Document - Moratoriums on Executions: Report of the Secretary-General on the implementation of the United Nations General Assembly resolution 62/149

Público



Moratoria del uso de la pena de muerte



Informe del Secretario General de la ONU sobre la aplicación de la resolución 62/149 de la Asamblea General





La resolución 62/149, adoptada por la Asamblea General de la ONU el 18 de diciembre de 2007, pide a los Estados que “facilitaran al Secretario General información sobre el uso de la pena de muerte y la observancia de las salvaguardias para garantizar la protección de los derechos de los condenados a muerte”. El texto del informe del secretario general se publicó el 15 de agosto de 2008 y se adjunta a continuación.


















Resolución 62/149: http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N07/472/74/PDF/N0747274.pdf?OpenElement


Informe A/63/293: http://www.un.org/spanish/aboutun/organs/ga/63/search/view_doc.asp?symbol=A/63/293&Lang=S


Moratoria del uso de la pena de muerte


Informe del Secretario General de la ONU sobre la aplicación de la resolución 62/149 de la Asamblea General



Resumen


En el presente informe se analiza el grado de observancia de los derechos de los condenados a muerte previstos en los tratados internacionales de derechos humanos y en las directrices establecidas por el Consejo Económico y Social en 1984. Sobre la base de las contribuciones de los Estados Miembros, el informe examina los distintos motivos para establecer una moratoria de la pena de muerte, abolir dicha pena o mantenerla. También contiene datos estadísticos actualizados sobre el uso en todo el mundo de la pena de muerte, incluidas las moratorias establecidas en los Estados que no han abolido ese tipo de pena, así como las novedades pertinentes en la materia que se han producido desde el sexagésimo segundo período de sesiones de la Asamblea General. El informe concluye confirmando la tendencia mundial hacia la abolición de la pena de muerte, el importante papel que desempeñan las moratorias en los Estados que pretenden abolirla y las posibilidades de continuar la labor sobre esta cuestión.



ÍNDICE


I. Introducción


1. En su resolución 62/149, titulada “Moratoria del uso de la pena de muerte”, la Asamblea General expresó su profunda preocupación por que se siguiera aplicando la pena de muerte y exhortó a todos los Estados que todavía mantenían la pena de muerte a que: a) respetaran las normas internacionales que establecían salvaguardias para garantizar la protección de los derechos de los condenados a muerte, en particular las normas mínimas, estipuladas en el anexo de la resolución 1984/50 del Consejo Económico y Social; b) facilitaran al Secretario General información sobre el uso de la pena de muerte y la observancia de las salvaguardias para garantizar la protección de los derechos de los condenados a muerte; c) limitaran progresivamente el uso de la pena de muerte y redujeran el número de delitos por los que se podía imponer esa pena; y d) establecieran una moratoria de las ejecuciones, con miras a abolir la pena de muerte. La Asamblea también exhortó a los Estados que habían abolido la pena de muerte a que no la reintrodujeran.


2. En el párrafo 4 de la resolución, la Asamblea pidió al Secretario que le presentara un informe sobre la aplicación de la resolución. Sobre la base de esta petición, el 17 de marzo de 2008 la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en nombre del Secretario General, envió sendas notas verbales a todos los Estados Miembros y Estados observadores en las que solicitaba el envío de información pertinente para que el Secretario General pudiera preparar su informe. Se recibieron observaciones de 55 Estados Miembros,1así como información suministrada por organizaciones no gubernamentales.2


3. El Secretario General aprovecha el presente informe para recordar a la Asamblea General que existe información adicional pertinente en sus informes sobre la pena de muerte presentados al Consejo de Derechos Humanos3y en sus informes quinquenales al Consejo Económico y Social sobre la pena capital.4


4. También se destacan las resoluciones aprobadas anteriormente por la Asamblea General en relación con la pena de muerte. En la resolución 2857 (XXVI), de 20 de diciembre de 1971, la Asamblea afirmó que:


[…] para garantizar plenamente el derecho a la vida consagrado en el artículo 3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el objetivo principal que debe buscarse es reducir progresivamente el número de delitos a los que se pueda imponer la pena capital, habida cuenta de la conveniencia de abolir esa pena en todos los países.

La Asamblea reafirmó ese objetivo en la resolución 32/61, de 8 de diciembre de 1977, en la que también expresó la conveniencia de que las Naciones Unidas prosiguieran y ampliaran el examen de la cuestión de la pena capital.


II. El uso de la pena de muerte en el mundo


A. Estadísticas


5. El llamamiento de la Asamblea General a que se establezca una moratoria de las ejecuciones con miras a abolir la pena de muerte ha de examinarse a la luz de la práctica actual de los Estados Miembros en relación con dicha pena. Con arreglo a la práctica adoptada en los informes quinquenales, en el presente informe se clasifica a los países en completamente abolicionistas, abolicionistas respecto de los delitos comunes, abolicionistas de facto o retencionistas. Se consideran completamente abolicionistas los países que son abolicionistas respecto de todos los delitos, ya sea en tiempo de paz o de guerra. Se entiende por abolicionistas respecto de los delitos comunes los países que han abolido la pena de muerte para todos los delitos comunes cometidos en tiempo de paz. En esos países la pena de muerte se mantiene sólo en circunstancias excepcionales, como las que pueden existir en tiempo de guerra en relación con los delitos militares o los delitos contra el Estado, como la traición. Se consideran abolicionistas de facto los países que mantienen la pena de muerte para los delitos comunes pero que no han ejecutado a nadie al menos en los últimos 10 años. Todos los demás países se consideran retencionistas, es decir, países en que la pena de muerte está en vigor y se llevan a cabo ejecuciones, aunque es posible que en muchos de ellos las ejecuciones sean muy poco frecuentes


6. Al 1° de julio de 2008, 141 países habían abolido la pena de muerte de hecho o de derecho. De ellos, 93 eran completamente abolicionistas, 10 eran abolicionistas únicamente respecto de los delitos comunes y 38 podían considerarse abolicionistas de facto. Los otros 56 países y territorios seguían manteniendo y aplicando la pena de muerte.


7. Es difícil obtener cifras fiables sobre la aplicación de la pena de muerte, habida cuenta de que varios Estados que mantienen esa pena no suministran los datos estadísticos pertinentes. Las estimaciones sobre las cifras mínimas de personas ejecutadas en 2007 oscilan entre 1.2525y más de 8.000 personas,6en un número de países de entre 21 y 24. Se trata de cifras mínimas, y se piensa que el número real de ejecuciones es mucho más elevado. En sus resoluciones sobre la pena de muerte,7la Comisión de Derechos Humanos ha exhortado a los Estados que mantienen la pena de muerte a “poner a disposición del público la información relativa a la imposición de la pena de muerte y a las ejecuciones previstas”.


B. Evolución de la situación desde la aprobación de la resolución 62/149


8. Desde que la Asamblea aprobó la resolución 62/149 el 18 de diciembre de 2007 se han producido novedades respecto del uso de la pena de muerte. Un país, Uzbekistán, abolió la pena de muerte para todos los delitos a partir del 1° de enero de 2008. Honduras, que ya había abolido la pena de muerte, ratificó en abril de 2008 el Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. En ese mismo período ningún país reintrodujo la pena de muerte.


9. Varios Estados están en vías de abolir la pena de muerte o considerando la posibilidad de hacerlo. En febrero de 2008, la Comisión Legislativa de la Duma Estatal de Rusia presentó un proyecto de ley a la cámara baja del Parlamento para abolir oficialmente la pena de muerte. En 2008, Polonia comenzó el proceso de ratificación del Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. El 19 de mayo de 2008, el Parlamento de Letonia aprobó una ley por la que se autorizaba la ratificación del Protocolo 13 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Chile informa de que en la actualidad el Congreso Nacional tramita diversos proyectos de ley orientados a derogar la pena de muerte, así como proyectos de acuerdo destinados a aprobar instrumentos internacionales que establecen obligaciones en la misma línea. Entre estos proyectos figuran: a) una reforma constitucional; b) un proyecto de ley para eliminar la pena de muerte del Código de Justicia Militar; c) un procedimiento para la aprobación del Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; y d) un proyecto de acuerdo para aprobar el Protocolo de la Convención Americana sobre Derechos Humanos relativo a la abolición de la pena de muerte.


10. El Gobierno de Cuba informó de que el 28 de abril de 2008 el Presidente conmutó un gran número de condenas a muerte por penas de prisión. Según Amnistía Internacional, aproximadamente 50 personas fueron indultadas, y sólo tres siguen condenadas a muerte. El 14 de marzo de 2008, el Presidente de Guatemala vetó una ley aprobada por el Parlamento que pretendía poner fin a la moratoria de la pena de muerte en el país en vigor desde 2000. Al adoptar esa medida, el Presidente declaró que el restablecimiento de la pena de muerte vulneraría el párrafo 3 del artículo 4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que prohíbe el restablecimiento de esa pena en los Estados que la han abolido. En los Estados Unidos de América, a raíz de la decisión del Tribunal Supremo de examinar la constitucionalidad de la inyección letal como método de ejecución en la causa Baze v. Commissioner of the Kentucky Department of Corrections, se produjo una moratoria de facto de las ejecuciones a partir de septiembre de 2007, hasta que el Tribunal desestimó las alegaciones de los demandantes en abril de 2008. En mayo de 2008 se produjo una ejecución en el estado de Georgia, también en los Estados Unidos. Trinidad y Tabago señaló que, a la espera de que el Tribunal Superior de Justicia se pronunciara en la causa Dottin v. The Attorney General, se había suspendido la ejecución de todo reo que estuviera condenado a muerte el 7 julio de 2004, fecha en que el Consejo Privado modificó su jurisprudencia anterior sobre el carácter obligatorio de la pena de muerte para los delitos de homicidio.


11. En una nota verbal de fecha 11 de enero de 2008 dirigida al Secretario General, las Misiones Permanentes de 58 Estados Miembros ante las Naciones Unidas en Nueva York expresaron “su objeción continuada a cualquier intento de imponer una moratoria del uso de la pena de muerte o decretar su abolición en contra de normas vigentes de derecho internacional”.8


C. Tendencias


12. Es posible extraer ciertas tendencias sobre cifras relativas a la aplicación de la pena de muerte a partir de los datos incluidos en los informes quinquenales del Secretario General, que se actualizan en los informes de éste al Consejo de Derechos Humanos y al órgano que lo precedió, la Comisión de Derechos Humanos. Los informes quinquenales se elaboran de manera periódica desde 1975 y abarcan el período que comienza en 1969. Sin embargo, hasta el sexto informe quinquenal, correspondiente al período comprendido entre 1994 y 2000, las cifras sólo reflejaban los datos comunicados por los Estados Miembros. Como esos datos eran relativamente escasos (en particular los suministrados por los Estados retencionistas), el sexto informe se basó en información extraída de diversas fuentes más allá de las respuestas de los gobiernos e incluyó cifras sobre la situación al comienzo (1994) y al final (2000) del período examinado. Por consiguiente, desde 1994 los informes quinquenales ofrecen cifras que permiten establecer comparaciones.


Cifras extraídas de los informes quinquenales


Periodo finalizado en

Abolicionistas

Abolicionistas únicamente respecto de los delitos comunes

Abolicionistas de facto

Retencionistas

Restablecimientos

Reanudación de las ejecuciones

1993

55

14

30

94

4

0

2000

76

11

36

71

1

9

2003

79

12

41

62

0

3

Julio de 2008

93

10

38

56

0

1


13. Cuatro Estados restablecieron la pena de muerte en el quinquenio 1989-1993, pero ningún Estado abolicionista de facto reanudó las ejecuciones. En el período comprendido entre 1994 y 2000, un Estado restableció la pena capital y nueve países dejaron de ser abolicionistas de facto al reanudar las ejecuciones. Ningún país abolicionista restableció la pena de muerte durante el período 1999-2003, y tres países abolicionistas de facto reanudaron las ejecuciones


14. Como se ha observado en los sucesivos informes del Secretario General sobre la pena de muerte, existe una tendencia global hacia la abolición de esa pena.9Esta tendencia es constante desde el primer informe del Secretario General, en la década de 1970. En 1976 se podía calificar de completamente abolicionistas a 16 Estados. Hoy esa cifra es de 93. A principios de la década de 1990, el quinto informe quinquenal calificó la tasa de abolición (de casi cuatro Estados por año) de “bastante notable”.10Este ritmo se mantuvo a pesar de la desaparición de factores como la formación de un número considerable de nuevos Estados Miembros a partir de 1989. Aunque el ritmo ha decaído algo en los últimos años, la tendencia se mantiene.11El vigor de esta tendencia también se refleja en el hecho de que no se ha restablecido la pena de muerte en los Estados que la habían abolido. El informe quinquenal más reciente (correspondiente al período comprendido entre 1999 y 2003) señala que ningún país abolicionista ha restablecido la pena de muerte durante ese período (frente a un Estado que sí lo hizo en el quinquenio precedente y cuatro en el anterior a ése). Esta situación se mantiene. Además, aunque tres Estados abolicionistas de facto habían reanudado las ejecuciones en ese período, esta cifra era muy inferior a la de nueve Estados que lo habían hecho en el bienio anterior. Desde el último informe quinquenal sólo un país abolicionista de facto ha reanudado las ejecuciones después de un período de 10 o más años. En enero de 2007, el Secretario General reconoció que existía una tendencia creciente en el derecho internacional y en la práctica nacional hacia la supresión de la pena de muerte.12Cabe recordar que en el párrafo 6 de su Observación general No. 6 sobre el artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Comité de Derechos Humanos declaró que el artículo 6


se refiere [...] en forma general a la abolición [de la pena de muerte] en términos que denotan claramente [...] que ésta es de desear. El Comité llega por tanto a la conclusión de que todas las medidas encaminadas a la abolición deben considerarse como un avance en cuanto al goce del derecho a la vida [...]


Esa tendencia hacia la abolición también se refleja en el número cada vez mayor de ratificaciones de instrumentos internacionales que contemplan la abolición de la pena de muerte.13En la sección III infra se exponen las razones aducidas en favor de esta tendencia, así como las que se utilizan para justificar la posición retencionista.


15. Varias contribuciones al presente informe permiten extraer otra tendencia en relación con el proceso seguido por los Estados para abolir la pena de muerte. Las experiencias comunicadas sugieren que, si no se produce ningún acontecimiento traumático en el país, los Estados pasan de una posición retencionista a una restricción de la aplicación de la pena de muerte, luego a una moratoria (a menudo de facto) y, finalmente, a la abolición. Esta pauta se refleja en las estadísticas, que registran un constante descenso del número de Estados retencionistas y el correspondiente aumento del número de Estados abolicionistas, así como un número de Estados que aplican una moratoria de iure o de facto que permanece estable en todo momento.


III. Observaciones recibidas sobre la pena de muerte


16. En las contribuciones recibidas de los Estados Miembros existe abundante información sobre la posición de varios Estados respecto de la pena de muerte


A. Motivos para la abolición o el establecimiento de una moratoria


17. Algunos Estados partidarios de abolir la pena de muerte comunicaron sus razones y motivos para hacerlo. Pueden acotarse seis razones fundamentales. La primera se basa en el respeto de la vida humana. Así, San Marino declaró que situaba el valor fundamental de la vida humana por encima del poder punitivo del Estado. La República Bolivariana de Venezuela informa de que en su Constitución vigente se consagra la garantía de la vida como uno de los supremos valores que conforman el Estado, y la moratoria de facto de Túnez se fundamenta “en el respeto de la vida humana”. Varios Estados que mantienen la pena de muerte, tales como Botswana, también hacen referencia a las garantías constitucionales del derecho a la vida. Algunos Estados, como Mauricio, consideraban que la abolición progresiva de la pena de muerte contribuía a la protección y el desarrollo progresivos de los derechos humanos. Para Eslovaquia, la abolición de la pena de muerte es una de las medidas más importantes que puede adoptar un país para proteger los derechos humanos de todos los que se encuentran en su territorio.


18. Un segundo motivo que se aduce es que la pena capital no es más eficaz que otras formas de castigo para prevenir la delincuencia. Italia mencionó estudios académicos realizados en Alemania y el Canadá que ponían de manifiesto una disminución de las tasas de homicidio después de la abolición. Amnistía Internacional hizo referencia a un reciente estudio de investigación sobre la pena de muerte y las tasas de homicidio realizado para las Naciones Unidas en 1988 y actualizado en 2002, en el que se había llegado a la conclusión de que “no es prudente aceptar la hipótesis de que la pena capital disuade de la comisión de homicidios en una medida siquiera ligeramente superior a la amenaza y la aplicación de la cadena perpetua, pena supuestamente más benigna”.14En opinión de Francia, la aplicación de la pena de muerte, más que un medio para luchar contra la delincuencia, es un indicio del fracaso del sistema de justicia. Italia recordó que, dado que la ejecución era algo momentáneo, la reclusión prolongada era mucho más disuasoria. Algunos Estados, como Eslovenia, consideran que para disuadir de la comisión de delitos violentos es más eficaz aumentar las probabilidades de que los criminales sean capturados y castigados en un plazo razonable.


19. Un tercer motivo consiste en el carácter definitivo de la pena de muerte, que hace que los errores del sistema judicial penal sean irreparables. Varios Estados recordaron que los errores judiciales eran inevitables en cualquier sistema jurídico. Amnistía Internacional señaló que cuando se aplicaba la pena de muerte existía un grave riesgo de ejecutar a personas por delitos que no habían cometido, como habían puesto de manifiesto los casos de personas absueltas después de ser condenadas, a menudo sobre la base de los resultados de pruebas de ADN. Amnistía Internacional opina que es imposible determinar el número de personas inocentes que han sido ejecutadas, ya que rara vez se investigan o examinan judicialmente posibles errores después de la ejecución.


20. El cuarto motivo es evitar las respuestas basadas en la retribución. Colombia informó de que había abandonado el concepto de justicia retributiva como fundamento de su sistema penal y que, en su lugar, daba prioridad a la resocialización, la reeducación y la reinserción social de las personas condenadas. Marruecos respalda esta posición.


21. En quinto lugar, algunos Estados como Eslovenia sostienen que la pena de muerte constituye un trato cruel, inhumano y degradante que vulnera el derecho internacional, tanto por la ejecución en sí como por la crueldad que supone obligar al condenado a esperar (a menudo durante muchos años) a ser ejecutado. Las condiciones de reclusión de los condenados a muerte también pueden equipararse a tortura o tratos crueles, inhumanos y degradantes; la organización Hands off Cain informa de que los reclusos condenados a muerte a menudo tratan de ser ejecutados lo antes posible para evitar las abominables condiciones de reclusión.


22. El sexto motivo aducido para abolir la pena de muerte consiste en que su aplicación es discriminatoria, ya que a menudo se usa de manera desproporcionada contra los pobres, las minorías y los miembros de comunidades raciales, étnicas y religiosas. Cabe señalar que, en sus resoluciones sobre la pena de muerte, la Comisión de Derechos Humanos ha condenado “la persistente aplicación de la pena de muerte sobre la base de cualesquiera legislaciones, políticas o prácticas discriminatorias”.15


B. Motivos para mantener la pena de muerte


23. Los Estados que mantienen la pena de muerte hicieron referencia a su derecho soberano para decidir sobre la abolición o no de la pena de muerte y, en su caso, sobre el momento de hacerlo. Barbados señaló que respetaba la decisión de los países que habían abolido esa pena y esperaba que se respetara del mismo modo su decisión de mantenerla, aun cuando no se había producido ninguna ejecución en casi 25 años. Estados como Botswana, Barbados y Trinidad y Tabago mencionaron el vigor de sus democracias, la independencia de sus instituciones judiciales y las garantías del proceso penal en la aplicación de la pena de muerte. Habida cuenta de que el derecho internacional no prohíbe la pena de muerte, los Estados gozan del derecho soberano de mantener esa pena para los delitos más graves, siempre que no se aplique de manera sumaria y arbitraria y se respeten las salvaguardias previstas por el Consejo Económico y Social. Amnistía Internacional señaló que, desde su fundación, las Naciones Unidas han adoptado medidas sobre cuestiones de derechos humanos en muchos ámbitos que con anterioridad pertenecían exclusivamente a la jurisdicción interna de los Estados. En ese período las Naciones Unidas han aprobado numerosos tratados de derechos humanos que han sido ratificados por muchísimos Estados, con lo que se reconoce la obligación de aplicar normas internacionales de derechos humanos a una serie de cuestiones internas de justicia penal, como la pena de muerte.


24. Cuba declaró que, aunque mantenía la pena de muerte, comprendía y respetaba los argumentos a favor de su abolición con carácter universal. Sin embargo, esos argumentos deben tener en cuenta el contexto y las características especiales de cada país. La República Bolivariana de Venezuela, que abolió la pena de muerte en el siglo XIX, también manifestó que cualquier proceso de cambio en el ámbito de la pena de muerte debía tener en cuenta el sistema de valores y creencias de cada pueblo.


25. Otros Estados, como Kuwait, señalaron que la aplicación de la pena de muerte formaba parte de la sharia, en la que se basaban muchos ordenamientos jurídicos. Según Kuwait, exigir la abolición de la pena de muerte es exigir algo incompatible con la sharia y, por tanto, con el ordenamiento jurídico general del Estado. Para la Jamahiriya Árabe Libia, que mantiene y aplica la pena de muerte, la decisión de un Estado de mantener esa pena es una manifestación de la libertad de creencias religiosas. Para países como Marruecos, que se halla en un proceso de reflexión sobre la pena de muerte, el intercambio de opiniones y posiciones en el debate sobre la pena de muerte es un fenómeno saludable.


26. Algunos Estados hicieron referencia a la importancia de la opinión pública en la decisión de mantener o abolir la pena de muerte. Belarús informó de que en un referéndum celebrado en 1996 la mayoría de la población había votado a favor de mantener la pena de muerte. El Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte mencionó las propuestas de restablecimiento de la pena de muerte que se habían votado en el Parlamento hasta 1998, todas ellas rechazadas. El Canadá señaló que no tenía intención de reabrir el debate nacional sobre la pena de muerte, y Eslovaquia indicó que, a pesar de que existían llamamientos en el país para su restablecimiento, el Gobierno se mantendría firme en su postura de que el restablecimiento de la pena de muerte sería una medida sin precedentes contra los derechos humanos.


C. La pena de muerte como cuestión de política exterior


27. Para varios Estados, la abolición con carácter universal de la pena de muerte es un objetivo central o principal de política exterior. Italia hizo referencia a sus iniciativas en el marco de la Asamblea General, la antigua Comisión de Derechos Humanos y el Consejo de Europa. Francia, Portugal y el Reino Unido subrayaron la asistencia exterior que habían prestado para abolir la pena de muerte, en particular mediante programas de capacitación judicial. Alemania señaló que el objetivo de la abolición universal forma parte de su política de derechos humanos, mientras que para Suecia es una de sus ocho prioridades en el ámbito de los derechos humanos. Nueva Zelandia financió la elaboración de la documentación utilizada en la exitosa campaña para abolir la pena de muerte en Filipinas.


28. Los Estados miembros de la Unión Europea informaron de la posición y las actividades de esta organización sobre la pena de muerte. Todos ellos son firmes defensores de la prohibición de la pena de muerte y aplican esa prohibición en la práctica, según lo previsto en el artículo 2 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que establece que nadie podrá ser condenado a la pena de muerte ni ejecutado. En la actualidad se están revisando las “Directrices sobre la política de la Unión Europea con respecto a países terceros en lo que se refiere a la pena de muerte”, aprobadas en Luxemburgo el 29 de junio de 1998.


Cuando procede, la Unión Europea plantea la cuestión de la pena de muerte en sus diálogos con terceros países e insta a su abolición, si es necesario con el establecimiento inmediato de una moratoria. En los casos en que se mantiene su aplicación, la Unión Europea insiste en que los Estados sólo apliquen la pena de muerte de conformidad con las normas mínimas reconocidas internacionalmente y observen la máxima transparencia, en particular mediante la publicación de información sobre la pena de muerte y su uso. Cuando tiene conocimiento de casos individuales de condenas a muerte que violen las normas mínimas, la Unión Europea considera la posibilidad de llevar a cabo iniciativas concretas. Se han realizado 80 iniciativas de este tipo desde 2005. La Unión Europea plantea el tema de la pena de muerte en los foros multilaterales pertinentes. También propicia y ofrece cooperación bilateral y multilateral; por ejemplo, colabora con la sociedad civil, en particular en el ámbito jurídico, con objeto de que la acción de la justicia en los procesos penales sea justa e imparcial. Desde 1994, la Comisión Europea ha financiado en todo el mundo unos 30 proyectos destinados a abolir la pena de muerte, con un presupuesto total de aproximadamente 15 millones de euros.


D. Observaciones sobre el proceso de abolición


29. Las contribuciones de los Estados también hicieron hincapié en la importancia del proceso para el establecimiento de una moratoria o la abolición de la pena de muerte, que muchos describieron como un proceso a mediano plazo que depende necesariamente de cada contexto. Según Italia, la historia demuestra que muchos países en los que se ha abolido la pena de muerte pasan primero por un período de suspensión (de hecho o de derecho). La abolición sin una moratoria previa normalmente se produce a raíz de un acontecimiento traumático. Aunque el derecho internacional no prohíbe la pena de muerte per se, la evolución histórica indica que la comunidad internacional avanza hacia su eliminación definitiva. Dinamarca señaló que esta tendencia mundial estaba respaldada por los distintos tribunales internacionales (entre ellos la Corte Penal Internacional), que, si bien se ocupa de los delitos más atroces, no pueden imponer la pena de muerte.


30. Cuba informó de que, tras suprimir la pena de muerte en 1959, se había visto obligada a restablecerla a raíz del aumento de las agresiones externas contra el país. A pesar de ello, el Gobierno confía en que pueda llegar el día en que se den las condiciones para abolir la pena de muerte. Irlanda informó con detalle del proceso de abolición progresiva de la pena de muerte, con la promulgación de tres leyes a partir de 1964 que culminaron en la consagración de la abolición a nivel constitucional en 2002. Eslovenia indicó que tras la Segunda Guerra Mundial se había ido reduciendo lentamente en el país el número relativamente amplio de delitos castigados con la pena de muerte; la necesidad de esa pena se consideró cada vez menos urgente y la última ejecución tuvo lugar en 1959. Túnez también informó de que, si bien no había abolido la pena de muerte, la negativa del Presidente a firmar sentencias de muerte había conducido a una abolición de facto desde 1991. Según Amnistía Internacional, para suprimir finalmente la pena de muerte, lo lógico es que se dejen de realizar ejecuciones mientras se concede tiempo a las sociedades para que lleven a cabo un debate informado.


IV. Protección de los derechos de los condenados a muerte


31. La pena de muerte no está prohibida por el derecho internacional, pero su uso está sometido a rigurosas restricciones. Los instrumentos internacionales de derechos humanos, en particular el artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el párrafo a) del artículo 37 de la Convención sobre los Derechos del Niño, establecen las normas que han de respetarse antes de aplicar debidamente la pena de muerte. El objetivo de esas normas es proteger los derechos de los condenados a muerte. En un anexo de su resolución 1984/50, el Consejo Económico y Social estableció normas internacionales mínimas que ofrecen salvaguardias para garantizar la protección de los derechos de los condenados a la pena de muerte. El Consejo Económico y Social desarrolló esas normas en sus resoluciones posteriores 1989/64 y 1996/15. En su resolución 62/149, la Asamblea General exhortó a todos los Estados que todavía mantenían la pena de muerte a que respetaran esas normas y facilitaran al Secretario General información sobre su observancia. A continuación se ofrece la información facilitada por los Estados Miembros, en relación con cada una de las nueve normas establecidas por el Consejo Económico y Social.


A. Sólo para los delitos más graves


32. En los países que no la hayan abolido, la pena de muerte sólo puede imponerse como sanción para los delitos más graves, entendiéndose que su alcance se limitará a los delitos intencionales que tengan consecuencias fatales u otras consecuencias extremadamente graves. El Comité de Derechos Humanos ha sentado una considerable jurisprudencia sobre la aplicación del párrafo 2 del artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, incluida la definición de los “más graves delitos”. El Comité ha rechazado sistemáticamente la imposición de la pena de muerte por delitos que no tengan como consecuencia la pérdida de vidas. Asimismo, la Comisión de Derechos Humanos, en sus resoluciones sobre la pena de muerte, ha exhortado a los Estados a velar por que


[…] el concepto de “más graves delitos” se limite a los delitos intencionales con consecuencias fatales o extremadamente graves y por que no se imponga la pena de muerte por actos no violentos como los delitos financieros, la práctica religiosa o la expresión de convicciones y las relaciones sexuales entre adultos que consienten en el acto, o como pena preceptiva.16


En su informe presentado al Consejo de Derechos Humanos en su quinto período de sesiones, celebrado en marzo de 2008, el Relator Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias examinó en profundidad el concepto de “más graves delitos” y llegó a la conclusión de que “la pena de muerte sólo se puede imponer [...] en casos en que se ha demostrado que hubo una intención de matar que tuvo por consecuencia la pérdida de vida”.17En su contribución, el Gobierno de Liechtenstein hizo hincapié en que los Estados deben interpretar objetiva y no subjetivamente la expresión “más graves delitos”, para no socavar la legitimidad jurídica del Pacto en su conjunto ni su aplicación sobre la base del principio de igualdad entre los Estados partes.


33. En su respuesta, el Gobierno de Belarús señaló que su Código penal permitía aplicar la pena de muerte como medida excepcional para ciertos delitos especialmente graves, como aquellos que tuvieran como consecuencia la pérdida de vidas y los delitos de alta traición, conspiración para dar un golpe de Estado y sabotaje. No se impone la pena de muerte por la planificación o la tentativa de comisión de un delito. El Código penal de 1999 redujo de 29 a 14 el número de delitos por los que se podía imponer la pena de muerte (para dos de ellos aplicable únicamente en tiempo de guerra).


34. Kuwait también indicó que sólo se imponía la pena de muerte por los delitos más graves. Letonia mantiene la pena de muerte sólo para el homicidio con circunstancias especialmente agravantes cometido en tiempo de guerra, pero en la actualidad se está tramitando la abolición de la pena en todos los casos. En su respuesta, Túnez señaló que la pena capital sólo se aplicaba a los delitos de homicidio con premeditación u homicidio con circunstancias agravantes.


35. Varios Estados miembros de la Unión Europea mencionaron las normas mínimas establecidas en las “Directrices sobre la política de la Unión Europea”. Al definir las prácticas que constituyen “los más graves delitos”, esas normas prevén que la pena de muerte no debe imponerse por delitos económicos no violentos ni por prácticas religiosas o de expresión de conciencia no violentas.


36. En enero de 2008, la República Islámica del Irán introdujo la pena de muerte para determinados delitos relacionados con la producción de material pornográfico.


B. Principio de legalidad


37. La pena capital sólo puede imponerse por un delito para el que la ley estipule la pena de muerte en el momento en que sea cometido, quedando entendido que si, con posterioridad a la comisión del delito, la ley establece una pena menor, el delincuente se beneficiará del cambio. Varios Estados mencionan las “Directrices sobre la política de la Unión Europea”, en las que se establece que la pena capital no debe aplicarse cuando viole los compromisos internacionales contraídos por un Estado, ni imponerse como un acto de venganza política que contravenga las normas mínimas, por ejemplo, contra los autores de un golpe de Estado.


38. Túnez declaró en su respuesta que el principio de legalidad estaba consagrado tanto en su Constitución como en el Código penal.


C. Grupos específicos


39. No debe condenarse a muerte a los menores de 18 años en el momento de cometer un delito, ni debe ejecutarse la sentencia de muerte en el caso de mujeres embarazadas o que hayan dado a luz recientemente, ni cuando se trate de personas que hayan perdido la razón. En su resolución 1989/64, el Consejo Económico y Social recomendó que los Estados establecieran un límite de edad después del cual nadie podría ser condenado a muerte ni ejecutado. También recomendó que se aboliera la pena de muerte en el caso de las personas aquejadas de retraso mental o con capacidad mental sumamente limitada, bien fuere en el momento de imposición de las sentencias o de la ejecución. El párrafo a) del artículo 37 de la Convención sobre los Derechos del Niño prohíbe expresamente la imposición de la pena de muerte o la prisión perpetua a los menores de 18 años.


40. Argelia informó de que no podía aplicarse la pena de muerte a mujeres embarazadas, mujeres lactantes con niños menores de 24 meses, personas con enfermedades o trastornos mentales graves y personas menores de 18 años. Belarús señaló que con arreglo a su Código penal no podía aplicarse la pena de muerte a quienes tuvieran menos de 18 años cuando se cometió el delito ni a las mujeres, y tampoco a los hombres que cumplieran 65 años antes de que se dictara la sentencia. Botswana comunicó que no se podía aplicar la pena de muerte a los menores de 18 años ni a las mujeres embarazadas


41. En su contribución, Cuba señaló que la pena de muerte no podía imponerse a menores de 20 años ni a las mujeres que hubieran cometido el delito estando encinta o que lo estuvieran en el momento de dictarse la sentencia (el Gobierno observó que en Cuba no se había aplicado la pena de muerte a ninguna mujer desde 1959). Están exentas de responsabilidad penal las personas que sufren trastornos mentales que les impiden comprender el alcance de su acción o dirigir su conducta.


42. En Kuwait no se impone la pena de muerte a quienes tuvieran menos de 18 años cuando se cometió el delito ni a las mujeres embarazadas, a las que hayan dado a luz recientemente o a las personas que sufran incapacidad mental. Letonia señaló que no podía condenarse a muerte a las mujeres ni a los niños. Túnez también comunicó que no se aplicaba la pena de muerte a los menores de 18 años ni a las mujeres embarazadas hasta que dieran a luz. Las personas con incapacidad mental no pueden ser enjuiciadas penalmente, ni siquiera por delitos castigados con la pena de muerte. A Nueva Zelandia le preocupa especialmente que numerosos países incumplan claramente las obligaciones internacionales y estén condenando a muerte y ejecutando a niños


43. Human Rights Watch señaló que la prohibición de la pena de muerte para las personas que tuvieran menos de 18 años en el momento de cometer el delito estaba bien asentada en los tratados internacionales y el derecho internacional consuetudinario. Según esa organización, se sabe que cinco Estados han ejecutado a menores delincuentes desde 2005: la República Islámica del Irán (16 ejecuciones), la Arabia Saudita (3 ejecuciones), el Sudán (2 ejecuciones), el Yemen (1 ejecución) y el Pakistán (1 ejecución). También mencionó los progresos logrados en los últimos años en los Estados Unidos de América, el Pakistán y China respecto de la abolición de la pena muerte para los menores, con distintos resultados. En marzo de 2005, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos declaró que la ejecución de menores delincuentes vulneraba la prohibición de penas crueles e inusuales establecida en la Constitución de los Estados Unidos.18En 2000, el Pakistán aprobó una normativa sobre justicia de menores por la que se prohibía la pena de muerte para quienes tuvieran menos de 18 años en el momento de la comisión del delito. En 1997, China modificó su Código penal para prohibir las ejecuciones de quienes tuvieran menos de 18 años en el momento de cometerse el delito.


44. Sin embargo, Human Rights Watch observó que el número conocido de ejecuciones de menores delincuentes en los países que mantienen esta práctica seguía siendo elevado: 29 ejecuciones conocidas durante los últimos cinco años, siete de ellas sólo en 2007. El número de menores delincuentes en el corredor de la muerte era aún mayor. Según la referida organización, en la mayoría de los casos las condenas son el resultado de una legislación que no se aplica adecuadamente, largos períodos de detención preventiva y bajos niveles de registro de nacimientos que hacen difícil que los niños demuestren la edad que tenían en el momento en que se cometió el delito, así como de sistemas de justicia penal que no ofrecen garantías básicas a los niños. Human Rights Watch recomienda, entre otras cosas, que los Estados velen por que los niños que tienen problemas con la justicia puedan disponer rápidamente de asistencia letrada, en particular asistencia para demostrar la edad que tenían cuando se cometió el presunto delito, y obliguen a la policía, la fiscalía y las autoridades judiciales a registrar la edad de los niños implicados en los casos de que se ocupan.


45. La Federación Japonesa de Asociaciones de Abogados hizo referencia a la disposición del Código de procedimiento penal del Japón que prohibía la ejecución de los reclusos que padecieran “enajenación mental”. La Federación expresó su preocupación por la imposibilidad de comprobar si se cumplía esta disposición, ya que ni los reclusos ni sus médicos tenían acceso a los registros médicos.


D. Pruebas claras


46. La pena capital sólo puede imponerse cuando la culpabilidad del acusado se base en pruebas claras y convincentes, sin que quepa la posibilidad de una explicación diferente de los hechos.


47. Cuba señaló que los requisitos en materia de prueba para los delitos castigados con la pena de muerte eran muy estrictos. Túnez indicó que el juez debía quedar convencido tras aplicar los criterios de valoración de la prueba pertinentes en el proceso penal.

E. Uso de conformidad con una sentencia definitiva y tras un juicio justo


48. La pena capital sólo puede ejecutarse de conformidad con una sentencia definitiva dictada por un tribunal competente, tras un proceso jurídico que ofrezca todas las garantías posibles para asegurar un juicio justo, equiparables como mínimo a las que figuran en el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, incluido el derecho de todo sospechoso o acusado de un delito sancionable con la pena capital a la asistencia letrada adecuada en todas las etapas del proceso. En su resolución 1989/64, el Consejo Económico y Social recomendó que los Estados facilitaran a los acusados el tiempo y los medios para preparar su defensa, inclusive la asistencia letrada apropiada en todas las fases de las actuaciones, además de la protección prestada en casos en los que no se impone la pena capital. El Consejo Económico y Social también ha alentado a los Estados a que, al aplicar la pena de muerte, tengan presentes los principios, directrices y normas aprobados y desarrollados por las Naciones Unidas en el ámbito de la justicia penal, y a que velen por que los reos que no comprendan suficientemente el idioma utilizado en el tribunal sean informados plenamente, por medio de interpretación o traducción, de todos los cargos que pesen contra ellos y del contenido de las pruebas pertinentes objeto de las deliberaciones del tribunal. Por último, el Consejo Económico y Social ha exhortado a los Estados a que concedan tiempo suficiente para la interposición de recursos de apelación ante un tribunal superior y para el cumplimiento del procedimiento de apelación, así como de peticiones de indulto.19


49. Varios Estados hicieron referencia a las “Directrices sobre la política de la Unión Europea”, en las que figura una disposición sobre el derecho del acusado a ponerse en contacto con un representante consular.


50. En julio de 2007, el Comité de Derechos Humanos aprobó la Observación general No. 32 sobre el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (El derecho a un juicio imparcial y a la igualdad ante los tribunales y cortes de justicia).20En esa Observación general, el Comité analizó el alcance de las obligaciones de los Estados con arreglo al artículo 14 del Pacto y formuló una serie de observaciones sobre la aplicación de la pena de muerte. Reafirmó la postura según la cual el respeto escrupuloso de las garantías de un juicio imparcial era particularmente importante en los juicios que condujeran a la imposición de la pena de muerte y, por tanto, la imposición de la pena capital al término de un juicio en que no se hubieran respetado las disposiciones del artículo 14 del Pacto constituía una violación del derecho a la vida (artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos).21


51. Botswana informó de que su legislación exigía que los acusados por delitos castigados con la pena de muerte gozaran de un juicio justo en un plazo razonable ante un tribunal independiente e imparcial establecido por la ley. Cuba señaló que los juicios por delitos castigados con la pena de muerte eran públicos y se celebraban ante un tribunal compuesto por cinco jueces. Cuando el acusado no designa un abogado defensor, se le proporciona uno de oficio. La apelación es conocida por la máxima instancia judicial del país, ante la que se celebra un nuevo juicio. En Kuwait se proporciona gratuitamente al acusado un abogado defensor. La Jamahiriya Árabe Libia también reconoce el derecho de defensa en todas las fases de la investigación y el juicio.


52. Túnez informó de una serie de garantías para asegurar un juicio justo en la aplicación de la pena de muerte, como el uso de una chambre d’accusation (sala de acusación) para reexaminar en su totalidad el proceso de instrucción antes de que la sala de enjuiciamiento tramite la causa. Todos los sospechosos de haber cometido un delito castigado con la pena de muerte tienen derecho a la asistencia letrada. Los delitos castigados con la pena de muerte son enjuiciados por tribunales penales integrados por cinco jueces, y al menos cuatro de ellos deben estar de acuerdo con la condena (la mayoría necesaria en las causas por delitos que no llevan aparejada la pena de muerte es de tres jueces).


53. La Federación Japonesa de Asociaciones de Abogados mencionó una revisión de la Ley penitenciaria del Japón realizada en 2006 según la cual, salvo en casos justificados, en las reuniones entre los reclusos condenados a muerte y sus abogados deben estar presentes funcionarios de prisiones. Toda la correspondencia entre los reclusos y sus abogados está sujeta a la censura de los funcionarios de prisiones. A la Federación también le preocupa que los condenados a muerte no tengan un acceso adecuado a un abogado. Una vez que se ha confirmado la pena de muerte, los reclusos condenados a muerte no pueden utilizar abogados de oficio para solicitar que se celebre un nuevo juicio o pedir el indulto. En el caso de los reclusos sin recursos económicos, la falta de acceso a un abogado en esta fase del procedimiento es muy grave.


54. Según Hands off Cain, el 22 de mayo de 2008 el Tribunal Supremo y el Ministerio de Justicia de China adoptaron conjuntamente normas para proteger el papel de los abogados defensores en las causas por delitos castigados con la pena de muerte a fin de asegurar el respeto de los derechos de los acusados.


F. Derecho de apelación


55. Toda persona condenada a muerte tiene derecho a apelar ante un tribunal de jurisdicción superior, y deben tomarse medidas para garantizar que esas apelaciones sean obligatorias. Varios Estados mencionaron las “Directrices sobre la política de la Unión Europea”, que contemplan el derecho, cuando proceda, de cualquier persona condenada a muerte a interponer una demanda individual con arreglo a procedimientos internacionales. La pena de muerte no debe ejecutarse mientras la demanda esté siendo estudiada de acuerdo con dichos procedimientos.


56. Botswana indicó en su contribución que existía el derecho a recurrir ante el Tribunal de Apelación las condenas a muerte dictadas por el Tribunal Superior. Cuba informó de que las apelaciones de las condenas a muerte eran automáticas, aligual que ocurría en Kuwait y la Jamahiriya Árabe Libia. En Trinidad y Tabago, según la respuesta del Gobierno, se permiten las apelaciones contra las condenas a muerte, pero no son obligatorias. La apelación debe interponerse en un plazo de 14 días, y si se basa en una cuestión de hecho (y no de derecho) es necesaria la autorización del Tribunal de Apelación o el consentimiento del juez de primera instancia. En Túnez también está prevista la apelación automática, de modo que las actuaciones del tribunal sentenciador se remiten al Tribunal Supremo para su examen. Según la Federación Japonesa de Asociaciones de Abogados, en el Japón (donde la apelación de las condenas a muerte no es obligatoria) existe una tendencia reciente a que el acusado no interponga recurso de apelación contra la condena a muerte (o incluso retire la apelación presentada por su abogado), con lo que cada vez más condenas a muerte adquieren firmeza sin ser examinadas por un tribunal superior.


G. Solicitud de indulto


57. Toda persona condenada a muerte tiene derecho a solicitar el indulto o la conmutación de la pena; en todos los casos de pena capital se puede conceder el indulto o la conmutación de la pena.


58. El Gobierno de Belarús mencionó las disposiciones del Código penal de ese país que permitían conmutar la pena de muerte por cadena perpetua a raíz de un indulto. La Constitución de Belarús reconoce la facultad del Presidente de conceder indultos. En Botswana existe el derecho a solicitar que el Presidente conmute la condena a muerte o imponga una pena menor tras consultar al Comité asesor sobre el derecho de gracia. Cuba informó de que el Tribunal Supremo, si ratificaba la pena de muerte, estaba obligado por ley a trasladar las actuaciones al Consejo de Estado, órgano competente para ejercer el derecho de gracia o conmutar la pena capital por una pena de privación de libertad.


59. En su contribución, Kuwait indicó que los condenados a muerte tenían derecho a solicitar el indulto o la conmutación de la pena. En la Jamahiriya Árabe Libia (según el Gobierno), los condenados a muerte tienen derecho a solicitar al tribunal la conmutación de la pena o pedir que se les permita disculparse a cambio de que se les perdone la vida. Este derecho está sujeto, sin embargo, a que se llegue a un acuerdo con los miembros de la familia de la víctima y al pago de una indemnización mediante acuerdo entre las partes. Marruecos informa de que en la actual situación de moratoria de facto el Rey concede el indulto a todo condenado a muerte y sus penas se conmutan por cadena perpetua. Trinidad y Tabago hizo referencia al Comité consultivo sobre el derecho de gracia previsto en la Constitución. Este Comité, que recibe un informe del juez que ha conocido de una causa en que se ha impuesto la pena de muerte, emite un dictamen no vinculante sobre el indulto dirigido al Ministro de Seguridad Nacional y al Presidente. Túnez informó de que la fiscalía debía comunicar toda condena a muerte al Secretario de Estado de Justicia, quien a su vez presentaba el caso al Presidente para un posible indulto.


60. La Federación Japonesa de Asociaciones de Abogados hizo referencia a la imposibilidad (una vez confirmada la condena a muerte) de conmutar la pena por cadena perpetua con trabajos forzados. Aunque existe un sistema de indulto, rara vez se ha aplicado en los casos de condena a muerte, siendo así que el último caso se produjo en 1975.


H. Suspensión de ejecución mientras esté pendiente una apelación o un indulto


61. La pena capital no debe ejecutarse mientras estén pendientes algún procedimiento de apelación u otros procedimientos de recurso o relacionados con el indulto o la conmutación de la pena. En su resolución 1996/15, el Consejo Económico y Social exhortó a los Estados a que velaran por que los funcionarios que intervinieran en las decisiones de llevar a cabo una ejecución estuvieran perfectamente informados de la situación de los recursos y peticiones de indulto del reo de que se tratara. El Comité de Derechos Humanos ha considerado que un Estado Parte comete una grave violación de sus obligaciones en virtud del Primer Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos cuando ejecuta a un condenado a muerte desoyendo la petición del Comité para que suspenda la ejecución hasta que pueda examinar la denuncia.22


62. Cuba indicó que todas las condenas a muerte se trasladaban al Consejo de Estado para que examinara una posible conmutación y que no podía ejecutarse la pena de muerte hasta que ese órgano se pronunciara (o hubiera transcurrido el plazo para pronunciarse). El Gobierno también recordó que recientemente se habían conmutado las penas de casi todos los condenados a muerte.


63. Trinidad y Tabago hizo referencia al procedimiento de apelación en el país, donde la más alta instancia judicial de apelación es el Comité Judicial del Consejo Privado. No puede llevarse a cabo ninguna ejecución hasta que se resuelvan todas las apelaciones o se denieguen todas las solicitudes de autorización para recurrir en apelación. La ley establece que las apelaciones han de resolverse rápidamente. Túnez mencionó una disposición específica del Código de procedimiento penal que establecía la suspensión de la ejecución de una condena a muerte mientras estuviera pendiente una apelación. Trinidad y Tabago hizo referencia a la disposición de su procedimiento penal según la cual no podía ejecutarse una pena de muerte hasta que se hubiera resuelto la apelación o hubiera expirado el plazo previsto para apelar (14 días).


64. La Federación Japonesa de Asociaciones de Abogados señaló que en el Japón la presentación de una solicitud para que se celebre un nuevo juicio o una solicitud de indulto no se consideran causas de suspensión de la ejecución, y que el Comité contra la Tortura ha expresado su preocupación a ese respecto.23


I. Menor sufrimiento posible


65. Cuando se aplique la pena capital, su ejecución debe hacerse de forma que se cause el menor sufrimiento posible. En su resolución 1996/15, el Consejo Económico y Social instó a los Estados a que aplicaran plenamente las Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos con objeto de reducir en lo posible el sufrimiento de los reos condenados a la pena capital y evitar que se exacerbaran esos sufrimientos. Varios Estados hicieron referencia a las “Directrices sobre la política de la Unión Europea”, según las cuales la pena de muerte no puede ejecutarse en público ni de ninguna otra forma degradante.


66. El Comité de Derechos Humanos ha declarado de manera reiterada que la imposición con carácter preceptivo de la pena de muerte por cualquier delito constituye una privación arbitraria de la vida y, por tanto, una violación del artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.24Esta posición ha sido respaldada por la Comisión de Derechos Humanos,25así como por el Relator Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, que también ha considerado que las condenas a muerte obligatorias pueden constituir penas crueles, inhumanas o degradantes.26El Comité contra la Tortura ha examinado las condiciones de detención de los condenados a muerte, que pueden equivaler a tratos crueles, inhumanos o degradantes no sólo en razón de circunstancias físicas, sino también como consecuencia de la angustia mental causada por permanecer un excesivo período de tiempo en el corredor de la muerte.27


67. La Jamahiriya Árabe Libia informó de que no se permitía la ejecución por determinados medios, como la silla eléctrica, la inyección letal o los gases tóxicos. Botswana enumeró una serie de requisitos para el internamiento de los condenados a muerte, como la detención en celdas separadas de los demás reclusos, la posibilidad de recibir visitas de familiares y la realización de exámenes médicos periódicos. La Federación Japonesa de Asociaciones de Abogados hizo referencia al hecho de que las ejecuciones no se anunciaran con antelación y que sólo se informara a los condenados de su ejecución aproximadamente una hora antes de que se produjera. No se avisaba previamente a la familia del condenado ni a su abogado. Según la Federación, esta situación privaba a los reclusos de la oportunidad de impugnar la legitimidad de las ejecuciones y los sumía en un estado permanente de angustia.28


68. Según Hands off Cain, en enero de 2008 la República Islámica del Irán anunció que en lo sucesivo el Presidente del poder judicial debía aprobar las ejecuciones que se realizaran en público y prohibió captar imágenes de esas ejecuciones. Sin embargo, esta directriz no se está aplicando plenamente en todo el país.


V. Conclusiones y recomendaciones


69. Se mantiene la firme y prolongada tendencia hacia la abolición de la pena de muerte en todo el mundo observada en los informes anteriores presentados por el Secretario General al Consejo Económico y Social y al Consejo de Derechos Humanos. Las contribuciones de los Estados al presente informe sugieren que el establecimiento de una moratoria en la aplicación de la pena de muerte es una medida clave para la eventual abolición de jure de ese tipo de castigo.


70. Las normas para proteger los derechos de los condenados a muerte revisten una importancia fundamental en los Estados que mantienen la pena de muerte como instrumento para asegurar que la aplicación de esa pena se ajusta a las obligaciones internacionales de tales Estados.


71. Si bien subsisten diferencias entre los Estados Miembros sobre la conveniencia de usar la pena de muerte, la información que figura en el presente informe indica que podría ser útil seguir trabajando en ciertas restricciones concretas respecto del uso de la pena capital, como la prohibición de ejecutar a determinados grupos de personas o la prohibición de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes en la aplicación de la pena de muerte, incluidas las condiciones de detención de los condenados a muerte.


1 Albania, Alemania, Andorra, Argelia, Argentina, Austria, Barbados, Belarús, Bélgica, Bhután, Bosnia y Herzegovina, Botswana, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Croacia, Cuba, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Francia, Georgia, Grecia, Guatemala, Irlanda, Italia, Jamahiriya Árabe Libia, Liechtenstein, Kuwait, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Marruecos, Mauricio, México, Moldova, Mónaco, Nepal Noruega, Nueva Zelandia, Países Bajos, Polonia, Portugal, República Checa, San Marino, Serbia, Suecia, Suiza, Togo, Trinidad y Tabago, Túnez y Venezuela (República Bolivariana de). Se puede consultar el original de las contribuciones en la Secretaría.

2 American Civil Liberties Union, Amman Center for Human Rights Studies, Amnistía Internacional, Commonwealth Human Rights Initiative, Federación Japonesa de Asociaciones de Abogados, Hands off Cain y Human Rights Watch

3 El informe más reciente figura en A/HRC/8/11

4 El informe más reciente figura en E/2005/3

5 Amnistía Internacional

6 Hands off Cain, The Death Penalty Worldwide, 2008

7 La más reciente es la resolución 2005/59

8 A/62/658

9 Véase, por ejemplo, A/HRC/8/11

10 E/1995/78, párr. 89

11 E/2005/3, párr. 40

12 Conferencia de prensa del Secretario General, 11 de enero de 2007

13 Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Protocolos 6 y 13 del Convenio Europeo de Derechos Humanos y Protocolo de la Convención Americana sobre Derechos Humanos relativo a la abolición de la pena de muerte.

14 Roger Hood, The Dead Penalty: A Worldwide Perspective, (Oxford, Clarendon Press, 3a edición, 2002), pág. 230

15 Resolución 2005/59, párr. 2

16 Resolución 2005/59, párr. 7 f), y otros

17 A/HRC/4/20, párr. 53

18 Roper v. Simmons, 543 U.S. 551 (2005)

19 Resolución 1996/15

20 CCPR/C/GC/32

21 Ibíd, párr. 59

22 Piandiong c. Filipinas, comunicación No. 869/1999, dictamen aprobado el 19 de octubre de 2000

23 CAT/C/JPN/CO/1, párr. 20

24 Eversley Thompson c. San Vicente y las Granadinas, comunicación No. 806/1998, dictamen aprobado el 18 de octubre de 2000

25 Resolución 2005/59, párr. 7 f)

26 Véase A/HRC/4/20

27 Véase CAT/C/ZMB/CO/2

28 CAT/C/JPN/CO/1, párr. 19

Índice AI: ACT 50/019/2008 Amnistía Internacional, público

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