Document - The death penalty: No solution to illicit drugs

LA PENA DE MUERTE


NO ES LA SOLUCIÓN A LAS DROGAS ILEGALES




1. INTRODUCCIÓN(1)


El tráfico y el consumo de drogas plantean graves problemas a la comunidad mundial. Como el entonces secretario general de las Naciones Unidas (ONU), Javier Pérez de Cuéllar afirmó en 1985, «las drogas ilegales, dondequiera que se producen o consumen, contaminan y corrompen, debilitando el entramado mismo de la sociedad. El aumento a escala mundial está destruyendo innumerables vidas útiles... El sufrimiento de los individuos no es el único precio. Las drogas ilegales y el delito van de la mano. La atracción ejercida por la perspectiva de obtener enormes beneficios constituye una poderosa motivación para los criminales, y el tráfico de drogas conlleva con frecuencia otros actos delictivos como el soborno, el hurto, la corrupción de funcionarios públicos e, incluso, el asesinato... Es preciso señalar también que el tráfico de drogas ilegales representa una carga pesada para muchas economías nacionales. El coste se mide literalmente en miles de millones de dólares, que incluyen el tiempo perdido en los centros de trabajo, la importante carga que supone para el sistema judicial y penal, y el tratamiento y la rehabilitación de drogadictos»(2).


En respuesta a la amenaza de la droga, alrededor de veintiséis países han aprobado leyes mediante las cuales los delitos relacionados con las drogas se castigan con la muerte(3). Siete de ellos lo han hecho desde 1986(4), contrariamente al objetivo de la ONU de reducir el ámbito de la pena capital y haciendo caso omiso de la tendencia mundial de abolición de la pena de muerte. Miles de presos condenados por delitos relacionados con las drogas han sido ejecutados, la mayoría tras haber sido sometidos a juicios injustos.

El motivo aducido para la pena de muerte es que ésta disuade de forma más eficaz a los traficantes que otros castigos. Pero, a pesar de los millares de ejecuciones que se han llevado a cabo, no existen pruebas evidentes de que la pena de muerte haya tenido un efecto apreciable en la disminución del narcotráfico y el consumo de drogas. En los países en los que se ha introducido la pena de muerte para los delitos relacionados con las drogas, y en los que se han llevado a cabo ejecuciones, a Amnistía Internacional no le consta que una disminución del tráfico pueda atribuirse claramente a la amenaza o al uso de la pena capital.


La pena de muerte parece haberse introducido sin que se hayan analizado los riesgos que puede entrañar, entre ellos que los traficantes, ante la posibilidad de ser condenados a muerte, estén más dispuestos a matar para evitar ser capturados; mayor peligro para los agentes encargados de hacer cumplir la ley(5); que los pequeños traficantes o, incluso, los consumidores de drogas sufran la pena de muerte, mientras que los que se hallan detrás de los delitos escapen a la captura y al castigo; que el aumento de la severidad de las penas pueda elevar el precio de las drogas, haciéndole el juego al crimen organizado y atrayendo a los delincuentes experimentados, dispuestos a hacer frente al peligro y a sus consecuencias.


Con las prisas por introducir la pena de muerte para delitos relacionados con las drogas, algunos países han promulgado leyes que socavan las normas internacionales sobre juicios justos, con lo que aumenta el riesgo inherente de ejecutar a inocentes.


Aunque la pena capital se ha introducido en ciertos países, en otros se está rechazando. Nigeria la abolió para los delitos relacionados con las drogas en 1986, tras producirse protestas generalizadas por varias ejecuciones(6). Turquía abolió la pena de muerte por narcotráfico en 1990, como parte de una reducción general de los delitos que se castigaban con la muerte(7). En 1992 Mauricio declaró inconstitucional (8) el artículo de la ley en virtud de la cual se había introducido la pena de muerte por narcotráfico en 1986.



Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos, ya que constituye el castigo más cruel, inhumano y degradante, y viola el derecho a la vida. Amnistía Internacional apela a la clemencia dondequiera que existan casos de pena de muerte y trabaja para que la pena de muerte se suprima de las leyes de todo el mundo.


Amnistía Internacional confía en que los datos y las opiniones que se presentan en este documento convenzan a los gobiernos de la inutilidad y la injusticia de utilizar la pena de muerte para solucionar el problema de la droga. Insta a que no se lleven a cabo más ejecuciones y a que se deroguen las leyes que estipulan la pena de muerte. La información que se presenta en este documento pone de manifiesto que la ausencia de la pena capital no perjudicará los esfuerzos que se realizan para luchar contra el narcotráfico y el consumo de drogas, sino que, incluso, podría reforzarlos.




2. LA EXPERIENCIA DE LOS PAÍSES


Introducción de la pena de muerte: La falta de debate



A finales de los años setenta pareció surgir un consenso internacional para abolir la pena de muerte. En 1971, la Asamblea General de la ONU, invocando el derecho a la vida que proclaman las normas internacionales de derechos humanos, pidió la progresiva limitación del número de delitos punibles con la muerte, estableciendo la conveniencia de que se suprimiera el castigo. La Asamblea General reafirmó su postura en 1977(9).


Desde los años setenta se ha producido un creciente apoyo internacional a su abolición. El Comité de Derechos Humanos, creado en virtud del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, declaró en 1982 que el artículo 6 del Pacto «hace referencia, en términos generales, a la abolición [de la pena de muerte] en términos que indican firmemente... la conveniencia de la abolición»(10). El Relator Especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias ha afirmado que «el ámbito de aplicación de la pena de muerte no debe ampliarse nunca»(11) y ha pedido a todos los gobiernos que hagan todos los esfuerzos por abolir la pena de muerte(12).


El apoyo a la abolición de la pena de muerte se corresponde con las decisiones que han tomado ciertos países. Desde 1976, más de dos países al año han suprimido, como promedio, la pena de muerte de sus leyes, o bien, si la habían abolido para delitos comunes, han acabado por suprimirla para todo tipo de delitos. En la actualidad, más de la mitad de todos los países han abolido la pena de muerte legalmente o en la práctica(13). Como se advertía en el último informe quinquenal del secretario general de la ONU sobre la pena capital, presentado al Consejo Económico y Social de la ONU en 1995, «un número sin precedente de países ha abolido o suspendido el uso de la pena de muerte»(14).


La introducción de la pena de muerte para delitos relacionados con las drogas es contraria a la fuerte tendencia que propugna su abolición. Sin embargo, el motivo que existe tras esa tendencia -el reconocimiento de que la pena de muerte viola los derechos humanos fundamentales- parece que se ha pasado, en general, por alto en los debates nacionales sobre las nuevas medidas penales. La pena de muerte para loa delitos de esa índole se ha introducido sin que se debatiera seriamente el hecho de que viola las normas de derechos humanos, que se consagran en muchas constituciones nacionales y que proclaman los gobiernos internacionalmente.


Un segundo aspecto que no parece haberse debatido detenidamente es la cuestión del efecto disuasorio(15). El motivo por el que la pena de muerte se suma a las armas ya existentes en la lucha contra las drogas estriba en la afirmación de que disuade a los traficantes de forma más eficaz que otros castigos, con lo cual se reduce el problema de la droga. No cabe duda de que muchos funcionarios y parte del público lo creen de verdad así; pero el hecho de que no existan pruebas de que posea un efecto disuasorio especial en el caso de otros delitos debería ser motivo de escepticismo(16). En los dabates nacionales no se han aducido argumentos criminológicos con fundamento que justifiquen que tiene un efecto disuario, o éstos han sido escasos(17).



La pena de muerte para los «delitos más graves»: diferencias en el ámbito de aplicación de los países


Entre las medidas que se han adoptado en diferentes países existen grandes diferencias. Algunas leyes limitan la pena de muerte al tráfico con drogas derivadas de la adormidera como el opio, la morfina y la heroína. Otros países incluyen la marihuana, la cocaína y las drogas sintéticas. Se ha ejecutado a presos por traficar con cannabís, droga cuya utilización se considera en algunos países delito menor o ni siquiera está penalizada(18). En Arabia Saudí, la ley simplemente establece que las personas que introduzcan drogas de contrabando en el país serán castigadas con la muerte, sin precisar para qué drogas está previsto el uso de la pena de muerte.


Las normas internacionales de derechos humanos subrayan que en los lugares en los que no se ha abolido la pena de muerte, debería limitarse el ámbito de aplicación a los delitos más graves(19). Algunas leyes limitan la aplicación de la pena de muerte a los delitos más graves de narcotráfico mediante mecanismos que consisten, por ejemplo, en especificar una cantidad mínima elevada de droga, pero en otras leyes el ámbito de aplicación es sumamente amplio. Algunas leyes castigan con la muerte la posesión de drogas, lo que conlleva el riesgo de ejecutar no sólo a los traficantes, sino también a los adictos. En al menos un país, Sri Lanka, la ley permite ejecutar legalmente a una persona por poseer dos gramos de heroína, cantidad que un adicto empernido puede consumir en un día.


Las diferencias entre países en el ámbito de aplicación de la pena de muerte se corresponden con las enormes diferencias existentes en el uso de la pena de muerte. Algunos países, tras introducir la pena de muerte no han ejecutado a nadie, pero al menos once de los países cuyas leyes establecen la pena de muerte para los delitos relacionados con las drogas han puesto este castigo en práctica. La inmensa mayoría de las ejecuciones se han producido en sólo dos países: Irán y China(20). En estos dos países, donde se ha ejecutado a más de mil presos por delitos relacionados con las drogas, la aplicación de la pena de muerte se caracteriza por el desprecio a las normas internacionales sobre juicios justos. Las ejecuciones se han llevado a cabo en oleadas, con frecuencia en conexión con campañas antidroga muy divulgadas. En Irán, más de mil personas fueron ejecutadas sólo en 1989, tras entrar en vigor una nueva ley que establecía la obligatoriedad de la pena de muerte para una amplia variedad de delitos relacionados con las drogas. Desde 1991, China ha elegido el 26 de junio, que la ONU declaró Día Internacional contra el Consumo de Drogas y el Narcotráfico, como una ocasión para llevar a cabo sus ejecuciones.



Ausencia de juicios justos y riesgo de ejecutar a inocentes


Las normas internacionales hacen hincapié en la necesidad de cuidar al máximo los procedimientos jurídicos que se siguen en los casos de pena de muerte(21). Pero, debido a las prisas por introducir la pena de muerte para delitos relacionados con las drogas, algunos países han promulgado leyes que socavan las normas para la realización de juicios con las debidas garantías internacionalmente aceptadas. La presunción de inocencia queda debilitada por el hecho de que ciertas leyes disponen que la posesión de drogas constituirá una prueba de tráfico, a menos que se demuestre lo contrario(22).


En algunos países, a las personas que presuntamente han cometido delitos relacionados con las drogas se les juzga en tribunales especiales o de acuerdo a procedimientos especiales en los que las salvaguardias para un juicio justo son reducidas o inexistentes. En China, las medidas que se introdujeron en 1983 para acelerar los trámites procesales en algunas causas penales permitieron a los tribunales llevar a los acusados a juicio sin entregarles por adelantado una copia del acta de acusación, y sin avisarles del juicio o notificar la citación con antelación a todas las partes implicadas; el plazo para recurrir una sentencia se redujo de 10 a tres días. En Irán, a los presos acusados de delitos penales se les ha ejecutado tras haber sido sometidos a juicios sumarios sin abogado defensor y sin derecho a recurso. En Arabia Saudí, muchas condenas a muerte se fundamentan únicamente en una confesión, costumbre que en ausencia de salvaguardias básicas contra la tortura constituye un estímulo para que los interrogadores coaccionen a los acusados o, incluso, les inflijan torturas o malos tratos para obligarles a «confesar».


En todo sistema judicial, independientemente de la corrección de los trámites, siempre existe una posibilidad de error en la condena. Pero la pena de muerte es irrevocable: una vez que se ha ejecutado a una persona inocente, no existe reparación ni para ella ni para su familia. Si los trámites judiciales son reducidos aumentará el riesgo de ejecutar a un inocente. Se ha ejecutado a presos por delitos de droga a pesar de las fuertes dudas que había sobre su culpabilidad.


En junio de 1985 se arrestó en Indonesia a Maniam Manusami, malaisio, que en el momento de su detención llevaba heroína; reconoció haberla introducido en el país de contrabando, pero afirmó que le había pagado otro malaisio, un hombre de negocios, Chan Ting Chong, con quien compartía la habitación de un hotel. Chang Ting Chong negó su participación, pero fue condenado a muerte; Maniam Manusami fue condenado a cadena perpetua. En abril de 1986 el Tribunal Superior desestimó el recurso de Chan Ting Chong contra la condena a muerte. Según informes, en agosto de 1986 Maniam Manusami escribió al Tribunal Supremo diciendo que había implicado falsamente a Chan Ting Chong, a quien había conocido por casualidad a su llegada al aeropuerto unos días antes de que les detuvieran, y que no sabía nada acerca de las drogas. Amnistía Internacional escribió al presidente Suharto de Indonesia pidiéndole que, en vista de las nuevas pruebas, se volviera a ver el caso del Sr. Chan, y que se conmutara su sentencia. Nunca se recibió respuesta a esa carta. El Tribunal Supremo desestimó el recurso de Chan Ting Chong en 1990, y el presidente Suharto rechazó su petición de clemencia en 1991. El 13 de enero de 1995, Chan Ting Chong fue fusilado por un pelotón de ejecución.


En Egipto, 10 ciudadanos extranjeros fueron ejecutados por contrabando de drogas el 24 de abril de 1994. Se les había arrestado en 1988, a su llegada en un barco cargado de opio, heroína y hachís. Antes de las ejecuciones, el capitán del barco, sudanés, dijo a los periodistas que era inocente, y acusó al dueño del barco de entregarle una carga cuyo contenido desconocía. Un marinero sudanés afirmó que él tampoco sabía nada de la carga.

Hassim Escandar, inmigrante filipino, fue ejecutado en Malaisia el 30 de abril de 1993. Su acusación se basaba en que la policía había hallado en su poder las llaves que abrían el candado de una bolsa que contenía cannabís, y que se encontraba en el autobús en que él viajaba. El afirmó que las llaves se habían hallado en poder de otro viajero. En un principio, se acusó también al otro viajero, pero más tarde fue liberado. No se llamó a testificar en el juicio a ninguno de los otros viajeros, y a su abogado defensor no se le dio oportunidad de interrogarles.


En al menos cuatro ocasiones en 1986, el Tribunal Supremo de Malaisia anuló condenas a muerte que los Tribunales Superiores habían impuesto a presuntos narcotraficantes. El Tribunal puso en libertad a tres presos, fundándose en que se habían producido «graves irregularidades en el proceso de presentación de pruebas» y en que la acusación había presentado a los Tribunales Superiores «pruebas inadmisibles». En un caso, el Tribunal Supremo redujo a cinco años de prisión una condena a muerte que había impuesto el Tribunal Superior, tras establecer que se había pesado incorrectamente la droga que se había encontrado en poder de un presunto traficante, y que ésta no se correspondía con la cantidad exigida para una condena a muerte obligatoria(23).


Aunque en varios países la pena de muerte es facultativa para la mayor parte de los delitos relacionados con las drogas, al menos doce países tienen leyes que establecen su obligatoriedad para algunos de estos delitos(24). Las penas de muerte preceptivas han sido duramente criticadas por motivos judiciales: se ha afirmado que violan el debido procedimiento jurídico, ya que suprimen la discreción de los jueces para cambiar la severidad del castigo dependiendo de las circunstancias del caso(25). En al menos dos países, se ha rechazado por motivos constitucionales la pena de muerte obligatoria para homicidios(26).



No existen pruebas de que tenga un efecto disuasorio especial


El motivo que normalmente se aduce para la introducción de la pena de muerte por delitos relacionados con las drogas es que contribuye a la lucha contra las drogas, ya que disuade a los traficantes potenciales. Sin embargo, nunca se ha demostrado que esto sea cierto. En los países en los que se ha introducido la pena de muerte para los delitos de esa índole, y en los que se han llevado a cabo ejecuciones, Amnistía Internacional no tiene pruebas de que se haya producido una disminución del narcotráfico que pueda atribuirse claramente a la amenaza o al uso de la pena de muerte.


En Arabia Saudí, las autoridades responsables de la lucha contra el narcotráfico han afirmado que los delitos relacionados con las drogas han disminuido en un 50% desde que se introdujo la pena de muerte en 1987. Pero, como en 1993 empezó a aumentar el número de ejecuciones por delitos de droga, las autoridades han atribuido el aumento a un incremento del tráfico, lo que contradice implícitamente las afirmaciones de las autoridades acerca de la eficacia del castigo.


Más de 2.900 personas han sido ejecutadas por delitos relacionados con las drogas en Irán desde la revolución de 1979; sin embargo, según la Comisión Internacional de Control de Estupefacientes, Irán sigue siendo la ruta principal de tráfico de heroína procedente de Afganistán y Paquistán hacia los mercados europeos. China ha llevado a cabo varios cientos de ejecuciones, ampliamente divulgadas, de presuntos traficantes, especialmente en las provincias cercanas a la zona productora de drogas denominada el «Triángulo de oro», pero el mismo informe señala que los traficantes han creado una ruta terrestre en China para transportar la heroína desde el «Triángulo de oro», y que el desarrollo de rutas aéreas y ferroviarias ha conducido a «un aumento de la delincuencia relacionada con las drogas». En Malaisia, donde más de doscientas personas han sido ejecutadas por delitos relacionados con las drogas desde 1975, el informe señala que «la disponibilidad cada vez mayor de heroína ha contribuido a la creciente demanda de esa droga en Malaisia»(27).


En un artículo en el que se opone al uso de la pena de muerte para ese tipo de delitos, Ezzat A. Fattah, profesor de Criminología en la Universidad Simon Fraser de Burnaby, Columbia Británica, Canadá, ha narrado su experiencia como joven fiscal asignado a casos de drogas en Alejandría, Egipto, cuando en 1952 se introdujo la pena obligatoria de cadena perpetua y trabajos forzados en un intento de acabar con el tráfico de opio y hachís:


«Los resultados de la nueva ley de drogas fueron los contrarios a lo que sus creadores querían. Los narcotraficantes idearon muchos métodos ingeniosos para ejercer su comercio sin ser detectados. La tarea de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley de drogas no sólo se hizo más difícil, sino también sumamente peligrosa. Los contrabandistas y los traficantes estaban dispuestos a emplear violencia, incluso en su forma última, para eludir la detección y evitar el arresto. En lugar de reducir el volumen del tráfico de drogas, la nueva ley hizo que la policía abandonara poco a poco los casos poco importantes. En un gran número de casos los jueces eran bastante reacios a condenar y a absolvían a los acusados bien por una supuesta falta de pruebas, o simplemente por cuestiones formales. Además, con el mayor riesgo teórico que suponía el narcotráfico, el precio de las drogas subió rápidamente y la perspectiva de los grandes beneficios atrajo a nuevos traficantes al mercado ilegal de la droga. En resumidas cuentas, la nueva ley no mejoró la situación respecto a las drogas en Egipto, y en muchos aspectos la empeoró. Su aplicación proporcionó una prueba irrefutable, si es que se necesitaba alguna, de que los castigos severos no son la solución al problema de las drogas, ya que éstos nunca han sido la respuesta al problema de la delincuencia»(28).


Diferentes autoridades han señalado que la pena de muerte no posee un efecto disuasorio eficaz contra el narcotráfico. Según informes, el inspector general en funciones de la Policía de Malaisia afirmó en enero de 1985 que la pena de muerte «no parece haber disuadido a los traficantes». Según informes recibidos, el viceministro del Interior de Malaisia afirmó en febrero de 1986 que el número de narcotraficantes estaba aumentando, a pesar de la pena de muerte preceptiva.


En diciembre de 1985, el Grupo de Expertos de la ONU en Contramedidas para el Contrabando de Drogas por Mar y Aire se refirió a la falta evidente de un efecto disuasorio especial. Según el informe de la reunión,


« ...según la experiencia de varios expertos, el hecho de que la pena capital figuraba en varias legislaciones como el castigo máximo no disuadía especialmente de realizar tráfico de drogas; en algunos casos incluso dificultaba el procesamiento, porque los tribunales de justicia se sentían inclinados a requerir pruebas más convicentes cuando existía la posibilidad de una condena a muerte o ésta era preceptiva... El factor disuasorio más eficaz era, sin duda, la certeza de la detección y la detención»(29).



Ejecución de extranjeros


El carácter internacional del narcotráfico origina una complicación suplementaria cuando se acusa y condena a muerte a ciudadanos extranjeros. Puede que los ciudadanos extranjeros no conozcan las leyes del país donde se les juzga, y que tengan dificultades para entender los cargos de los que se les acusa o para participar en los procedimientos si los medios de interpretación son inadecuados(30). Los gobiernos de sus países de origen desean proteger a sus ciudadanos en el extranjero, pero, según las leyes del país en cuestión, sus peticiones de clemencia, aunque sean por motivos humanitarios, pueden provocar acusaciones de injerencia en la actuación de la justicia. Al gobierno del país que condena a muerte a un extranjero también se le pone en un dilema. Si lleva a cabo la ejecución, se arriesga a que se produzca un deterioro de las relaciones con el gobierno del país de origen del preso. Si la ejecución no se lleva a cabo, podría afirmarse que se aplica un doble rasero.


Desde 1975 se ha ejecutado fuera de sus países a personas de al menos 25 países y territorios por delitos relacionados con las drogas(31). Algunas ejecuciones han provocado gran alboroto y han perturbado las relaciones entre países.


Otra complicación internacional es que la existencia de la pena de muerte en un país puede hacer que los gobiernos de los países abolicionistas no estén dispuestos a extraditar a los detenidos al país en cuestión. Los países abolicionistas no acostumbran normalmente a extraditar a los delincuentes detenidos a un país en el que podrían ser ejecutados(32).



3. LA LUCHA CONTRA LAS DROGAS



Los gobiernos utilizan una amplia variedad de medidas en la lucha contra las drogas. Entre éstas figuran la erradicación de los cultivos que son fuente de narcóticos y el establecimiento de fuentes alternativas de ingresos para los agricultores; la mejora de los medios para la detección del contrabando; la incautación de cargas y la destrucción de laboratorios clandestinos; la confiscación de los beneficios adquiridos ilegalmente; la educación para evitar el consumo de drogas; y el tratamiento y rehabilitación de drogadictos.


Existe un fuerte compromiso internacional en relación con el llamamiento que en 1985 realizó el secretario general de la ONU, acerca de la «tarea global» de reducir la plaga de las drogas ilegales. Al mismo tiempo, parece reconocerse cada vez más la necesidad de establecer diversas medidas, y también que no existen soluciones simples. El problema es ahora más complejo, ya que el narcotráfico no sólo estimula, sino que también satisface una gran demanda de drogas ilegales. Lejos de que la sociedad lo condene universalmente, millones de personas practican voluntariamente el consumo de drogas(33).

En opinión del profesor Frits Rüter, de la Universidad de Amsterdam, como afirmaba en un artículo publicado en 1986, utilizar el derecho penal para erradicar el problema de la droga es simplemente intentar «conseguir lo inalcanzable». Las medidas para hacer cumplir la ley hace que los costes de los traficantes se eleven, pero «los traficantes los pasan al consumidor», y el consumidor se los pasa al público a través de robos, robos con escalo y de otros delitos relacionados con las drogas. «La detención de los traficantes no resulta de gran utilidad porque la cúpula de la organización permanece fuera de alcance y los pequeños traficantes y correos son rápidamente sustituidos. Las enormes ganancias garantizan que nunca exista escasez de nuevos miembros...Por consiguiente, las medidas para hacer cumplir la ley no frenan el comercio. En su lugar, alientan el narcotráfico y, ciertamente, resultan fundamentales para su supervivencia(34).




4. LA OPINION INTERNACIONAL


En la lucha contra la droga existe una gran cooperación entre los países, tanto en el plano bilateral como a través de las Naciones Unidas. En la Asamblea General y otras reuniones se ha debatido reiteradamente las medidas que deben adoptarse en esa lucha. Pero la ONU nunca ha apoyado la idea de utilizar la pena de muerte para suprimir el tráfico y el consumo de drogas.


En 1987 la ONU organizó una conferencia mundial ministerial. La Conferencia de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas, celebrada del 17 al 26 de junio de 1987 en Viena, aprobó por consenso el Plan Amplio y Multidisciplinario Provisional de Actividades Futuras en Materia de Fiscalización del Uso Indebido de Drogas. Estructurado en epigrafes que comprenden 35 objetivos, el esbozo incluye medidas tales como la prevención y la reducción de la demanda a través de la educación y del control en los centros de trabajo; la mejora de programas para el tratamiento de adictos; el control del suministro mediante la eliminación de cultivos y la reconversión de zonas anteriormente utilizadas para cultivar drogas ilegales; la ruptura de las principales redes de tráfico mediante controles de barcos y aviones y la vigilancia de fronteras; la extradición de presuntos traficantes; y la confiscación de los beneficios procedentes del tráfico. Aunque varios portavoces se refirieron al uso de la pena de muerte en sus países, no se hizo recomendación alguna sobre este tema ni en el Plan Amplio y Multidisciplinario Provisional de Actividades Futuras en Materia de Fiscalización del Uso Indebido de Drogas ni en la declaración que se aprobó en la conferencia(35).


Tres convenciones internacionales rigen las relaciones internacionales en la lucha contra las drogas. Son la Convención Única sobre Estupefacientes (1961), el Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas (1971) y la Convención contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas (1988). Ninguna de estas convenciones hace referencia a la pena de muerte. En las disposiciones sobre penas por tráfico que se incluyen en la Convención Única sobre Drogas Narcóticas sólo se hace referencia específica a la prisión: según el artículo 36.1, los Estados parte de la Convención se comprometen a garantizar que los delitos graves de tráfico de narcóticos «estarán sujetos al castigo adecuado, especialmente a prisión o a otras penas de privación de libertad»(36). Las otras dos convenciones contenían frases similares(37).





5. CONCLUSIONES



Como se indica en este documento, el establecimiento de la pena de muerte por delitos relacionados con las drogas tiene muchos aspectos negativos que no parecen haberse analizado adecuadamente cuando se introdujeron las leyes pertinentes. A pesar de los millares de ejecuciones que se han llevado a cabo, no existen indicios claros de que la pena de muerte haya tenido un efecto apreciable en la disminución del tráfico y del consumo de drogas. Aunque el ámbito de aplicación de la pena de muerte se ha ampliado en ciertos países, su utilización se ha rechazado en otros.


Amnistía Internacional confía en que las conclusiones que se presentan en este documento contribuyan a que se debata la cuestión en los países que establecen la pena de muerte para los delitos relacionados con las drogas, así como en los países que están estudiando establecerla. Amnistía Internacional, que mantiene su oposición incondicional a la pena de muerte, insta a todos los países a que dejen de realizar ejecuciones y a que supriman la pena de muerte.



APÉNDICE


LA PENA DE MUERTE PARA DELITOS RELACIONADOS CON LAS DROGAS EN LAS LEGISLACIONES Y EN LA PRÁCTICA:


INFORME POR PAÍSES



Según la información de que dispuso Amnistía Internacional hasta agosto de 1995, en la actualidad, los delitos relacionados con las drogas se castigan con la muerte en 26 países. Las descripciones por países que se incluyen a continuación contienen resúmenes de las leyes pertinentes(38), informes de penas de muerte y ejecuciones e información sobre la experiencia de cada país en relación con la pena capital como castigo para los delitos relacionados con las drogas(39).


BAHREIN


La pena de muerte por narcotráfico se introdujo en virtud del decreto-ley 10 de 1984, que entró en vigor el 12 de julio de 1984. Esta ley modificó el decreto-ley 4 de 1973, sobre Control del Uso y la Circulación de Sustancias y Preparados Narcóticos, estableciendo la pena de muerte como un castigo facultativo para la importación, exportación, posesión, compra, venta o reparto ilegal de sustancias o preparados narcóticos, así como para el cultivo o fabricación de esas sustancias o preparados. La ley de 1973 considera sustancias narcóticas y preparados a la heroína, la cocaína y el cannabís. En la enmienda realizada en 1984 no se especifica la cantidad mínima para la imposición de la pena de muerte.


En julio de 1990, el Tribunal Superior condenó a muerte a un ciudadano paquistaní acusado de narcotráfico. Se desconoce si la sentencia se ha llevado a cabo. Según noticias de Amnistía Internacional, no se ha ejecutado a nadie por narcotráfico. La última ejecución conocida en Bahrein tuvo lugar en 1977.


BANGLADESH


La pena de muerte para los delitos relacionados con las drogas se introdujo en 1988, en la Ley (Modificada) de Drogas Peligrosas, aprobada el 7 de julio de 1988. La ley estipula la pena de muerte como un castigo facultativo por el cultivo, fabricación, importación, exportación o tráfico de drogas peligrosas.


Amnistía Internacional no ha recibido informes de que se hayan impuesto condenas a muerte o se hayan llevado a cabo ejecuciones en aplicación de la nueva ley.


BRUNEI DARUSSALAM


La pena de muerte para delitos relacionados con las drogas se introdujo en 1982 y figura en el segundo Apéndice del Decreto sobre el Abuso de Drogas de 1978, modificado por la Orden Urgente de Enmiendas sobre Consumo de Drogas de 1984. Esta orden estipula la pena de muerte obligatoria para el tráfico, la importación o la exportación ilegal de más de 15 gramos de morfina o heroína, la posesión de más de 30 gramos de heroína o morfina destinados al tráfico ilegal, y la fabricación ilegal de morfina o heroína.


Según la agencia de noticias Reuters, en julio de 1992, se amplió la pena de muerte a la posesión de más de doscientos gramos de cannabís u opio.


Amnistía Internacional no ha recibido informes de que se hayan impuesto condenas a muerte o se hayan llevado a cabo ejecuciones por delitos relacionados con las drogas. No se tienen noticias de que se han producido ejecuciones en el país desde 1957.


CHINA(República Popular de)


La pena de muerte para el narcotráfico se introdujo en aplicación de las enmiendas al Código Penal, que adoptó el Comité Permanente de la Asamblea Nacional Popular el 8 de marzo de 1982, y entraron en vigor el 1 de abril de 1982. Las enmiendas afectan al artículo 171 del Código Penal, que prohíbe la fabricación, venta y transporte de opio, heroína, morfina u otros narcóticos. Cuando se aprobaron las enmiendas se especificó que la pena de muerte se aplicaría en los «casos especialmente graves».


En diciembre de 1990, tras revisarse la legislación que regulaba los narcóticos, se rebajaron los criterios mínimos para la imposición de la pena de muerte, y se aumentó el número de delitos relacionados con las drogas que se castigan con la muerte.


El uso de la pena de muerte en China se caracteriza por el desprecio de las normas internacionales sobre juicios justos. Los más perjudicados por esta situación son los pobres y las personas que carecen de formación, que, por lo general, desconocen sus derechos y la legislación por la cual son ejecutados. A menudo, la policía detiene a los sospechosos durante meses para interrogarles y obtener confesiones. Una vez que un tribunal resuelve juzgar un caso, los detenidos pueden buscar la ayuda de un abogado, pero con frecuencia no disponen de tiempo para preparar una defensa eficaz. En el sistema judicial chino no existe la presunción de inocencia. En la mayor parte de los casos, a los presos no se les da la oportunidad de recurrir más de una vez. Según informes, no se les comunica que se ha desestimado su recurso hasta pocas horas antes de la ejecución. Los presos ejecutados son una fuente de órganos para transplantes, aunque no siempre se les pide su consentimiento.


Durante los años ochenta, Amnistía Internacional recibió informes de ejecuciones por narcotráfico, entre las que se incluyen ejecuciones múltiples. Por ejemplo, el 20 de enero de 1984 un tribunal de la capital, Pekín, anunció que se había ejecutado a 41 hombres durante los nueve días anteriores por distintos delitos, entre los que figuraban los relacionados con las drogas. Según informes, en marzo de 1985, en los distritos de Menghai y Jingong, cerca de la frontera birmana, carteles en las paredes anunciaron la ejecución de 20 personas por su participación en narcotráfico entre ambos países. En 1987 se produjeron nuevas ejecuciones por tráfico de drogas, y en 1990 se registraron 64.


Tras una conferencia internacional sobre control de estupefacientes, celebrada en Pekín en junio de 1991 para conmemorar el cuarto Día Internacional contra el Consumo y el Tráfico Ilegal de Drogas(40), se emprendió en todo el país una campaña antidroga con el objetivo de acabar con el tráfico y el consumo de drogas en el plazo de dos o tres años. El gobierno declaró una «guerra del pueblo» contra las drogas, y ordenó a todo el personal de la oficina de seguridad pública que «tomara medidas duras contra los traficantes».


En 1991, Amnistía Internacional registró 367 condenas por narcotráfico, pero, probablemente, la cifra real fue bastante superior, pues no se dan a conocer las cifras oficiales y éstas se consideran un secreto de Estado(41). La organización no pudo determinar cuántas de las condenas registradas se llevaron a cabo. Del número total de condenas a muerte registradas por delitos relacionados con las drogas, 252 fueron impuestas en la provincia de Yunnan y 66 en la provincia de Guangdong; estas dos provincias del sur se hallan cerca del «Triángulo de Oro», la región productora de opio en la que convergen las fronteras de China, Tailandia, Myanmar y Laos. Mai Chongkai, presidente del Tribunal Superior de Guangdong, declaró en marzo de 1991 que el número de narcotraficantes ejecutados en la provincia había aumentado más del 100% en relación con el año anterior(42).


Algunas ejecuciones se han llevado a cabo por oleadas. Según informes, el 26 de junio, al menos setenta personas fueron ejecutadas por presuntos delitos relacionados con las drogas, tras celebrarse actos públicos multitudinarios de imposición de sentencia en Kunming, la capital de Yunnan, y en otros lugares de esta provincia. Según otro informe, 35 hombres y mujeres acusados de delitos relacionados con las drogas fueron ejecutados el 26 de octubre en Kunming. He Zhiqiang, gobernador de la provincia de Yunnan, afirmó textualmente que la ejecución en masa realizada en octubre ejercería un gran efecto disuasorio sobre los narcotraficantes, tanto dentro como fuera del país.


En marzo de 1991, Yang Ming, director del Comité de Educación, Ciencia, Cultura y Salud Pública de la Asamblea Provincial de Yunnan y miembro del Comité Permanente de la Asamblea Nacional Popular, afirmó textualmente que el auto judicial por el cual ya no era necesario informar al Tribunal Supremo Popular antes de la ejecución significaba una importante ayuda en la lucha contra las drogas. Esta declaración hace referencia a una decisión tomada en 1983 por el Comité Permanente de la Asamblea Nacional Popular, que autoriza al Tribunal Supremo Popular a delegar en los Tribunales Superiores la aprobación de ciertas condenas a muerte, como forma de acelerar los procedimientos de apelación, revisión de condena y ejecución. Amnistía Internacional expresó su preocupación por el hecho de que la insistencia oficial en la rápida resolución judicial de los casos de condenas a muerte podría limitar el derecho de los acusados a recurrir.


Desde 1991 se han sucedido en gran número las condenas a muerte y las ejecuciones por delitos relacionados con las drogas. Amnistía Internacional registró en 1992 más de 920 condenas en todo el país, pero no pudo determinar cuántas se llevaron a cabo. La organización registró 73 ejecuciones por narcotráfico en 1992; más de 224 en 1993; y más de 579 en 1994; las cifras reales fueron, desde luego, más altas(43). En 1995 se han recibido informes de nuevas ejecuciones. La mayoría de los ejecutados eran ciudadanos de la República Popular China, pero también se ha ejecutado a ciudadanos de Taiwán, Hong Kong, Myanmar y Tailandia, y, asimismo, se han impuesto condenas de muerte a filipinos. Varias condenas a muerte se han impuesto con una suspensión temporal de la pena de dos años(44).


En algunos informes de prensa se dan detalles de los delitos y de las cantidades de drogas que al parecer se han encontrado. Por ejemplo, según el diario Renmin Ribao,dos personas, arrestadas tras introducir desde otra provincia 1.050 gramos de heroína en la ciudad de Guangzhou, fueron ejecutadas en esa ciudad el 18 de marzo de 1994. Según la agencia Zhongguo Xinwen She, los tres miembros de una banda de Hong Kong fueron ejecutados en octubre de 1994 en la provincia de Guangdong por intentar sacar de contrabando de China 10 kilogramos de anfetaminas. Según un periódico de provincias, el 24 de enero de 1995 se ejecutó en la provincia de Ghizhou a 12 personas a las que se encontró vendiendo 35,9 kilogramos de droga que habían introducido de contrabando desde Myanmar; el periódico informó de que otros seis traficantes, que vendían 13,46 kilogramos de heroína que habían introducido de contrabando desde Myanmar y la provincia de Yunnan, también fueron ejecutados.


Las autoridades chinas han venido utilizando el Día Internacional contra el Consumo y el Tráfico Ilegal de Drogas como una ocasión para llevar a cabo ejecuciones en masa. El 26 de junio de 1992, en un acto público multitudinario de imposición de condena celebrado en la provincia de Yunnan, se anunciaron 21 condenas a muerte por narcotráfico, e inmediatamente después se ejecutó a 20 de los presos (a uno se le concedieron dos años de suspensión temporal de la pena). Amnistía Internacional registró, entre el 23 y el 30 de junio, un total de 76 ejecuciones por narcotráfico, incluidas estas 20. El 25 y el 26 de junio de 1993, al menos 72 personas fueron ejecutadas en todo el país por narcotráfico; 28 de las ejecuciones se llevaron a cabo en la provincia de Yunnan, y las condenas se anunciaron durante una reunión multitudinaria celebrada en Kunming, presidida por el gobernador de Yunnan. El 24 de junio de 1994, 23 presos fueron ejecutados por narcotráfico tras anunciarse sus condenas en una reunión antidroga celebrada en un estadio deportivo de Kunming, a la que asistieron 4.200 espectadores; Amnistía Internacional registró 136 ejecuciones por narcotráfico en todo el país entre el 24 y el 27 de junio de 1994. El 23 de junio de 1995, tras anunciarse sus condenas en actos públicos celebrados en toda la provincia, se ejecutó por delitos relacionados con las drogas a 34 presos de la provincia de Guangxi.


Como en 1991, muchas de las condenas a muerte y las ejecuciones registradas han tenido lugar en las provincias cercanas al «Triángulo de oro». En la provincia de Yunnan, se informó oficialmente de que 277 personas habían sido condenadas a muerte por narcotráfico en la primera mitad de 1992. El 22 de marzo de 1994, Si Jiuyi, director de la Policía Armada Popular de la provincia de Yunnan, dijo que en 1991 se había ejecutado a 240 narcotraficantes, y que en 1993 se había condenado a muerte a 473. En 1995, el diario Zhongguo Ribaoinformó de que en 1994 se había ejecutado a 466 personas en la provincia de Yunnan.


A pesar de las numerosas ejecuciones, no existen indicios fiables de que el uso masivo de la pena de muerte haya contribuido a eliminar el consumo y el narcotráfico, tal como se proponían las autoridades cuando emprendieron su campaña en 1991. En su informe de 1994, la Comisión Internacional de Control de Estupefacientes declaraba que


«En China, los narcotraficantes han creado una importante ruta terrestre alternativa para el transporte de heroína desde el Triángulo de Oro. En 1993 se incautaron en el país alrededor de 4,5 toneladas de heroína, lo que supone un gran aumento en comparación con las cifras anteriores. El desarrollo de las redes de comunicación y de transporte en China facilita el transporte de drogas ilegales por el interior del país. Aunque la droga se siguió transportando por rutas terrestres desde Myanmar, a traves del sur de China, hasta Hong Kong para su distribución en el extranjero, cada vez se utilizan más las rutas aéreas y ferroviarias, por lo que esta actividad se ha extendido a las provincias interiores de China. Esta situación ha conducido a un aumento de la delincuencia relacionada con las drogas»(45).


Según informes recibidos, el 25 de junio de 1995, el Comité Nacional contra la Droga, que estaba reunido en Pekín, fue informado de que el daño que las drogas habían ocasionado al orden social y al desarrollo económico de China había seguido intensificándose en los últimos años(46).


EGIPTO


La pena de muerte se estableció en el artículo 33 de la Ley 40 de 1966, como un castigo facultativo para la exportación, el contrabando, la fabricación o la transformación de narcóticos, con el propósito de traficar con ellos. Hasta 1985 no se aplicó esta disposición. Sin embargo, tras recibirse informes de un alarmante aumento del uso de heroína y cocaína durante la primera mitad de los años ochenta, el anterior fiscal general, Mohammed al Gindi, aconsejó en octubre de 1985 que a los traficantes convictos se les impusiera la pena de muerte. Según informes, el 29 de octubre de 1985, en un discurso pronunciado en El Cairo, el entonces ministro del Interior, Ahmed Rushdi, instó a los tribunales a que condenaran a muerte a los narcotraficantes en aplicación de la legislación vigente.


Estas declaraciones provocaron un intenso debate entre los eruditos en cuestiones judiciales, los funcionarios del Estado y los dirigentes de los partidos políticos. Se argumentó que si se establecía la pena de muerte obligatoria, como proponía el ministro del Interior, se pondría a los jueces en una situación difícil: un juez podría absolver a un acusado si estimara que éste no merecía la pena de muerte, lo que llevaría a un error judicial que tendría un efecto contrario al efecto disuasorio deseado. Se propuso que las medidas de prevención y de rehabilitación se realizaran mediante trabajo social en el seno de las familias. Ahmed Hilmi, consejero general del Departamento de Narcóticos, que se oponía a la pena de muerte obligatoria, según informes afirmó que el motivo por el que no se había aplicado la pena de muerte en casos relacionados con las drogas era que los fundamentos de la acusación eran débiles; los métodos de detención, defectuosos; las investigaciones, inadecuadas, y los jueces dudaban de la intención delictiva de los acusados(47).


La primera condena a muerte por narcotráfico en Egipto se impuso in absentia a un ciudadano libanés en noviembre de 1985. Entre esa fecha y mediados de 1988 Amnistía Internacional registró otras 20 condenas a muerte por narcotráfico. Entre los condenados a muerte figuraban egipcios y ciudadanos de Paquistán, Sri Lanka, Somalia, un israelí de origen egipcio y un ciudadano francés de origen marroquí.


En virtud de una enmienda de 1989 (Ley 122 de 1989) al decreto-ley 182 de 1960, sobre Control de EStupefacientes y Reglamentación de su Uso y Comercio, se estableció la pena de muerte preceptiva para la importación o exportación ilícita de sustancias narcóticas, la fabricación de sustancias narcóticas o el cultivo de narcóticos destinados al comercio, o la creación o dirección de una banda delictiva para comerciar con sustancias narcóticas. La misma enmienda establece la pena de muerte como castigo facultativo por comerciar con narcóticos; la pena de muerte es preceptiva si se trata de heroína o cocaína, si el delincuente proporciona narcóticos a un menor de 21 años o utiliza a un menor de 21 años para cometer el delito, si el delincuente es un funcionario público encargado de luchar contra los estupefacientes, si el delito se comete en un lugar de culto, en una institución educativa o correccional, un campamento militar, una prisión o parque público, o cuando se trata de reincidentes.


La primera ejecución por narcotráfico se llevó a cabo en Egipto el 6 de julio de 1989, cuando se ahorcó en una prisión de El Cairo a Anwar Hussein Kassar Hussein, un ciudadano paquistaní de 27 años de edad. Los agentes de aduanas habían encontrado más de dos kilogramos de heroína en su equipaje a su llegada a Egipto en 1987. En una declaración realizada poco antes de su ejecución, afirmó que había caído en una trampa; dijo que alguien le había dado las drogas y él no sabía que las llevaba.


Desde 1989 Amnistía Internacional no ha dejado de registrar condenas a muerte y ejecuciones ocasionales por narcotráfico. En 1989, por ejemplo, se condenó a más de cuarenta personas por narcotráfico. En 1992 al menos diecinueve personas, 15 de las cuales eran ciudadanos extranjeros, fueron condenados a muerte por contrabando de drogas, y al menos una persona fue condenada a muerte por venta de drogas. En 1994, al menos dos personas fueron condenadas a muerte por narcotráfico.


Según informes publicados por la prensa, el 24 de abril de 1994, 10 ciudadanos extranjeros -cuatro sudaneses, un somalí, un tanzano, un keniata, dos bangladeshíes y un indio- fueron ejecutados por contrabando de drogas. Al parecer, los 10 hombres fueron ahorcados, uno detrás de otro, en una prisión de Zagazig. Habían sido detenidos en julio de 1988, a su llegada al puerto de Suez en un barco que llevaba grandes cantidades de opio, hachís y heroína. Fueron juzgados y condenados a muerte en 1989, pero recurrieron la sentencia ese mismo año. Se les juzgó de nuevo en 1992, y el tribunal confirmó su condena a muerte en mayo de ese año. Antes de realizarse la ejecución, el capitán sudanés del barco dijo a los periodistas que él era inocente, que había conocido al dueño del barco en Port Sudán, y éste le había pedido que transportara una carga, de la que él no sabía nada. Un marinero sudanés dijo también que desconocía el contenido de la carga.


GUYANA


La pena de muerte por delitos relacionados con el tráfico de drogas se introdujo en virtud de la Ley Modificada sobre Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas (Control) de 1989. Esta ley introduciía enmiendas en la Ley sobre Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas (Control), de 1988, que establecía la pena de muerte obligatoria por proporcionar o administrar narcóticos a menores de 18 años con resultado de muerte. Estos delitos se castigaban anteriormente con cadena perpetua. La ley fue aprobada por la Asamblea Nacional en julio de 1989, y se firmó el 31 de diciembre de ese mismo año.


Amnistía Internacional no ha recibido informes de condenas a muerte o ejecuciones realizadas en aplicación de la nueva ley.


INDONESIA


El artículo 36 de la Ley sobre Narcóticos de 1976 estipula la pena de muerte facultativa para ciertos delitos de tráfico de adormideras y narcóticos basados en adormideras, así como para los sucedáneos que el ministro de Sanidad considere narcóticos. Estos delitos se enumeran en el artículo 23, párrafos 4 y 5, que declara que está prohibido «llevar, enviar, transportar o trasladar ilegalmente narcóticos» (párrafo 4) o «importar, exportar, ofrecer a la venta, distribuir, vender, comprar, repartir, recibir, actuar como intermediario ilegalmente en la compra, venta o intercambio de narcóticos» (párrafo 5).


Hasta la fecha, una persona ha sido ejecutada por narcotráfico desde que se introdujo la Ley de Narcóticos en 1976. Chan Ting Chong, de Malaisia, había sido condenado a muerte en 1986 por contrabando de 420 gramos de heroína. En 1986, Amnistía Internacional escribió al presidente de Indonesia, señalando que las nuevas pruebas arrojaban dudas sobre su culpabilidad, pero no recibió respuesta. El 13 de enero de 1995, un pelotón de fusilamiento ejecutó a Chan Ting Chong. La suya era la primera ejecución que se realizaba en el país desde diciembre de 1992(48).


Amnistía Internacional ha hecho notar su preocupación en torno a otro caso, el de Kamjai Khong Thavorn, un marinero tailandés al que un tribunal indonesio condenó a muerte en 1988 por contrabando de drogas. Había sido detenido en agosto de 1987 en Samarinda, Kalimantan Oriental, cuando agentes de aduanas, que realizaban una inspección rutinario en su barco, descubrieron 17,76 gramos de heroína en su camarote.


Pruebas que aparecieron tras su juicio indicaban decididamente que o bien Kamjai Khong Thavorn era inocente, o bien era un actor secundario en una gran operación de contrabando de drogas. Según los abogados defensores, dos hombres a los que la policía tailandesa había interrogado en junio de 1991 reconocieron que, siguiendo las instrucciones de un ciudadano japonés, habían colocado una bolsa que contenía 20 paquetes de «medicina de caballo» (heroína) en el camarote de Kamjai Khong Thavorn.


Han surgido serias dudas sobre si el juicio se celebró con las debidas garantías. El juicio inicial, así como todas las apelaciones posteriores y los trámites judiciales, se desarrollaron en indonesio, idioma que Kamjai Khong Thavorn no hablaba ni entendía en esa época. Se ha apuntado que algunas de las pruebas de la acusación podrían haber sido falsificadas.


Algunas fases del proceso de apelación parecen haberse llevado a cabo sin el conocimiento o consentimiento del acusado o de sus abogados. No se informó a los abogados de Kamjai Khong Thavorn de su recurso al Tribunal Supremo o de su solicitud de clemencia al presidente, los cuales fueron rechazados. Los abogados han alegado que la petición de clemencia era nula jurídicamente, ya que la presentaron funcionarios de prisiones sin el pleno consentimiento o acuerdo de Kamjai. En el recurso figuraba el reconocimiento de su culpa, que luego utilizaron las autoridades gubernamentales y judiciales como prueba en su contra y como motivo para apoyar la pena de muerte.


Kamjai Khong Thavorn era el único sustento que tenían su esposa, sus dos hijos y sus parientes próximos, que todavía viven en un barrio pobre de Bangkok. Su familia sólo tuvo noticias de su inminente ejecución en 1991, a través de informaciones de los medios de difusión de Tailandia.


Basándose en las irregularidades del procedimiento judicial, las pruebas de su inocencia y la preocupación de carácter humanitario por su familia, en mayo de 1991 los abogados de Kamjai Khong Thavorn solicitaron al Tribunal Supremo que revisara su caso. El Tribunal Supremo denegó la petición en septiembre de 1992, fundándose en que no existían nuevas pruebas y en que ya se había denegado la petición de clemencia. A principios de enero de 1993, los abogados presentaron al presidente una segunda petición de clemencia. A mediados de 1995 no había noticias de que el presidente hubiera anunciado su decisión.


Desde 1994, Amnistía Internacional ha recibido informes de cuatro nuevas condenas a muerte impuestas por delitos relacionados con las drogas. En septiembre de 1994, dos ciudadanos tailandeses, Saelaw Prasert y Namsong Sirilale, y un ciudadano indio, Chaubey Ayodhya Prasad, fueron condenados a la pena capital por este tipo de delitos. A los tres se les juzgó en indonesio, un idioma que no hablan ni entienden. El 17 de enero de 1995, Tham Tuck Yin fue condenado a muerte por tráfico de heroína.


IRÁN


Una ley de 1959 estableció la pena de muerte preceptiva para la reincidencia en la producción o importación de narcóticos, y para el tráfico ilegal de determinadas cantidades de narcóticos, según una enmienda a la ley aprobada en 1969(49). Muchos condenados por delitos relacionados con las drogas fueron ejecutados durante el gobierno del Sha de Irán. Por ejemplo, el 14 de julio de 1974, el gobierno anunció que durante los dos años y medio anteriores se había ejecutado a 239 contrabandistas y vendedores de droga(50).


Según informes, tras la creación de la República Islámica de Irán en 1979, aumentó el consumo y el tráfico de heroína. La cifra oficial de tres millones de heroinómanos a mediados de 1980 puso de manifiesto la magnitud del problema.


El uso de la pena de muerte fue una de las respuesta de las autoridades, y desde 1979 se han producido ejecuciones masivas por delitos de drogas, especialmente en los períodos en los que el gobierno ha emprendido campañas intensivas contra la droga.


El 10 de junio de 1980 se designó al ayatolá Sadegh Khalkhali como presidente del Tribunal Revolucionario contra la Droga. Según un anuncio oficial reproducido en el diario iraní Ettelaat, entre la fecha de su designación y el 3 de noviembre de 1981 se ejecutó a un total de 459 condenados por delitos relacionados con las drogas.


Entre septiembre y diciembre de 1983 se informó de que se habían llevado a cabo más de doscientas ejecuciones de personas que, al parecer, habían sido condenadas por narcotráfico. Según una declaración del fiscal del Tribunal Revolucionario contra la Droga, durante el año iraní que finalizó en marzo de 1985, se ejecutó a 140 personas por delitos relacionados con las drogas. Al parecer, se ejecutó también a 197 personas en las cuatro semanas siguientes al 21 de marzo de 1985.


El 25 de octubre de 1988 el Consejo para la Determinación de la Conveniencia del Orden Islámico aprobó la nueva Ley contra la Droga. Esta ley estipula la pena de muerte obligatoria para una larga serie de delitos relacionados con las drogas, entre los que figura reincidir cuatro veces en el cultivo de adormideras o cannabís destinados a la fabricación de drogas narcóticas; el contrabando, fabricación, distribución o reparto de más de cinco kilogramos de opio o más de 30 gramos de heroína, hachís, morfina o cocaína, incluidos si esas cantidades se alcanzan por acumulación hasta en cuatro ocasiones diferentes; guardar, almacenar, esconder o llevar las cantidades indicadas de heroína, hachís, morfina o cocaína; reincidir en el delito de guardar, esconder o llevar las cantidades indicadas de opio; reincidir en el delito intencionado de inducir a otra persona a la adicción a la heroína, el hachís, la morfina o la cocaína; e ir armado mientras se ejercen actividades de tráfico de drogas. Para los presos condenados a muerte por ejercer armados el tráfico de drogas o por reincidir en el tráfico de las cantidades indicadas de narcóticos, la ley estipula que «la pena de muerte, si se considera necesaria, se llevará a cabo en el lugar de residencia [del delincuente] y en público».


El 5 de abril de 1989, Radio Teherán informó de que el Fiscal General había anunciado que se había ajecutado a 313 contrabandistas hasta ese momento, de que estaba previsto ahorcar a 65 más al día siguiente, y que él confiaba en que las ejecuciones proseguirían hasta acabar con el último contrabandista del país. A finales de año, más de mil personas habían sido ejecutadas por delitos relacionados con las drogas.


En diferentes ciudades se han llevado a cabo ejecuciones múltiples en varias ocasiones. Algunas ejecuciones, especialmente las de mujeres, se realizaron en el interior de las prisiones, pero cientos de personas han sido ahorcadas en público, muchas veces en grupos. En algunos casos, se ataron varias sogas a una barra horizontal que luego se alzó, de forma que las víctimas eran izadas en fila por el cuello, para que murieran estranguladas lentamente. Con frecuencia se dejaban los cuerpos a la vista durante horas.


Al informar sobre la campaña antidroga, un artículo del New York Timescomentaba que las ejecuciones y otras medidas drásticas tales como las redadas en masa de drogadictos «indican el fracaso de los intentos por acabar con la creciente adicción en Irán». Señalaba que, durante el pasado decenio, la heroína se había convertido en la droga principal entre los toxicómanos, sustituyendo al opio, que dominaba el escenario de la droga durante el gobierno del Sha de Irán(51).


Desde 1989, Amnistía Internacional no ha dejado de recibir informes de un gran número de ejecuciones por delitos relacionados con las drogas en Irán. Al parecer, en 1990 se llevaron a cabo más de cuatrocientas ejecuciones por narcotráfico; más de cien de estas ejecuciones se realizaron en un período de dos semanas en septiembre, cuando se anunció una intensificación de la campaña contra la droga en marcha desde hacía largo tiempo, en la que se incluían propuestas para acelerar el castigo de los delincuentes. En 1991 Amnistía Internacional registró al menos 775 ejecuciones de presos políticos y de condenados por diversos delitos; según las autoridades iraníes, la mayoría de los ejecutados eran contrabandistas de droga. En 1992, la prensa iraní informó de más de 120 ejecuciones por delitos relacionados con las drogas. Desde 1993 la prensa iraní ha informado de muchas menos ejecuciones por delitos de droga y otros delitos, pero Amnistía Internacional cree que la cifra real de ejecuciones es considerablemente mayor que la anunciada públicamente.


Las ejecuciones en Irán se han llevado a cabo con frecuencia tras la celebración de juicios sumarios, sin abogado defensor ni derecho de apelación. A lo largo de los años, Amnistía Internacional ha pedido reiteradamente a las autoridades que dejaran de utilizar la pena de muerte y que se ajustaran a las normas internacionales de derechos humanos, entre las que figuran las normas para la celebración de juicios justos, que Irán está formalmente obligado a respetar como parte del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. La mayoría de estos llamamientos no han sido escuchados. En una poco habitual serie de respuestas, un funcionario de la sede de la Campaña contra la Droga de la Oficina del primer ministro, escribió a miembros de Amnistía Internacional en 1989 negando que se ejecutara a los presos tras celebrarse juicios sumarios, y afirmando que la información de Amnistía Internacional era incorrecta. Señaló que la obligación de un gobierno era «mantener la seguridad del Estado y la cordura del país», y puso en duda la opinión de Amnistía Internacional de que la pena de muerte viola los derechos humanos.


A pesar de que desde 1979 se han llevado a cabo en Irán más de 2.900 ejecuciones por delitos relacionados con las drogas, según el informe de 1994 de la Comisión Internacional de Control de Estupefacientes, Irán sigue siendo la ruta de tráfico principal para transportar heroína de Afganistán y Paquistán a los mercados europeos. El informe afirma también que «evitar que el contrabando de opio y morfina en la República Islámica de Irán, y evitar la transformación de esas drogas en heroína constituyen grandes problemas para ese país»(52).


IRAQ


Según la información facilitada por el gobierno iraquí a las Naciones Unidas en 1985(53), el narcotráfico ilegal se castiga con la muerte.


En marzo de 1994, Amnistía Internacional informó de que, al parecer, Ali Issa, Sirwan Hassan, Ghazi Abd al Majid y Qais Latif habían sido condenados a muerte en diciembre de 1993 por narcotráfico. Amnistía Internacional ha planteado sus casos a las autoridades iraquíes, pero no ha obtenido respuesta. Amnistía Internacional tuvo también noticias de que Kabed Sabri Said Shahada había sido condenado a muerte acusado de delitos relacionados con las drogas; El Tribunal de Casación confirmó su condena el 5 de febrero de 1994. Amnistía Internacional afirmó que Kabed Sabri Said Shahada había permanecido detenido en la prisión de Abu Graib desde 1990.


JORDANIA


La Ley de Narcóticos y Sustancias Psicotrópicas (Ley 11 de 1988) estipula la pena de muerte preceptiva para la producción, la fabricación, la importación, la exportación, el transporte, la compra o la venta de narcóticos o sustancias psicotrópicas o el cultivo o el comercio de plantas que produzcan esas drogas o sustancias; también si se reincide en dichos delitos, si éstos se cometen con la colaboración de un menor o utilizando a un menor, si los comete un funcionario, empleado o trabajador encargado del control de los delitos relacionados con las drogas, o si se cometen en colaboración con un grupo delictivo internacional de narcotráfico o junto con otro grupo delictivo internacional. La misma ley estipula la pena de muerte facultativa por comerciar con drogas narcóticas o sustancias psicotrópicas si se reincide en dichos delitos, o si se cometen con colaboración con un menor o utilizando a un menor, o bien los comete un funcionario, empleado o trabajador encargado de controlar los delitos relacionados con las drogas; la pena de muerte es obligatoria si estos delitos que se castigan con la muerte se cometen en colaboración con un grupo delictivo internacional de narcotráfico o junto con otro grupo delictivo internacional.


La ley de drogas de 1955 ya estipulaba la pena de muerte por asalto armado a un funcionario encargado de hacer cumplir esa ley.


Amnistía Internacional no tiene informes de que se hayan pronunciado condenas a muerte o se hayan llevado a cabo ejecuciones por delitos relacionados con las drogas en Jordania.




REPÚBLICA DE COREA (COREA DEL SUR)


La pena de muerte para ciertos delitos relacionados con las drogas se introdujo mediante las Normas Extraordinarias sobre Penas Especiales (1961). En la actualidad, la Ley de Narcóticos y la Ley de Castigos Suplementarios para Delitos Específicos estipulan la pena de muerte facultativa para la importación, exportación, fabricación, reparación, venta o subdivisión ilícita de narcóticos; la posesión de narcóticos destinados a la importación, exportación, fabricación, preparación, subdivisión o comercio; intentar, tramar o preparar la comisión de los delitos indicados, recogidos en el artículo 60 de la Ley de Narcóticos; y por los delitos comprendidos en los artículos 61 y 62 de la Ley de Narcóticos, que incluyen actividades como la fabricación, exportación, importación o venta ilegal de narcóticos cuando su precio no es inferior a cinco millones de wones. Según el artículo 2 de la Ley de Narcóticos, se consideran «narcóticos» a las adormideras, el opio, las hojas de coca, a sus alcaloides y sucedáneos sintéticos, tal como se precisó en un decreto presidencial, y a las materias que contienen éstos, a menos que hayan sido excluidas por el ministro de Sanidad.


La Ley de Control de la Marihuana, que entró en vigor el 1 de enero de 1977, también estipula la pena de muerte. El artículo 18 de la ley estipula la pena de muerte facultativa para la importación, exportación o posesión ilegal de productos del cannabís, destinados a la importación o exportación, cuando estos delitos se cometen con ánimo de lucro o para dedicar las drogas a consumo habitual.


En mayo de 1995, el gobierno anunció su intención de presentar a la Asamblea Nacional para su aprobación una ley que estipula la pena de muerte para la fabricación o importación de sustancias psicotrópicas.


Choi Chae-do fue condenado a muerte por delitos relacionados con las drogas en diciembre de 1989. Su condena fue conmutada en la apelación en abril de 1990.


A Amnistía Internacional no le consta que se hayan llevado a cabo ejecuciones por delitos relacionados con las drogas en la República de Corea.


KUWAIT


Una ley introducida en 1983 estipula la pena de muerte para los traficantes de drogas que maten o intenten matar a un miembro de las fuerzas de seguridad. Amnistía Internacional no ha recibido informes de condenas a muerte o ejecuciones de personas condenadas por delitos relacionados con las drogas en aplicación de esta ley.


Según informes, el coronel Abdulla al Farse, entonces director de la Administración General para la Investigación de Delitos, afirmó en una entrevista en 1985 que, aunque estaba de acuerdo con la ley de 1983, no apoyaba un uso más amplio de la pena de muerte para los narcotraficantes; dijo que haría muy difícil la labor de las fuerzas de seguridad, ya que los traficante se resistirían hasta la muerte. Sostuvo que en Kuwait existía ya un alto índice de capturas de narcotraficantes(54).


MALAISIA


La pena de muerte se introdujo como castigo facultativo para el narcotráfico en virtud de una enmienda realizada en 1975 a la ordenanza de drogas peligrosas de 1952. En 1983 se hizo obligatoria en virtud de una nueva enmienda a la ley. En la actualidad, según el artículo 39B de la Ley de Drogas Peligrosas, modificada en 1952, la pena de muerte es preceptiva para el narcotráfico, ofrecerse a traficar o realizar u ofrecerse a realizar una acción tendente o destinada a traficar con una droga peligrosa. Las «drogas peligrosas» están enumeradas en el primer Apéndice de la ley: paja de adormidera, opio, hojas de coca, cannabís y drogas y sustancias derivadas de ellas.


Según la Sección 2 de la ley, el «tráfico» incluye «fabricar, importar, exportar, guardar, esconder, comprar, vender, dar, recibir, almacenar, administrar, transportar, llevar, enviar, repartir, proporcionar, suministrar o distribuir cualquier droga peligrosa». Según el artículo 37 (da) toda persona a la que se halle en posesión ilegal de una cantidad igual o superior a 15 gramos de heroína o morfina, 1.000 gramos de opio o 200 gramos de cannabís, «se supondrá, hasta que se demuestre lo contrario, que ha estado traficando con dicha droga».


El 8 de febrero de 1984, Wong Ah Kaw fue el primero en recibir una condena a muerte obligatoria de conformidad con la ley modificada. Lo declararon culpable de estar en posesión de 79,93 gramos de heroína. Fue ejecutado en la prisión de Pudu de la capital, Kuala Lumpur, el 3 de julio de 1985.


Los primeros ciudadanos no asiáticos que fueron ejecutados por delitos relacionados con las drogas en Malaisia fueron Brian Chambers, un constructor australiano, y Kevin Barlow, un soldador con doble nacionalidad australiana y británica. Fueron ahorcados en la prisión de Pudu el 7 de julio de 1986, a pesar de los llamamientos de clemencia que realizon los primeros ministros de Australia y Gran Bretaña. Se les condenó por tráfico de heroína. También en 1986, Ramli Kechik, un pescador indonesio, fue ahorcado en la prisión de Taiping el 22 de agosto, a pesar de los intensos esfuerzos que realizó para salvarle el cónsul de Indonesia en Penang. Se le condenó por traficar con 15,6 kilogramos de opio puro.


En 1987, Amnistía Internacional registró 14 ejecuciones por delitos relacionados con las drogas en Malaisia. En 1988 se registraron otras 12 ejecuciones por delitos de drogas, 13 en 1989 y 11 en 1990.


Se ha criticado a la ley malaisia por establecer la pena de muerte obligatoria para una variedad de actos que se definen como narcotráfico, y por asumir que a toda persona a la se halle en posesión de una cantidad mínima determinada de drogas ha incurrido en tráfico, así como por establecer otras presunciones relativas a las pruebas que constituyen narcotráfico. En 1993, Amnistía Internacional se hizo eco del caso de Hassim Escandar, un trabajador inmigrante filipino que, a pesar de haber proclamado su inocencia, fue ejecutado el 30 de abril de 1993. Detenido el 23 de noviembre de 1985, Hassim Escandar fue condenado basándose en que dos llaves que presuntamente hallaron en su poder abrían el candado de una bolsa que contenía alrededor de cinco gramos de cannabís. La bolsa se encontró bajo el asiento del cobrador del autobús en el que viajaba Escander con otras siete personas. El cobrador y el conductor del autobús fueron liberados inmediatamente por la brigada antidroga de la policía. Aparte de Escandar, se formularon cargos contra otro viajero, pero el juez del Tribunal Superior le puso en libertad sin que fuera llamado para defenderse; según Escandar, las llaves se encontraron en poder de ese viajero. No se llamó a testificar en el juicio a ninguno de los otros viajeros, y al abogado defensor de Escandar no se le dio oportunidad de interrogarlos.


Al comentar el caso, Amnistía Internacional criticó la Ley de Drogas Peligrosas, ya que, según esta ley, es a los acusados a quienes incumbe demostrar su inocencia, en lugar de ser el Estado el que demuestre su culpabilidad. Esto contraviene un principio básico de la jurisprudencia malaisia, así como las salvaguardias jurídicas internacionales, que declaran que el acusado tiene derecho a la presunción de su inocencia hasta que se demuestre lo contrario(55).

Desde 1991 parece haber disminuido el índice de ejecuciones, y al mismo tiempo, los tribunales han decido levantar la amenaza de ejecución que pesaba sobre numerosos casos(56). Amnistía Internacional registró siete ejecuciones por delitos de drogas en 1991, cinco en 1992 y seis en 1993. En 1994 la organización registró seis ejecuciones: tres malaisios condenados a muerte en 1990 y 1991 fueron ejecutados el 10 de mayo, y el 29 de julio se ejecutó a un singapurés, a un hombre y a una mujer malaisios, todos condenados por tráfico de marihuana. Esto elevó a más de doscientas el número de ejecuciones por delitos relacionados con las drogas de las que se tiene constancia desde 1975.


Cinco jóvenes filipinos han sido condenados a muerte en aplicación de la Ley de Drogas Peligrosas por delitos cometidos cuando eran menores de 18 años, contrariamente a las normas internacionales de derechos humanos, que declaran que no se puede condenar a muerte a ninguna persona que tenga menos de 18 años en el momento de cometer el delito. Los cinco jóvenes eran: Basar Jikirie y Assidin Itting, que tenían 17 años cuando fueron detenidos en 1984; Kullah Lawari, menor de 16 años en el momento de su detención, en 1984; Roger Anang, que tenía 16 años cuando lo detuvieron en 1986; y Rudy Jamjali, que contaba 17 años en el momento de su detención, en 1987. El Tribunal Superior condenó a los cinco presos en 1991, 1990, 1991, 1992 y 1991 respectivamente. La condena a muerte de Roger Anang fue conmutada a cadena perpetua y seis azotes de vara en octubre de 1993, y la condena a muerte impuesta a Basar Jikirie fue conmutada en abril de 1994. Amnistía Internacional no tiene constancia de que se hayan llevado a cabo las otras ejecuciones.


Durante la primera mitad de 1995, Amnistía Internacional registró al menos dieciocho conmutaciones a cadena perpetua de condenas a muerte, ya que los cargos de tráfico de drogas quedaron reducidos a posesión en la apelación. En nueve casos de los que existen informes, los presos condenados a muerte por narcotráfico, algunos de los cuales habían pasado hasta 10 años en prisión, fueron liberados tras apelar.


Según las estadísticas del Ministerio de Interior, el número de drogadictos en el país aumentó de 711 en 1970 a 145.685 en diciembre de 1989. Desde entonces no ha dejado de aumentar. Según informes, en agosto de 1994 el primer ministro Mahatir afirmó: «aunque nuestras leyes antinarcóticos son duras, el número de adictos en este país sigue creciendo. Existen alrededor de 180.000 drogadictos en este país».


Según el Informe 1994 de la Comisión Internacional de Control de Estupefacientes, «el aumento de la disponibilidad de heroína ha contribuido a que crezca la demanda de esa droga en Malaisia»(57).


MYANMAR


La Ley de Narcóticos y Drogas Peligrosas de 1974 establece la pena de muerte facultativa para la fabricación, importación, exportación o venta de narcóticos y drogas peligrosas, y por complicidad en la comisión de cualquiera de los delitos indicados, intentar cometerlos o conspirar para ello. El «narcótico o droga peligrosa» se define como «todo producto procedente de planta adormidera, hoja de coca y plantas de cannabís y toda sustancia fabricada a partir de ellas», así como «drogas fabricadas u otras sustancias que el gobierno puede declarar ocasionalmente narcóticos o drogas peligrosas».


Amnistía Internacional no tiene informes de que se hayan impuesto condenas a muerte o se hayan llevado a cabo ejecuciones de acuerdo con esta ley.


FILIPINAS

La Ley de Drogas Peligrosas de 1972 (Ley de la República 6425) estableció la pena de muerte facultativa para varios delitos relacionados con las drogas; en 1980 varios decretos presidenciales ampliaron los delitos punibles con la muerte, y para algunos la pena de muerte se hizo obligatoria. Estas disposiciones quedaron anuladas por la Constitución de 1987, que se aprobó tras la caída del presidente Ferdinand Marcos en 1986. La Constitución declara que no se impondrá la pena de muerte, «a menos que por motivos convincentes relacionados con delitos atroces, el Congreso decida establecerla a partir de ese momento». Tras repetidos llamamientos del general (más tarde presidente) Fidel Ramos y algunos diputados del Congreso de Filipinas para que se reimplantara la pena de muerte, ésta se reinstauró en virtud de la Ley de Imposición de la Pena de Muerte para Ciertos Crímenes Atroces (Ley de la República 7659). La ley fue aprobada por el Congreso el 13 de diciembre de 1993, y entró en vigor el 1 de enero de 1994.


La nueva ley modifica la Ley de Drogas Peligrosas de 1972, estableciendo la pena de muerte como castigo facultativo para la importación, la venta, la administración, el transporte, la fabricación, la posesión ilegal o el uso de drogas o el mantenimiento de un antro de drogas, cuando la cantidad de droga sea igual o superior a 40 gramos de opio, morfina, heroína o cocaína, a 50 gramos de resina de marihuana o a 750 gramos de marihuana. La pena de muerte es preceptiva, independientemente de la cantidad de droga, si la víctima del delito es un menor o si la droga relacionada con el delito es la causa inmediata de la muerte de la víctima. Es también obligatoria para los delitos anteriormente indicados si el delincuente es un funcionario o empleado del Estado, o agente de policía o miembro de las fuerzas armadas, y es facultativa para un agente que se apropia indebidamente de las drogas incautadas o de los beneficios del delito.


Entre 1979 y 1987, fecha en que se abolió la pena de muerte, Amnistía Internacional recibió informes de dos condenas a muerte por delitos relacionados con las drogas impuestas a dos chinos de Hong Kong en 1983.


Tras la entrada en vigor de la nueva ley en 1994, el 23 de septiembre de 1994 se condenó a muerte por delitos relacionados con las drogas al canadiense George Mina. Desde entonces, Amnistía Internacional ha registrado condenas de muerte impuestas por narcotráfico a un vendedor de ordenadores japonés, Hideshi Suzuki, el 7 de diciembre de 1994; a tres filipinos, Antonio Correa, Rito Gunida y Leonardo Dulay, el 13 de marzo de 1995; a una mujer filipina, Josefina Esparaz, que escapó cuando la trasladaban a una vista judicial y fue condenada in absentiael 27 de abril de 1995; a un filipino, Edgar Lagmay, condenado en abril de 1995; y a otro filipino, Rubén Montilla. Cinco de los presos condenados a muerte lo habían sido por transportar o estar en posesión de diferentes cantidades de marihuana, y uno de ellos fue condenado por introducir de contrabando anfetaminas.


No se ha llevado a cabo ninguna ejecución en Filipinas desde 1976.


QATAR


La pena de muerte para delitos relacionados con las drogas se introdujo mediante la Ley 9 sobre Control de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas Peligrosas y Reglamentación de su Uso y Comercio, de abril de 1987. El artículo 34 de la ley establece la pena de muerte facultativa para la reiteración en los delitos de importación, exportación, producción o fabricación de narcóticos o sustancias psicotrópicas peligrosas con fines comerciales, y para el cultivo de cannabís, adormideras o coca con fines comerciales. Según la ley, entre los narcóticos se incluyen el cannabís, el opio, la morfina, la heroína y la cocaína, mientras que entre las sustancias psicotrópicas peligrosas se encuentran las anfetaminas. La pena de muerte es obligatoria para delitos relacionados con las drogas si de ellos se derivan agresiones físicas con resultado de muerte (artículo 51), y para el homicidio de agentes públicos encargados de hacer cumplir la ley o agresiones a estos agentes, causándoles la muerte (artículo 52).


Amnistía Internacional no tiene noticia de que se hayan impuesto condenas a muerte o se hayan llevado a cabo ejecuciones en aplicación de la ley.


ARABIA SAUDI


La pena de muerte para delitos relacionados con las drogas se introdujo en 1987. Desde entonces, se ha ejecutado al menos a 170 presos por casos relacionados con las drogas, tras ser sometidos a juicios en los que no se respetaron las normas internacionales más elementales para la celebración de juicios justos.


El 18 de febrero de 1987 el Consejo de Ulemas (eruditos en la ley del islam), la institución religiosa más importante de Arabia Saudí, encargada de interpretar la ley islámica, dictó la fatwa138 (edicto religioso-judicial). El edicto, aprobado en marzo por el rey Fad bin Abdul Aziz, establece la pena de muerte obligatoria por contrabando o por recibir drogas del extranjero, y establece la pena de muerte facultativa para la reincidencia en la distribución de drogas. El edicto emplea simplemente el término «drogas» y no especifica las cantidades o tipos de drogas por las cuales una persona puede ser condenada a muerte. Declara que se establece la pena de muerte para contrabandistas debido al «trabajo depravado» que realizan, «trayendo mucha corrupción y deterioro al país».


La primera ejecución en aplicación de la nueva ley que registró Amnistía Internacional se llevó a cabo en la capital, Riad, el 29 de julio de 1987, cuando se decapitó a Muhaisin bin Falih bin Kami, tras haber sido condenado por contrabando y consumo de drogas, así como por disparar y herir a un miembro de la patrulla que le detuvo. A final de año, al menos nueve presos habían sido ejecutados por delitos relacionados con las drogas, incluidos dos jordanos y a tres filipinos.


Los casos punibles con la muerte los ven primero los Tribunales Generales, y las condenas a muerte impuestas por ellos se remiten automáticamente al Tribunal de Apelación, cuyo fallo se remite al órgano permanente del Consejo Judicial Supremo para que proceda a su revisión y aprobación. La ratificación final se realiza mediante un Real Decreto. Normalmente, a los hombres se les ejecuta mediante decapitación, con una espada afilada, públicamente en las principales ciudades y pueblos, con frecuencia ante el palacio del gobernador provincial. Al parecer, las ejecuciones de mujeres se realizan mediante decapitación o fusilamiento.


Los juicios de casos punibles con la pena capital no cumplen las normas internacionales de juicios justos. Los acusados no tienen derecho a que un abogado esté presente oficialmente durante el juicio. Durante las vistas del Tribunal General, el juez que las preside hace preguntas e interroga sobre lo ya declarado a los acusados y a los testigos antes de dictar sentencia. Según informes, a los acusados que no hablan árabe no siempre se les facilitan los medios de interpretación apropiados. Muchas de las condenas pueden basarse únicamente en una «confesión», lo que en opinión de Amnistía Internacional constituye un estímulo para que los agentes que interrogan coaccionen a los acusados, con torturas o malos tratos incluidos, para obligarles a «confesar». Durante la detención previa al juicio, se niegan a los acusados los derechos más elementales, que podrían actuar de salvaguardia contra la tortura, entre los que figuran el derecho a acceder a un abogado y a recibir asistencia médica independiente, acceso inmediato a un juez, y la capacidad de impugnar su detención ante un juez; y no se les concede tiempo y medios suficientes para preparar su defensa. En Arabia Saudí los tribunales no investigan muchas veces las denuncias de tortura(58). Estas situaciones contravienen las normas internacionales de derechos humanos y acentúan el riesgo de ejecutar a inocentes.


Cuando se ofrece información sobre los delitos en los medios de difusión, normalmente se dice que los presos ejecutados han introducido drogas de contrabando en el país, pero también se han producido ocasionalmente ejecuciones por distribución de drogas. A veces los informes hacen referencia al tipo de droga, pero la cantidad rara vez se precisa. Cuando se indica el tipo de droga, normalmente es heroína o hachís. En abril de 1989, por ejemplo, dos ciudadanos paquistaníes fueron ejecutados en Riad por intentar introducir hachís en el país, al menos dos personas fueron ejecutadas en 1992 por introducir hachís de contrabando, y al menos 14 lo fueron en 1993 por el mismo delito. En un caso poco frecuente, la agencia oficial de noticias SPA (Agencia Saudí de Prensa) informó el 7 de agosto de 1995 de que un sirio, Mohammad al Jabawi, había sido decapitado por introducir de contrabando en el país pastillas alucinógenas. Posteriormente, en agosto, se ejecutó a cuatro turcos por realizar contrabando de anfetaminas.


Las autoridades sauditas han ejecutado a ciudadanos de Afganistán, Paquistán, India, Filipinas, Irak, Jordania, Siria, Yemen, Chad, Nigeria, Turquía, así como de Arabia Saudí, por delitos relacionados con las drogas. A veces las relaciones internacionales se han visto alteradas por la ejecución de ciudadanos extranjeros. El 14 de agosto de 1995, el ministro turco de Asuntos Exteriores hizo una declaración en la que afirmaba que el embajador saudí en Turquía había sido llamado para explicar la ejecución de cuatro ciudadanos turcos, a pesar de los intentos de alto nivel realizados por Turquía para salvar sus vidas. Los cuatro hombres habían sido condenados por introducir de contrabando en el país anfetaminas; dos fueron decapitados el 11 de agosto, y los otros dos el 14 de agosto. El presidente de Turquía, Suleyman Demirel, había solicitado clemencia al rey de Arabia Saudí. Los periódicos turcos publicaron fotografías de los enojados amigos y parientes de los cuatro presos decapitados, en las que aparecían quemando banderas sauditas y gritando frases insultantes.


Altos cargos del gobierno saudí han declarado muchas veces que las ejecuciones han reducido la incidencia del tráfico, pero, según datos de Amnistía Internacional, nunca han dado a conocer cifras que apoyen sus afirmaciones. La agencia Reuter reprodujo en 1988 unas declaraciones del ministro del Interior, el príncipe Nayef Ibn Abdelaziz, en las que afirmaba: «Sin lugar a dudas, la pena de muerte ha logrado su objetivo, lo cual resulta evidente por la disminución de los casos relacionados con las drogas». Según la Agencia Reuter(59), altos cargos sauditas afirmaron que el contrabando de drogas en el país había disminuído en un 40% tras comenzar las decapitaciones, y que los contrabandistas se lo pensaban dos veces antes de intentar introducir drogas.


En enero de 1990, el general de división Ibrahim Al Maiman, director general en funciones del departamento de lucha contra las drogas, declaró a SPAque los casos de consumo y de tráfico de drogas en el país se habían reducido en un 50% desde la introducción de la pena de muerte. «La decisión de ejecutar a los contrabandistas de droga y a los traficantes ha tenido un efecto importante», afirmó. Explicó(60) que otros métodos que se utilizaban en la lucha contra el tráfico de drogas consistían en interceptar redes de droga dentro y fuera del país, descubrir grupos conocidos de contrabandistas, vigilar las rutas terrestres, marítimas y aéreas que convergen en el país, y cooperar con los esfuerzos que otros países realizan en la lucha contra las drogas.


En enero de 1994, el general Ahmed Mohammed Bilal, director del departamento de seguridad pública del Ministerio del Interior, dijo en Riad durante un simposio saudita-francés sobre control de narcóticos que el uso de la pena de muerte por narcotráfico había reducido considerablemente la incidencia de los delitos relacionados con las drogas. Según un informe del periódico Arab News(61)dijo que el país había logrado un récord al atajar la adicción y venta de drogas, y también al frenar el flujo de narcóticos y sustancias psicotrópicas, debido principalmente al uso de la pena de muerte.


Estas afirmaciones se ven desmentidas por el aumento del uso de la pena de muerte, especialmente desde 1993. En 1990, Amnistía Internacional registró nueve ejecuciones por delitos relacionados con las drogas en Arabia Saudí. En 1991, el número de ejecuciones registradas por delitos relacionados con las drogas se redujo a 3, pero se elevó a 13 en 1992 y a 53 en 1993. La organización registró 19 ejecuciones por delitos de drogas en 1994, y al menos 62 entre el 1 de enero y el 18 de agosto de 1995(62). En un período de ocho días, en abril de 1995, se ejecutó a 25 extranjeros por contrabando de drogas, cinfra superior al número total de ejecuciones por delitos relacionados con las drogas anunciadas el año anterior.


En abril de 1995, en una declaración que contradecía implícitamente las anteriores afirmaciones sobre la eficacia de la pena de muerte contra el narcotráfico, el embajador de Arabia Saudí en Londres, Ghazi Alogasaibi, afirmó que el incremento de las ejecuciones desde principios de año reflejaba un aumento del narcotráfico. «El aumento del número de ejecuciones de traficantes indica simplemente cómo esta dañina mafia internacional de drogas sigue ampliando sus funestas actividades». Esta declaración fue realizada en respuesta a un llamamiento de Amnistía Internacional en el que pedía que cesaran las ejecuciones(63).


En agosto de 1995 el príncipe heredero, Abdulla bin Abdul Aziz, hizo una declaración en la que volvía a las anteriores afirmaciones sobre la eficacia de la pena de muerte. Citando a SPA, dijo en una reunión semanal del consejo de ministros que el índice de delitos en Arabia Saudí estaba «en su punto más bajo, especialmente las drogas [delitos], gracias a la aplicación de la pena capital a los contrabandistas y a los traficantes». El país, dijo, «seguirá, con la ayuda de Dios, imponiendo la pena capital a los contrabandistas y los traficantes». También declaró que el poder judicial en Arabia Saudí era «independiente», «justo» y «eficiente»(64).


SINGAPUR


Una enmienda realizada en 1975 a la Ley sobre el Abuso de Drogas de 1973 introdujo la pena de muerte obligatoria para ciertos delitos relacionados con las drogas. En virtud del artículo 29 de esta ley ley modificada de 1973, la pena de muerte es preceptiva para el tráfico o importación o exportación ilegal de drogas controladas que contengan más de 30 gramos de morfina o más de 15 gramos de diamorfina (heroína), y por la fabricación ilícita de morfina, diamorfina, y sales y ésteres derivados de la misma. Según el artículo 2 de la ley, «traficar» significa «vender, dar, administrar, transportar, enviar, repartir o distribuir» sin autorización, u ofrecerse a realizar cualquiera de estas actividades.


Según el artículo 15 de la ley, «toda persona que se demuestre o se suponga que ha estado en posesión» de más de tres gramos de morfina o más de dos gramos de diamorfina contenidos en cualquier droga controlada «se supondrá, hasta que se demuestre lo contrario, que ha estado en posesión de esa droga controlada con el propósito de traficar con ella». Según el artículo 16, toda persona que se demuestre ha estado en posesión, o haya tenido bajo su custodia o control algo que contuviera una droga controlada, o las llaves de un lugar o inmueble donde se halle una droga controlada «se supondrá, hasta que se demuestre lo contrario,que ha estado en posesión de esa droga». Según el artículo 19, «si se halla una droga controlada en un vehículo, se supondrá, hasta que se demuestre lo contrario, que ésta ha estado en posesión del propietario del vehículo y de la persona a cargo del vehículo en ese momento».


Según el artículo 10 de la ley, una persona que incite, intente cometer o «realice un acto tendente o destinado a favorecer la comisión de un delito, de conformidad con esta ley, será declarado culpable de ese delito y se le someterá a la condena prevista para ese delito».


En 1989 se volvió a modificar la ley con el objeto de ampliar la definición de tráfico, y se extendió la pena de muerte a nuevos tipos de drogas. Desde 1990, toda persona mayor de 18 años a la que se halle en posesión de más de 30 gramos de cocaína, 200 gramos de hachís, 500 gramos de cannabís o 1.200 gramos de opio podría ser condenada preceptivamente a muerte.


Al parecer, el número de ejecuciones ha aumentado espectacularmente desde comienzos de 1994, aunque no se dispone de las cifras exactas, ya que el gobierno no publica estadísticas. Amnistía Internacional registró cinco ejecuciones por delitos relacionados con las drogas en 1989, tres en 1990, tres en 1991, tres en 1992, siete en 1993 y 29 en 1994. En la primera mitad de 1995 se llevaron a cabo al menos 26 ejecuciones por delitos relacionados con las drogas. Las cifras reales son desde luego más altas. Al parecer, al menos cien personas han sido ejecutadas por delitos relacionados con las drogas desde 1975.


A pesar de la utilización de la pena de muerte, la drogadicción ha aumentado en Singapur. Según informes, en octubre de 1994 el ministro del Interior declaró que entre diciembre de 1990 y diciembre de 1993 la población adicta de los cinco centros de rehabilitación de drogas de Singapur había aumentado en un 30% y se elevaba a 7.400 personas. En agosto de 1994 esa cifra se había incermentado a 7.700.


SRI LANKA


La pena de muerte fue introducida como castigo facultativo para delitos relacionados con las drogas en la Ley 13 (Modificada) sobre Venenos, Opio y Drogas Peligrosas de 1984. Esta ley enmendaba la Sección 54 y el tercer Apéndice de la Ordenanza sobre Venenos, Opio y Drogas Peligrosas, y establecía la pena de muerte por la fabricación de opio, morfina, heroína o cocaína; por importar, exportar, poseer o traficar ilegalmente con una cantidad igual o superior a 500 gramos de opio, tres gramos de morfina o dos gramos de heroína o cocaína; y por intentar, preparar o favorecer la comisión de cualquiera de los delitos indicados o ser cómplice de ellos. Según la misma enmienda, «traficar» significa «vender, dar, proporcionar, almacenar, administrar, transportar, enviar, repartir o distribuir» u ofrecerse para realizar cualquiera de las actividades anteriores.


En abril de 1987, según informó la agencia de noticias Reuter, el entonces presidente de Sri Lanka, Junius Jayewardene, que tomó la palabra en una conferencia de países del área sobre consumo de alcohol y drogas que se celebraba en la capital, Colombo, manifestó: «confío en que nuestra legislación sobre delitos graves relacionados con las drogas dé un ejemplo que otros países puedan seguir». Añadió: «hemos introducido la pena de muerte como factor de disuación, pero todavía sigue el contrabando y el consumo».


Cornelius Stephanus Vanderhulst, ciudadano holandés, fue condenado a muerte por intentar realizar contrabando de heroína en 1986. En junio de 1988 el Tribunal de Apelación conmutó la condena a 15 años de prisión. Reginald Spiers, australiano, fue condenado a muerte en junio de 1987 por contrabando de heroína; posteriormente fue absuelto por el Tribunal de Apelación.


Amnistía Internacional registró nuevas condenas a muerte por delitos relacionados con las drogas impuestas al srilankés Thenuwara Upasena en julio de 1987; al srilankés Ahamed Jaladeen Kaleel Rahuman en septiembre de 1988; al paquistaní Mohamed Rasheed en noviembre de 1994; y a tres srilankeses en diciembre de 1994. Estos presos fueron condenados por contrabando de entre 226 gramos y 11 kilogramos de heroína.


Sri Lanka no ha llevado a cabo ejecuciones desde hace muchos años, y está clasfificada por Amnistía Internacional y las Naciones Unidas como un país que ha abolido en la práctica la pena de muerte; la última ejecución judicial que se conoce tuvo lugar el 23 de junio de 1976. Sin embargo, el 20 de junio de 1995 el ministro de Justicia y Asuntos Constitucionales anunció que el gobierno estaba estudiando la posibilidad de ejecutar de nuevo las condenas a muerte por delitos violentos y delitos relacionados con las drogas. Dos días después, en una conferencia de prensa celebrada el 22 de junio, el mismo ministro declaró que el gobierno no había tomado una decisión firme al respecto. Añadió que el presidente y él se oponían personalmente a la pena de muerte.


SUDÁN


El Consejo de Mando de la Revolución de Salvación Nacional, que sustituyó al gobierno civil elegido de Sudán, derrocado en un golpe militar que se llevó a cabo en junio de 1989, introdujo una nueva ley de narcóticos en julio de ese mismo año. La ley establece la pena de muerte para delitos que entrañen la producción ilegal y el comercio con hachís y opio.


Un tribunal especial de la capital, Jartúm, condenó a Sayed Ahmed Ali Gaballa, de origen egipcio, por tráfico de heroína el 23 de octubre de 1989. Fue ejecutado el 17 de diciembre de 1989. Otras dos personas fueron condenadas a muerte por tribunales especiales tras ser procesadas por narcotráfico: Jalal Ahmed Bane fue condenado el 7 de septiembre de 1989 en la región del Nilo Azul, y Hani Mohamed Hamed fue condenado en Omburman por tráfico de hachís el 18 de febrero de 1990.


Según la agencia de noticias Reuters, el 7 de junio de 1995, funcionarios sudaneses anunciaron que se había condenado a muerte a nueve mujeres por tráfico de hachís. La agencia de noticias también informó de que cuatro nigerianos, a los que se había hallado en posesión de heroína, habían sido condenados a muerte en julio de 1994. Amnistía Internacional desconoce si se han ejecutado las sentencias.




SIRIA


Según la información que el gobierno sirio suministró a las Naciones Unidas en 1979, la reincidencia en el tráfico de drogas se castiga con la pena de muerte(65). En abril de 1993, el Consejo del Pueblo Sirio (el Parlamento del país) aprobó una nueva ley que ampliaba el ámbito de aplicación de la pena de muerte a los delincuentes sin antecedentes. La nueva ley establece la pena de muerte por cultivar, fabricar o comerciar con drogas. La ley entró en vigor en julio de 1993.


Abdalla Mahmud Hbalti, de 21 años, fue ahorcado el 3 de abril de 1986 tras ser condenado por homicidio premeditado y narcotráfico. Desde entonces, Amnistía Internacional no ha recibido informes de condenas a muerte o ejecuciones por narcotráfico.


TAIWAN(República de China)


Las Normas para la Supresión del Opio y otros Narcóticos durante el Período de Emergencia Nacional, promulgadas el 3 de junio de 1955, introdujeron la pena de muerte obligatoria por vender, transportar o fabricar opio, morfina, heroína o cocaína, y la pena de muerte facultativa por vender, transportar o fabricar cannabís. La pena de muerte ya se establecía en la República de China para delitos relacionados con las drogas en virtud de las normas promulgadas en 1948 y modificadas en 1950. En julio de 1992 el Yuan(Consejo) Legislativo modificó la ley, y cambió la pena de muerte obligatoria para narcotráfico por la pena de muerte facultativa. De acuerdo con la ley actual, puede condenarse a los consumidores de drogas a siete años de prisión por el primer delito, y a la pena de muerte por el tercer delito.


Amnistía Internacional registró una condena a muerte por delitos relacionados con el narcotráfico en 1989, ocho en 1992, siete en 1993, tres en 1994 y uno en la primera mitad de 1995. En algunos casos la persona había sido condenada por tráfico de armas. En 1994, el Tribunal Supremó conmutó a cadena perpetua dos condenas a muerte por contrabando de drogas.


Amnistía Internacional ha registrado una ejecución por delitos relacionados con las drogas, llevada a cabo en 1993.


TAILANDIA


Se introdujo la pena de muerte por tráfico de heroína en virtud de una enmienda realizada en 1961 a Ley Real sobre Drogas Perjudiciales que Crean Adicción (1979). Según la Sección 65 de la ley de 1979, la pena de muerte es obligatoria para la producción, importación o exportación de heroína para su distribución. La Sección 66 de la misma ley establece la pena de muerte facultativa para la distribución o posesión para la distribución, de heroína que contenga sustancia pura en una cantidad superior a 100 gramos.


Amnistía Internacional ha registrado 23 condenas a muerte por delitos relacionados con las drogas en Tailandia desde 1988. Aparte de ciudadanos tailandeses, entre los condenados figuran ciudadanos de Australia, Canadá, Nigeria y España. Al menos siete de estas sentencias fueron posteriormente conmutadas.


En Tailandia el rey conmuta frecuentemente las condenas a muerte. No se ha ejecutado a nadie en el país desde 1988.

EMIRATOS ÁRABES UNIDOS


La pena de muerte para delitos relacionados con las drogas se introdujo en virtud de la Ley Federal 6/1986 de Lucha contra los Estupefacientes, que entró en vigor en abril de 1986, un mes después de publicarse en el boletín oficial. De conformidad con el artículo 50 de la ley, se establece la pena de muerte facultativa para los jefes de bandas de narcotraficantes; es preceptiva para los reincidentes.El artículo 53 establece la pena de muerte por el homicidio de un agente encargado de hacer cumplir la ley de drogas en el cumplimiento de su deber.


El 24 de abril de 1995 se amplió el ámbito de aplicación de la pena de muerte, tras aprobar el Consejo de Ministros una ley que establecía la pena de muerte para delitos relacionados con las drogas que anteriormente se castigaban con la cárcel. Se informó de que el Consejo de Ministros había actuado de acuerdo con una recomendación del presidente, al Shaik Zayedbin Sultán Al Nahayan.


Amnistía Internacional escribió al presidente en mayo, reiterando su oposición a la pena de muerte y pidiéndole que se derogara la ley. En una respuesta fechada el 15 de julio de 1995, un funcionario del Ministerio de Asuntos exteriores afirmó que el ámbito de aplicación de la pena de muerte por narcotráfico se había ampliado «a la luz de las terrible situación y para luchar contra el tremendo efecto adverso de estos delitos, que ponen en peligro la seguridad y la prosperidad ininterrumpida de esta sociedad». A pesar de otras medidas de protección que el gobierno ha tomado, dijo, «la ampliación del ámbito de aplicación de penas por narcotráfico se justifica por la proliferación de estos delitos». Cuestionó la información de Amnistía Internacional sobre otros países,que pone en duda el argumento del efecto disuasorio como justificación de la pena de muerte, y añadió que «se precisa tiempo para que estas condenas tengan efecto [disuasorio]».


Tres ciudadanos paquistaníes fueron condenados a muerte el 27 de octubre de 1992 por un tribunal de Sharjah, tras habérseles procesado por realizar contrabando de drogas en los Emiratos Árabes Unidos. En febrero de 1994, Amnistía Internacional envió llamamientos urgentes a las autoridades en favor de otro ciudadano paquistaní que, según informes, había sido condenado a muerte por cargos de narcotráfico, y cuya sentencia había sido confirmada por el Tribunal de Apelación de Sharjah. Amnistía Internacional desconoce si se han ejecutado estas sentencias.


ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA


La pena de muerte para delitos relacionados con las drogas fue introducida en la ley federal (nacional) en 1988, en virtud de la Ley contra el Consumo de Drogas de 1988. Esta ley modificó la Ley de Sustancias Controladas (EE.UU 21 ,Código 848), estableciendo la pena de muerte facultativa para una persona que se dedica a favorecer una «empresa criminal continuada»(66) de narcotráfico, que mata intencionadamente u ordena matar a un agente encargado de hacer cumplir la ley en relación con un delito premeditado de drogas. Como en otras leyes de pena de muerte que se han redactado recientemente para ajustarse a las resoluciones del Tribunal Supremo de Estados Unidos en Furman contra Georgia (1972) y Gregg contra Georgia (1976), un juez o jurado que tenga que decidir sobre la imposición de la pena de muertedebe sopesar las circunstancias atenuantes y agravantes que establece la ley. Entre las circunstancias atenuantes para los delitos relacionados con las drogas figuran la juventud del acusado, que el delito se cometiera bajo coacción, y que otro acusado, culpable igualmente del delito no vaya a ser condenado a muerte. Entre las circunstancias agravantes figuran condenas anteriores graves y que el homicidio se cometa de una forma especialmente atroz, cruel o depravada.

La promulgación de la ley de 1988 consiguió, por primera vez, llevar la pena de muerte, que hasta ese momento en Estados Unidos había sido competencia de los estados, al ámbito federal. En Estados unidos, el castigo de los delitos comunes ha sido tradicionalmente competencia de las leyes de los estados, mientras que la ley penal federal se centraba en asuntos de ámbito claramente nacional, tales como los delitos de traición o militares. La mayoría de los estados del país, aunque no todos, tienen leyes que establecen la pena de muerte por asesinato. Según la ley de 1988, en la actualidad es posible condenar a muerte a una persona por un asesinato relacionado con drogas cometido en un estado cuya legislación haya rechazado hasta ese momento dicho castigo.


Se ha criticado la ley de 1988 por ser más amplia de lo que sus autores se proponían. Según Sandra D. Jordan, «la historia legislativa y la ley denominada 'Pena de Muerte para Casos de Homicidios Relacionados con las Drogas', demuestran que esta enmienda tenía como objetivo abarcar los homicidios cometidos por las «personas clave» de las drogas. Sin embargo, la terminología empleda revela que la ley es muy general e incluye homidicios que no tienen relación con las «personas clave» de la droga o ni siquiera con las drogas»(67).


La primera condena en aplicación de la ley de 1988 se impuso el 14 de noviembre de 1991 en Birmingham, Alabama. A David Chandler se le acusó de dirigir un importante negocio de marihuana del que existía una red dedicada a la importación, cultivo y distribución en al menos cuatro estados.Fue condenado por inducir a los homicios de un confidente de la policía y de otras dos personas que él pensaban habían robado marihuana de sus campos. El hombre que mató al confidente podía haber sido condenado a muerte en virtud de la ley de 1988, pero no fue así, tras llegar a un acuerdo con el gobierno, testificó en contra de David Chandler, a cambio de garantizársele que no se le sometería a la pena de muerte(68).


En 1994 se amplió el ámbito de aplicación de la pena de muerte para incluir los delitos relacionados con las drogas en los que no se cometa homicidio. La Ley Federal sobre la Pena de Muerte de 1994(69) establece la pena capital para delitos relacionados con las drogas cometidos como parte de una «empresa delictiva continuada», en los que intervengan ciertos ingresos brutos de elevada cuantía o ciertas cantidades elevadas de heroína, cocaína, marihuana, LSD, anfetaminas o ciertos tipos de drogas sintéticas. La ley establece también la pena de muerte para intentos de homicidio cometidos u ordenados por el jefe de una «empresa criminal continuida», con el fin de obstaculizar una investigación o acusación. Entre las circunstancias atenuantes que deben analizarse a la hora de imponer la pena de muerte figuran que delito se haya cometido bajo coacción, que el acusado sólo desempeñara un papel insignificante en el delito, y que otro acusado, igualmente culpable del delito, no vaya a ser condenado a muerte. Entre las circunstancias agravantes figuran condenas anteriores por delitos graves de drogas, la distribución a personas menores de 21 años, la distribución cerca de colegios, la utilización de menores en el tráfico, y la utilización de un arma de fuego para amenazar, intimidar, agredir o herir a una persona.


El 30 de abril de 1995 se habían impuesto seis condenas a muerte en aplicación de la ley de 1988. Los seis presos siguen condenados a muerte. No se han llevado a cabo ejecuciones. No ha habido aún condenas a muerte de acuerdo con la ley de 1994.


VIETNAM


En diciembre de 1992 el artículo 96a del Código Penal introdujo la pena de muerte facultativa para el delito de fabricar, esconder, o transportar ilegalmente narcóticos, o traficar con ellos, en contra de las leyes estatales y cuando el delito se comete en circunstancias especialmente graves.

El 28 de mayo de 1993, Wong Chi Shing, un residente en Hong Kong de nacionalidad británica, fue condenado a muerte, presuntamente por realizar contrabando con cinco kilogramos de heroína. Wong Chi Shing fue fusilado el 20 de junio de 1995.


Dos vietnamitas fueron condenados a muerte en julio de 1993 por delitos de narcotráfico. Amnistía Internacional registró una nueva condena a muerte el 21 de agosto de 1994 por tráfico de heroína.


En marzo de 1995, Nguyen Van Quang fue condenado a muerte por traficar con 227 kilogramos de opio. Posteriormente ese mismo mes, se ejecutó a Duang Van Than y a Nguyen Si Tuan. Se les había condenado por traficar con 35 kilogramos de opio y 2,1 kilogramos de heroína, respectivamente.


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(1) La primera edición de este documento se elaboró con la ayuda de John V. Owens (The Death Penalty: No Solution to Illicit Drugs, Índice AI: ACT 05/39/86, diciembre de 1986. La presente edición se ha preparado con la ayuda de Tanya Hector. También resultó muy útil la investigación que sobre el tema realizó en 1993 el Grupo Temático de la pena de muerte de la Sección Holandesa de Amnistía Internacional.

(2) Declaración del secretario general de la ONU ante el Consejo Económico y Social, 24 de mayo de 1995.

(3) Como se detalla en el anexo a este documento, los 26 países son Bahrein, Bangladesh, Brunei Darussalam, China, Egipto, Guyana, Irán, Iraq, Jordania, República de Corea (Corea del Sur), Kuwait, Malaisia, Myanmar, Filipinas, Qatar, Arabia Saudí, Singapur, Sri Lanka, Sudán, Siria, Taiwán, Tailandia, Emiratos Árabes Unidos, Estados Unidos de América y Vietnam.

(4) Qatar y Arabia Saudí introdujeron la pena de muerte para delitos relacionados con las drogas en 1987, Bangladesh en 1988, Guyana y Sudán en 1989, y Vietnam en 1992. Filipinas abolió la pena de muerte para todos los delitos en 1987, pero la volvió a introducir para delitos relacionados con el narcotráfico y otros delitos comunes en 1994.

(5) El 14 de noviembre de 1985 radio Teherán informó de que 16 miembros de la gendarmería regional habían resultado muertos en un tiroteo con contrabandistas de droga cerca de la frontera con Pakistán. Los presuntos contrabandistas corrían el riesgo de ser condenados a muerte si los hubieran detenido. En 1994, 200 funcionarios iraníes encargados de hacer cumplir la ley perdieron la vida en la lucha contra el narcotráfico, según un comunicado oficial.

(6) En Nigeria, un decreto de 1984, posteriormente modificado, estableció tribunales militares especiales autorizados para imponer condenas a muerte a las personas que cometieran delitos de drogas, con efecto retroactivo y sin derecho a recurso. El 10 de abril de 1995, tres hombres fueron fusilados en público por un pelotón de ejecución; dos de ellos habían sido condenados por delitos cometidos antes de que se aprobara el decreto. Las ejecuciones causaron protestas generalizadas de líderes religiosos, intelectuales y periódicos, entre otros. Entre las objecciones realizadas figuraba que la muerte era un castigo demasiado duro para el delito cometido; que matar embrutece más que reformar; que la pena de muerte era injusta, y no disuasoria. Se condenó a muerte a otros presos, pero no se produjeron más ejecuciones relacionadas con delitos de drogas. En 1986 se modificó el decreto y se suprimió la pena capital para delitos de drogas. Las condenas a muerte pendientes por delitos de esta índole se conmutaron por penas de prisión.

(7) De acuerdo con los artículos 403, 406 y 407 del Código Penal, la pena capital era preceptiva para ciertos delitos de tráfico de heroína, morfina, cocaína o hachís. Se condenó a muerte a varios presos, pero no se se llevaron a cabo las ejecuciones. En 1991 todas las condenas a muerte impuestas por delitos cometidos antes del 8 de abril de 1991 fueron conmutadas en virtud de la Ley Antiterrorista.

(8) El fallo lo emitió el 18 de febrero de 1992 el Comité Judicial del Consejo Privado de la Reina (CJCPR), Inglaterra, que es el tribunal superior de apelación de Mauricio, en relación con los casos de Ali contra R. y Rassool contra R. El CJCPR falló que el artículo 38.4 de la Ley de Drogas Peligrosas de 1986 era nulo, ya que autorizaba en la práctica a que el director general de la Fiscalía, un funcionario perteneciente al poder ejecutivo, eligiera la pena que se iba a imponer al decidir si al acusado de narcotráfico se le juzgaba en un juzgado o tribunal federal de primera instancia, donde no se prevé la pena de muerte, o en el Tribunal Supremo, en el que la ley estipula la pena de muerte. El fallo señalaba que en la Constitución de Mauricio se incluía el principio de separación de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial del Estado. El CJCPS ordenó que las condenas a muerte que se habían impuesto a dos apelantes, condenados en 1987 por introducir heroína en el país cuando eran traficantes, quedara sin efecto y los casos fueran remitidos al Tribunal Supremo de Mauricio para que volviera a dictar sentencia.

(9) La resolución 32/61 de la Asamblea General de la ONU, del 8 de diciembre de 1977, reafirmó que «el principal objetivo que debe buscarse en el ámbito de la pena capital es la restricción progresiva del número de delitos punibles con la muerte, ante la conveniencia de abolir este castigo»

(10) Comentario general sobre el artículo 6 del Pacto internacional de Derechos Civiles y Políticos, adoptado el 27 de julio de 1982 por el Comité de Derechos Humanos en su reunión 378 (sesión 16).

(11) Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias; informe del Relator Especial..., documento de la ONU núm. E/CN.4/1995/61, 14 de diciembre de 1994, párrafo 375.

(12) En su informe a la sesión de 1995 de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, el Relator Especial afirmó: «aunque las leyes internacionales no prohíben la pena de muerte, no existe el derecho a la pena capital, restringido únicamente por algunas limitaciones contenidas en los instrumentos internacionales pertinentes. Ante lo irreparable de la pérdida de una vida, la imposibilidad de remediar los errores judiciales y las dudas bien fundadas manifestadas por una amplia variedad de expertos en criminología, sociología, etc. sobre el efecto disuasorio de la pena capital, el Relator insta una vez más a los gobiernos de todos los países donde siga existiendo la pena de muerte a que revisen esta situación y realicen todos los esfuerzos posibles para su abolición». Ibid., apartado 384.

(13) Amnistía Internacional, «Lista de países abolicionistas y retencionistas», que se publica periódicamente.

(14) La pena capital y la aplicación de las salvaguardias que garantizan la protección de los derechos de quienes podrían ser condenados a muerte; informe del secretario general, documento de la ONU núm. E/1995/78, 8 de junio de 1995, apartado 87.

(15) En un documento de trabajo elaborado para el Sexto Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento de Delincuentes, el Secretariado de la ONU concluyó que «a pesar de las avanzadas investigaciones llevadas a cabo para determinar el valor disuasorio de la pena de muerte, no se han obtenido indicios concluyentes de su eficacia... Parece... que es una importante labor de los gobiernos, la comunidad académica, los medios de difusión y otras organizaciones públicas... sobre la incertidumbre del efecto disuasorio de la pena capital...». Sexto Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento de Delincuente, La pena capital: documento de trabajo elaborado por el Secretariado, documento de la ONU núm. A/CONF.87/9, 23 de junio de 1980, apartado 68.

(16) El estudio más reciente en torno a los resultados de la investigación mundial sobre la relación entre la pena de muerte y el índice de homicidios, dirigido por la ONU en 1988, concluyó que «esta investigación no ha hallado pruebas científicas de que las ejecuciones tengan un mayor efecto que la cadena perpetua. Es improbable que esas pruebas aparezcan próximamente. Los indicios existentes no apoyan aún de forma concluyente la hipótesis del efecto disuasorio». Roger Hood, The Death Penalty: A World-Wide Perspective; Oxford, Clarendon Press, 1989, p.167; recomendado.

(17) Un experto de la ONU ha enumerado seis puntos que debería tratar todo estudio profundo sobre el efecto disuasorio de la pena de muerte en los delitos de drogas. Concluyó que «sólo tras una minuciosa observancia de las extremadamente complicadas reglas de investigación criminal puede llegarse a conclusiones justificadas sobre el efecto disuasorio de la pena capital en el índice de narcotráfico ilegal. Pero, incluso sin realizar esa investigación y aceptando únicamente las pruebas incontestables de que, bien mirado, la pena de muerte no tiene una influencia perceptible en el índice de homicidios, puede uno mostrarse escéptico acerca de si esa influencia se notará en el caso del narcotráfico ilegal». Slawomir M. Redo, «United Nations Position on Drug Crimes» Instituto de Asia y Extremo Oriente de las Naciones Unidas, Resource Material Series, núm. 27 (abril de 1985), pp. 90-91.

(18) Se tienen noticias de que al menos doce países tienen leyes que estipulan explícitamente la pena de muerte por tráfico de cannabís o hachís. Estos países son Bahrein, Brunei Darussalam, Irán, la República de Corea, Malaisia, Myanmar, Filipinas, Qatar, Singapur, Sudán, Taiwán y Estados Unidos. Al menos dos países, Malaisia y Arabia Saudita, han ejecutado a presos por traficar con cannabís o hachís.

(19) Según el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) (artículo 6.2), «En los países que no hayan abolido la pena capital sólo podrá imponerse la pena de muerte por los más graves delitos....» Según las Salvaguardias para Garantizar la Protección de los Derechos de los Condenados a la Pena de Muerte (las Salvaguardias ECOSOCde 1984), adoptadas por el Consejo Económico y Social de la ONU en la resolución 1984/50 del 25 de mayo de 1984 y respaldadas por la Asamblea General de la ONU en la resolución 39/118, adoptada sin votación el 14 de diciembre de 1984, «En los países que no la hayan abolido, la pena de muerte sólo podrá imponerse como sanción para los delitos más graves, entendiéndose que su alcance se limitará a los delitos intencionales que tengan consecuencias fatales u otras consecuencias extremadamente graves.» (Salvaguardia 1) En su estudio realizado en julio de 1995 sobre el tercer informe periódico de Sri Lanka incluido en el PIDCP, el Comité de Derechos Humanos creado en aplicación del PIDCP estipula, manifestó «su preocupación por que, según las leyes de Sri Lanka, puede imponerse la pena de muerte por delitos como colaboración en el suicidio, delitos relacionados con las drogas y ciertos delitos contra la propiedad» Comité de Derechos Humanos, «Comentarios del Comité de Derechos Humanos; Sri Lanka», documento de la ONU núm. CCPR/C/79 addéndum 56, 27 de julio de 1995.

(20) Amnistía Internacional ha registrado más de 2.900 ejecuciones por delitos de drogas en Irán desde el establecimiento de la República Islámica en 1979; Anteriormente se había ejecutado a miles de presos durante el gobierno del Sha de Irán. La organización ha registrado más de 1.100 ejecuciones por delitos de droga en China, pero, por supuesto, la cantidad real es más alta. Malaisia ha ejecutado a más de doscientos presos por delitos de drogas desde 1975; se tienen noticias de que Singapur ha ejecutado al menos a cien desde 1975, y Arabia Saudí ha ejecutado al menos a cien desde que se introdujo la pena de muerte en 1987. Otros países que han realizado ejecuciones son Egipto, Indonesia, Sudán, Taiwán, Vietnam y Siria, en un caso en el que también se cometió homicidio.

(21) Las normas internacionales sobre juicios justos están enunciadas en los artículos 9, 14 y 15 del PIDCP. En la resolución 35/172, aprobada sin votación el 15 de diciembre de 1980, la Asamblea General de la ONU instó a los Estados miembros de la ONU «a respetar, como norma mínima, las disposiciones de los Artículos 6, 14 y 15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y, cuando sea necesario, a revisar sus legislaciones y prácticas para garantizar los procedimientos legales más cuidadosos y el mayor número posible de salvaguardias para los acusados de delitos punibles con la muerte» Las salvaguardias legales que deben respetarse en los casos de pena de muerte fueron posteriormente incluidas en las Salvaguaridas ECOSOCde 1984, a las que se ha aludido anteriormente. (Los textos de la resolución de 1980 y las Salvaguardias ECOSOCpueden encontrarse en Amnistía Internacional, Cuando es el Estado el que mata... Los derechos humanos frente a la pena de muerte, EDAI, 1989, Apéndices 4 y 9, pp. 294 y 299. Tanto la aprobación de la resolución de la Asamblea General en 1980 como la aprobación de las Salvaguardias ECOSOCen 1984, ambas por consenso, era señal de que existía un fuerte acuerdo y de que ningún Estado miembro de la ONU quería declarar públicamente que se oponía a estas medidas.

(22) La ley de Singapur estipula que si se prueba o se estima que una persona ha tenido en su poder más de una cantidad mínima determinada de morfina o heroína, «se estimará, hasta que se demuestre lo contrario, que se hallaba en posesión de esa droga controlada con el objeto de traficar con ella». Según esta ley, el tráfico de drogas se pena con la muerte. La misma ley estipula también que «si se halla alguna droga controlada en un vehículo, se estimará, hasta que se demuestre lo contrario, que se hallaba en posesión del propietario del vehículo y de la persona a cuyo cargo se encontraba el vehículo en ese momento». La ley malaisia establece también la presunción de tráfico de drogas por la posesión de determinadas cantidades de drogas.

(23) Para obtener mayor información sobre las reglas del «nexo probatorio» y otras consideraciones que utiliza el Tribunal Supremo malaisio en sus fallos sobre casos de pena de muerte, véase Sidney L. Harring, «Death, Drugs and Development: Malaysias's Mandatory Death Penalty for Traffickers and the International War on Drugs» Columbia Journal of Transnatinal Law, Vol. 29, pp. 365-405, 1991.

(24) Entre los países que establecen la pena de muerte obligatoria para todos o algunos de los delitos de drogas que se penan con la muerte figuran Brunei Darussalam, Egipto, Guyana, Irán, Jordania, Malaisia, Filipinas, Qatar, Arabia Saudí, Singapur, Tailandia y Emiratos Árabes Unidos. De los 12 países, todos, excepto Malaisia y Tailandia, han introducido o han ampliado desde 1986 el ámbito de aplicación de la pena de muerte preceptiva. Por el contrario, en 1992 Taiwán cambió su ley y estableció la pena de muerte facultativa -en lugar de obligatoria- para los delitos relacionados con el narcotráfico.

(25) David Pannick, Judicial Review of the Death Penalty, Londres, Duckworth, 1982, Capítulo 6, pp. 108-138. Lee Min Choon, «Legality of the Mandatory Death Sentence», ponencia que presentó en un seminario el Colegio de Abogados de Malaisia, 19 de julio de 1986.

(26) El Tribunal Supremo de Estados Unidos, en Woodson contra Carolina del Norte (1976) estimó inconstitucional una pena de muerte obligatoria por homicidio en primer grado. El Tribunal Supremo de la India, en Mithu contra el Estado de Punjab (1983), rechazó la pena de muerte preceptiva por asesinato en aplicación de la Sección 303 del Código Penal indio. En este fallo, el Tribunal Superior indio estimó que «la gravedad del delito proporciona las directrices para establecer el castigo, y no se puede determinar la gravedad del delito sin tener en cuenta las circunstancias por las que se cometió, sus motivos y repercusiones. El poder legislativo no puede convertir las circunstancias relevantes en irrelevantes, privar a los tribunales de su legítima competencia a ejercer su voluntad de no imponer la condena a muerte en los casos pertinentes, obligarles a cerrar los ojos ante las circunstancias atenuantes, e imponerles la dudosa y desmedida obligación de imponer una condena a muerte predeterminada».

(27) Informe 1994 de la Comisión Internacional de Control de Estupefacientes, Naciones Unidas, Nueva York, 1995, Ventas ONU núm. E.95.XI.4, párrafos 218, 219, 249.

(28) Ezzat A. Fattah, «The Use of the Death Penalty for Drug Offences and for Economic Crimes; A Discussion and a Critique» en La Pein de Mort; Travaux de la Conférence Internationale... Revue Internationale de Droit Penal ,Vol. 58 (1987), Nos. 3-4, 1988, pp. 723-735, p.726.

(29) Informe del Grupo de Expertos en Contramedidas para el Contrabando de Drogas por Mar y Aire, Viena, 9-13, diciembre de 1985, documento elaborado para la novena sesión especial de la Comisión de Estupefacientes, documento de la ONU núm. E/CN.7/1986/11/Add.3.

(30) En un caso de Mauricio, al acusado, un campesino analfabeto del sureste de la India, le entregaron unos billetes de avión para Mauricio y le prometieron una pequeña recompensa si entregaba una bolsa a una persona cuya identidad le sería desvelada a su llegada. Cuando llegó a Mauricio, los agentes de la aduana hallaron heroína en un falso fondo de la bolsa. El juicio se desarrolló en inglés; el intérprete, que tenía la impresión de que sólo podía traducir cuando se lo indicara el juez que presidía la sala, traducía los cargos y las declaraciones del acusado, pero ninguna de las pruebas. En su declaración al tribunal, el acusado, cuya lengua nativa era el malayo, dijo que no había entendido lo que habían dicho los testigos. Fue acusado y condenado a muerte por el Tribunal Supremo en 1989. El Tribunal de Apelación desestimó su recurso, basándose en que si el acusado o su abogado defensor no reclaman el derecho a la asistencia de un intérprete en el juicio, la falta de dicho intérprete no podía constituir motivo de recurso. El Comité Judicial del Consejo Privado de la Reina (CJCPR) de Inglaterra, que actúa como el tribunal último de apelación en Mauricio, aceptó su recurso en 1993 y anuló su condena. El CJCPR estimó que no podía afirmarse que un acusado, a falta de consentimiento expreso, que no había entendido las diligencias realizadas en su contra, hubiera tenido un juicio justo, y que el juez, en virtud de que está obligado a garantizar que el acusado tenga un juicio justo debía haberse asegurado que se hacía uso efectivo de un intérprete. Resolución del CJCPR en Kunnath contra el Estado, 1993.

(31) Los 25 países y territorios cuyos ciudadanos han sido ejecutados por delitos de drogas en otros países son Afganistán, Australia, Bangladesh, Chad, Hong Kong, India, Indonesia, Iraq, Jordania, Kenia, Malaisia, Myanmar, Nigeria, Paquistán, Filipinas, Singapur, Somalia, Sudán, Siria, Taiwán, Tanzania, Tailandia, Turquía, Reino Unido y Yemen. Además de estos países, también se ha condenado a muerte en otros países a ciudadanos de Canadá, Francia, Israel, Holanda, España y Sri Lanka. Para mayor información, véase el apéndice de este documento.

(32) Los autores de un estudio de la ONU sobre la extradición por delitos de drogas han señalado que la pena de muerte puede influir en algunos casos en las decisiones que se toman. «Por lo general, en los casos en los que los tribunales del Estado que solicita la extradición podrían imponer la pena de muerte, los Estados que ya la han abolido no están dispuestos a acceder, ya que contribuirían así a la imposición de una pena que ya ha sido rechazada por la propia ideología de ese Estado. La razón fundamental para ese rechazo es que la abolición de la pena de muerte por parte de un Estado determinado se basa en motivos humanitarios y de política pública y, por consiguiente, sería aborrecible para ese Estado conceder la extradición, ya que significaría utilizar sus métodos para obtener un resultado que violaría su ley y su política pública». El estudio señaló que aunque, según la Convención Única sobre Estupefacientes, la negativa a conceder la extradición establecería la competencia del Estado que niega la extradición para juzgar al presunto delincuente, «en los casos en que no se accede a la extradición puede resultar difícil demostrar la culpabilidad del delincuente, ya que la mayor parte de las pruebas se hallan en el Estado que realiza la petición». División de Estupefacientes de la ONU, Extradición por Delitos Relacionados con las Drogas. Estudio de los Métodos Existentes de Extradición y Directrices Sugeriadas para Uso en la Elaboración de los Tratados de Extradición, Naciones Unidas, Nueva York, 1985, Ventas ONU núm. E.85.XI.6. Si se desea consultar un estudio general sobre política de extradición en casos potenciales de pena de muerte, véase The Death Penalty as Barrier to Extradition, Amnistía Internacional, Índice AI: ACT 51/14/89, febrero de 1989.

(33) Como un experto, Arnold S. Trebach, observó en un artículo publicado en 1983, «Es... muy difícil proteger a la gente de ellos mismos y de sus propios hábitos». Al citar la experiencia de países que han utilizado la pena de muerte para delitos de drogas, Trebach consideró que el hecho de que el consumo de drogas haya proseguido a pesar de la amenaza de ejecución demuestra «que no puede hacerse cumplir una ley si un número suficiente de ciudadanos están dispuestos a violarla». Entre la pena de muerte, que Trebach consideraba un símbolo de la «adhesión rígida» a la doctrina del control a través de sanciones penales, y el extremo opuesto de suprimir las sanciones penales para los consumidores de drogas, existe un terreno intermedio en el que deben buscarse soluciones. «Es necesario... elaborar los detalles difíciles de un nuevo orden mundial para el control de las drogas peligrosas, que debe comenzar en el terreno intermedio entre los extremos, donde pocas cuestiones son blancas o negras, donde la mayoría son grises, y donde resulta fundamental un paciente sentido del equilibrio humano. En otras palabras, el pacto ingenioso, la experimentación prudente, y los reajustes frente a la nueva experiencia deben convertirse en las herramientas para crear ese nuevo orden». Arnold S. Trebach, «The Lesson of Ayatollah Khalkhali», Journal of Drug Issues, Vol. 13, núm. 4, otoño de 1993, pp. 380, 392-394.


Para estudiar los posibles efectos de suministrar legalmente drogas controladas para reducir el mercado negro sin provocar un aumento del consumo de drogas, véase Eric W. van Luijk, A Lesson from History on the Issue of Drug Legalisation: The Case of Opiumregie in the Dutch East Indies (1890-1940), Instituto de Estudios Superiores de Holanda, junio de 1991.

(34) Frits Rüter, «Drugs and the Criminal Law in the Netherlands», Criminal Law Action: An Overview of Current Issues in Western Societies, Arnhem, Gouda Quint, 1986, pp. 147-165.

(35) Informe sobre la Conferencia Internacional contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas; Viena, 17-26 de junio de 1987, Naciones Unidas, Nueva York, documento de la ONU núm. A/CONF.133/12, Ventas de la ONU núm. E.87.I.18. El Plan Amplio y Multidisciplinario se reproduce en el informe y también en el Acta Final de la Conferencia Internacional contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópias y en el Plan Amplio y Multidisciplinario de Actividades Futuras en Materia de Fiscalización del Uso Indebido de Drogas, Naciones Unidas, Nueva York, 1988, Ventas ONU núm. E.88.XI.1. En la resolución 44/142 del 15 de diciembre de 1989 la Asamblea General de la ONU afirmó que la Declaración y el Esbozo Multidisciplinario General «representan el marco adecuado de cooperación internacional para el control de las drogas».

(36) Una propuesta para exigir un castigo «severo» (en lugar de «adecuado») en el artículo 36 de la Convención Única sobre Estupefacientes no obtuvo la mayoría de dos tercios necesaria para su aprobación en la conferencia de la ONU de 1961. «Los que se oponían a la palabra 'severo' alegaban que el grado de severidad que una sanción penal requería en diferentes países para lograr su propósito social podía diferir ampliamente; que lo que podía ser una pena adecuado en un Estado, podía no considerarse tan severa en otro; y que la palabra 'severo' contenía alusiones de 'castigo justo', que era uno de los objetivos del derecho penal en que no debía hacerse énfasis». Comentario sobre la Convención Única sobre Estupefacientes, 1961, elaborado por el secretario general, Naciones Unidas, 1973, Ventas ONU núm. E.73.XI.1, p. 429.

(37) El artículo 22.1, párrafo a) del Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas estipula que los Estados parte garantizarán que el incumplimiento de las leyes o reglamentos aprobados a tenor de sus obligaciones con la Convención «estarán sujetos a un castigo apropiado, especialmente a prisión o a otras penas de privación de libertad». El artículo 3 de la Convención contra el Tráfico Ilegal de Drogas Narcóticas y Sustancias Psicotrópicas estipula que los Estados parte incluirán en sus leyes nacionales una serie espécifica de actividades de tráfico como delitos penales, y que harán que la comisión de estos delitos esté «sujeta a sanciones que tengan en cuenta la naturaleza grave de estos delitos, tales como prisión u otras formas de privación de libertad, sanciones pecuniarias y confiscación».

(38) Los resúmenes no son descripciones exhaustivas, sino que tienen como fin ofrecer una idea de la variedad de delitos que se castigan con la muerte y de la gama de drogas que se incluyen.

(39) Las leyes de los países contienen con frecuencia frases como «drogas peligrosas», «drogas controladas», «narcóticos» y «sustancias psicotrópicas». Muchas contienen apéndices en los que se enumeran las drogas que deben incluirse bajo esos epígrafes. De acuerdo con las convenciones internacionales pertinentes (la Convención Única sobre Estupefacientes y la Convención sobre Sustancias Psicotrópicas), entre los «narcóticos» se encuentran el cannabís (marihuana), el opio, la heroína y la cocaína, mientras que las «sustancias psicotrópicas» incluyen drogas químicas como las anfetaminas, los barbitúricos y las drogas alucinógenas como el LSD.

(40) El Día Internacional contra el Abuso y el Tráfico Ilegal de Drogas, 26 de junio, fue establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas en la resolución 42/112, adotada el 7 de diciembre de 1987.

(41) Las estadísticas globales las compila el Tribunal Supremo del Pueblo, que por ley debe revisar todas las condenas a muerte o ser informado de ellas, pero éstas se clasifican como secreto de Estado.

(42) Amnistía Internacional, People's Republic of China: Drugs and the Death Penalty in 1991, Índice AI: ASA 17/07/92, febrero de 1992.

(43) Algunos informes mencionaban las ejecuciones múltiples de presos condenados por delitos relacionados con las drogas y de otra índole; no especificaban cuántos habían sido ejecutados por cada delito.

(44) El sistema de las condenas a muerte con aplazamiento temporal de la ejecución de dos años existe desde 1949, y se mantiene en la actualidad en el Código Penal. Durante el período de suspensión temporal de dos años, los delincuentes realizan trabajos forzados. Si dan muestras de «arrepentimiento» durante ese tiempo, se les conmuta la pena a cadena perpetua. Se desconoce la proporción de condenas a muerte que se conmutan o se ejecutan.

(45) Informe 1994 de la Comisión Internacional de Control de Estupefacientes, Naciones Unidas, Nueva York, 1995, Ventas ONU núm. E.95.XI.4, párrafo 218.

(46) «Pekín se compromete a tomar medidas enérgicas contra las drogas y los traficantes», Agencia Reuter, 26 de junio de 1995.

(47) Al Ahram, 13 de noviembre de 1985 y 4 de diciembre de 1985; al Wafd, 14 de noviembre de 1985 y 28 de noviembre de 1985.

(48) Para mayor información sobre el caso de Chan Ting Chong, véase la parte principal de este documento.

(49) Para mayor información, véase The Death Penalty: No Solution to Illicit Drugs, Índice AI: ACT/ 05/39/86, diciembre de 1986.


(50) The Death Penalty: Amnesty International Report, Londres, Publicaciones de Amnistía Internacional, 1979, p.172. Si se desea consultar un informe sobre la utilización de la pena de muerte para delitos relacionados con las drogas durante el gobierno del Sha de Irán, véase Annette Destrée, Opium et peine de mort en Iran, Revue de Droit Pénal et de Criminologie, Vol. 52, núm. 5, febrero de 1972, pp. 568-589.

(51) Youssef M. Ibrahim, «Irán interna a drogadictos en sus campos de trabajos forzados», New York Times, 22 de julio de 1989.

(52) Informe 1994 de la Comisión Internacional de Control de Estupefacientes, párrafos 249, 262. No obstante, según el gobierno iraní, los esfuerzos por hacer cumplir la ley han conducido a la eliminación de los laboratorios clandestinos de heroína y morfina y a la erradicación del cultivo de adormideras de opio en el país (ibid., párrafos 249, 262).

(53) Pena capital; Informe del secretario general al Consejo Económico y Social, con un apéndice fechado el 8 de enero de 1986, documento de la ONU núm. E/1985/43/Apéndice 1, p. 10.

(54) Al Qabas, 15 de septiembre de 1985.

(55) Amnistía Internacional, Malaisia: Death of an Innocent? Death Penalty Accused Presumed Guilty, Índice AI: ASA 28/01/93, junio de 1993.


(56) Si de desea un análisis de cómo la judicatura malaisia ha interpretado la Ley de Drogas Peligrosas en los casos de pena de muerte, véase Sidney L. Harring, «Death, Drugs and Development, Malaysia's Mandatory Death Penalty for Traffickers and the International War on Drugs», Columbia Journal of Transnational Law, Vol. 29, pp. 365-405, 1991.

(57) Informe de 1994 de la Comisión Internacional de Control de Estupefacientes, párrafo 219.

(58) Amnistía Internacional, Saudi Arabia: An Upsurge in Public Executions, Índice AI: MDE 23/04/93, mayo de 1993.

(59) Ashraf Fouad, "Los Estados del Golfo toman medidas duras con los contrabandistas de drogas», Reuters, 14 de marzo de 1988.

(60) «Los casos de drogas disminuyen en un 50%», Arab News, 13 de enero de 1990.

(61) Javid Hassan, «'La pena de muerte reduce los delitos relacionados con las drogas'», Arab News, 23 de enero de 1994.

(62) Las cifras de 1995 no incluyen casos de presos condenados por la combinación de delitos relacionados con el alcohol y las drogas, ni por homicidio y delitos relacionados con las drogas.

(63) «Amnistía Internacional, preocupada por el aumento de las ejecuciones en Arabia Saudita, Agencia Reuter, 21 de abril de 1995.

Esta no era la única vez que un alto cargo saudita se refería al aumento del narcotráfico. En 1994 el Departamento de Estado de los Estados Unidos señaló que altos cargos del gobierno saudita habían explicado que el aumento de las ejecuciones producidas en el país en 1993 «se debía al incremento del narcotráfico» (Informes de Países relativos a las prácticas de Derechos Humanos en 1993; Informe Presentado por el Departamento de Estado a la Comisión de Asuntos Exteriores, la Cámara de Representantes de Estados Unidos y la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de los Estados Unidos..., 103d Congreso, 2.º Sesión, Joint Committee Print, Washington, Imprenta del Estado de Estados Unidos, 1994, p. 1275).

(64) «Arabia Saudita afirma que seguirá decapitando a los contrabandistas de drogas», Agencia Reuter, 21 de agosto de 1995.

(65) Pena Capital: Informe del secretario general al Consejo Económico y Social, documento de la ONU núm. E/1980/9, febrero de 1980, p. 10.

(66) La ley considera que una persona participa en una empresa criminal continuada si comete un delito de drogas premeditado que forma parte de una serie de delitos de los que obtiene ingresos cuantiosos o recursos, y de los que se «encarga esa persona de común acuerdo con otras cinco o más personas con respecto a las cuales esa persona ocupa un puesto de organizador, supervisor, o cualquier otra responsabilidad de dirección». (EE.UU. 21, Código 848 (c)).

(67) Sandra D. Jordan, «Death for Drug Related Killings: Revival of the Federal Death Penalty» Chicago-Kent Law Review, Vol. 67, pp. 79-125, p. 92.

(68) Jordan, pp. 120-121.

(69) La Ley Federal sobre la Pena de Muerte de 1994 consiste en el Título VI de la Ley de Control de la Delincuencia Violenta, de 1994. Se introduce la pena de muerte en el nuevo capítulo 228 del título 18 del Código Penal de los Estados Unidos, secciones 3591-3598.

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