por las autoridades tanzanias en agosto de 1996. Sin embargo, parece ser que algunos de estos refugiados detenidos no estaban acusados de participar en el genocidio ni de cometer abusos contra otros refugiados.


Dado el número de hombres con que contaban los grupos en los campos de refugiados y sus alrededores, es discutible que los gobiernos zaireño y tanzanio no estuvieran en condiciones de desarmarlos. Es posible que no lo hicieran por falta de voluntad política, como parece indicar la rapidez con que la Alianza de las Fuerzas Democráticas para la Liberación de Congo-Zaire y las fuerzas tanzanias vaciaron los campos del este de Zaire y de Tanzania a finales de 1996. Tanzania solicitó ayuda internacional para hacer frente a los problemas de los campos en su territorio, pero no recibió la necesaria. Los Estados donantes de ayuda no estaban dispuestos a seguir corriendo con los gastos de la protección. La «solución duradera» que buscaron los gobiernos en vez de aprobar la ayuda fue la expulsión forzada de centenares de miles de refugiados a Ruanda, a pesar de la peligrosa situación existente allí desde el punto de vista de los derechos humanos (véase el capítulo 5). Sometido a presión, el ACNUR también firmó este plan. La presencia de «intimidadores» en los campos sirvió para desviar la atención del hecho de que la comunidad internacional no había creado en Ruanda las condiciones de seguridad necesarias para una repatriación voluntaria y digna.


En Zaire imperaban el desorden y la inseguridad, pues las autoridades no hacían nada para impedir los abusos contra los refugiados, del mismo modo que no ponían remedio a los que se cometían contra sus propios ciudadanos. Además, las autoridades políticas del país eran partidarias del ex gobierno de Ruanda, por lo que había muy pocas probabilidades de que emprendieran acciones contra sus fuerzas.


En 1996, a medida que aumentaba la agitación en el este de Zaire, se envió a la zona a millares de soldados zaireños indisciplinados y muy mal pagados. Estas fuerzas fueron responsables de saqueos y ataques generalizados, cuyas víctimas eran refugiados, así como ciudadanos de Zaire. En julio de 1996, por ejemplo, al parecer ejecutaron extrajudicialmente a 19 refugiados ruandeses en Masisi. De acuerdo con la información proporcionada por personas que presenciaron los hechos, los soldados golpearon a los detenidos hasta dejarlos casi inconscientes y luego se los llevaron a un lugar apartado para matarlos. A veces, los soldados zaireños se aliaban con grupos de civiles armados para atacar a los refugiados, aprovechando y agravando la hostilidad entre etnias.


En febrero de 1997, el ACNUR volvió a hacer un llamamiento para que se cree una fuerza internacional de reserva encargada de separar a las personas que no cumplen los requisitos para recibir protección internacional como refugiados de los verdaderos refugiados. Si se aprueba esta propuesta, es absolutamente esencial que tal fuerza se comprometa firmemente a respetar las normas de derechos humanos.

Abusos contra mujeres refugiadas


La mayoría de los refugiados de África son mujeres y niños. Con frecuencia son las mujeres las que se encargan totalmente del bienestar de sus familias, por lo que están particularmente expuestas a sufrir explotación y abusos, incluida la violación, a manos de las autoridades de los campos de acogida, la policía y el personal de seguridad, los delincuentes y los refugiados varones. Su presencia en las estructuras de mando de los refugiados es mínima, y a menudo incluso tienen menos acceso que los hombres a los mecanismos de denuncia y de administración de justicia.


El problema de los hombres que se aprovechan de la falta de poder de las mujeres refugiadas para someterlas a explotación y violencia sexual está muy extendido. En Yibuti, por ejemplo, las refugiadas etíopes corren el riesgo de ser tachadas de prostitutas. Según informes, hay policías y otros funcionarios que las obligan a mantener relaciones sexuales con ellos a cambio de no deportarlasSexual violence against women refugees in the Horn of Africa, Kabahenda Nyakabwa y Caroline Lavoie, enAfrican Women, núm. 10, marzo-septiembre de 1995..


Los somalíes que han buscado refugio en Kenia debido a la violencia política que asuela Somalia se encuentran en un país cuyos mismos ciudadanos de etnia somalí sufren discriminación. En 1991, cuando se desintegró el Estado en Somalia debido a la guerra entre facciones, más de 400.000 personas huyeron a Kenia. A finales de 1996 todavía continuaban allí más de 130.000. La mayoría de los refugiados somalíes vivían en tres campos de acogida situados en el noreste del país. Entre abril de 1992 y noviembre de 1993, centenares de mujeres somalíes fueron violadas en estos campos y en sus alrededores, a menudo mientras buscaban leña o cuidaban de los animales. La mayoría de los violadores eran bandidos, muchos de ellos somalíes o keniatas de etnia somalí; pero, según informes, varias mujeres fueron violadas por policías o soldados keniatas.


Las autoridades restaron importancia al problema. Cuando se planteó ante el Parlamento keniata a principios de 1993, un viceministro de la Oficina del Presidente negó las denuncias de violación generalizada de mujeres. Declaró que quienes hacían estas denuncias pretendían «granjearse apoyo y hacer propaganda contra el gobierno». Muchas mujeres no se atrevieron a denunciar su violación, unas veces por temor a las represalias de la policía o porque creían que no servirían de nada, y otras por la vergüenza que supone para una mujer somalí haber sido violada.


Al final, gracias a la presión ejercida por las organizaciones de derechos humanos, mejoró la seguridad en los campos de refugiados El gobierno aumentó el número de policías en la zona, y el ACNUR emprendió un proyecto especial de mujeres, que incluía vallar los campos y en contratar a la sección keniata de la Federación Internacional de Mujeres Abogadas para que prestaran servicios jurídicos a los refugiados y poder entablar acciones judiciales contra los presuntos autores de las violaciones. En marzo de 1994, el gobierno dio orden de iniciar una investigación pública sobre unos sucesos ocurridos en Dabaad en agosto de 1992, en los que el personal de seguridad cometió presuntas violaciones de derechos humanos contra los refugiados, incluida la violación de mujeres. No obstante, esta investigación ha sufrido repetidas demoras. En 1995 se procesó a un hombre que había violado a varias mujeres. Gracias a todas estas medidas, el número de violaciones descendió, pero todavía siguieron cometiéndose muchas.


La prestación de servicios jurídicos a los refugiados por una organización intergubernamental de mujeres de un país es un ejemplo concreto del modo en que una organización nacional de derechos humanos puede participar en el trabajo con refugiados. El proyecto acabó a mediados de 1995, y el ACNUR ha incorporado el trabajo a su departamento de protección.


En general se piensa que el número de agresiones sexuales a mujeres refugiadas de que se tiene noticia, aunque elevado, no es más que una pequeña muestra de la verdadera magnitud de este abuso. Es esencial garantizar la debida protección, e igualmente importante es garantizar que se presta apoyo y asistencia adecuada a las mujeres que han sufrido abusos y se toman medidas para llevar a los responsables ante los tribunales.




5. Repatriación forzada y repatriación voluntaria


Los refugiados son personas que cruzan fronteras internacionales en busca de seguridad. Si no se les reconoce como refugiados o si el país de acogida decide que no está dispuesto a seguir cumpliendo sus obligaciones legales, a veces se les obliga a regresar al país del que han huido. La expulsión de solicitantes de asilo a situaciones donde su vida o su libertad están amenazadas se conoce como devolución forzada (refoulement).


La devolución forzada está prohibida por el derecho internacional, concretamente por la Convención de la ONU sobre Refugiados, la Convención de la OUA sobre Refugiados y la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles Inhumanos o Degradantes. Sin embargo, existen preocupantes señales de que en todo el mundo, incluida África, los gobiernos están cada vez menos dispuestos a respetar el principio de no devolución forzada (non-refoulement).


Los refugiados africanos que solicitan asilo en países industrializados se enfrentan a la hostilidad y al racismo en un clima de creciente renuencia oficial a acogerles. En junio de 1996, España expulsó a la fuerza a Guinea Bissau a 50 solicitantes de asilo de varios países africanos, a algunos sin darles la oportunidad de presentar su solicitud. A su llegada a Guinea Bissau, fueron encarcelados, golpeados y torturados. En una manifestación organizada en septiembre de 1996 para protestar por el trato que habían recibido los solicitantes de asilo en ambos países, la policía guineana disparó contra la multitud, matando a un manifestante.


En general se admite que, para abordar los problemas de desplazamiento forzado es necesario buscar lo que se ha dado en llamar «soluciones duraderas». En ningún sitio es tan evidente esta necesidad como en África, donde algunas de las economías más pobres del mundo cargan con la responsabilidad de mantener a la población de refugiados más numerosa del planeta. En la actualidad, la «solución duradera» que con más partidarios cuenta es la repatriación voluntaria. Otras son la integración en el país de acogida y el reasentamiento en un tercer país.


En África se han llevado a cabo con éxito varios programas de repatriación voluntaria. A comienzos de los años noventa, por ejemplo, al acabar la guerra civil en Mozambique regresaron allí más de un millón de personas que habían buscado refugio en Malawi y Zimbabue. Las repatriaciones voluntarias son procesos muy complejos y difíciles desde el punto de vista político y logístico, en los que se plantean muchas cuestiones en relación con los derechos humanos. Sólo se deben fomentar si en el país de origen existe una situación de seguridad duradera claramente consolidada.


La promoción de que goza actualmente la repatriación voluntaria por ser la solución duradera preferida de los gobiernos coincide con una tendencia cada vez más acusada a descartar la integración y el reasentamiento de los refugiados. En general, los gobiernos africanos han concedido siempre asilo dando por sentado que éste sería temporal y que los refugiados regresarían a sus países de origen tan pronto como mejorara la situación en ellos. Sin embargo, los conflictos y las pautas de graves abusos y violaciones de derechos humanos causantes de la huida raras veces se han resuelto con rapidez. Son muchas las familias han que vivido generaciones enteras en campos de refugiados esperando la oportunidad de regresar a sus hogares. Por ejemplo, la mayoría de los ruandeses hutus que huyeron a Uganda y a otros países en 1959 no pudieron regresar a Ruanda hasta después de julio de 1994.


Algunos gobiernos africanos ya no están dispuestos a acoger a grandes poblaciones de refugiados. Se quejan de los considerables gastos que supone hacerlo y del hecho de que la comunidad internacional no cargue con la parte de responsabilidad que le corresponde. Destacan la degradación medioambiental que acarrea el asentamiento de centenares de miles de personas en zonas con ecosistemas muy frágiles. Insisten en su preocupación por la inseguridad existente en las zonas donde se encuentran los campos de refugiados debido a grupos armados que tienen su base en ellas o a ataques lanzados por fuerzas militares desde países vecinos.

Debido a estos inconvenientes, cada vez son más los Estados africanos que, al igual que muchos gobiernos de Europa y Norteamérica, cierran sus fronteras a los refugiados, los impiden desembarcar en sus puertos y los devuelven a sus países de origen aunque no exista todavía en ellos una situación de seguridad duradera.


Repatriación forzada a Ruanda


A finales de 1996, más de un millón de refugiados ruandeses de etnia hutu se vieron obligados a salir de Tanzania y de Zaire como consecuencia de una serie de acontecimientos que ponen en tela de juicio todo el sistema concebido por la comunidad internacional para proteger a los refugiados.


La experiencia de la repatriación de estos ruandeses pone de manifiesto la facilidad con que se sacrifican a veces los principios de protección cuando hay intereses políticos en juego. Los países de acogida estaban cansados de soportar tanta carga y los Estados donantes de ayuda estaban cansados de gastar tanto dinero (un millón de dólares estadounidenses diarios, según cálculos aproximados). Al mismo tiempo, Ruanda fomentaba el regreso de los refugiados, porque podía servirle para demostrar su credibilidad ante la comunidad internacional y para que se desviase a proyectos dentro del país parte de la ayuda humanitaria destinada a los campos de refugiados.


Los refugiados pagaron cara la falta de acción internacional. Aunque nadie niega la complejidad política, militar y logística del problema, el hecho de que la comunidad internacional no hiciera nada durante un periodo de casi dos años permitió que la situación degenerara hasta resultar intolerable. En el este de Zaire, los refugiados se vieron completamente privados de la ayuda internacional y sometidos a brutales abusos y violaciones de derechos humanos cometidos por todas las partes del conflicto, a saber, los miembros del ex gobierno de Ruanda junto con su ejército y sus milicias, la Alianza de las Fuerzas




Refugiados mozambiqueños que regresan a su país. © Sebastião Salgado

Democráticas para la Liberación de Congo-Zaire y las fuerzas de seguridad zaireñas. En cuestión de días se vieron obligadas a regresar a Ruanda alrededor de 600.000 personas. A comienzos de 1997 todavía quedaban en Burundi y en Zaire varios centenares de miles de refugiados ruandeses, que recibían muy poca o ninguna ayuda humanitaria.


Asimismo, puesto que no se les protegió de la intimidación, ni en Tanzania ni en Zaire tuvieron los refugiados posibilidad de decidir individualmente y con conocimiento de causa si querían ser repatriados.


A comienzos de diciembre de 1996, las autoridades de Tanzania y el ACNUR hicieron una declaración conjunta anunciando que se esperaba que todos los refugiados ruandeses (más de 500.000 personas) hubieran regresado ya a su país al concluir el año. Alrededor de 300.000 personas huyeron en ese momento de los campos de refugiados de la región de Ngara para no ser repatriadas a la fuerza.


Hubo en todo momento una fuerte presencia militar en la zona. Las fuerzas de seguridad de Tanzania cortaban el paso a los refugiados que huían y les obligaban a dirigirse a la frontera. Según informes, el personal de seguridad entraba en los campos de refugiados y expulsaba a sus ocupantes. Unos miembros de la operación de ayuda humanitaria dijeron que, cuando el campo de refugiados de Benaco quedó desierto, la policía entró por la noche en él y asaltó una iglesia donde habían buscado amparo 28 ruandeses, a los que golpeó y obligó a sumarse a una columna de refugiados que marchaban a pie hacia el paso fronterizo de Rusumo. Hubo más informes de golpes y malos tratos infligidos a refugiados. Las autoridades de Tanzania negaron durante varios días el acceso a los campos de refugiados a diversas organizaciones humanitarias internacionales y deportaron a varios sacerdotes que se opusieron a las expulsiones. De acuerdo con los informes, se vio a altos cargos militares y políticos ruandeses en los alrededores de los campos. A concluir 1996 habían sido obligados a regresar a Ruanda más de 400.000 refugiados.


Cuando terminó el proceso de repatriación, las autoridades de Tanzania emprendieron por todo el país operaciones sistemáticas de búsqueda de refugiados escondidos. A mediados de enero de 1997 se apresó y devolvió a Ruanda a 5.000 personas.


En la declaración conjunta del ACNUR y de las autoridades tanzanias no se hizo mención de la persistencia de problemas de derechos humanos en Ruanda. El gobierno ruandés se enfrenta a la desalentadora tarea de reconstruir las instituciones judiciales y mejorar la protección de los derechos humanos en el contexto de una sociedad profundamente dividida, en la que muchas personas piden venganza por el genocidio. Las autoridades han hecho algunas promesas muy esperanzadoras, pero la triste realidad es que las violaciones de derechos humanos son cada vez más frecuentes. En febrero de 1997 había al menos 100.000 personas encarceladas, muchas de ellas en condiciones que ponían en peligro su vida. Es posible que gran número de estos detenidos sean culpables de haber participado en el genocidio, pero se cree que muchos son inocentes. Debido a la destrucción de gran parte sistema judicial de Ruanda y a la falta de iniciativas internacionales para ayudar a reconstruirlo, la mayoría tienen muy pocas posibilidades de ser juzgados en un futuro próximo. Los primeros procesos comenzaron en diciembre de 1996, pero no se atuvieron a las normas internacionales sobre juicios justos; además, es muy probable que a muchos acusados se los condene a muerte. En 1996 y principios de 1997 se produjo también un notable aumento del número de homicidios perpetrados por los militares y por los grupos armados de oposición. Se calcula que, en enero y febrero de 1997, mataron a varios centenares de personas, especialmente en la región septentrional y occidental del país. La mayoría eran civiles desarmados, y entre ellas había niños.


Más de un millón de personas, casi el 20 por ciento de la población, fueron obligadas a regresar a Ruanda antes de que se establecieran en el país las debidas salvaguardias de derechos humanos y en un momento en el que el sistema de administración de justicia y las instituciones básicas de la sociedad civil eran todavía muy frágiles. A principios de enero de 1997, al menos 5.500 refugiados recién llegados se encontraban detenidos. No cabe duda de que entre ellos hay personas que participaron en el genocidio. El gobierno había garantizado que no se detendría a nadie sin que la fiscalía realizase previamente una investigación. Sin embargo, Amnistía Internacional cree que, en el poco tiempo de que se dispuso, no pudieron investigarse los casos de todas estas personas. A algunas las detuvieron en el contexto de disputas por la propiedad de tierras y otros bienes, surgidas al llegar los refugiados a sus hogares y encontrárselos ocupados por otras personas. En el clima de rencor legado por el genocidio, las denuncias falsas contra hutus recién llegados son bastante comunes.




Un niño refugiado en Zaire regresa a Ruanda, noviembre de 1996 .© ACNUR

Los refugiados fueron repatriados a Ruanda sin que se hubiera hecho previamente ningún esfuerzo significativo por identificar a los individuos sospechosos de haber participado en el genocidio o de pertenecer a grupos armados de oposición. Los grupos de derechos humanos, el ACNUR y otras organizaciones habían pedido a la comunidad internacional que proporcionase los recursos económicos y militares necesarios para garantizar que se desarmaría, y detendría si resultaba conveniente, a los refugiados que estuvieran en posesión de armas, pero no recibieron ninguna respuesta. Algunos de estos individuos han sido acusados de varios homicidios cometidos recientemente en Ruanda.


En Tanzania no se hizo nada para garantizar que podrían ejercer su derecho a solicitar asilo quienes tuvieran razones particulares para temer sufrir persecución en Ruanda. Incluso en situaciones de repatriación masiva puede haber individuos que necesiten continuar recibiendo protección; a tales personas se les debe ofrecer la oportunidad de exponer su caso ante las autoridades pertinentes.


El ACNUR ha declarado que no tuvo más remedio que participar en esta repatriación, porque sólo así podía intentar que fuese lo más humana posible. No obstante, su apoyo a la expulsión forzada de los refugiados ruandeses de Tanzania hace que la posición que ocupa la protección en su mandato sea motivo de gran preocupación. De hecho, el 23 de diciembre de 1996, en pleno proceso de repatriación, el ACNUR expresó su preocupación señalando que «las autoridades locales [de Ruanda] no tienen capacidad para ocuparse de todos los problemas que surgen: detenciones, orden público, ocupación de casas, ocupación de tierras, problemas sanitarios, inscripción y distribución de la asistencia»Great Lakes Crisis, ACNUR, 23 de diciembre de 1996., pero, al mismo tiempo, continuó fomentando y apoyando los regresos masivos desde Zaire y desde Tanzania.


Lo peor de todo fue la falta de acción de los gobiernos donantes de ayuda. El hecho de que no prestaran suficiente apoyo al gobierno tanzanio minó su capacidad para hacer frente al problema de los refugiados. Al no ayudar a desarmar a los responsables del genocidio permitieron que se perpetuara una situación ante la que Tanzania podía afirmar justificadamente que su seguridad interna corría peligro. Con su deseo de dejar de costear el apoyo a las poblaciones de refugiados, presionaron a todas las partes, incluido el ACNUR, para que buscaran precipitadamente una solución al problema, sin considerar las consecuencias que ello tendría para los derechos humanos.

La perspectiva que tienen los derechos humanos en Ruanda tras las repatriaciones forzadas efectuadas con tanta precipitación desde Zaire y Tanzania no es muy halagüeña. La misma Operación de Derechos Humanos en Ruanda (HRFOR) de las Naciones Unidas, cuya función es muy importante para mejorar la protección de los derechos humanos en el país, ha sufrido ataques. En febrero de 1997 mataron a cinco miembros de su plantilla, y han amenazado o atacado a otros. La HRFOR retiró sus observadores de varias zonas. Asimismo, la creciente inseguridad ha tenido graves efectos en la función de las organizaciones locales de derechos humanos. La impaciencia de los países de acogida, los Estados donantes de ayuda y las autoridades ruandesas por buscar una solución rápida al problema de los refugiados puede dar lugar a pautas de violencia que provocarán, a su vez, nuevos éxodos masivos de refugiados.


Repatriación voluntaria


La protección que se concede a los refugiados en aplicación del derecho internacional no tiene por qué ser permanente. Su objeto es garantizar que las personas pueden escapar de situaciones de grave peligro en su país de origen y recibir protección en otro Estado que actúa en nombre de la comunidad internacional. Se supone que los refugiados emprenderán el regreso tan pronto como pase el peligro.


Desde el punto de vista humano, la situación no es tan sencilla. Lo más probable es que la mayoría de los refugiados quieran regresar a su lugar de origen. Sin embargo, pueden pasar años sin que la perspectiva del regreso seguro empiece siquiera a perfilarse. Las personas se adaptan, rehacen su vida y se integran cada vez más en su nueva comunidad. Tienen hijos que sólo conocen el país de exilio. En cierto momento, los refugiados deberían tener derecho a optar por quedarse para siempre en una tierra nueva.


En África, sólo una parte relativamente pequeña de los millones de refugiados esparcidos por todo el continente han tenido esta opción. Debido a las prolongadas crisis de derechos humanos, la inmensa mayoría de los desplazados llevan años, e incluso décadas, viviendo en una especie de limbo donde no se sienten ciudadanos ni de su país ni del país que les acoge.


La Convención de la ONU sobre Refugiados prohíbe devolver a una persona a una situación en la que su vida o su libertad estén amenazadas, pero especifica que se le puede retirar la condición de refugiado si esa situación ha cambiado. Quedar privado de la condición de refugiado supone tener que regresar al lugar de origen, pero la Convención no aborda la cuestión de la repatriación propiamente dicha.


Sin embargo, la Convención de la OUA sobre Refugiados hace hincapié en que la repatriación ha de ser de naturaleza voluntaria. Especifica que el carácter esencialmente voluntario de la repatriación se debe respetar en todos los casos, que ningún refugiado será repatriado contra su voluntadConvención de 1969 de la Organización de la Unidad Africana, que Regula los Aspectos Específicos de los Problemas de los Refugiados en África, art. V(1), aprobada el 10 de septiembre de 1969, en vigor desde el 20 de junio de 1974.. El mismo ACNUR declara que la voluntariedad es la piedra angular de la protección internacional con respeto al regreso de los refugiadosVoluntary Repatriation: International Protection, ACNUR, División de Protección Internacional, 1996, p. 10..


La repatriación voluntaria es, sin duda, la mejor forma de garantizar que los refugiados regresan a su país de origen con seguridad y dignidad. Decidir si la situación en el lugar de origen ha cambiado hasta el punto de no presentar ya ningún peligro es una cuestión difícil y muy delicada desde el punto de vista político; y en condiciones normales, han de ser las personas a las que afecta directamente las que tomen esta decisión. Un estudio sobre los refugiados mozambiqueños de Malawi reveló que casi el 25 por ciento de ellos tenían parientes que visitaron Mozambique para evaluar la situación por si mismosMozambican refugees: preparing for repatriation, Stella Makanya, Centro Informazione e Educazione allo Sviluppo, Maputo, 1992.. No obstante, cabe la posibilidad de que la información que obtienen los refugiados no sea imparcial ni completa. Por ejemplo, parte de la información que recibieron los mozambiqueños no era fiable debido a las presiones políticas ejercidas tanto por los partidarios de la oposición como por los del gobiernoAfrican Exodus: refugee crisis, human rights and the 1969 OAU Convention, Comité de Abogados por los Derechos Humanos, Julio de 1995.. Asimismo, las facciones políticas ruandesas proporcionaron deliberadamente información falsa a los refugiados acogidos en Tanzania y en Zaire.


Algunos refugiados deciden regresar a su país antes de que resulte seguro hacerlo y con independencia de que se haya puesto en marcha o no un programa oficial de repatriación. En tales casos, lo único que la comunidad internacional puede hacer es garantizar que no se presiona a los refugiados para que regresen y que tienen acceso a una información imparcial y actualizada sobre la situación de su país. Asimismo, se deben tomar medidas para vigilar su seguridad una vez que hayan regresado.


Si la comunidad internacional no cumple las normas establecidas para garantizar que la repatriación es voluntaria, es necesario crear normas para el regreso de los refugiados utilizando como criterio los derechos humanos. Antes de que los gobiernos y el ACNUR fomenten un programa de repatriación, tiene que haber indicios claros de que se ha producido un cambio fundamental y duradero en la situación de los derechos humanos en el país de origen.


Es esencial que haya indicios claros de que existe una situación de seguridad duradera para el regreso de los refugiados. Pero este aspecto del problema plantea la difícil y controvertida cuestión de quién debe evaluar la seguridad. Esta claro que ha de hacerse de una manera competente e imparcial. Los gobiernos recurren, por lo general, al ACNUR para que se encargue de ello; pero al mismo tiempo los Estados donantes de ayuda y los países de acogida, impacientes por desentenderse de los gastos y de la responsabilidad de la protección, le presionan para que inicie la repatriación. Por ello, el ACNUR se encuentra a veces en una situación difícil y comprometida.


Lo ocurrido recientemente en Tanzania resulta muy instructivo. El ACNUR ha declarado que, era tanta la presión ejercida para hacer regresar a Ruanda a los refugiados, que no le quedó más remedio que cooperar. Ante la perspectiva de la repatriación inminente, tuvo que escoger entre mantenerse al margen a modo de protesta o prestar la poca ayuda que podía. Decidió ayudar. En opinión de Amnistía Internacional, la situación en Ruanda no era todavía lo suficientemente segura como para justificar que se fomentara la repatriación voluntaria y menos aún que se impusiera el regreso.


No es razonable ni acertado pedir al ACNUR que abogue por la protección de los refugiados y al mismo tiempo juzgue cuándo se ha de poner fin a esa protección. Amnistía Internacional cree que los Estados han de considerar con urgencia la necesidad de crear un sistema independiente que se encargue de evaluar la situación de los derechos humanos en los países de origen. No faltan entidades competentes, los organismos de derechos humanos de la ONU y de la OUA y las organizaciones no gubernamentales, pero no siempre se recurre a ellos.


En los programas de repatriación voluntaria, el ACNUR debe ocuparse también de mantener bajo estrecha observación la situación de los repatriados. Esta tarea sólo se puede llevar a cabo si los Estados pertinentes están de acuerdo y si se dispone de recursos suficientes. Según el ACNUR, para proteger a los repatriados hacen falta una serie de mecanismos de protección distintos de los que se utilizan para proteger a los refugiadosNote on International Protection, presentada por el ACNUR al EXCOM, A/AC.96/830, 7 de septiembre de 1994.. Todavía no se ha llegado a un acuerdo internacional claro con respecto a cuáles han de ser esos mecanismos.


Aunque todas las situaciones son distintas, en los acuerdos de repatriación voluntaria han de participar, como mínimo, el gobierno del país de origen, el gobierno del país de acogida, el ACNUR y los propios refugiados. Asimismo, tales acuerdos han de contener disposiciones minuciosas para mantener bajo observación los derechos humanos (y otras necesidades de protección) de los repatriados. Estas disposiciones deben incluir medidas que permitan a los repatriados presentar denuncias de violaciones de derechos humanos, así como mecanismos para investigar, remediar y prevenir esas violaciones de derechos humanos.


Resolución de los conflictos


La repatriación depende a menudo del éxito de las medidas adoptadas para solucionar el conflicto. La protección de los derechos humanos debe ser parte integrante de las negociaciones que se entablen para solucionar el conflicto. Los acuerdos sobre principios de derechos humanos, junto con la designación de un organismo neutral que se encargue de vigilar los mecanismos acordados, pueden ser una forma de avanzar en el camino de la paz. Los tratados definitivos de paz han de incorporar garantías concretas de derechos humanos, así como mecanismos para su aplicación, incluidos los necesarios para el regreso y la protección de los derechos humanos de los refugiados y los desplazados internos.


La función de las organizaciones no gubernamentales internacionales y nacionales es decisiva. Sin un organismo neutral que se encargue de mantener bajo observación la situación de los derechos humanos, la tendencia de los grupos políticos a utilizar presuntos casos de violaciones de derechos humanos en beneficio propio puede perjudicar la credibilidad y la eficacia de las medidas adoptadas para proteger los derechos humanos.


El caso de Angola ilustra los peligros de no tener mecanismos adecuados para la protección de los derechos humanos. La aplicación de los Acuerdos de Bicesse de 1991 quedó a cargo de una comisión conjunta político-militar formada por representantes del gobierno y del grupo de oposición Unión Nacional para la Independencia Total de Angola (UNITA). La comisión conjunta basó su trabajo en el consenso, pero hubo numerosos asuntos sobre los que los ex enemigos no lograron alcanzar ningún consenso. Como consecuencia de ello no se investigaron los informes sobre homicidios políticos y se cometieron homicidios con impunidad.





Mujer angoleña con su hija en un campo de desplazados internos situado al norte Luanda, Angola.

© AP

La poca moderación que quedaba se perdió cuando UNITA puso en duda los resultados de las elecciones de 1992 y retiró sus tropas del ejército conjunto. Entonces se reanudaron los combates, con más encarnizamiento aún que durante el conflicto anterior. Solamente en Luanda las fuerzas de seguridad del gobierno y grupos de civiles armados por ellas apresaron entre octubre de 1992 y enero de 1993 a centenares de miembros de UNITA y los ejecutaron extrajudicialmente. UNITA también mató de forma deliberada y arbitraria a centenares de soldados y autoridades gubernamentales antes de que se firmara un nuevo acuerdo de paz, el Protocolo de Lusaka, en Zambia a finales de 1994.


En el Protocolo de Lusaka quedó establecida una función de arbitraje, pues se acordó que el representante especial del secretario general de las Naciones Unidas presidiera la comisión conjunta. Asimismo, dentro de la Misión de Verificación de Angola, de las Naciones Unidas (UNAVEM III), se creó una unidad de derechos humanos, encargada de mantener bajo observación la situación de los derechos humanos, investigar los informes sobre violaciones de derechos humanos y presentar casos concretos ante la comisión conjunta. Estas medidas fueron acertadas, pero insuficientes. Además, la comisión conjunta apenas emprendió acciones correctivas.


El clima de desconfianza, agudizado por el reciente conflicto, fue responsable en gran medida de las largas demoras que han impedido completar las principales tareas especificadas en el acuerdo de 1994. En marzo de 1997 acababa prácticamente de empezar la incorporación de las tropas de UNITA a las Fuerzas Armadas Angoleñas, y la propuesta de establecer un gobierno de unidad y reconciliación nacional no se había hecho aún realidad. UNAVEM III, que estaba previsto que acabase en febrero de 1997, se amplió hasta el 31 de marzo de 1997.


En el momento de redactar el presente informe, marzo de 1997, la ONU había propuesto sustituir la misión de verificación por otra nueva que hiciera más hincapié en la observación de la situación de los derechos humanos. En el caso de Angola, como en el de todas las operaciones de mantenimiento de la paz, el hecho de no mantener bajo observación ni remediar las violaciones de derechos humanos impide la reconciliación, retrasa la recuperación de los efectos de la guerra y disuade a los refugiados de regresar.


Es posible que en África haya que considerar hoy día la cuestión de la repatriación y la resolución de los conflictos de manera muy distinta a como se ha hecho siempre. Hasta hace poco, las repatriaciones afectaban normalmente a refugiados cuyos países acababan de obtener la independencia o de adoptar a una forma democrática de gobierno. En los años noventa suelen afectar a países divididos por los conflictos étnicos y la guerra civil. Para estos países, el proceso de reconciliación, en el caso de que sea posible, será largo y arduo. Las amnistías y las garantías oficiales de respeto a los derechos humanos no tendrán ninguna utilidad para los repatriados si no van acompañadas de la voluntad política de aplicarlas y si no representan un compromiso verdadero de los propios ciudadanos para vivir juntos y en paz. Esta meta constituye un reto político y social que va mucho más allá de la solución de un problema de refugiados y que, en algunos casos, afecta a la viabilidad de la propia nación. Por consiguiente, la repatriación en estas circunstancias es sólo una parte más de un largo proceso que hará necesaria la movilización constante de apoyo y recursos de muchas partes de la comunidad internacional.




6. Conclusiones y

recomendaciones


Del total de refugiados y desplazados que hay en el mundo, la tercera parte de los primeros y más de la mitad de los segundos se encuentran en África. Ha sido la falta generalizada de respeto a los derechos humanos lo que ha causado su desplazamiento forzado, en la mayoría de los casos en el contexto cada vez más común de guerras caracterizadas por la violencia étnica.


Un número no determinado de refugiados africanos son personas que se han visto obligadas a huir de su país porque eran objeto de persecución, a menudo como consecuencia de sus actividades políticas. Su necesidad de procedimientos de concesión individual de asilo no recibe la suficiente atención.


El sistema internacional concebido para proteger a los refugiados está en crisis. Los gobiernos donantes de ayuda son cada vez más reacios a prestar apoyo adecuado a las grandes poblaciones de refugiados. Los países africanos de acogida carecen cada vez más de la disposición o de la capacidad necesarias para soportar la mayor parte de los problemas que causan sus vecinos. El principio de no devolución forzada, base fundamental de la protección de los refugiados, es violado todos los días por gobiernos de todo mundo. El ACNUR no parece capaz de garantizar que los Estados cumplen siquiera sus obligaciones mínimas hacia las personas que se han visto obligadas a huir de su país.


Los desplazados internos están expuestos constantemente a sufrir abusos y violaciones contra los derechos humanos. No hay ninguna organización internacional cuyo mandato incluya la tarea específica de garantizar la protección de estas personas, y la atención de la comunidad internacional está centrada en la ayuda humanitaria, no en la protección.


Este informe demuestra que la crisis del desplazamiento forzado no se puede solucionar si no se abordan las cuestiones de derechos humanos subyacentes a ella. Por consiguiente, Amnistía Internacional pide a todos los gobiernos que tomen medidas concretas para impedir las violaciones de derechos humanos y que cumplan con la obligación que les impone el derecho internacional de proteger los derechos humanos básicos de sus ciudadanos. Asimismo, la organización insta a todos los grupos armados de oposición a acatar los principios del derecho internacional humanitario.


Amnistía Internacional cree que muchos conflictos armados que provocan la huida de refugiados y de desplazados internos son avivados por potencias extranjeras que suministran armas, personal y técnicas a sus protagonistas, sabiendo que éstos no respetan los derechos humanos. Por consiguiente, la organización pide a todos los gobiernos que pongan fin a las transferencias de material y entrenamiento a las fuerzas militares, policiales y de seguridad, a países donde se usan para cometer o facilitar abusos y violaciones de derechos humanos.


Amnistía Internacional recuerda a los gobiernos del mundo las obligaciones existentes para con los refugiados y los desplazados internos y les insta a garantizar que estas normas básicas se respetan. La organización pide a la comunidad internacional que garantice la aplicación plena de las normas internacionales de derechos humanos a la protección de los refugiados y los desplazados internos.


Asimismo, la comunidad internacional tiene ahora que enfrentarse directamente al reto de proteger a los desplazados internos. Se debe incorporar la protección de los derechos humanos al mandato de las intervenciones internacionales a fin de que la ONU y otras organizaciones actúen dentro de un marco acordado y coordinado de derechos humanos. El trabajo de todas estas organizaciones ha de ir dirigido también a garantizar que los gobiernos y los grupos armados de oposición respetan los principios fundamentales humanitarios y de derechos humanos en el trato que ofrecen a los desplazados internos.


Las organizaciones no gubernamentales africanas pueden contribuir de manera muy considerable a garantizar la protección de los refugiados y los desplazados internos. Por ejemplo, pueden ofrecerles asesoramiento y apoyo sobre asuntos de derechos humanos, así como crear mayor concienciación entre el público en general sobre las causas de la huida de los refugiados y sobre los derechos de las personas que se han visto obligadas a huir. Otra importante tarea que pueden realizar es captar apoyos en el gobierno de su propio país, la OUA, el ACNUR y otros organismos pertinentes en relación con la política sobre refugiados y con los abusos contra los derechos humanos de los refugiados.


El objeto principal del trabajo de Amnistía Internacional es combatir los abusos y violaciones de derechos humanos que obligan a tantas personas a huir aterrorizadas de sus hogares. En las siguientes recomendaciones se exponen las medidas básicas que es necesario adoptar para proteger a los refugiados y a los desplazados internos a fin de que no estén expuestos a sufrir más daños y sean tratados con la dignidad que sus circunstancias exigen.


1.- Eliminar las causas del desplazamiento forzado


Los abusos y violaciones de derechos humanos son causa de desplazamientos forzados. Por consiguiente, para evitar los desplazamientos y permitir que los desplazados regresen a sus hogares es esencial poner fin a esos abusos y violaciones.


! Los gobiernos y los grupos armados de oposición han de tomar medidas para impedir los abusos y violaciones de derechos humanos, incluidas las ejecuciones extrajudiciales, los homicidios indiscriminados, la violación, la detención arbitraria, la tortura y las «desapariciones». En los conflictos armados se debe proteger de los ataques a los no combatientes.


! Los gobiernos han de asumir las responsabilidades que les impone el derecho internacional e impedir los abusos contra los derechos humanos cometidos por particulares, especialmente en el caso de grupos vulnerables, como las mujeres y los niños, a los que se debe garantizar la protección contra el secuestro, la agresión sexual y la explotación.


! Los gobiernos han de garantizar que las personas que violan los derechos humanos no gozarán de impunidad. Se deben iniciar con prontitud investigaciones imparciales sobre los casos de abusos y violaciones de derechos humanos y llevar a los responsables ante los tribunales.


! Los grupos armados de oposición, que están obligados a respetar el derecho internacional en situaciones de conflicto armado interno, han de hacer público su compromiso de acatar los principios de los tratados internacionales de derechos humanos y poner estos principios en práctica.


! Los Estados miembros de la ONU y de la OUA han de actuar si se les advierte de sucesos de pueden provocar desplazamientos forzosos. Los informes de derechos humanos elaborados por la ONU, la OUA y otros organismos acreditados han de ser parte integrante de los sistemas internacionales concebidos con el fin de advertir de desastres políticos, humanitarios y de derechos humanos inminentes.



2.- Garantizar que se protege a los desplazados internos


Se debe prestar más atención internacional a la discrepancia entre la protección que se ofrece a los refugiados fuera de su país y la falta de protección de los desplazados internos. El asunto de la protección y las necesidades de asistencia de los desplazados internos es especialmente urgente, dado el creciente número de personas que se encuentra en estas condiciones en África y en otras partes del mundo y su particular vulnerabilidad a los abusos y violaciones graves de derechos humanos.



! Las medidas adoptadas por la comunidad internacional para la protección de los desplazados internos no han de restringir su derecho a solicitar y recibir asilo en otros países.


! Todos los Estados han de prestar apoyo al trabajo del representante especial de las Naciones Unidas sobre la cuestión de los desplazados internos permitiéndole el acceso a sus países y proporcionándole los debidos recursos. Se debe reforzar la función del Representante Especial para que pueda identificar a los responsables de abusos y violaciones de derechos humanos contra desplazados internos y garantizar que se les obliga a rendir cuentas.


! La comunidad internacional ha de tomar medidas concretas para garantizar que se protege a los desplazados internos. El Representante debe elaborar directrices para la protección de los desplazados internos que estén basadas en todas las normas humanitarias y de derechos humanos existentes y que subsanen los defectos de que adolece actualmente tal protección.


! Se debe incorporar la protección de los derechos humanos al mandato de las intervenciones internacionales a fin de que la ONU y otros organismos actúen dentro de un marco acordado y coordinado de derechos humanos concebido para garantizar que los gobiernos y los grupos armados de oposición asumen sus responsabilidades para con los desplazados internos.


! Los gobiernos y los grupos armados de oposición que controlan territorios han de permitir que el personal pertinente de la ONU, las organizaciones intergubernamentales y las organizaciones no gubernamentales que trabajan en favor de los desplazados internos tengan acceso a éstos.




3.- Proteger los derechos de los refugiados en situaciones de éxodo masivo


Las violaciones masivas de derechos humanos son causa de éxodos masivos. En África, cuando centenares de miles de personas huyen de su país y se refugian en otro, el gobierno de acogida, de acuerdo con lo estipulado en la Convención de la OUA sobre refugiados, suele concederles asilo colectivamente; es decir, existe una presunción a primera vista de la condición de refugiado. Si un refugiado tiene razones particulares para temer ser objeto de persecución si regresa al país del que ha huido, antes de devolverle allí se le debe ofrecer la oportunidad de exponer su caso.


! En situaciones de éxodo masivo, los solicitantes de asilo han de ser admitidos por el Estado al que acuden primeramente en busca de refugio. Si ese Estado no puede admitirlos por tiempo indefinido, debe hacerlo al menos temporalmente, mientras se busca una solución duradera. El principio fundamental de no devolución forzada, incluida la prohibición de negación de la entrada en la frontera, se debe observar escrupulosamente en todos los casos.


! No se deben imponer sanciones ni tratar desfavorablemente a los solicitantes de asilo que llegan a un país en medio de situaciones de éxodo masivo debido únicamente a que su presencia en ese país se considera ilegal. No se debe restringir su libertad de circulación salvo en el caso de que sea necesario por el bien de la salud pública o del orden público.


! Los Estados donde han buscado asilo grandes grupos de refugiados han de respetar los derechos civiles fundamentales de éstos y garantizar que tienen cubiertas las necesidades básicas.


! Los Estados han de proporcionar los medios necesarios para que los solicitantes de asilo residan en un lugar seguro. Este lugar no debe estar cerca de zonas fronterizas peligrosas.

! Todos los gobiernos han de proporcionar a los Estados que acogen a gran número de refugiados ayuda eficaz, incluido apoyo económico y oportunidades de reasentamiento, durante tanto tiempo como sea necesario.


! Los gobiernos han de garantizar que toda persona puede ejercer el derecho a presentar una solicitud individual de asilo antes de ser obligada a abandonar el país donde se le ha concedido protección.


4.- Proteger los derechos de los refugiados


La base de las normas internacionales sobre refugiados es el principio de no devolución forzada, que prohíbe a los Estados enviar a una persona contra su voluntad a un país donde está expuesta a sufrir graves violaciones de derechos humanos. La negación de la entrada en la frontera viola este principio. El principio de no devolución forzada es una norma del derecho consuetudinario internacional que todos los Estados están obligados a cumplir. Otros instrumentos internacionales de derechos humanos, como la Convención de la OUA sobre Refugiados, también prohíben la devolución en todos los casos en los que la persona está expuesta a sufrir graves violaciones de derechos humanos.


! Los Estados miembros de la OUA deben acatar, como mínimo, lo estipulado en la Convención de la OUA sobre Refugiados.


! Los Estados han de observar escrupulosamente el principio de no devolución forzada y abtenerse de utilizar cualquier método, incluida la negación de la entrada en la frontera o la interdicción en el mar, que suponga el regreso forzado de los refugiados a territorios donde están expuestos a sufrir graves violaciones de derechos humanos.


! Los Estados han de acatar todas las normas internacionales de derechos humanos a fin de que ninguna persona sea obligada a regresar a un país donde está expuesta a sufrir graves violaciones de derechos humanos, tales como tortura, «desaparición» o ejecución extrajudicial.


! Los Estados han de garantizar que las personas que presentan una solicitud individual de asilo tienen acceso a un organismo independiente y especializado que se encargue de tomar una decisión sobre su caso concreto. Los funcionarios de aduanas no deben tomar jamás tales decisiones.


! Los Estados han de garantizar que se aplica el principio de no devolución forzada con independencia de que al solicitante de asilo se le haya concedido oficialmente o no la condición de refugiado.


! Los Estados no deben imponer sanciones a los solicitantes de asilo por haber entrado ilegalmente a un país.


! La Comisión de los Veinte sobre Refugiados, de la OUA, ha de garantizar que los Estados miembros de esta organización cumplen las obligaciones que les impone la Convención de la OUA sobre Refugiados y que los demás mecanismos de la organización tienen en cuenta los problemas de derechos humanos de los refugiados y los desplazados internos.


5.- Reconocer y satisfacer las necesidades especiales de grupos concretos


Ciertas categorías de refugiados y de desplazados internos, en particular las mujeres y los niños, tienen necesidades especiales de protección debido a su vulnerabilidad o sus circunstancias particulares.


! Todos los Estados han de aprobar y aplicar, como mínino, las recomendaciones de la Guía para la Protección de Mujeres Refugiadas, del ACNUR. Esta guía se ocupa de los problemas concretos a que se enfrentan las mujeres cuando huyen, en los campos de acogida y en el proceso de determinación del asilo.


! Los gobiernos han de reconocer que las mujeres se pueden ver obligadas a huir por ser objeto de persecución en forma de violencia sexual o de otros abusos relacionados con el género.


! Los gobiernos deben ofrecer protección a las mujeres que temen sufrir persecución por no aceptar o por haber transgredido costumbres sociales o normas consuetudiarias o religiosas que son discriminatorias para la mujer.


! Los gobiernos han de tomar medidas, incluida la de seguir las siguientes directrices emitidas por el ACNUR, para atender las necesidades especiales de protección que tienen los menores no acompañados y los niños por derecho propio. Los Estados han de aplicar las disposiciones de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño en el caso de los niños que solicitan la condición de refugiados.


! Los gobiernos han de tomar medidas para proteger a las mujeres desplazadas y a los niños de los abusos de particulares.


6.- Basar los programas de repatriación en las normas de derechos humanos


El principio que sirve de guía a la comunidad internacional en el asunto de la repatriación establece que «el carácter voluntario e individual de la repatriación y la necesidad de realizarla en condiciones de seguridad absoluta.... se deben respetar siempre». Los procesos de repatriación efectuados recientemente en África han supuesto el regreso prematuro, obligatorio y forzado de los refugiados a condiciones en absoluto seguras. La decisión de realizar la repatriación ha de estar siempre basada en una evaluación independiente, imparcial y objetiva de la situación de los derechos humanos en el país de destino, que permita determinar si existen en él condiciones de seguridad duradera.


! Los programas de repatriación no han de violar nunca el principio de no devolución forzada. Han de incluir garantías para los derechos humanos en todas las fases del regreso. No se deben iniciar hasta que se produzca un cambio fundamental y duradero en la situación de los derechos humanos en el país de destino.


! Antes, durante y después de toda repatriación, la situación de los derechos humanos en el país de destino ha ser sometida a una evaluación independiente e imparcial, basada en información disponible públicamente. Los organismos, mecanismos temáticos y relatores de país surgidos de los tratados internacionales de derechos humanos han de desempeñar una función activa en esta evaluación.


! La comunidad internacional, incluidos los gobiernos, las organizaciones internacionales y las organizaciones no gubernamentales, ha de decidir urgentemente cómo crear, para su aplicación en los programas de repatriación, un sistema independiente de evaluación y observación de la situación de los derechos humanos. Debe determinar qué tipos de organizaciones y organismos han de participar progresivamente.


! Se deben tomar medidas para garantizar la participación de una muestra representativa de la comunidad de refugiados a la hora de valorar cuándo es posible el regreso al país de origen.


! Los gobiernos de los países de los que los refugiados han huido deben colaborar con el ACNUR, otros organismos internacionales y organizaciones no gubernamentales humanitarias y de derechos humanos en la búsqueda de soluciones duraderas a los problemas de los refugiados.


! Toda persona ha de tener derecho a no ser repatriada sin que se le ofrezca una oportunidad adecuada de presentar una solicitud individual de asilo.


! Cuando la repatriación es espontánea y no forma parte de un programa organizado, los gobiernos, el ACNUR y otros organismos han de garantizar que no se presiona indebidamente a los refugiados para que regresen a su país, que se les proporciona información imparcial sobre la situación allí y que se toman medidas para garantizar su seguridad una vez que hayan regresado.


! A los refugiados que han nacido en el exilio o que se han integrado en el país de acogida porque llevan muchos años allí se les debe ofrecer la opción de quedarse a vivir de forma permanente en ese país.


7.- Generar apoyo público a los derechos de los desplazados forzosos


Los gobiernos de los países de asilo ocultan a menudo la relación existente entre las violaciones de derechos humanos y la necesidad de protección de los refugiados y los desplazados internos. Muchos gobiernos limitan el acceso a los refugiados y ponen como pretexto la existencia de dificultades económicas o de actitudes contrarias a los emigrantes y la creciente xenofobia de sus ciudadanos. Algunas organizaciones no gubernamentales de derechos humanos han tardado mucho en empezar a prestar atención a los derechos humanos de los refugiados y de los desplazados internos.


! Los países de acogida han de emprender campañas de información pública para llamar la atención sobre los problemas de derechos humanos subyacentes a la difícil situación de los refugiados y a la obligación de protegerlos que tienen los Estados.


! Las organizaciones no gubernamentales y otras partes de la sociedad civil han de buscar formas de promocionar los derechos de los refugiados y de los desplazados internos.


! La comunidad de derechos humanos ha de reconocer que tiene una responsabilidad particular hacia los derechos de los refugiados y los desplazados internos.


8.- Incorporar principios de derechos humanos a la resolución de los conflictos


A fin de eliminar las causas del desplazamiento forzado y de proteger a sus víctimas, en los procesos de paz se debe incluir la protección de los derechos humanos. Tales procesos han de crear las condiciones necesarias para que las personas regresen con seguridad y dignidad a sus hogares mediante programas de repatriación o de reintegración de poblaciones de desplazados internos.



! En el programa de todos los procesos de paz han de figurar cuestiones de derechos humanos. Los principios de derechos humanos pueden servir de base a la negociación y al acuerdo.


! En los acuerdos de paz se han de especificar los derechos y las normas que las partes están obligadas a respetar en el periodo de transición posterior al acuerdo; asimismo, se ha de definir en ellos un mecanismo claro y viable de verificación de los derechos humanos. Se deben reconocer y estipular explícitamente los derechos y las necesidades de protección de los refugiados y los desplazados internos.


! Los Estados miembros de la ONU y de la OUA (y otros con funciones de facilitación o mediación) han de garantizar que en los acuerdos de paz y en los planes concebidos para su aplicación se adoptan medidas eficaces e independientes de protección y verificación.


! La ONU ha de garantizar que sus expertos y sus organismos de derechos humanos participan plenamente en la concepción, planificación, aplicación y observación de las medidas acordadas sobre derechos humanos, en particular mediante el despliegue sobre el terreno de representantes expertos en derechos humanos que cuenten con los debidos recursos.

! El Mecanismo de Resolución de Conflictos de la OUA ha de incluir los asuntos de derechos humanos en las iniciativas que emprenda para buscar soluciones duraderas a las situaciones de conflicto. Debe garantizar que en los acuerdos de paz se adoptan medidas para proteger los derechos humanos y que se crean mecanismos para garantizar la rendición de cuentas por abusos y violaciones de derechos humanos cometidos anteriormente.


! La comunidad internacional ha de prestar apoyo político y práctico eficaz y firme a fin de que se tomen medidas para proteger los derechos humanos desde el principio; asimismo, ha de mantener el apoyo necesario durante el periodo de reconstrucción y consolidación de la paz posterior al conflicto.


9.- Compartir de manera más equitativa la responsabilidad internacional


Los Estados no deben asumir una parte desproporcionada de la responsabilidad debido simplemente a su situación geográfica. Los Estados africanos que acogen a refugiados han de recibir pleno apoyo de la comunidad internacional. El ACNUR ha de poder actuar sin la intromisión de los gobiernos y con su financiación asegurada.


! Todos los Estados han de compartir equitativamente la responsabilidad de acoger a los refugiados y financiar el apoyo que reciben.


! Se deben revisar los planes de financiación del ACNUR con el fin de crear un mecanismo adecuado para la financiación de los programas y, en particular, prestar más apoyo a los Estados que soportan la abrumadora responsabilidad de acoger a los refugiados.



! El ACNUR ha de tener capacidad para aplicar plenamente la parte de su mandato relativa a la protección; asimismo, se le debe proteger de los programas políticos de los gobiernos donantes de ayuda.

! No se debe utilizar la «responsabilidad compartida» para impedir a los refugiados solicitar asilo en el país de su elección ni para limitar la protección a la región de origen.


NOTAS FINALES







PALABRAS CLAVE: REFUGIADOS1 / DESPLAZADOS1 / DEVOLUCIÓN FORZADA1 / CONFLICTO ARMADO1 / GRUPOS ÉTNICOS1 / ACNUR1 / CRÍMENES CONTRA LA HUMANIDAD / HOMICIDIOS EN MASA / AGRESIÓN SEXUAL / REASENTAMIENTO / DISCRIMINACIÓN / DESAPARICIONES / TRABAJOS FORZADOS / JUICIOS / TORTURA/MALOS TRATOS / MUJERES / NIÑOS / MINORÍAS / GRUPOS RELIGIOSOS / SEGUNDOS GOBIERNOS / MANTENIMIENTO DE LA PAZ / LEGISLACIÓN / ONU / OUA / DECLARACIONES DE LOS PRESOS / INSTRUMENTOS DE DERECHOS HUMANOS / ACCIONES RECOMENDADAS /





INTERNO (sólo para miembros de AI) Índice AI: AFR 01/05/97/s

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SEPAREN ESTA HOJA DEL DOCUMENTO PRINCIPAL

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ÁFRICA

En busca de seguridad

Los desplazados forzados y los derechos humanos en África




ACCIONES RECOMENDADAS


Este es el segundo de los documentos regionales publicados para la Campaña de Refugiados. Utilícenlo en sus actividades de campaña para ilustrar la relación entre los abusos contra los derechos humanos y los movimientos de refugiados.


En la Campaña de Refugiados es de particular importancia intentar que los gobiernos reconozcan la relación que existe entre los movimientos de refugiados y los derechos humanos. Asimismo, es muy importante que pidan a los gobiernos que utilicen su influencia para mejorar la situación de los derechos humanos en África.


Se ha enviado otra circular de acciones recomendadas para la Campaña de Refugiados en África a las Secciones y estructuras africanas de AI, a los coordinadores de país y de la RAR de África y a las Secciones que se han adscrito a la RAR sobre asuntos de refugiados durante el tiempo que dure la Campaña de Refugiados. Asegúrense de que todas las personas pertinentes de su Sección reciben una copia y de que se archiva debidamente el documento para futuras consultas.


DISTRIBUCIÓN POR EL SI


El SI ha enviado directamente este documento a:

Secciones de AI: coordinadores de campaña

coordinadores del trabajo con refugiados

coordinadores de país y de la RAR de África


ONG internacionales que trabajan en favor de los refugiados y OIG pertinentes


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