Document - Death Penalty News September 1996



Amnistía Internacional

contra la pena de muerte




SEPTIEMBRE DE 1996EDAI



Índice AI: ACT 53/03/96/sDistribución: SC/DP/PO/CO/GR (44/96)


RESUMEN DE ACONTECIMIENTOS SOBRE LA PENA DE MUERTE

Y AVANCES EN EL CAMINO DE LA ABOLICIÓN



ABOLICIÓN TOTAL EN BÉLGICA


La pena de muerte quedó abolida en Bélgica para todos los delitos en agosto de 1996 tras la promulgación por el rey Alberto II de la ley que la proscribe y su publicación en la gaceta oficial del 1 de agosto.


En diciembre de 1989, el gobierno presentó a las cámaras un proyecto de ley de abolición completa de la pena capital. Sin embargo, en marzo de 1990 sólo se había llegado a un acuerdo para abolir esta pena en tiempo de paz. El Consejo de Ministros finalmente aprobó en septiembre de 1991 un proyecto de ley que mencionaba tres razones para la abolición: la pena de muerte es un castigo ineficaz, su inclusión en la legislación belga induce a confusión, y tiene consecuencias perjudiciales para las relaciones internacionales del país. Sin embargo, el Parlamento quedó disuelto antes de que la ley pudiera debatirse.


En noviembre de 1995, el Consejo de Ministros aprobó un anteproyecto de ley de abolición de la pena de muerte para todos los delitos en tiempo tanto de paz como de guerra. También se abordaba en el documento la estructura penal, sustituyéndose la pena de muerte por la cadena perpetua y ésta por privación de libertad de 20 a 30 años.


En junio de 1996, la Cámara de Representantes, una de las dos cámaras del Parlamento federal, aprobó el proyecto de ley por 129 votos a favor y 13 en contra, y así, con la aprobación implícita del Senado, Bélgica se convirtió en el 58 país plenamente abolicionista en su ordenamiento jurídico.


La propuesta más antigua que se conoce de abolición de la pena de muerte en Bélgica data de 1832, dos años después de la independencia del país. Tras esta iniciativa, entre 1835 y 1863 sólo 55 de los 848 prisioneros condenados a muerte fueron ejecutados.


Según el Código Penal de 1867, la pena de muerte se aplicaba en caso de delitos comunes mediante decapitación pública, y mediante fusilamiento si se trataba de un crimen militar o contra la seguridad del Estado. En junio de 1975 se estableció sentencia de muerte preceptiva para los secuestros, y en junio de 1976 para los secuestros de avión, en ambos casos si concurrían circunstancias agravantes. Sin embargo, desde 1863 las condenas a pena de muerte por delitos comunes han sido siempre conmutadas, con una excepción: en marzo de 1918 un soldado fue condenado a muerte por el asesinato de una mujer gestante y ejecutado en Veurne (Furnes).


Unas quince personas fueron ejecutadas durante la Primera Guerra Mundial por crímenes contra la seguridad externa del Estado. Tras la Segunda Guerra Mundial, 242 personas fueron fusiladas por crímenes relacionados con la guerra, también contra la seguridad externa del Estado. La última ejecución en Bélgica tuvo lugar en agosto de 1950: una mujer condenada a muerte por delito relacionado con la guerra.


Bélgica firmó el 28 de abril de 1983 el Sexto Protocolo del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, concerniente a la abolición de la pena de muerte por delitos en tiempo de paz. El Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, dirigido a la abolición de la pena de muerte, fue firmado por Bélgica el 12 de julio de 1990.


Las Secciones flamenca y francófona de Amnistía Internacional de Bélgica han trabajado muchos años ante la opinión pública y cerca de los parlamentarios en favor de la abolición total en el país.



CHILE: DEBATE SOBRE LA ABOLICIÓN


En la actualidad el Senado chileno está debatiendo un proyecto de ley presentado por el senador Sebastián Piñera en favor de la abolición de la pena de muerte. Anteriores intentos por parte del gobierno en 1990 para abolir la pena de muerte quedaron bloqueados en el Congreso, y desde 1992 el parlamento ha estudiado varias propuestas para ampliar su ámbito de aplicación.


Si bien no se han llevado a cabo ejecuciones en estos últimos años, las cortes de justicia siguen dictando sentencias de muerte por delitos tanto comunes como políticos. Cupertino Segundo Andaur Contreras fue condenado a muerte por la Corte de Apelaciones de Santiago el 30 de mayo por la violación y asesinato en 1992 de un niño de nueve años. La sentencia fue confirmada por la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia el 19 de agosto, aunque la pena fue conmutada por cadena perpetua el 29 de agosto por el presidente Eduardo Frei Ruiz-

Tagle. Al conmutar la pena, el presidente Frei declaró su negativa a creer que, para defender la vida y castigar a la persona que mata, el Estado deba a su vez matar. También señaló que la pena de muerte es tan inhumana como el crimen que la motiva.


La Sección Chilena de AI está en la actualidad organizando una campaña en todo el país a favor de la abolición de la pena de muerte.



DOS EJECUTADOS EN GUATEMALA


El 13 de septiembre se llevaron a cabo en Guatemala las primeras ejecuciones desde 1983. Pedro Castillo Mendoza y Roberto Girón fueron ejecutados ese día ante un pelotón de fusilamiento. La Corte Suprema de Justicia de Guatemala había desestimado su apelación contra la sentencia por violación y asesinato de una niña de cuatro años en abril de 1993.


Las organizaciones de derechos humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos habían logrado posponer la ejecución en tres ocasiones dada la preocupación que existía por la imparcialidad de las sentencias. Sin embargo, el presidente Alvaro Arzú, citando el apoyo público a las ejecuciones, se negó a conceder clemencia a los condenados y afirmó que actuaría de acuerdo con el fallo de la Corte Suprema.


Se llevaron a efecto las ejecuciones en un centro penal a unos sesenta kilómetros al sur de la ciudad de Guatemala y en presencia del juez que había dictado la sentencia, Gustavo Gaitán Lara, y de un centenar de periodistas que observaron y filmaron los hechos. Cuando se constató que uno de los hombres estaba todavía vivo, el oficial del pelotón de fusilamiento le disparó en la cabeza. La cobertura televisiva de la ejecución y los reportajes gráficos en la prensa llevaron a la creación de un comité parlamentario que estudiara un proyecto de ley para el cambio del método de ejecución, sustituyéndolo por el de inyección letal.


Guatemala y Cuba son los dos únicos países de América Latina que han llevado a cabo ejecuciones judiciales durante los últimos 10 años.


SUDÁFRICA: PETICIONES DE RESTABLECIMIENTO DE LA PENA DE MUERTE


Tanto el presidente Nelson Mandela como el arzobispo Desmond Tutu han reafirmado su oposición a la pena de muerte tras las peticiones de dirigentes del Congreso Nacional Africano (African National Congress - ANC) durante la cumbre sobre seguridad celebrada en Ciudad del Cabo a comienzos de septiembre para estudiar la tasa creciente de delincuencia que, según el gobierno, escapa ya a todo control. No obstante, el presidente Mandela manifestó en una conferencia de prensa que su gobierno no procedería a una modificación y que la pena de muerte seguiría siendo ilegal. Añadió que estaba decidido a que la pena de muerte no se restaurara jamás en el país, y que no se debía a la supresión de la pena de muerte el nivel tan inaceptable de delincuencia. Incluso si volviera la pena de muerte -afirmó-, la criminalidad permanecería igual.


Aunque la postura oficial del ANC sigue siendo opuesta a la pena de muerte, en la cumbre, el ministro de Justicia Dullah Omar manifestó decir que el ANC no debía tener miedo a reconsiderar su postura sobre este tema. El restablecimiento de la pena de muerte contaría con el apoyo de partidos opuestos al ANC, como el Partido Nacional, el Frente de la Libertad y el Partido de la Libertad Inkatha, así como del 93% de los ciudadanos, según una encuesta reciente de ámbito nacional. Sin embargo, el arzobispo Tutu señaló la obscenidad, en su falta de lógica, de querer mostrar la reverencia por la vida destruyendo otra. Añadió que se oponía a la pena de muerte con la misma pasión con que se había opuesto al apartheid.


La Asamblea Constitucional, a la que se había remitido la Constitución para su enmienda, llevó a término el proceso el 11 de octubre manteniendo la cláusula del derecho sin limitaciones a la vida. El Tribunal Constitucional puede ya finalmente certificar la Constitución (Véase Noticias sobre la Pena de Muerte, de junio de 1996).


ESTADOS UNIDOS: OREGON


Douglas Wright se convirtió en el primer ejecutado en 34 años en el estado de Oregon al morir por inyección letal el 6 de septiembre. Wright había sido condenado a muerte en 1993 por el asesinato de tres hombres dos años antes. Aunque otros condenados en Oregon llevaban pendientes de ejecución mucho más tiempo, Douglas Wright rehusó varias veces apelar contra la sentencia y declaró que merecía morir. El gobernador John Kitzhaber, al parecer opuesto a la pena de muerte, no conmutó la sentencia.


ILLINOIS


Como resultado de las investigaciones iniciadas por tres estudiantes de periodismo, cuatro reclusos de la cárcel del condado de Cook (Chicago) fueron puestos en libertad. Dos de ellos habían sido condenados a muerte.


Dennis Williams, Verneal Jimerson, Kenneth Adams y William Rainge habían pasado 18 años en la cárcel por un asesinato que no cometieron. El calvario de los que acabaron por ser conocidos como «los cuatro de Ford Heights», amigos de adolescencia de un barrio negro pobre que mantuvieron su inocencia en todo momento, comenzó en mayo de 1978 cuando una pareja de jóvenes, Carol Schmal y Lawrence Lionberg, fueron llevados a punta de pistola desde una estación de servicio de carburantes a una casa abandonada, donde Carol fue violada y ambos murieron de disparos en la cabeza. La policía detuvo a los cuatro tras las indicaciones de un confidente. Aun cuando el caso se basaba en gran medida en la información aportada por Paula Grey, de 17 años, que no sabía leer ni escribir, y que cambió su testimonio en dos ocasiones, la policía no investigó más pruebas. Tras la condena de Dennis Williams y William Rainge, el Tribunal Superior de Illinois decidió que no habían gozado de la debida asistencia letrada. Se les volvió a detener y a juzgar, declarándoles nuevamente culpables. Dennis Williams fue condenado de nuevo a muerte y William Rainge a cadena perpetua.


Los fiscales se habían negado a reabrir el caso. Sin embargo, los alumnos de una clase de periodismo de la Universidad Northwestern que estudiaban el caso descubrieron documentación policial que implicaba a otros hombres. Uno de ellos, Arthur Robinson, firmó una confesión en febrero de la que se siguió la reapertura del caso. Se realizaron pruebas de ADN en las víctimas, de las que se concluyó que ninguno de «los cuatro de Ford Heights» había participado en los asesinatos.


El fiscal del condado, Jack ÓMalley, al expresar su pesar por el error judicial, describió la condena como un ejemplo flagrante de la falibilidad del sistema de justicia. Este caso también ha puesto de relieve los peligros de los nuevos límites federales a las apelaciones en casos de condenas a muerte.


UNA PUBLICACIÓN JESUITA SE OPONE A LA PENA DE MUERTE


El subdirector de la revista quincenal de la Compañía de Jesús Civiltà Cattolica ha hecho un llamamiento para que se condene la pena de muerte. Según el diario La Repubblica del 26 de julio, el padre Giuseppe De Rosa sugiere que un pronunciamiento definitivo e inequívoco de la Iglesia y del Papa sobre la pena de muerte serviría para contrarrestar el creciente movimiento favorable a la pena capital como medida considerada disuasoria ante el aumento de la delincuencia. Si bien advierte que el catecismo de 1992 de la Iglesia Católica Romana mantiene que la pena de muerte se permite sólo en casos de extrema gravedad en el contexto del derecho del Estado a la legítima defensa contra los culpables de crímenes horrendos, el padre De Rosa invita a los dirigentes católicos a tomar una postura que excluya también la posibilidad teórica de la pena de muerte como herencia medieval de la Iglesia, ajena al espíritu de las comunidades cristianas primitivas.


NOTICIAS BREVES


Bahrein - La primera ejecución en casi 20 años tuvo lugar mediante fusilamiento el 26 de marzo. ́Issa Ahmad Hassan Qambar había sido condenado a muerte por el Tribunal Penal Superior de Bahrein por el asesinato de un sargento de la policía en Nuwaidrat, en marzo de 1995, tras unos enfrentamientos con las fuerzas de seguridad con motivo de unas manifestaciones a favor de mayores derechos civiles y políticos. La sentencia había sido confirmada por un tribunal de apelaciones y el Tribunal de Casación, y ratificada por el Emir Shaikh́Issa Bin Salman Al Khalifa, a pesar de que el juicio no se había celebrado con las garantías aceptadas internacionalmente. ́Issa Ahmad Hassan Qambar se había visto privado de asistencia letrada durante toda su detención y vio a su abogado por primera vez en el momento de su comparecencia ante el tribunal. El juicio se celebró a puerta cerrada, no se permitieron visitas de parientes durante el mes anterior a la ejecución y no se notificó a la familia la intención de llevarla inmediatamente a cabo.


Comores - El 18 de septiembre se llevó a cabo la primera ejecución desde la independencia de las Comores en 1978. Ali Youssouf fue ejecutado por un pelotón de fusilamiento al día siguiente de haber sido sentenciado a muerte. Un tribunal religioso de la capital, Moroni, le consideró culpable de asesinato el 17 de septiembre. Fue ejecutado sin posibilidad de recurso contra la sentencia, ya que los jueces del Tribunal de Apelación no habían sido nombrados todavía por la Asamblea Nacional.


Irán - Un periódico de Teherán publicó el 22 de agosto que los padres de Said Hosseini, de 22 años, habían perdonado al asesino de su hijo al pie del patíbulo tras haber visto morir ahorcados a otros tres condenados. Ahmad Reza Papar, de 21 años, había sido declarado culpable el año pasado de matar a su amigo y vecino, y fue condenado a morir ahorcado en presencia de la familia de la víctima. Los verdugos ya le habían cubierto los ojos y puesto la cuerda alrededor del cuello, pero los padres de la víctima pidieron la suspensión de la sentencia. El periódico añadía que los padres de Said Hosseini recibieron de sus vecinos una calurosa acogida por su magnanimidad.


Según un artículo publicado en el diario de Teherán Kayhan, un asesino convicto, identificado solamente como Niazali, está apelando a la familia de su víctima tras haber sobrevivido ya a un intento de ahorcamiento. El diario cita la descripción por el mismo Niazali de la ejecución fallida, la cual duró veinte minutos. El primer segundo, según Niazali, duró mil años. Sintió que sus piernas y brazos se sacudían sin control. En lo alto del patíbulo, a oscuras, trataba de llenar de aire sus pulmones, pero estaban comprimidos como bolsas de plástico.«Ya he muerto una vez y pagado por mi error». AI no ha conseguido averiguar la suerte de Niazali.


Canadá - Este país, que abolió la pena de muerte para los delitos comunes en 1976, acordó en julio extraditar a dos ciudadanos canadienses a Estados Unidos para ser juzgados por el asesinato de los parientes de uno de ellos. Atif Rafay y Sebastian Burns, ambos de 20 años, de Vancouver (Columbia Británica), están acusados de asesinar a los padres y hermana de Atif Rafay en 1994 en el estado de Washington, donde la pena de muerte está en vigor. El ministro de Justicia y fiscal general Allan Rock aprobó la orden de extradición del Tribunal Supremo de Columbia Británica y declaró que los crímenes habían sido cometidos en el extranjero y estaban por tanto sujetos al sistema de justicia del país en cuestión. Los dos acusados han recurrido la decisión.


Italia - En contraste con lo anterior, el Tribunal Constitucional ha fallado que las disposiciones del Código de Procedimiento Penal italiano que permiten la extradición de acusados de delitos castigados con la pena capital en el país que solicita la extradición son anticonstitucionales. El ministro de Justicia había decidido previamente extraditar a Estados Unidos a Pietro Venezia, italiano de 43 años, acusado de asesinato en Miami (Florida) en 1993, tras recibir garantías de las autoridades estadounidenses de que no sería condenado a muerte. La decisión escrita del Tribunal establece que la participación del Estado italiano en la ejecución de penas que en ningún caso y por ningún delito podrían ser impuestas en Italia en tiempo de paz viola en sí misma la Constitución.


Polonia - El parlamento polaco (Sejm) rechazó el 11 de octubre, y por 374 votos contra 41, un proyecto de ley que habría levantado la moratoria sobre la ejecución de penas de muerte, en vigor desde julio de 1995.



NACIONES UNIDAS: SALVAGUARDIAS EN RELACIÓN CON LA PENA

DE MUERTE


En julio se lograron nuevos avances en el reforzamiento de las salvaguardias de las Naciones Unidas en relación con la pena de muerte al adoptar el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC) una resolución sobre las Salvaguardias para Garantizar la Protección de los Derechos de los Condenados a la Pena de Muerte (resolución 1996/15 del ECOSOC, aprobada sin votación el 23 de julio de 1996).


La resolución, propuesta originalmente por Austria, había sido ya adoptada por la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal (de las Naciones Unidas) el 31 de mayo y remitida al ECOSOC para su consideración. El ECOSOC aprobó la resolución sin enmiendas.


La resolución insta a los Estados miembro de las Naciones Unidas a que garanticen que los acusados que no entiendan suficientemente el idioma empleado en el juicio sean informados plenamente mediante intérprete o traductor de todos los cargos formulados contra ellos y del contenido de las pruebas pertinentes presentadas en el juicio en casos de pena capital.

Pide a los Estados miembro que concedan tiempo suficiente para la preparación de recursos a una instancia superior y para que se pueda llevar a término el proceso de apelación o petición de clemencia.


Se pide asimismo a los Estados miembro que tomen las medidas necesarias para que los funcionarios que participen en decisiones para llevar a cabo una ejecución estén plenamente informados del curso de las apelaciones y peticiones de clemencia en favor del preso en cuestión. Este párrafo tiene como fin impedir la repetición de algunos casos de ejecución de un prisionero aun cuando estaba todavía pendiente un recurso, al parecer porque los funcionarios de prisiones encargados de la ejecución desconocían la apelación.


La resolución también urge a los Estados miembro a que apliquen de forma eficaz las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos con el fin de reducir al mínimo el sufrimiento de los condenados a muerte y evitar toda exacerbación de ese sufrimiento. Este párrafo deja en claro que los condenados a la pena capital deben beneficiarse de lo dispuesto en las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos aprobadas por las Naciones Unidas, incluidas las referentes a una alimentación y ejercicio adecuados y a la correspondencia y visitas de amigos y familiares.



REVISTA DE LIBROS


The Death Penalty: A Worldwide Perspective, Clarendon Press, Oxford, 13,99 libras esterlinas; rústica.


Nueva edición del estudio clásico de Roger Hood, director del Centro de Investigaciones Criminológicas de la Universidad de Oxford (Reino Unido), publicada a mediados de 1996.


El informe de Roger Hood fue preparado originalmente para el Comité de Prevención del Delito y Lucha contra la Delincuencia (de las Naciones Unidas) en 1988. La nueva edición conserva los títulos de capítulo del informe de 1988, si bien contiene abundante material nuevo, así como una extensa bibliografía y citas de más de sesenta casos judiciales de diferentes países como muestra de la creciente importancia de las sentencias judiciales para la formulación de normas internacionales sobre la pena de muerte.


En el prólogo, Roger Hood afirma que en los seis años transcurridos tras la primera edición, el número de países que han abolido la pena de muerte ha aumentado a un ritmo sin precedentes, si bien algunos la han restablecido; que el espectro de delitos castigados con la pena capital se ha reducido en muchos países, si bien se ha ampliado en otros; que existen nuevos datos sobre el número de ejecuciones llevadas a cabo, y que se sabe mucho más hoy día en qué medida los Estados cumplen las Salvaguardias para Garantizar la Protección de los Derechos de los Condenados a la Pena de Muerte (Naciones Unidas, 1984). Asimismo, que se ha publicado mucho, especialmente en Estados Unidos, sobre los aspectos jurídicos, éticos y prácticos de la pena capital y sobre las actitudes de la gente sobre la cuestión.


Roger Hood llega a dos conclusiones importantes sobre la ausencia de un efecto disuasorio, probado y específico, de la pena de muerte:


- El hecho de que a nivel empírico todo siga apuntando en la misma dirección constituye una prueba persuasiva a priori de que los países no tienen por qué temer súbitas y graves alteraciones en la evolución de la delincuencia si reducen su dependencia con respecto a la pena capital (párrafo 253, pág.187).


- La investigación no ha logrado una prueba científica de que las ejecuciones tengan un efecto disuasorio mayor que la cadena perpetua, y es improbable que aparezca tal prueba. Todo lo experimentado hasta ahora no apoya todavía la hipótesis del efecto disuasor y, en todo caso, éste tiene que ponderarse frente a otras objeciones a la pena de muerte, como son el riesgo de condena errónea, la arbitrariedad y discriminación en su aplicación, y el sufrimiento que conlleva (párrafo 328, pág. 238).


Capital Punishment: Global Issues and Prospects, Waterside Press (Reino Unido), edición de Peter Hodgkinson y Andrew Rutherfod, 13,50 libras esterlinas; rústica.


Once ensayos con abundante material nuevo sobre la pena capital hoy en diferentes partes del mundo.


De especial interés son los capítulos sobre la pena de muerte en Estados Unidos (Hugo Adam Bedau), Rusia y la Comunidad de Estados Independientes (Ger Pieter van den Berg), Europa poscomunista (Stanislaw Frankowski) y Africa anglófona (John Hatchard y Simon Coldham).


Mucho hace pensar el artículo en que Andrew Ruthford analiza los procesos respectivos que llevaron a la abolición de la pena de muerte en Inglaterra y Gales, a diferencia de lo ocurrido en Estados Unidos.




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ESTADÍSTICAS SOBRE LA PENA DE MUERTE


Países abolicionistas y retencionistas

(30 de septiembre de 1996)


Abolicionistas para todos los delitos58

Abolicionistas para delitos comunes solamente15

Abolicionistas de facto26

Retencionistas95


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En Internet se puede acceder a Death Penalty News y a otra información actualizada sobre la pena de muerte en la dirección de la World Wide Web: http://www.amnesty.org/campaign/.

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AI Contra la Pena de Muerte, septiembre de 1996

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