Document - Death Penalty News: September 2002

NOTICIAS SOBRE LA PENA DE MUERTE Septiembre de 2002


AMNISTÍA INTERNACIONAL

1 Easton Street

Índice AI: ACT 53/004/2002/s Londres WC1X 0DW

Distribución: SC/DP/PO/CO/GR Reino Unido



RESUMEN TRIMESTRAL DE ACONTECIMIENTOS SOBRE LA PENA DE MUERTE

Y AVANCES EN EL CAMINO DE LA ABOLICIÓN UNIVERSAL


ABOLICIÓN EN TURQUÍA, YUGOSLAVIA Y CHIPRE




El 3 de agosto, el Parlamento de Turquía aprobó una ley por la que se abolía la pena de muerte excepto por actos cometidos en tiempo de «guerra o peligro inminente de guerra. El presidente, Ahmet Necdet Sezer, la sancionó el 8 de agosto, y la ley entró en vigor un día después, con su publicación en el Boletín Oficial turco.

Una reforma constitucional, aprobada en octubre de 2001, había abolido la pena capital por la comisión de actos delictivos si bien mantenía su aplicación a los delitos de terrorismo cometidos en tiempo de guerra. Los tribunales siguieron imponiendo condenas a muerte: así, en julio de 2002, el número de condenados a la pena capital durante el presente año ascendía a 36 personas, 3 de las cuales habían sido condenadas por la comisión de actos delictivos.

La nueva ley sustituye la pena de muerte por la de cadena perpetua sin posibilidad de remisión en algunos casos. Por ello, el Ministerio de Justicia va a revisar las condenas a muerte impuestas a más de 100 presos antes de la entrada en vigor de la nueva ley.

Desde la fundación de la moderna República de Turquía en 1923, 588 personas han sido ejecutadas por delitos comunes y políticos. Las últimas ejecuciones se llevaron a cabo en 1984. Turquía es miembro del Consejo de Europa y, según se cree, ratificará el Protocolo núm. 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que prevé la abolición de la pena de muerte para delitos cometidos en tiempos de paz, antes de su ingreso en la Unión Europea (UE), ya que es requisito para su incorporación.

Turquía es el tercer país que ha abolido la pena de muerte durante 2002. El 18 de Junio, la República Federativa de Yugoslaviase liberó de la pena de muerte al eliminarla de las leyes de Montenegro, única zona del país donde seguía existiendo. La pena capital fue sustituida por una pena de 40 años de privación de libertad sin derecho a recibir el indulto. La República Federativa de Yugoslavia es Parte en el segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), destinado a abolir la pena de muerte.

En cuanto a Chipre, donde en 1999 había quedado abolida la pena de muerte por todos los delitos cometidos en tiempo de paz, el 19 de abril de 2002 se reformó el Código Penal Militar para eliminar dicha pena por los únicos dos delitos militares para los que todavía estaba vigente, la traición y la piratería, convirtiéndose Chipre en un Estado totalmente abolicionista. La última ejecución en el país tuvo lugar en 1962.

Chipre es parte en el segundo Protocolo Facultativo del PIDCP y tiene previsto retirar la reserva formulada en el pasado, por la que se le permite mantener la pena de muerte en tiempo de guerra. Es también parte en el Protocolo núm. 6 al Convenio Europeo de Derechos Humanos, y ha firmado el Protocolo núm. 13 al Convenio Europeo de Derechos Humanos, que prohíbe la pena de muerte en cualquier circunstancia.


ÚLTIMA HORA: El 3 de octubre, el Tribunal de Seguridad del Estado de la capital turca, Ankara, conmutó la condena a muerte de Abdullah Öcalan, líder del Partido de los Trabajadores Kurdos, por la de cadena perpetua. Abdullah Öcalan había sido condenado a muerte en 1999 por traición y separatismo.


FILIPINAS SUSPENDE LAS EJECUCIONES


La presidenta Gloria Macapagal-Arroyo ha suspendido todas las ejecuciones mientras el Congreso Nacional filipino debate un proyecto de ley de abolición de la pena de muerte. Su decisión fue anunciada por el ministro de Asuntos Exteriores el 30 de septiembre, tras la reunión celebrada con los embajadores de los Estados miembros de la Unión Europea, que ha estado trabajando para prevenir la reanudación de las ejecuciones en Filipinas.

Antes de adoptar esta medida, la presidenta había suspendido por un plazo de 90 días las ejecuciones de tres presos que, según lo previsto, debían llevarse a cabo en agosto y septiembre de 2002. Con ello pretendía disponer de más tiempo para decidir si se debían conmutar las condenas de muerte.

En febrero de 1999 se reanudaron las ejecuciones en Filipinas, transcurridos 23 años de la última ejecución. Siete personas fueron ejecutadas mediante inyección letal antes de la suspensión decretada en 2000 por el ex presidente Joseph Estrada. En marzo de 2001, la presidenta Arroyo, recién investida en el cargo, anunció que durante su mandato no se llevaría a cabo ninguna ejecución. No obstante, en octubre de ese mismo año cambió de postura y se declaró partidaria de ejecutar a secuestradores convictos.

Posteriormente, en marzo de 2002, Gloria Macapagal-Arroyo comunicó a la prensa acreditada ante la presidencia su intención de sancionar una ley, por esas fechas a estudio del Congreso, para revocar la pena de muerte. Según citaron los medios de comunicación, la presidenta señaló que los delincuentes condenados a muerte debían ser sometidos a rehabilitación, no a venganza.

Según el Grupo de Asistencia Letrada Gratuita, prácticamente la mitad de los miembros de la Cámara de Representantes (cámara baja del Congreso filipino) y la mayoría de los senadores han señalado su intención de votar en favor de la abolición de la pena de muerte. En mayo, dos comisiones de la Cámara de Representantes la Comisión de Revisión Legislativa y la Comisión de Derechos Civiles, Políticos y Humanos, aprobaron proyectos de ley disponiendo la abolición de la pena en cuestión. La Conferencia de Obispos Católicos de Filipinas ha instado a la presidenta a que se asegure de que los proyectos de ley se tramitan con carácter urgente.

Actualmente hay más de 1.000 personas condenadas a muerte en Filipinas, en su mayoría indigentes.


SUSPENSIÓN EN GUATEMALA


En julio de 2002, con motivo de la tercera visita del Papa Juan Pablo II a Guatemala, el presidente Alfonso Portillo dio a conocer su postura personal contraria a la pena de muerte y manifestó que intentaría asegurarse de que no se llevaba a cabo ninguna ejecución más durante su mandato. Añadió además que remitiría un proyecto de ley al Congreso instando a la abolición de la pena capital.

Los comentarios realizados por el presidente dieron lugar a que se iniciara después de muchos años un debate en Guatemala sobre la pena de muerte, pena fuertemente respaldada tanto por la población en general como por los parlamentarios. En el año 2000, el Congreso revocó la prerrogativa presidencial de conmutar condenas de muerte. El Congreso está presidido actualmente por el general Efraín Ríos Montt, quien, en 1983, actuando como jefe de Estado, ordenó que se consumasen seis ejecuciones en vísperas de la primera visita del Papa Juan Pablo II al país.

El general Ríos Montt fue derrocado a finales de 1983 y no se volvieron a llevar a cabo ejecuciones hasta 1996. En dicho año, un pelotón de fusilamiento ejecutó a dos hombres: el acto fue transmitido por televisión en tiempo real y el horror general que causaron las macabras escenas condujo al Congreso a aprobar la adopción de la inyección letal como método de ejecución. En 1998 se llevó a cabo la primera ejecución por este sistema, que también fue transmitida por televisión, y en junio de 2000 le siguieron otras dos nuevas ejecuciones.

La Corte de Constitucionalidad revocó cinco condenas de muerte en noviembre de 2000. Desde junio de 2000 no se han llevado a cabo más ejecuciones. (Desde que el presidente Portillo se comprometió en esta causa, se han impuesto dos condenas de muerte, lo que eleva a 39 el número total de personas en espera de ejecución en Guatemala.)


BARBADOS Y BELICE:

MEDIDAS PARA RESTRINGIR LAS APELACIONES


Las reformas constitucionales propuestas en dos países del Caribe, dirigidas a restringir la posibilidad de recurrir contra condenas de muerte, podrían llevar a la reanudación de las ejecuciones.

En Barbados, el proyecto de Ley Constitucional (Enmienda), de 2002, en caso de aprobarse, impediría a los presos condenados a muerte recurrir contra la orden de ejecución basándose en el plazo de tiempo transcurrido desde que se les impuso la condena o en las condiciones en las que se hallan recluidos; además, limitaría el plazo de tiempo previsto para que los organismos intergubernamentales examinen las denuncias de los presos. En caso de aprobarse esta reforma, se invalidarían resoluciones judiciales dictadas anteriormente que vinculan en la actualidad a Barbados. El proyecto de ley fue aprobado en agosto por la cámara baja del Parlamento y ha sido remitido al Senado para su aprobación.

En cuanto a Belice, el 6 de septiembre, el primer ministro Said Musa presentó a la Cámara de Representantes el proyecto de Ley para la Reforma de la Constitución de Belice, de 2002. De aprobarse tal reforma, se eliminaría el derecho a apelar ante el Comité Judicial del Consejo Privado de la Corona, con sede en Inglaterra, que es actualmente el tribunal de apelación en última instancia para Belice, para las causas abiertas por asesinato Clase «A» (asesinato con agravantes). Esto convertiría a la Corte de Apelaciones de Belice en el tribunal de apelación en última instancia para tales causas. No obstante, se mantendrían las apelaciones ante el Comité Judicial del Consejo Privado de la Corona en relación con otra causas penales y civiles.

El asesinato Clase «A», tipo que recoge las formas más graves de asesinato, acarrea la pena de muerte preceptiva en Belice. En marzo, en una sentencia que afecta a Belice y otros países, el Comité Judicial del Consejo Privado de la Corona declaró inconstitucional la pena de muerte preceptiva cuando el acusado no tiene posibilidad alguna de alegar circunstancias atenuantes personales o basadas en el delito (véase Noticias sobre la Pena de Muerte, marzo de 2002). La reforma constitucional propuesta, que goza de considerable respaldo político y público, permitiría a Belice evitar quedar vinculada por esta sentencia en la tramitación de causas futuras.

Las últimas ejecuciones en Barbados y Belice se llevaron a cabo en 1984 y 1985 respectivamente.


IMPOSICIÓN MASIVA DE LA PENA DE MUERTE EN SUDÁN


El 17 de julio, un tribunal especial de la ciudad de Nyala condenó a muerte a 88 personas, entre ellas, a dos niños de 14 años de edad. Los acusados fueron declarados culpables de participar en varios enfrentamientos en Darfur Septentrional entre dos grupos étnicos, los rizeigat y los maalyia, durante los cuales resultaron muertas al menos 10 personas.

Los tribunales especiales distan mucho de cumplir las normas internacionales de justicia procesal y no están obligados a juzgar las causas conforme a la legislación interna vigente, a saber, la Ley de Procedimiento Penal, de 1993.

El 11 de agosto, el presidente del Tribunal Supremo de Darfur rechazó una apelación interpuesta contra la sentencia mencionada más arriba, por la que se condenaba a muerte a 88 personas. Seguidamente, los abogados de la defensa solicitaron que el presidente del Tribunal Superior de Jartum, la capital, llevase a cabo una revisión del procedimiento seguido en la causa (revisión de la que quedan exentos normalmente los tribunales especiales). Según informes, el 25 de agosto el ministro de Justicia, Ali Mohamed Osman Yassin, declaró que el gobierno no anularía las condenas de muerte.

Durante muchos años, Darfur ha sido escenario de enfrentamientos entre distintos grupos étnicos, a menudo aprovechados por el gobierno en su prolongada lucha contra el principal grupo armado de la oposición, el Ejército Popular de Liberación de Sudán. Desde 1999, la región vive bajo estado de excepción. En dicho año se crearon los tribunales especiales o de excepción para juzgar delitos como el asesinato, el robo armado y el contrabando de armas, en procedimientos sumarios.


VIOLACIÓN EN GRUPO EN PAKISTÁN DICTADA POR EL SISTEMA DE JUSTICIA TRIBAL


El 1 de septiembre, Pakistán condenó a morir ahorcados a seis hombres por haber participado en junio en la violación en grupo de Mukhtaran Mai Bibi en Meerawali, un pueblo de Punyab. Otros ocho hombres fueron absueltos de los cargos.

Según parece, la violación había sido ordenada por 10 jefes de una tribu considerada superior en el sistema de castas, como castigo a la presunta relación mantenida entre una mujer de su tribu y el hermano menor de la víctima.

El caso, que fue descrito por el Tribunal Supremo de Pakistán como el delito más atroz cometido en el siglo XXI en Pakistán, ha puesto de manifiesto la existencia de un sistema ilegal de consejos tribales en el país.

Los seis convictos han apelado contra sus condenas ante el tribunal superior provincial, y la fiscalía ha recurrido contra la absolución de los otros ocho coacusados. Por otra parte, las autoridades gubernamentales no han emprendido ninguna acción en relación con el propio sistema de justicia tribal, que ha seguido celebrando juicios ilegalmente.


DECISIONES HISTÓRICAS DE LA CORTE SUPREMA DE EE. UU.


El 20 de junio, en la causa Atkins contra Virginia, la Corte Suprema de Estados Unidos resolvió que la ejecución de personas que sufren retraso mental era inconstitucional, ya que violaba la prohibición establecida en la Octava Enmienda de imponer penas crueles e insólitas. La sentencia anulaba el razonamiento dictado 13 años antes en la causa Penry v. Lynaugh,que había permitido que prosiguiera este tipo de ejecuciones. En la causa Atkins, la Corte halló que en los años transcurridos, las normas morales en Estados Unidos habían evolucionado hasta el punto de que hoy existe un consenso nacional contrario a la aplicación de la pena capital a personas con retraso mental.

En 1989, cuando la Corte dictó sentencia en la causa Penry, sólo un estado del país había legislado contra tales ejecuciones; al producirse el fallo en la causa Atkins,la cifra había ascendido a 18 estados. La opinión mayoritaria de los jueces que resolvieron en la causa Atkinsreconocía asimismo que dentro de la comunidad mundial, la imposición de la pena de muerte por delitos cometidos por delincuentes que sufren retraso mental se desaprueba de forma abrumadora.

El 24 de junio, en la causa Ring v. Arizona, la Corte Suprema de Estados Unidos resolvió que el hecho de imponer la pena de muerte cuando es el juez quien determina las circunstancias agravantes necesarias viola el derecho constitucional del acusado a ser juzgado en un juicio con jurado. La sentencia ha suscitado dudas en torno a unas 800 condenas a muerte dictadas en varios estados, si bien se desconoce aún cual será el fallo final en tales causas.


DOS JUECES ESTADOUNIDENSES DECLARAN INCONSTITUCIONAL LA APLICACIÓN DE LA PENA CAPITAL EN EL ÁMBITO FEDERAL


El 1 de julio, en Nueva York, el juez de distrito federal, Jed Rakoff, concluyó en la causa Estados Unidos v. Quiñonesque el riesgo de ejecutar a personas inocentes en Estados Unidos era tan elevado que él no permitiría que en el juicio federal de dos acusados próximo a celebrarse existiese la posibilidad de imponer la pena de muerte. El juez declaró asimismo inconstitucional la pena de muerte en el ámbito federal, alegando que el elevado índice de personas inocentes declaradas culpables de delitos punibles con la muerte, que considero inaceptable, [...] equivale al asesinato previsible de seres humanos inocentes promovido por el Estado.

ard El 24 de septiembre, en Vermont, en la causa Estados Unidos v. Fell, el juez de distrito federal William Sessions declaró inconstitucional por otra parte la Ley Federal sobre la Pena de Muerte, de 1994. Fundamentó su decisión en que dicha ley permitía un nivel de prueba laxo para establecer si el acusado cumple los requisitos para ser condenado a muerte. Además, añadió: Si la pena de muerte va a formar parte de nuestro sistema de justicia [...] se debe definir de forma rigurosa el tipo de pruebas que los miembros del jurado pueden tomar en consideración [...] El hecho de reducir el nivel de prueba invita a la comisión de abusos, y socava significativamente la fiabilidad de las decisiones en favor de imponer la pena capital. El juez Sessions hacía notar que se está tendiendo un cerco a la aplicación de la pena capital.


EE. UU.: EJECUCIÓN DE DOS DELINCUENTES MENORES EN TEXAS


El 8 y el 28 de agosto fueron ejecutados respectivamente en Texas T.J. Jones y Toronto Patterson. Los dos hombres habían sido condenados por delitos cometidos cuando tenían 17 años de edad. Texas ha ejecutado a tres delincuentes menores de edad en lo que va de año (véase Noticias sobre la Pena de Muerte, junio de 2002); éstas son las únicas ejecuciones de menores de edad llevadas a cabo durante 2002 de las que se tiene constancia.

En septiembre, AIpublicó dos documentos relativos a este tema: un extenso informe, disponible en inglés, titulado USA: Indecent and Internationally Illegal: The death penalty against child offenders (Índice AI: AMR 51/143/2002), cuyo resumen se publicó en español con el título Estados Unidos de América: Inmoral e ilegal. La ejecución de delincuentes menores de edad (Índice AI: 51/144/2002/s), así como otro documento más breve, titulado Los menores y la pena de muerte: Ejecuciones en el mundo desde 1990 (Índice AI: ACT 50/007/2002/s).


FIYI: ABOLIDA LA PENA DE MUERTE SALVO EN LA JURISDICCIÓN MILITAR


El 11 de marzo, Fiyi eliminó la pena de muerte de su Código Penal cuando el presidente Ratu Josefa Iloilo Uluivuda accedió a que el Senado fiyiano aprobase la Ley del Código Penal (Enmienda) núm. 5, de 2002. En virtud de dicha ley, se abolió la pena de muerte para los únicos delitos por lo que aún seguía vigente, a saber, la traición, la incitación a la invasión extranjera con fuerza armada y el genocidio con homicidio. La pena capital por asesinato había quedado abolida en 1979.

No obstante, la Ley sobre las Fuerzas Armadas mantiene la pena de muerte. La última ejecución se llevó a cabo en 1964.


JAPÓN: EJECUTAN A DOS PERSONAS SIN AVISAR A SUS FAMILIARES


Hamada Yoshiteru y Haruta Tatsuya, condenados a muerte, fueron ejecutados el 18 de septiembre. Sus familias no habían sido avisadas de la fecha de la ejecución.

En Japón hay al menos 54 personas condenadas a muerte. Según parece, en el caso mencionado en el párrafo anterior se había elegido la fecha para las dos ejecuciones coincidiendo con la visita histórica del primer ministro japonés, Koizumi Junichiro, a Corea del Norte, dado que la atención de los medios de comunicación en Japón estaría volcada en este encuentro, y así se esperaba evitar críticas de la opinión pública. Además, coincidía que la Dieta (Parlamento japonés) había suspendido sus actividades hasta el inicio de la próxima temporada; el receso parlamentario es la época en la que se suelen llevar a cabo las ejecuciones.

Peter Schieder, presidente de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, ha hecho un llamamiento a las autoridades japonesas para que pongan fin a esta práctica primitiva [...] porque es inhumana, intolerable e indigna de un país civilizado. En estos momentos se ha sometido a escrutinio la condición de que goza Japón como observador en el Consejo de Europa (véase Noticias sobre la Pena de Muerte, junio de 2002).



NOTICIAS BREVES


Irán:El 29 de septiembre, fueron ahorcados en un acto público celebrado en la capital, Teherán, cinco hombres condenados a muerte por violación, secuestro y robo. Según informes, justo antes de ser ahorcado, uno de los condenados, Amir Karbala’i, afirmó: No nos ha condenado a muerte el juez sino la opinión pública. Según señalan algunos periódicos iraníes, las ejecuciones reflejaron el deseo de los funcionarios de la administración de justicia de mostrar que se tomaban en serio la preocupación de la población por la seguridad.


Irán: La ejecución mediante lapidación en Irán sigue suscitando preocupación. En el año 2001, al menos dos personas fueron ejecutadas por este procedimiento. Se han recibido informes fidedignos según los cuales en octubre se ejecutó a un hombre y una mujer mediante este método en Naghdeh, en Irán occidental. Según otros informes, hay cuatro mujeres condenadas a morir lapidadas en el país; AI desconoce con exactitud los cargos por los que han sido condenadas.


Jamaica: El Partido Nacional del Pueblo, actualmente gobernante, ha prometido que si sale reelegido en las próximas elecciones reformará la Constitución del país para invalidar resoluciones judiciales dictadas previamente que han impedido que se lleven a cabo ejecuciones (véase Noticias sobre la Pena de Muerte, septiembre de 2000).

El primer ministro, P.J. Patterson, ha criticado al Comité Judicial del Consejo Privado de la Corona, en Inglaterra, última instancia de apelación para Jamaica, señalando: Sus actuaciones están socavando los cimientos de nuestro sistema judicial. El gobierno jamaicano tiene intención de sustituir al Comité Judicial del Consejo Privado de la Corona, como última instancia de apelación, por la Corte de Justicia del Caribe.

La última ejecución llevada a cabo en Jamaica tuvo lugar en 1988.


Tayikistán: Dos hermanos, Sherali y Dovud Nazriev, fueron ejecutados en secreto el 21 de junio, pese a existir dudas generalizadas sobre su culpabilidad y el respeto de las garantías procesales durante su juicio. Habían sido declarados culpables, en mayo de 2001, de intentar asesinar a Makhmadsaid Ubaydullayev, alcalde de la capital, Dushanbe.

El 30 de septiembre, AIpublicó un informe titulado Tajikistan: Deadly Secrets. The death penalty in law and practice (Índice AI: EUR 60/008/2002), en el que se describía el misterio que rodea a la pena de muerte en Tayikistán, la inobservancia de las normas de justicia procesal durante los juicios, y la forma en que se ejecuta a los presos sin avisar previamente a sus familias.


Togo:El 5 de septiembre, Komlan Agbeviade fue condenado a muerte por el asesinato premeditado de su hermano. Komlan Agbeviade ha interpuesto un recurso contra su condena. La última ejecución en Togo se llevó a cabo en 1978.





TRATADOS INTERNACIONALES


El Protocolo número 13 al Convenio Europeo de Derechos Humanos ha sido firmado por Croacia el 3 de julio y por Eslovaquia el 24 de julio de 2002, lo que eleva la cifra total de Estados que lo han firmado a 35.



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