Document - Death Penalty News: December 2003

NOTICIAS SOBRE LA PENA DE MUERTE

Diciembre de 2003

AMNISTÍA INTERNACIONAL

1 Easton Street

Índice AI: ACT 53/004/2003/s Londres WC1X 0DW

(Distribución: SC/DP/PO/CO/GR) Reino Unido

RESUMEN TRIMESTRAL DE ACONTECIMIENTOS SOBRE LA PENA DE MUERTE

Y AVANCES EN EL CAMINO DE LA ABOLICIÓN UNIVERSAL






El pasado 10 de octubre, destacados defensores de la abolición de la pena capital, organizaciones no gubernamentales y gobiernos de más de 60 países de África, América, Asia, Europa y Oriente Medio conmemoraron el Día Mundial contra la Pena de Muerte.


Los actos previstos con motivo de dicha celebración fueron organizados por la Coalición Mundial contra la Pena de Muerte y participaron en ellos organizaciones como Reforma Penal Internacional, Juntos Contra la Pena de Muerte, la Comunidad de San Egidio, la Federación Internacional de la Acción de los Cristianos para la Abolición de la Tortura (FIACAT), la Federación Internacional de los Derechos Humanos (FIDH) y Amnistía Internacional (AI).


Representantes de la Unión Europea y del Consejo de Europa y los ministerios de Asuntos Exteriores de Canadá, Francia y México hicieron declaraciones oficiales de satisfacción ante la iniciativa de celebrar este día.

Uno de los actos celebrados con ocasión del Día Mundial contra la Pena de Muerte consistió en la descripción de conocidas figuras públicas partidarias de la abolición, como los galardonados con el Premio Nobel de la Paz Nelson Mandela y Desmond Tutu, el ex ministro de Justicia de Francia Robert Badinter, el conductor de rally finlandés que ha sido campeón mundial y es miembro del Parlamento Europeo Ari Vatanen, y un ciudadano japonés, Sakae Menda, que pasó más de 30 años condenado a muerte.


Numerosos Grupos de AI participaron en la preparación de conferencias de prensa, seminarios, exposiciones callejeras, exhibiciones de cintas de cine y de vídeo, debates públicos y programas de radio y televisión. Además, se publicó una petición en línea a favor del fin de las ejecuciones en el sitio web de la Coalición Mundial contra la Pena de Muerte: <www.worldcoation.org>.


Activistas de Amnistía Internacional salieron a la calle con motivo del Día Mundial contra la Pena de Muerte



Brno, República Checa. ©AI




Dar es Salam, Tanzania. ©AI


(Encontrarán más fotografías sobre las actividades realizadas con motivo del Día Mundial contra la Pena de Muerte en la página 7).


DECLARADA INCONSTITUCIONAL LA PENA DE MUERTE PRECEPTIVA EN TRINIDAD Y TOBAGO


El 20 de noviembre, el Comité Judicial del Consejo Privado de la Corona ¯órgano jurisdiccional con sede en Londres, Inglaterra, que actúa como tribunal de última instancia para países de la zona anglófona del Caribe¯,declaró inconstitucional la pena de muerte preceptiva para el asesinato en Trinidad y Tobago y resolvió que recaía sobre los jueces la facultad discrecional de imponer o no dicha pena en cada caso concreto. En su resolución, el Comité Judicial concluía por mayoría de tres votos a favor frente a dos en contra que era el espíritu de las normas vigentes en Trinidad y Tobago que la pena capital fuese tenida como la máxima pena que el juez puede imponer, no que deba imponer, ya que los casos de homicidio son demasiado complejos como para que la ley prevea una única pena preceptiva en todos los casos y además se debe tener en cuenta la posibilidad de que se ejecute a personas condenadas erróneamente.

El Comité Judicial del Consejo Privado de la Corona había dictado su resolución en un procedimiento de apelación interpuesto por Balkisson Roodal y Haroon Khan, condenados a muerte por asesinato, que alegaban para recurrir contra su condena que las leyes de Trinidad y Tobago en materia de pena de muerte eran contradictorias.

A la luz de esta sentencia, las causas seguidas contra al menos 80 hombres y 4 mujeres actualmente condenados a muerte en Trinidad y Tobago habrán de someterse a un nuevo juicio. La sentencia también repercutirá sobre la situación de los como mínimo 200 presos condenados a muerte en Bahamas, Barbados y Jamaica, donde también habrá de resolverse sobre la constitucionalidad de la pena de muerte preceptiva.


EJECUCIONES EN EL CHAD


El 6 de noviembre tuvieron lugar en el Chad las primeras ejecuciones judiciales de que se tiene conocimiento desde 1991: un pelotón de fusilamiento acabó con la vida de ocho hombres en dicha fecha, siete de ellos en la capital, Yamena, y un octavo en la ciudad occidental de Abéché. Otro hombre, Léon Totoloum, que se había librado de ser ejecutado en Yamena el 6 de noviembre cuando otros reclusos impidieron que se lo llevaran de la prisión, fue ejecutado en la propia prisión el 9 de noviembre.

Cuatro de los ejecutados en Yamena ¯Mahamat Adam Issa, Adouma Ali Ahmat, el ciudadano sudanés Abderamane Hamid Haroun y Moubarack Bakhit Abderamane¯, habían sido condenados a muerte el 25 de octubre por el Tribunal Penal de Yamena por el asesinato de un diputado del Parlamento sudanés, Cheik Ibn Oumar Idriass Youssouf. La víctima, un directivo de la empresa petrolera Chad Petroleum Company que, según informes, estaba estrechamente relacionado con familiares del presidente chadiano, Idriss Déby, había sido asesinada a tiros en Yamena el 25 de septiembre.

Las ejecuciones se consumaron pese a observarse graves defectos de fondo y de forma en los juicios, especialmente en el de los cuatro hombres condenados el 25 de octubre cuyas condenas, según parece, se fundaron en declaraciones obtenidas mediante torturas. Al menos una persona, una mujer, permanece condenada a muerte.


TAIWÁN: PLANES DE ABOLIR LA PENA DE MUERTE


El 27 de octubre se anunció que la presidencia taiwanesa y el gabinete ministerial del presidente Chen Shui-bian han redactado un proyecto de ley destinado a abolir la pena de muerte y a proteger otros derechos humanos. La iniciativa legislativa debe ahora ser examinada por el gobierno que, en caso de aprobarla, la remitirá al Parlamento, donde la oposición ha bloqueado anteriores intentos de promulgar leyes para la salvaguardia de los derechos humanos.

El mismo día del anuncio de esta medida, el 27 de octubre, Liu Bing-lang, Su Chien-ho y Chuan Lin-hsun, conocidos comúnmente como « el trío de Hsichih», volvieron a comparecer ante los tribunales para ser juzgados por décima vez por el mismo caso de asesinato (véase Noticias sobre la Pena de Muertede julio de 2003). Los tres hombres habían sido absueltos en enero por el Tribunal Superior de Taiwán, pero en agosto el Tribunal Supremo anuló la condena y ordenó que se remitiese una vez más la causa al Tribunal Superior. Los tres hombres han pasado más de siete años condenados a muerte.


EJECUCIONES POR MOTIVOS ÉTNICOS EN CHINA


AIanuncióen octubre que, según los informes recibidos, Shaheer Ali, perteneciente a la etnia uigur de la Región Autónoma Uigur del Sin-kiang, en el noroeste de China, había sido ejecutado poco antes tras haber sido devuelto en enero de 2002 a China por Nepal, donde había solicitado asilo. Shaheer Ali fue condenado a muerte en un juicio celebrado en secreto en marzo de 2003 tras ser hallado culpable de delitos como «separatismo» y «organización y dirección de una organización terrorista». Se desconocen las pruebas de cargo presentadas en juicio que sustentaron las acusaciones formuladas contra él.

Shaheer Ali era uno de los varios uigures a quienes la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados había reconocido la condición de refugiados. En una entrevista concedida a una emisora de radio mientras estaba en Nepal, Shaheer Ali afirmó pertenecer a una organización no extremista llamada Partido Reformista Islámico del Turquestán Oriental y haber sido torturado bajo custodia en la prisión de Guma (Pishan), en la Región Autónoma Uigur del Sin-kiang, en 1994.

SE IMPLANTA LA INYECCIÓN LETAL COMO MÉTODO DE EJECUCIÓN EN TAILANDIA


En octubre, Tailandia sustituyó oficialmente la ejecución mediante pelotón de fusilamiento por el método de la inyección letal tras reformar el artículo 19 de su Código Penal. El director general del Departamento de Prisiones, Siva Saengmanee, ha informado de que podrá invitarse a presenciar las ejecuciones mediante inyección letal a los familiares de los presos condenados, al personal de la administración de justicia, de la policía y de la fiscalía, y a periodistas.

Según informes, en los últimos dos años el número de condenados a muerte en Tailandia casi se ha triplicado alcanzando una cifra de cerca de 1.000 hombres y mujeres. La mayoría de los condenados recientemente lo ha sido por delitos relacionados con la drogas. Según parece, entre los reos de muerte hay ciudadanos de Ghana, Laos, Myanmar y Singapur, así como miembros de los grupos yao y hmong, tribus de montaña de Tailandia.

Las autoridades han anunciado en repetidas ocasiones su intención de acelerar las ejecuciones de autores de delitos relacionados con las drogas como medida «disuasoria» contra la producción y el tráfico de sustancias narcóticas, que están aumentando.

Más de 60 hombres y mujeres condenados a muerte en Tailandia han agotado la vía judicial y corren peligro inminente de ser ejecutados.


AUMENTO NOTABLE DE LAS EJECUCIONES EN VIETNAM


Al menos 28 personas fueron ejecutadas en Vietnam en noviembre de 2003. Entre ellas había cuatro hombres y una mujer a quienes un pelotón de fusilamiento quitó la vida en el patíbulo de Thu Duc, en las afueras de la ciudad de Ho Chi Minh, el 5 de noviembre. Tres de los ejecutados, Nguyen Ngu Dung, Nguyen Thi Loan y Nguyen Anh Tuan, habían sido condenados a muerte en julio de 2001 por hallarse en posesión de 10,8 kilogramos de heroína. Los otros dos habían sido condenados por asesinato en 2002.

El 11 de noviembre, un pelotón de fusilamiento ejecutó en un acto público que presenció casi un millar de personas a 10 individuos en el patíbulo de Le Xa, en la provincia de Nam Dinh. Estos habían sido condenados a muerte en junio de 2000 por su participación en una banda dedicada al narcotráfico. El 15 de noviembre, una mujer llamada Cao Thi Lien, y un hombre, Tran Vanh Sinh, fueron ejecutados públicamente por un pelotón de fusilamiento en el patíbulo del poblado de Tap Hom, en la provincia de Tay Ninh. Según las autoridades, «casi un millar de personas se reunieron para presenciar la ejecución». Los dos hombres habían sido condenados a muerte por narcotráfico.

Otras cinco personas fueron ejecutadas en el patíbulo de Long Binh, en la ciudad de Ho Chi Minh, el 18 de noviembre. Uno de ellos, Bui Huu Tai, había sido condenado a muerte por tráfico de drogas. Los otros cuatro hombres lo habían sido por asesinato.

En lo que va de año, al menos 57 personas han sido ejecutadas en Vietnam, muchas de ellas públicamente. Según datos oficiales, en lo que va de año se ha condenado a muerte a 86 personas, a más de la mitad de ellas por delitos relacionados con el tráfico de estupefacientes. Según se ha dicho, en septiembre el viceministro de la Seguridad Pública, Le The Tien, señaló que la pena de muerte es «una medida muy eficaz» para prevenir la producción y el tráfico de estupefacientes. Sin embargo, el 21 de noviembre de 2003 la Comisión Económica y Social para Asia y el Pacífico, de la ONU, emitió un comunicado de prensa en el que se manifestaba: «Pese a contar con una de las legislaciones contra el consumo y tráfico de estupefacientes más estrictas, Asia está perdiendo la lucha contra las drogas, especialmente entre la población juvenil».


ADVERTENCIA DEL CONSEJO DE EUROPA A JAPÓN Y ESTADOS UNIDOS


La Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa ha advertido nuevamente a Japón y Estados Unidos de que están violando las obligaciones que les incumben en tanto que Estados observadores al seguir aplicando la pena de muerte.

La Asamblea Parlamentaria está integrada por diputados de los 45 países que forman el Consejo de Europa, principal organización intergubernamental europea centrada en la defensa de los derechos humanos. A Japón y Estados Unidos se les reconoció la condición de Estados observadores en 1996.

En junio de 2001, la Asamblea Parlamentaria había instado a Japón y Estados Unidos a que procedieran a la suspensión inmediata de las ejecuciones y decidió entablar un diálogo sobre la cuestión con los diputados de ambos países (véase Noticias sobre la Pena de Muertede junio de 2001).

En la Resolución 1349 (2003), aprobada el 1 de octubre de 2003, la Asamblea Parlamentaria hacía notar que había logrado con éxito iniciar un diálogo con diputados del Parlamento japonés pero que habían «fracasado en gran medida sus esfuerzos por promover el diálogo parlamentario con Estados Unidos». Habida cuenta de ello, la Asamblea resolvía «intensificar su diálogo» con los diputados japoneses y continuar sus esfuerzos por entablar un diálogo con los legisladores estadounidenses, tanto a nivel estatal como federal.

La citada resolución fue acompañada de la Recomendación 1627 (2003), en la que la Asamblea Parlamentaria pedía al Comité de Ministros del Consejo de Europa que exigiese como «requisito mínimo» a los Estados que siguen manteniendo la pena de muerte en sus ordenamientos jurídicos y que desean que se les amplíen sus derechos en tanto que Estados observadores el «dar muestras de voluntad de entablar un diálogo fructífero a nivel parlamentario y gubernamental» con el Consejo de Europa en materia de pena de muerte.

En un informe publicado en septiembre, la Comisión de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Asamblea Parlamentaria hacía notar que por parte de Estados Unidos «hay escasa voluntad de entablar un diálogo parlamentario con nosotros [...] sobre esta importante cuestión». La Comisión señalaba asimismo que «ciertamente no se le había hecho sentirse bienvenida» en el curso de una conferencia sobre la abolición de la pena de muerte celebrada en un edificio oficial del Senado estadounidense en Washington en abril, acto al que no asistió ni un solo miembro del Congreso de Estados Unidos.



NOTICIAS BREVES


Botsuana:Lehlohonolo Bernard Kobedi fue ejecutado el 18 de julio en Gaborone por un asesinato cometido en 1993 por el que había sido condenado en un juicio en el que no se respetaron las normas internacionales de justicia procesal. A sus abogados no se les informó de la fecha de la ejecución inminente ni se les permitió visitarlo durante los días anteriores. El acusado había recurrido contra la condena en marzo, pero el Tribunal de Apelaciones desestimó el recurso, si bien instó al Comité sobre la Prerrogativa de Gracia de Botsuana a concederle el indulto.

Otros tres presos, Joseph Mokhobo, Douglas Simon y Gouwane Tsae, fueron ejecutados el 19 de septiembre.

La organización local de derechos humanos Ditshwanelo condenó el secreto que rodeó las ejecuciones y expresó preocupación por el hecho de que no haya constancia de que se haya concedido nunca un indulto en Botsuana. Según informes, cerca de 38 personas han sido ejecutadas desde que el país adquirió la independencia en 1966.

Etiopía:En agosto, el Tribunal Superior Federal, que tiene su sede en la capital, Addis Abeba, condenó a cuatro hombres a muerte por el homicidio del ex patriarca de la Iglesia Ortodoxa etíope y de otras 13 personas que «desaparecieron» en 1978. En noviembre, otro hombre, un ex dirigente de un comité revolucionario, fue condenado a muerte por el asesinato de 12 presos cometido durante la «campaña de terror» llevada a cabo por el anterior gobierno contra sus opositores entre los años 1977 y 1979.

Estas condenas se insertan en el contexto de los «juicios del Dergue», juicios que siguen sustanciándose contra más de 2.000 ex cargos del anterior gobierno, liderado por Mengistu Haile-Mariam, acusados de genocidio y de otros delitos. Los cinco presos convictos cuyo caso se ha citado tienen derecho a apelar contra su condena.


Irán:Según informes, debido a la presión nacional e internacional, el presidente de la magistratura de Irán, ayatolá Hasemi Shahroudi, ha ordenado que la ejecución de Afsaneh Noroozi se suspenda «por el momento». No obstante, AI no tiene conocimiento de que se haya iniciado ningún trámite judicial para volver a juzgar a Afsaneh Nouroozi.

Afsaneh Nouroozi, que actualmente se encuentra encarcelada en la prisión de Bandar Abbas, en el sur de Irán, fue detenida, según informes, en 1997 tras matar al jefe del Departamento de Inteligencia de la Policía de la isla de Kish, en el Golfo Pérsico. Ella asegura que actuó en defensa propia, para evitar que el policía la violara. En agosto, el Tribunal Supremo confirmó la condena de muerte. Desde entonces, un grupo de diputadas del Parlamento iraní y de organizaciones no gubernamentales de Irán trabajan en defensa de Afsaneh Nouroozi y han pedido ayuda al presidente del Parlamento, Hojjatoleaslam Mehdi Karroubi, para que detenga la ejecución.


México: El presidente Vicente Fox ha conmutado una condena a muerte y se ha comprometido a conmutar otra. En 1997, un tribunal militar condenó a muerte al sargento Ángel Velázquez Pérez por el asesinato de un oficial superior. El presidente conmutó la pena impuesta después de desestimar los tribunales el último recurso interpuesto por el condenado. El 14 de noviembre, un tribunal militar declaró culpable y condenó a muerte al teniente Herón Varela Flores, también por el asesinato de un oficial superior, cometido en Ciudad Juárez el 14 de febrero. El presidente Fox manifestó que conmutaría la pena impuesta a Herón Varela Flores en caso de confirmarla un tribunal superior.


Marruecos:El 28 de mayo, el Parlamento marroquí promulgó una nueva ley para «combatir el terrorismo» por la que se reformaba tanto el Código Penal como el Código de Procedimiento Penal al incorporar nuevas disposiciones y reformar otras ya existentes. La nueva ley, que emplea una definición de terrorismo amplia y vaga, amplía el ámbito de los delitos punibles con la pena capital. Desde la entrada en vigor de la nueva legislación se ha impuesto la pena de muerte a 16 personas.


Nigeria: El 25 de septiembre,el Tribunal de Apelaciones de la Ley Islámica del estado de Katsina anuló la condena de muerte mediante lapidación impuesta a Amina Lawal por el delito de fornicación (zina)(véase Noticias sobre la Pena de Muerte,de marzo de 2002). Katsina pertenece a la decena de estados del norte de Nigeria que han promulgado la ley islámica (shari'a), en virtud de la cual comete el delito de fornicación (zina) «todo aquel que mantiene relaciones sexuales genitales con una persona sobre la que no tiene derechos sexuales y en circunstancias en que no existe duda sobre la ilegalidad del acto».

Según ha informado la British Broadcasting Corporation (BBC), cuatro de los cinco jueces encargados de resolver el recurso de apelación contra la condena anularon el fallo condenatorio al hallar que se habían cometido errores de forma en el juicio original y que su adulterio no había quedado probado más allá de la duda razonable. Amina Lawal no contó con un abogado defensor durante su primer juicio.

El 14 de septiembre, el Tribunal de la Ley Islámica de Bauchi, en el noroeste de Nigeria, condenó a muerte mediante lapidación a Jibrin Babaji, de 46 años de edad, por haber cometido actos de sodomía con tres menores. Jibrin Babaji no dispuso de representación letrada en juicio y su causa fue vista únicamente por un tribunal unipersonal de la ley islámica de primera instancia, lo que contraviene la norma que exige la intervención de un mínimo de tres jueces en los juicios por delitos punibles con la muerte. El juicio fue sumario y la confesión sobre la que se basó la condena no fue probada y examinada ante el juez.


EE. UU.

Georgia:James Willie Brown fue ejecutado el 4 de noviembre. Tenía un largo historial de enfermedad mental, que incluía repetidos diagnósticos de esquizofrenia. La Junta de Libertad Condicional del estado de Georgia le negó el indulto, pese a la existencia de pruebas de descargo presentadas por un conocido perito en esquizofrenia que declaró que Brown sufría esta grave enfermedad mental. Además, una ex reclusa declaró que había mentido en juicio cuando dijo al jurado que Brown le había confiado que estaba fingiendo su enfermedad mental.


Carolina del Norte:Edward Hartman fue ejecutado el 3 de octubre. El gobernador del estado de Carolina del Norte se negó a detener la ejecución pese a existir indicios de que la fiscalía había utilizado con éxito la homosexualidad de Edward Hartman en el juicio contra él, para que lo condenaran a muerte.

También en Carolina del Norte, John Daniels fue ejecutado el 14 de noviembre. Una psiquiatra que actuó como testigo clave en el juicio se retractó de sus declaraciones alegando que los fiscales le habían ocultado información importante. La psiquiatra manifestó que sus declaraciones habían sido «erróneas y contenían errores muy graves». En una serie de reportajes de investigación publicados recientemente por un periódico local de Carolina del Norte, el News and Observer, se recalcaba el problema de la conducta de la fiscalía en los juicios por delitos punibles con la muerte celebrados en dicho estado.

Texas:El 20 de octubre, la Corte Suprema de Estados Unidos declaró inadmisible el recurso interpuesto por Nanon Williams, que apelaba contra su condena a muerte alegando que viola el derecho internacional dado que él era menor de 18 años en el momento de cometerse el delito. Varios galardonados con el Premio Nobel de la Paz han firmado un informe de amicus curiae (amigo de la corte)instandoa la Corte Suprema a que admita el recurso a trámite.

Larry Hayes fue ejecutado el 10 de septiembre. Pese a tratarse del preso número 310 ejecutado en Texas desde que el estado reanudó los homicidios judiciales en 1982, se convirtió en el primer convicto de raza blanca ejecutado en dicho estado por el asesinato de una víctima de raza negra. Desde 1977, el 80 por ciento de los reos ejecutados en Estados Unidos lo ha sido por delitos en los que las víctimas eran de raza blanca, pese a que el número de víctimas de asesinato blancas y negras es similar en Estados Unidos. Los estudios muestran de forma constante que la raza de la víctima es uno de los factores que determinan la imposición de la pena capital en Estados Unidos (véase el informe titulado Estados Unidos de América:Muerte por discriminación. la raza sigue influyendo en los casos de pena de muerte, AMR 51/046/2003, de abril de 2003).

Washington (ámbito estatal): En noviembre, el acuerdo entre el fiscal y la defensa por el que se permitió a Gary Ridgway declararse culpable de 48 asesinatos a cambio de no imponérsele la pena de muerte hizo que se pusiera en tela de juicio la arbitrariedad de la pena capital. El magistrado de la Corte Superior de Justicia David A. Nichols escribió en el periódico Seattle Times: «Por exponerlo de forma sencilla, si el mayor asesino en serie de la historia de Estados Unidos ha sido capaz de librarse de ser condenado a muerte porque tiene "algo que vender" [información sobre los asesinatos cometidos], entonces, el ejecutar a un asesino en menor grado porque no tiene nada que vender convierte en una farsa toda noción razonable de justicia». El magistrado Nichols concluía: «Sencillamente, no hay forma de que las leyes que regulan la aplicación de la pena de muerte se apliquen de forma justa. Existen demasiadas variables e incoherencias que impiden a cualquier persona interesada en que se haga justicia respaldarla. Con su revocación [de la pena capital], detendríamos su aplicación injusta, los costes desorbitados asociados a su administración y los interminables recursos de apelación».












TRATADOS INTERNACIONALES

El Protocolo Núm. 6 al Convenio Europeo de Derechos Humanos ha sido ratificado por Armenia y Turquía, lo que eleva la cifra total de ratificaciones a 43.

El Protocolo Núm. 13 al Convenio Europeo de Derechos Humanos ha sido ratificado por Portugal y el Reino Unido, lo que eleva la cifra total de Estados que lo han ratificado a 19.


Otras actividades organizadas por AI con motivo del Día Mundial contra la Pena de Muerte (viene de la página 1):





Beirut, Líbano. © AI




Kuala Lumpur, Malaisia. © AI

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