Document - Death sentences and executions in 2008




Amnesty International Publications


Publicado originalmente en 2009 por Amnesty International Publications

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Reino Unido

www.amnesty.org


© Amnesty International Publications 2009


Índice: ACT 50/003/2009


Idioma original: inglés.


Edición española a cargo de:

EDITORIAL AMNISTÍA INTERNACIONAL (EDAI)

Valderribas, 13.

28007 Madrid. España


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Portada: Dibujo realizado por el ex preso Arthur Judah Angel, sobre la vida en el pabellón de la muerte en la cárcel de Enugu, Nigeria.




ÍNDICE





















Portada: Dibujo realizado por el ex preso Arthur Judah Angel, sobre la vida en el pabellón de la muerte en la cárcel de Enugu, Nigeria

1. Introducción


En 2008, el mundo avanzó aún más hacia la abolición de la pena de muerte.


En diciembre, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó por amplia mayoría una segunda resolución en la que se pedía una moratoria de las ejecuciones con vistas a la abolición de la pena de muerte. Esta resolución consolida tres decenios de progreso constante hacia la abolición total de la pena capital.


Las novedades en la ONU supusieron un fuerte estímulo para los activistas que, en todo el mundo, trabajan para que se prohíba la pena de muerte. Además, vinieron acompañadas de pasos pequeños pero significativos en el ámbito regional. Uno de los más destacados fue la nueva petición de la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos a los Estados africanos que aún mantienen la pena de muerte para que establecieran una moratoria de las ejecuciones en la región con vistas a abolir la pena capital.


Europa y Asia Centralson ya prácticamente una zona sin pena de muerte, tras la abolición de la pena capital para todos los delitos en Uzbekistán. Sólo queda un Estado –Bielorrusia– que aún lleva a cabo ejecuciones.


En América, sólo un Estado –los Estados Unidos de América– lleva a cabo ejecuciones de forma constante. No obstante, incluso Estados Unidos se apartó de la pena de muerte en 2008: este fue el año en que menos ejecuciones llevó a cabo desde 1994.


La mayoría de los países ahora se abstienen de usar la pena de muerte. Además, en 2008 Amnistía Internacional sólo tuvo noticia de ejecuciones en 25 de los 59 países que mantienen la pena capital. La práctica de los Estados indica que cada vez se consolida más el consenso internacional respecto a que la pena de muerte no es compatible con el respeto por los derechos humanos.


Pese a las novedades positivas, siguen existiendo difíciles retos. Los países de Asiallevaron a cabo en 2008 más ejecuciones que el resto del mundo junto. La región con el segundo número más alto de ejecuciones de que se tuvo noticia fue Oriente Medio.


En 2008 se tuvo noticia de que al menos 2.390 personas habían sido ejecutadas en 25 países y al menos 8.864 habían sido condenadas a muerte en 52 países del mundo.


Entre los métodos utilizados para ejecutar a personas en 2008 se encontraban la decapitación, la electrocución, el ahorcamiento, la inyección letal, el arma de fuego y la lapidación.


Siguiendo la tendencia de años anteriores, en 2008 China, Irán, Arabia Saudí, Pakistány Estados Unidos de Américafueron los cinco Estados con la cifra más elevada de ejecuciones. Entre los cinco sumaban un 93 por ciento de las ejecuciones del mundo.


En algunos Estados, el uso de la pena de muerte estaba rodeado de secretismo. En China, Bielorrusia, Mongolia y Corea del Nortelas ejecuciones se llevaban a cabo en secreto o sin transparencia.


Al igual que en años anteriores, se dictaron numerosas condenas de muerte en juicios que no cumplieron las normas internacionalmente reconocidas sobre juicios justos. Un número preocupantemente elevado de ejecuciones se llevó a cabo tras procedimientos basados en confesiones extraídas mediante tortura, en contra de lo establecido por el derecho internacional. Las autoridades de Iránsiguieron ejecutando a presos que eran menores de 18 años en el momento de cometerse el presunto delito, lo cual constituía una violación flagrante del derecho internacional.


Este documento resume la investigación llevada a cabo en todo el mundo por Amnistía Internacional sobre la pena de muerte. La información procede de diversas fuentes, entre ellas cifras oficiales (cuando están disponibles), organizaciones no gubernamentales e intergubernamentales, defensores y defensoras de los derechos humanos, medios de comunicación y entrevistas con supervivientes de violaciones de derechos humanos.

Todas las cifras que aquí se exponen son solamente estimaciones mínimas, y utilizamos la cifra más alta que podemos deducir sin peligro a partir de nuestras investigaciones.


Cuando, tras el nombre de un país, aparece el signo “+” precedido de una cifra, significa que sabemos que en ese país hubo ejecuciones o condenas de muerte (al menos más de una), pero no sabemos exactamente cuántas.


Este documento va acompañado de otros dos (ACT 50/001/2009 – ratificaciones de tratados internacionales, y ACT 50/002/2009 – lista de países abolicionistas y retencionistas).



2. Cuenta atrás de Amnistía Internacional hacia un mundo sin pena de muerte


Amnistía Internacional hace campaña por la abolición total de la pena de muerte. La organización cree que la pena capital viola el derecho a la vida y es el exponente máximo de pena cruel, inhumana y degradante.iAmnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos, sin excepción, independientemente de la naturaleza del delito, las características del delincuente o el método utilizado por el Estado para matar al preso.


Amnistía Internacional cree que la pena de muerte legitima un acto irreversible de violencia por parte del Estado. Las investigaciones han demostrado que la pena de muerte se aplica a menudo de forma discriminatoria y se utiliza de forma desproporcionada contra las personas sin recursos económicos, las minorías y los miembros de comunidades raciales, étnicas y religiosas. La pena de muerte se impone a menudo tras juicios flagrantemente injustos. Pero, incluso, cuando los juicios respetan las normas internacionales de justicia procesal, es imposible eliminar por completo el peligro de ejecutar a un inocente: la pena de muerte se cobra inevitablemente víctimas inocentes, tal como se ha demostrado una y otra vez.


La pena de muerte no sólo entraña el peligro de un error irreversible; además, no se ha demostrado que tenga un especial efecto disuasorio. Niega la posibilidad de la rehabilitación. Promueve respuestas simplistas a problemas humanos complejos, en lugar de buscar soluciones. Consume recursos que podrían mejor dedicarse a trabajar contra la delincuencia violenta y ayudar a las personas afectadas por ella. Es un síntoma de la cultura de la violencia, no una solución a ella. Constituye una afrenta a la dignidad humana.


Desde 1977, Amnistía Internacional ha hecho campaña para abolir la pena de muerte,iiy esa campaña continuará hasta que finalmente veamos un mundo libre de esta pena, la más cruel, inhumana y degradante. Más información en: http://www.amnesty.org/es/death-penalty.


3. La imagen global


En total, 59 países mantienen la pena de muerte.iiiMás de dos tercios de los países del mundo han abolido ya la pena de muerte en la ley o en la práctica(Estados abolicionistas).iv



Estados abolicionistas en la ley o en la práctica


Abolicionistas para todos los delitos: 92


Abolicionistas sólo para los delitos comunes: 10
Abolicionistas en la práctica: 36


Total de abolicionistas en la ley o en la práctica: 138



En 2008 se tuvo noticia de al menos 2.390 ejecuciones en 25 países, y se calcula que al menos 8.864 personas fueron condenadas a muerte en 52 países de todo el mundo.


Los siguientes países llevaron a cabo ejecuciones en 2008: China (al menos 1.718), Irán (al menos 346), Arabia Saudí(al menos 102), Estados Unidos(37), Pakistán(al menos 36), Irak(al menos 34), Vietnam(al menos 19), Afganistán(al menos 17), Corea del Norte(al menos 15), Japón (15), Yemen(al menos 13), Indonesia(10), Libia(al menos 8), Bangladesh(5), Bielorrusia(4), Egipto(al menos 2), Malaisia(al menos 1), Mongolia(al menos 1), Sudán(al menos 1), Siria(al menos 1), Emiratos Árabes Unidos(al menos 1), Bahréin(1), Botsuana(1),Singapur (al menos 1) y San Cristóbal y Nieves(1).


Entre los métodos de ejecución utilizados en 2008 se encontraban la decapitación(Arabia Saudí), el ahorcamiento(Bangladesh, Botsuana, Egipto, Irán, Irak, Japón, Malaisia, Pakistán, San Cristóbal y Nieves, Singapur, Sudán), la inyecciónletal (China, Estados Unidos), el arma de fuego (Afganistán, Bielorrusia, China, Indonesia, Irán, Mongolia, Vietnam), la lapidación (Irán) y la electrocución (Estados Unidos).


Amnistía Internacional ha tenido noticia de que 13 países han llevado a cabo ejecuciones todos los años en los últimos 5 años: China, Bangladesh, Bielorrusia, Indonesia, Irán, Japón, Corea del Norte, Pakistán, Arabia Saudí, Singapur, Vietnam, Yemen y Estados Unidos.


Al igual que en años anteriores, los cinco países con la cifra más alta de ejecuciones en 2008 fueron China, Irán, Arabia Saudí, Pakistány los Estados Unidos de América (fig. 1). En total, estos cinco países llevaron a cabo el 93 por ciento de todas las ejecuciones realizadas en 2008. Estos países constituyen el principal desafío para conseguir la abolición mundial de la pena de muerte.


En 2008, los países que conservan la pena de muerte se mostraron cada vez más reacios a aplicarla. En ese periodo, sólo 25 de los 59 países que conservan la pena de muerte llevaron a cabo ejecuciones. Los países que optan por utilizar esta pena cruel, inhumana y degradante son cada vez más minoría.


En 2008 se produjo de nuevo una reducción del número de países que conservan la pena de muerte. Dos Estados abolieron la pena capital para todos los delitos(Uzbekistány Argentina).


También se emprendieron reformas hacia la abolición en países como Burundi, Malíy Togo. En Líbano, el ministro de Justicia presentó un proyecto de ley que proponía la abolición de la pena de muerte. En Argelia, un grupo de diputados de la oposición presentó al Parlamento un proyecto de ley que proponía la abolición de la pena capital con motivo del 60 aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos.


Varios países dieron además los primeros pasos hacia la reducción del ámbito de aplicación de la pena de muerte, entre ellos Vietnam. Aunque la Asamblea Nacional no aceptó la propuesta presentada por el ministro de Justicia de este país para eliminar del Código Penal la pena de muerte para 17 delitos, esa propuesta supuso un primer paso alentador.


Varios países conmutaron asimismo condenas de muerte por penas de prisión. Se informó de que a los 31 condenados a muerte de Kazajistánles habían conmutado la pena por cadena perpetua. En Cuba, el presidente anunció que prácticamente todas las condenas de muerte se conmutarían por penas de prisión.vEn Camerún, el presidente anunció la conmutación de algunas condenas de muerte, aunque no estaba claro a cuántos presos afectaría esa medida.

4. Tendencias positivas: hacia la abolición mundial de la pena de muerte


En 2008, el mundo se acercó un poco más a la abolición total de la pena de muerte.


El 18 de diciembre de 2008, la Asamblea General de la ONU adoptó la resolución 63/168 (2008), “moratoria del uso de la pena de muerte”. Dicharesolución se basa en la resolución adoptada en 2007 por la Asamblea General en la que se expresaba preocupación por la aplicación de la pena de muerte y se pedía a los Estados que aún mantienen esa pena que, entre otras cosas, respeten las salvaguardias internacionales que garantizan los derechos de las personas condenadas a muerte, reduzcan el número de delitos por los que puede imponerse la pena capital y establezcan una moratoria de las ejecuciones con vistas a abolir la pena de muerte. La resolución actual pide al secretario general de la ONU que presente un informe sobre los progresos realizados en la aplicación de las resoluciones 62/149 y 63/168, con el fin de que la Asamblea General lo estudie en su 65 periodo de sesiones (en 2010), y pide a los Estados miembros que proporcionen al secretario general información a este respecto.


El hecho de que el órgano compuesto por todos los Estados Miembros de la ONU haya adoptado una segunda resolución sobre una moratoria de las ejecuciones supone una reafirmación enérgica y oportuna del compromiso de la ONU de trabajar hacia la abolición de la pena de muerte.


La resolución de 2008, copatrocinada por 89 Estados, se aprobó por 106 votos a favor, 46 en contra y 34 abstenciones.vi Esto supone una mejora notable respecto a la votación de la resolución 62/149 (2007).viiTambién es significativo que ocho miembros de la Liga de los Estados Árabes se abstuvieran. Argeliafue copatrocinadora y votó a favor de la resolución. Somaliatambién votó a favor.viii


Todas las enmiendas propuestas para debilitar la resolución fueron rechazadas. La Asamblea General de la ONU debatirá una nueva resolución y el informe del secretario general en octubre de 2010.


Estas dos resoluciones de la Asamblea General son herramientas importantes que pueden utilizarse para animar a los países retencionistas a revisar su uso de la pena capital y, en última instancia, abolirla para todos los delitos.


Para coincidir con el debate sobre la pena de muerte que tendrá lugar en la Tercera Comisión de la Asamblea General de la ONU, Amnistía Internacional organizó un debate en grupo con jueces y fiscales de Japón, Jordania y Estados Unidos. Los participantes en este debate explicaron a los delegados de la ONU por qué los sistemas judiciales, incluso los más desarrollados, son incapaces de evitar que se cometan errores fatales en casos de pena de muerte, y por qué ahora se oponen a dicha pena.


En noviembre de 2008, la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblosadoptó una resolución en la que pedía a los Estados Partes en la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos que respetasen una moratoria de las ejecuciones con vistas a la abolición de la pena de muerte. En esa resolución, la Comisión expresaba su preocupación por la negativa de algunos Estados africanos a aplicar las resoluciones de la ONU y la resolución de la propia Comisión Africana (1999) que pedían una moratoria. También expresaba preocupación por la aplicación de la pena de muerte en condiciones que no respetaban el derecho a un juicio justo y otros derechos humanos. Al adoptar la resolución, la Comisión Africana se alineó con la tendencia mundial hacia la abolición de la pena de muerte.


En mayo de 2008 se celebró en Egipto una reunión en la que representantes de la sociedad civil árabe, la Liga de los Estados Árabes, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y organizaciones no gubernamentales internacionales (incluida Amnistía Internacional) debatieron la aplicación de la resolución 62/149 (2007) de la Asamblea General de la ONU. Al concluir, los asistentes emitieron una declaración conjuntaen la que pedían a los países árabes que apliquen la resolución 62/149 de la Asamblea General de la ONU sobre el establecimiento de una moratoria de la pena de muerte(Declaración de Alejandría). La Declaración pide a los gobiernos árabes que tomen medidas concretas para abolir progresivamente la pena de muerte y que consideren la posibilidad de reformar el artículo 7 de la Carta Árabe de Derechos Humanos para garantizar que no se aplica la pena de muerte a los menores de 18 años.  


5. Tendencias regionales

La figura 2 ilustra el número mínimo estimado de ejecuciones de las que se tuvo noticia, desglosadas por región, en 2008.



















5.1 Asia

En 2008 se ejecutó a más personas en Asia que en todo el resto del mundo junto. Al menos 1.838 (el 76 por ciento) del total de ejecuciones de que se tuvo noticia tuvieron lugar en Estados asiáticos.


Se sabe que los siguientes 11 países llevaron a cabo un total de al menos 1.838 ejecuciones en 2008: China (al menos 1.718), Pakistán(al menos 36), Vietnam(al menos 19), Afganistán(al menos 17), Corea del Norte(al menos 15), Japón (15), Indonesia(10), Bangladesh(5), Mongolia(al menos 1), Malaisia(al menos 1) y Singapur (al menos 1).


Se sabe que los siguientes 16 países condenaron a un total de al menos 7.767 personas a muerte: China (al menos 7.003), Pakistán (al menos 236), Bangladesh(al menos 185), Afganistán(131), India(al menos 70), Vietnam(al menos 59), Japón(27), Malaisia(al menos 22), Indonesia(al menos 10), Taiwán(al menos 8), Singapur(5), Tailandia (al menos 3), Corea del Norte(+), Corea del Sur(al menos 2), Sri Lanka(2) y Laos(2).


En China,según se tuvo noticia, al menos 1.718 personas fueron ejecutadas y al menos 7.003 fueron condenadas a muerte en 2008. Estas cifras son estimaciones mínimas: las cifras reales son indudablemente más altas. Sin embargo, la constante negativa de las autoridades chinas a hacer pública la información sobre el uso de la pena capital hace que, en China, la pena de muerte esté envuelta en el secreto.


En China, las personas que se enfrentan a delitos punibles con la muerte no son juzgadas en juicios justos. Entre los defectos de que adolecen los procesos judiciales se encuentran la falta de acceso inmediato a un abogado, la ausencia de la presunción de inocencia, las injerencias políticas en el poder judicial y la negativa a excluir las pruebas y declaraciones obtenidas mediante tortura. El 21 de mayo de 2008, el Ministerio de Justicia y el Tribunal Supremo Popular emitieron conjuntamente una interpretación judicial en forma de documento en la que se exponía la función de los abogados defensores en los casos de pena capital. La interpretación judicial autoriza a los departamentos de justicia y a las asociaciones de abogados controladas por el gobierno a intervenir en casos de pena de muerte proporcionando orientación. Sin embargo, no aborda los conflictos entre la Ley de Abogados, en vigor desde el 1 de junio de 2008, y el Código de Procedimiento Penal respecto a las disposiciones sobre el acceso a abogados en casos que entrañen secretos de Estado. En la práctica, las autoridades chinas, amparándose en el secreto de Estado, siguen privando a los presuntos delincuentes del acceso a asistencia letrada. Desde que, el 1 de enero de 2007, el Tribunal Supremo Popular volvió a asumir el poder de revisar todas las condenas de muerte, las autoridades han venido informando sobre una reducción en el número de estas condenas. Según un alto funcionario del Tribunal Supremo Popular, éste anuló aproximadamente un 15 por ciento de las condenas de muerte impuestas los tribunales superiores en la primera mitad de 2008.ixSin embargo, las estadísticas sobre condenas de muerte y ejecuciones siguen siendo secreto de Estado, por lo que a los observadores externos les resulta imposible verificar esta afirmación.

En Pakistánse ejecutó al menos a 36 personas y se condenó a muerte al menos a 236. Con ello, la cifra estimada de personas condenadas a muerte en este país ascendía a al menos 7.000. Aunque las cifras son elevadas, hubo un acusado descenso del número de condenas de muerte frente a las cifras de 2007.xEn junio, el primer ministro anunció que las condenas de muerte se conmutarían por penas de cadena perpetua. Pese a ello, en noviembre se dictó una Ordenanza Presidencial que ampliaba la pena de muerte a los delitos cibernéticos, y las ejecuciones continuaron.


En Vietnam, pese a un alentador intento de reducir el ámbito de aplicación de la pena de muerte, se llevaron a cabo al menos 19 ejecuciones y se dictaron al menos 59 condenas de muerte.


En Afganistán,al menos 17 personas fueron ejecutadas y al menos 131 fueron condenadas a muerte. El Tribunal Supremo confirmó unas 31 condenas de muerte dictadas por tribunales inferiores, y esas condenas aguardan ahora la aprobación del presidente Karzai. En la mayoría de los casos, los procedimientos judiciales violaron las normas internacionales de justicia procesal, con defectos como tiempo inadecuado para que los acusados prepararan su defensa, falta de asistencia letrada, utilización de pruebas poco sólidas y negación del derecho de los acusados a citar e interrogar a testigos.


Japónllevó a cabo un total de 15 ejecuciones en 2008 (la cifra más alta de que se ha tenido noticia desde 1975). Se calculaba que había un centenar de personas condenadas a muerte. El método de ejecución utilizado por las autoridades es el ahorcamiento, y las ejecuciones suelen llevarse a cabo en secreto. En junio, Japón ejecutó a tres hombres. Uno de ellos era Miyazaki Tsutomu, quien, según su abogado, padecía una enfermedad mental y había estado recibiendo tratamiento psiquiátrico en prisión durante más de diez años. Los condenados a muerte seguían permaneciendo recluidos en celdas individuales, día y noche, sin apenas oportunidad de hacer ejercicio o relacionarse con otras personas. Normalmente no se les notificaba su ejecución hasta la mañana del día en el que iban a ser ejecutados, y a sus familias no se les notificaba hasta después de llevarla a cabo.


En Bangladeshse ejecutó a 5 personas y se condenó a muerte a al menos 185, con lo que la cifra total de condenados a muerte ascendía a al menos 1.085.


Tanto en Mongolia como en Corea del Nortese llevaron a cabo ejecuciones, y los procedimientos se caracterizaban por el secreto y la falta de transparencia. El secreto en torno a la pena de muerte en estos países hacía imposible para Amnistía Internacional obtener cifras e información fiables sobre el uso de la pena capital.


En 2008, el primer estudio importante sobre las resoluciones judiciales de Indiaen torno a la pena de muerte reveló que la suerte de las personas condenadas a muerte es una lotería y que el sistema está plagado de errores fatales.xiEl estudio puso de manifiesto los abusos de la ley y del procedimiento y la arbitrariedad e incoherencia en las fases de investigación, juicio, determinación de la pena y apelación en los casos de pena capital. La pena de muerte en India no se ha limitado únicamente a los “casos más excepcionales de entre los excepcionales”, como se ha afirmado. Al contrario: existen abundantes indicios que demuestran que la pena de muerte ha sido un medio arbitrario, impreciso y abusivo con el que tratar a los acusados. Además, esta pena se ha utilizado de manera desproporcionada contra minorías étnicas, personas sin recursos económicos y otros grupos desfavorecidos. No se informó de ninguna ejecución en el país en 2008. Sin embargo, al menos 70 personas fueron condenadas a muerte.


El 10 de octubre de 2008, la Coalición Mundial contra la Pena de Muerte, Amnistía Internacional y su socia, la Red Asiática contra la Pena de Muerte, conmemoraron el sexto Día Mundial contra la Pena de Muerte realizando una serie de acciones centradas en seis países asiáticos. Tres de los países –India, Corea del Sury Taiwánse eligieron por sus progresos hacia la abolición de la pena de muerte, y los otros tres –Japón, Pakistány Vietnam–, por la preocupación existente en torno al ámbito y la aplicación de la pena capital.


5. 2 Oriente Medio y el Norte de Áfricaxii

La región con la segunda cifra más elevada de ejecuciones (21 por ciento)en 2008 fue Oriente Medio y el Norte de África.


Se tuvo noticia de que los siguientes 9 países habían llevado a cabo un total de al menos 508 ejecuciones: Irán (al menos 346), Arabia Saudí(al menos 102), Irak(al menos 34), Yemen(al menos 13), Libia(al menos 8), Egipto(al menos 2), Bahréin(1), Siria(al menos 1) y Emiratos Árabes Unidos(al menos 1).


Se supo que los siguientes 10 países habían condenado a muerte a un total de al menos 609 personas: Irak(al menos 285), Argelia(al menos 200), Egipto(al menos 87), Jordania(al menos 14), Siria(al menos 7), Kuwait(al menos 6), Libia(+), Marruecos/Sáhara Occidental(al menos 4), Irán(+), Arabia Saudí(+).


No se habían llevado a cabo ejecuciones desde hacía varios años en Argelia, Marruecos/Sáhara Occidentaly la Autoridad Palestina.


Amnistía Internacional seguía sintiendo preocupación por la aplicación de la pena de muerte en Irán. Entre los métodos crueles e inhumanos utilizados en este país para ejecutar a al menos 346 personas en 2008 se encontraban la lapidación y el ahorcamiento.xiiiEl número de ahorcamientos públicos disminuyó en 2008, después de que el presidente de Tribunal Supremo emitiera un decreto por el que se prohibían.


Amnistía Internacional también sentía preocupación por las propuestas de las autoridades de Iránpara ampliar aún más el ya de por sí amplio ámbito de aplicación de la pena capital. En 2008 se aprobó una nueva ley que permite aplicar la pena de muerte a personas declaradas culpables de actividades audiovisuales ilegales (pornografía), y se estaba redactando una propuesta de ley que prescribe la pena de muerte para la apostasía, la herejía y la brujería, así como para ciertos delitos relacionados con Internet que “promueven la corrupción y la apostasía”.


En julio de 2008, Amnistía Internacional y otras nueve organizaciones de derechos humanos emitieron una declaración pública conjunta en la que pedían el fin en Irán de la ejecución de personas que eran menores de 18 años en el momento de cometerse el delito.xivMuchos defensores y defensoras de los derechos humanos iraníes siguen haciendo campaña enérgicamente contra ese tipo de ejecuciones y para que se eliminen las ejecuciones por lapidación. Pese a esos esfuerzos, las autoridades de Irán ejecutaron a nueve menores en 2008, en lo que constituye una flagrante violación del derecho internacional.xvIrán fue el único país del mundo en el que se tuvo noticia de este tipo de ejecuciones en 2008.



La pena de muerte y los menores de edad

El artículo 6.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y el artículo 37.a de la Convención sobre los Derechos del Niño prohíben condenar a muerte a cualquier persona que fuera menor de 18 años en el momento de cometerse el delito. Los principales tratados regionales de Europa, América y África incluyen también disposiciones similares.


Más de un centenar de países que mantienen la pena de muerte para algún tipo de delito han proscrito las ejecuciones de menores. Sin embargo, hay un reducido número de países que, en clara violación del derecho internacional, siguen ejecutando a personas que eran menores en el momento del delito.xvi


Amnistía Internacional siente preocupación porque la Carta Árabe de Derechos Humanos, que entró en vigor el 24 de marzo de 2008, excluye claramente la prohibición de imponer la pena de muerte a quienes sean menores de 18 años. El artículo 7.a de la Carta prohíbe la imposición de la pena capital a personas que sean menores de 18 años salvo cuando así lo permita la legislación nacional. Esto deja un claro espacio para que los Estados ejecuten a personas que eran menores de 18 años en el momento del delito, lo cual constituye una flagrante violación del derecho internacional (especialmente el PIDCP y la Convención sobre los Derechos del Niño), pero sin infringir necesariamente los términos de la Carta Árabe de Derechos Humanos.xvii


El fuerte incremento de las ejecuciones iniciado en Arabia Saudí en2007 continuó en 2008. Hubo al menos 102 ejecuciones: una media de 2 a la semana.xviiiCasi la mitad de los ejecutados eran ciudadanos extranjeros de países pobres y en desarrollo, una proporción exageradamente alta respecto a la población local. En Arabia Saudí, los presos son condenados en juicios en gran medida secretos e injustos, y los acusados –en su mayoría trabajadores migrantes sin recursos económicos procedentes de países de África y Asia– a menudo no tienen abogado defensor y no son capaces de seguir los procedimientos judiciales en árabe. Ni ellos, ni la mayoría de los saudíes ejecutados, tienen apenas acceso a figuras influyentes, como autoridades gubernamentales o jefes de tribus, que puedan interceder en su favor, y tampoco tienen dinero: dos factores cruciales para conseguir el indulto.xix

Arabia Saudí es uno de los pocos Estados del mundo que siguen ejecutando a mujeres y en los que se ha ejecutado a menores en los últimos años, aunque no se informó de ninguna ejecución de menores en 2008. Las ejecuciones, generalmente públicas, suelen ser por decapitación, en algunos casos seguida de crucifixión. Amnistía Internacional recibió en 2008 una filmación, realizada en secreto, de la decapitación de un hombre en Arabia Saudí.xx

En Irak,al menos 34 personas fueron ejecutadas y al menos 285 fueron condenadas a muerte, la mayoría por el Tribunal Penal Central de Irak o por el Alto Tribunal Penal Iraquí, establecido para juzgar a ex altos cargos del gobierno anterior encabezado por Sadam Hussein. Los juicios ante ambos tribunales incumplían las normas de justicia procesal, incluso en casos que daban lugar a ejecuciones.


En la región iraquí del Kurdistán, al menos 9 personas fueron condenadas a muerte, y al menos 3 fueron ejecutadas por el gobierno regional kurdo. A mediados de 2008 había al menos 84 personas en espera de ejecución en la región kurda, 33 de ellas en Erbil y 47 en Sulaimaniya. En junio, el Parlamento kurdo amplió durante otros dos años la aplicación de la Ley Antiterrorista de 2006, que aumentaba el número de delitos punibles con la muerte. Dos hombres fueron ejecutados en abril tras haber sido declarados culpables en relación con la explosión de un coche bomba en mayo de 2005 en Erbil.


En Yemense ejecutó al menos a 13 personas en 2008, y centenares más estaban condenadas a muerte. Entre estas últimas había personas que sufrían enfermedades mentales u otras discapacidades, y también menores. Hubo acusados con discapacidad auditiva a los que se condenó a muerte tras negárseles los servicios de un intérprete.


En Egipto, al menos 2 personas fueron ejecutadas y 87 fueron condenadas a muerte. Se intensificó en el país el debate sobre el uso de la pena de muerte.xxi


5. 3 América

Durante 2008 se tuvo noticia de 38 ejecuciones llevadas a cabo en América: 37 en Estados Unidos y 1 en el Estado, compuesto por dos islas, de San Cristóbal y Nieves.


Al menos 125 personas fueron condenadas a muerte en seis países: Estados Unidos(al menos 111), Trinidad y Tobago(10), Bahamas(al menos 1), San Cristóbal y Nieves(al menos 1), San Vicente y las Granadinas(al menos 1) y Jamaica(1).


Estados Unidos de América(Estados Unidos) sigue siendo el único país americano que lleva a cabo ejecuciones regularmente.


En Estados Unidosse llevaron a cabo 37 ejecuciones en 9 estados:Texas (18), Virginia (4). Georgia (3), Carolina del Sur (3), Florida (2), Ohio (2), Oklahoma (2), Misisipi (2) y Kentucky (1).


Incluso el propio Estados Unidos está dando muestras crecientes de ir apartándose poco a poco de la pena de muerte. Las condenas de muerte no han dejado de disminuir desde que alcanzaron su cifra culminante a mediados de la década de 1990. Las 37 ejecuciones llevadas a cabo en 2008 son la cifra más baja desde 1994. Algunos estados introdujeron proyectos de ley abolicionistas, aunque ninguno de ellos llegó a aprobarse durante el año. Además, se conmutaron por cadena perpetua varias condenas de muerte, incluida la de un preso con un largo historial de enfermedad mental.xxii


Los informes siguieron demostrando que el sistema de aplicación de la pena capital de Estados Unidos secaracteriza por la arbitrariedad, la discriminación y el error. Durante 2008, otros cuatro hombres fueron liberados de los “corredores de la muerte” tras demostrarse su inocencia, con lo que el número de casos de este tipo producidos desde 1975 ascendía ya a más de 120. Los cuatro hombres habían pasado más de un decenio condenados a muerte. Pese a estas revelaciones sobre los errores cometidos, los estados siguen ejecutando incluso cuando existen dudas sobre la culpabilidad de un condenado.


Texas sigue ejecutando a más personas que cualquier otro estado de Estados Unidos. Un caso especialmente preocupante fue la ejecución, el 5 de agosto de 2008, del ciudadano mexicano José Medellín, condenado a muerte en 1994 por su participación en el asesinato de dos niñas. El estado de Texas hizo caso omiso de las protestas internacionales, incluidos los llamamientos del secretario general de la ONU para que se detuviera la ejecución. Las autoridades ejecutaron a José Medellín pese a la resolución emitida en 2004 por la Corte Internacional de Justicia pidiendo la revisión judicial y la reconsideración de la declaración de culpabilidad y la condena de José Medellín y otros 50 ciudadanos mexicanos a los que, en contra del derecho internacional, también se había denegado el derecho a los servicios consulares.xxiii


Al terminar el año, seis hombres recluidos como “combatientes enemigos” en la base naval estadounidense de la bahía de Guantánamo, Cuba, se enfrentaban a juicios ante comisiones militares en los que el gobierno saliente de Estados Unidos tenía intención de pedir la pena de muerte. Los seis habían permanecido entre dos y tres años recluidos en detención secreta e incomunicada a manos de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) antes de ser trasladados a Guantánamo. Eran víctimas de desaparición forzada, y al menos dos de ellos habían sido sometidos a una forma de tortura denominada waterboarding(simulacro de ahogamiento). Las demás técnicas de interrogatorio y condiciones que reclusión que tuvieron que soportar mientras estuvieron bajo custodia secreta seguían siendo confidenciales.xxiv

Los detenidos recluidos por Estados Unidos en nombre de la lucha contra el terrorismo vieron cómo su derecho a la presunción de inocencia era socavado sistemáticamente por los constantes comentarios oficiales sobre su presunta culpabilidad. Estos detenidos han sido sometidos a desaparición forzada, detención secreta y tortura u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes. Esos abusos acrecientan la necesidad de que los juicios se celebren ante tribunales que sean independientes de los poderes ejecutivo y legislativo que han autorizado o aprobado estas violaciones de derechos humanos, y suscitan preocupación en cuanto a la aplicación de la pena de muerte.


San Cristóbal y Nievesse convirtió en el primer país de América, aparte de Estados Unidos, en llevar a cabo una ejecución desde 2003. El 19 de diciembre de 2008, Charles Laplace fue ahorcado pese a que existían dudas respecto a si había agotado todas sus vías de apelación.


En el Caribese produjeron inquietantes llamamientos en favor de la reanudación de las ejecuciones, como respuesta a los crecientes índices de delincuencia. En Jamaica, las dos cámaras del poder legislativo votaron a favor de mantener la pena capital. En Bahamas, el primer ministro y otros políticos se comprometieron a llevar a cabo ahorcamientos. El gobierno de Antigua y Barbuda propuso leyes para permitir la imposición de la pena de muerte por delitos que entrañaran el uso de armas de fuego, aunque la víctima no muriera. El Parlamento de Guyanaaprobó legislación para imponer la pena de muerte por piratería. Los portavoces gubernamentales de Trinidad y Tobago,San Vicente y las Granadinasy Santa Lucíase comprometieron a reanudar los ahorcamientos. Por segundo año consecutivo, las 12 naciones del Caribe de habla inglesa votaron en contra de la resolución de la Asamblea General de la ONU sobre una moratoria de las ejecuciones.


5. 4 África subsahariana

En el África subsahariana sólo se tuvo noticia de dos ejecuciones: en Botsuana(1) y Sudán(al menos 1). El único país que reintrodujo la pena de muerte en 2008 fue Liberia.

Según se supo, al menos 362 personas fueron condenadas a muerte en 19 países africanos: Uganda (114), Sudán(60), República Democrática del Congo(al menos 50), Nigeria (al menos 40), Etiopía(39), Malí(al menos 15), Chad(al menos 12), Mauritania(8), Botsuana(4), Ghana (3), Guinea (3), Sierra Leona(3), Gambia(2), Burkina Faso(1), Burundi (1), Níger(1), Kenia(+), Madagascar(+) y Tanzania(+).


En lo que supuso un paso especialmente retrógrado, Liberiareintrodujo la pena de muerte para los delitos de robo, terrorismo y secuestro de aviones.xxvLiberia reintrodujo la pena de muerte pese a ser parte en el Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.


En Sudánsólo se tuvo noticia de una ejecución, pero se condenó a muerte a 60 personas. Los recién creados tribunales antiterroristas condenaron a muerte a 50 presuntos miembros del Movimiento Justicia e Igualdad, declarados culpables de participar en un ataque armado contra la capital en mayo. Amnistía Internacional y otras organizaciones expresaron su preocupación por la imparcialidad de los juicios.


En Uganda, los tribunales civiles siguieron dictando condenas de muerte, pero no se llevaron a cabo ejecuciones. Los tribunales militares continuaron imponiendo condenas de muerte y ordenando ejecuciones de soldados de las fuerzas armadas ugandesas, pero no estaba claro si alguna de estas ejecuciones se había llevado a cabo.


En Nigeriase dictaronal menos 40 condenas de muerte. Con ellas, la cifra total estimada de personas condenadas a muerte ascendía a 735, 11 de ellas mujeres. Centenares de esas personas habían sido juzgadas en juicios sin las debidas garantías. Unas 140 llevaban condenadas a muerte más de 10 años, y algunas de ellas, más de 20. A aproximadamente 80 se les negó el derecho a apelar, ya que fueron condenadas antes de 1999 por el Tribunal de Robo y Tenencia Ilícita de Armas de Fuego. Unas 40 eran menores de 18 años en el momento del delito, y no deberían haber sido condenadas a muerte. El gobierno federal hizo caso omiso de las recomendaciones del Grupo Nacional de Estudio sobre la Pena de Muerte (2004) y de la Comisión Presidencial sobre la Reforma de la Administración de Justicia (2007) respecto a adoptar una moratoria. En julio de 2008, la Cámara de Representantes rechazó un proyecto de ley para abolir la pena de muerte preceptiva en virtud de la Ley sobre Robo y Tenencia Ilícita de Armas de Fuego y sustituirla por la cadena perpetua. Al concluir 2008, la mayoría de los presos cuya próxima liberación había anunciado el ministro federal de Información en mayo de 2007 permanecían en el pabellón de condenados a muerte. El gobernador del estado de Ogun había conmutado la condena de cinco hombres. En noviembre, el presidente indultó a un hombre que había pasado 22 años condenado a muerte. No se confirmó que se hubiera llevado a cabo ninguna ejecución en 2008.


En la República Democrática del Congo, los tribunales militares condenarondurante el año a muerte al menos a 50 personas, entre ellas civiles.


Pese a las promesas de Malíde que aboliría la pena de muerte antes de terminar el mandato del presidente, los tribunales condenaron a muerte al menos a 15 personas en

2008. El Tribunal de lo Penal de Bamako, convocado en Ségou, dictó al menos dos condenas de muerte en julio de 2008. Broulaye Bagayogo fue condenado a muerte por intento de asesinato. Najim Lakhal Aly fue condenado a muerte por conspiración, secuestro, robo y posesión ilegal de armas.


En agosto, un juez de Chaddeclaró culpable y condenó a muerte al ex presidente exiliado Hissène Habré y a 11 dirigentes de la oposición armada, entre ellos Timane Erdimi, dirigente de la Concentración de Fuerzas para el Cambio, y Mahamat Nouri, dirigente de la Alianza Nacional. El tribunal los condenó in absentiapor delitos contra “el orden constitucional, la integridad territorial y la seguridad” de Chad.

En Sierra Leona, la sociedad civil presionó fuerte para que se aboliera la pena de muerte como parte de la revisión de la Constitución, cuya redacción actual establece la pena de muerte en casos de traición, asesinato y robo a mano armada con violencia. La sociedad civil y el colectivo de defensores de los derechos humanos están captando apoyos para garantizar la plena aplicación del informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, que recomienda la abolición de la pena capital. Mientras tanto, los tribunales de Sierra Leona siguen dictando condenas de muerte.

En mayo, Ghana fue sometido al mecanismo de examen periódico universal, llevado a cabo por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. En su transcurso, varios países plantearon la cuestión de la pena de muerte y recomendaron que Ghana la aboliera. En su respuesta, el ministro de Justicia ghanés declaró: “La pena de muerte está consagrada en el artículo 3b de la Constitución de Ghana, una cláusula arraigada que, para ser reformada, requiere un referéndum y un proceso de seis meses [...] Tras las elecciones de 2008, el gobierno tiene intención de revisar la Constitución, y esta cuestión volverá a plantearse”.xxvi


5. 5 Europa y Asia Central

Europa es la única región del mundo prácticamente libre de pena de muerte; la única excepción es Bielorrusia, dondeal menos cuatro personas, según las noticias recibidas, fueron ejecutadas y al menos una fue condenada a muerte en 2008.


En Europa existe una larga y sólida tendencia hacia la abolición de la pena capital. La Federación Rusamantiene desde hace más de diez años una moratoria de las ejecuciones y las condenas de muerte, pero todavía no ha abolido la pena capital en la legislación.


En Asia Centralexiste un claro movimiento hacia la abolición. Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán, Turkmenistány Uzbekistánmantuvieron la pena de muerte al obtener la independencia en 1991. Sin embargo, para septiembre de 2008, Kazajistán, Kirguistán, Turkmenistány Uzbekistánla habían abolido en la ley.xxviiTayikistánmantiene una moratoria de las ejecuciones y las condenas de muerte.


Bielorrusia es el último Estado de Europa y de la antigua Unión Soviética que todavía lleva a cabo ejecuciones. Toda la información sobre la pena de muerte en el país se mantiene en secreto. No hay cifras disponibles sobre el número de ejecuciones, pero Amnistía Internacional estima que hasta 400 personas pueden haber sido ejecutadas desde que Bielorrusia obtuvo la independencia en 1991. La organización ha tenido noticia de al menos cuatro ejecuciones y una condena de muerte en 2008.


El método de ejecución utilizado en Bielorrusia es el tiro en la nuca, y a los familiares de los condenados no se les comunican oficialmente ni la fecha de ejecución ni el lugar donde se encuentra enterrado el cadáver.


En Bielorrusia, el uso de la pena de muerte se ve agravado por los defectos de un sistema judicial que administra la pena capital de una manera que viola el derecho y las normas internacionales relativos a la pena de muerte. Existen indicios creíbles de que se utilizan la tortura y otros malos tratos para extraer “confesiones”. Además, los condenados pueden no tener acceso a mecanismos efectivos de apelación, y la naturaleza inherentemente cruel, inhumana y degradante de la pena capital se ve agravada, tanto para los condenados como para sus familiares, por el secreto que la rodea. Ni a los presos ni a sus familias se les notifica la fecha de ejecución por adelantado, y los condenados deben vivir con el temor de que, cada vez que se abre la puerta de su celda, puede ser para conducirlos a la ejecución.


Las condiciones de reclusión de los presos agravan aún más la experiencia intrínsecamente cruel, inhumana y degradante de esperar a la ejecución. Según los informes, los condenados permanecen en celdas del sótano del centro de prisión preventiva (SIZO) núm. 1 de Minsk. Las autoridades no han confirmado a Amnistía Internacional si estos informes son auténticos.


Además de utilizarla como castigo en virtud del derecho penal, la amenaza de la ejecución se ha utilizado también para reprimir la actividad política. En marzo de 2006, tras las elecciones presidenciales, el jefe de los servicios de seguridad del Estado (KGB), amenazó con la pena de muerte a los posibles manifestantes: “Los actos de quienes vengan a la plaza [a manifestarse] se considerarán terrorismo, castigado según diversos artículos con penas de entre ocho años de prisión y la muerte”.xxviii


Desde que obtuvo su independencia de la URSS, Bielorrusia ha dado pasos importantes hacia el final de la pena de muerte. Ha reducido su ámbito de aplicación, y una resolución adoptada por el Tribunal Constitucional en 2004 concluyó que la pena de muerte estaba en conflicto con la Constitución y podía ser abolida por el presidente y el Parlamento. Sin embargo, pese a estos avances positivos y a las presiones de las organizaciones internacionales, las autoridades bielorrusas todavía no han dado muestras de voluntad política alguna de iniciar un debate público sobre el asunto o de hacer los cambios legislativos necesarios.


El 1 de enero de 2008, Uzbekistánabolió la pena de muerte. Sin embargo, al concluir el año las autoridades aún no habían hecho públicas las cifras de pena capital de los años anteriores, incluido el número de condenas, ejecuciones y conmutaciones. Tampoco se hizo pública la cifra real de personas condenadas a muerte cuyas condenas se conmutaron automáticamente por cadena perpetua al hacerse efectiva la abolición.


El Tribunal Supremo empezó a revisar las condenas de muerte y, para mediados de abril de 2008, había conmutado al menos 17 de ellas por largas penas de prisión (20 o 25 años), pero no cadena perpetua.


Al concluir 2008 no se había progresado respecto a permitir a los familiares el acceso a información sobre el lugar de enterramiento de los presos ejecutados. Tampoco se había facilitado información sobre la reinvestigación de antiguos casos en los que los acusados o sus familiares habían denunciado el uso de tortura para extraer una confesión. Además, no parecían haberse tomado medidas para una posible indemnización, ni siquiera en los casos en los que el Comité de Derechos Humanos de la ONU había fallado en favor del demandante y había concluido que se habían cometido violaciones de derechos humanos.

Ejecuciones de las que se tuvo noticia en 2008


Las tablas siguientes resumen las ejecuciones que, según la información recibida, se llevaron a cabo y las condenas de muerte que se dictaron en 2008. Estas cifras indican las condenas de muerte de las que Amnistía Internacional tuvo conocimiento. Otros países pueden haber condenado a personas a muerte, pero la información no se ha difundido.


Estas cifras son estimaciones mínimas.


Clave

El signo “+” tras un número indica que se trata de una cifra mínima, es decir, que la cantidad real es, como mínimo, la consignada. Por ejemplo, “47+” indicará que se han llevado a cabo al menos 47 ejecuciones en 2008.


Cuando el signo “+” no va precedido de ningún número, significa que sabemos que, en ese país determinado, en 2008, se han impuesto condenas a muerte o se han llevado a cabo ejecuciones (como mínimo más de una), pero desconocemos su número.


País

Ejecuciones

CHINA

1718+

IRÁN

346+

ARABIA SAUDÍ

102+

ESTADOS UNIDOS

37

PAKISTÁN

36+

IRAK

34+

VIETNAM

19+

AFGANISTÁN

17+

COREA DEL NORTE

15+

JAPÓN

15

YEMEN

13+

INDONESIA

10

LIBIA

8+

BANGLADESH

5

BIELORRUSIA

4

EGIPTO

2+

MALAISIA

1+

MONGOLIA

1+

SINGAPUR

1+

SUDÁN

1+

SIRIA

1+

EMIRATOS ÁRABES UNIDOS

1+

BAHRÉIN

1

BOTSUANA

1

SAN CRISTÓBAL Y NIEVES

1

Condenas de muerte de las que se tuvo noticia en 2008


País

Condenas de muerte

CHINA

7003+

IRAK

285+

PAKISTÁN

236+

ARGELIA

200+

BANGLADESH

185+

AFGANISTÁN

131

UGANDA

114

ESTADOS UNIDOS

111+

EGIPTO

87+

INDIA

70+

SUDÁN

60

VIETNAM

59+

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO

50+

NIGERIA

40+

ETIOPÍA

39

JAPÓN

27

MALAISIA

22+

MALÍ

15+

JORDANIA

14+

CHAD

12+

INDONESIA

10+

TRINIDAD Y TOBAGO

10

TAIWÁN

8+

MAURITANIA

8

SIRIA

7+

KUWAIT

6+

SINGAPUR

5

MARRUECOS/SÁHARA OCCIDENTAL

4+

BOTSUANA

4

TAILANDIA

3+

GHANA

3

GUINEA

3

SIERRA LEONA

3

COREA DEL SUR

2+

GAMBIA

2

LAOS

2

SRI LANKA

2

BAHAMAS

1+

SAN CRISTÓBAL Y NIEVES

1+

SAN VICENTE Y LAS GRANADINAS

1+

BIELORRUSIA

1

BURKINA FASO

1

BURUNDI

1

JAMAICA

1

NÍGER

1

IRÁN

+

KENIA

+

LIBIA

+

MADAGASCAR

+

COREA DEL NORTE

+

ARABIA SAUDÍ

+

TANZANIA

+



NOTAS FINALES

i El derecho a la vida y la prohibición de las penas crueles, inhumanas o degradantes están consagrados en la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Convenio Europeo de Derechos Humanos y otros tratados importantes de derechos humanos. Estos derechos están asimismo garantizados por numerosas constituciones y otras leyes nacionales.

ii Amnistía Internacional es miembro fundador de la Coalición Mundial contra la Pena de Muerte (una coalición de más de 70 organizaciones de derechos humanos, colegios de abogados, sindicatos y autoridades locales y regionales). Amnistía Internacional también coordina la Red Asiática contra la Pena de Muerte (compuesta por abogados, parlamentarios y activistas de numerosos países asiáticos).

iii Afganistán, Antigua y Barbuda, Arabia Saudí, Autoridad Palestina, Bahamas, Bahréin, Bangladesh, Barbados, Belice, Bielorrusia, Botsuana, Burundi, Chad, China, Comores, Corea del Norte, Cuba, Dominica, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Estados Unidos de América, Etiopía, Guatemala, Guinea, Guinea Ecuatorial, Guyana, India, Indonesia, Irak, Irán, Jamaica, Japón, Jordania, Kuwait, Lesoto, Líbano, Libia, Malaisia, Mongolia, Nigeria, Omán, Pakistán, Qatar, República Democrática del Congo, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Sierra Leona, Singapur, Siria, Somalía, Sudán, Tailandia, Taiwán, Trinidad y Tobago, Uganda, Vietnam, Yemen, Zimbabue.

iv Amnistía Internacional, lista de países abolicionistas y retencionistas (31 de diciembre de 2008), ACT 50/002/2009, 24 de marzo de 2009.

v Cuba no publica estadísticas sobre la pena capital, pero las organizaciones de derechos humanos han informado de que se ha conmutado la pena de casi todos los condenados a muerte.

vi Etiopía votó a favor pero, tras la votación, declaró que se había equivocado y que pretendía votar en contra.

vii El desglose de votos de la resolución de 2007 (copatrocinada por 87 Estados) fue: 104 a favor, 54 en contra y 29 abstenciones.

viii Los miembros de la Liga de los Estados Árabes que se abstuvieron en 2008 son: Bahréin, Emiratos Árabes Unidos, Jordania, Líbano, Marruecos, Mauritania, Omán y Yibuti.

ix Xie Chuanjiao, Top court overturns 15% of death sentences in 1st half year, China Daily, 27 de junio de 2008.

x En 2007 se ejecutó a 135 personas y se dictaron 307 condenas de muerte.  

xi Este informe fue elaborado conjuntamente por Amnistía Internacional India y la Unión Popular por las Libertades Civiles (Tamil Nadu y Puducherry). India: The Death Penalty in India: A lethal lottery: A study of Supreme Court judgements in death penalty cases 1950-2006 (ASA 20/006/2008).

xii La región de Oriente Medio y el Norte de África se compone de los siguientes países: Arabia Saudí, Argelia, Autoridad Palestina, Bahréin, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Irak, Irán, Israel, Jordania, Kuwait, Líbano, Libia, Marruecos/Sáhara Occidental, Omán, Qatar, Siria, Túnez y Yemen.

xiii Amnistía Internacional recibió información según la cual hacia el 26 de diciembre de 2008 se había dado muerte por lapidación a dos hombres en el noreste de Irán.

xiv Declaración pública conjunta: Irán: Debe poner fin a la ejecución de personas por delitos cometidos cuando eran menores de edad (ASA 13/103/2008), 29 de julio de 2008.

xv Los ejecutados fueron: Javad Shojaee (16), Mohammad Hassanzadeh (16 o 17), Hasan Mozafari (menos de 18), Rahman Shahidi (menos de 18) Reza Hejazi (15), Behnam Zare (15), Gholamreza H. (17) y Ahmad Zare (17). Esas edades son las que tenían en el momento en que se cometió el delito.

xvi Nine countries since 1990 are known to have executed prisoners who were under 18 years old at the time of the crime – China, Congo (Democratic Republic), Irán, Nigeria, Pakistán, Arabia Saudí, Sudán, Estados Unidos and Yemen.

xvii El artículo 7.c de la Carta establece que no se impondrá la pena de muerte “a personas menores de 18 años a menos que se disponga lo contrario en las leyes vigentes en el momento de cometerse el delito” [énfasis añadido]. Esto viola el artículo 37.a de la Convención sobre los Derechos del Niño y el artículo 6.5 del PIDCP. Los Estados no pueden invocar las leyes nacionales como razón para incumplir obligaciones contraídas en virtud de tratados internacionales.

xviii En 2006 sólo se informó de 39 ejecuciones.

xix Amnistía Internacional, Arabia Saudí: Affront to Justice: Death Penalty in Arabia Saudí (MDE 23/027/2008), 14 de octubre de 2008.

xx Amnistía Internacional, Arabia Saudí: Un vídeo secreto muestra el horror de la decapitación (Comunicado de prensa, Servicio de Noticias 79/08) 25 de abril de 2008.

xxi Por ejemplo, juristas egipcios y especialistas de otro tipo que asistieron a un seminario organizado en marzo por el Centro Maat para Juristas y Estudios Constitucionales estuvieron de acuerdo en recomendar que la pena de muerte se limitara únicamente a cuatro delitos: asesinato con premeditación, espionaje en tiempo de guerra, secuestro y violación de una mujer o niña.

xxii El gobernador de Virginia conmutó por cadena perpetua la condena de muerte de Levar Walton, que sufre una grave enfermedad mental. El 27 de junio, un juez de Carolina del Norte concluyó que Guy Tobias LeGrande no estaba capacitado para ser juzgado, a causa de su grave enfermedad mental.

xxiii Amnistía Internacional, Pena de muerte / preocupación jurídica (Texas), AU 204/08 (AMR 51/081/2008), 17 de julio de 2008.

xxiv Amnistía Internacional, Estados Unidos: Comienza el simulacro de juicio. Vista incoatoria en Guantánamo de cinco personas que habían permanecido detenidas en secreto, 6 de junio de 2008; USA: Way of life, way of death: Capital charges referred against five former secret detainees, 20 de mayo de 2008; Estados Unidos: Otro detenido de la CIA se enfrenta a juicio ante una comisión militar por delitos punibles con la muerte, 2 de abril de 2008.

xxv Amnistía Internacional, Liberia: La presidenta debe vetar el proyecto de ley sobre la pena de muerte, 18 de julio de 2008: Liberia: Amnistía Internacional pide la revocación de la ley de pena de muerte sancionada por la presidenta del país, 25 de julio de 2008.

xxvi Informe del grupo de trabajo sobre el examen periódico universal: Ghana, doc. ONU A/HRC/8/36 (29 de mayo de 2008).

xxvii En Kazajistán, el ámbito de aplicación de la pena de muerte se redujo de 10 delitos “excepcionalmente graves” a uno solo (terrorismo con resultado de pérdida de vidas). La pena de muerte también se mantiene en la legislación para crímenes de guerra. En Kirguistán, los casos de los 174 presos condenados a muerte iban a ser revisados por el Tribunal Supremo en un plazo de seis meses. La revisión aún está pendiente.

xxviii Citado en Violations of Human Rights in Bielorrusia in 2006. Analytical Review, Viasna Human

Rights Group, http://spring96.org/en/editions.






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