Document - Death Penalty News June 1995

NOTICIAS SOBRE LA PENA DE MUERTE JUNIO DE 1995


AMNISTÍA INTERNACIONAL

1 Easton Street

Índice AI: ACT 53/02/95/sLondres WC1X 8DJ

Distribución: SC/DP/PO/CO/GR

RESUMEN DE HECHOS RELACIONADOS CON LA PENA DE MUERTE Y DE MEDIDAS

TENDENTES A SU ABOLICIÓN EN TODO EL MUNDO


MEDIDAS TENDENTES A LA ABOLICIÓN


SUDÁFRICA - FALLO JUDICIAL


En una decisión histórica, el Tribunal Constitucional falló el 6 de junio de 1995 que la pena capital estipulaba en la Ley de Enjuiciamiento Criminal no es coherente con la nueva constitución del país, que entró en vigor en abril de 1994. Este fallo, sin embargo, no afectaba al delito de traición en tiempos de guerra. El Tribunal ordenó que, con efecto inmediato, «se prohíba al Estado y a todos sus órganos ejecutar a toda persona previamente condenada a muerte bajo cualquier disposición, la cual queda, de esta manera, declarada sin vigor». El fallo se produjo tras la audiencia del Tribunal sobre la pena de muerte, que tuvo lugar en febrero de 1995 (véanse las Noticias sobre la Pena de Muerte de diciembre de 1994 y de marzo de 1995).



Hasta que se eliminó la aplicación de la pena de muerte, en febrero de 1990, Sudáfrica tenía una de las tasas de ejecuciones judiciales más altas del mundo. El gobierno anterior alcanzó notoriedad internacional con la ejecución, entre 1980 y 1989, de 1.217 personas entre ellas presos políticos. En la actualidad, los 453 presos con condenas de muerte en Sudáfrica esperan una revisión de las sentencias.


Research Surveys Group la empresa de investigación del consumo más grande de Sudáfrica, entrevistó para una reciente encuesta a miles de personas de las áreas metropolitanas. Estos son algunos de los resultados:

El 80% de los blancos entrevistados pensaban que la pena de muerte debía mantenerse, el 12% quería su abolición y el 8% se abstuvo;

El 49% de los negros entrevistados pensaban que la pena de muerte debía mantenerse, el 34% quería su abolición y el 17% se abstuvo.


ESPAÑA - VOTACIÓN EN EL CONGRESO


El 25 de abril, el Congreso de los Diputados de España aprobó casi por uninimidad tres proyectos de ley que abolirán totalmente la pena de muerte del Código Penal Militar español. Esta medida se produjo tras la acción unánime del Senado español, en noviembre de 1994, en favor de la abolición de la pena capital. Tales proyectos de ley serán fundidos en uno solo por la Comisión de Justicia e Interior del Congreso de los Diputados, y ese único proyecto de ley pasará después al Senado para ser sometido a posibles enmiendas. Posteriormente, retornará al Congreso de los Diputados para su aprobación final. Si recibe el apoyo parlamentario, se convertirá en ley 20 días después de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.


La Sección española de Amnistía Internacional ha influido intensamente en los parlamentos autónomos de las distintas regiones españolas y en los partidos políticos del Parlamento nacional español, para que se llegue a este resultado. Algunos parlamentos regionales han adoptado declaraciones en apoyo de la abolición de la pena de muerte.

La pena de muerte fue abolida por la constitución de 1978, salvo como pena opcional en tiempos de guerra para ciertos delitos definidos por el Código Penal Militar de junio de 1986. Las últimas ejecuciones en España se produjeron en septiembre de 1975.


ENCÍCLICA PAPAL


Amnistía Internacional ha acogido con agrado las referencias de la Encíclica papal, Evangelium Vitae, ─el Evangelio de la vida─ publicada el 30 de marzo de 1995, en la limitación sustancial del uso de la pena de muerte. La encíclica se mantiene en la línea de la práctica habitual del Vaticano, según la cual el Papa intercede a menudo ante autoridades estatales con el fin de impedir ejecuciones inminentes. Si bien no excluye enteramente su uso, el Papa señala que en la sociedad existe «una creciente tendencia a pedir que [la pena de muerte] se aplique de manera muy limitada, o incluso que sea abolida completamente». No debería utilizarse «salvo en casos de absoluta necesidad: en otras palabras, cuando no fuera posible defender la sociedad de otra manera. Hoy ... tales casos son muy raros, si no prácticamente inexistentes». El Papa añade: «La sociedad moderna dispone, de hecho, de los medios para suprimir de forma efectiva los delitos haciendo de los criminales seres inofensivos, sin negarles definitivamente la oportunidad de reformarse».


La declaración del Papa sobre la pena de muerte ha sido acogida como un avance significativo respecto de la posición adoptada por el nuevo Catecismo de la Iglesia Católica. En una conferencia de prensa, en el Vaticano, para presentar la encíclica, el cardenal Joseph Ratzinger, prefecto de la Congregación vaticana para la Doctrina de la Fe, declaró que el Catecismo sería revisado, en lo que respecta a la pena de muerte, a la luz de la encíclica.



El Parlamento IRANÍ rechazó un proyecto de ley, propuesto por el Consejo de Conveniencia Nacional, que hubiera impuesto la pena de muerte a aquellos que se han aprovechado de la situación económica, y que han sido acusados de incrementar vertiginosamente la inflación y del colapso del rial, la moneda iraní. En un debate transmitido por la radio de Teherán, el proyecto de ley fue rechazado por el gobierno y por miembros del parlamento ya que, dijeron,amenazaba la

seguridad de la comunidad empresarial. Otro de los argumentos esgrimidos fue que no hacían falta nuevas leyes, puesto que la pena de muerte para delitos económicos puede aplicarse con la legislación existente.


EXTENSIÓN DEL ÁMBITO

DE APLICACIÓN DE LA PENA

DE MUERTE


Amnistía Internacional se ha opuesto a las medidas adoptadas en varios países para reinstaurar o ampliar el ámbito de aplicación de la pena de muerte.


En COSTA DE MARFIL, el 24 de junio fue admitida a trámite por la Asamblea Nacional, el parlamento del país, una ley que amplía la aplicación de la pena de muerte al robo con violencia. Con la nueva ley, las ejecuciones, a cargo de un pelotón de fusilamiento, podrán llevarse a cabo públicamente. El secretario general de Amnistía Internacional envió el 3 de abril una carta abierta al presidente Henri Konan Bedie, en la que se oponía a la extensión propuesta. El relator especial de Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales, sumariales y arbitrarias, Brace Waly Ndiaye, también escribió al gobierno expresando su preocupación por la extensión propuesta de la pena de muerte.


Si bien Costa de Marfil ha mantenido la pena de muerte desde los tiempos en que era colonia francesa, para algunos delitos, incluidos el asesinato y la traición, desde 1960 hasta su muerte en 1993, el presidente fundador Felix Houphouet-Boigny conmutó siempre las condenas de muerte por penas de prisión.



En EL SALVADOR, donde la pena de muerte fue abolida en 1983 para todos los delitos excepto para los considerados excepcionales, el partido en el poder tiene previsto someter una propuesta a la Asamblea Legislativa para reinstaurar la pena capital para varios delitos, incluidos el asesinato, el secuestro y la violación.


En marzo, el congreso GUATEMALTECO aprobó la extensión de la pena de muerte para los declarados culpables de secuestro y para los cómplices que amenacen de muerte a las víctimas de secuestro. Al parecer, esta legislación ha entrado ya en vigor, dado que el presidente,

Ramiro de León Carpio, no la ha rechazado en el período legalmente previsto. El presidente, antiguo Defensor del Pueblo de Guatemala, ha hecho declaraciones en favor de la pena de muerte para los secuestradores como un medio eficaz para atajar uno de los crímenes que están creciendo con más rapidez en el país. Esta extensión, por parte de Guatemala, de la pena de muerte, le lleva a infringir sus compromisos internacionales como estado integrante de la Convención Americana de Derechos Humanos, la cual, en su artículo 4 (2) establece: «Tampoco se extenderá su aplicación [la de la pena de muerte] a delitos a los cuales no se la aplique actualmente». Lo mismo valdrá para El Salvador, en el caso de que la extensión propuesta de la pena de muerte sea aprobada allí también.


En los ESTADOS UNIDOS, el gobierno federal anunció en marzo que tenía prevista su primera ejecución desde 1963. David Ronald Chandler, de Alabama, descrito como el jefe de una organización de distribución y cultivo de marihuana, que fue declarado culpable de contratar a otro hombre para asesinar a un informador de la policía, fue condenado a muerte en aplicación de la Ley contra el Abuso de Estupefacientes, de 1988, que extendía el ámbito de la pena de muerte en la legislación federal, a muertes relacionadas con actividades empresariales criminales continuadas. Su ejecución, que debe producirse mediante una inyección letal en la Penitenciaria Federal de Indiana, ha sido aplazada al presentarse una nueva apelación. Otras cinco personas han sido condenadas a muerte en aplicación de esta ley, y se encuentran en espera de su ejecución.


Las ejecuciones federales (y estatales) fueron interrumpidas en 1972 por una decisión de la Corte Suprema, que consideraba la pena de muerte «arbitraria y caprichosa» y, por ello, inconstitucional, en la forma en que se estaba aplicando entonces. Se exigió que las leyes fueran más estrictas en la determinación de los delitos susceptibles de ser castigados con la pena de muerte, antes de que pudieran reanudarse las ejecuciones. La mayoría de los estados estableció juicios distintos para la determinación de la culpabilidad y del castigo. Los nuevos estatutos federales sobre la pena de muerte no fueron aprobados hasta 1988.


OTRAS NOTICIAS


CHINA - AMPLIA GAMA DE DELITOS CASTIGADOS CON LA MUERTE


AI ha publicado encuestas en las que se muestra que, en 1994, China aprobó 2.496 sentencias de muerte, y que ejecutó a 1.791 personas, si bien estas cifras están muy por debajo del número real de ejecuciones y de sentencias de muerte llevadas a cabo durante el año. Las autoridades no hacen públicas las cifras relativas a la pena de muerte, pues las consideran secreto de Estado.


En línea con la creciente aplicación de la pena de muerte desde principios de la década de los ochenta para delitos no violentos y de carácter económico, es sabido que en lo que va de año, se ha ejecutado a personas por delitos tales como matar a un cachorro de tigre en un zoo (enero de 1995), robar tumbas antiguas (febrero de 1995) y editar y vender libros pornográficos (febrero de 1995).




KUWAIT - PENA DE MUERTE PARA DELITOS RELACIONADOS CON LAS DROGAS


El 25 de abril, el parlamento de Kuwait aprobó un proyecto de ley que introducía la pena de muerte como castigo preceptivo para determinados delitos relacionados con las drogas. Este proyecto reforma la legislación aprobada en 1983, que consideraba la cadena perpetua el castigo máximo para ese tipo de delitos. Según el nuevo proyecto, debe imponerse la pena capital a las personas que utilizan a los niños para traficar con narcóticos, a los que han sido condenados repetidamente por traficar con drogas, y a funcionarios encargados de luchar contra el tráfico de estupefacientes y que trafican con ellas. El proyecto debe ser ratificado por el emir de Kuwait, antes de convertirse en ley.



ARABIA SAUDÍ - APELACIONES DE AI


En abril de 1995, Amnistía Internacional apeló en favor de siete somalíes condenados a muerte por el asesinato de tres personas, sobre el cual los somalíes se declararon inocentes. Uno de ellos, Abd al'-Aziz Muhammad Isse, manifestó que aún no había

llegado a Arabia Saudí cuando se produjo el crimen. Aunque esta información pudo ser verificada por el aeropuerto en el que aterrizó, parece ser que este dato no se tuvo en consideración durante el juicio. A pesar de las apelaciones presentadas por Amnistía Internacional, dos de los siete fueron ejecutados el 31 de mayo de 1995. Al parecer, los cinco restantes se encuentran en riesgo inminente de ser ejecutados.


Amnistía Internacional expresó también su preocupación por el alto número de ejecuciones que, según informes, tuvieron lugar este año, al menos 102 entre el 20 de enero y el 31 de mayo de 1995. No se respetan en absoluto las garantías acordadas internacionalmente para los presos condenados a la pena de muerte: se dan casos de confesiones obtenidas presuntamente bajo torturas, aceptadas por los tribunales como pruebas sobre las que puede basarse una declaración de culpabilidad, sin llevar a cabo ninguna investigación, y de presos condenados a la pena capital a los que se les niega el derecho a ser defendidos por un abogado.


El embajador de Arabia Saudí en el Reino Unido, el doctor Ghazi A. al-Gosaibi, respondió al llamamiento de Amnistía Internacional, según cita la agencia de noticias Reuter, diciendo que el fuerte incremento de ejecuciones se debía a un incremento de los delitos de trafico de drogas. La misma explicación dio el gobierno en 1987, al introducir por primera vez la pena de muerte para el narcotráfico.


Arabia Saudí mantiene la pena de muerte para una serie de delitos, incluidos el asesinato, los delitos sexuales, el tráfico de drogras y el sabotaje.



ESTADOS UNIDOS - NUEVAS ENCUESTAS; ESTUDIO SOBRE LA FUNCIÓN

DE LOS JURADOS


Dos encuestas recientes hechas a agentes de policía y funcionarios municipales revelan la falta de confianza en la pena de muerte como medida de seguridad pública. La Liga Nacional de Ciudades encuestó a 382 agentes seleccionados en varias ciudades y les preguntó qué podrían hacer los gobiernos para reducir el crimen en las ciudades. La opción «más penas de muerte» se situó la última de

una lista integrada por 20 categorías de medidas para la seguridad pública. En una encuesta realizada por el Centro de Información sobre la Pena de Muerte, laextensión de la pena de muerte se colocó en último lugar en una lista de medidas clasificadas por funcionarios encargados de hacer cumplir las leyes, según su impacto sobre los crímenes violentos. Más del 80% de los encuestados estaban de acuerdo en que a la mayoría de los delincuentes no se les disuade por la posibilidad de ser condenados a muerte, mientras que el 85% coincidían en que los políticos otorgan demasiada importancia al valor de la pena de muerte como medida de control del crimen.


Un resultado más perturbador procede de uno de los estudios más globales jamás realizados sobre la cuestión de las actitudes de los jurados en juicios importantes. Los resultados iniciales de la encuesta, presentados en la Conferencia Nacional sobre los jurados y sobre la pena de muerte, celebrada en febrero en la Universidad de Indiana, reveló que, a menudo, muchos jurados malinterpretan las instrucciones de los jueces y están predispuestos a favor de las ejecuciones, incluso antes de deliberar la sentencia. De los más de 500 jurados encuestados en 14 estados, el 42% pensaba que la pena de muerte era necesaria cuando el delito es «atroz, vil o depravado», y el 32% pensaba que lo debía imponer si el acusado será peligroso en el futuro. «Estas cifras son bastante preocupantes porque, de hecho, la ley nunca impone la pena de muerte basándose únicamente en estos factores», declaró Joseph Hoffmann, profesor de derecho de la Universidad de Indiana.


Illinois - Médicos y ejecuciones


La legislación aprobada en abril prevé la exención de la Ley de la Práctica Médica a médicos que asisten a ejecuciones. En efecto, esto permite a los médicos asistir a ejecuciones en Illinois sin someterse a las exigencias legales y etico-médicas que regulan la conductade quienes ejercen la medicina. Amnistía Internacional cree que esta legislación representa un grave desvío de lo que es la práctica aceptable de la medicina. Una ley propuesta al órgano legislativo, por la cual se apartaría a los médicos del proceso de las ejecuciones, se ha quedado atascada por falta de apoyo.


RESEÑA DE LIBROS


The Chamber, de John Grisham, publicado por Random House, 20 Vauxhall Bridge Road, London SW1V 2SA, ISBN 0 09 917951 2. Precio £5.99. John Grisham, autor de los bestsellers La firma y El informe Pelícano, trabajó en tiempos como abogado. En esta historia de suspense, con fuertes elementos raciales, sobre el uso de la pena de muerte en el sur profundo de los Estados Unidos, muestra de qué forma tan lógica e inexorable un hombre puede ser condenado a muerte por un delito que no ha cometido. The Chamber, que pronto será llevada al cine, llegará a mucha gente que, de otra manera no sabría nada sobre la pena de muerte y las ejecuciones y, al dejar que el lector saque sus propias conclusiones, podría tener un fuerte impacto contrario a la pena capital.



TRATADOS INTERNACIONALES


El 26 de enero de 1995, MACEDONIA pasó a ser Estado parte del Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, seguida de ITALIA, el 14 de febrero, lo que eleva a 28 el número total de integrantes.


CORRECCCIÓN


En el cuadro de firmantes y estados integrantes de los tratados internacionales relativos a la pena de muerte, aparecido en Noticias sobre la pena de muerte, de marzo de 1995, Bielorrusia debe ser borrado de la lista de estados integrantes del Segundo Protocolo Facultativo.



Noticias sobre la Pena de Muerte, junio de 1995


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