Document - Death Penalty News March 1996


Amnistía Internacional

contra la pena de muerte




MARZO DE 1996 EDAI




Índice AI: ACT 53/01/96/s Distribución: SC/DP/PO/CO/GR



RESUMEN DE ACONTECIMIENTOS SOBRE LA PENA DE MUERTE

Y AVANCES EN EL CAMINO DE LA ABOLICIÓN


RUSIA SE COMPROMETE A APLICAR UNA MORATORIA SOBRE LAS EJECUCIONES

Rusia es el cuarto país en acordar una moratoria inmediata sobre las ejecuciones como condición para convertirse en miembro del Consejo de Europa. Esta tendencia se ha visto reforzada por un llamamiento del Comité de Ministros del Consejo de Europa en favor de una moratoria sobre las ejecuciones en los Estados miembros.


El 28 de febrero, la Federación Rusa se convirtió formalmente en el 39º Estado miembro del Consejo de Europa. Durante el debate celebrado el 25 de enero, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa había aprobado la recomendación de aceptar la incorporación de Rusia, teniendo en cuenta que ese país tenía la intención de firmar en el plazo de un año, y de ratificar en un plazo de tres años a partir de su firma, el Protocolo Núm. 6 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos relativo a la abolición de la pena de muerte en tiempo de paz. Rusia también tenía la intención de aplicar una moratoria sobre las ejecuciones a partir del día de su adhesión al Consejo de Europa.


Albania y Moldavia formularon compromisos similares en junio de 1995, así como Ucrania al incorporarse en noviembre al Consejo de Europa (véanse las ediciones de septiembre y diciembre de 1995 de Noticias sobre la pena de muerte). Desde entonces, el Parlamento de Moldavia ha aprobado la abolición de la pena capital en su código penal. En la actualidad, Amnistía Internacional está presionando a las autoridades ucranianas para que respeten el compromiso adquirido por su país, ya que la organización cuenta con información según la cual continúan las ejecuciones al no haberse cursado instrucción alguna a las autoridades locales para que cesen.


Las ejecuciones habían disminuido en Rusia tras el fin del régimen comunista, pero últimamente su número ha vuelto a incrementarse. AI ha podido confirmar que al menos 28 personas fueron ejecutadas durante 1995 y, según la información que obra en poder de la organización, 34 más se exponían a ser ejecutadas de forma inminente en noviembre de 1995, después de que sus solicitudes de clemencia fueron rechazadas por el presidente Boris Yeltsin. Según fuentes no oficiales de la Comisión Presidencial de Clemencia, el número de ejecuciones en 1995 fue de 90. El Ministerio del Interior de la Federación Rusa, sin embargo, ha declarado que sólo se llevaron a cabo 16 ejecuciones en el curso de 1995.


AI ha sabido que desde marzo de 1992, cuando se creó la Comisión de Clemencia, se habían tramitado favorablemente 338 solicitudes de clemencia. Sin embargo, en 1995 se produjo una disminución en el número de estas solicitudes que llegaron a buen fin. Según la información que obra en poder de Amnistía Internacional, el presidente Yeltsin sólo otorgó clemencia a cinco condenados a lo largo de 1995. AI calcula que al final de ese año había entre 500 y 600 condenados a muerte.


En enero, el Comité de Ministros del Consejo de Europa solicitó una moratoria sobre las ejecuciones en los Estados miembros del Consejo de Europa.


En una declaración provisional aprobada el 16 de enero sobre las propuestas de la Asamblea Parlamentaria para un nuevo protocolo abolicionista del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y un mecanismo de control sobre el uso de la pena de muerte (véase Noticias sobre la pena de muertede diciembre de 1994), el Comité de Ministros manifestó que se estaban examinando las propuestas en el marco del Grupo Relator sobre Derechos Humanos del Comité. La declaración seguía diciendo que, entretanto el Comité de Ministros había alentado a los Estados miembros que no han abolido la pena de muerte a que aplicasen una moratoria de hecho o de derecho sobre la ejecución de las condenas a muerte.


BELIZE: RESOLUCIONES JUDICIALES


Se han producido novedades en materia de pena de muerte en Belize tras dos aplazamientos de ejecución de última hora ordenados por el Comité Judicial del Consejo Privado de la Reina (CJCP), que tiene su sede en Londres y es la última instancia de apelación para Belize y otros países de la Commonwealth. (Véase Noticias sobre la pena de muertede septiembre 1995).


El 22 de agosto de 1995 se firmaron las órdenes de ejecución de Pascual Bull y Herman Mejia para las 8 de la mañana del día siguiente. A los condenados no les fue permitido ponerse en contacto con sus familiares o abogados antes de la hora para las que habían sido previstas las ejecuciones, las dos por ahorcamiento. Ambos habían sido condenados a muerte por asesinato en 1994 y sus recursos ante la Corte de Apelaciones de Belize fueron rechazados en febrero de 1995, si bien aún no habían formulado las oportunas apelaciones al Comité Judicial. Al tener noticia de las órdenes de ejecución, los abogados presentaron en Londres un recurso de apelación ante el Comité Judicial, que a su vez envió un mensaje a la Fiscalía General de Belize ordenando el aplazamiento de las ejecuciones a la espera del resultado de esa apelación. Los dos hombres, que ya habían sido trasladados de sus celdas y a los que ya se habían administrado los últimos ritos, no supieron del aplazamiento de sus ejecuciones hasta 30 minutos antes de la hora prevista para la primera de ellas. El 4 de marzo de 1996, le fue otorgado permiso a Pascual Bull para apelar ante el Comité Judicial, si bien a Herman Mejia le fue denegada tal solicitud. AI ha instado a las autoridades a que conmuten su sentencia.


En otro caso, el presidente del Tribunal Supremo de Belize, Sir George Brown sostuvo, en septiembre de 1995, que el Comité Judicial del Consejo Privado de la Reina carecía de jurisdicción para otorgar permisos para apelar ante el mismo una vez rechazada la petición de clemencia del condenado. Este dictamen fue rechazado el 21 de febrero 1996 por el Comité Judicial en un fallo referido a otro caso. El Comité Judicial dictaminó que, si por motivos justificados, no se había presentado ninguna apelación contra el veredicto con anterioridad a la denegación del derecho de clemencia y se demostrara que podía tratarse de un veredicto injusto, debía ser posible desestimar tal veredicto por motivos jurídicos, independientemente de si se había ejercido la prerrogativa de gracia.


El gobierno de Belize ha declarado que tiene prevista la presentación de proyectos de ley ante el parlamento para abolir el derecho de recurso ante el Comité Judicial.


Desde que Belize consiguó la independencia en 1981 sólo se ha ejecutado a una persona, en junio de 1985. En la actualidad hay nueve condenados a muerte a la espera de ejecución en ese país.


EL PARLAMENTO MOLDAVO VOTA A FAVOR DE LA ABOLICIÓN


Según la información que obra en poder de Amnistía Internacional, el 8 de diciembre de 1995, el parlamento de Moldavia votó unánimemente a favor de retirar la pena de muerte del Código Penal del país y sustituirla por períodos de prisión de entre 25 años y cadena perpetua.


En febrero de 1996, las condenas a muerte de 19 presos que se encontraban a la espera de ser ejecutados fueron conmutadas por penas de cadena perpetua por decreto presidencial. Un portavoz del Ministerio de Justicia declaró, en referencia la decreto, que Moldavia, «una vez más, había demostrado su firme resolución de continuar con las reformas necesarias para la construcción de un Estado verdaderamente democrático».


Amnistía Internacional ha solicitado a las autoridades aclaración acerca de si la decisión parlamentaria ya ha entrado en vigor. La última ejecución llevada a cabo en Moldavia fue en 1990, cuando aún formaba parte de la Unión Soviética.


SUDÁFRICA PREPARA SU CONSTITUCIÓN


Tras el fallo de junio de 1995 del Tribunal Constitucional según el cual la pena de muerte es incompatible con la Constitución provisional del país (véase Noticias sobre la pena de muertede junio de 1995), AI ha hecho un llamamiento a los miembros de la Asamblea Constitucional para que garanticen que Sudáfrica siga siendo abolicionista bajo la Constitución permanente que la Asamblea se encuentra redactando en estos momentos. Actualmente, se están considerando tres opciones relativas al derecho a la vida. Una de ellas retendría la redacción de la Constitución provisional; las otras dos permitirían la pena de muerte como excepción al derecho a la vida. Se prevé que la redacción final de la Constitución será aprobada en mayo.


El Congreso Nacional Africano, que cuenta con una mayoría de aproximadamente dos tercios de la Asamblea Constitucional, sigue una política favorable a la abolición, pero sus miembros son conscientes de la fuerza de la opinión pública, que es favorable a la pena de muerte. El segundo partido más importante, el Partido Nacional, apoya la reintroducción de la pena de muerte. El Partido Democrático, de menor representación parlamentaria, es abolicionista. El Congreso Nacional Africano necesita el apoyo de otros partidos para obtener el voto favorable de dos tercios necesario para adoptar la constitución definitiva. El debate sobre la pena de muerte y otros asuntos controvertidos será crucial en el período previo a la prescripción del plazo de mayo de 1996 fijado para aprobar la nueva Constitución. (NOTA: El fallo del Tribunal Constitucional Sudafricano ha sido reproducido en el Human Rights Law Journal, Vol. 16, Nos. 4-7, del 30 de septiembre de 1995, pp. 154-208. Un artículo de William A. Schabas que comenta el fallo aparece en la misma publicación, en las pp. 133 a 148).


EE. UU.: NOVEDADES EN MATERIA DE PENA DE MUERTE


Los Estados Unidos siguen desafiando las tendencias internacionales, que se alejan cada vez más del uso de la pena de muerte.


Al final de 1995, había unos 3.000 condenados a muerte en 34 estados, lo que es una cifra sin precedentes. También había 14 condenados a muerte más al amparo de la legislación federal militar o civil. Cincuenta y seis fueron ejecutados en 1995, la cifra más alta de ejecuciones desde que los estados de la Unión enmendaron sus legislaciones en materia de pena de muerte a mediados de los años setenta. Al final de 1995, los Estados Unidos habían ejecutado a 313 personas desde 1977.


En marzo de 1995, Nueva York se convirtió en el 38º estado en reintroducir la pena de muerte (véase Noticias sobre la pena de muertede marzo de 1995). Los estados de Montana y Pennsylvania llevaron a cabo sus primeras ejecuciones desde la reintroducción de la pena de muerte en 1977. Texas, con 19 ejecuciones, llevó a cabo más de un tercio de las ejecuciones del año. No se tiene noticia de que se haya otorgado la clemencia administrativa en ningún caso durante 1995.


A finales de 1995 había cuarenta y cuatro delincuentes juveniles condenados a muerte, lo que supone un aumento de siete desde finales de 1994. Todos habían sido condenados por asesinatos cometidos cuando tenían 16 o 17 años de edad. Sin embargo, no se ejecutó a ningún delincuente juvenil en 1995.


Varios de los ejecutados eran enfermos o retrasados mentales. La discriminación racial en el uso de la pena de muerte sigue siendo uno de los principales motivos de preocupación, dado que el 46% de los ejecutados en 1995 procedían de minorías étnicas. También es motivo de preocupación la mala calidad de la asistencia letrada que se proporciona a los acusados de delitos capitales durante los juicios, especialmente tras la aprobación por el Congreso de los Estados Unidos de medidas legislativas por las que se priva de fondos a las Organizaciones de Defensores de Condenados a Muerte, cuyos abogados habían representado a casi la mitad de los sentenciados a la pena capital.


El Congreso también intentó aprobar medidas legislativas que acortarían los plazos de apelación contra estas sentencias, e impondrían plazos para la presentación de recursos de hábeas corpus para los condenados a muerte. (Véase Estados Unidos: Noticias sobre la pena de muerte en 1995, Índice AI: ACT 51/01/96/s).


Desde el comienzo de 1996 se han producido otras novedades. El 21 de febrero, una Corte Federal de Apelación en California confirmó el fallo de un tribunal inferior (de distrito) según el cual el uso de la cámara de gas en ejecuciones infringe la prohibición constitucional contra castigos crueles y excepcionales. «Las conclusiones a las que ha llegado este Tribunal del Distrito sobre el hecho de que la ejecución por gas letal ocasiona dolor extremo, sobre la duración de este dolor extremo, y sobre el riesgo considerable de que el condenado sufra ese dolor durante varios minutos, nos lleva a la conclusión de que ese tipo de ejecución es cruel y excepcional». California aplicará a partir de ahora la inyección letal, método que los críticos de la pena de muerte han denunciado como igual de bárbaro.


Según la información que obra en poder de Amnistía Internacional, Richard Townes Jr., ejecutado por inyección letal en Virginia en enero de 1996, tuvo que esperar 22 minutos sujetado con correas a una mesa

mientras los funcionarios buscaban una vena que pudieran utilizar para la inyección.


El 16 de enero, en Illinois, el Gobernador Jim Edgar conmutó la sentencia de muerte de Guinevere García por cadena perpetua sin opción a libertad condicional a pesar de su deseo expreso de morir. Guinevere García había sido condenada a muerte por el asesinato de su esposo y tenía un historial de abusos y privaciones desde su más tierna infancia. Había renunciado a formular más apelaciones y había luchado contra los esfuerzos de abogados y abolicionistas por salvar su vida. Tras conocer la conmutación, emitió la siguiente declaración a través de su abogado:

«Gracias a Dios que esto ha sucedido».


NOTICIAS BREVES


Colombia- El presidente Ernesto Samper declaró el 21 de febrero que tenía la intención de trabajar por la introducción de la pena de muerte para delitos importantes tales como el «rapto, matanza y asesinato de personas indefensas». Con el fin de conseguirlo, dijo que Colombia denunciaría su adhesión a tratados internacionales que prohíben la pena de muerte o su reintroducción. Esta medida ha provocado una reacción negativa en ciertos círculos del país.


Francia- Philippe Maurice, cuya sentencia de muerte por doble asesinato fue conmutada por la de cadena perpetua en 1981 pocos meses antes de que Francia aboliera la pena de muerte, consiguió doctorarse con honores en diciembre de 1995 por Universidad de Tours. La tesis de Philippe Maurice sobre la vida familiar en el siglo XV era una obra excepcional, según el profesor de historia medieval Bernard Chevalier. «El estudio ha sido el instrumento de su propia rehabilitación», dijo el Profesor Chevalier. «Esto condena la pena de muerte. Ningún hombre es irrecuperable por la sociedad».


Japón- Por primera vez en Japón, un colegio de abogados ha aprobado una resolución por la que se solicita la revisión de la pena de muerte y una suspensión inmediata de las ejecuciones. La Federación de Colegios de Abogados de Kanto, que abarca importantes colegios de abogados de las zonas de Tokio y de Kanto, aprobó una resolución el 29 de septiembre de 1995 en la que se citan las tendencias mundiales favorables a la abolición y otros factores como motivos para emprender esa revisión.


Filipinas- Un proyecto de ley por el que se designa la inyección letal como método de ejecución fue aprobado en febrero por la Cámara de Representantes, la cámara baja del Congreso de Filipinas; la cámara alta, el Senado, ya había dado su aprobación a la medida. En el proyecto de ley se prevé asimismo que las ejecuciones deben llevarse a cabo en el plazo de un año después del pronunciamiento de la sentencia. El proyecto se convirtió en Ley tras la firma del mismo por el presidente Fidel Ramos en marzo.


Taiwán- Tres hombres que se exponen a ser ejecutados pueden haber sido condenados injustamente al haberse basado sus sentencias en confesiones extraídas bajo tortura. Su Chien-ho, Liu Ping-lang y Chuang Lin-hsiung fueron condenados a muerte por el asesinato de dos personas en marzo de 1991. Sus apelaciones fueron rechazadas a pesar de la preocupación generalizada por el hecho de que fueran sentenciados tras haber sido torturados y obligados a firmar «confesiones». Después de su detención el 15 de agosto de 1991, fueron recluidos por la policía durante al menos 24 horas, tiempo en el que afirman haber sido agredidos, golpeados y forzados a beber jugo de pimienta y orines. El registro del estado de salud de nuevos detenidos en el Centro de Detención de Shilin señala que a su llegada al centro, Chuang Lin-hsiung tenía cicatrices en la cabeza y Su Chien-ho las manos hinchadas y la rodilla derecha magullada.


El Fiscal General Chen Han ha presentado tres recursos especiales al Tribunal Supremo en nombre de estos presos. Según la información que obra en poder de Amnistía Internacional, en marzo de 1995 declaró: «No deseo influir en el fallo del Tribunal ni decir que los acusados son inocentes, pero debería haber más pruebas en apoyo de una sentencia de muerte». La última de estas apelaciones fue rechazada en agosto de 1995. Al mismo tiempo, la Fiscalía del Distrito de Shilin decidió no presentar cargos contra los cuatro agentes de policía que, según se dice, torturaron a los tres hombres.


En 1995 en Taiwán fueron condenadas a muerte al menos 15 personas y tres fueron ejecutadas.


Tailandia- Según la información de que dispone Amnistía Internacional, la primera ejecución en Tailandia desde 1987 se produjo el 28 de enero de 1996 cuando Prommas Leamsai, condenado a muerte por el asesinato de un policía en la década de los ochenta, fue ejecutado en la Prisión de Máxima Seguridad de Bangkwang, en la capital, Bangkok, por un pelotón de fusilamiento que utilizó ametralladoras. Desde 1987 el Rey ha conmutado las condenas a muerte en el marco de una serie de indultos para conmemorar aniversarios reales. En la actualidad hay más de 200 condenados a muerte en Tailandia.


Zimbabue- El ahorcamiento de Morgan Dikwi en la Prisión Central de Harare el 7 de diciembre de 1995 ha sido la primera ejecución que se lleva a cabo en Zimbabue desde 1988. Un segundo condenado a muerte, Paisen Beaton, fue ejecutado el 6 de febrero de 1996. Ambos habían sido condenados a muerte por asesinato. Hay más de 100 condenados a muerte en ese país.



MÁS DE LA MITAD DE LOS PAÍSES DEL MUNDO SON ABOLICIONISTAS EN LA ACTUALIDAD


La última Lista de Países Abolicionistas y Retencionistas elaborada por Amnistía Internacional (Índice AI: ACT 50/10/95/s) demuestra que, a partir de noviembre de 1995, 56 países y territorios habían abolido la pena de muerte para todos los delitos y 15 para todos los delitos salvo los excepcionales, como ciertos delitos en tiempo de guerra. Al menos 30 países y territorios que retienen la pena de muerte en su legislación son considerados abolicionistas de hecho dado que no se ha llevado a cabo ninguna ejecución en ellos desde hace al menos 10 años o porque se han comprometido ante la comunidad internacional a no realizar ejecuciones. Noventa y tres países retienen y utilizan la pena de muerte.


SE HAN REGISTRADO CERCA DE 3.000 EJECUCIONES EN TODO EL MUNDO EN 1995


Amnistía Internacional ha publicado las cifras de ejecuciones y sentencias de muerte correspondientes a 1995. Durante ese año, al menos 2.931 condenados a muerte fueron ejecutados en 41 países y 4.165 personas fueron condenadas a muerte en 79 países. Estas cifras sólo abarcan aquellos casos de los que Amnistía Internacional tiene conocimiento; con toda seguridad, las cifras reales son más altas. Como en años anteriores, la mayor parte de las ejecuciones se llevaron a cabo en un pequeño número de países: se han documentado 2.190 ejecuciones en China, 192 en Arabia Saudí y cerca de 100 en Nigeria.


EL RELATOR ESPECIAL DE LA ONU INSTA A QUE NO SE APLIQUE LA PENA CAPITAL EN LOS CASOS RELACIONADOS CON LOS ESTUPEFACIENTES


En su último informe a la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, el Relator Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias ha hecho un llamamiento en favor de que no se aplique la pena de muerte a los delitos relacionados con las drogas ni a los delitos económicos.


El Relator Especial señala que, según las Salvaguardias para Garantizar la Protección de los Derechos de los Condenados a la Pena de Muerte aprobadas por el Consejo Económico y Social de la ONU en 1984, el alcanze de la aplicación de la pena máxima «se limitará a los delitos intencionales que tengan consecuencias fatales u otras consecuencias extremadamente graves». Según el Relator, puede concluirse por ello que la pena de muerte debe eliminarse para crímenes tales como el delito económico y los relacionados con los narcóticos.


El Relator ha recomendado, asimismo, que los Estados establezcan en su legislación interna un período de por lo menos seis meses antes de que pueda llevarse a cabo la ejecución de una sentencia de muerte impuesta por un tribunal de primera instancia, con el fin de que haya un plazo adecuado para la presentación de apelaciones ante un tribunal superior y de solicitudes de clemencia. Con ello se impediría la ejecución apresurada de convictos y se impediría asimismo la ejecución de personas que aún tuvieran apelaciones pendientes. Además, se debería informar exhaustivamente a las autoridades encargadas de llevar a cabo la ejecución sobre la situación en que se encuentran las apelaciones y solicitudes de clemencia del condenado en cuestión, y se les debería dar instrucciones de no efectuar una ejecución mientras estuviera pendiente alguna apelación u otro procedimiento relativo al indulto o conmutación de la sentencia.


El Relator Especial expresa preocupación por diversas situaciones, entre las que destacan:


! el aumento en el número de delitos que se pueden castigar con la muerte;


! condenas a muerte impuestas a delincuentes juveniles y retrasados mentales;


! los órganos extraídos de condenados ejecutados para ser utilizados en operaciones de trasplantes;


! la reserva informativa en torno al uso de la pena de muerte.


(Extrajudicial, Summary or Arbitrary Executions; Report of the Special Rapporteur..., Documento de la ONU nº E/CN.4/1996/4, del 25 de enero de 1996).



RATIFICACIONES DE TRATADOS INTERNACIONALES


Sigue creciendo el número de países que se adhieren a tratados internacionales sobre la pena de muerte. En 1995 tres países pasaron a ser Estados Partes del Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, cuyo objeto es la abolición de la pena de muerte, por lo que asciende a 29 el total de los Estados que son parte de este tratado.. Macedonia se adhirió al Segundo Protocolo Facultativo el 26 de enero de 1995, y Croacia lo hizo el 12 de octubre de 1995. Italia ratificó el Protocolo el 14 de febrero de 1995.Al final del año, 23 países eran Estados Partes del Sexto Protocolo del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos relativo a la abolición de la pena de muerte. Tres países han pasado a ser Estados Partes del Protocolo de la Convención Americana sobre Derechos Humanos relativo a la abolición de la pena de muerte. Varios países más habían firmado uno o varios de estos protocolos, indicando su intención de ratificarlos con posterioridad.


La siguiente tabla muestra los Estados Partes y los que han firmado los tres tratados contra la pena de muerte a partir del 1 de enero de 1996.







TRATADO INTERNACIONAL

ESTADOS QUE HAN FIRMADO PERO AÚN NO HAN RATIFICADOESTADOS PARTES



Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de

Derechos Civiles y Políticos relativo a la abolición de la pena de muerte.

Bélgica, Costa Rica, Honduras, Nicaragua

Alemania, Australia, Austria, Croacia, Dinamarca, Ecuador, Eslovenia, España, Finlandia, Hungría, Irlanda, Islandia, Italia, Luxemburgo, Macedonia, Malta, Mozambique, Namibia, Noruega, Nueva Zelanda, Países Bajos, Panamá, Portugal, Rumanía, Seychelles, Suecia, Suiza, Uruguay, Venezuela




Sexto Protocolo del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales relativo a la abolición de la pena de muerte.




Bélgica, Estonia, Grecia

Alemania, Austria, Dinamarca, Eslovenia, España, Finlandia, Francia, Hungría, Irlanda, Islandia, Italia, Liechtenstein, Luxemburgo, Malta, Noruega, Países Bajos, Portugal, República Checa, República Eslovaca, Rumanía, San Marino, Suecia, Suiza.




Protocolo de la Convención Americana sobre Derechos Humanos relativo a la abolición de la pena de muerte.

Brasil, Costa Rica, Ecuador, Nicaragua

Panamá, Venezuela, Uruguay







ÍNDICE DE NOTICIAS SOBRE LA PENA DE MUERTE - 1995



PAÍS

FECHA

ASUNTO




Albania

9/95

Moratoria sobre las ejecuciones




Arabia Saudí

6/95


9/95

AI hace un llamamiento en favor de siete somalíes

Las ejecuciones provocan protestas en Turquía




Bélgica

12/95

Bélgica va a abolir la pena de muerte




Belize

9/95

El Consejo Privado otorga un aplazamiento de ejecución




Botswana

9/95

Cinco personas ejecutadas




Canadá

9/95

Encuesta muestra apoyo público a la pena de muerte




China

6/95

rd

9/95


12/95

Amplia gama de delitos castigados con la muerte

Ejecuciones antes de la conferencia de la ONU

Pena de muerte por fraude




Costa de Marfil

6/95

Propuesta de aplicación de la pena de muerte




El Salvador

6/95

Planes para reinstaurar la pena de muerte




Emiratos Árabes Unidos

12/95

Empleada del hogar filipina salvada




España

6/95

12/95

Votación en el Congreso

Se convierte en Estado totalmente abolicionista




Estados Unidos

3/95

3/95


3/95


3/95


6/95


6/95

9/95


9/95

12/95

Mississippi - el estado demandado

Nueva York - reinstauración de la pena de muerte

Texas - hombre ejecutado con dudas sobre su culpabilidad

Programada primera ejecución federal

Nuevas encuestas; estudio sobre el papel del jurado

Illinois - médicos y ejecuciones

Pennsylvania - otorgado aplazamiento de ejecución

Missouri - médicos y ejecuciones

Pennsylvania - rechazada una apelación




Filipinas

9/95

El país carece de fondos para ejecutar a condenados




Gambia

9/95

Reintroducción de la pena de muerte




Guatemala

6/95

Propuesta de extensión de la aplicación de la pena de muerte




Irán

6/95



9/95

Parlamento rechaza proyecto de pena de muerte para estraperlistas

Ejecución de antiguo Jefe de Policía anti-droga




Italia

6/95

Se convierte en Estado Parte del Segundo Protocolo Facultativo del PIDCP




Kazajstán

9/95

Protesta de AI por ejecución televisada




Kuwait

6/95

Pena de muerte para delitos relacionados con el tráfico de drogas




Lituania

3/95

Aprobación de legislación que prevé apelaciones en casos de pena de muerte




Macao

12/95

La abolición continuará




Macedonia

6/95

Se convierte en Estado Parte del Segundo Protocolo Facultativo del PIDCP




Mauricio

9/95

Abolición de la pena de muerte pero el Presidente se niega a firmar la ley




Moldavia

9/95

Moratoria de ejecuciones




Nigeria

9/95

12/95

Ejecuciones públicas

Ejecución de líderes ogoni




Paquistán

3/95

Absolución de muchacho de 14 años




Papúa Nueva Guinea

3/95

Primera sentencia de muerte




Polonia

9/95

Proyecto de ley abolicionista




Ruanda

12/95

Imposición de sentencias de muerte




Sudáfrica

3/95


6/95

9/96

Sesión del Tribunal Constitucional

Fallo del Tribunal Constitucional

Reacción tras el fallo

b


Sri Lanka

9/95

No se toma la decisión de aplicar la pena de muerte



Santa Lucía

12/95

Primera ejecución en nueve años




San Vicente

3/95

Ahorcamiento de tres hombres




Trinidad y Tobago

12/95

Fallo del Consejo Privado sobre retrasos en el corredor de la muerte




Turquía

3/95

Parlamentarios kurdos eluden la pena de muerte




Ucrania

9/95

12/95

Publicación de estadísticas

Moratoria sobre ejecuciones




Vaticano

6/95

Encíclica papal




Crítica de Libros

3/95

6/95

The Maquinaria de la Muerte... - AIUSA

La Cámara - John Grisham




Tratados Internacionales sobre la Pena de Muerte

3/95

Estados firmantes y Estados partes el 1 de enero de 1995




Ejecuciones de delincuentes juveniles

9/95

Estudio de AI




Pax Christi

12/95

Hace un llamamiento en favor de una reformulación de la postura de la Iglesia sobre la pena de muerte




Naciones Unidas

9/95

Nuevo informe quinquenal de la ONU sobre la pena capital






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