Document - Death penalty news: June 2000





Noticias sobre la pena de muerte, junio del 2000 1

NOTICIAS SOBRE LA

PENA DE MUERTE JUNIO DEL 2000

AMNISTÍA INTERNACIONAL


1 Easton Street

Índice de AI: ACT 53/02/00/s London WC1X 0DW

Distribución: SC/DP/PO/CO/GR Reino Unido

RESUMEN TRIMESTRAL DE ACONTECIMIENTOS SOBRE LA PENA DE MUERTE

Y AVANCES EN EL CAMINO DE LA ABOLICIÓN UNIVERSAL



EE. UU.: CRECIENTE PREOCUPACIÓN POR LA EJECUCIÓN DE INOCENTES


Por primera vez desde su reinstauración en Estados Unidos en 1976, la pena de muerte es objeto de un intenso examen público tanto en EE. UU. como en el extranjero. Aumenta la preocupación por la imparcialidad y fiabilidad del sistema judicial estadounidense de pena capital. Un estudio estadístico hecho público en junio por la Facultad de Derecho de la Universidad de Columbia relativo a las condenas a muerte dictadas entre 1973 y 1995 reveló que éstas aparecían «continua y sistemáticamente plagadas de errores». El estudio llegaba a la conclusión de que los tribunales habían hallado errores graves en el 68 por ciento de los 4.578 casos revisados.


Desde 1973, 87 presos han sido liberados del corredor de la muerte en EE.UU. tras hallarse pruebas de su inocencia, lo que equivale aproximadamente a una absolución por cada siete ejecuciones. Este número puede aumentar considerablemente de permitirse la presentación de la prueba del ADN en todos los casos de delitos punibles con la pena de muerte.


Gran parte del debate actual ha sido suscitado por la decisión adoptada en enero por el gobernador George Ryan del estado de Illinois de suspender las ejecuciones en dicho estado debido al «vergonzoso» historial de condenas injustas (13 exoneraciones, 12 ejecuciones desde 1977; véase Noticias sobre la pena de muertede marzo del 2000). En noviembre de 1999, el periódico Chicago Tribunepublicó su propio estudio basado en su

investigación realizada sobre 285 condenas de muerte dictadas en el estado. El estudio concluyó que «el sistema de aplicación de la pena capital en el estado de Illinois está tan plagado de pruebas incorrectas, tácticas judiciales poco escrupulosas, e incompetencia legal que se ha dejado de hacer justicia».


Texas es objeto de especial examen público por tener un índice de ejecuciones muy superior al de los demás estados, no disponer de un sistema público de defensa letrada en todo su territorio, haberse hallado presuntas disparidades motivadas por discriminación racial en el momento de dictarse sentencia, y por las repetidas aseveraciones del gobernador George Bush señalando que todos los presos ejecutados durante su mandato eran «culpables del delito que se les imputaba».


Estas afirmaciones fueron puestas en tela de juicio por la ejecución de Gary Graham en Texas el 22 de junio. La sentencia se basó en pruebas aparentemente no fiables y condenaba a Gary Graham por los disparos con resultado de muerte que tuvieron lugar en 1981, cuando éste tenía 17 años. Sus abogados no entrevistaron a testigos oculares del crimen, ninguno de los cuales había identificado a Gary Graham como el asesino. No existían pruebas materiales que le relacionaran con los disparos. No se dieron a conocer al jurado las pruebas contenidas en el informe forense que señalaban que la pistola que llevaba consigo el inculpado en el momento de la detención no podía

haber disparado la bala que causó la muerte. Uno de sus abogados ha admitido: «Tengo serias dudas de que hayamos prestado una defensa imparcial y efectiva».


El 24 de junio, una portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores francés, que había presionado al gobernador Bush para que suspendiera la ejecución, hablando en nombre de la Unión Europea dijo: «Lamentamos que las autoridades texanas conscientemente asumieran el riesgo de dar muerte a un inocente. Haremos que la campaña en favor de la suspensión de las ejecuciones en EE. UU. constituya uno de los puntos principales de nuestra [próxima] presidencia de la Unión Europea».


Desde 1997 se ha tenido conocimiento de 10 ejecuciones en todo el mundo de condenados por delitos cometidos siendo menores de edad, ocho de ellos en EE. UU. Gary Graham fue el segundo hombre ejecutado en Texas este año por un delito que cometió siendo menor de 18 años (véase Noticias sobre la pena de muertede marzo del 2000).

Los dos candidatos a la presidencia de EE. UU. que se presentarán a las elecciones de noviembre de este año, el gobernador Bush y el vicepresidente Al Gore, son defensores de la pena de muerte. Por otra parte, el número de 29 de mayo de la revista Newsweek, incluye un artículo escrito por el embajador estadounidense en Francia, Felix Rohatyn, titulado ''The Shadow Over America: How our use of the death penalty hurts our image abroad'' («La sombra que se cierne sobre Norteamérica: Sobre cómo la pena de muerte daña nuestra imagen en el extranjero»). En él señala que cuando habla ante un grupo de personas en Francia, «siempre surge la cuestión. Se ve la pena de muerte como una violación de los derechos humanos, con una aplicación racista y discriminatoria, que afecta a un número desproporcionado de minorías... Creo que deberíamos admitir [esta crítica] y aventurarnos a cambiar nuestra manera de entender el sistema punitivo...»

Ahora que ha disminuido el apoyo de la opinión pública estadounidense a la pena de muerte, que se sitúa en un 64 por ciento, según datos de la encuesta recientemente realizada por ABC News (el índice más bajo de los últimos 19 años), cabe esperar que EE. UU. se una a las muchas naciones que han

abolido la práctica brutal y arcaica de la imposición de la pena capital.


EE. UU.: Otras noticias

En 14 de mayo, la asamblea de la Asociación Psiquiátrica Estadounidense adoptó una resolución en sesión plenaria por la que se solicita al consejo de administración de dicha asociación la elaboración de una declaración de principios exigiendo la suspensión de la pena capital en Estados Unidos. Entre otras razones, se citaban las siguientes, «la pena de muerte se reserva a los pobres, cerca del 90 por ciento de los condenados a dicha pena no pueden permitirse el pago de asistencia letrada», «existen numerosas pruebas de que la pena de muerte se aplica de forma racista» y «se han reducido drásticamente las vías de apelación de los presos, aumentando el riesgo de ejecución de personas inocentes».



LA COMISIÓN DE LA ONU APRUEBA UNA RESOLUCIÓN RELATIVA A LA PENA DE MUERTE


La Comisión de Derechos Humanos de la ONU celebró en mayo su 56º periodo de sesiones en Ginebra. De nuevo, la Unión Europea presentó una resolución relativa a la pena de muerte. El texto era similar al aprobado el pasado año (véase Noticias sobre la pena de muertede junio de 1999), y en él se pedía la suspensión mundial de las ejecuciones y la adhesión a las salvaguardias de la ONU en los casos de pena capital. La resolución de este año añadía un párrafo en que se acogía con satisfacción el sexto informe quinquenal sobre la pena capital presentado por el secretario general de la ONU.


La resolución fue patrocinada asimismo por 68 países, siendo aprobada el 27 de abril por 27 votos a favor, 13 en contra, y 12 abstenciones. Una vez aprobada la resolución, 51 estados se desvincularon del texto, alegando que era «poco apropiado adoptar una decisión generalizada en esta cuestión y proponer tales medidas en el foro de una organización internacional».


Página web de AI relativa a la pena de muerte:

http://www.amnesty.org.

El sitio web de AI dedicado a la pena de muerte se encuentra en la dirección de Internet señalada arriba (haga clic sobre ''Campaigns'' y después, sobre ''the Death Penalty''). La información contenida en esta página se actualiza regularmente. Se encuentran disponibles al público números anteriores de Noticias sobre la pena de muerte, así como otros documentos publicados por AI desde 1996 en relación con la pena de muerte.



NUEVO INFORME QUINQUENAL DE LA ONU SOBRE LA PENA CAPITAL


Cada cinco años el secretario general de la ONU recibe el mandato de elaborar un informe sobre la pena capital. Estos informes constituyen una fuente extraordinaria de información dado que se

basan en datos ofrecidos por los gobiernos, por organizaciones no gubernamentales y por otros expertos.


El 31 de marzo del 2000, fue publicado el último informe quinquenal del secretario general de la ONU, el sexto de la serie, junto con un apéndice publicado poco tiempo después. Cinquenta y tres gobiernos respondieron a la solicitud de información formulada por el secretario general, una respuesta inferior a la obtenida para el informe previo en 1995 (revisado en 1996), año en que 63 países respondieron. Sólo 11 países que a finales de 1999 seguían siendo retencionistas respondieron a la encuesta.


Aumentar los avances hacia la abolición

El informe compara la información reciente con la de periodos anteriores y concluye que «en el advenimiento del nuevo milenio, el ritmo acelerado del movimiento abolicionista no ha dado señales de debilitarse». Durante los cinco años transcurridos entre 1994 y 1998, periodo en el que surgieron menos Estados nuevos que en el periodo quinquenal anterior, 17 países abolieron la pena capital. Cuatro más lo hicieron en 1999, sumando un total de 21 países.


Citando cifras de distintas regiones, el informe señala que «hay pruebas de que el movimiento abolicionista se difunde cada vez más en todas las regiones del mundo». Apunta el informe que, pese a lo anterior, un país reintrodujo la pena de muerte, si bien no llegó a ejecutarla, y ocho países y territorios que no habían realizado ejecuciones durante los últimos 10 años reanudaron su práctica en ese periodo.


Salvaguardias de la ONU

El informe del presente año abarca de nuevo la cuestión de la pena capital como tal, y el cumplimiento de las Salvaguardias para Garantizar la Protección de los Derechos de los Condenados a la Pena de Muerte, aprobadas por el Consejo Económico y Social de la ONU en 1984. Afirma el informe que continúa el problema señalado en el informe quinquenal previo con respecto a la primera salvaguardia (la restricción de la aplicación de la pena de muerte a los delitos «más graves», aquellos con «consecuencias fatales u otras consecuencias extremedamente graves»). El informe señala «que la pena capital se ha mantenido en las legislaciones de muchos países para una amplia gama de delitos, mucho más allá del homicidio doloso» y que «queda un margen considerable para reducir el número de delitos por los que se aplica.»


Debido a la escasez de respuestas procedentes de países retencionistas «muy poco podía llegarse a saber del número real de ejecuciones en los Estados retencionistas de todo el mundo», observa el informe. Éste recomienda que se estudie «seriamente algún medio para lograr que se suministre al Secretario General una información más completa sobre los países retencionistas».


(La Pena capital y la aplicación de las Salvaguardias para Garantizar la Protección de los Derechos de los Condenados a la Pena de Muerte: Informe del secretario general.) Documento de la ONU número E/2000/3 y apéndice E/2000/3/Add.1. Para obtener más información sobre el quinto informe quinquenal, véase Noticias sobre la pena de muertede septiembre de 1995.



China: Condena de muerte a un hombre extraditado:Fang Yong, ex empleado de banca de 36 años, fue condenado a muerte el 8 de junio por presunta malversación de fondos públicos. Fang Yong huyó de China en 1990 y solicitó asilo en Canadá pero al rechazar su solicitud las autoridades de inmigración canadienses, éste procedió a esconderse. Fang Yong pasó desapercibido hasta noviembre de 1999, fecha en que fue descubierto como resultado de una infracción de tráfico, siendo posteriormente enviado de vuelta a China.


Si bien China había expedido una orden para la detención de Fang Yong mediante la actuación de la Interpol, las autoridades canadienses alegan no haber tenido conocimiento de los cargos penales presentados contra Fang Yong en China que podían concluir en una condena de muerte. Es práctica habitual de los países abolicionistas como Canadá no devolver a personas a Estados donde es probable que sean condenados a la pena capital.


Guatemala: Nuevas ejecuciones transmitidas por televisión:


El 1 de junio, el presidente Alfonso Portillo concedió el indulto a un campesino analfabeto de lengua quekchí, Pedro Rax Cucul, que había sido condenado a muerte por un homicidio cometido en 1996. AI había expresado preocupación por el hecho de que los trastornos mentales graves que sufre Pedro Rax no fueran tenidos en cuenta durante su enjuiciamiento, y que el proceso judicial y el examen

psíquico decretado por el tribunal fueran realizados totalmente en español, idioma que Pedro Rax Cucul no habla.


No obstante, al tiempo que concedía el indulto a Pedro Rax Cucul, el presidente Portillo rechazaba otras tres peticiones de indulto que estaban pendientes cuando ocupó el cargo, y el 29 de junio, dos de los presos fueron ejecutados por inyección letal. Tomás Cerrate Hernández y Luís Amílcar Cetino Pérez habían sido condenados en marzo de 1998 por el secuestro y asesinato de una anciana adinerada. Al igual que en 1998, el dispositivo de la inyección letal falló, y una de las ejecuciones fue pospuesta por problemas técnicos. Al igual que en el caso de Manuel Martínez Coronado en febrero de 1998, las ejecuciones fueron retransmitidas en directo por la televisión guatemalteca y se pudo ver de cerca y escuchar los sollozos de los familiares de los dos hombres.


AI ha instado al Congreso de Guatemala a revocar su reciente decisión de anular la facultad presidencial de conceder el indulto, una prerrogativa que existe en la mayoría de los países retencionistas y que es reconocida por el derecho internacional. El caso de Pedro Rax Cacul pone de manifiesto la necesidad de la existencia de la prerrogativa de indulto para corregir los errores cometidos en el transcurso de un proceso judicial injusto.


Hay cerca de 30 condenados a muerte en Guatemala.


Iránconsidera introducir reformas:


Se están realizando esfuerzos dirigidos a reformar el código penal encabezados por el jefe del poder judicial, Mahmoud HashemiShahroudi, nombrado en 1999. En una entrevista realizada por la agencia de noticias Reuters en marzo, el portavoz del Ministerio de Justicia Hossein Sadeqi afirmó: «Algunos de los delitos castigados con la pena de horca contemplados en nuestro ordenamiento jurídico no son necesarios desde un punto de vista religioso y el sistema puede sustituirlos por otras penas. Deberíamos recurrir a la pena de muerte en casos excepcionales y extraordinarios y no ahorcar a la gente por delitos que no son excesivamente violentos.»


Así mismo, el señor Sadeqi comentó: «La lapidación puede ir en contra de los intereses de nuestro país....el jefe del poder judicial es de la opinión de que se deben evitar aquellos actos que puedan insultar a la religión y empañar nuestra imagen.»


BREVES

Bosnia y Herzegovina: El 22 de junio, los diputados parlamentarios de la entidad de la República Srpska de Bosnia y Herzegovina aprobaron un nuevo código penal que no contempla la pena de muerte. La Federación de Bosnia y Herzegovina, la otra entidad bosnia, ya lo había hecho en noviembre de 1998 para cumplir las disposiciones del Acuerdo Marco General de Paz en Bosnia y Herzegovina firmado en Dayton, Ohio, en diciembre de 1995, que puso fin a la guerra civil en el país.


Canadá: Las estadísticas de homicidios cometidos en 1998 hechas públicas por Statistics Canadaen octubre de 1999 muestran el menor índice de homicidios en 30 años. Este índice es de 1,83 homicidios por cada 100.000 personas, en comparación con los 3,02 homicidios por cada 100.000 personas de 1975, año previo a la abolición de la pena de muerte en Canadá.


República Democrática del Congo: A pesar de afirmar el ministro de Derechos Humanos en diciembre de 1999 el cumplimiento por parte del gobierno de una suspensión de las ejecuciones, un niño soldado de 14 años llamado Kasongo fue ejecutado el 15 de enero, cuando sólo habían transcurrido 30 minutos desde su enjuiciamiento por el Tribunal del Orden Militar. Kasongo había sido declarado culpable junto con otros cuatros soldados del homicidio de un conductor. Quienes han sido condenados por el Tribunal del Orden Militar sólo pueden pedir el indulto al presidente, pero al efectuarse la ejecución en un plazo tan breve posterior a la sentencia, resulta dudoso que el presidente tuviera tiempo para considerar la petición.


Líbano: Los delegados deAIque visitaron el Líbano en junio acogieron con satisfacción la negativa del primer ministro Salim alHuss en marzo a firmar una orden de ejecución por ir en contra de sus creencias. Salim alHuss afirmó a AIque en el transcurso de nueve años de distintos mandatos

como primer ministro no había firmado ninguna orden de ejecución.


Entre 1994, año en que la pena de muerte se hizo obligatoria en casos de homicidio premeditado, y el nombramiento de Salim alHuss como primer ministro a finales de 1998, se efectuaron 14 ejecuciones.


Qatar: Después de 12 años se han reanudado las ejecuciones, con la ejecución el 14 de junio en la prisión de Doha de dos hombres y una mujer, todos ellos de nacionalidad india. Qader Aktar Hassan, Anis Qassem Dahnassi y Fatima Yussef alDin Sayed habían sido condenados por homicidio. Las condenas de muerte fueron confirmadas por el Tribunal de Apelación y ratificadas por el emir.


Arabia Saudí- En mayo, dos hombres condenados por un delito de violación en estado de embriaguez en la ciudad de Medina fueron decapitados utilizando el verdugo una espada. Un egipcio, Muhammad Abdal Kadir Jadu, fue condenado por asesinato y también decapitado. Debido a que el asesinato de Yusuf bin Muhammad Zaghbi durante un intento fallido de atraco en la población de Jizan fue especialmente brutal, el cadáver del ejecutado fue crucificado, de conformidad con una ley que ordena que la ejecución sirva de ejemplo público cuando se trate de delincuentes condenados por delitos especialmente atroces.


En cuanto a otros casos, Salem Mashali, iraquí, fue decapitado en Hafer alBatin por tráfico de estupefacientes, y una mujer indonesia, Warni Samiran Awdi, fue ejecutada en la región de AlIhsa acusada de asesinato.


Las autoridades han ejecutado a más de 65 personas desde comienzos de año, entre ellas siete nigerianos acusados de robo a mano armada que fueron decapitados el 13 de mayo en Yidda.


PUBLICACIONES


Actual Innocence: Five Days to Execution, and Other Dispatches from the Wrongly Convicted, de los autores Barry Scheck, Peter Neufeld y Jim Dwyer, Editorial Doubleday, $24.95. Escrito por los abogados penalistas que defendieron a O.J. Simpson. Este libro muestra las ventajas de la identificación mediante la prueba del ADN para establecer la culpabilidad o la inocencia del inculpado. Incluye el análisis de casos que sirven de ejemplo de las deficiencias del sistema judicial estadounidense, como son la existencia de discriminación racial, de fraude forense y de fiscales con motivaciones políticas. Incluye además sugerencias para mejorar el sistema judicial.


Upingtonde Andrea Durbach, publicado por David Philip. Este libro narra la conmovedora historia de 26 ciudadanos sudafricanos cuya condena a muerte en 1989 se basaba en la doctrina del «propósito común», durante el gobierno anterior segregacionista de Sudáfrica.

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