Document - Urgent Action In Focus - November 2006



Acciones UrgentesPúblico

Noviembre de 2006

Índice AI: ACT 60/024/2006


En detalle






El derecho al alojamiento: La demolición de viviendas y los desalojos forzosos en África





© Oxfam-Novib Países Bajos


Situación tras la demolición de viviendas en Cambamba I, un barrio de la capital de Angola, Luanda.




"La práctica de los desalojamientos forzosos constituye una violación grave de los derechos humanos, en particular del derecho a una vivienda adecuada."Comisión de Derechos Humanos de la ONU





En todo el continente africano cientos de miles de personas son desalojadas por la fuerza cada año. Estas personas tienen que abandonar sus hogares sin previo aviso y sin indemnización alguna y en muchos casos se quedan sin vivienda y se ven despojados de sus pertenencias. A menudo se las desplaza a zonas alejadas de recursos como agua potable, alimentos, servicios de saneamiento, medios de vida o educación.


Los desalojos forzosos constituyen una violación del derecho internacional, a pesar de lo cual muchos gobiernos los justifican con el argumento de que resultan esenciales para crear infraestructuras o hacer preparativos para actos internacionales. El trágico resultado de la mayoría de estos casos es que los miembros más pobres y vulnerables de la sociedad quedan expuestos a un riesgo aún mayor.

La Red de AU ha estado trabajando recientemente en casos de desalojos forzosos en Angola y en Guinea Ecuatorial y en 2005 también emprendió acciones en relación con el programa de desalojos forzosos del gobierno de Zimbabwe conocido como "Operación Murambatsvina" (que significa sacar la basura y al que la policía se refiere como ‘restaurar el orden’).


En Sudán, aproximadamente 1.800.000 personas, que ya se vieron obligadas a abandonar sus hogares debido al prolongado conflicto que vive el país, se enfrentan ahora a su desalojo forzoso de los campos situados en los alrededores de la capital, Jartum. A menudo se abandona a estas personas en tierras baldías en el desierto.


En Ghana, cientos de residentes de la isla Dudzorme, en el Parque Nacional de Digya, fueron objeto de desalojos forzosos de sus hogares en 2006. Al parecer, el 8 de abril se introdujo por la fuerza a algunas de las personas desalojadas en un ferry que iba sobrecargado y que posteriormente naufragó, provocando la muerte de 30 pasajeros según fuentes oficiales, mientras que la suerte de muchos otros jamás se conocerá.


A lo largo del año pasado en Kenya, decenas de miles de personas, entre ellas indígenas, fueron expulsadas de los bosques de forma violenta sin que existiese ningún acuerdo de reasentamiento. Diversos asentamientos informales de la capital, Nairobi, han sido objeto de demoliciones recurrentes, si bien Kenya está adoptando directrices para evitar y remediar los desalojos forzosos.


Los desalojos forzosos que se vienen produciendo en la capital de Angola, Luanda, desde 2001, han dejado a miles de personas sin hogar al haber sido éstos derruidos. Miembros de la policía y guardias de seguridad han agredido, propinado patadas y disparado contra los residentes, incluidas mujeres embarazadas, y arrestado a aquellos que trataban de oponerse a los desalojos.


Durante los meses de mayo y noviembre Amnistía Internacional hizo un llamamiento a la Comisión de la Unión Africana para que adoptase una resolución que condenase la práctica del desalojo forzoso en el continente. Amnistía Internacional insta asimismo a los gobiernos africanos a que reconozcan el derecho a una vivienda adecuada como un derecho humano y se comprometan públicamente a poner freno a los desalojos forzosos de forma inmediata.


Desalojos en Guinea Ecuatorial por causa del petróleo


Rufina, una viuda madre de tres hijos, fue desalojada por la fuerza de su casa de Atepa, un barrio de la capital, Malabo, el 22 de julio.

Se encontraba ya en su puesto de trabajo cuando a las 8.30 llegaron a su barrio el primer ministro y el ministro de Planificación Urbanística junto con un equipo de demolición. Les acompañaban soldados que abofeteaban y empujaban a todo aquel que se quejase u opusiese resistencia a las demoliciones.


Un vecino de Rufina la llamó por teléfono y le dijo que viniese urgentemente, pero para cuando llegó su casa a mediodía todas sus posesiones habían quedado destruidas. A sus hijos, todos menores de 10 años, les habían sacado del edificio.


Los recientes desalojos forzosos que han tenido lugar en la capital, Malabo se han saldado con cientos de familias sin techo y Amnistía Internacional teme que se producirán más casos. A mediados de noviembre, a más de 360 familias de diversas zonas de Malabo se les concedieron 15 días para abandonar sus hogares antes de la demolición, prevista para entre el 15 y el 30 de ese mismo mes (véase AU 304/06, AFR 24/012/2006, 14 de noviembre de 2006). A estas familias no se las ha avisado como es debido del desalojo y las autoridades no han llevado a cabo consultas con las comunidades afectadas. Tampoco se ha ofrecido a dichas comunidades otro alojamiento adecuado o una indemnización, ni se les ha brindado la oportunidad de recurrir judicialmente los desalojos. Según los informes, ya han comenzado las tareas de demolición en uno de los barrios conocido como Obras Públicas a fin de construir un nuevo aparcamiento para un casino.


Guinea Ecuatorial es el tercer productor principal de petróleo de África. La nueva riqueza que ha generado la reciente producción de crudo ha provocado que exista una mayor presión para utilizar los terrenos con fines comerciales o para viviendas de lujo. El presidente Teodoro Obiang Nguema ha manifestado públicamente en diversas ocasiones su deseo de erradicar el "chabolismo" que, a su parecer, afea la ciudad y puede desalentar a los inversores. Sin embargo, muchas de las viviendas demolidas recientemente eran estructuras sólidas situadas en barrios perfectamente establecidos y la mayoría de los ocupantes poseía títulos de propiedad del terreno.


No hay nada como el hogar: Angola


Unas 600 familias de la capital angoleña, Luanda, fueron objeto de desalojos forzosos en marzo, cuando fuerzas del Estado irrumpieron en sus barrios y destruyeron sus hogares. Se tiene noticia de que la policía y los guardias privados de seguridad agredieron, propinaron patadas y dispararon contra los residentes, incluida una mujer embarazada y otra que llevaba un bebé a la espalda. Asimismo, un joven sufrió una paliza a manos de siete agentes de policía y un guardia privado de seguridad, y un niño de unos seis años recibió un disparo en la rodilla (véase AU 303/05, AFR 12/012/2005, 2 de diciembre 2005).


Durante los 27 años de guerra civil en Angola, el conflicto dio lugar al desplazamiento de cientos de miles de personas que huyeron a Luanda, donde establecieron asentamientos informales. Sin embargo, cuatro años después de que terminase la guerra, en Luanda ha aumentado la demanda de terreno para uso tanto público como privado y se está obligando a miles de familias pobres que viven en estos asentamientos a que renuncien a sus hogares para dejar espacio a intereses más poderosos.


Desde septiembre de 2004, los residentes de cuatro barrios del municipio de Kilamba Kiaxi viven bajo la sombra de los constantes desalojos forzosos y las recurrentes demoliciones de sus viviendas. El terreno en el que se sitúan estos barrios (Cambamba I, Cambamba II, Banga Wé y 28 de Agosto) había sido al parecer adjudicado para la construcción del complejo de viviendas Nova Vida (Vida Nueva) sin consultar previamente con los residentes y sin seguir el procedimiento reglamentario, lo que sumergió a éstos en un atroz ciclo de desalojos forzosos y de otras violaciones graves de los derechos humanos.


Los desalojos forzosos en estas zonas comenzaron el 28 de septiembre de 2004 cuando, sin previo aviso, miembros de la Policía Nacional Angoleña fuertemente armados demolieron unas 148 casas en Cambamba I y 192 en Banga Wé. En total, 1.180 personas perdieron sus hogares.


El gobierno provincial de Luanda alega, según informes, que dichas casas se habían construido de forma imprevista e ilegal en una zona que el gobierno local había destinado a viviendas particulares y proyectos urbanísticos. Este argumento no constituye una razón válida para desalojar a la gente sin consulta previa, sin respetar las garantías legales y sin proporcionarles alojamiento en otro sitio.


Los residentes trataron de recoger lo que quedaba de sus desgarradas vidas y reconstruir vivendas con los escombros. Sin embargo, en septiembre de 2005, la policía armada reapareció y destruyó otra vez la mayoría de los hogares de Cambamba I y II y Banga Wé, de nuevo sin una orden de desalojo y sin garantizar otro alojamiento o algún tipo de indemnización a los afectados. Al igual que antes, muchos se negaron a marcharse y construyeron nuevamente precarios refugios de zinc en los lugares en los que se habían levantado sus hogares. Entre noviembre y diciembre de 2005 más de 1.000 familias fueron objeto de desalojos forzosos y sus viviendas fueron demolidas.


A mediados de abril, los residentes de los barrios Cambamba I y II se concentraron frente a la Asamblea Nacional (Parlamento angoleño) para entregar a los diputados una petición en contra de los desalojos forzosos.


El 2 de mayo, el primer ministro tuvo que responder a una serie de preguntas relativas a los desalojos forzosos durante una sesión parlamentaria extraordinaria solicitada por los diputados de la oposición. Durante el acto, el primer ministro acusó a SOS-Habitat (ONG que se ocupa del derecho a la vivienda) de incitar a la gente a que ocupase los terrenos para poder así reclamar compensaciones, después de que la administración municipal de Kilamba Kiaxi hubiese ya consultado con 100 residentes a los que habría inscrito en un registro para que recibiesen indemnizaciones. Afirmó además que aquellos que ocupaban legalmente los terrenos, fuese en virtud del derecho escrito o del consuetudinario, recibirían indemnizaciones. Señaló, sin embargo, que el gobierno provincial de Luanda había congelado los pagos de indemnizaciones porque algunas personas que no tenían derecho a las mismas estaban intentando aprovecharse de la situación y reclamar compensaciones.


No se ha hecho justicia con las víctimas de los desalojos forzosos en Zimbabwe


En mayo de 2005, el gobierno de Zimbabwe puso en marcha la Operación Murambatsvina (sacar la basura), un programa de desalojos forzosos y demoliciones masivos cuyo resultado fue que unas 700.000 personas perdieron sus hogares, su medio de vida o ambos. Las víctimas formaban parte de la población más pobre de Zimbabwe y una de las consecuencias directas de esta operación es que las ha sumido aún más en la pobreza y las ha expuesto a otras violaciones graves de los derechos humanos (véase AU 148/05, AFR 46/011/2005, 1 de junio de 2005).


En virtud del derecho internacional el gobierno está obligado a proporcionar acceso a recursos judiciales efectivos o a otros recursos apropiados a las víctimas de las violaciones de los derechos humanos perpetradas durante la Operación Murambatsvina. El gobierno aseguró que proporcionaría alojamiento a quienes habían perdido sus hogares, pero el "programa de reconstrucción" denominado Operación Garikai/Hlalani Kuhle ("Vida mejor"), al que tanta publicidad se ha dado, en la práctica apenas ha ayudado a las víctimas.


Durante una visita reciente a nueve de los lugares afectados, Amnistía Internacional comprobó que tan sólo una ínfima parte de las víctimas de la Operación Murambatsvina se había beneficiado del "programa de reconstrucción".


En mayo de 2003 sólo se habían construido 3.325 viviendas en el marco de la Operación Garikai/Hlalani Kuhle, en comparación con las 92.460 estructuras que servían como vivienda y que fueron destruidas durante la Operación Murambatsvina. Al parecer se han paralizado las labores de construcción en muchas áreas. La mayoría de las casas están deshabitadas y son inhabitables y muchas de ellas aún no están terminadas –carecen de puertas, ventas e incluso techo–. Tampoco disponen de agua apta para el consumo o de servicios de saneamiento. Además, a pesar de lo inadecuado de estas viviendas, muy pocas se encuentran a la venta e, incluso cuando es el caso, su precio resulta prácticamente inasequible. El proceso de asignación de las nuevas, aunque incompletas, viviendas carece de transparencia y los criterios que se utilizan para decidir quién recibe una casa o un terreno son poco claros. Se han concedido casas a personas que no perdieron su vivienda durante la Operación Murambatsvina.


La Operación Garikai/Hlalani Kuhle ha sido la única respuesta gubernamental a las violaciones manifiestas de los derechos humanos perpetradas durante la Operación Murambatsvina. El gobierno no ha proporcionado ninguna otra ayuda o recurso a los cientos de miles de víctimas, por lo que Zimbabwe está incumpliendo claramente su obligación de proporcionar un recurso efectivo y reparación a las personas cuyos derechos humanos han sido violados.


El gobierno también ha entorpecido los intentos de las víctimas de ayudarse a sí mismas, frustrado las actividades humanitarias para proporcionar alojamiento de emergencia a estas personas y sometido a parte de la población más vulnerable a repetidos desalojos forzosos.


Amnistía Internacional cree que con tales acciones el gobierno ha exacerbado su propia incapacidad para proporcionar un recurso efectivo a las víctimas.


Hasta que se reconozca que los desalojos forzosos constituyen una violación grave de los derechos humanos, tanto en Zimbabwe como en el resto de África, y hasta que se ayude a las víctimas a rehacer sus vidas, estos desalojos forzosos seguirán sumiendo a cientos de miles de personas aún más en la pobreza y allanando el terreno para que se produzcan otras violaciones de los derechos humanos.








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