Document - Religious Action 1993: further cases

INTERNO (Sólo para miembros de AI) Índice AI: ACT 79/02/92/s

Distr: SC/CC/PG

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Amnistía Internacional

Secretariado Internacional

1 Easton Street

Londres WC1X 8DJ

Reino Unido



A:Todas las Secciones

Coordinadores de Campaña

Coordinadores para el trabajo con sectores específicos


De:Departamento de Organización y Campañas


Fecha:Diciembre de 1992




Acción Religiosa 1993: Nuevos casos




Resumen


En este documento encontrarán tres casos adicionales para la Acción Religiosa de 1993 (ACT 79/01/92/s) sobre Ruanda, Colombia y Paquistán.




Palabras clave



RUANDA / COLOMBIA / MUJERES / CLÉRIGOS - CATÓLICO / MAESTROS / EJECUCIÓN EXTRAJUDICIAL / EJÉRCITO / IMPUNIDAD / INVESTIGACIÓN DE ABUSOS / FUERZAS PARAMILITARES / VIOLENCIA POLÍTICA / PAQUISTÁN / INTOLERANCIA RELIGIOSA / GRUPOS RELIGIOSOS - ISLÁMICO / ENCARCELAMIENTO POR UN PERIODO PROLONGADO / PRESOS DE CONCIENCIA / JUICIOS / CARGOS PENALES POR MOTIVOS POLÍTICOS / LEGISLACIÓN DE EMERGENCIA





Distribución


Según lo indicado en el encabezamiento.




Acciones recomendadas


Los tres casos de este documento deben añadirse a los de la circular ACT 79/01/92/s. Las acciones recomendadas de la primera circular deben utilizarse también con estos casos. Rogamos adviertan que había un error en la circular original en relación con el calendario y la duración de esta acción, que comenzará oficialmente en Enero de 1993, no enero de 1992, y durará hasta el mes de Abril de 1993.

Antonia Locatelli

Misionera italianaRUANDA


Antonia Locatelli, misionera italiana de 55 años de edad y maestra de enseñanza primaria, murió abatida por los disparos de un miembro de las fuerzas de seguridad ruandesas la noche del 9 de marzo de 1992 en la Iglesia Católica de Nyamata. Según los informes, Antonia Locatelli perdió la vida cuando prestaba su ayuda a los millares de miembros del grupo étnico tutsi que huían de los violentos ataques que estaban sufriendo a manos del grupo étnico mayoritario hutu en el distrito (commuune) de Kanzenze, región administrativa (préfecture) de Kigali. No se tiene noticia de que las autoridades hayan emprendido actuación alguna contra el soldado responsable de haber matado a esta misionera.


Se ha sugerido que a Antonia Locatelli la mataron para que dejara de informar a la comunidad internacional sobre las matanzas que se estaban perpetrando, aunque otros informes indican que podrían haberla confundido con una de las fugitivas tutsi. En cualquier caso, sí parece haber sido víctima de una ejecución extrajudicial. Las bandas de hutus mataron en Kazenze al menos a 150 tutsis e hirieron a otros muchos durante la semana anterior a la muerte de la misionera, al parecer con la complacencia del gobierno. De acuerdo con la información disponible, varios millares de tutsis salieron huyendo de la zona para refugiarse en la cercana parroquia de la Iglesia Católica de Nyamata, que al parecer fue rodeada por miembros de las fuerzas de seguridad. Las bandas de hutus prendieron fuego a numerosas viviendas y destruyeron otras propiedades de los tutsi. Estas bandas, hostiles tanto a los tutsi como a otros grupos hutu que se oponen a que se ataque a los tutsi, han estado perpetrando matanzas y destruyendo propiedades a todo lo largo de 1992.


La violencia contra los tutsi se desencadenó a raíz de una emisión efectuada el 4 de marzo de 1992 por Radio Ruanda, medio informativo controlado por el Estado. En la emisión se difundió el texto de lo que al parecer era un panfleto en el que presuntamente se decía que el grupo rebelde armado conocido como Frente Patriótico Ruandés estaba planeando el asesinato de destacados políticos hutu; el texto parece que, además, contaba con el presunto apoyo del opositor Partido Liberal. Según los informes, en la emisión de radio se sugirió implícitamente que los hutu adoptaran medidas para defenderse. Muchos hutu acusan a los tutsi de apoyar al Frente Patriótico Ruandés y los consideran "quintacolumnistas" de esa formación o, directamente, enemigos. Desde que en octubre de 1990 comenzó en Ruanda la guerra de guerrillas, varios miles de tutsi y decenas de hutu opuestos al gobierno de mayoría hutu han sido víctimas de homicidios deliberados y arbitrarios a manos de grupos de "vigilantes" hutu y de miembros de las fuerzas de seguridad.


Envíen cartas a las autoridades de Ruanda:


-expresando preocupación porque Antonia Locatelli, misionera italiana de 55 años de edad y maestra de enseñanza primaria, murió abatida por los disparos de un miembro de las fuerzas de seguridad ruandesas la noche del 9 de marzo de 1992 en la Iglesia Católica de Nyamata, y solicitando que se adopten medidas para que se investigue el incidente y se ponga a disposición de los tribunales a los responsables;




-solicitando a las autoridades que, con carácter de urgencia, constituyan una comisión de investigación independiente e imparcial para investigar el homicidio de Antonia Locatelli, así como la violencia y las matanzas contra los miembros del grupo étnico tutsi en el distrito de Kanzenze y en otras partes de Ruanda desde principios de marzo de 1992, y para que pongan a los responsables a disposición de los tribunales;


-instando a las autoridades a que cursen instrucciones públicas a toda la población y a los miembros de las fuerzas de seguridad para que sepan que las violaciones de los derechos humanos, y concretamente la persecución y el homicidio de personas en razón únicamente de su origen tutsi, son delitos penales, y que a los responsables de esos actos se los pondrá a disposición de los tribunales.


Remitan sus cartas a:


Son Excellence

Monsieur le Général-Major

HABYARIMANA Juvénal

Président de la République

Présidence de la République

BP 15 Kigali

RUANDA


(Jefe de Estado y Presidente del partido en el poder)


Monsieur NSENGIYAREMYE Dismas

Premier Ministre

Présidence de la République

BP 15 Kigali

RUANDA




(Primer Ministro y Jefe del Gobierno)


Monsieur GASANA James

Ministre à la présidence pour la Défense

et la Sécurité

BP 15 Kigali

RUANDA


(Ministro de Seguridad y Defensa)


Aumente el poder de sus cartas enviando una copia a la representación diplomática de Ruanda en su país.

Teresa de Jesús Ramírez Vargas

Monja católicaCOLOMBIA


El 28 de febrero de 1989, la hermana Teresa de Jesús Ramírez Vargas se encontraba impartiendo clase a un grupo de niños en la escuela del pueblo de Cristales, municipalidad de San Roque, departamento de Antioquia, cuando dos pistoleros irrumpieron en el aula. Los hombres efectuaron varios disparos y luego se marcharon en compañía de otros tres que los esperaban en un jeep a las puertas del colegio. La hermana Teresa de Jesús fue trasladada inmediatamente al hospital de San Roque, pero al ingresar ya había fallecido.


La hermana Teresa de Jesús nació en el seno de una familia campesina de ocho hermanos originaria del pueblo de Guamita, La Ceja, departamento de Antioquia. A los 16 años se hizo monja y posteriormente se licenció en Educación y Ciencias Religiosas en la Universidad Bolivariana de Medellín. Durante nueve años, hasta 1984, trabajó con los pobres en el barrio marginal de El Bosque. Cuando la mataron, llevaba 18 meses trabajando en Cristales. Además de ejercer la enseñanza en el Colegio Idem de Cristales, regentado por monjas, desempeñaba labores evangélicas en la localidad, se dedicaba a la alfabetización de los campesinos y participaba en numerosos proyectos de ayuda a la población local. Asimismo, había participado en las marchas campesinas organizadas en 1988 como protesta contra la pobreza y la violencia en la región y, según se ha sabido, junto con otras monjas había denunciado casos de torturas a campesinos perpetradas por las fuerzas de seguridad. A consecuencia de esta actividad se temía que las monjas pudieran ser objeto de represalias.


En enero de 1988, un año antes del homicidio de la hermana Teresa de Jesús, un pistolero no identificado mató a tiros en Providencia, departamento de Antioquia, al párroco de Cristales, padre Jaime Restrepo López. Tras este homicidio aparecieron en los muros de la localidad diversas amenazas escritas en forma de pintadas como "No será la última vez que corra sangre en Cristales". Un mes antes de que mataran a la hermana Teresa de Jesús apareció una de esas pintadas que decía: "Próximamente Cristales estará de luto".


Desde 1987 han proliferado las amenazas de muerte contra miembros de la oposición, reales o presuntos, así como contra otras personas. Muchas de esas amenazas se han hecho realidad. Los que han participado en movimientos comunitarios eclesiales también han sido objeto frecuente de amenazas de muerte y de homicidios. Las autoridades han atribuido la responsabilidad de muchas de las muertes violentas que se registran en Colombia a los "escuadrones de la muerte", grupos de extrema derecha que el gobierno asegura que no puede controlar ni disolver. Sin embargo, las pruebas indican que muchos de esos grupos actúan bajo las órdenes de las fuerzas armadas colombianas o con su consentimiento.


A finales de 1987 se distribuyó por toda Colombia de forma anónima un documento en el que se enumeraba a multitud de personas y organizaciones de varios sectores de la vida pública a quienes se consideraba infiltrados de los "comunistas", o que trabajaban con ellos. Todo esto a pesar de que tanto el Partido Comunista como otros grupos de izquierda gozan de una situación de legalidad en Colombia. Varios sectores de la iglesia católica, y especialmente los simpatizantes con la teología de la liberación, han sido tachados como abiertos promotores de la ideología marxista, o se los ha vinculado con grupos guerrilleros.


El Juez 5 de Orden Público de Medellín abrió una investigación sobre el homicidio de la hermana Teresa de Jesús. Este juez delegó el caso a la Unidad de Investigación Preliminar de Santo Domingo, la cual, según se ha sabido, informó que el demandante había proporcionado pruebas suficientes como para suponer que el responsable del homicidio había sido un grupo paramilitar. En este caso, parece que al final la investigación se dio por cerrada porque los testigos estaban demasiado atemorizados como para dar la cara y prestar declaración. Por otra parte, el Ministerio Público también designó un procurador especial para que continuara con las investigaciones sobre el caso, aunque no está claro si se ha realizado progreso alguno en las indagaciones. En la inmensa mayoría de los casos de violación de los derechos humanos en Colombia, a los responsables no se los procesa ni declara culpables de sus actos.


Envíen cartas a las autoridades colombianas en español, siempre que sea posible, o en su propio idioma:


-instando a que se emprenda una investigación exhaustiva e imparcial sobre el homicidio de la hermana Teresa de Jesús cuyos resultados se hagan públicos y mediante la que a los responsables se los ponga a disposición de los tribunales;


-solicitando que les remitan información actualizada sobre los progresos en las investigaciones del homicidio de la hermana Teresa de Jesús Ramírez Vargas;


-manifestando preocupación por las numerosas amenazas y homicidios de miembros de la iglesia en Colombia, e instando a que se les proporcione la protección que requieran para que puedan desempeñar sus actividades pacíficas sin temor a sufrir agresiones;


Remitan sus cartas a:


Señor Presidente César Gaviria Trujillo

Presidente de la República

Palacio de Nariño

Santa Fé de Bogotá D.E.

COLOMBIA


Télex: 44281 PALP CO

Fax 283 3066 / 286 7434 / 287 7939


Dr. Rafael Pardo Rueda

Ministro de Defensa Nacional

Ministerio de Defensa Nacional

Avenida Eldorado - Carrera 52

Santa Fé de Bogotá D.E.

COLOMBIA


Télex: 42411

Fax: 222 1874




Dr. Carlos Gustavo Arrieta Padilla

Procurador General de la Nación

Procuraduría General

Edificio Banco Ganadero

Carrera 5, No. 15-80

Santa Fé de Bogotá

COLOMBIA


Télex: 41224 PRGEN CO

Fax: 284 0472




Aumente el poder de sus cartas enviando una copia a la representación diplomática de Colombia en su país.Abdul Qadeer

AhmadiPAQUISTÁN


Abdul Qadeer, miembro de la minoría religiosa ahmadi, fue arrestado el 26 de octubre de 1984 en Sahiwal, Paquistán. Lo acusaron de haber participado en un incidente en el que dos miembros de un grupo activista musulmán que realizaba actos de agresión contra una mezquita ahmadi resultaron muertos después de que el vigilante de ese templo disparara contra la multitud para evitar que entraran en el edificio.


Abdul Qadeer fue declarado culpable de asesinato y condenado a una pena de siete años de cárcel en junio de 1985 tras ser sometido a un juicio injusto ante un tribunal militar. A pesar de que las autoridades locales de la ley marcial habían considerado que esta sentencia se había impuesto basándose en "pruebas dudosas", un segundo tribunal de la ley marcial, al parecer bajo la presión del entonces Administrador Jefe de la Ley Marcial, general Zia-ul-Haq, aumentó la sentencia a 25 años de prisión. Abdul Qadeer continúa encarcelado en la Cárcel Central de Sahiwal. Abdul Qadeer no iba armado en el momento en que se registró el incidente y no participó en el tiroteo ni en ningún otro acto de violencia. Su arresto se debió a que se encontraba en la mezquita como ahmadi practicante en el momento en que se produjeron los hechos. Amnistía Internacional considera que su continuada detención es una violación de su derecho a la libertad religiosa. La organización hace llamamientos en favor de su liberación inmediata e incondicional.


El incidente tuvo lugar a primera hora de la mañana del viernes 26 de octubre de 1984. Varios ahmadis se encontraban rezando sus oraciones en la mezquita local cuando a las puertas del templo se congregaron unos 50 activistas musulmanes pertrechados con palos, pintura, cubos y brochas para borrar unos versos del Corán y otros escritos de las paredes de la mezquita. La Ordenanza número XX, aprobada en abril de 1984, prohíbe a los ahamdi proclamarse musulmanes o exhibir versos coránicos.


De acuerdo con la información disponible, los activistas musulmanes comenzaron a borrar con pintura las inscripciones de los muros de la mezquita. El vigilante del templo les conminó a que se marcharan, pero los activistas, por el contrario, incrementaron su actitud agresiva. Según parece, el vigilante esgrimió su pistola y advirtió a la multitud que dispararía si penetraban en la mezquita. Luego abrió fuego y, a consecuencia de los disparos, resultaron muertos dos activistas musulmanes. En su juicio, el vigilante admitió ante el tribunal ser el único responsable de los disparos, mantuvo que la decisión de recurrir a su arma fue exclusivamente suya, y que lo hizo en defensa propia y para defender la mezquita ante la multitud que la invadía.


Poco después del incidente, el jefe de la comunidad ahmadi se dirigió a la comisaría para presentar una denuncia, que la policía se negó a registrar. Por el contrario, poco después, las autoridades policiales abrieron un expediente contra 11 miembros de la comunidad ahmadi, en aplicación del Código Penal de Paquistán, en relación con cargos de asesinato.


Siete de estos ahmadi, entre ellos Abdul Qadeer, fueron arrestados. Los demás, según parece, consiguieron evadir el arresto. Algunos de los arrestados ingresaron directamente en la Cárcel Central de Sahiwal, donde no se les permitió tener contacto alguno con familiares ni abogados durante siete días. Además, los encadenaron y les pusieron grilletes, aunque transcurrida una semana más o menos se los quitaron. Según la información que ha recibido Amnistía Internacional, tres de los que fueron arrestados no se encontraban presentes en el momento de los hechos; Abdul Qadeer y otros dos, Nisar Ahmad y Muhammad Haziq Rafiq Tahir, estaban presentes en el momento en que se registró el incidente pero no iban armados ni participaron en el tiroteo ni en ningún otro acto de violencia.


Abdul Qadeer tenía 20 años cuando se produjo este incidente. Lo tuvieron encadenado y confinado en una pequeña celda bajo custodia policial durante 15 días, tiempo durante el que también le negaron recibir la visita de sus familiares. Luego lo trasladaron a la Cárcel Central de Sahiwal, donde permaneció en régimen de aislamiento durante varios meses. En el momento de ser arrestado, Abdul Qadeer tenía un empleo y sus padres y hermana dependían económicamente de él.


El juicio de Abdul Qadeer y de los otros seis presos comenzó a principios de 1985. Los juzgaron ante un tribunal militar especial cuyos procedimientos distaron mucho de cumplir la normativa internacional. El 16 de junio de 1985, el Tribunal Militar Especial Número 62 sentenció a dos de ellos a muerte, y a los otros cuatro, entre ellos Abdul Qadeer, a sendas penas de siete años de prisión. El último de los siete presos juzgados resultó absuelto. El veredicto de este tribunal fue remitido al entonces Administrador de la Ley Marcial y Gobernador del Punjab para que lo examinara, tal y como estipulaban las disposiciones de la ley marcial. El Administrador cursó una orden de revisión de la sentencia el 8 de octubre de 1985 según la cual el tribunal militar debía "volver a estudiar las declaraciones de culpabilidad por todos los cargos, puesto que se basan en pruebas dudosas y, como tales, no son legalmente defendibles".


El 21 de octubre de 1985, el tribunal de la ley marcial reanudó sus sesiones. Se recibieron informes según los cuales este tribunal había recibido instrucciones del entonces Administrador Jefe de la Ley Marcial, general Zia-ul-Haq, para que impusiera sentencias más severas. Entretanto, la ley marcial fue levantada y los tribunales de la ley marcial quedaron abolidos el 31 de diciembre de 1985, momento en que un gobierno civil bajo el mando del general Zia-ul-Haq se hizo cargo del poder. No se anunció sentencia alguna. Sin embargo, el 16 de febrero de 1986 se anunció un veredicto que confirmaba las sentencias a muerte originales impuestas a dos de los presos, y que aumentaba las penas de prisión impuestas a los otros cuatro, entre ellos a Abdul Qadeer, hasta los 25 años de cárcel.


Las enmiendas realizadas a la constitución durante el periodo de la ley marcial (julio de 1977-1985) eliminaron toda posibilidad de revisión judicial de los casos de presos sentenciados por tribunales militares. Sin embargo, cuando el 2 de diciembre de 1988 Benazir Bhutto se convirtió en Primera Ministra del país, se inició un proceso de amnistía de ocho puntos que incluía disposiciones para la liberación de los presos políticos sentenciados por tribunales militares especiales, o para la revisión de sus casos. Ninguno de los presos ahmadi citados fueron incluidos en la lista de más de un centenar de presos políticos que posteriormente fueron liberados gracias a esta amnistía. Asimismo, y al menos hasta la fecha, tampoco se ha llevado a cabo ninguna revisión efectiva de sus casos.



Información general sobre los ahmadi


La comunidad ahmadi se considera una de las varias decenas de sectas del Islam. Fue fundada a finales del siglo diecinueve y cuenta con aproximadamente unos 10 millones de miembros en todo el mundo. Sin embargo, los musulmanes ortodoxos consideran que esta comunidad es herética. Si bien los ahmadi siguen la mayoría de los preceptos islámicos, se diferencian de las creencias religiosas ortodoxas en que consideran a su fundador, Mirza Ghulam Ahmed, como el mesías prometido por Alá. La creencia generalmente aceptada entre los musulmanes es que no hay más profeta que Mahoma, que murió en el año 632. Asimismo, los musulmanes ortodoxos afirman que la doctrina fundamental quedó definitivamente establecida durante la vida del profeta. La fe ahmadi interpreta este principio de forma más liberal y sus creencias les exigen que vayan por el mundo de forma activa divulgando su fe y convirtiendo a las gentes. Como consecuencia de estas divergencias, los ahmadi han sido objeto de discriminación y persecución en algunos países islámicos. En Arabia Saudita, de hecho, están totalmente proscritos.


La comunidad ahmadi de Paquistán, que cuenta con unos cuatro millones de adeptos, ha sido objeto de severas restricciones en los últimos años. En 1974 se aprobó una enmienda constitucional que declaraba a los ahmadi una minoría religiosa no musulmana. En 1984, el presidente Zia-ul-Haq proclamó la Ordenanza número XX, que se añadía al Artículo 298 del Código Penal de Paquistán, que prohíbe a los ahamdi proclamarse musulmanes y realizar ritos religiosos musulmanes. Asimismo, en aplicación de la ley, los ahmadi no pueden difundir su fe ni invitar a otros a practicarla.


En 1986, el Código Penal de Paquistán fue nuevamente enmendado por la adición del Artículo 295-c a la Ley de Enmiendas del Código de Enjuiciamiento Criminal, de 1986, que estipula la pena de muerte o la cadena perpetua para el delito penal de profanar el nombre del Profeta Mahoma. Bajo el gobierno de Mian Nawaz Sharif, el gabinete federal de Paquistán decidió el 29 de julio de 1991 volver a enmendar el Artículo 295-c del Código Penal para retirar el castigo alternativo de encarcelamiento a perpetuidad. La enmienda establece la pena de muerte como castigo preceptivo para el delito penal de profanar el nombre del Profeta Mahoma. La referencia de los ahmadi al Profeta Mahoma la toman los musulmanes ortodoxos como acto constitutivo de profanación del nombre del Profeta Mahoma.


Los motivos de preocupación de Amnistía Internacional


Amnistía Internacional ha estado estudiando el caso de Abdul Qadeer a lo largo de varios años y ha llegado a la conclusión de que este joven había ido a la mezquita para rezar sus oraciones y no para ayudar al vigilante del templo a defender la mezquita. Asimismo, la organización está convencida de que Abdul Qadeer no iba armado y no participó en el tiroteo ni en ningún otro acto de violencia. Lo arrestaron y acusaron de asesinato porque se encontraba en la mezquita en el momento en que se produjo el tiroteo. Su continuada detención, y su sentencia a siete años de cárcel, y luego a 25, impuesta tras un juicio injusto por un tribunal militar tomando como fundamento pruebas que las entonces autoridades provinciales consideraron "dudosas", es una violación de su derecho a la libertad religiosa. Amnistía Internacional considera que Abdul Qadeer es preso de conciencia.



Envíen cartas a las autoridades de Paquistán:


-expresando preocupación porque Abdul Qadeer ha sido condenado a una pena de 25 años de prisión por una acusación falsa de asesinato, únicamente a causa de su identidad como miembro de la comunidad ahmadi, y porque se encontraba en la mezquita de esa confesión en el momento en que se produjeron las muertes;


-manifestando inquietud porque los juicios a que fue sometido ante unos tribunales militares especiales no cumplieron las normas internacionales para la celebración de juicios con las debidas garantías;


-instando al gobierno a que ponga en libertad a Abdul Qadeer de forma inmediata e incondicional, y a que desestime su declaración de culpabilidad, que se formuló en un juicio injusto.


Remitan sus cartas a:


President

Ghulam Ishaq Khan

The Presidency

Murree Brewery Road

Rawalpindi

Paquistán


Mian Nawaz Sharif

Prime Minister

Office of the Prime Minister

Islamabad

Paquistán


Governor of Punjab

Mian Mohammad Azhar

Governor's office

Punjab Administration

Lahore

Paquistán


Chief Minister of Punjab

Ghulam Haider Wyne

Office of the Chief Minister

Lahore

Paquistán

Aumente el poder de sus cartas enviando una copia a la representación diplomática de Paquistán en su país.

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