Document - Testimonies from Judges and Prosecutors on the Death Penalty: Amnesty International Panel Discussion: United Nations - 21 October 2008

Noviembre de 2008 Público


Amnistía Internacional




Testimonios de jueces y fiscales sobre la pena de muerte

Mesa redonda de Amnistía Internacional

Naciones Unidas, 21 de octubre de 2008



Testimonios de jueces y fiscales sobre la pena de muerte


Mesa redonda de Amnistía Internacional

Naciones Unidas, 21 de octubre de 2008



Introducción


El 18 de diciembre de 2007, la Asamblea General adoptó la resolución 62/149, en la que pedía a todos los Estados que estableciesen una suspensión de las ejecuciones. Posteriormente, el secretario general de la ONU concluyó en su informe sobre la aplicación de la resolución (A/63/293) que “[s]e mantiene la firme y prolongada tendencia hacia la abolición de la pena de muerte en todo el mundo […]. Las contribuciones de los Estados al presente informe sugieren que el establecimiento de una moratoria en la aplicación de la pena de muerte es una medida clave para la eventual abolición de jure de ese tipo de castigo”. Amnistía Internacional acoge con satisfacción las medidas adoptadas por países de muchas regiones del mundo para aplicar la resolución.


El número de países que llevan a cabo ejecuciones ha descendido drásticamente. En 1989 se ejecutaba a personas en 100 Estados. En 2007, Amnistía Internacional registró ejecuciones en sólo 24 países. Sin embargo, algunos países hacen caso omiso de esta tendencia y continúan llevando a cabo ejecuciones, aun cuando se sabe que han sido ejecutadas personas inocentes. Muchas fueron ejecutadas tras juicios que carecieron de las salvaguardias jurídicas más básicas. Nunca se podrá reparar el daño devolviéndolas a la vida.


Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte porque es irreversible y porque en cualquier país que mantenga la pena capital existe el riesgo de ejecutar a hombres y mujeres inocentes. Tal como demuestran los testimonios que se exponen a continuación, es una falacia afirmar que un sistema judicial, por muy desarrollado que esté, puede impedir los errores de la justicia. Amnistía Internacional también se opone a la pena de muerte porque es intrínsecamente arbitraria y discrimina a las personas que viven en la pobreza, que pertenecen a una minoría o que están marginadas. Por último, la pena capital viola el derecho a la vida y a no sufrir tortura ni otras penas crueles, inhumanas o degradantes. De hecho, las resoluciones sobre la pena de muerte que la Asamblea General adoptó sin votación en 1971 y 1977 consagran expresamente el derecho de toda persona a la vida.


El 21 de octubre de 2008, dos jueces y dos fiscales de Japón, Jordania, Nigeria y Estados Unidos respectivamente, que participaron en casos por delitos punibles con la muerte, ofrecieron sus testimonios personales en la sede de las Naciones Unidas sobre qué les hizo oponerse a la pena capital.1Éstas son sus historias:



Ex juez Kumamoto Norimichi (Japón)

Hace 40 años, Kumamoto Norimichi fue uno de los tres jueces que condenaron a muerte a Iwao Hakamada, quien todavía está en espera de ejecución inminente en Japón y vive en un régimen de aislamiento casi total. Ahora el ex juez Kumamoto ha roto su silencio y ha solicitado la celebración de un nuevo juicio. Su esposa, que también habló en la sede de las Naciones Unidas, relató los terribles efectos personales que ha tenido este caso en Kumamoto Norimichi a lo largo de su vida. El ex juez dijo lo siguiente:


Me llamo Kumamoto Norimichi. El caso del que voy a hablar ocurrió en junio de 1966. Antes de ésta, yo ya había trabajado en otras tres causas por delitos punibles con la muerte. En 1966, cuatro personas murieron de forma violenta en la prefectura de Shizuoka y fue incendiada la casa en la que se encontraban. Dos días después se detuvo a un hombre llamado Iwao Hakamada, al que se le imputó el delito.


Yo era uno de los tres jueces que debía dictar sentencia en la causa instruida en 1968 contra Iwao Hakamada, un hombre al que habían detenido porque corrían rumores sobre su carácter y su conducta. Objetivamente, las pruebas de que él hubiera cometido el crimen eran prácticamente inexistentes, pero el fiscal pensó desde un principio que Iwao Hakamada era culpable, así que la policía llevó a cabo la investigación sobre la premisa de que él era el autor del delito. Fue recluido y obligado a confesar porque la policía lo había arrestado. En Japón, una persona puede permanecer detenida en estas condiciones durante 22 días.


Aunque yo era el más joven de los tres jueces, fui nombrado presidente del tribunal, por lo que participé en todas las etapas del juicio y tuve que redactar la condena. Los otros jueces rondaban los 35 y los 50 años respectivamente. Yo sólo tenía 28. Me asaltaban principalmente dos preguntas sobre el caso: 1) ¿Había alguna otra prueba además de la confesión de Iwao Hakamada? y 2) ¿Era culpable del delito? Supuestamente, la policía ya había investigado estos extremos, pero desde las fases iniciales del juicio me dio la impresión de que la investigación policial se había llevado a cabo dando por hecho que Iwao Hakamada era culpable, así que yo no estaba seguro de poder confiar en ella. Posteriormente quedó claro que durante los 22 días de investigación la policía había torturado al detenido, tanto física como mentalmente, con el fin de obligarlo a confesar.


No pude convencer a los otros dos jueces de que Iwao Hakamada era inocente, así que tuve que declararlo culpable, pues la decisión se tomaba por mayoría. El hecho de que fuera yo quien tuvo que redactar la condena supuso un golpe para mis principios, y todavía hoy pienso en ello.


No pude soportar la carga sobre mi conciencia, por lo que a los seis meses de dictar la condena renuncié a mi puesto de juez. Después decidí que, como había declarado culpable a Iwao Hakamada, yo también me sentía muy culpable. Todavía hoy me siento culpable. Nunca será suficiente mi arrepentimiento por lo que hice. En la actualidad se sigue deteniendo a personas durante 22 días, lo cual da lugar a confesiones forzadas. En Japón, obtener una confesión es uno de los métodos más eficaces para declarar culpable a una persona. Me pregunto cómo habría podido vivir con mi conciencia si no hubiera renunciado a mi carrera en la judicatura.


Están pendientes varios recursos presentados en favor de Iwao Hakamada. Rezo todos los días para que sea absuelto.




Shimauchi Kazuko (esposa de Kumamoto Norimichi):

Durante 40 años, mi marido no habló con nadie de esto, ni siquiera con su familia. Para olvidar su tormento intentó suicidarse en numerosas ocasiones. Empezó a beber mucho. Saltó delante de un tren e intentó tirarse al mar. Quiero pasar en calma el resto de nuestras vidas, viajar y disfrutar de los quizás 10 años que nos queden por vivir.


Dr. Muhammad Al-Tarawneh (Jordania)

Muhammad Al-Tarawneh trabajó durante 25 años en un tribunal de apelación de Jordania intentando que se cumplieran las garantías procesales en los juicios. Dijo lo siguiente:


Quiero expresar mi más profundo agradecimiento a Amnistía Internacional y a las Naciones Unidas por brindarme la oportunidad de hablar de esta importantísima cuestión. Me llamo Mohammad Al-Tarawneh y soy de Jordania. Nuestro pequeño país es uno de los Estados que no ha aplicado la pena de muerte a mujeres ni a personas menores de edad desde su independencia.


Mis principales ámbitos de interés son los derechos humanos, el derecho internacional y la Corte Penal Internacional. Tuve el placer de participar en el proceso que llevó a la adhesión de Jordania al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. He escrito numerosos artículos y dicto conferencias en las que hablo de las normas sobre juicios justos.


Nunca he instruido una causa que acarreara la pena de muerte, aunque la legislación [jordana] permite imponerla para algunos delitos. En una ocasión, pedí que me relevaran de un caso en el que pensé que podría verme obligado a dictar la pena capital. Considero que la pena de muerte contraviene el derecho a la vida, que todas las religiones entienden como un don del Creador a sus criaturas. Nadie puede usurpar este derecho del Creador.


Mi cometido en el tribunal de apelaciones era corregir o devolver las causas a los tribunales de primera instancia de Jordania. En todos los casos pueden recibirse nuevas pruebas con posterioridad al juicio, incluso después de la ejecución. En ese momento ya no hay modo de corregir los errores.


En mi experiencia, la pena de muerte no disuade de la comisión de delitos. Quizás en este seminario no haya tiempo suficiente para exponer y debatir los datos procedentes de todo el mundo que apuntan en este sentido, con el fin de demostrar que los países que han abolido la pena de muerte no han visto desde entonces aumentar el índice de delincuencia.


Háganse una idea de la contradicción jurídica que supone que para graves crímenes de lesa humanidad como la violación genocida y el asesinato en masa reconocidos por el Estatuto de Roma [de la Corte Penal Internacional] no impongamos la pena de muerte, mientras que en Jordania sí se use para delitos menos atroces.


Muchas sociedades del tercer mundo aceptan que la pena de muerte no debe seguir usándose. En 2007 organizamos en Jordania un seminario, del que surgió la primera coalición árabe contra la pena de muerte, que ahora es una de las 10 que se han formado desde entonces. También en 2007, 13 países árabes celebraron una conferencia sobre la pena capital. Esperamos celebrar otra en Marruecos a finales de año. Nuestras coaliciones respetan especialmente la postura y las medidas adoptadas por Argelia al aceptar la posición de las Naciones Unidas en torno a la resolución sobre la suspensión de las ejecuciones aprobada en 2007.


Más de la mitad de los países del mundo han abolido la pena de muerte para todos los delitos, 10 la han abolido para los delitos comunes y 35 la han suprimido de facto El número de países que siguen usando la pena de muerte es relativamente reducido, no superior a 60. Hay una tendencia general hacia la abolición.


De mi modesto estudio sobre esta cuestión se concluye que el derecho a la vida es la base de todas las demás libertades. La pena de muerte es un delito cometido en nombre de la justicia. Es cruel, inhumana e incompatible con la dignidad de las personas.


Debemos dar las gracias a las Naciones Unidas y pedir a todos los países que ratifiquen o se adhieran al Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Es contradictorio que un país sea Estado Parte en el Estatuto de Roma y a la vez conserve la pena de muerte en su legislación nacional. La abolición no genera un aumento del índice de delitos.


La reforma del sistema de justicia penal y el respeto por los derechos humanos son la respuesta al problema.


Muhammad Zubair (Nigeria)

Muhammad Zubair recibió la invitación para asistir a la mesa redonda pero no pudo llegar a tiempo a Nueva York por motivos técnicos. Trabajó como fiscal de 2001 a 2004 y su ejercicio de la acusación comportó varias condenas a muerte. Dejó su trabajo porque estaba convencido de que muchas declaraciones de culpabilidad que acarrearían la pena capital se basaban exclusivamente en confesiones probablemente extraídas mediante tortura o coacción. Ésta es su historia:


Me llamo Muhammad Zubair y vengo de la República Federal de Nigeria. Soy abogado en ejercicio, profesor universitario de derecho y, actualmente, estudiante de posgrado del Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Essex, Reino Unido.


Inicié mi carrera hace 10 años, en 1998, como profesor de derecho constitucional en la Facultad de Estudios Jurídicos de Yola, estado de Adamawa. En noviembre de 2001 me incorporé a la oficina del director de la Fiscalía del estado de Jigwa como fiscal estatal superior. Posteriormente me destinaron a la división judicial de Hadejia, una de las seis divisiones judiciales del estado.


He actuado en varias causas por delitos como homicidio culposo o robo a mano armada y en la mayoría de ellas logré sentencias condenatorias y condenas a muerte. Todos los casos tienen un rasgo en común: una confesión presuntamente extraída por la policía en el Departamento Estatal de Investigación Criminal.


Cuando yo iniciaba la acusación en una causa e intentaba presentar la confesión que había realizado la persona acusada y que la incriminaba ante el tribunal, se impugnaba la confesión por haber sido obtenida mediante coacción. Entonces el tribunal ordenaba la apertura de un juicio dentro del juicio para determinar si la confesión se había hecho voluntariamente o no. El acusado no tenía a nadie que testificase en su favor aparte de él mismo y de las personas detenidas que pudieran estar en la celda con él. Pero, ¿quién iba a creer a un delincuente?


Solicitábamos la comparecencia del agente de la policía de investigaciones para que declarase si había torturado al detenido durante la investigación. Luego pedíamos a su superior que se personase y confirmase la declaración de su subordinado. El oficial superior explicaba entonces que, tras el interrogatorio policial, preguntaba al detenido si lo habían torturado, intimidado u obligado a confesar. El acusado respondía que no y firmaba o estampaba su huella dactilar en la declaración en presencia del oficial superior. Por tanto, era la palabra del policía contra la de la persona acusada.


Todavía recuerdo un caso en el que el tribunal se decantó a mi favor y declaró culpables a los acusados el primer día de la vista incoatoria, antes de que se presentara ninguna prueba. Eran nueve los inculpados, contra los que yo había presentado cargos por robo a mano armada. Comparecieron ante el tribunal con grilletes y esposas. El abogado que los representaba en calidad de amicus curiae solicitó al tribunal que ordenara que los desencadenaran, pues el uso de los grilletes y las esposas contraviene el derecho a no sufrir tortura ni un trato inhumano o degradante, y niega el derecho a la presunción de inocencia. El juez se puso furioso y dijo en inglés [por lo que los acusados no lo entendieron]: “Usted no los conoce y por eso los representa. Si les quitáramos las cadenas, ninguno de los aquí presentes estaríamos seguros”. Estos hombres fueron posteriormente condenados a muerte y en la actualidad siguen en espera de ejecución en alguna prisión de Nigeria.


Tras tres años de ejercicio en la oficina del director de la Fiscalía, empecé a hacerme varias preguntas: ¿y si las denuncias sobre la tortura policial eran ciertas? ¿Es posible que toda persona acusada en Nigeria fuera tan sincera como para simplemente contar a la policía que en efecto era un ladrón a mano armada o un asesino, pero no tuviera la suficiente sinceridad como para seguir admitiéndolo ante el tribunal? ¿Qué ocurriría si los recursos presentados por el inculpado no prosperaban? Si la persona era ejecutada, ¿no sería yo culpable de su muerte? ¿Podría alguna vez perdonarme si por mi culpa condenasen a muerte a una persona erróneamente y llegasen incluso a ejecutarla?


Comenzó a preocuparme sobremanera el sufrimiento de estas personas acusadas que, en su mayoría, viven en la extrema pobreza y no pueden pagar los honorarios de un abogado, por lo que tienen que recurrir al único abogado del estado que puede asignarse mediante el sistema de asistencia letrada gratuita. Este abogado sólo puede estar presente en una división judicial al día, debido a la distancia entre las divisiones, y, como carece de vehículo privado u oficial, se ve obligado a utilizar un medio de transporte comercial para asistir a los juicios.


Por eso, en septiembre de 2004 decidí renunciar a mi puesto y regresar a mi anterior trabajo como profesor de derecho de la Universidad Politécnica del estado de Kano para impartir las asignaturas de derecho constitucional y administrativo. Asimismo empecé a ejercer la abogacía ofreciendo servicios jurídicos gratuitos a acusados indigentes. También doy formación a abogados defensores, fiscales y jueces de tribunales de la de la ley islámica sobre cómo integrar las normas de derechos humanos en sus respectivas prácticas.


Sam Millsap (Estados Unidos)

Sam Millsap ejerció como fiscal en Bexar, Texas, entre 1982 y 1987. Es el único ex fiscal de distrito elegido en Estados Unidos que, tras participar en casos por delitos punibles con la muerte, ha asumido personalmente su responsabilidad por la ejecución de un hombre, Ruben Cantu, que tal vez fuera inocente. Desde entonces ha hecho campaña contra la pena de muerte en Estados Unidos. Éstas fueron sus palabras:


Permítanme decir en primer lugar que es un privilegio para mí tener la oportunidad de tratar este importantísimo tema en un momento tan crucial para las Naciones Unidas. Vengo de Texas, que es un lugar donde se ejecutará a 12 personas en las próximas seis semanas, y quiero exponerles brevemente qué tiene de malo la pena de muerte desde la perspectiva de una persona que no sólo ha trabajado como fiscal, sino que también ha sido responsable del procesamiento de personas en casos en que cabía imponer la pena capital.


En los últimos años me he convertido en un firme opositor a la pena de muerte debido a mi experiencia personal como parte acusadora en juicios por delitos punibles con la muerte, y hoy en día, si mi información es correcta, soy el único ex fiscal de distrito elegido en Estados Unidos que ha asumido la responsabilidad personal por la ejecución de una persona que tal vez fuera inocente. Estoy seguro de que hay otras personas en mi situación y creo fervientemente que los fiscales cuyos esfuerzos más denodados han generado consecuencias desafortunadas en casos en que cabía imponer la pena capital tienen el deber personal y moral de asumir la responsabilidad por su errores.


Sobre la base de mi experiencia como representante elegido de una fiscalía metropolitana importante, tengo la certeza de que el sistema de justicia penal estadounidense simplemente no es competente para decidir quién puede vivir y quién debe morir.


Ustedes saben que se tiende a pensar que los estadounidenses son personas que, de alguna manera, se mueven en la misma dirección, que los estadounidenses o son buenos o son malos y que toda la ciudadanía piensa de modo similar, pero no es cierto, y no hay asunto en el que se reflejen mejor las discrepancias que en el de la pena de muerte. Hoy en día, en la mitad de los estados de Estados Unidos simplemente no hay ejecuciones. En 13 estados es ilegal imponer la pena de muerte. En otros 12 o 13 estados no se han llevado a cabo ejecuciones desde hace 30 años. Casi todas las ejecuciones tienen lugar en 11 estados.


El estado que más personas ejecuta de todos es el mío, el estado de Texas. Más del 40 por ciento de todas las ejecuciones que se han llevado a cabo en el país en los últimos 11 años han tenido lugar en Texas.


La razón primera y más importante por la que debe abolirse la pena de muerte consiste en que su aplicación es intrínsecamente arbitraria y caprichosa. Tenemos 50 ordenamientos jurídicos distintos [en Estados Unidos] y no todos ellos permiten la pena de muerte. El año pasado, el estado de Texas decidió de forma aislada ampliar el uso de la pena de muerte a otros delitos, mientras el estado de Nuevo México, que limita con Texas, estaba inmerso en el proceso de abolir la pena capital. Por eso digo que su aplicación es arbitraria. En Estados Unidos, que una persona sea juzgada por asesinato en un juicio que acarree la pena de muerte depende de dónde cometa ese delito.


La segunda razón que conviene que la gente entienda es que se cometen errores. Yo no estoy aquí hoy por haber hecho algo loable, sino porque cometí un error. Y puedo decirles que tanto los jueces y fiscales como los miembros de jurados o los agentes de policía de Estados Unidos, que están dedicados a su trabajo y desempeñan su labor lo mejor posible, cometen errores incluso en sus mejores días.


Yo ejercí la parte acusadora del juicio contra Ruben Cantu en 1985. Podría decirse que este hombre recibió lo que en Estados Unidos se consideraría un juicio perfecto. Contó con un buen abogado defensor, tuvo un buen fiscal, le tocó un juez excelente y el jurado hizo lo único que podía hacer en ese caso: lo declaró culpable tal como le habíamos pedido. Ruben Cantu fue condenado a muerte y finalmente ejecutado.


Veinte años después, el principal testigo del caso se retractó de su testimonio en circunstancias que hicieron muy creíble su rectificación. Por eso, hoy hay serias dudas sobre si Ruben Cantu era culpable o no. Yo tenía potestad, al igual que todos o casi todos los fiscales de Estados Unidos, de solicitar la pena de muerte sobre la base del testimonio de un único testigo presencial, y eso es lo que hice en el caso de Ruben Cantu. Fue un error terrible porque no había pruebas materiales que lo relacionaran o lo conectaran de ningún modo con el delito y, una vez que el principal testigo de cargo se retractó, el conflicto que tengo a nivel personal radica en que es posible que sea responsable de la ejecución de un hombre inocente.


El último punto que quiero mencionar, principal argumento que se esgrime a favor de la pena de muerte –y no importa que se esté hablando de Jordania o de Estados Unidos–, es su efecto disuasorio en la comisión de delitos. No tiene un efecto disuasorio. Si ustedes fueran estado por estado de Estados Unidos preguntando dónde es más alto el índice de homicidios, les responderían que el índice más elevado se registra en los estados en donde está permitida la pena de muerte. De hecho, en los estados en los que es ilegal la pena de muerte, la tasa de homicidios es menor.

Me encantaría poder decirles que llegará un día en el que se abolirá formalmente la pena de muerte. Me temo que eso no ocurrirá, pero lo que sí puedo asegurarles es que el apoyo público a la pena de muerte está descendiendo. Por ejemplo, en 2006, el número de condenas a muerte impuestas en Estados Unidos sufrió un drástico descenso y el número de ejecuciones fue notablemente menor que 10 años atrás.


Por tanto, creo que la pena capital está en proceso de abolición en Estados Unidos, al menos informalmente. Les digo esto porque en Estados Unidos, aunque la pena de muerte es legal en al menos 37 estados, hemos hecho que resulte muy costoso ejecutar a un ser humano. En ciudades y condados del país, el coste de ejecutar a una persona es astronómico, por lo que acabará reventando los presupuestos de la mayor parte de los gobiernos.


En Estados Unidos, uno de los argumentos más convincentes a favor de la abolición es que realmente cuesta menos encarcelar a una persona durante el resto de su vida natural que someterla a todos los procesos y hacer que cumpla todos los requisitos que tienen que satisfacerse antes de que pueda ser ejecutada.


Es un privilegio estar hoy aquí. Muchísimas gracias.


Conclusión


Estos testimonios demuestran una vez más hasta qué punto pueden ser poco fiables las pruebas presentadas para declarar culpables a personas acusadas por delitos punibles con la muerte. Sobre dos de los expertos invitados a este evento sigue pesando la conciencia de saber que ayudaron a condenar a muerte a hombres que podrían ser inocentes. Los expertos señalaron que con frecuencia, la única prueba en estos casos es la “confesión” de la persona acusada, que al parecer a menudo se obtiene mediante coacción, malos tratos o tortura. También subrayaron una de las principales conclusiones de Amnistía Internacional: que las personas condenadas a muerte a menudo son pobres y no pueden pagar los servicios de una asistencia letrada que los defienda adecuadamente. Asimismo, destacaron que incluso en los sistemas judiciales más desarrollados se cometen errores al enjuiciar delitos punibles con la muerte.


Algunos expertos informaron sobre los debates que se están llevando a cabo en su país o región en torno a la pena de muerte: se están formando coaliciones contra la pena capital, por ejemplo en los países árabes. Dos de los ponentes hicieron hincapié en conclusiones alcanzadas por personas expertas, por las Naciones Unidas y por la propia Amnistía Internacional: no hay pruebas que demuestren que la pena de muerte tiene un efecto disuasorio sobre la comisión de delitos. Según el ex fiscal estadounidense, por ejemplo, se cree que el índice de homicidios es más alto en los estados de Estados Unidos que retienen la pena capital.


La resolución 62/149 del año pasado sobre la suspensión de las ejecuciones recibió el apoyo de 104 Estados y fue copatrocinada por casi 90.


Considerando que el 10 de diciembre de 2008 se celebra el 60 aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos,


Amnistía Internacional insta a todos los Estados de las Naciones Unidas a:


  • reafirmar la resolución 62/149: “Moratoria del uso de la pena de muerte”;


  • acoger positivamente el informe del secretario general de la ONU sobre la moratoria del uso de la pena de muerte, que confirma que se mantiene la firme y prolongada tendencia hacia la abolición de la pena de muerte en todo el mundo;


  • pedir a los Estados retencionistas que respeten las normas internacionales sobre la protección de los derechos de las personas que se enfrentan a la pena de muerte y que establezcan una suspensión de las ejecuciones;


  • solicitar al secretario general de la ONU que informe sobre la aplicación de las resoluciones de la Asamblea General relativas a la suspensión de las ejecuciones en el 65º periodo de sesiones;


  • apoyar sin reservas el llamamiento en pro de una suspensión mundial de las ejecuciones votando a favor de la resolución pertinente en el 63º periodo de sesiones de la Asamblea General, tanto en la Tercera Comisión como en el pleno, y que todos los Estados que copatrocinaron la resolución 62/149 y los que ya no llevan a cabo ejecuciones copatrocinen también la resolución sobre la moratoria del uso de la pena de muerte presentada en el 63º periodo de sesiones de la Asamblea General.




1 Amnistía Internacional desea expresar su agradecimiento a las Misiones Permanentes de Argentina, Chile, Filipinas, México, Ruanda, Timor Oriental y Uruguay por copatrocinar el evento.


Noviembre de 2008

ACT 50/018/2008


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