Document - Death Penalty News: March 2003


NOTICIAS SOBRE LA PENA DE MUERTE Marzo de 2003


AMNISTÍA INTERNACIONAL

1 Easton Street

Índice AI: ACT 53/002/2003/s Londres WC1X 0DW

Distribución: SC/DP/PO/CO/GR Reino Unido


RESUMEN TRIMESTRAL SOBRE LA PENA DE MUERTE EN EL MUNDO

Y LOS AVANCES HACIA LA ABOLICIÓN UNIVERSAL


CONMUTACIONES MASIVAS

EN KENIA E ILLINOIS






El 13 de enero, George Ryan, gobernador saliente del estado de Illinois, Estados Unidos, conmutó las condenas de muerte de 167 presos e indultó a otros cuatro. Según Ryan, estos últimos habían sido sometidos a tortura para obligarlos a confesar delitos que no habían cometido. En una alocución que dirigió en Chicago a los estudiantes de la Universidad del Noroeste, quienes han desempeñado un papel fundamental en el debate sobre la pena de muerte que ha tenido lugar en ese estado, el gobernador Ryan afirmó que el sistema de aplicación de la pena capital en Illinois estaba «asediado por el espectro del error: error al determinar la culpa y error al determinar quién de entre los culpables merece morir». ¿Qué efecto está teniendo el factor de la raza? ¿Y el de la pobreza? Por todas estas razones, hoy conmuto todas las condenas de muerte a todos los presos en espera de ejecución.»


En Kenia, 28 presos que habían sido condenados a la pena capital fueron liberados y a otros 195 les conmutaron las penas por cadena perpetua (véase la reseña independiente en la pág. 2).


El gobernador de Illinois, el republicano George Ryan, pasó de ser un defensor de la pena de muerte a criticarla sin ambages. Uno de los motivos de este cambio fue el caso de Anthony Porter, quien pasó casi 17 años en la antesala de la muerte hasta que un grupo de estudiantes de la Universidad del Noroeste halló, en el curso de sus investigaciones, pruebas de su inocencia. Anthony Porter fue exonerado y liberado gracias a estos esfuerzos. En 1998 llegó a estar a 50 horas de su ejecución.


El 31 de enero del 2000 el gobernador Ryan anunció que suspendía las ejecuciones mientras se llevaba a cabo una investigación sobre el sistema de aplicación de la pena capital que rige en el estado: «Hasta que no pueda estar seguro […] de que ningún inocente, hombre o mujer, se enfrenta a la inyección letal, nadie encontrará semejante destino» (véase Noticias sobre la Pena de Muertede marzo del 2000; Índice AI: ACT 53/001/2000/s). En aquel entonces se habían registrado 13 casos de errores judiciales en la imposición de la pena capital desde que Illinois reinstauró la pena de muerte en 1977. El gobernador Ryan creó la Comisión sobre la Pena Capital; en abril del 2002, la Comisión recomendó hacer más de 80 reformas concretas en el sistema. Pese a todo, en su informe reconocía que sus 14 miembros eran unánimes «en la creencia de que, dadas la naturaleza y flaquezas humanas, nunca podrá concebirse ni crearse un sistema que funcione perfectamente y garantice por completo que nunca vuelve a imponerse la pena capital a una persona inocente».


En octubre del 2002, el gobernador de Illinois ordenó a la Junta de Revisión de Presos de Illinois que se sometiera a vistas de indulto a los presos que se encontraban en espera de ejecución y que se escucharan las opiniones de parientes y amigos de las víctimas así como las de los fiscales. Por último, el gobernador Ryan decidió que el sistema que había condenado a los presos era tan deficiente que la opción más justa era decretar una conmutación general. Entre las personas e instituciones que habían hecho un llamamiento en favor de esta conmutación general se encontraban el ex presidente sudafricano Nelson Mandela y el Vaticano.


En su discurso ante los estudiantes de la Universidad del Noroeste, el gobernador Ryan describió a lucha contra la pena capital como «una de las grandes batallas por los derechos civiles de nuestro tiempo».


CONMUTACIÓN DE PENAS Y LIBERACIONES EN KENIA


Moody Awori, ministro del Interior y Patrimonio Nacional de Kenia, anunció el 25 de febrero que, en virtud de una decisión del recientemente elegido presidente Mwai Kibaki, se había puesto en libertad a 28 presos que llevaban entre 15 y 20 años condenados a muerte. Las condenas de otras 195 personas fueron conmutadas por cadena perpetua.


El anuncio se produjo poco después de que el ministro visitara varias cárceles y expresara su preocupación por las condiciones en que vivían los presos. En la cárcel de máxima seguridad de Kamiti, donde se encontraban recluidos los presos condenados a la horca que habían agotado sus recursos ante los tribunales, los presos vivían completamente a oscuras en celdas que presentaban condiciones de grave hacinamiento.


Moody Awori afirmó que todos los presos liberados habían mostrado en su conducta «propósito de reforma» y que se los había liberado con tal espíritu. Manifestó asimismo su deseo de que se aboliera la pena de muerte en Kenia y dijo que tenía previsto presentar un proyecto de ley en el Parlamento a tal fin.


El director general de Prisiones, Abraham Kamakil, elogió lo que denominó un «momento histórico» sin precedentes, afirmando que la pena de muerte debía abolirse ya que se cobraba vidas inocentes. El 26 de febrero, el diario The Daily Nationse hacía eco de sus palabras: «Estamos deseando que llegue el día en que el Parlamento elimine la pena de muerte de nuestra Constitución».


Kiraitu Murungi, ministro de Justicia y también abolicionista, ya había hecho campaña como parlamentario en dos intentos previos de abolir la pena de muerte, en 1994 y en el 2000, que fueron rechazados por el gobierno anterior.

En Kenia, la pena de muerte es preceptiva para el asesinato y el robo a mano armada. Las últimas ejecuciones se llevaron a cabo en 1987.


LIBERACIÓN DE TRES PERSONAS EN TAIWÁN


Liu Bing-lang, Su Chien-ho y Chuang Lin-hsun fueron absueltos del cargo de asesinato el 13 de enero del 2003 en la capital, Taipei, por tres jueces del Tribunal Superior de Taiwán. El Tribunal Superior resolvió que los tres hombres, conocidos como el «trío de Hsichih» fueran liberados inmediatamente por insuficiencia de pruebas. La terrible experiencia de estas tres personas comenzó cuando en agosto de 1991 los detuvieron y acusaron de robo, violación y asesinato; tenían 18 años en aquella época. Los tres fueron condenados a muerte en febrero de 1992 sobre la base de sus propias confesiones y la de otro hombre que había sido ejecutado por el mismo delito en 1992. El Tribunal Superior confirmó las penas tres años después, en febrero de 1995.


Su Chien-ho, Liu Bin-lang y Chuang Lin-hsun mantuvieron siempre que eran inocentes, que habían sido torturados bajo custodia y que los habían obligado a firmar sus confesiones. Tras sus juicios, el fiscal general manifestó públicamente sus dudas respecto de estas condenas y presentó en su favor tres recursos con carácter especial que el Tribunal Supremo desestimó. Finalmente, gracias a la dedicación de su abogado y de los llamamientos efectuados por AI, intelectuales, abogados, activistas de derechos humanos y autoridades del gobierno, se concedió a los tres un segundo juicio en noviembre del 2000.


CIUDADANO EXTRANJERO INDULTADO EN QATAR


El emir de Qatar, Al Shaij Hamad Ibn Jalifa Al Thani, promulgó un decreto el 17 de marzo que indultaba a Firas Nassuh Salim Al-Majali, periodista jordano que trabajaba en la televisión de Qatar, y ordenaba su liberación inmediata.


Firas Nassuh Salim Al-Majali había sido declarado culpable de espionaje y condenado a muerte por el Alto Tribunal Penal de Doha en octubre del 2002, aunque probablemente fue víctima del deterioro de las relaciones entre Jordania y Qatar. Cuando un tribunal de apelación confirmó la pena de muerte, el caso se remitió al emir.


El emir, que en su calidad de jefe del Estado tiene la potestad de conceder indultos, promulgó el decreto durante la visita a Qatar del rey Abdalá de Jordania, quien, al parecer, intercedió en favor de Firas Nassuh Salim Al-Majali.


IRÁN ANULA LA CONDENA A MUERTE IMPUESTA A UN INTELECTUAL


El 14 de febrero, el Tribunal Supremo revocó la condena a muerte impuesta a Seyyed Hashem Aghajari, profesor de historia en la Universidad Modarres de Teherán. El líder de la República Islámica de Irán, ayatolá Ali Jamenei, ordenó una revisión de la sentencia. El profesor Aghajari deberá someterse a un nuevo juicio ante el mismo tribunal que lo declaró culpable en un principio. Aún no se ha establecido la fecha del juicio.


El profesor Aghajari fue encarcelado por un discurso que pronunció en junio del 2002 en la ciudad de Hamedan, ubicada en el oeste de Irán. Bajo el título de «Protestantismo islámico», hacía un llamamiento en favor de la renovación religiosa del islamismo chií y cuestionaba el derecho de los clérigos no elegidos a ejercer la máxima potestad judicial en el país. En noviembre del 2002 fue condenado a muerte en base a unos cargos vagamente formulados de difamación y ultraje a la práctica y líderes religiosos.


La condena dio lugar a ardientes manifestaciones de protesta estudiantil en todo el país y polarizó la opinión pública entre los partidarios del presidente Jatami por una parte y los que apoyaban a la judicatura islámica conservadora, liderada por el ayatolá Jamenei, por la otra. Al parecer, el presidente Jatami pidió al ayatolá Ali Jamenei que ordenara la revisión del fallo dictado contra el profesor Aghajari, revisión que revocó su condena a muerte.


CHINA APLICA LA INYECCIÓN LETAL EN CAMIONETAS ITINERANTES


En enero, representantes del alto tribunal provincial condujeron a un centro de detención no identificado cerca de Lanzhou a un periodista y un grupo formado por varias decenas de funcionarios judiciales procedentes de prefecturas, ciudades y condados de la provincia de Gansu para que asistieran a una conferencia y posteriormente presenciaran la ejecución por inyección letal de 11 condenados.


La ejecución por inyección letal como alternativa al fusilamiento se introdujo en China en 1997 al revisarse el Código de Procedimiento Penal y se utilizó por primera vez de forma experimental en la provincia de Yunán.


Actualmente, como medida de reducción de costos, las autoridades provinciales chinas están introduciendo el uso de camionetas itinerantes en las que llevar a cabo las ejecuciones. Las autoridades de la provincia de Yunán explicaron que sólo se requiere a cuatro personas para llevar a cabo las ejecuciones en estos vehículos: el verdugo, un miembro del tribunal, un representante de la fiscalía y un médico forense.


Dieciocho autobuses de 24 plazas modificados a tal efecto están siendo repartidos entre todos los tribunales intermedios y el tribunal superior de la provincia de Yunán. La cámara de ejecución, situada en la parte trasera del vehículo y sin ventanas, está equipada con una cama metálica a la que se sujeta al preso con correas. Una vez que el médico le ha insertado la aguja, acto éste que viola el código internacional de ética médica, un agente de policía pulsa un botón y una jeringa automática introduce la sustancia letal en la vena del preso. La ejecución puede presenciarse desde un monitor de vídeo situado junto al asiento del conductor y puede grabarse si se desea.


Según el diario Beijing Today, las autoridades judiciales de la provincia de Yunán aprobaron el 6 de marzo la utilización de estos vehículos. Aquel mismo día, Liu Huafu, de 21 años, y Zhou Chaojie, de 25, dos campesinos a los que se había condenado por tráfico de estupefacientes, fueron ejecutados mediante inyección letal en una camioneta itinerante. Según Zhao Shijie, presidente del Tribunal Superior de la provincia de Yunán, el nuevo sistema es encomiable: «El uso de la inyección letal pone de manifiesto que el sistema de pena de muerte en China está haciéndose más civilizado y humano». Sin embargo, los miembros de la comunidad jurídica china temen que este sistema sólo consiga aumentar la aplicación de la pena capital.


NOTICIAS BREVES


República Checa: Un tribunal regional de Brno decidió en marzo no extraditar al ciudadano chino Wen-min Zhang, por considerar insuficientes las garantías que China le había ofrecido de que no sería ejecutado.


Wen-min Zhang había sido acusado de cometer un robo en China, pero la orden de extradición presentaba incoherencias sobre el lugar donde se suponía había ocurrido el robo. Ya se ha ejecutado a siete presuntos cómplices de Wen-min Zhang.


República Democrática del Congo: Según la información recibida, 15 personas fueron ejecutadas en secreto por un pelotón de fusilamiento en la madrugada del 6 al 7 de enero. Se encontraban recluidas en la prisión central de la capital, Kinshasa, desde donde las condujeron a un campamento del ejército situado en las afueras de la ciudad. Se cree que algunas de estas personas habían sido condenadas a muerte por el Tribunal del Orden Militar, tribunal que viola las normas internacionales de justicia procesal y al que se deben las condenas a muerte que se han traducido ya en la ejecución de cerca de 200 personas. Las condenas del Tribunal del Orden Militar no son susceptibles de apelación. El presidente Joseph Kabila, por su parte, tampoco ejerció su prerrogativa de conmutar estas penas.


Se trata de las primeras ejecuciones llevadas a cabo en el país desde que el presidente Kabila se comprometió a suspenderlas en marzo del 2001. La moratoria finalizó en septiembre del 2002.


Vietnam: Según informes oficiales, desde principios de año se ha ejecutado a 10 personas, seis de ellas por asesinato y cuatro por delitos relacionados con drogas. Veintiséis personas han sido condenadas a muerte: 18 por tráfico de estupefacientes, cinco por asesinato, dos por fraude y una por violación.


Estas cifras indican que se ha producido un aumento considerable en el empleo de la pena de muerte en relación con el 2002, año en que se impusieron al menos 48 penas de muerte y se llevaron a cabo un mínimo de 34 ejecuciones.


Tailandia:El 13 de marzo, el Senado sometió a un primer debate un proyecto de ley para reformar el Código Penal. El proyecto de ley postula la abolición de la pena de muerte y la cadena perpetua para los delincuentes menores de 18 años. Los senadores también sometieron a votación la introducción de la inyección letal como método de ejecución, en sustitución del pelotón de fusilamiento. Antes de someterlo a ulteriores debates, un comité especial del Senado revisará este proyecto de ley.


Estados Unidos: En una resolución adoptada unánimente en febrero, la Corte Internacional de Justicia de La Haya advirtió a Estados Unidos de que debía tomar «todas las medidas necesarias» para evitar la ejecución de tres ciudadanos mexicanos, en espera de que la Corte se pronunciara sobre el caso que México le había presentado en contra de Estados Unidos. El gobierno de México había solicitado tales «medidas cautelares» en enero, al entablar acciones judiciales contra Estados Unidos por la violación de los derechos consulares de más de 50 presos mexicanos condenados a muerte en ese país. La resolución de la Corte Internacional de Justicia se refiere a César Roberto Fierro Reyna, Roberto Moreno Ramos y Osvaldo Torres Aguilera, cuyas fechas de ejecución se espera sean las primeras en fijarse. En Estados Unidos hay más de un centenar de ciudadanos extranjeros condenados a muerte. En la mayoría de los casos no se informó a estas personas, con prontitud tras la detención, de su derecho a ponerse en contacto con el consulado de su país para solicitar ayuda, tal como estipula la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares.


Estados Unidos – Oklahoma: Scott Hain, de 32 años, fue ejecutado el 3 de abril por un doble asesinato cometido cuando tenía 17 años. Trece de las 18 ejecuciones de delincuentes menores de las que se tiene noticia en todo el mundo desde 1998 se han llevado a cabo en Estados Unidos. El derecho internacional prohíbe la ejecución de personas que eran menores de 18 años cuando cometieron el delito.


Maryland:El 18 de marzo, el Senado de Maryland rechazó, por 24 votos a favor y 23 en contra, un proyecto de ley que pretendía suspender las ejecuciones en ese estado, en espera de los resultados de un estudio sobre la incidencia de los factores raciales y geográficos en el sistema de imposición de la pena capital. De aprobarse, la suspensión hubiera estado en vigor hasta 2005.



Condenas a muerte y ejecuciones en el 2002

Durante el 2002, 1.526 personas fueron ejecutadas en 31 países y se impusieron 3.248 condenas a muerte en 67 países. Estas cifras incluyen sólo los casos de los que AItiene noticia; las cifras reales son mayores. En el 2002, el 81 por ciento de todas las ejecuciones documentadas se llevaron a cabo en China, Irán y Estados Unidos. (Véanse las páginas web de EDAI en http://www.edai.org)



Tratados Internacionales

El Protocolo número 13del Convenio Europeo de Derechos Humanos ha sido ratificado por:

Andorra, Bulgaria, Croacia, Chipre, Rumania, San Marino, Suecia y Ucrania, lo que eleva la cifra total de Estados que lo han ratificado a 13. Serbia y Montenegro ha firmado el Protocolo número 13, lo que eleva la cifra total de Estados signatarios a 27.


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