Document - Death Penalty News: September 2006


BOLETÍN SOBRE LA PENA DE MUERTE Septiembre de 2006


AMNISTÍA INTERNACIONAL

1 Easton Street

London WC1X 0DW

Reino Unido Índice AI: ACT 53/003/2006

RESUMEN TRIMESTRAL DE ACONTECIMIENTOS SOBRE LA PENA DE MUERTE Y AVANCES EN EL CAMINO DE LA ABOLICIÓN UNIVERSAL




FILIPINAS: ABOLICIÓN DE LA PENA DE MUERTE


El 7 de junio, el Congreso filipino derogó la Ley 7.659 de la República, de diciembre de 1993, mediante la que se había enmendado el Código Penal para permitir la introducción de la pena de muerte, y aprobó medidas legales que disponen la abolición de la pena capital para todos los delitos. La presidenta Gloria Macapagal Arroyo promulgó la ley el 24 de junio, y con ese acto Filipinas se convirtió en el vigésimo quinto país de la región de Asia y Oceanía que puso fin a la pena capital en la ley o en la práctica.

En abril, la presidenta Arroyo había conmutado más de 1.200 penas de muerte por cadena perpetua, en lo que se considera la conmutación masiva de condenas a muerte de mayores proporciones que se ha llevado a cabo en todo el mundo.


Filipinas había abolido la pena de muerte en 1987, cuando se convirtió en el segundo país de la región en abolirla para todos los delitos. Sin embargo, el presidente Fidel Ramos la volvió a introducir a fines de 1993, para 46 delitos distintos. Las ejecuciones se reanudaron en 1999, hasta que el presidente Estrada, en el año 2000, anunció su suspensión, medida que la presidenta Arroyo ha mantenido durante todo su mandato.



DATOS ESTADÍSTICOS SOBRE LA

PENA DE MUERTE

Países abolicionistas y retencionistas

Abolicionista para todos los delitos 88

Abolicionista sólo para los delitos

comunes 11

Abolicionista en la práctica 30

Total de abolicionistas por ley

o de hecho 129

Retencionistas 68



MENOR EJECUTADO EN PAKISTÁN


El 13 de junio, Mutabar Khan fue ejecutado en la Cárcel Central de Peshawar. Había sido condenado a muerte por asesinato en 1998 y todas sus apelaciones contra la condena habían sido rechazadas por tribunales superiores.


Dado que, según informes, Mutabar Khan tenía 16 años cuando fue detenido en 1996, debía haberse beneficiado de la Orden Presidencial de Conmutación de 2001, que anuló las condenas a muerte de todos los menores de edad que entonces estaban en espera de ejecución. Sin embargo, esta conmutación no se le aplicó debido a que su edad estaba en disputa.


El 6 de junio expiró la suspensión de la ejecución por 15 días que le había otorgado el Ministerio del Interior. Dos días antes, la familia del hombre cuya muerte se le imputaba decidió perdonarlo a cambio de una indemnización. Sin embargo, los familiares retiraron el perdón y Mutabar Khan perdió la batalla por su vida.


En 1990, al ratificar la Convención sobre los Derechos del Niño, Pakistán asumió el compromiso de no ejecutar a ninguna persona por un delito cometido cuando tenía menos de 18 años. Desde entonces se ha ejecutado a cuatro menores en el país, el último en 2001.



La tasa de ejecuciones de Pakistán es una de las más altas del mundo. En todas las regiones del país, a las personas provenientes de los estratos más pobres de la sociedad se les niegan los derechos fundamentales en todas las fases del proceso judicial, mientras que muchos presos pertenecientes a sectores más adinerados consiguen librarse de la pena de muerte en aplicación de las disposiciones de la Ordenanza de Qisas y Diyat, que permite a las familias de las víctimas de asesinato aceptar una indemnización y perdonar al delincuente.


El 4 de julio ejecutaron a tres hombres en la cárcel central de Gujranwala, en la provincia de Punyab; habían sido declarados culpables de asesinato. El 12 de julio ahorcaron a cinco hombres en la cárcel de distrito de Sialkot, también en la provincia de Punyab: a todos los habían declarado culpables de violación en grupo durante un robo a mano armada. El 20 de septiembre ejecutaron a cuatro hombres de la misma familia en Bahawalpur por el asesinato de cinco miembros de otra familia.


En 1989, Mirza Tahir Hussain, ciudadano británico, fue declarado culpable de asesinato, pero el fallo condenatorio fue anulado en dos ocasiones, la primera poco después de su condena inicial en 1989 y la segunda en 1996, cuando quedó absuelto de todo cargo. Una semana después de la absolución su caso fue remitido al Tribunal Federal de la Ley Islámica (shari’a), para que éste examinara algunos de los cargos formulados en la acusación inicial, que incluían robo con asesinato, delito tipificado por la ley de propiedad islámica. La causa fue abierta nuevamente y en 1998 el Tribunal Federal de la Ley Islámica condenó a muerte a Mirza Tahir Hussain, pese a que la opinión de los jueces estuvo dividida: dos jueces se pronunciaron a favor de la condena y uno en contra.


La ejecución de Mirza Tahir Hussain se ha suspendido al menos tres veces, la última de ellas cuando el presidente Pervez Musharraf concedió una suspensión hasta el 1 de octubre. Sin embargo, durante el mes religioso de Ramadán, que este año termina el 23 de octubre, no se llevan a cabo ejecuciones.


Pakistán retiene la pena de muerte por ahorcamiento para una serie de delitos como el asesinato, el contrabando de drogas, la violación, el intento de asesinato, el secuestro y los actos de terrorismo. En 2005 se ejecutó a 52 personas. Este año, según informes, ha habido 70 ejecuciones hasta la fecha (60 de ellas en la provincia de Punjab), y se ha condenado a muerte al menos a 250 personas. Más de 7.400 hombres y 36 mujeres se hallan en prisión, condenados a muerte.


INFORMES SOBRE LAPIDACIONES EN IRÁN


Es posible que las ejecuciones por lapidación, prescritas por el artículo 83 del Código Penal iraní para casos de adulterio, se hayan reanudado en Irán.


Según informes, Abbas Hajizadeh y Mahboubeh Mohammadi fueron ejecutados por lapidación en un cementerio de Mashhad en mayo. Habían sido condenados por el asesinato del esposo de Mahboubeh Mohammadi y por adulterio, un delito cuya pena es la ejecución por lapidación. También según informes, a Mahboubeh Muhammadi la habían condenado a una pena 15 años de prisión, que debía haberse cumplido antes de su ejecución.


Según se afirmó, la lapidación tuvo lugar en el cementerio Behesteh Zahra, en Mashhad. Una parte del cementerio fue acordonada para impedir el paso del público. Participaron más de 100 miembros de la Guardia Revolucionaria Islámica y de los voluntarios Basij, que habían sido invitados con anterioridad. No se les permitió llevar cámaras fotográficas ni teléfonos móviles. A Abbas Hajizadeh y a Mahboubeh Mohammadi los colocaron en fosas excavadas con anticipación, luego de lavarlos y vestirlos con sudarios. Tras una lectura del Corán, las personas presentes comenzaron a apedrear a los dos condenados, quienes, según los informes, tardaron más de 20 minutos en morir.


El Código Penal iraní es muy preciso en cuanto al modo de ejecución y al tipo de piedras que se deben utilizar. En caso de adulterio, las piedras "no deben ser tan grandes como para matar a la persona de uno o dos golpes, ni tan pequeñas que no puedan considerarse piedras".


Según los informes, unas nueve mujeres y dos hombres están condenados a muerte por lapidación en Irán.


Las normas internacionales prohíben la ejecución por lapidación, que viola el artículo 7 (prohibición de la tortura y de las penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el que Irán es Estado Parte. Además, como Estado Parte en el Pacto, Irán se ha comprometido de forma explícita y sin reservas, en virtud del artículo 6.2, a que, en el caso de imponer la pena de muerte, ésta sólo se aplicará a "los más graves delitos", y de conformidad con todos los derechos procesales establecidos en el Pacto. Amnistía Internacional también se opone a la penalización de las relaciones sexuales entre adultos llevadas a cabo de mutuo acuerdo en privado.


EGIPTO EJECUTA A DOS HERMANOS TRAS UN JUICIO INJUSTO


El 18 de junio ahorcaron en Alejandría a Ezzat y Hamdi Ali Hanafi, del pueblo de Nekheila en la región del Nilo. Los habían condenado a muerte tras un juicio injusto ante el Tribunal Supremo de Seguridad del Estado (para estado de excepción). Se trata de tribunales excepcionales, creados en virtud del estado de excepción que rige desde 1981, en cuyos procedimientos no se respetan los principios fundamentales de los juicios justos, como el derecho de apelación ante un tribunal superior.


Los hermanos Ezzat y Hamdi Ali Hanafi habían sido detenidos en marzo de 2004 y, según informes, fueron condenados junto con otras 67 personas por utilizar tierras del Estado para cultivar plantas productoras de drogas, por resistirse a la detención y por utilizar rehenes como escudos humanos.


De acuerdo con la información disponible, Ezzat y Hamdi Ali Hanati son las primeras personas ejecutadas en Egipto desde 2004.



LA CORTE SUPREMA DE ESTADOS UNIDOS HACE PÚBLICOS DOS FALLOS


El 29 de junio de 2006, la Corte Suprema de Estados Unidos dio a conocer su fallo en la causa Hamdan v. Rumsfeld, circunstancia que bloqueó los planes del gobierno estadounidense de juzgar ante comisiones militares a un número limitado de ciudadanos extranjeros recluidos en la base naval estadounidense de la bahía de Guantánamo.


La Corte Suprema llegó a la conclusión de que las comisiones, constituidas en aplicación de la orden ejecutiva en materia militar firmada por el Presidente Bush en noviembre de 2001, eran ilegales, ya que no habían sido expresamente autorizadas por el Congreso y violaban el derecho internacional y la legislación militar estadounidense. Entre el 28 y el 29 de septiembre, el Congreso aprobó la Ley de Comisiones Militares de 2006 que, entre otras cosas, permitiría al presidente crear comisiones militares facultadas para condenar a muerte a "combatientes enemigos ilegales extranjeros".

El 26 de junio, la Corte Suprema sostuvo, en la causa Sanchez-Llamas v. Oregon, que los ciudadanos extranjeros a quienes no se les hubiera informado acerca de sus derechos en virtud de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares no tienen derecho a que se supriman sus declaraciones a la policía como reparación por la violación de dicho tratado. La Corte también resolvió que los tribunales estatales pueden aplicar barreras procesales para impedir el examen de reclamaciones en virtud de la Convención de Viena que no hubieran sido presentadas por el acusado durante el juicio o en las primeras etapas de una apelación; esta decisión contradice una resolución anterior de la Corte Internacional de Justicia (véase el Boletín sobre la Pena de Muerte, junio de 2004).


POSIBLE AMPLIACIÓN DE LA APLICACIÓN DE LA PENA DE MUERTE EN PERÚ


El Congreso de Perú está examinando tres proyectos de ley que ampliarían la aplicación de la pena capital. En el primero se incluyen como delitos punibles con la muerte la violación de menores de nueve años, la violación de personas con discapacidades físicas o mentales y la violación de menores de 9 a 18 años de edad en casos en los que a la violación le siga el asesinato de la víctima. Los otros dos proyectos incluyen la violación de menores de siete años en los casos en que el violador también haya matado a la víctima.


Los proyectos de ley, presentados el 11 y el 19 de septiembre por Unidad Nacional y el partido en el gobierno, APRA, supondrán ampliar el alcance del artículo 140 de la Constitución de Perú (1993), que prevé la pena de muerte sólo para las personas condenadas por traición en tiempos de guerra y por terrorismo. Dos de los proyectos de ley también proponen que Perú se retire de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que prohíbe la ampliación de las leyes sobre la pena de muerte de sus Estados Partes.

Si Perú ampliase la aplicación de la pena de muerte por medio de la aprobación de esta legislación, violaría el artículo 4.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, también conocida como Pacto de San José, que el país ratificó en 1978. El artículo 4.2 de la Convención establece: "[t]ampoco se extenderá su aplicación a delitos a los cuales no se la aplique actualmente". En 1983, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una opinión consultiva en la que hacía hincapié en que "la Convención [...] adopta las disposiciones requeridas para limitar definitivamente su aplicación y su ámbito, de modo que éste se vaya reduciendo hasta su supresión final".



JORDANIA REDUCE LA APLICACIÓN DE LA PENA DE MUERTE


A comienzos de agosto, el gobierno anunció que había aprobado un proyecto de ley que reduciría el número de delitos punibles con la muerte, entre los que se contaban delitos relacionados con drogas, posesión ilegal de armas de fuego y explosivos. Actualmente existen 16 delitos que se castigan con la muerte.


En diciembre de 2005, el rey Abdalá II bin al Hussein de Jordania declaró en una entrevista que su país esperaba modificar su Código Penal y "podría convertirse pronto en el primer país del Oriente Medio que no aplica la pena capital" (véase el Boletín sobre la Pena de Muerte, enero de 2006). Sin embargo, la agencia de noticias IRIN recogió unas declaraciones de Saleh Armouti, presidente del Colegio de Abogados de Jordania, en las que manifestaba la oposición del Colegio a la reducción mencionada: "Es totalmente inaceptable. Grupos de derechos humanos de dudosa legitimidad no deben interferir en nuestro ordenamiento jurídico".


En 2005, según informes, se llevaron a cabo 11 ejecuciones.



INDONESIA: PRIMERAS EJECUCIONES DESDE 2005


El 22 de septiembre, Fabianus Tibo, Domingus da Silva y Marinus Riwu fueron ejecutados por un pelotón de fusilamiento en un lugar no revelado de la provincia de Sulawesi Central. Habían sido condenados a muerte en abril de 2001 por asesinato con premeditación e incitación a disturbios, tras los actos de violencia étnica y religiosa que habían tenido lugar en el distrito de Poso, Sulawesi Central, en mayo del año 2000.

El caso había suscitado la atención de la opinión pública, tanto en el ámbito local como en el internacional. La Unión Europea condenó las ejecuciones y pidió que se suspendieran. El 11 de agosto, el papa Benedicto XVI pidió personalmente el indulto al presidente Susilo Bambang Yudhoyono.


Se cree que en Indonesia hay al menos 90 personas condenadas a muerte. La última ejecución se había llevado a cabo en mayo de 2005.



BRUSCO AUMENTO DE LAS EJECUCIONES EN IRAK


Las ejecuciones que llevan a cabo las autoridades iraquíes aumentaron bruscamente en el mes de septiembre. Pocos días después de que la tristemente célebre cárcel de Abu Ghraib pasara de la jurisdicción militar estadounidense al control de las autoridades iraquíes, el primer ministro de Irak, Nuri al-Maliki, anunció que 27 personas habían sido ahorcadas en Bagdad el 6 de septiembre. Según informes, esas 27 personas provenían de varias de las 18 provincias iraquíes, y entre ellas había una mujer. Sólo dos de las personas ejecutadas habían sido condenadas por terrorismo, y a las otras 25 las habían condenado por asesinato y secuestro, según declaraciones de un funcionario del Ministerio de Justicia iraquí recogidas por el periódico londinense The Daily Telegraph.

El 21 de septiembre ahorcaron a 11 personas en la ciudad de Arbil, en la región del norte de Irak controlada por los kurdos. Según informes, estas fueron las primeras ejecuciones que se llevaron a cabo en la región kurda desde 1992. Los 11 hombres que, al parecer, eran miembros del grupo armado Ansar al-Islam(Seguidores del Islam), habían sido condenados a muerte en marzo luego de ser declarados culpables de homicidios y secuestros en la región kurda durante 2003 y 2004.


Desde que se reinstauró la pena capital en Irak en agosto de 2004, decenas de personas han sido condenadas a muerte y, de acuerdo con los informes, hay más de 200 personas en las cárceles en espera de ejecución. No resulta fácil conocer el número exacto de condenas y ejecuciones, que no siempre se hace público, pero se calcula que desde que se reinstauró la pena de muerte en 2004, unas 50 personas han sido ejecutadas. Las primeras ejecuciones se llevaron a cabo el 1 de septiembre de 2005. En dicha ocasión se ejecutó a tres personas, y el día 9 de marzo de 2006 fueron ejecutadas otras 13 personas, todas ellas por "actividades terroristas".


NOTICIAS BREVES


Francia FE DE ERRATAS.El párrafo que apareció en el número de mayo de 2006 del Boletín sobre la Pena de Muerte debió decir lo siguiente:


El 3 de enero, el presidente Jacques Chirac anunció al Consejo Constitucional su intención de incluir la abolición de la pena de muerte en la Constitución francesa. Este anuncio se hizo como respuesta a una decisión del Consejo Constitucional del 13 de octubre de 2005, según la cual es necesaria una enmienda de la Constitución a fin de que Francia esté en condiciones de firmar y ratificar el Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, destinado a abolir la pena de muerte.


En 2002 Francia firmó el Protocolo núm.13 al Convenio Europeo de Derechos Humanos, pero aún no lo ha ratificado.


Moldavia – El 29 de junio, el Parlamento moldavo aprobó por unanimidad eliminar la cláusula 3 del artículo 24 de la Constitución, que disponía la aplicación de la pena capital en circunstancias excepcionales, aboliendo así la pena de muerte en la ley. Esta decisión fue refrendada por el presidente el 10 de julio. El 20 de septiembre, Moldavia ratificó el Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.


Moldavia abolió la pena de muerte en 1995. La última ejecución había tenido lugar en 1991.


Polonia – El 28 de julio, el presidente polaco, Lech Kaczynski, pronunció un discurso por radio en el que pidió el restablecimiento de la pena de muerte en Polonia y en toda Europa. El 2 de agosto, la Liga de las Familias Polacas, un partido minoritario en la coalición gobernante de Polonia, anunció que llevaría a cabo una campaña en toda Europa por la reinstauración de la pena de muerte y en favor de un referéndum para su reimplantación en Polonia.


El 3 de agosto, un portavoz de la Comisión Europea respondió a estas declaraciones, en representación de la Unión Europea, manifestando que "la pena de muerte no es compatible con los valores europeos". En una carta abierta al presidente Kaczynski, el presidente de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa afirmó que "la pena de muerte no tiene lugar en el sistema de justicia penal de ningún país moderno y civilizado".


Emiratos Árabes Unidos– En junio, un tribunal de apelaciones conmutó la pena de muerte por lapidación impuesta a Shahin ‘Abdul Rahman por una pena de un año de prisión y expulsión a su país de origen, Bangladesh. Shahin ‘Abdul Rahman es casado y había sido condenado a muerte por adulterio por un tribunal islámico de Fuchaira.


Estados Unidos de América– El 8 de agosto, el Colegio Estadounidense de Abogados adoptó por unanimidad una resolución sobre la pena de muerte y las enfermedades mentales en la que afirma que "los acusados no deben ser ejecutados ni condenados a muerte si, en el momento de la comisión del delito, presentan limitaciones importantes [...] en su conducta adaptativa [...] a consecuencia de discapacidad intelectual, demencia o una lesión cerebral traumática". Esta resolución sigue la línea de resoluciones similares adoptadas por la Asociación Psicológica Estadounidense y por la Asociación Psiquiátrica Estadounidense.


Tratados Internacionales


Desde el comienzo del año 2006, elSegundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos ha sido ratificado por Turquía (2 de marzo), Moldavia (20 de septiembre) y Andorra (22 de septiembre).

Filipinas firmó el Protocolo el 20 de septiembre.


El Protocolo núm. 13 al Convenio Europeo de Derechos Humanos fue ratificado por los Países Bajos el 10 de febrero, por Turquía el 20 de febrero y por Luxemburgo el 21 de marzo.

Armenia firmó el Protocolo el 19 de mayo.


La lista actualizada de firmas y ratificaciones está disponible en: http://web.amnesty.org/pages/deathpenalty-treaties-esl







********


Page 5 of 5

How you can help

AMNESTY INTERNATIONAL WORLDWIDE