Document - The Death Penalty Worldwide: Developments in 2002.


[Fecha de embargo: 11 de abril del 2003]Público


Amnistía Internacional

La pena de muerte en el mundo: noticias del 2002



Abril de 2003

Resumen

Índice AI: ACT 50/002/2003/s





Este documento contiene las novedades respecto a la pena de muerte acontecidas en el año 2002, a lo largo del cual el número de países totalmente abolicionistas aumentó hasta 76. En su reunión anual, la Comisión de Derechos Humanos de la ONU reiteró su petición en favor de la suspensión de las ejecuciones en todo el mundo y de que la pena de muerte no se imponga por «relaciones sexuales entre adultos que consienten en el acto». El Consejo de Europa aprobó un nuevo tratado abolicionista y se constituyó la Coalición Mundial contra la Pena de Muerte. En Estados Unidos se ejecutó a tres personas por delitos cometidos cuando eran menores de edad.


Otras cuestiones tratadas en el presente documento son: decisiones judiciales importantes; estudios importantes; el uso de la pena de muerte contra personas inocentes; reducciones en el ámbito de la pena de muerte; suspensión y conmutaciones, y medidas para limitar las apelaciones en las causas por delitos punibles con la muerte.

Este texto resume el documento titulado La pena de muerte en el mundo: noticias del 2002 (Índice AI: ACT 50/002/2003/s), publicado por Amnistía Internacional en abril del 2003. Si desean más información o emprender acciones sobre este asunto, consulten el documento principal. Pueden encontrar una amplia selección de materiales de Amnistía Internacional sobre éste y otros temas en <http://www.amnesty.org> y nuestros comunicados de prensa se pueden recibir por correo electrónico: <http://www.web.amnesty.org/web/news.nsf/thisweek?openview>. Para los documentos traducidos al español consulten la sección «centro de documentación» de las páginas web de EDAI en <http://www.edai.org/centro/>.


SECRETARIADO INTERNACIONAL, 1 EASTON STREET, LONDRES WC1X 0DW, REINO UNIDO

TRADUCCIÓN DE EDITORIAL AMNISTÍA INTERNACIONAL (EDAI), ESPAÑA






[Fecha de embargo: 11 de abril del 2003]

Público

Amnistía Internacional


La pena de muerte en el mundo: noticias del 2002










ÍNDICE


ABOLICIÓN 1

Chipre 1

Turquía 1

Yugoslavia 2

SUSPENSIÓN DE LAS EJECUCIONES 2

Guatemala 2

Filipinas 2

ESTADOS UNIDOS (Maryland) 3

REDUCCIÓN DEL ÁMBITO DE LA PENA CAPITAL 3

Fiyi 3

SUPRESIÓN DE LA PENA DE MUERTE PRECEPTIVA 4

Caribe 4

Taiwán 4

CONMUTACIONES 4

Arabia Saudí 4

Tanzania 4

Turquía 4

ESTADOS UNIDOS (Georgia) 5

CONDENAS A MUERTE Y EJECUCIONES 5

Irán 5

Japón 5

Nigeria 6

Pakistán 6

Arabia Saudí 6

Sudán 7

Tayikistán 7

UTILIZACIÓN DE LA PENA DE MUERTE CONTRA PERSONAS QUE ERAN MENORES DE EDAD EN EL MOMENTO EN QUE SE COMETIÓ EL DELITO 7

Estados Unidos (Indiana) 7

INICIATIVAS PARA RESTRINGIR LAS APELACIONES 7

Barbados 7

Belice 8

ESTADOS UNIDOS (federal) 8

MÉTODOS DE EJECUCIÓN: LAPIDACIÓN 8

Irán 8

INOCENCIA Y PENA DE MUERTE 8

Estados Unidos (Arizona) 8

DECISIONES JUDICIALES 8

Estados Unidos (Corte Suprema) 8

ESTADOS UNIDOS (tribunales federales inferiores) 9

ORGANIZACIONES INTERGUBERNAMENTALES 10

ult1 Naciones Unidas: Comisión de Derechos Humanos 10

Naciones Unidas: relatora especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias 10

Consejo de Europa: nuevo protocolo sobre la pena de muerte 10

Consejo de Europa: condición de Estados observadores de Japón y Estados Unidos 11

Unión Europa 11

RATIFICACIONES DE TRATADOS INTERNACIONALES 11

ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES 12

Coalición Mundial contra la Pena de Muerte 12

Iniciativa de ciudades por la vida 12

ESTUDIOS 13

TABLA 1: REGISTRO MUNDIAL DE EJECUCIONES POR AÑO, 1980-2002 14

TABLA 2: PAÍSES ABOLICIONISTAS AL CONCLUIR EL AÑO, 1981-2002 15









La pena de muerte en el mundo: noticias del 2002




ABOLICIÓN


La pena de muerte quedó abolida para todos los delitos en Chipre y Yugoslavia, y para los delitos en tiempos de paz en Turquía. Además, se suprimió para los últimos delitos punibles con la muerte en las islas caribeñas Turcas y Caicos, el último territorio británico dependiente que mantenía la pena de muerte.


Al finalizar el 2002, 76países y territorios habían abolido la pena de muerte para todos los delitos, mientras que 15la habían abolido para todos los delitos excepto los más graves, como los cometidos en tiempo de guerra. A otros 21países se los podía considerar abolicionistas de hecho: mantenían la pena de muerte para los delitos comunes como el asesinato, pero no habían llevado a cabo ninguna ejecución en los últimos 10 años o más y se consideraba que tenían como norma de actuación o práctica establecida no llevar a efecto ninguna ejecución o se habían comprometido en virtud de la legislación internacional a no utilizar la pena de muerte. Otros 84países y territorios mantenían lapena de muerte para los delitos comunes.


(Véase la lista de países abolicionistas y retencionistas que Amnistía Internacional incluye en la página sobre pena de muerte de su web: <http://web.amnesty.org/pages/deathpenalty_index_eng>. Los documentos en español sobre esta cuestión pueden consultarlos en <http://www.edai.org/centro/tematico/pdm/infostema_pdm.html>.


Chipre


El Código Penal Militar se enmendó el 19 de abril para suprimir la pena de muerte para los delitos militares de traición y piratería, con lo que Chipre se convirtió en un país totalmente abolicionista. La pena capital se había abolido para el asesinato en 1983. La última ejecución se llevó a efecto en 1962.


Turquía


El 3 de agosto, el Parlamento turco aprobó una ley por la que se abolía la pena de muerte excepto en tiempos de «guerra o de amenaza inminente de guerra». La nueva ley sustituía la pena de muerte por cadena perpetua, sin posibilidad de excarcelación para determinados presos. La ley fue sancionada por el presidente Ahmet Necdet Sezer el 8 de agosto y entró en vigor al día siguiente con su publicación en el Boletín Oficial del Estado.


La pena de muerte para los delitos comunes había quedado abolida en virtud de la reforma constitucional aprobada en octubre del 2001, si bien se mantuvo para tiempos de guerra y para «delitos terroristas». Los tribunales continuaron dictando condenas a muerte: entre enero y julio del 2002, al menos 36 personas, tres de las cuales habían sido condenadas por delitos comunes, fueron condenadas a la pena capital.


Desde la fundación de la moderna República de Turquía en 1923, 588 personas han sido ejecutadas por delitos comunes o políticos. Las últimas ejecuciones tuvieron lugar en 1984.



Yugoslavia


El 19 de junio, la pena de muerte fue erradicada de la República Federativa de Yugoslavia al reformar la Asamblea de Montenegro el Código Penal para suprimir la pena de muerte de la legislación de Montenegro, la única parte del país donde seguía existiendo. La pena de muerte en Montenegro fue sustituida por una pena de 40 años de cárcel para las personas de 20 años o mayores en el momento de la comisión del delito.


SUSPENSIÓN DE LAS EJECUCIONES


Varios países y jurisdicciones retencionistas establecieron o mantuvieron una suspensión general de las ejecuciones o las suspendieron de otra forma. Asimismo, la Federación de Colegios de Abogados de Japónpidió una suspensión de la pena capital en dicho país. En septiembre, el gobierno de la República Democrática del Congoanunció que iba a poner fin a la suspensión vigente desde hacía tres años. No obstante, al concluir el año no se había llevado a cabo ninguna ejecución.


ACTUALIZACIÓN: En Kirguistán, el presidente Askar Akaev anunció a principios de enero del 2003 que la suspensión de las ejecuciones que llevaba vigente desde 1998 se ampliaría otro año.


Guatemala


En julio, con ocasión de la tercera visita llevada a cabo al país por el papa Juan Pablo II, el presidente Alfonso Portillo anunció su oposición personal a la pena de muerte y manifestó que intentaría que durante su mandato no se ejecutara ninguna pena de muerte más. Asimismo manifestó que presentaría al Congreso propuestas legislativas pidiendo la abolición de la pena capital.


Los comentarios del presidente provocaron en Guatemala el primer debate en varios años sobre la pena de muerte, que recibe un fuerte apoyo de la opinión pública y de los parlamentarios. En el 2000, el Congreso eliminó la prerrogativa presidencial para conmutar las penas de muerte. El actual presidente del Congreso es el general Efraín Ríos Montt, que, como jefe de Estado en 1983, ordenó seis ejecuciones en vísperas de la primera visita al país de Juan Pablo II.


Tras el derrocamiento del general Ríos Montt a fines de 1983, no se llevó a efecto ninguna ejecución hasta 1996, fecha en que dos hombres fueron ejecutados por un pelotón de fusilamiento. Las ejecuciones fueron televisadas en directo y la repugnancia generalizada que suscitaron las macabras escenas provocó que el Congreso aprobara la inyección letal como método de ejecución. La primera ejecución mediante inyección letal, también televisada, se llevó a cabo en 1998. A ésta siguieron otras dos en junio del 2000.


En noviembre del 2000, la Corte de Constitucionalidad anuló otras cinco penas de muerte. Desde que el presidente Portillo anunció su compromiso, se han dictado otras dos penas de muerte, elevando a 39 el número total de personas condenadas a la pena capital en Guatemala.


Filipinas


La presidenta, Gloria Macapagal-Arroyo, suspendió todas las ejecuciones mientras el Congreso Nacional filipino debatía un proyecto de ley que abolía la pena capital. Su decisión fue anunciada el 30 de septiembre por el secretario de Asuntos Exteriores tras la reunión mantenida con embajadores de países de la Unión Europea (UE); la UE había estado intentando impedir la reanudación de las ejecuciones en Filipinas.


La presidenta había concedido anteriormente un aplazamiento de 90 días a tres presos cuyas ejecuciones se habían fijado para agosto, septiembre y octubre respectivamente. Los aplazamientos pretendían conceder a la presidenta más tiempo para decidir si debían conmutarse las condenas de estos presos.


Las ejecuciones se reanudaron en Filipinas en febrero de 1999 tras 23 años. Siete personas fueron ejecutadas mediante inyección letal antes de que el ex presidente Joseph Estrada declarara una suspensión en el 2000. En marzo del 2001, la recientemente investida presidenta Arroyo anunció que durante su mandato no se llevaría a cabo ninguna ejecución, si bien cambió de postura en octubre de ese año al manifestar que era partidaria de ejecutar a personas condenadas por secuestro.


Sin embargo, en marzo del 2002, la presidenta manifestó a la prensa de Malacañang que firmaría un proyecto de ley ante el Congreso para derogar la pena capital. Manifestó que los delincuentes condenados deberían ser objeto de «rehabilitación, no de venganza».


Según el Grupo de Asistencia Letrada Gratuita de Filipinas, casi la mitad de los miembros de la Cámara de Representantes (la cámara baja del Congreso de Filipinas) y la mayoría de los senadores habían indicado su intención de votar a favor de la abolición de la pena capital. En mayo, los Comités sobre Leyes y Derechos Humanos, Civiles y Políticos de la Cámara de Representantes aprobaron los proyectos de ley que establecían la abolición de la pena capital. La Conferencia de Obispos Católicos de Filipinas ha instado a la presidenta a que declare urgentes estos proyectos de ley.


A finales de año había aproximadamente mil personas condenadas a muerte.


ESTADOS UNIDOS (Maryland)


El 9 de mayo, el gobernador Parris Glendening anunció una suspensión de las ejecuciones en espera del resultado de un estudio llevado a cabo por la Universidad de Maryland sobre la imparcialidad de la aplicación de la pena capital en el estado, especialmente en relación con prejuicios raciales y geográficos. Al mismo tiempo, el gobernador ordenó un aplazamiento de la ejecución de Wesley Baker, prevista para la semana del 13 de mayo.


Maryland era el segundo estado en imponer una suspensión de la pena de muerte en los últimos años (tras Illinois, en enero del 2000).


ACTUALIZACIÓN: En marzo del 2003, el Senado de Maryland rechazó por un voto el proyecto de ley que imponía una suspensión hasta el año 2005, a pesar de que el estudio llevado a cabo por la Universidad de Maryland había establecido que las condenas a la pena capital eran parciales desde el punto de vista racial y geográfico. El gobernador Robert L. Ehrlich Jr, que sucedió al gobernador Glendening, se opone a la moratoria.


REDUCCIÓN DEL ÁMBITO DE LA PENA CAPITAL


Fiyi


El 11 de marzo se suprimió la pena capital del Código Penal cuando el presidente Ratu Josefa Iloilo Uluivuda dio su conformidad a la tramitación por el Senado de la Ley número 5 de Enmienda al Código Penal, de 2002. La ley deroga la pena de muerte para los delitos de traición, instigación a la invasión extranjera con una fuerza armada y genocidio, los únicos delitos para los que se mantenía en el código. En 1979 se había abolido para el asesinato.


La pena de muerte se mantiene en la Ley sobre las Fuerzas Armadas. La última ejecución en Fiyi tuvo lugar en 1964.



SUPRESIÓN DE LA PENA DE MUERTE PRECEPTIVA


Caribe


El 22 de febrero, el Comité Judicial del Consejo Privado de la Reina, con sede en Inglaterra, el tribunal de apelación de última instancia para la mayoría de los países de habla inglesa del Caribe, estableció en tres causas diferentes que la imposición preceptiva de la pena de muerte, en virtud de la cual el acusado no podía presentar atenuantes basados en cuestiones personales o en el propio delito, era inconstitucional. Si bien los fallos no prohibían la pena de muerte, permitían la presentación de pruebas atenuantes y su toma en consideración antes de la imposición de penas.


Los fallos del Comité Judicial del Consejo Privado en las causas de Hughes contra la Corona (Santa Lucía), Reyes contra la Corona (Belice) y Fox contra la Corona (San Cristóbal y Nevis) ratificaron un fallo anterior dictado por la Corte de Apelaciones del Caribe Oriental tras la apelación formulada por el gobierno de Santa Lucia contra la decisión de la corte.


Estos fallos afectarán la aplicación de la pena de muerte en Antigua, Barbados, Belice, Dominica, Granada, San Cristóbal y Nevis, Santa Lucíay San Vicente y las Granadinas. Las actuales penas de muerte deberán examinarse y en el futuro se requerirá un nuevo procedimiento de imposición de condenas.


El primer ministro de Jamaica, P.J. Patterson, se puso al frente de otros dirigentes de la región en la crítica contra el fallo, manifestando que era el último ejemplo de la determinación del Consejo Privado de «abolir unilateralmente la pena capital en el Caribe y otra demostración de su insensibilidad frente a la naturaleza de los problemas afrontados por las jurisdicciones regionales».


Taiwán


El 8 de enero, la Asamblea Legislativa de Taiwán abolió la Ley para el Control y el Castigo del Bandidaje, que establecía la pena de muerte, y aprobó varias enmiendas al Código Penal limitando el ámbito y la aplicación de la pena capital. Las enmiendas suprimían la pena de muerte preceptiva para determinados delitos, pero la mantuvieron como pena optativa.


CONMUTACIONES


Arabia Saudí


El 4 de diciembre, el príncipe Naif bin 'Abdul 'Aziz, ministro de Interior de Arabia Saudí, anunció que el rey Fahd bin 'Abdul 'Aziz había conmutado la pena de muerte a 17 hombres de la comunidad ismaelí por penas de prisión de 10 años. Según los informes, estos hombres estaban entre los centenares de personas detenidas en abril del 2000 durante las protestas llevadas a cabo contra el cierre de su mezquita por las fuerzas de seguridad saudíes.


Tanzania


En abril, el presidente Benjamin Mkapa conmutó por cadena perpetua la pena de muerte impuesta a cien personas declaradas culpables de asesinato. Mohammed Seif Khatib, ministro de Interior, que anunció las conmutaciones, dijo que era una forma del presidente de «mostrar su preocupación por los derechos humanos, especialmente el derecho a la vida».


Turquía


El 3 de octubre, tras la abolición de la pena de muerte para los delitos cometidos en tiempos de paz (véase supra, ABOLICIÓN), el Tribunal de Seguridad del Estado de Ankara conmutó por cadena perpetua la pena de muerte dictada contra Abdullah Öcalan, dirigente del Partido de los Trabajadores Kurdos. Había sido condenado a muerte en 1999 por «traición y separatismo».

ESTADOS UNIDOS (Georgia)


El 25 de febrero, la Junta de Indultos y Libertad Condicional de Georgia conmutó la pena de muerte dictada contra Alexander Williams por cadena perpetua sin posibilidad de obtener la libertad condicional. Alexander Williams, el primer condenado a muerte en ser indultado por la Junta desde 1994, había padecido graves problemas mentales por los que había recibido medicación forzosa mientras estuvo condenado a muerte, e iba a ser ejecutado por el asesinato en 1986 de Aleta Carol Bunch, de 16 años, cuando el propio Williams tenía sólo 17 años.


En una declaración difundida el 25 de febrero, el presidente de la Junta de Indultos y Libertad Condicional manifestó: «Al asegurarnos de que Williams permanecerá en una celda de 2,4 por 3 metros para el resto de su vida sin esperanza de libertad condicional, esperamos que la seguridad de nuestra decisión proporcione a la señora Bunch [la madre de la víctima] el final que tanto merece».


El caso había generado presión de la comunidad internacional a favor del indulto. Entre los que habían pedido la suspensión de la ejecución estaba el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la UE y el Consejo de Europa. En el seno de Estados Unidos, el Colegio Estadounidense de Abogados, el Fondo para la Defensa de la Infancia y la Alianza Nacional para los Enfermos Mentales formularon llamamientos.


En noviembre, Alexander Williams fue encontrado muerto en su celda. Al parecer se había ahorcado.


CONDENAS A MUERTE Y EJECUCIONES


Durante el 2002, al menos 1.526 personas fueron ejecutadas en 31 países y al menos 3.248 fueron condenadas a muerte en 67 países. Estas cifras sólo incluyen los casos de los que AI tiene constancia, la cifra real es sin duda muy superior.


Al igual que en años anteriores, la inmensa mayoría de las ejecuciones en todo el mundo tuvieron lugar en un reducido número de países. En el 2002, el 81 por ciento de todas las ejecuciones de las que se tuvieron constancia tuvieron lugar en China, Irán y Estados Unidos. Respecto a China, los documentos limitados e incompletos de los que AI disponía al finalizar el año indicaban que al menos 1.060 personas habían sido ejecutadas, si bien la cifra real se consideraba muy superior. En Irán se llevaron a cabo al menos 113 ejecuciones. En Estados Unidos se ejecutó a 71 personas.

(Véase el documento de AI titulado Condenas de muerte y ejecuciones en el año 2002, Índice AI: ACT 51/001/2003/s. Para información sobre el total anual de ejecuciones registradas en todo el mundo, véase Tabla 1)


Irán


El 29 de septiembre, cinco hombres condenados a muerte por denuncias de violación, secuestro y robo fueron ahorcados en público en dos lugares diferentes de Teherán, la capital. Según informes, uno de los ahorcados, Amir Karbala'i, manifestó justo antes de ser ejecutado: «No nos no ha condenado el juez, sino la opinión pública». Algunos periódicos iraníes señalaron que las ejecuciones reflejaban el deseo de las autoridades judiciales de mostrar que se tomaban en serio la preocupación de la opinión pública por la seguridad.


Japón


Hamada Yoshiteru y Haruta Tatsuya, ambos condenados por asesinato, fueron ejecutados el 18 de septiembre, sin que sus familiares fueran avisados de la fecha de la ejecución.


Al parecer, la fecha de las dos ejecuciones fueron elegidas para que coincidieran con la visita histórica del primer ministro Koizumi Junichiro a la República Democrática de Corea. La atención de los medios de comunicación japoneses estaba volcada en esta reunión, lo que ayudó evitar las críticas públicas de las ejecuciones. Además, el Parlamento estaba en periodo de receso, momento que a menudo se aprovecha para llevar a cabo las ejecuciones.


Nigeria


El 22 de marzo, un denominado tribunal de la ley islámica (shari'a) del estado de Katsina condenó a muerte mediante lapidación a Amina Lawal Kurami, mujer divorciada de 30 años, por haber tenido un bebe fuera del matrimonio. El hombre a quien Amina Lawal Kurami atribuyó la paternidad de su hijo negó su implicación y los cargos contra él fueron retirados. Al concluir el año todavía no se había resuelto la apelación contra la sentencia.


El 25 de marzo, el Tribunal de Apelación de la Ley Islámica del estado de Sokoto absolvió a Safiya Yakubu Hussaini, mujer divorciada y madre de cinco hijos, del cargo de adulterio. La habían condenado a muerte mediante lapidación en octubre del 2001. La causa había suscitado un escándalo internacional a causa de la discriminación por motivo de género de la sentencia, al dejar en libertad al varón implicado en el supuesto adulterio. También constituía motivo de preocupación el que las leyes y procedimiento de imposición de condenas de los denominados tribunales de la ley islámica, que se han establecido sólo para los ciudadanos musulmanes de varios estados del norte el país, varíen de los del resto del país.


Kanu Agabi, ministro de Justicia de Nigeria, escribió una carta el 21 de marzo a los gobernadores de los estados musulmanes de Nigeria que habían aprobado los nuevos códigos penales basados en la ley islámica indicando que no debían permitir a sus tribunales que «socaven la ley fundamental de la nación, que es la Constitución». «Un musulmán no debe ser sometido a un castigo más grave que el que se impondría a otros conciudadanos por el mismo delito» añadía, y cualquier tribunal que imponga penas discriminatorias está «desacatando deliberadamente la Constitución».


Los llamamientos contra la condena impuesta a Safiya Yukubu Hussaini procedían de todo el mundo. Miembros de la organización World Women Parliamentarians de 130 países que se habían reunido en Rabat, Marruecos, en marzo aprobaron una moción pidiendo que se amnistiara a Safiya Yukubu Hussaini y condenando la pena de muerte dictada contra ella. El secretario general del Consejo de Europa también pidió al presidente nigeriano Olusegun Obasanjo que indultara a Safiya Yukubu Hussaini.


Pakistán


El 1 de septiembre seis hombres fueron condenados a muerte mediante ahorcamiento por la violación en grupo, en el mes de junio, de Mukhtaran Bibi en el pueblo de Meerawali, distrito de Muzaffargarh del Punjab. Otros ocho hombres fueron absueltos de los mismos cargos.


Al parecer, la violación había sido ordenada por 10 ancianos del pueblo, de una tribu considerada «superior» en el sistema de castas, en represalia por una presunta relación entre el hermano menor de la víctima y una mujer de su tribu.


La violación, descrita por el Tribunal Supremo de Pakistán como «el crimen más atroz cometido en Pakistán en el siglo XXI», ha puesto de manifiesto el sistema de consejo tribal ilegal existente en el país.


Al concluir el año seguían pendientes de resolución los recursos de los seis hombres. Por otra parte, las autoridades no habían tomado ninguna medida en relación con el sistema de justicia tribal.


Arabia Saudí


El 1 de enero, tres hombres condenados por un tribunal penal por actos homosexuales fueron decapitados públicamente en Abha, provincia de Asir. Como es habitual en Arabia Saudí, los procedimientos judiciales se vieron envueltos en el secretismo.


Parece probable que la ejecución de ‘Ali bin Hittan bin Sa’id, Muhammad bin Suleyman bin Muhammad y Muhammad bin Khalil bin ‘Abdullah, ciudadanos saudíes, se debió principalmente a su orientación sexual. Una declaración emitida por la Agencia Saudí de Prensa afirmó que los hombres «habían cometido actos de sodomía, se habían casado entre sí, habían seducido a hombres jóvenes y habían agredido a los que los habían rechazado».


Sudán


El 17 de julio un tribunal «especial» de la ciudad de Nyala condenó a muerte a 88 personas, entre ellas dos menores de 14 años. Fueron declarados culpables de haber participado en los enfrentamientos librados entre dos grupos étnicos, los rizeigat y los maalyia, en el sur de Darfur, que se saldaron con la muerte de al menos 10 personas.


El 11 de agosto, el presidente del Tribunal Superior de Darfur desestimó una apelación contra la condena. Seguidamente, los abogados de la defensa solicitaron que el presidente del Tribunal Supremo de la capital, Jartum, volviera a examinar los procedimientos judiciales (de lo que los tribunales «especiales» normalmente quedan exentos). El 25 de agosto, se informó de que Ali Mohamed Osman Yassin, ministro de Justicia, había manifestado que el gobierno no invalidaría las condenas.


Los tribunales «especiales» no cumplen las normas internacionales sobre justicia procesal y no están obligados a juzgar las causas conforme a la Ley de Procedimientos Penales de 1993.


Tayikistán


Dos hermanos, Sherali y Dovud Nazriev, fueron ejecutados en secreto el 21 de junio a pesar de las dudas generalizadas sobre su culpabilidad y sobre la imparcialidad de su juicio. Habían sido condenados en mayo del 2001 por el intento de asesinato de Makhmadsaid Ubaydullayev, alcalde de Dushanabe, la capital.


UTILIZACIÓN DE LA PENA DE MUERTE CONTRA PERSONAS QUE ERAN MENORES DE EDAD EN EL MOMENTO EN QUE SE COMETIÓ EL DELITO


En todo el mundo, Amnistía Internacional registró en el año 2002 tres ejecuciones de personas que eran menores de edad cuando se cometió el delito del que se las acusaba. Las tres ejecuciones se llevaron a cabo en el estado de Texas, Estados Unidos. (Véase el documento de Amnistía Internacional titulado, Los menores y la pena de muerte: Ejecuciones en el mundo desde 1990, Índice AI: ACT 50/007/2002/s.)


Estados Unidos (Indiana)


El 26 de marzo, el gobernador Frank O’Bannon sancionó un proyecto de ley que prohíbe la imposición de la pena de muerte a acusados que fueran menores de 18 años en el momento de la comisión del delito. Indiana es el estado número 16 de la Unión en prohibir la ejecución de delincuentes en estos casos.


INICIATIVAS PARA RESTRINGIR LAS APELACIONES


Barbados


Las dos cámaras legislativas aprobaron en agosto la Ley Constitucional (Enmienda), de 2002. Esta enmienda impide a los presos condenados recurrir contra sus penas de ejecución basándose en la cantidad de tiempo que han pasado condenados a muerte o en las condiciones de reclusión, y limita el tiempo concedido a los organismos intergubernamentales para que examinen las denuncias de los presos. La aprobación de la enmienda significa que los fallos anteriores del Comité Judicial del Consejo Privado de la Reina vinculantes para Barbados ya no se aplicarán a las causas futuras.



Belice


El 6 de septiembre, el primer ministro Said Musa presentó ante la Cámara de Representantes de Belice la Ley para la Reforma de la Constitución, de 2002. La ley propuesta suprimiría el derecho de apelación ante el Comité Judicial del Consejo Privado de la Reina, con sede en Inglaterra, actualmente el tribunal de última instancia para Belice, en las causas por asesinato de tipo A. Esto convertiría al Tribunal de Apelación de Belice en el tribunal de última instancia para dichas causas, mientras que se mantendría la vía de los recursos ante el Comité Privado para otros procesos comunes y civiles.


En Belice, los asesinatos de tipo A, que incluyen los tipos de asesinato más graves, conllevan la pena de muerte preceptiva. En marzo, el Consejo Privado había fallado que la aplicación de la pena de muerte preceptiva, en la que el acusado carece de la posibilidad de presentar atenuantes basados en motivos personales o en función del delito, era inconstitucional (véase SUPRESIÓN DE LA PENA DE MUERTE PRECEPTIVA, supra). Esta ley, que cuenta con un importante apoyo político y público, permitiría a Belice eludir las consecuencias de este fallo en los procesos futuros.


ESTADOS UNIDOS (federal)


Donald Rumsfield, secretario de Defensa de Estados Unidos, dio a conocer el procedimiento de funcionamiento de los juicios de las personas acusadas de «terrorismo internacional» ante las comisiones militares. Las comisiones propuestas se establecían en la orden ejecutiva en materia militar firmada por el presidente George W. Bush el 13 de noviembre del 2001. Estarán facultadas para imponer la pena de muerte. Los procedimientos de funcionamiento, anunciados el 21 de marzo del 2002, señalan que la pena de muerte sólo podrá dictarse por decisión unánime de los siete miembros de la comisión, que serán oficiales militares designados por el secretario de Defensa o la persona que éste designe. Sus fallos serán inapelables.


MÉTODOS DE EJECUCIÓN: LAPIDACIÓN


Irán


Se recibieron informes verosímiles de que un hombre y una mujer fueron lapidados en octubre en Naghdeh, en el oeste de Irán. Según informes, al concluir el año había cuatro mujeres condenadas a muerte mediante lapidación, sin que AI conociera exactamente de qué cargos se las acusaba.


INOCENCIA Y PENA DE MUERTE


Estados Unidos (Arizona)


En abril, Ray Krone se convirtió en la persona número 100 a la que, desde 1973, se declaraba inocente tras haber sido condenada a muerte. Fue excarcelado tras demostrar las pruebas de ADN que era inocente del asesinato por el que había sido condenado a muerte en 1992. En 1995 lo habían vuelto a juzgar y lo habían condenado a cadena perpetua.


(En www.deathpenaltyinfo.org/innoc.htmlencontrarán una lista actualizada de los presos excarcelados en Estados Unidos tras surgir pruebas sobre su inocencia.) (Véase asimismo la sección ESTUDIOS, infra.)


DECISIONES JUDICIALES


Estados Unidos (Corte Suprema)


El 20 de junio, en la causa de Atkins contra Virginia, la Corte Suprema de Estados Unidos falló que la ejecución de personas que padecen retraso mental vulneraba la prohibición establecida en la Octava Enmienda de la Constitución de Estados Unidos contra los castigos «crueles y excepcionales». Dicha decisión anulaba el fallo dictado hacía 13 años en la causa de Penry contra Lynaugh que había permitido que continuaran esta clase de ejecuciones. En Atkins contra Virginia, el tribunal había establecido que en los años transcurridos, los «criterios de decencia» en el país habían evolucionado hasta el punto de que en la actualidad había un «consenso nacional» contra el uso de la pena de muerte contra las personas con retraso mental.


En el momento de dictarse el fallo en la causa de Penry contra Lynaugh en 1989, sólo un estado de la Unión había legislado contra esta clase de ejecuciones, mientras que cuando el Tribunal Supremo dictó sentencia sobre el caso Atkins contra Virginia la cifra era ya de 18. En el fallo de la causa de Atkins, la mayoría de los jueces reconocieron que «dentro de la comunidad internacional, la imposición de la pena de muerte para los delitos cometidos por personas con retraso mental merecía una desaprobación generalizada».


El 24 de junio, en la causa de Ring contra Arizona, la Corte Suprema estableció que la pena de muerte impuesta en un procedimiento en el que las decisiones críticas vienen determinadas por un juez y no por un jurado vulnera el derecho constitucional de los acusados a ser juzgados por un jurado. En aquel momento, en Arizona y otros ocho estados se daba alguna forma de imposición de condenas por parte de jueces.


El fallo ponía en tela de juicio unas 800 condenas a muerte. Al finalizar el año, todavía no estaba claro cuál sería el resultado en tales causas, en buena parte porque el fallo sobre la causa de Ring no se pronunciaba sobre su carácter retroactivo.


En octubre, cuatro de los nueve jueces de la Corte Suprema de Estados Unidos discreparon de la negativa a aceptar una apelación presentada en favor de Kevin Stanford, de Kentucky, que había sido condenado a muerte por un delito que cometió cuando tenía 17 años. Los cuatro jueces manifestaron que la ejecución de personas por delitos cometidos cuando eran menores de 18 años «es una reliquia del pasado y es incoherente con la evolución de los criterios de decencia de una sociedad civilizada. Deberíamos poner fin a esta práctica vergonzosa».


ESTADOS UNIDOS (tribunales federales inferiores)


El 1 de julio en Nueva York, el juez de distrito Jed Rakoff decidió en la causa de Estados Unidos contra Quinones que el riesgo de ejecutar a personas inocentes en Estados Unidos era tan elevado que no permitiría que la pena de muerte fuera una opción en el próximo juicio de dos acusados en virtud de la legislación federal. El juez falló que la pena de muerte establecida en la legislación federal contravenía la Constitución de Estados Unidos debido a que «el porcentaje inaceptablemente alto de personas inocentes que son declaradas culpables de delitos punibles con la muerte. . . es equivalente a un asesinato previsible, patrocinado por el Estado de personas inocentes». Sin embargo, el 10 de diciembre la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York anuló el fallo. En un fallo unánime redactado por el juez Jose Cabranes, el tribunal compuesto por tres jueces manifestó: «Los procedentes vinculantes de la Corte Suprema nos impiden declarar la pena de muerte inconstitucional basándonos únicamente en la posibilidad estadística o teórica de que el acusado pueda ser inocente».


El 24 de septiembre, en Vermont, el juez de distrito William Sessions falló en la causa de Estados Unidos contra Fell que la Ley Federal sobre la Pena de Muerte de 1994 era inconstitucional. La base de este fallo era que la ley permitía que «requisitos probatorios muy laxos» determinaran la opción de la pena de muerte. El juez manifestó: «Si la pena de muerte ha de formar parte de nuestro sistema de justicia [...] el tipo de pruebas que los jurados deben tener en cuenta debe ser riguroso [...] Rebajar estos niveles invita al abuso y socava notablemente la fiabilidad de la decisión de aplicar la pena de muerte».



ORGANIZACIONES INTERGUBERNAMENTALES


Naciones Unidas: Comisión de Derechos Humanos


En su resolución 2002/77, aprobada el 25 de abril en su periodo de sesiones anual en Ginebra, la Comisión de Derechos Humanos de la ONU instó a todos los Estados que mantenían la pena capital a «Velar por que [...] no se imponga la pena de muerte por delitos financieros no violentos, por la expresión no violenta de convicciones o la práctica religiosa o por relaciones sexuales entre adultos que consienten en el acto».


La aprobación de esta resolución se produjo tras la preocupación internacional suscitada por la amenaza de ejecución de una mujer divorciada madre de cinco hijos condenada por adulterio en Nigeria(véase CONDENAS A MUERTE Y EJECUCIONES, supra).


En la resolución se señalaba que « los miembros de minorías nacionales o étnicas, religiosas y lingüísticas parecen ser desproporcionadamente objeto de condena a la pena capital». Al igual que en resoluciones anteriores sobre la cuestión, la Comisión exhortaba a todos los Estados retencionistas a que «suspendan las ejecuciones, con miras a abolir completamente la pena de muerte», y a respetar las salvaguardias previstas en la legislación internacional, incluida la prohibición de utilizar la pena de muerte contra personas que fueran menores de edad en el momento en que se cometió el delito del que se las acusa.


Era la sexta resolución sobre la cuestión de la pena de muerte que la Comisión aprobaba consecutivamente desde 1997. Fue copatrocinada por 68 Estados, uno más que en el 2001. Fue aprobada por 25 votos a favor y 20 en contra, con ocho abstenciones. Sin embargo, tras su aprobación, Arabia Saudí presentó una declaración en nombre de 62 Estados por la que se desvinculaban de la resolución.


(El texto de la resolución 2002/77 está disponible en la página web de la ONU dedicada a los derechos humanos: www.unhchr.ch)


Naciones Unidas: relatora especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias


En su informe anual para la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, la relatora especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias recomendó entre otras cosas que «A fin de comprobar si se observan las salvaguardias relativas a la pena capital, urge que en cada decisión en la que se imponga la pena capital se haga constar las salvaguardias que han de observarse y que se haga pública dicha decisión».

(El informe de la relatora, documento de la ONU No. E/CN.4/2002/74, está disponible en la página web sobre derechos humanos de la ONU. El pasaje citado está tomado del párrafo 149.)


Consejo de Europa: nuevo protocolo sobre la pena de muerte


El 21 de febrero, el Comité de Ministros del Consejo de Europa, formado por 44 miembros, aprobó el Protocolo número 13 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales(Convenio Europeo de Derechos Humanos), que prohíbe la pena de muerte en cualquier circunstancia.Dicho protocolo es el primer tratado internacional vinculante legalmente que deroga la pena de muerte en todas las circunstancias sin excepción.


El 3 de mayo, día de apertura de las firmas, 36 Estados firmaron el Protocolo número 13, de los cuales 3 también lo han ratificado. La firma tuvo lugar en una reunión del Comité de Ministros del Consejo de Europa en Vilna, Lituania. El Protocolo número 13 entrará en vigor tres meses después de su ratificación por 10 Estados (Véase RATIFICACIONES DE TRATADOS INTERNACIONALES, infra).


(El texto del Protocolo No. 13 y el informe aclaratorio están disponibles en la siguiente página web:

http://conventions.coe.int/Treaty/EN/WhatYouWant.asp?NT=187&CM=1&DF=19/11/02


Consejo de Europa: condición de Estados observadores de Japón y Estados Unidos


Los días 27 y 28 de mayo tuvo lugar un seminario sobre la abolición de la pena de muerte en la sede administrativa del Parlamento japonés en Tokio. El seminario fue organizado por el Comisión de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa en cooperación con los parlamentarios japoneses miembros de la Liga para la Abolición de la Pena de Muerte, Entre los oradores estuvieron el presidente de la Liga, Shizuka Kamei, y Sakae Menda, ex preso japonés, que pasó más de 33 años encarcelado antes de quedar en libertad tras ser juzgado de nuevo en 1983.


En junio del 2001, la Asamblea Parlamentaria había pedido que se suspendieran las ejecuciones en Japón y Estados Unidos y la mejora de las condiciones para los condenados a muerte en los dos países, y decidió cuestionar el rango de observadores de ambos países en el Consejo de Europa si no se producían avances importantes en la puesta en práctica de la aplicación de sus demandas antes de enero del 2003 (véase el documento de AI titulado, La pena de muerte en el mundo: noticias en el 2001, Índice AI: ACT 50/001/2002/s). El seminario se organizó en relación con esta iniciativa.


Unión Europa


El informe anual sobre derechos humanos correspondiente al 2002 elaborado por la UE reveló que se habían llevado a cabo contactos diplomáticos con más de 20 países y territorios entre julio del 2001 y junio del 2002 conforme a las Orientaciones sobre la política de la UE respecto a terceros países en relación con la pena de muerte, aprobadas en 1998. Entre los países y territorios que fueron objeto de estos contactos estaban Arabia Saudí, Autoridad Palestina, Bangladesh, Botsuana, Burkina Faso, China, Estados Unidos, Guinea, India, Indonesia, Irán, Japón, Líbano, Malaisia, Níger, Nigeria, Pakistán, República Democrática del Congo, Senegal, Sri Lanka y Suazilandia. Los contactos se llevaron a cabo en relación con casos individuales que no cumplían «los requisitos mínimos» establecidos en las Orientaciones, y en las situaciones en que la política de un país sobre la pena de muerte era fluctuante, por ejemplo, cuando una suspensión de las ejecuciones estaba amenazada.


RATIFICACIONES DE TRATADOS INTERNACIONALES


La comunidad de naciones ha aprobado cuatro tratados internacionales que establecen la abolición de la pena de muerte. Uno de ellos es de ámbito mundial, mientras que los otros tres son regionales.


El Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, relativo a la abolición de la pena de muerte,y el Protocolo de la Convención Americana sobre Derechos Humanos Relativo a la Abolición de la Pena de Muerteestablecen la abolición de la pena de muerte, pero permiten a los Estados partes mantenerla en tiempos de guerra si hacen una reserva a tal efecto en el momento de ratificar dichos protocolos o adherirse a ellos. El Protocolo número 6 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales(Convenio Europeo de Derechos Humanos) referente a la abolición de la pena de muerte establece la abolición de la pena de muerte en tiempos de paz. Mientras que el Protocolo número 13 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales(Convenio Europeo de Derechos Humanos) referente a la abolición de la pena de muerteen cualquier circunstancia establece la abolición de la pena de muerte en todas las circunstancias, incluso en tiempos de guerra o de peligro inminente de guerra. Cualquier Estado parte del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos o el Convenio Europeo de Derechos Humanos puede convertirse en Estado parte de los respectivos protocolos.


Lituania,Sudáfrica y Yibutiratificaron el Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en el 2002. Andorrafirmó el protocolo, indicando la intención del gobierno de ratificarlo posteriormente. Al concluir el año, 49 países eran Estados partes del protocolo y otros siete lo habían firmado.


Durante el 2002 no hubo nuevas firmas o ratificaciones del Protocolo de la Convención Americana sobre Derechos Humanos Relativo a la Abolición de la Pena de Muerte. A finales de año ocho países habían ratificado el protocolo y otro lo había firmado.


Azerbaiyán y Bosnia y Herzegovinaratificaron el Sexto Protocolo del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales en el 2002. Turquía firmó el protocolo. Al concluir el año, 41 países habían ratificado el protocolo y otros tres lo habían firmado.


El Protocolo número 13 del Convenio Europeo de Derechos Humanosfue aprobado en febrero del 2002 y el 3 de mayo fue la fecha de comienzo de las firmas (véase supra, ORGANIZACIONES INTERGUBERNAMENTALES). Al concluir el año, cinco países —Dinamarca, Irlanda, Liechtenstein, Malta y Suiza— habían ratificado el protocolo y otros 34 lo habían firmado.


(En la web de AI www.amnesty.org. hay disponibles listas actualizadas de los Estados partes y otros firmantes de tratados internacionales. Si quieren consultar una lista impresa, véase el documento de AI titulado Ratificaciones de tratados internacionales para la abolición de la pena de muerte (1 de enero del 2003), Índice AI: ACT 50/001/2003/s (también disponible en la siguiente dirección de Internet: <http://www.edai.org/centro/tematico/pdm/A5000103.htm>)


ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES


Coalición Mundial contra la Pena de Muerte


Se ha formado una coalición para trabajar a favor de la abolición mundial de la pena de muerte. La Coalición Mundial contra la Pena de Muerte se constituyó formalmente el 13 de mayo en una reunión celebrada en Roma. Entre sus miembros figuran Amnistía Internacional, la Comunidad de San Egidio, la Federación Internacional de los Derechos Humanos, Federación Internacional de ACAT (Acción de los Cristianos para la Abolición de la Tortura), la Coalición Nacional para la Abolición de la Pena de Muerte (Estados Unidos), la organización estadounidense Journey of Hope... from Violence to Healing (El Camino de la Esperanza... de la Violencia a la Curación), la organización japonesa Forum 90, Madres contra la Pena de Muerte (Uzbekistán) y organizaciones nacionales de otros países.


La coalición está abierta a las organizaciones abolicionistas de ámbito nacional e internacional, así como a los colegios de abogados, sindicatos y autoridades locales y regionales, como los ayuntamientos. La organización francesa Juntos Contra la Pena de Muerte fue elegida para ejercer de secretaría de la Coalición.


En una declaración difundida el 13 de mayo, Mary Robinson, la entonces alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, elogió a los organizadores de la Coalición Mundial por su oportuna iniciativa, que confirmaba que la tendencia hacia la prohibición de la pena de muerte en virtud del derecho internacional estaba ganando fuerza e impulso. Además, dijo que la creación de la Coalición le hacía concebir nuevas esperanzas de poder alcanzar la meta de la abolición universal de la pena de muerte.


Iniciativa de ciudades por la vida


El 30 de noviembre, ciudades de todo el mundo iluminaron edificios públicos en un acto organizado por dos organizaciones abolicionistas: la Comunidad de San Egidio, con sede en Roma, y la organización francesa Juntos contra la Pena de Muerte. En una iniciativa denominada «Ciudades por la vida», grupos abolicionistas de todo el mundo concertaron la iluminación de monumentos históricos o modernos, como el Coliseo de Roma, el Atomium, de Bruselas y la catedral de Barcelona.


Los grupos participantes distribuyeron peticiones solicitando una suspensión mundial de la pena de muerte. También se pidió a la gente que contribuyera a un fondo internacional para la asistencia letrada de los condenados a muerte. Actualmente el número de firmantes del llamamiento por una suspensión universal, que se promovió antes de la llegada del nuevo milenio y que se presentó al secretario general de la ONU Kofi Annan en diciembre del 2000, supera los cuatro millones. También se organizaron coloquios públicos y proyecciones de películas.


ESTUDIOS


The Death Penalty - A Worldwide Perspectivepor Roger Hood, Oxford University Press, tercera edición, Oxford, Reino Unido, 2002, ISBN 0 19 925128 2 (rústica). En esta tercera edición del estudio elaborado por primera vez en 1988 para el Comité de Prevención del Delito y Lucha contra la Delincuencia, el profesor Hood ha ampliado las ediciones anteriores con nuevas contribuciones de las ciencias penales. En este libro se documenta el cambio de actitud en muchos países hacia la pena de muerte desde la publicación de la segunda edición en 1996. Asimismo, algunos capítulos están dedicados al ámbito y práctica de la pena de muerte, la protección de los vulnerables, la protección de los inocentes y asuntos relacionados con la igualdad y la imparcialidad.


Al igual que en ediciones anteriores, el profesor Hood señala la falta de un efecto disuasorio probado de la pena de muerte y afirma, basándose en los últimos estudios, que «[...] no es prudente aceptar la hipótesis de que la pena capital tenga un mayor poder disuasorio sobre los asesinatos que la amenaza y aplicación de la cadena perpetua, castigo supuestamente menor» (p. 230).


The Abolition of the Death Penalty in International Lawpor William A. Schabas, Cambridge University Press, tercera edición, Cambridge, Reino Unido, 2002, ISBN 0 521 89344 5 (rústica). Esta tercera edición del profesor Schabas ha sido revisada ampliamente para tener en consideración las novedades acontecidas desde la publicación de la segunda edición en 1997. Incluye nuevos capítulos sobre la figura de la pena de muerte en la legislación africana en materia de derechos humanos y en el derecho internacional humanitario.


US study of errors in capital cases– Segunda parte de A Broken System: Error Rates in Capital Cases 1973-1995, estudio general sobre la pena de muerte llevado a cabo por expertos jurídicos de la Universidad de Columbia, Nueva York, publicado en febrero. El estudio fue encargado en 1991 por el Comité Judicial del Senado de Estados Unidos. La primera parte del estudio se publicó en la primavera del 2000. El estudio estableció que la pena de muerte en Estados Unidos se estaba «derrumbando» bajo el peso de los errores en el sistema de aplicación de la pena de muerte que, según los autores, está «roto».


TABLA 1: REGISTRO MUNDIAL DE EJECUCIONES POR AÑO, 1980-2002


(ND = cifras no disponibles)


Año

Número de países que llevan a cabo ejecuciones

Número de ejecuciones registradasNúmero de países con más de 100 ejecucionesPorcentaje de ejecuciones registradas en países con más de 100 ejecuciones





1980

29

1229

ND

ND






1981

34

3278

ND

ND






1982

42

1609

ND

ND






1983

39

1399

ND

ND






1984

40

1513

4

78%






1985

44

1125

3

66%






1986

39

743

3

56%






1987

39

769

3

59%






1988

35

1903

3

83%






1989

34

2229

3

85%






1990

26

2029

4

84%






1991

32

2086

2

89%






1992

35

1708

2

82%






1993

32

1831

1

77%






1994

37

2331

3

87%






1995

41

3276

3

85%






1996

39

4272

4

92%






1997

40

2607

3

82%






1998

37

2258

2

72%






1999

31

1813

4

80%






2000

28

1457

2

77%






2001

31

3048

2

86%






2002

31

1526

2

77%










TABLA 2: PAÍSES ABOLICIONISTAS AL CONCLUIR EL AÑO, 1981-2002


Añolshdrawnil

Número de países abolicionistas para todos los delitos

1981

27

63



1982

28

63




1983

28

64




1984

28

64




1985

29

64




1986

31

66




1987

35

69




1988

35

80




1989

39

84




1990

46

88




1991

46

83




1992

50

84




1993

53

90




1994

54

96




1995

58

101




1996

59

100




1997

63

102




1998

69

105




1999

72

108




2000

74

108




2001

74

111




2002

76

111










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