Document - Death Penalty News: June 2004

NOTICIAS SOBRE LA PENA DE MUERTE

Junio de 2004

AMNISTÍA INTERNACIONAL

1 Easton Street

Londres WC1X 0DW

Reino Unido Índice AI: ACT 53/001/2004

RESUMEN TRIMESTRAL DE ACONTECIMIENTOS SOBRE LA PENA DE MUERTE

Y AVANCES EN EL CAMINO DE LA ABOLICIÓN UNIVERSAL


ABOLICIÓN EN SAMOA Y BUTÁN:

80 PAISES SON YA TOTALMENTE ABOLICIONISTAS




La pena de muerte ha sido abolida en el Estado insular de Samoa, Oceanía, y en el reino asiático de Bután. Ochenta países han abolido ya la pena de muerte para todos los delitos. Por primera vez, los Estados totalmente abolicionistas superan en número a los países y territorios retencionistas en la lista de AI(véase infra).

El 15 de enero de 2004, el Parlamento de Samoaaprobó por abrumadora mayoría la Ley Penal (Abolición de la Pena de Muerte de 2004). Antes de su aprobación, los delitos de asesinato y traición eran punibles con la muerte. La pena máxima que se puede imponer en Samoa es ahora la de cadena perpetua, una opción a la que antes recurría el jefe del Estado cuando conmutaba condenas a muerte.

En relación con esta iniciativa, el primer ministro de Samoa comentó: "La decisión de suprimir la pena de muerte se tomó en beneficio de Samoa y del pueblo samoano. Además, Samoa, como buen ciudadano internacional y regional, reconoce la abrumadora opinión internacional y regional que se opone a la pena de muerte". La decisión, afirmó, mostraba la "seriedad" con que Samoa se toma "sus obligaciones internacionales y regionales".

Samoa no ha llevado a cabo ninguna ejecución desde su independencia en 1962. La última ejecución en Samoa fue llevada a cabo por las autoridades de Nueva Zelanda en la década de 1950.

El 20 de marzo, el rey de Butánpromulgó un Real Decreto que prohíbe la pena de muerte.

La pena capital existía en la legislación de Bután desde la codificación de su ley suprema(ThrimzhungChhenmo) en 1953, pero el rey tenía la prerrogativa de conmutación. Según la información facilitada a la ONU en 1972 por fuentes oficiales, los delitos de traición y asesinato premeditado eran punibles con la muerte.

Las últimas condenas a muerte de las que AItiene constancia se impusieron en 1974 a seis personas que fueron juzgadas por cargos de traición por haber conspirado para asesinar al rey. El rey conmutó después las condenas.

AUMENTA EL NÚMERO DE COPATROCINADORES DE UNA RESOLUCIÓN SOBRE LA PENA DE MUERTE

Una resolución de la ONU que pide la suspensión de las ejecuciones en todo el mundo ha sido copatrocinada por 76 países, uno más que en 2003 y el mayor número hasta la fecha.

La Resolución 2004/67 sobre la "Cuestión de la pena capital" fue aprobada por la Comisión de Derechos Humanos de la ONU el 21 de abril de 2004 en el periodo de sesiones anual de la Comisión, celebrado en Ginebra (Suiza). Era la octava resolución de esta índole que aprobaba la Comisión de Derechos Humanos desde 1997.

Como en años anteriores, la resolución exhorta a todos los Estados que todavía mantienen la pena de muerte a "abolir completamente la pena de muerte y, entretanto, establecer una moratoria de las ejecuciones". Asimismo, insta a los Estados que todavía mantienen la pena de muerte a "no imponerla por delitos cometidos por menores de 18 años de edad", a "no imponer la pena capital ni ejecutar a ninguna persona que sufra de algún tipo de trastorno mental" y a observar otras salvaguardias y restricciones aprobadas por la ONU sobre la pena de muerte.

La resolución, apoyada por la Unión Europea (UE), fue copatrocinada por todos los países de la UE y atrajo a muchos copatrocinadores de otras regiones del mundo. Irak, Kiribati Samoa y las Islas Salomón copatrocinaron la resolución por primera vez.

La resolución fue aprobada en votación registrada por 29 países a favor y 19 en contra, con cinco abstenciones, es decir, un margen más amplio que en 2003, cuando hubo 24 países a favor, 18 en contra y 10 abstenciones. Bután y Gabón votaron a favor de la resolución por primera vez. Corea del Sur, que había votado en contra de la resolución en 2003, se abstuvo este año.

Como en años anteriores, un grupo de países presentó una declaración desvinculándose de la resolución. La declaración de desvinculación de este año fue firmada por 64 países, uno más que en 2003 y el número más elevado hasta ahora. Níger, Papúa Nueva Guinea y Uzbekistán firmaron la declaración por primera vez.

NUEVO INFORME DE LA ONU

En enero se presentó a la Comisión de Derechos Humanos de la ONU el último suplemento anual del informe quinquenal de la ONU sobre la pena capital, preparado por el secretario general de la ONU.

El nuevo informe abarca los cambios habidos en las leyes y las prácticas durante el último año, la evolución en el plano internacional y la aplicación de las salvaguardias de la ONU en materia de pena de muerte. El informe incluye en su apartado III (párrafos 18 a 20) un breve estudio de las decisiones del Comité de Derechos Humanos de la ONU en casos presentados a ese Comité en virtud del procedimiento de comunicaciones individuales previsto en el primer Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Entre las cuestiones examinadas en estos casos figuraban la falta de juicios con garantías, las penas de muerte preceptivas, el secreto que rodea la pena de muerte y la expulsión de un Estado abolicionista a un país en el que el individuo había sido condenado a muerte.































En la resolución 2004/67, aprobada en abril (véase apartado anterior), la Comisión de Derechos Humanos acogió con satisfacción el informe y sus conclusiones de que (según expresiones literales del informe) "se mantiene la tendencia hacia la abolición" y "sigue aumentando [en 2003] el número de países que han ratificado los instrumentos internacionales que prescriben la abolición de la pena capital".

El informe puede consultarse en el documento de la ONU E/CN.4/2004/86.

ZAMBIA Y MALAWI CONMUTAN CONDENAS A MUERTE: MANTIENEN LA SUSPENSIÓN

El presidente de Zambia, Levy Mwanawasa, conmutó las condenas a muerte de 15 personas declaradas culpables de asesinato y robo con agravantes. Según el asesor de prensa presidencial, Jack Kalala, el presidente Mwanawasa sustituyó las condenas a muerte por penas de prisión que iban desde 20 hasta 50 años, con efectos retroactivos desde la fecha en que se impusieron las condenas.

En febrero, el presidente Mwanawasa había conmutado las condenas a muerte de 44 soldados condenados a la pena capital por su intervención en un fallido golpe de Estado en 1997 y reiteró que no habría más ejecuciones durante su presidencia. "Pues mientras yo sea presidente, no daré curso a ninguna orden de ejecución", dijo.

La legislación de Zambia mantiene la pena capital para asesinato, robo con agravantes y traición. La última ejecución tuvo lugar en 1997.

En Malawi, el presidente Bakili Muluzi conmutó 79 condenas a muerte el 9 de abril (Viernes Santo en el calendario cristiano). No ha habido ejecuciones en Malawi desde 1992, y ninguna desde que el presidente Muluzi tomó posesión del cargo en 1994. Unas 20 personas continúan en el pabellón de la muerte en la ciudad de Zomba, en el sur del país.

BIELORRUSIA: RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

El 11 de marzo, el Tribunal Constitucional de Bielorrusia concluyó su evaluación de la conformidad de las disposiciones sobre la pena de muerte del Código Penal de Bielorrusia con la Constitución del país y con las normas internacionales. El Tribunal falló que algunos artículos del Código Penal no están en consonancia con la Constitución, y que en las actuales circunstancias la abolición de la pena de muerte, o, como primer paso, la introducción de su suspensión, puede ser promulgada por el jefe del Estado y el Parlamento. La resolución faculta a ambos para anular un referéndum de 1996 en el que el 80 por ciento del censo electoral de Bielorrusa votó en contra de la abolición de la pena de muerte.

El 4 de noviembre de 2003, el Parlamento de Bielorrusia presentó al Tribunal Constitucional una petición formal de evaluación. Andreik Nareiko, miembro del Parlamento, había iniciado la petición de la evaluación del Tribunal Constitucional, afirmando que los artículos del Código Penal que prescriben la pena de muerte parecían estar en conflicto con el artículo 24 de la Constitución, que garantiza el derecho a la vida y exige al Estado que proteja la vida humana frente a agravios ilegítimos. Andrei Nareiko basó su petición en sendas decisiones anteriores de los tribunales constitucionales de Hungría y Lituania, que habían fallado que la pena de muerte era contraria a las constituciones de esos países.

AFGANISTÁN: PRIMERA EJECUCIÓN DESDE LA CAÍDA DE LOS TALIBANES

Afganistán ha llevado a cabo su primera ejecución desde el establecimiento del gobierno provisional a finales de 2001. Abdullah Shah, jefe militar de Paghman, fue ejecutado en la capital del país, Kabul, hacia el 19 de abril de 2004. Había sido declarado culpable, en octubre de 2002, de 20 cargos de asesinato en procedimientos judiciales especiales que incumplían gravemente las normas internacionales sobre juicios con garantías. Abdullah Shah no dispuso de abogado defensor en el juicio, la vista se celebró a puerta cerrada y el juez principal del juicio inicial fue relevado por aceptar sobornos.

Un tribunal afgano impuso otra condena a muerte en mayo. La agencia de noticias Reuters informó el 29 de mayo de que un presunto miembro del antiguo gobierno talibán, Abdullah Jan, había sido condenado a muerte en relación con un atentado con explosivos en la ciudad de Kandahar, en el sur del país, en el que murieron 15 escolares y 50 resultaron heridos. Abdullah Jan sostuvo que no había participado en el atentado. No se dispone de más datos sobre su juicio.

AI ha instado al presidente de Afganistán, Hamid Karzai, a que declare la suspensión formal de las ejecuciones en cumplimiento de las garantías ofrecidas a AIeste mismo año por su oficina en el sentido de que no aprobaría ninguna ejecución judicial en tanto no se reformase el sistema de justicia penal. Después de la declaración pública difundida por AI en abril, en relación con la ejecución de Abdullah Shah, el portavoz jefe presidencial declaró públicamente que todas las ejecuciones judiciales se suspenderán por el momento.

TAYIKISTÁN: SE ESTUDIA LA SUSPENSIÓN

El 2 de junio de 2004, la cámara baja del Parlamento (Majlis namoyandagon) votó a favor de la ley "sobre la suspensión de la aplicación de la pena de muerte". En virtud de la nueva ley, la pena máxima en Tayikistán será de 25 años de prisión. La ley debe ser aprobada todavía por la cámara alta del Parlamento (Majlisi Milli)y firmada por el presidente del país antes de que entre en vigor.

El texto aprobado por el Parlamento el 2 de junio estipula la suspensión de las condenas a muerte con efectos a partir del 30 de abril de 2004. AI ha recibido información contradictoria sobre la situación de los presos del pabellón de la muerte cuyas condenas se dictaron antes del 30 de abril, y ha instado a las autoridades de Tayikistán a que se aseguren de que se conmutan sin excepción todas las condenas a muerte. En una sesión conjunta de las dos cámaras del parlamento tayiko, celebrada el 30 de abril y transmitida por la televisión nacional, el presidente afirmó que se anunciaría la "suspensión de la aplicación de la pena de muerte". En su discurso, el presidente aludió a los derechos humanos y a la libertad como "valores grandes e inviolables", y al "lugar especial" del derecho a la vida entre ellos. "De hecho, el derecho a la vida es natural, y nadie tiene derecho a privar a ninguna otra persona de este derecho", dijo el presidente.

Según informes, cuatro presos –Rachabmurod Chumayev, Umed Idiyev, Akbar Radzshabov y Mukharam Fatkhulloyev– fueron ejecutados poco antes del discurso del presidente en abril. Las ejecuciones de los dos primeros se llevaron a cabo, según los informes, a pesar de las peticiones del Comité de Derechos Humanos de la ONU –que había intervenido a partir de las quejas presentadas en virtud del procedimiento de comunicaciones individuales– de que se suspendieran las ejecuciones mientras examinaba sus casos. Al parecer, los también encausados Ibrogim Khusseynov y Todzhiddin Butayev, que fueron condenados a la pena capital en febrero de 2003, continúan en el pabellón de la muerte y, según informes, sus familiares no han sido informados de la situación actual de sus casos.

NOTICIAS BREVES

México: En marzo de 2004, el presidente Vicente Fox presentó al Congreso varias propuestas de reforma constitucional, entre ellas la propuesta de abolir la pena de muerte. El artículo 22 de la Constitución vigente limita el alcance de la pena de muerte pero no la prohíbe por completo. En virtud de la legislación mexicana, la pena de muerte se mantiene en el código penal militar.

En noviembre de 2004, el presidente Fox conmutó la condena a muerte impuesta a un soldado que había sido declarado culpable de asesinato por un tribunal militar (véase Noticias sobre la Pena de Muertedediciembre de 2003). Hace más de medio siglo que no se llevan a cabo ejecuciones en México.

Vietnam:El gobierno de Vietnam, en una decisión firmada por el primer ministro el 5 de enero, ha declarado secreto de Estado la información y divulgación de estadísticas sobre la aplicación de la pena de muerte. AImanifestó que esta decisión era contraria a las normas internacionales de derechos humanos y a los derechos fundamentales relativos a la libertad de expresión y la libertad de acceso a la información.

Según fuentes de medios de comunicación oficiales vietnamitas a los que AItuvo acceso, más de 100 personas fueron condenadas a muerte y al menos 64 fueron ejecutadas en 2003. Se cree que las verdaderas cifras son muy superiores. El número de ejecuciones registradas por AIen 2003 era casi el doble que la cifra registrada en 2002.

Japón:El 30 de marzo de 2004 se desestimó la petición de un nuevo juicio presentada casi 13 años antes por Ishida Tomizo, un preso de 85 años de edad que está en el pabellón de la muerte. Ishida Tomizo confirmó por medio de su abogado su intención de presentar una nueva petición de un nuevo juicio tras ser informado verbalmente del resultado. No pudo leer la resolución del tribunal porque está casi ciego, discapacidad causada al parecer por la falta de tratamiento adecuado a una afección de cataratas estando recluido en el pabellón de la muerte.

EE. UU.

La pena de muerte contra menores delincuentes. Corte Suprema: El 26 de enero de 2004, la Corte Suprema de Estados Unidos anunció su intención de revisar el fallo de 1989 en el caso Stanford v. Kentucky, que permitía la ejecución de personas que tenían 16 ó 17 años cuando se cometió el delito. La Corte Suprema escuchará argumentos orales en el caso

cf0 Roper v. Simmonsdurante el periodo de sesiones de octubre de 2004 de la Corte. A varios presos condenados a muerte por delitos cometidos cuanto tenían 17 años se les ha concedido ya la suspensión de la ejecución en espera del fallo de la Corte Suprema, que se conocerá a principios de 2005.

La pena de muerte contra menores delincuentes. Actividad legislativa de los estados: El 10 de mayo de 2004, el gobernador de Nuevo Hampshire, Craig Benson, vetó un proyecto de ley, aprobado por la dos cámaras del órgano legislativo del estado, para elevar de 17 a 18 años la edad mínima a la que una persona puede ser condenada a muerte. En este mismo año, el gobernador de Dakota del Sur, Mike Rounds, y el gobernador de Wyoming, Dave Freudenthal, habían refrendado ya con su firma sendos proyectos de ley semejantes tras ser aprobados por las dos cámaras de los órganos legislativos de sus respectivos estados. De los 32 estados de EE. UU. cuya legislación prevé la pena de muerte, 19 excluyen ya su aplicación a personas que tenían menos de 18 años cuando se cometió el delito.

Impugnación de la inyección letal: Se ha concedido a varios presos la suspensión de la ejecución tras impugnarse los procesos de aplicación de la inyección letal en sus estados. Las impugnaciones vienen motivadas por la presencia en las inyecciones letales de ciertas sustancias químicas que, según se afirma, puede ocultar el sufrimiento de la persona ejecutada (véase USA: A lethal ideology, Índice AI: AMR 51/149/2003). El 24 de mayo de 2004, la Corte Suprema de Estados Unidos falló que David Nelson, un recluso que está en el pabellón de la muerte en Alabama, podía impugnar su inyección letal ante los tribunales. Los tribunales inferiores habían sostenido que la impugnación constituía un abuso del proceso de apelaciones. David Nelson ha afirmado que el uso del procedimiento quirúrgico de "incisión" propuesto por el estado para acceder a sus venas dañadas a fin de administrar la inyección letal violaría la prohibición de castigos crueles o excesivos incluida en la Constitución de Estados Unidos.

Ejecución de enfermos mentales: Al menos dos presos con largos historiales de enfermedad mental han sido ejecutados desde que comenzó el año 2004. Charles Singleton,ejecutado en Arkansas el 6 de enero, llevaba casi un cuarto de siglo en el pabellón de la muerte, y a principios de la década de 1990 tomaba regularmente fármacos antipsicóticos. En febrero de 2003, la Corte de Apelaciones del Octavo Circuito resolvió por seis votos contra cinco que las autoridades de Arkansas podían medicar a la fuerza a Charles Singleton aun cuando esta medida lo habilitase para la ejecución. Kelsey Patterson fue ejecutado en Texas el 18 de mayo tras rechazar el gobernador, Rick Perry, la poco frecuente recomendación de indulto de la Junta de Indultos y Libertad Condicional de Texas. Sufría desde hacía tiempo esquizofrenia paranoide. En una indicación de su pensamiento delirante, tras conocer la fecha de su ejecución Kelsey Patterson escribió cartas llenas de divagaciones a diversos funcionarios en las que aludía a la suspensión permanente de la ejecución que, según decía, le había sido concedida debido a su inocencia (véase Estados Unidos de América. Otra injusticia en Texas: El caso de Kelsey Patterson, enfermo mental a punto de ser ejecutado, Índice AI: AMR 51/047/2004).

Inocencia y pena de muerte: El 18 de febrero de 2004, un jurado de Carolina del Norte absolvió a Alan Gell de un asesinato cometido en 1995 por el que había sido condenado a muerte en 1998. Los fiscales habían ocultado pruebas exculpatorias durante el juicio, y en 2002 un juez estatal anuló su condena a muerte. Alan Gell fue juzgado de nuevo en febrero de 2004. El jurado lo declaró no culpable de todos los cargos. Salió del tribunal en compañía de su familia.

Gordon Steidl fue excarcelado de una prisión de Illinois el 28 de mayo de 2004, 17 años después de ser condenado a muerte por el asesinato de Dyke y Karen Rhoads, cometido en 1986. En 1999 se anuló su condena a muerte y se le impuso la de cadena perpetua. En 2003 se le concedió la celebración de un nuevo juicio. Después de investigar de nuevo el caso y de realizar pruebas de ADN, la acusación decidió no apelar contra la sentencia, y los fiscales del condado decidieron no volver a juzgar a Steidl.

Alan Gell y Gordon Steidl son los presos números 113 y 114 que abandonan los pabellones de la muerte de Estados Unidos desde 1973 tras conocerse pruebas de su inocencia.

Derechos consulares: Resolución de la Corte Internacional de Justicia - La Corte Internacional de Justicia (CIJ), tribunal creado en virtud de la Carta de la ONU para resolver los litigios entre Estados, hizo pública el 21 de marzo de 2004 una resolución en el caso Mexico v. USA. La queja, presentada por México, se refería al derecho de los ciudadanos mexicanos detenidos y después condenados a muerte en Estados Unidos a tener acceso a los derechos consulares en virtud de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares.

El artículo 36 de la Convención de Viena dispone que las autoridades deben notificar "sin dilación" a los ciudadanos extranjeros detenidos de su derecho a que se notifique su detención a su consulado. En su resolución, la CIJ afirma que Estados Unidos ha violado esta disposición en 51 de los 52 casos de ciudadanos mexicanos presentados ante la Corte por México. La Corte resolvió que las autoridades de Estados Unidos deben proporcionar revisión y reconsideración judicial efectiva de las repercusiones de las violaciones de esas obligaciones en los casos de los ciudadanos extranjeros implicados.

A uno de los presos mexicanos se le conmutó posteriormente la condena a muerte. El 14 de mayo, el gobernador de Oklahoma, Brad Henry, conmutó la condena a muerte de Osvaldo Torres por cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. El gobernador señaló que a Osvaldo Torres se le habían negado sus derechos consulares en virtud de la Convención de Viena y dijo que "ese tratado también es importante para la protección de los derechos de los ciudadanos estadounidenses en el extranjero". El gobernador agregó que el Departamento de Estado de EE. UU. "se puso en contacto con mi oficina y nos instó a ‘examinar con atención’ el hecho de que EE. UU. es Parte en esa Convención".

Osvaldo Torres fue condenado a muerte en 1996 por dos asesinatos cometidos en 1993. En el momento de su detención, Osvaldo Torres tenía 18 años de edad y había tenido un contacto mínimo con el sistema de justicia penal de Estados Unidos. Estaba registrado ante las autoridades de inmigración como extranjero residente, dato que la policía tuvo que averiguar al efectuar una comprobación rutinaria de antecedentes tras su detención. Pese a ello, las autoridades no le informaron en ningún momento de los derechos que le amparaban en virtud de la Convención de Viena, y las autoridades mexicanas no tuvieron noticia del caso hasta 1996, cuando su familia se puso en contacto con el consulado mexicano para pedir ayuda. Para entonces, Osvaldo Torres ya había sido condenado a muerte. La asistencia oportuna del consulado mexicano podía haber impedido la imposición de la pena de muerte, ya fuera convenciendo al fiscal para que no pidiera la pena de muerte o ayudando a la defensa en el juicio. (Véase Estados Unidos de América. La prevista ejecución de Osvaldo Torres, ciudadano mexicano al que se han negado sus derechos consulares, Índice AI: AMR 51/057/2004.)

Maryland reanuda las ejecuciones después de seis años:Steven Oken fue ejecutado en Maryland el 17 de junio por un asesinato cometido en 1987; es la primera persona a la que se ejecuta en el estado desde 1998 y la primera desde que en mayo del año 2002 el anterior gobernador, Parris Glendening, anunció la suspensión de las ejecuciones. El gobernador Glendening impuso la suspensión en espera del resultado de un estudio que había encargado sobre la imparcialidad de la pena de muerte en el estado. Al tomar posesión de su cargo, en enero de 2003, el nuevo gobernador, Robert Ehrlich, levantó la suspensión, afirmando que revisaría las órdenes de ejecución caso por caso. El gobernador Ehrlich denegó el indulto a Steven Oken.



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