Document - Human rights are women's right: an Amnesty International briefing

CUADERNO DE MUJERES (ACT 77/O2/95)


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Encabezamiento: Universales e indivisibles



Para millones de mujeres, la década de los noventa ha significado terror, privaciones y la necesidad imperiosa de luchar por la justicia. Hoy en día, lo que une a las mujeres de la tierra ─trascendiendo de la clase, la raza, la cultura, la religión, la nacionalidad y el origen étnico─ es su vulnerabilidad a los abusos contra sus derechos humanos fundamentales y su dedicación a reclamar esos derechos.


La mayoría de las víctimas de la guerra son mujeres y niños; la mayoría de los refugiados y desplazados son mujeres y niños; la mayoría de los pobres del mundo son mujeres y niños. Y la mayoría de estas mujeres luchan por mantener y proteger la vida de estos niños. Si las violaciones de los derechos humanos de la mujer siguen rampantes es porque, en gran medida, permanecen ocultas.


El gran fracaso de los gobiernos del mundo no está únicamente en su incapacidad para garantizar a las mujeres sus derechos sociales, económicos y culturales ─precisamente, el derecho de la mujer a la igualdad, el progreso y la paz es el tema de la próxima Conferencia Mundial sobre la Mujer de las Naciones Unidas─, sino también en su incapacidad para impedir la violación de sus derechos civiles y políticos ─el derecho a no ser torturadas, asesinadas, «desaparecidas», detenidas arbitrariamente o encarceladas─, llegando a tolerarla en algunos casos. Ciertos abusos, como la violación a cargo de agentes del gobierno, están dirigidos fundamentalmente contra la mujer.


La violación deliberada de los derechos humanos de las mujeres es un componente cada vez más importante de la estrategia militar en todos los conflictos del planeta. Los gobiernos, que en diciembre de 1993 adoptaron la Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer, son responsables de los tremendos niveles de violencia contra las mujeres.


Pero la responsabilidad de estos abusos no recae exclusivamente en los gobiernos. Con el aumento de los conflictos nacionalistas, secesionistas y étnicos que amenazan con violencia y derramamientos de sangre a todas las regiones del mundo, los grupos de oposición armada han comenzado a adoptar métodos parecidos de represión y terror para conseguir sus objetivos. Las mujeres han sido víctimas de homicidio, violación, maltrato o toma de rehenes.


La Declaración de la ONU que prohíbe la violencia contra la mujer exige «una aplicación universal a la mujer de los derechos y principios relativos a la igualdad, seguridad, libertad, integridad y dignidad de todos los seres humanos». Todos los gobiernos están moralmente obligados a hacer respetar esta Declaración. Además, los tratados internacionales de derechos humanos que han ratificado los obligan jurídicamente a no violar los derechos humanos fundamentales de sus ciudadanos. Son muchos los gobiernos que quebrantan estos tratados con impunidad, y algunos llegan a rechazar el principio básico de que las normas de derechos humanos son normas universales que se aplican sin excepción, sea cual sea la situación.


La universalidad de los derechos humanos está siendo cuestionada por algunos gobiernos que sostienen que éstos deben estar sujetos a los intereses de la seguridad nacional, la estrategia económica y las tradiciones locales. Y cuando se trata de los derechos humanos de las mujeres, muchos gobiernos adoptan un punto de vista especialmente restrictivo.


Los derechos humanos no sólo son universales, sino también indivisibles. En muchos países, las mujeres se enfrentan a amenazas tan graves para sus derechos civiles y políticos ─riesgo de tortura, encarcelamiento o muerte─ que les resulta imposible reivindicar sus derechos sociales, económicos y culturales sin comportarse como auténticas heroínas.


Si no se respetan los derechos humanos fundamentales de la mujer, los objetivos que se plantean como temas de la Conferencia Mundial sobre la Mujer de las Naciones Unidas ─derecho de la mujer a la igualdad, el progreso y la paz─ son inalcanzables.


La Conferencia Mundial sobre la Mujer ofrece la oportunidad de presionar a los gobiernos para que protejan y promuevan los derechos humanos de la mujer.


Durante las dos últimas décadas se han multiplicado las organizaciones de mujeres en todo el mundo. Algunas trabajan en favor de sus familiares «desaparecidos»; otras son activistas comunitarias que luchan por derechos básicos como el de no sufrir privaciones; unas son abogadas que buscan justicia para los que no tienen quien les represente; otras hacen campaña contra la tortura o la violencia doméstica, o en favor de un trato igualitario en el trabajo o de los derechos de propiedad de la tierra y acceso al crédito.


Esta ola de valor, creatividad y compromiso se ha estrellado muy a menudo contra un muro de indiferencia, y en ocasiones contra la más cruel de las represiones gubernamentales. Pocos gobiernos reconocen el trabajo de las organizaciones de derechos humanos de la mujer como un ejercicio legítimo de derechos civiles y políticos fundamentales. Son nuestros aliados en la lucha para proteger los derechos humanos de la mujer en todo el mundo.



Cita


Los derechos humanos de la mujer y de la niña son parte inalienable, integrante e indivisible de los derechos humanos universales.


Declaración de la Conferencia Mundial de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, junio de 1993.

Páginas 2 y 3


Encabezamiento: La mujer y la guerra



Hace medio siglo, los Convenios de Ginebra prohibieron la violación en tiempos de guerra con la siguiente disposición: «Las mujeres serán especialmente protegidas... contra la violación, la prostitución forzada y todo atentado a su pudor» . Puede que la violación esté prohibida por las normas internacionales que rigen los conflictos, pero a las mujeres se las viola ─se las aterroriza, se las degrada y se abusa de ellas─ en todos los conflictos violentos que se desarrollan actualmente en el planeta.


Y se las viola porque sus cuerpos se consideran un legítimo botín de guerra. La violación por parte de los individuos combatientes es un acto de tortura prohibido expresamente por las reglas de la guerra y por la legislación sobre derechos humanos. Sin embargo, son escasos los gobiernos o grupos de oposición armada que han tomado medidas para impedir esta práctica en los conflictos.


Las violaciones cometidas por las fuerzas armadas de Bosnia-Herzegovina han sido objeto de una publicidad sin precedentes, y la amplitud de los abusos sexuales en la zona ha producido conmoción y consternación. Las mujeres han sido violadas en sus domicilios por soldados de su propia localidad o por forasteros que iban de paso. Soldados y guardias han violado a prisioneras de guerra en los centros de detención. Se ha perpetrado la violación de mujeres de forma organizada y sistemática: los soldados las han recluido en hoteles y otros edificios con el propósito específico de violarlas.


Soldados de todos los bandos en conflicto se han convertido en violadores y sus víctimas son mujeres de todas las procedencias. Sin embargo, la mayoría son musulmanas, que han sido violadas por soldados y milicianos serbios. El abuso sexual de mujeres se encuadra en una pauta bélica más amplia, caracterizada por la intimidación y el abuso de musulmanes y croatas, que ha conducido a que millares de ellos huyan o sean expulsados de sus zonas de residencia. Según informó el Relator Especial de la ONU sobre el conflicto en la ex Yugoslavia,


... la violación se usaba como instrumento de limpieza étnica... Hay informes fiables de violaciones públicas, por ejemplo, delante de todo un pueblo, concebidas para aterrorizar a la población y obligar a huir a los grupos étnicos1.


La violación no es un accidente de guerra, ni un daño colateral inherente al conflicto armado. Su extendido uso en época de conflicto refleja el particular horror que causa a las mujeres, el particular poder que confiere al violador sobre su víctima, y el particular desprecio que demuestra hacia ésta. El uso de la violación en los conflictos refleja las desigualdades a las que se enfrentan las mujeres en su vida cotidiana en tiempos de paz. En tanto los gobiernos no cumplan con su obligación de garantizar la igualdad y poner fin a la discriminación de la mujer, la violación continuará siendo una de las armas favoritas del agresor.


En un mundo tan fragmentado e inestable, todos los derechos humanos se encuentran amenazados. Cuando hay conflictos ─ya sean guerras internacionales, guerras civiles o revueltas de poca intensidad─, los derechos humanos ocupan un segundo lugar respecto a las ventajas militares. Las mujeres sufren especialmente: se ven atrapadas en conflictos que en gran medida no son obra suya; se convierten en el chivo expiatorio de los homicidios por represalias; se vuelven refugiadas por obligación; se quedan solas para sacar a su familia adelante; sufren violaciones y abusos sexuales practicados con absoluta impunidad.


Sólo el cinco por ciento de las víctimas de la Primera Guerra Mundial eran civiles. En la Segunda Guerra Mundial, esta cifra había aumentado hasta un cincuenta por ciento. A mediados de los noventa, aproximadamente el ochenta por ciento de las víctimas de los conflictos eran civiles, la mayoría de ellos mujeres y niños.


En muchos rincones del planeta, la guerra ha causado estragos en la vida de las mujeres. A menudo, las fuerzas gubernamentales se enfrentan a la oposición de organizaciones que obtienen su apoyo de un grupo étnico concreto que ha sido excluido del poder y al que se ha negado el acceso a los recursos. En un país tras otro, las tropas empleadas en operaciones de contrainsurgencia han perseguido a mujeres sólo por pertenecer al grupo étnico identificado como «el enemigo».


En enero de 1994, un movimiento armado de campesinos indígenas tomó el control de varias poblaciones de México, para exigir derechos sobre la tierra y reformas electorales. Tras varios días de fuertes enfrentamientos se retiraron a la montaña. Desde entonces, las comunidades indígenas han sufrido reiteradas amenazas y agresiones por parte del ejército mexicano. En el estado suroriental de Chiapas, el 4 de junio de 1994, tres jóvenes mujeres indígenas volvían a su pueblo con su madre tras vender sus productos en una población de la zona. Fueron interceptadas en un control de carretera y violadas por diez soldados. Les advirtieron que las matarían si denunciaban los hechos.


Las mujeres que habitan en las provincias surorientales de Turquía han pasado por la misma experiencia. Desde que el gobierno anunció, en julio de 1993, que sus fuerzas armadas seguirían una política de «conflicto total» contra los grupos guerrilleros del Partido de los Trabajadores Kurdos (PKK), todos los días llegan informes sobre abusos perpetrados contra los aldeanos kurdos.


Durante las salvajes incursiones realizadas en aldeas que el gobierno creía simpatizantes del PKK, se ha golpeado y humillado públicamente a mujeres de toda condición, incluidas mujeres embarazadas o con bebés, niñas y ancianas. Algunas han muerto víctimas de ataques de represalia por parte de las fuerzas de seguridad en las zonas civiles de las ciudades del sureste. También las hay que han sido presuntamente violadas bajo custodia o han «desaparecido».



La proliferación de conflictos ha obligado a millones de personas a huir en busca de seguridad. Entre 1981 y 1993, el número de refugiados en todo el mundo pasó de ocho millones a más de una veintena, sin contar los millones de desplazados dentro de sus propios países. En la mayoría de los casos, se trata de personas que se han visto obligadas a huir de situaciones de guerra o enfrentamiento civil.


Más del ochenta por ciento de los refugiados son mujeres y niños. Las refugiadas son especialmente vulnerables durante su huida, ya que se exponen a sufrir ataques de piratas, bandidos, miembros de las fuerzas de seguridad, habitantes de la zona, contrabandistas u otros refugiados. Guardias de fronteras han detenido a mujeres y niñas durante semanas para explotarlas sexualmente. De vez en cuando, los contrabandistas ayudan a las refugiadas a cruzar la frontera a cambio de sexo o dinero. Una refugiada que huía del gobierno de Mengistu en Etiopía describía así su viaje hacia un país vecino:


Éramos cuatro: mis dos hijos, de cuatro y dos años, nuestro guía y yo, que estaba embarazada de cinco meses. En el camino nos pararon dos hombres que nos preguntaron adónde íbamos. Cuando se lo explicamos, uno de ellos tiró de mí y dijo: «Sin sexo no pasarán seguros»... me obligó a tumbarme, me dio patadas en el estómago y me violó delante de mis hijos. Sabía que estaba embarazada, pero le daba igual.


La inmensa mayoría de las mujeres que huyen en busca de seguridad nunca llegan a solicitar asilo en el extranjero. Según la ONU, en el mundo existen más de cien millones de desplazados, de los cuales alrededor de un ochenta por ciento son mujeres y niños dependientes. En su búsqueda desesperada de seguridad, estas mujeres se han convertido en refugiadas de hecho en sus propios países que luchan por sobrevivir lejos de sus hogares.


Millones de mujeres se encuentran atrapadas entre el gobierno y la oposición armada. Tanto unos como otros usan la violencia para conseguir sus fines. Para las víctimas de secuestros, tortura y ejecuciones sumarias, el dolor y el sufrimiento son los mismos independientemente de quiénes sean los responsables.


Grupos de oposición armada de todo el mundo han recurrido a este tipo de tácticas brutales contra personas inocentes. En muchas partes del planeta las mujeres han sido asesinadas, violadas, tomadas como rehenes y torturadas por fuerzas de oposición armada. Muchos de estos grupos pretenden estar luchando por los derechos de las mismas víctimas de sus abusos.


En Argelia, los homicidios de mujeres a manos de grupos combatientes islámicos han coincidido con la aplicación de drásticas medidas represivas por parte del gobierno y un agudo deterioro del respeto de los derechos humanos. Desde que en febrero de 1992 se impuso en Argelia el estado de excepción, las fuerzas de seguridad, los grupos islamistas y otros grupos armados han matado a más de 10.000 personas. Decenas de mujeres han muerto en Argelia desde comienzos de 1993 en ataques atribuidos a grupos islamistas armados.


Las mujeres argelinas sufren una presión cada vez mayor por parte de los grupos islamistas armados para usar el velo islámico. A una estudiante de 16 años llamada Katia Bengana la mataron a tiros en el exterior de su domicilio en Mefta (Blida), en febrero de 1994, por no llevar el velo. Antes de morir la habían amenazado reiteradamente con matarla si no se lo ponía. Pero ella se negó. El día que la mataron regresaba del colegio con una amiga que sí lo llevaba. Un pistolero las abordó, le dijo a la otra que se apartara y mató a Katia de un tiro.



Recuadro


Una cruel lección



Hamda Asad Yunis, profesora de 69 años, lleva cuatro años encarcelada en Kuwait. Su delito ─por el cual la condenaron a muerte─ fue el de continuar ejerciendo como profesora de árabe en la escuela secundaria de Bibi al-Salem durante la ocupación iraquí. Tras la retirada de Iraq, el hecho de haber cobrado un sueldo como funcionario público durante la invasión se consideraba «colaboración».


Millares de personas fueron arrestadas arbitrariamente por las fuerzas de seguridad kuwaitíes inmediatamente después de la retirada del ejército iraquí en febrero de 1991. La inmensa mayoría de los que fueron arrestados, torturados y muertos no eran kuwaitíes.


Hamda Asad Yunis, de nacionalidad jordana, fue juzgada ante el Tribunal de la Ley Marcial, creado ex profeso para juzgar casos de «colaboración». Su juicio fue manifiestamente injusto y careció de las salvaguardias más básicas: no le permitieron ver a un abogado, no tuvo derecho de apelación y los procedimientos fueron precipitados. En mayo de 1991 fue condenada a muerte por los cargos de difundir información tendenciosa y aceptar fondos de las fuerzas de ocupación. Al mes siguiente le conmutaron la pena capital por la de cadena perpetua.


Han transcurrido cuatro años y Hamda Asad Yunis continúa encarcelada como presa política. Ella y sus hijos, que también están presos por cargos de «colaboración», permanecen recluidos en la Prisión Central de Kuwait. Sólo pueden verse una vez al mes.



Cita


Uno de ellos tiró de mí y dijo: «Sin sexo no pasarán seguros». Me violó delante de mis hijos. Sabía que estaba embarazada.

Páginas 4 y 5


Encabezamiento: Luchar por la justicia



La doctora Manorani Saravanamuttu se encuentra entre las madres, esposas, hermanas, amigas y compañeras de las decenas de miles de individuos que han «desaparecido» o han sido asesinados por las fuerzas gubernamentales de Sri Lanka. Doctora en medicina, de repente se vio inmersa en un mundo de muerte, angustia e intimidación cuando su hijo, el periodista Richard de Zoysa, fue secuestrado y muerto en Colombo en febrero de 1990.


Tres meses después del asesinato llegó una carta firmada con las palabras «Justicia, Honor y Gloria a la Patria» en la cual le hacían la siguiente advertencia: «Llore la muerte de su hijo. Pero si toma cualquier otra medida, morirá... Sólo el silencio la protegerá. Siga este consejo. Su hijo no atendió a consejos y hubo que matarlo...»


Saravanamuttu se negó a permanecer en silencio. Llevó a cabo una activa campaña para dar a conocer la verdad sobre la muerte de su hijo y lograr que los asesinos fueran procesados. Afirmaba que podía identificar a uno de los secuestradores de su hijo como el superintendente superior de la policía de Colombo. A pesar de su determinación, no se ha efectuado ninguna investigación independiente sobre el secuestro y la muerte de su hijo, y la investigación policial no ha dado resultados.


También hizo caso omiso de las reiteradas amenazas contra su persona al asumir una función de liderazgo en el Frente de Madres, movimiento integrado por 25.000 madres de «desaparecidos» en Sri Lanka.


«Esperan que te acurruques en una esquina y te mueras de miedo ─declaró en 1991 al periódico Washington Post─. En casa nos volvemos locas a solas con el dolor. Por lo menos ahora estamos haciendo algo.»


Manorani Saravanamuttu simboliza a los varios millones de mujeres en todo el mundo cuyos nombres no son muy conocidos pero que han defendido sus principios sin reparar en el coste personal que les supusiera. A la mayoría las eligieron porque las autoridades veían una amenaza en sus actividades.


Cuando los gobiernos permiten que sus fuerzas secuestren, maten o encarcelen clandestinamente a opositores políticos, lo hacen en la confianza de que tales actos de violencia y sus víctimas no tardarán en olvidarse. Pero no han contado con la determinación y el valor de los familiares de estas víctimas, a menudo esposas o madres, quienes suelen transformar sus maltrechas vidas para convertirse en defensoras de la justicia.


Hay países donde los intentos de ejercer los derechos sociales por parte de la mujer ─como el derecho a no sufrir discriminación─ conducen a un atentado contra sus derechos civiles y políticos. En noviembre de 1990, mujeres de Arabia Saudí se manifestaron en favor del derecho a conducir vehículos, derecho que tradicionalmente se les ha denegado. Decenas de mujeres condujeron en caravana por una de las principales calles de Riad. Su protesta fue interceptada por la policía, que detuvo a 49 de ellas y las mantuvo detenidas hasta que varones de su familia se comprometieron en su nombre y por escrito a no volver a quebrantar la prohibición. Una semana más tarde, el ministro del Interior presentó una ley por la cual era constitutivo de delito que las mujeres condujeran vehículos.


En todo el mundo, las necesidades económicas obligan a las mujeres a trabajar en fábricas miserables con pésimos salarios. Los empresarios demandan ávidamente trabajadoras porque las consideran más baratas y dóciles que los varones. De vez en cuando, las mujeres se organizan y luchan por sus derechos. Los que están en el poder consideran su activismo como una amenaza, y esto les puede suponer la pérdida del empleo. O de la vida.


El cadáver de Marsinah fue descubierto por un grupo de niños en una choza al borde de un campo de arroz, a más de cien kilómetros de su casa. Estaba ensangrentado y cubierto de hematomas, y había señales de estrangulamiento en el cuello.


Hasta unos días antes, Marsinah había sido una activa mujer de 25 años que lideraba una huelga en la fábrica de relojes donde trabajaba, en Java Oriental (Indonesia). Fue brutalmente asesinada, casi con toda certeza por el ejército, por ser sindicalista y defender los derechos de los trabajadores.


En Indonesia, la tasa oficial de salarios para los operarios de fábrica es inferior a un tercio de lo que se considera necesario para la supervivencia. Para las trabajadoras aún es peor, pues vienen a ganar por término medio la mitad que los hombres. En la fábrica donde trabajaba Marsinah, la dirección decidió no pagar siquiera el salario mínimo oficial. Así las cosas, el 3 de mayo de 1993 los trabajadores se declararon en huelga. Marsinah estaba entre los 24 representantes elegidos para negociar con la empresa. Dos días después la secuestraron y mataron.


Una minuciosa investigación efectuada por una organización independiente de derechos humanos llevó a la conclusión de que los responsables del asesinato de Marsinah eran militares de alta graduación. Sin embargo, en Indonesia, donde las fuerzas de seguridad parecen gozar de absoluta libertad para matar impunemente, hay pocas probabilidades de que los responsables de la muerte de Marsinah comparezcan ante la justicia.


Cuando los gobiernos permiten que sus fuerzas de seguridad maten e intimiden impunemente, el círculo de violencia se repite eternamente. Es precisamente en estas situaciones cuando los que defienden los derechos humanos son especialmente vulnerables a los ataques.


Edméia da Silva Euzébio era una mujer brasileña que se negaba a guardar silencio sobre la «desaparición» y el posible asesinato de su hijo. Luiz Henrique da Silva fue uno de los once jóvenes secuestrados en julio de 1990 en una granja de Magé, en la capital estatal brasileña de Río de Janeiro, al parecer con la participación de la policía civil y militar. Jamás se ha vuelto a ver a ninguno de ellos.


Pese a recibir diversas amenazas contra su vida, Edméia da Silva hizo campaña activamente para que se abriera una investigación sobre el paradero de los jóvenes. En enero de 1993 pagó esta osadía con su vida. Iba paseando por el centro de Río de Janeiro con su amiga Sheila da Conceição, cuando dos hombres se les acercaron a plena luz del día y las mataron a tiros. Unos días antes, Edméia había testificado sobre la participación de la policía en las «desapariciones».


Eren Keskin es abogada y activista de derechos humanos en Turquía, donde las fuerzas del gobierno han adoptado una táctica de arrasamiento como parte de su estrategia para aplastar al grupo de oposición armada Partido de los Trabajadores Kurdos (PKK). Por haber defendido a miembros del PKK, Eren Keskin ha sufrido un acoso constante. La han amenazado de muerte ─«estamos midiendo tu ataúd», le dijeron una vez por teléfono─, le han disparado, ha sido agredida por un agente policial, y la han detenido arbitrariamente y sometido a malos tratos para impedirle llevar a cabo su labor. Además, Keskin afronta una condena de dos años de cárcel por «propaganda separatista», a raíz de su envío al Parlamento belga de un documento sobre la situación de la minoría kurda en Turquía.


En el mundo son muchas las mujeres que se hallan entre rejas por ser activistas políticas. Como la doctora Ma Thida, cirujana y escritora, que cumple una condena a veinte años de cárcel por divulgar información sobre actividades opositoras y hacer campaña en favor de la Liga Nacional para la Democracia (LND), partido triunfador en las elecciones de Myanmar (Birmania) de 1990 y privado del poder por el ejército.


Shaheen Sameie permaneció encarcelada en Irán como presa política los últimos trece años. Era operaria de una fábrica antes de ser arrestada en 1982. Fue torturada, juzgada en secreto en 1983 y condenada a quince años de prisión. Se ignoran cuáles fueron los cargos presentados contra ella. Parece ser que las autoridades la consideraban sospechosa de apoyar a una organización proscrita de signo izquierdista llamada Peykar. A principios de 1995 se tuvo noticia de su liberación.


En Sudán, Sara Nugdallah, profesora universitaria y miembro del comité ejecutivo y el comité de mujeres del clandestino Partido Umma, ha sido detenida en varias ocasiones por sus actividades políticas. La última fue el 7 de abril de 1994. Al principio la recluyeron en las dependencias de Seguridad para luego trasladarla a la Prisión de Mujeres de Omdurman; salió en libertad el 20 de junio. No se alegó ningún motivo para su detención.


Un tercio de los centenares de presos políticos encarcelados en Tíbet son mujeres. Muchas han sido torturadas. La mayoría son monjas que cumplen penas de «reeducación a través del trabajo», a quienes encarcelaron por organizar o sumarse a protestas en favor de la independencia de Tíbet respecto a China.


Phuntsog Nyidron es una de ellas. Su excarcelación no está prevista hasta el 2006. La condena a 17 años de prisión ─al parecer la más larga que cumple una presa política en Tíbet─ se le impuso tras ser arrestada en compañía de otras cinco monjas durante una protesta independentista en Lhasa, capital de Tíbet. La sentencia inicial, de nueve años, le fue ampliada otros ocho años por componer y grabar canciones independentistas dentro de la cárcel.


Mujeres del mundo entero participan en actividades comunitarias: organizan redes de apoyo, crean proyectos de salud y educación, dirigen guarderías. Son actividades que les permiten contribuir más directamente a la mejora de su sociedad, y prácticamente en todas partes son vistas como un valioso complemento de la vida comunitaria. En algunos lugares, sin embargo, los gobiernos ven una amenaza en estas actividades. Por eso persiguen a quienes las llevan a cabo.


En Perú, las autoridades acostumbran a usar el pretexto de que los activistas comunitarios simpatizan con la oposición para así poder perseguirlos. Tal fue la suerte de Santosa Layme Bejar, cuyo único «crimen» parece haber sido el de colaborar en proyectos de salud para niños y mujeres de su comunidad.


En 1983 comenzó a participar en proyectos locales en su distrito natal de San Juan de Lurigancho, en la capital, Lima. Ayudó a poner en marcha el programa Vaso de Leche para alimentar a los necesitados. Desde 1989 es coordinadora de área en su barrio.


En febrero de 1994 fue detenida y acusada de pertenecer a Sendero Luminoso (principal grupo de oposición armada) y de cometer «terrorismo». Su caso resulta irónico, pues también ha sido amenazada por Sendero Luminoso. Santosa Layme Bejar siempre ha expresado públicamente su oposición sin reservas a las actividades de la oposición armada en Perú. En 1991 participó en una marcha por la paz a raíz del homicidio de dos líderes populares a manos de Sendero Luminoso.


Las mujeres cuyos casos se abordan en este documento proceden de muy diversos países, razas y entornos sociales, pero todas tienen algo en común: fueron elegidas como víctimas por defender sus derechos. Muchas trabajaban por mejorar su sociedad. Otras se vieron impulsadas a convertirse en activistas por ser las madres, hermanas, esposas o hijas de hombres que han sufrido violaciones de sus derechos humanos. Mujeres cuyos familiares han padecido tortura, encarcelamiento político, «desaparición», homicidio político o la pena de muerte a menudo sienten el impulso de participar activamente en la defensa de los derechos humanos.


Mujeres como ellas han sufrido la peor brutalidad que conoce el mundo moderno, simplemente por defender sus derechos humanos más básicos.



Cita


Esperan que te acurruques en una esquina y te mueras de miedo. Por lo menos ahora estamos haciendo algo.



Recuadro


Uso abusivo de la legislación


A comienzos de mayo de 1994, Josephine Nyawira Ngengi, perteneciente a un grupo de derechos humanos de Kenia llamado Libertad para los Presos Políticos, asistía al juicio de su hermano, un preso de conciencia. Al finalizar el mes, ya era una presa política.


La arrestaron el 8 de mayo de 1994 y permaneció tres semanas detenida ilegalmente en régimen de incomunicación; el 30 de mayo compareció ante un tribunal. La acusaban de robo con violencia, cargo que ha sido utilizado para inculpar a otros presos políticos. Si la declaran culpable, a Josephine Nyawira Ngengi se le impondría la pena de muerte preceptiva. Antes de su comparecencia en juicio, los informes señalan que fue objeto de graves torturas; la golpearon hasta que empezó a sangrar profusamente y le obligaron a lamer su propia sangre del suelo.


Parece ser que el gobierno de Kenia está utilizando cargos punibles con la pena de muerte ─que no admiten la salida bajo fianza─ contra personas cuyo único delito es el de emitir críticas contra gobierno sin hacer uso de la violencia. A Amnistía Internacional le preocupa lo que en apariencia constituye un uso abusivo de la legislación que prescribe el «ahorcamiento», y está investigando si el cargo imputado a Josephine Nyawira Ngengi se ha falsificado con el propósito de acallar a la oposición.

Páginas 6 y 7


Encabezamiento: Mujeres en peligro



Ningún país del mundo trata a sus mujeres tan bien como a sus hombres. Mujeres de todas las clases sociales, culturas y razas, en todas las sociedades, corren el peligro de sufrir abusos contra sus derechos humanos. La discriminación en la sociedad, que a menudo se refleja en la legislación nacional, puede aumentar este peligro. Y si la ley considera que la mujer es una ciudadana de segunda clase, ¿qué incentivo u oportunidad se ofrece a la sociedad en su conjunto para respetar sus derechos humanos?


En muchos países, las mujeres que están bajo custodia se exponen a sufrir violación u otro tipo de tortura y abusos sexuales. En varios de ellos, el sistema judicial discrimina a las mujeres al condenarlas con mayor severidad que a los hombres por los mismos delitos. Ciertos sistemas judiciales imponen penas crueles, inhumanas y degradantes por delitos cuyos autores son mujeres en su mayoría. Aquéllas que proceden de minorías o grupos marginados corren aún más peligro.


Se trata de una forma de tortura experimentada por mujeres de todo el mundo. La violación, las amenazas de violación y el abuso sexual suelen utilizarse para obtener información o una confesión durante el interrogatorio, o para humillar e intimidar a una mujer.


También violan a las mujeres y abusan sexualmente de ellas para castigar a comunidades enteras. En Zaire, cuando el ejército lanzó una operación contra la caza furtiva en el Parque Nacional de Salonga, durante los meses de abril y mayo de 1992, más de una decena de niñas entre 13 y 15 años fueron violadas por soldados; a un hombre le obligaron a violar a su hija de 18 años a punta de pistola.


A veces, las mujeres son violadas por la simple razón de que los policías y soldados se creen con derecho a hacerlo. Según declaró una de las dos jóvenes operarias de una fábrica violadas en Java Oriental (Indonesia) en enero de 1993, el soldado que lo hizo exclamó: «Adelante, denúncianos al jefe. No moverá un dedo. ¡Tenemos derecho!»


En los últimos años se han denunciado en India centenares de violaciones cometidas por policías, pero aún son raras las ocasiones en que se condena a un agente por violar a una mujer puesta bajo su custodia. Y muy pocos los casos de violación bajo custodia que llegan a la fase de juicio. En 1990, cinco agentes policiales de Bengala Occidental fueron suspendidos de sus puestos por violar presuntamente a Kankuli Santra varias veces en la comisaría de Singur. Al principio, la policía alegó que Kankuli Santra era una enferma mental. Luego afirmó que era una «mala» mujer. Al final, las protestas del público obligaron a presentar cargos contra dos de los agentes, si bien el caso fue desestimado por «falta de pruebas».


Que los agentes encargados de hacer cumplir la ley puedan violar a mujeres sin temor a ser procesados indica claramente al conjunto de la sociedad que las autoridades no tratan el delito con seriedad.


En todo el mundo existen sistemas judiciales civiles y penales que discriminan a la mujer. Pocos países pueden vanagloriarse de aplicar el principio de que todos deben ser iguales ante la ley.


En Iraq, un decreto aprobado en 1990 otorgaba a los varones el derecho jurídico de actuar como jueces y ejecutores y matar a sus familiares del sexo femenino por «razones de honor». Dicho decreto fue retirado a los dos meses; otra cosa es que el mensaje que llevaba implícito sobre los derechos humanos de la mujer en Iraq haya pasado con igual rapidez a la historia.


En algunos países la legislación sanciona con penas especialmente crueles, inhumanas y degradantes los delitos cometidos principalmente por mujeres.


En Sudán se ha azotado a centenares de ellas por quebrantar el código indumentario desde la introducción del Código Penal, en marzo de 1991, por el gobierno militar del país. Este código define una serie de delitos punibles con la flagelación; la pena por llevar una indumentaria contraria a la decencia pública puede ascender a cuarenta latigazos. Una mujer no musulmana residente en Omdurman fue multada y condenada a recibir 35 latigazos tras ser detenida, a fines de 1991, por llevar pantalones. La azotaron en el acto. «Antes de que terminaran yo me eché a llorar y grité "Jesús". Inmediatamente, el juez mandó parar los azotes y dijo: "Añadan cinco latigazos más".» También en Irán se ha azotado a mujeres por infringir el código indumentario.


El gobierno de Bangladesh apenas ha protegido a los ciudadanos de las amenazas de muerte de los grupos islamistas. Las organizaciones no gubernamentales nacionales y extranjeras que enseñan a las mujeres a ser autosuficientes han sido amenazadas o bien sus oficinas han sido incendiadas o bombardeadas. Los islamistas afirman que estas organizaciones apartan a las mujeres del estilo de vida islámico y de las funciones sociales «que les corresponden». También se han perpetrado atentados contra escuelas y centros de salud y de planificación familiar para mujeres.


Las mujeres bangladeshíes corren especial peligro allí donde los consejos de las aldeas están controlados por islamistas y se han erigido en guardianes de la ley islámica. En los últimos tres años, estos consejos, conocidos como salish, que no forman parte del sistema judicial y carecen de autoridad legal, han ordenado ejecutar, torturar o maltratar a mujeres.


En enero de 1993, la joven Noorjahan Begum fue lapidada en público en Chatakchara, una aldea del distrito de Sylhet. Un salish había decretado que su segundo matrimonio era ilegítimo según la ley islámica (el primero había fracasado y se había disuelto) y, por consiguiente, había cometido adulterio. Noorjahan y su esposo Motaleb fueron condenados a muerte por lapidación. Inmediatamente después de emitirse el veredicto, enterraron a Noorjahan hasta el pecho y comenzaron a lanzarle piedras. Murió a las pocas horas. Según indican los informes, Motaleb, su marido, sobrevivió.


La mayoría de las mujeres que padecen violaciones de sus derechos humanos proceden de los sectores más pobres y vulnerables de la sociedad: mujeres sin hogar, mujeres indígenas, mujeres que pertenecen a grupos socialmente marginados ─como las castas y tribus minoritarias clasificadas por la Constitución de India (Scheduled Castes and Tribes)─, mujeres pertenecientes a minorías étnicas, mujeres de comunidades inmigrantes, y mujeres que son tratadas como criminales por su orientación sexual. En situación de desventaja económica y marginadas por factores culturales y lingüísticos, apenas tienen acceso a las instituciones estatales mediante las cuales podrían obtener una reparación. Algunas veces, su acceso a estas instituciones lo impiden los propios agentes del Estado encargados de su protección; muy a menudo, en lugar de amparo, las mujeres se encuentran con el abuso oficial.


También es frecuente que las detengan, las torturen, las retengan como rehenes y a veces incluso las maten porque sus familiares o personas con las que se relacionan están vinculadas a grupos políticos de oposición o son buscadas por las autoridades.


La joven de 18 años María Teresa Akumu fue condenada a doce años de prisión por un tribunal de Guinea Ecuatorial. La acusaron de atentar contra la seguridad del Estado y fue declarada culpable de dar refugio a conspiradores, al parecer por causa de la presunta implicación de su novio en un asalto a un cuartel militar.


Tras su arresto en marzo de 1994, a María Teresa Akumu la torturaron y privaron de alimentos. El juicio celebrado contra ella fue manifiestamente injusto. No existía ninguna prueba contra ella, y no le dieron ocasión de refutar los cargos que se le imputaban. Como parte de la condena, durante el día debe realizar labores domésticas en el domicilio de un funcionario del Estado. Por la noche ingresa de nuevo en prisión.


En Europa, las mujeres de origen étnico no europeo han sido víctimas, con cierta frecuencia, de la violencia estatal. En Reino Unido se han registrado denuncias sobre el tratamiento cruel, inhumano o degradante que reciben las mujeres que son deportadas como inmigrantes ilegales o a quienes se les niega el asilo. Joy Gardner, una jamaicana de 40 años, fue detenida por agentes de inmigración y de la policía en julio de 1993 para su deportación. Tras ser atada y amordazada, Joy Gardner se desvaneció, entró en coma y cuatro días más tarde se certificó su muerte.


En diversos países se persigue a la mujer por motivo de su orientación sexual. Las mujeres lesbianas se enfrentan a un doble peligro: son vulnerables a los abusos por ser mujeres, y además son marginadas y estigmatizadas por su orientación sexual.


Participar en una relación de lesbianismo puede costarle la vida a una mujer en Irán. A cualquier mujer que hayan declarado culpable en cuatro ocasiones de lesbianismo pueden condenarla a la pena de muerte.


En muchas otras partes del mundo, la homosexualidad sigue siendo un delito en virtud de legislaciones que afectan tanto a lesbianas como a gays. En EE. UU., los actos homosexuales realizados con consentimiento y en privado son punibles con el encarcelamiento en cinco estados: Arkansas, Kansas, Misuri, Montana y Tennessee. Las penas oscilan entre treinta días y diez años de prisión. En Rumanía, este «delito» se sanciona con cinco años de cárcel.


Las lesbianas suelen padecer los abusos en silencio, ya que con frecuencia carecen de los recursos necesarios para llamar la atención sobre los malos tratos que reciben. Esto supone que los abusos cometidos contra ellas son aún más difíciles de vigilar y sancionar. Como la comunidad internacional no considera los derechos de lesbianas y gays como derechos humanos, a menudo las organizaciones locales, nacionales e internacionales de derechos humanos no denuncian los abusos cometidos contra ellos.



Recuadro


Persecución del pueblo gitano


En Bulgaria, Hungría, Rumanía y la República Eslovaca, el pueblo romaní ─o gitano─ ha sido objeto de detenciones ilegales, tortura y malos tratos. Aún más común es la dejadez sistemática de la policía a la hora de proteger a los gitanos de agresiones racistas.


En septiembre de 1993, la violencia racial estalló en el pueblo rumano de Hadareni. Una muchedumbre de aldeanos mató a tres hombres romaníes e incendió más de una decena de viviendas, mientras un contingente de 45 agentes de policía presenciaba la escena. La mayor parte de la comunidad gitana abandonó el pueblo. Dos mujeres volvieron más tarde para recoger parte de sus pertenencias. Cuando iban de camino al pueblo, fueron abordados y agredidos por un agente de policía que les advirtió que no volvieran.


Otra aldeana romaní, Maria Moldovan, se quejó de los malos tratos infligidos a su hijo por agentes de policía. A continuación la multaron por perturbar el orden público. Maria Moldovan ha apelado contra la multa. En junio de 1994 la arrestaron y permaneció dos días en la cárcel.




Cita


Adelante, denúncianos al jefe. No moverá un dedo. ¡Tenemos derecho!

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Campaña por los derechos de la mujer



La discriminación es una enfermedad mortal. Diariamente mueren más mujeres y niñas a consecuencia de diversas formas de violencia y discriminación basadas en el sexo que por ningún otro tipo de abuso contra los derechos humanos. Cada año, por causa de la discriminación, millones de mujeres son mutiladas, golpeadas hasta morir, quemadas vivas, despojadas de sus derechos legales y objeto de compra y venta en un comercio de esclavas no reconocido ─pero de alcance internacional─ con fines domésticos o sexuales. Por razón de su sexo, las mujeres corren el peligro de sufrir abusos violentos por parte de organizaciones privadas y particulares.


La amplitud y gravedad de tales prácticas debe ser reconocida para poder abordar en toda su amplitud el contexto en el que se producen las violaciones de derechos humanos contra la mujer.


La violencia doméstica es un problema internacional. Prácticamente en todos los países, es la causa de la mayoría de los ataques violentos contra mujeres. En muchos sigue siendo la principal fuente de violencia contra la mujer, aun estando prohibida por la legislación. El problema de la violencia doméstica atraviesa fronteras, culturas y clases sociales.


Desde hace ya muchos años, las mujeres africanas se encuentran en la vanguardia de la campaña para erradicar la práctica de la mutilación genital femenina. Se estima que unos 110 millones de mujeres padecen a lo largo de toda su existencia adulta graves lesiones, incluso mortales, como consecuencia de esta práctica tradicional a la que muchas fueron sometidas de niñas o adolescentes, algunas incluso cuando eran bebés. Esta práctica está enormemente extendida; cada año se mutila a unos dos millones de muchachas.


Millares de mujeres y niñas han caído víctimas del comercio de esclavos sexuales y domésticos. Esta industria internacional existe con el conocimiento y, de vez en cuando, la aquiescencia de los gobiernos en cuyos países se desarrolla.


En una gran cantidad de países, son los activistas que luchan contra los abusos reflejados en la Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer quienes a menudo han sido amenazados, encarcelados, torturados, «desaparecidos» o muertos por agentes de los mismos gobiernos que firman acuerdos cargados de buenas palabras contra tales acciones en Ginebra, Nueva York o Viena. Los gobiernos deben cumplir con sus obligaciones si no quieren que este instrumento internacional se convierta en una nueva norma de doble rasero.


Amnistía Internacional trabaja en la promoción del conjunto de los derechos humanos recogidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos y otras normas internacionales, mediante programas de educación en derechos humanos y haciendo campaña en favor de la ratificación de los tratados de derechos humanos. La Declaración Universal de Derechos Humanos obliga a los gobiernos, como mínimo, a erradicar toda práctica abusiva y discriminatoria contra la mujer. Pero son muy pocos los que han asumido con seriedad esta obligación fundamental.


El mandato concreto de actuación de Amnistía Internacional consiste en oponerse a ciertas violaciones graves de los derechos a la libertad de expresión y a no ser discriminado, así como del derecho a la integridad física y mental. Amnistía Internacional considera que no se debe encarcelar a nadie como preso de conciencia y que ningún preso político debe ser encarcelado sin someterse previamente y sin demora a un juicio con las debidas garantías. Además, Amnistía Internacional actúa contra la tortura, la pena de muerte, las ejecuciones extrajudiciales u otras formas de homicidio deliberado y arbitrario y las «desapariciones».


La organización reconoce la importante labor realizada por particulares y organizaciones en contra de abusos tales como la violencia doméstica, la mutilación genital, la prostitución forzada y otros actos violentos perpetrados por particulares y organizaciones. Sin embargo, el mandato de actuación de la organización se dirige a los gobiernos y a los grupos políticos armados, y por consiguiente no abarca dichos abusos.


Instamos a los gobiernos que están seriamente comprometidos con la meta de acabar con la discriminación y la violencia contra la mujer (tanto en el ámbito público como en el privado) a adoptar y financiar políticas globales que fomenten la educación y la concienciación sobre todas las cuestiones relativas a los derechos humanos de la mujer. Cuando los gobiernos toleran a sabiendas abusos como la violencia doméstica, la mutilación genital femenina o la trata de esclavas sexuales, se reduce la distancia entre lo público y lo privado.


En 1993, la ONU afirmó inequívocamente que los derechos de la mujer son derechos humanos. La Declaración de la Conferencia Mundial de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, celebrada en Viena en junio de 1993, establece que «Los derechos humanos de la mujer y de la niña son parte inalienable, integrante e indivisible de los derechos humanos universales». Con el estímulo de la Conferencia, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos designó, en marzo de 1994, una Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer.


Sin embargo, la resolución de la ONU para celebrar esta conferencia no hacía mención alguna de la mujer ni de los abusos por razón de sexo. Lo que obligó a incluir los derechos humanos de la mujer en el programa de trabajo de Viena fue la actuación colectiva de mujeres en los años y meses previos a la conferencia. En palabras de una activista: «La Conferencia fue parte de un proceso continuado para mejorar los derechos de la mujer, que es precisamente la razón por la cual las mujeres la elegimos como un lugar importante para estar presentes y ser escuchadas. Y lo conseguimos.»


En todo el mundo puede oírse la voz de las mujeres demandando justicia, protestando contra la discriminación, reclamando sus derechos, llorando a sus maridos muertos y consolando a sus hijas violadas. La tarea del movimiento internacional de derechos humanos es lograr que los gobiernos las escuchen y garantizar que se toman medidas para proteger y promover los derechos humanos de la mujer.




QUINCE MEDIDAS PARA PROTEGER LOS DERECHOS HUMANOS DE LA MUJER



1. Reconocimiento de los derechos humanos de la mujer como universales e indivisibles.


2. Ratificación y aplicación de los instrumentos internacionales para la protección de los derechos humanos.


3. Erradicación de la discriminación, porque niega los derechos humanos de la mujer.


4. Protección de los derechos humanos de la mujer durante los conflictos armados.


5. Eliminación de la violación, el abuso sexual y otras formas de tortura y malos tratos perpetrados por agentes del Estado y auxiliares paramilitares.


6. Prevención de la comisión de «desapariciones» y ejecuciones extrajudiciales por parte de agentes del Estado y compensación de las víctimas.


7. Prohibición de la persecución por lazos familiares.


8. Protección del derecho a la salud de las mujeres bajo custodia.


9. Excarcelación inmediata e incondicional a todos los presos de conciencia.


10. Garantía de juicios prontos y justos a todos los presos políticos.


11. Prevención de las violaciones de derechos humanos contra mujeres refugiadas, solicitantes de asilo y desplazadas.


12. Abolición de la pena de muerte.


13. Apoyo al trabajo de las organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales pertinentes.


14. Fomento de los derechos de la mujer como derechos humanos a través de programas oficiales de educación y formación.


15. Los grupos políticos armados deben proteger los derechos humanos en relación con la mujer.


FOTOS DEL CUADERNO DE MUJERES (ACT 77/02/95)



Desde que se envió la copia del cuaderno, la posición de las fotografías y los textos ha cambiado como se indica a continuación. Los números de página se refieren a las páginas definitivas del cuaderno (ocho páginas).



foto de portada:


-Manifestación de estudiantes en París, Francia. Marzo de 1992. ©Marie Dorigny/R.E.A.



página 1:


-Mujeres manifestándose en Argelia en marzo de 1994. La pancarta dice: El silencio es la muerte. Si callas mueres. Si hablas mueres. Por eso habla y muere. ©Nacerdine Sebar/Frank Spooner.


- (foto sin texto). ©David Stewart-Smith/Katz.



página 2:


-(izquierda) Esta niña mozambiqueña de trece años fue violada por soldados del grupo de oposición armada RENAMO. Ahora es madre. ©Bruce Paton/Panos.


- (derecha) Una mujer lamentándose en el cementerio de Baku, Azerbaiyán. ©Eustafiev/Katz.



página 3:


(arriba)

-Huida del conflicto en Iraq (izq.) y México (der.). Iraq: ©Tom Stoddard/Katz. México: ©Lehman/Katz.


(abajo)

-En todo el mundo, la guerra ha hecho estragos en la vida de las mujeres. (arriba) Bosnia-Herzegovina; (abajo) Somalia. Bosnia: ©Kevin Frayer/Rex Features. Somalia: ©Tim/Rex Features.



página 4:


-Mujeres en acción: (arriba) Manifestándose en Jerusalén contra la ocupación israelí de Cisjordania y la Franja de Gaza; (abajo) Protestando contra las violaciones de los derechos humanos en Chile. Jerusalén: ©Penny Tweedie/Panos. Chile: ©Ivo Saglietti/Katz.



páginas 4/5:


-(arriba) Mujeres protestando contra la devolución forzosa de refugiados haitianos en el exterior de la sede de la ONU en Nueva York, mayo de 1992. (abajo) Concentración en apoyo de los derechos de la mujer en Filipinas. Haití: ©Marc French/Panos. Filipinas: ©Brenda Prince/Format.



página 5:


-Celebrando la fundación de la Liga de Mujeres del Congreso Nacional Africano en Durban, Sudáfrica, 1990. ©Maggie Murray/Format.





página 6:


-(arriba) Mujeres indígenas en Guatemala. (abajo) Refugiados del genocidio de Ruanda. Guatemala: ©Paul Smith/Panos. Ruanda: ©Tim/Rex Features.



página 7:


-(arriba) En Sudán las mujeres que llevan la cabeza al descubierto pueden ser azotadas. ©Sarah Errington/Hutchinson Library.


- (abajo-1) Una mujer se lamenta en Bosnia-Herzegovina. (abajo-2) Mujeres de etnia armenia deportadas de Azerbaiyán, con sus pertenencias. Bosnia: ©Ron Haviv/Katz. Azerbaiyán ©Sherbell/Katz.



página 8:


-(arriba) Mujeres de una tribu en Andhra Pradesh, India. ©W. Van Cappellen/Katz.


-(abajo-1) Refugiadas iraquíes se manifiestan contra Saddam Hussein. (abajo-2) Manifestación de madres de «desaparecidos» y personas en paradero desconocido en Vukovar, Croacia. Iraq: ©Lehman/Katz. Croacia: ©Marc French/Panos.

1Report on the situation of human rights in the territory of the former Yugoslavia, Tadeusz Mazowiecki. Referencia de la ONU: E/CN.4/1993/50, p. 19. (Traducción no oficial.)

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