Document - Death Penalty News June 1996



Amnistía Internacional

contra la pena de muerte




JUNIO DE 1996EDAI



Índice AI: ACT 53/02/96/sDistribución: SC/DP/PO/CO/GR


RESUMEN DE ACONTECIMIENTOS SOBRE LA PENA DE MUERTE

Y AVANCES EN EL CAMINO DE LA ABOLICIÓN



RUSIA Y UCRANIA: EL CONSEJO DE EUROPA EXIGE

EL CESE DE LAS EJECUCIONES


La Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, mediante una resolución enérgicamente redactada, ha condenado la persistencia de los ajusticiamientos en Ucrania y ha exigido que cesen las ejecuciones en ese país y en Rusia.

Esta iniciativa se ha producido tras haber remitido AI al Consejo de Europa un escrito con información mediante la que se constataba que en esos dos países se seguían llevando a cabo ejecuciones, y en el que se pedía además que se adoptaran medidas al respecto, dado el compromiso formulado por ambos países de aplicar una moratoria sobre las ejecuciones al incorporarse al Consejo de Europa.

Rusia se unió al Consejo de Europa el 28 de febrero (véase la edición de marzo de AI contra la pena de muerte). Un mes después, Lev Razgon, miembro de la Comisión Presidencial de Clemencia, afirmó que las autoridades estaban «ejecutando a la mayor cantidad posible de personas» y que no habían aplicado moratoria alguna. Según los informes, el profesor Sergei Vitsin, también miembro de la Comisión de Clemencia, ha manifestado que aún no se ha adoptado una decisión sobre la imposición de una moratoria sobre las ejecuciones. Anatoly Pristavkin, presidente de la Comisión de Clemencia, había afirmado con anterioridad que se habían proporcionado al Consejo de Europa cifras falsas sobre las ejecuciones con objeto de facilitar los trámites de la solicitud de incorporación y suavizar el proceso de adhesión.

Diversas fuentes rusas han informado a AI que en la administración presidencial se ha distribuido para su estudio un proyecto de decreto presidencial cuyo propósito es la reorganización de la Comisión de Clemencia, en virtud de la cual sus actuales miembros, que son destacadas personalidades públicas, serían reemplazados por funcionarios de instituciones gubernamentales que se ocupan de la administración de la pena de muerte.

Ucrania se incorporó al Consejo de Europa el 9 de noviembre de 1995 (véase la edición de diciembre de 1995 de AI contra la pena de muerte). Según pudo saber AI el pasado 14 de mayo de 1996, una autoridad de la Fiscalía General había manifestado al padre de un preso sentenciado a muerte que las diligencias relacionadas con los presos condenados a la pena máxima seguían igual, y que no se le había informado de que hubiera en vigor una moratoria sobre las ejecuciones. El preso en cuestión había sido sentenciado a muerte en Sebastapol en septiembre de 1995. «Lo vamos a ejecutar», afirmó esa autoridad.

Tras el llamamiento formulado por AI, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa decidió el 24 de junio celebrar un debate sobre este asunto con carácter de urgencia. En el debate, que se celebró el 28 de junio, la Asamblea adoptó la Resolución 1097 (1996), en la que se «condena a Ucrania por la aparente violación de su compromiso de introducir una moratoria sobre las ejecuciones de la pena de muerte al incorporarse al Consejo de Europa». La Resolución, además, afirma que la Asamblea «exige que Rusia cumpla su compromiso y no lleve a cabo ejecuciones. [La Asamblea] hace especial referencia a los cuarenta y seis presos que esperan su ejecución y cuyas solicitudes de indulto, según los informes, ha rechazado el presidente de la Federación Rusa este año». La Asamblea «formula un llamamiento a Rusia, Ucrania y Letonia para que cumplan sus compromisos en relación con la aplicación de una moratoria sobre las ejecuciones y sobre la abolición de la pena capital de forma inmediata. [La Asamblea] advierte a estos países que una nueva violación de sus compromisos, especialmente en lo que se refiere a las ejecuciones, tendrá consecuencias según lo dispuesto en la Orden Núm. 508 (1995)».

Otro elemento de importancia de la Resolución 1097 (1996) es la declaración según la cual «la Asamblea recuerda a los Estados solicitantes al Consejo de Europa que la voluntad de firmar y ratificar el Sexto Protocolo del Convenio Europeo para la protección de los Derechos Humanos, y la aplicación de una moratoria al adherirse el Consejo, han pasado a ser requisitos necesarios para la pertenencia al Consejo de Europa por parte de la Asamblea». Asimismo, se «hace un llamamiento a los Estados miembros del Consejo de Europa que aún mantienen vigente la pena de muerte en sus códigos, aunque no recurran a ella (Albania, Bulgaria, Chipre, Estonia, Malta, Polonia, Turquía, Reino Unido), para que procedan a abolirla de jure lo antes posible», e invita «a todos los Estados miembros del Consejo de Europa que aún no lo han hecho, a que ratifiquen el Sexto Protocolo del Convenio Europeo para la protección de los Derechos Humanos».

La Asamblea Parlamentaria adoptó también el 28 de junio una recomendación, la Núm. 1302 (1996), mediante la que se insta al Comité de Ministros a que acelere su consideración de la recomendación 1246 (1994), en la que se solicita la creación de un nuevo protocolo del Convenio Europeo para la protección de los Derechos Humanos orientado a la abolición total de la pena de muerte, y una orden, la Núm. 525 (1996), mediante la que se encarga a su Comité sobre Asuntos Jurídicos y de Derechos Humanos la organización de seminarios sobre la abolición de la pena de muerte en Europa.


AI EXHORTA A CHINA A QUE CESEN LAS EJECUCIONES MASIVAS


AI ha formulado un llamamiento a las autoridades chinas para que pongan fin a las ejecuciones masivas que se están llevando a cabo por todo el país con motivo de la campaña nacional contra la delincuencia que se inició el 28 de abril de 1996. Asimismo, la organización ha exhortado a la comunidad internacional a que intervenga para que cesen las ejecuciones, muchas de las cuales se cree que se están llevando a cabo tras la celebración de juicios sumarios. A fines de junio se había ejecutado a un millar de personas en aplicación de la campaña de represión, calificada de «dureza» contra la delincuencia, por delitos que van desde el asesinato, la violación, el robo y el secuestro hasta la publicación de pornografía.

Las autoridades chinas, que han recurrido a la legislación de 1983 que permite la celebración de juicios sumarios y la rápida aprobación de sentencias de muerte para delincuentes que «ponen en grave peligro la seguridad pública», han ejecutado a presos a los pocos días de haberse cometido los delitos que presuntamente habían perpetrado. Según la información proporcionada por un periódico oficial, en la provincia de Jilin se ejecutó el 31 de mayo a tres hombres por el robo de un automóvil que se había cometido el día 21 del mismo mes.

En la actualidad hay en China 68 delitos punibles con la pena de muerte. Sin embargo, a pesar de la dureza de las leyes que en China regulan la aplicación de la pena capital, y a pesar de que cada año se condena a la pena de muerte a millares de personas, la incidencia de delitos como la violación, el asesinato y el robo, se ha incrementado en un diez por ciento en los tres primeros meses del año, según las cifras facilitadas por el propio portavoz del Ministerio para la Seguridad Pública, Zou Chuanji, en una reciente entrevista televisada.

En un informe publicado el 13 de marzo con motivo del lanzamiento de su campaña mundial contra las violaciones de los derechos humanos en China, AI denunció de forma específica el uso generalizado que se hace en ese país de la pena de muerte. El extenso informe, titulado China - Nadie está a salvo: La represión política y el abuso de poder en la década de los noventa, abarca diversos aspectos relacionados con la pena de muerte, entre ellos los malos tratos a que se somete a los presos, el uso de los órganos de los ejecutados para transplantes, y la práctica de imponer sentencias de muerte con plazos de dos años de suspensión de la ejecución. Esto puede suponer en algunos casos la ejecución de personas que eran menores de 18 años en el momento de cometerse el delito, lo cual es contrario a las normas internacionales de derechos humanos. Conforme a este procedimiento, las ejecuciones se suspenden durante el plazo establecido, en el que el preso realiza una «reforma a través del trabajo».

Estas violaciones de los derechos humanos se han venido produciendo en una situación de reforma económica en China, que ha abierto las puertas del país a las inversiones extranjeras. A pesar de las esporádicas protestas internacionales por la violación de los derechos humanos, los gobiernos del mundo no han condenado de forma persistente los abusos que se cometen en China contra esos derechos básicos por temor a poner en peligro sus respectivas oportunidades de inversión.


EE. UU.: UNA NUEVA LEY RESTRINGE LA PRESENTACIÓN DE RECURSOS CONTRA LA PENA DE MUERTE


La Ley Antiterrorista y de Pena de Muerte Efectiva de 1996, que el 24 de abril entró en vigor con la rúbrica del presidente Clinton, va a tener repercusiones muy negativas para los condenados a muerte en los Estados Unidos. Además de otras disposiciones, la ley limita la posibilidad de presentación de recursos de hábeas corpus ante las cortes federales (de ámbito nacional), que históricamente han desempeñado una importante función de protección contra los juicios celebrados sin las debidas garantías ante las cortes estatales. Asimismo, la ley impone nuevas normas, unos plazos estrictos y rígidas restricciones sobre la presentación de recursos.

En virtud de esta nueva ley, las cortes federales sólo pueden revocar las sentencias de las cortes estatales en tres casos: cuando la resolución de la corte estatal sea «contraria a la legislación federal claramente establecida» según lo determine la Corte Suprema, cuando la resolución suponga una «aplicación irrazonable» de la legislación claramente establecida, o cuando la sentencia firme de la corte estatal «sea irrazonable».

La legislación federal anterior no establecía un plazo en el que los condenados a muerte en espera de ejecución tuvieran que presentar sus recursos de hábeas corpus. La nueva ley impone un plazo de seis meses a partir de la fecha de la sentencia firme de la corte estatal sobre el caso del afectado, y siempre que el estado proporcione al preso los abogados necesarios para los recursos ante la instancia federal. Los recursos adicionales, cuya presentación debe aprobar previamente una junta de jueces de circuito, sólo podrán formularse sobre alegaciones planteadas por primera vez y siempre que se basen en una «nueva» norma de la legislación constitucional que la Corte Suprema ha hecho «retroactiva para los casos en revisión adicional», o cuando haya pruebas convincentes de inocencia que razonablemente no podrían haberse descubierto al presentarse el primer recurso.

La nueva legislación afecta también a los aplazamientos de las ejecuciones, dado que la presentación de una solicitud a tal efecto ante la corte federal pertinente ya no supone el aplazamiento automático de la ejecución. Ahora, únicamente se tomarán en consideración esas solicitudes cuando el preso pueda «demostrar fehacientemente la negación de un derecho federal».

A las cortes federales también se les exige ahora que resuelvan las solicitudes de recursos de hábeas corpus relacionadas con casos de pena de muerte en un plazo máximo de seis meses.

La Unión Estadounidense para las Libertades Civiles y otras organizaciones para la defensa de esos derechos se han opuesto a esta medida, que los patrocinadores de la ley idearon para acelerar los recursos de los condenados en espera de ejecución y reducir a dos años todo el proceso, que anteriormente, y como media, podía prolongarse hasta ocho años. Las organizaciones de derechos civiles aseguran que esta medida supondrá inevitablemente la ejecución de inocentes y el prolongado encarcelamiento de otros. Además, lo que también está en cuestión es si la Corte Suprema permitirá al Congreso que le retire su jurisdicción sobre una categoría completa de causas judiciales.

También en relación con la pena de muerte se ha producido otra novedad en los Estados Unidos. La Corte Suprema se ha apresurado a resolver ‒de forma inusitada y antes de que concluya su mandato a fines de junio‒ algunas de las principales cuestiones constitucionales que plantea la ley, y ha acordado revisar, fuera de su programa previsto, el recurso que contra ella ha presentado un preso de Georgia que puede ser ejecutado de forma inmediata. Ellis Wayne Felker, sentenciado a muerte en 1982 por los delitos de violación y asesinato, ha recurrido la parte de la ley que exige que una junta de tres jueces de las cortes de apelación autorice a presentar un segundo recurso federal a los internos en centros penitenciarios estatales. El recurso de este preso se basa en la constitucionalidad de las instrucciones que dio el juez al jurado que lo declaró culpable, argumentando que, conforme a un dictamen de la Corte Suprema de 1990 referido a otro caso, las instrucciones del juez de su caso fueron inconstitucionales.

Cuatro jueces de la Corte Suprema votaron en contra de que se concediera autorización para la realización de un proceso acelerado de revisión. Argumentaron su voto afirmando que «es totalmente innecesario y profundamente desaconsejable» resolver un caso de tan complejas consecuencias constitucionales en un plazo tan acelerado.



«Ni siquiera el más vil de los asesinos exime al Estado de su obligación de respetar la dignidad humana, pues no honra el Estado a la víctima emulando a su asesino. El defecto mortal de la pena de muerte es que trata a las personas como si fueran objetos con los que se puede jugar y a los que después se puede desechar.»


William J. Brennan Jr, ex presidente de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos - New York Times 28/4/96



LA CONSTITUCIÓN SUDAFRICANA MANTIENE LA PROHIBICIÓN SOBRE LA PENA DE MUERTE


El 8 de mayo, la Asamblea Constitucional Sudafricana aprobó, por abrumadora mayoría, una constitución definitiva para el país en la que se mantiene la redacción de la constitución provisional, que garantiza el derecho a la vida. El probable efecto de esta decisión es que la resolución de la Corte Constitucional de junio de 1995, según la cual la pena de muerte es contraria a la constitución provisional, seguirá siendo igualmente válida para la nueva constitución (véase la edición de junio de 1995 de AI contra la pena de muerte).

Antes de la promulgación definitiva de la Constitución, la Corte Constitucional debe resolver si la constitución, tal y como se ha aprobado, cumple los «Principios Constitucionales» reflejados en la constitución provisional y acordados por los negociadores de todos los partidos sudafricanos que precedieron a las elecciones de ámbito nacional celebradas en abril de 1994. A partir del 1 de julio, la Corte Constitucional dará comienzo a un periodo de sesiones extraordinario en el que atenderá en público los argumentos sobre si la constitución cumple estos principios.

El Partido Nacional, que recientemente ha abandonado el gobierno de unidad nacional, sigue manifestando públicamente su oposición a la abolición de la pena de muerte.


NOTICIAS BREVES


Albania - El 24 de mayo, un tribunal condenó a muerte a tres ex altos cargos comunistas por delitos contra la humanidad y persecución política cuando ejercían el poder. Las sentencias se dictaron a pesar del compromiso adquirido por Albania el 29 de junio de 1995 de aplicar una moratoria sobre las ejecuciones al solicitar su incorporación al Consejo de Europa. El juez Luan Daci sentenció a muerte al anterior presidente del Tribunal Supremo, Aranit Cela, al ex fiscal general, Rrapi Mino, y al ex viceministro del Interior, Zylyftar Ramizi, por enviar a disidentes y a sus familias al exilio interno. Los tres han recurrido las sentencias.


Bahamas - El 13 de marzo se llevó a cabo la primera ejecución desde 1984. Thomas Reckley fue ahorcado a pesar de haber pasado más de cinco años sentenciado a la pena capital. Thomas Reckley había sido declarado culpable de asesinato en noviembre de 1990. La ejecución se realizó en contra de lo dispuesto por la resolución de 1993 del Comité Judicial del Consejo Privado de la Reina, tribunal de última instancia para las Bahamas con sede en Londres, según la cual «en todo caso en que la ejecución vaya a llevarse a cabo más de cinco años después de haberse dictado la sentencia habrá firmes razones para creer que esa demora es tal que constituye trato o castigo cruel, inhumano o degradante».

El 28 de marzo se llevó a cabo mediante ahorcamiento otra ejecución, la de Dwayne McKinney, sentenciado a muerte en abril de 1992 por asesinato.


Bélgica - La Cámara de Representantes de Bélgica, una de las dos cámaras del Parlamento federal, aprobó el 13 de junio ‒por 129 votos a favor y 13 en contra‒ un proyecto de ley para la abolición total de la pena de muerte para todos los delitos. En el momento de redactarse este boletín, el proyecto aún no había cobrado rango de ley, dado que el Senado podía tener que someterlo de nuevo a su consideración.


Guyana - Rockcliffe Ross, declarado culpable de asesinato en 1992, fue ahorcado el 4 de junio a pesar de tener aún pendiente ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU un recurso sobre su caso. El gobierno se había adherido al Primer Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que permite a los ciudadanos del país adherido el derecho a presentar recursos ante el Comité de Derechos Humanos. El Comité había pedido al gobierno de Guyana que no ejecutara la sentencia de muerte mientras estuviera revisando el caso. La ejecución de Rockcliffe Ross, la segunda desde que se reanudó esta práctica en febrero tras un lapso de más de cinco años, se llevó a cabo en contravención de las Salvaguardias para Garantizar la Protección de los Derechos de los Condenados a la Pena de Muerte, aprobadas por el Consejo Económico y Social (ECOSOC) en su resolución 1984/50, y sancionadas por la Asamblea General de la ONU ese mismo año. La Salvaguardia 8 de las Salvaguardias del ECOSOC afirma: «No se ejecutará la pena capital mientras estén pendientes algún procedimiento de apelación u otros procedimientos de recurso o relacionados con el indulto o la conmutación de la pena».


Libia - Según la agencia de noticias Reuters, el Congreso General del Pueblo, el más alto organismo legislativo libio, aprobó en su periodo de sesiones de junio la ampliación de la pena de muerte a los delitos de contrabando de estupefacientes y alcohol y comercio ilegal de divisas. Los debates sobre esta medida fueron retransmitidos en directo por televisión. Según el presidente del Congreso, Zannati Mohammad al Zannati, la ampliación de la pena capital refleja los deseos del máximo dirigente del país, coronel Muamar al Gadafi.


Sudán - Según la información proporcionada el pasado 30 de mayo por la agencia oficial de noticias SUNA, seis hombres han sido sentenciados a morir en la horca y otros tres a morir ahorcados y a ser luego crucificados por robo a mano armada.


EE. UU. - Nueva York - Los opositores a la pena de muerte estadounidenses disponen ya de otro instrumento para su lucha gracias al ingenio de la hermana Camille, perteneciente a la Comunidad Regional de Brooklyn de las Hermanas de la Caridad. La «Declaración de Vida» que ha concebido la hermana Camille es un documento ‘vital’ similar a un testamento abierto en el que se manifiesta: «Si muriera como consecuencia de un delito violento, solicito que la persona a la que se declare culpable de mi muerte no sea condenada a la pena capital, o puesta en peligro de ello, no importa cuánto pueda haber yo sufrido». La comunidad de la hermana Camille ha difundido ampliamente la Declaración y ya la han firmado 2.400 personas, entre ellas el ex gobernador Mario Cuomo y el actor Martin Sheen. Anthony Girese, asesor jurídico de la fiscalía del distrito del Bronx, ha manifestado que es difícil determinar el valor que este documento podría tener ante un tribunal, aunque consideró que, presentado ante un jurado, «es muy posible que sus miembros no fueran nada favorables a la imposición de la pena de muerte» en un caso en el que la víctima de un homicidio hubiera firmado esa declaración.


Prohibiciones Constitucionales de la Pena de Muerte


Según un nuevo estudio realizado por AI, de los 57 países del mundo que han abolido la pena de muerte para todos los delitos hasta la fecha, 24 han dado un paso más y la han prohibido en la Constitución. Otros cinco países tienen disposiciones constitucionales que limitan el ámbito de aplicación de la pena de muerte.

El estudio aporta los textos de las disposiciones constitucionales pertinentes. En muchas de las constituciones, la prohibición o la limitación de la pena de muerte se vincula a los derechos humanos y, específicamente, al derecho a la vida o al derecho a la seguridad de la persona.

En algunos sistemas jurídicos ‒según señala el estudio de AI‒, la Constitución es la ley suprema: otras leyes no deben entrar en conflicto con ella y es más difícil modificarla que modificar otras leyes. Incluir la abolición de la pena de muerte en ese tipo de Constitución es una forma de dar solidez a la abolición estableciendo una base jurídica adicional que puede servir para impedir cualquier intento precipitado de restablecer la pena.

A menudo, una Constitución puede ser vista como la encarnación de los valores más elevados de un país, que extiende las garantías de derechos humanos a todas las personas bajo la jurisdicción de ese país. Al incluir la abolición en su Constitución, un país muestra la importancia que concede a su decisión de abolir la pena de muerte.

Los 24 países que prohíben la pena de muerte en su constitución son Alemania, Austria, Cabo Verde, Colombia, República Dominicana, Ecuador, España, Estados Federados de Micronesia, Haití, Honduras, Islandia, Islas Marshall, Italia, Mónaco, Mozambique, Namibia, Nicaragua, Países Bajos, Panamá, Portugal, Santo Tomé y Príncipe, Suecia, Uruguay y Venezuela. El último país en incorporarse a esta lista ha sido Islandia, que enmendó su constitución en 1995 para incluir la prohibición de la pena capital. Brasil, El Salvador, Luxemburgo, México y Perú tienen constituciones que limitan el ámbito de aplicación de la pena capital.

(Prohibiciones constitucionales de la pena de muerte, Índice AI: ACT 50/06/96/s, junio de 1996).


REVISTA DE LIBROS

Últimas publicaciones


Rituals of Retribution - Capital Punishment in Germany 1600-1987, Richard J. Evans, Oxford University Press, Oxford, Inglaterra, 55 libras esterlinas. Esta historia de las ejecuciones en Alemania, que consta de un millar de páginas y que ha sido publicada en el mes de junio, ha sido calificada como el primer intento serio de reconstruir la evolución de una nación a través de su respuesta a los delitos capitales.


Un errore capitale - Il dibattito sulla pena di morte, Antonio Marchesi, Amnesty International Italian Section, Italia, 1995, 13.000 liras. Esta obra es la última de una serie de libros sobre la pena de muerte aparecidos en Italia en los últimos años. Este nuevo libro incluye capítulos dedicados a la pena de muerte en los Estados Unidos, la pena de muerte desde el punto de vista de la legislación internacional y en las encuestas de opinión, así como un breve resumen de los debates que llevaron a su total abolición en el Código Penal de Italia en 1994. El autor de la obra fue presidente de la Sección Italiana de AI.




Andorra - Andorra ratificó el Sexto Protocolo del Convenio Europeo para la protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, relativo a la abolición de la pena de muerte, el 21 de enero de 1996, con lo que la cifra total de Estados partes de este Protocolo asciende ya a 24.




AI Contra la Pena de Muerte, junio de 1996

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