Document - Death sentences and executions in 2009

Amnistía Internacional

CONDENAS A MUERTE Y EJECUCIONES

2009


Documento sometido a estricto embargo hasta las 00:01 horas GMT del martes 30 de marzo de 2010.

Si desean más información, pónganse en contacto con la oficina de prensa del Secretariado Internacional en el teléfono: +44 207 413 5810



Amnistía Internacional es un movimiento mundial, formado por 2,8 millones de simpatizantes, miembros y activistas de más de 150 países y territorios, que hacen campaña para acabar con los abusos graves contra los derechos humanos. Nuestra visión es la de un mundo en el que todas las personas disfrutan de todos los derechos humanos proclamados en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en otras normas internacionales de derechos humanos. Somos independientes de todo gobierno, ideología política, interés económico y credo religioso. Nuestro trabajo se financia en gran medida con las contribuciones de nuestra membresía y con donativos.




















Amnesty International Publications


Publicado originalmente en 2010 por Amnesty International Publications

International Secretariat

Peter Benenson House

1 Easton Street

London WC1X 0DW

Reino Unido

www.amnesty.org


© Amnesty International Publications 2010

Índice: ACT 50/001/2010

Idioma original: inglés.


Edición española a cargo de:

EDITORIAL AMNISTÍA INTERNACIONAL (EDAI)

Valderribas, 13.

28007 Madrid

España


Todos los derechos reservados. Esta publicación tiene derechos de autor, si bien puede ser reproducida por cualquier medio, sin pago de tasas, con fines educativos o para llevar a cabo acciones de protección y promoción de los derechos humanos, pero no para la venta. Los titulares de los derechos de autor solicitan que se les comuniquen los usos mencionados con el fin de evaluar sus efectos. Para la reproducción de este texto en cualquier otra circunstancia, su uso en otras publicaciones o su traducción o adaptación, deberá obtenerse el permiso previo por escrito de la editorial, y podrá exigirse el pago de una tasa.


Fotografía de la portada: Dibujo realizado por Delara Darabi, ejecutada en Rasht, Irán, el primero de mayo de 2009. Fue sometida a un juicio injusto en el que reiteró permanentemente su inocencia. La orden de ejecución fue aplazada durante dos meses y finalmente Delara Darabi fue ahorcada por un asesinato que se había cometido cuando ella tenía 17 años de edad.

© Delara Darabi


Fotografía de la contraportada: Flores depositadas por miembros de Amnistía Internacional en un acto de protesta contra la ejecución de Delara Darabi ante la embajada de Irán en Varsovia, Polonia, el 6 de mayo de 2009.

© Amnistía Internacional





INTRODUCCIÓN





En 2009 el mundo presenció nuevos avances hacia el objetivo de poner fin a los homicidios judiciales a manos del Estado. No se llevó a cabo en toda Europa ni una sola ejecución por primera vez desde que Amnistía Internacional comenzó a contabilizarlas, y se dieron importantes pasos para hacer realidad las resoluciones de la Asamblea General de la ONU en las que se pedía una moratoria mundial de las ejecuciones.

Dos países más, Burundi y Togo, abolieron la pena de muerte en 2009, con lo que el número de Estados que suprimieron totalmente la pena capital de su legislación llegó a 95, una cifra cada vez más cercana al centenar de países que declaran su rechazo a ejecutar a una persona.

En el continente americano, Estados Unidos fue el único país que llevó a cabo ejecuciones en 2009.

En el África subsahariana, sólo en dos países hubo ejecuciones: Botsuana y Sudán.

En Asia, el año 2009 es el primero de los últimos tiempos en que no hay ejecuciones en Afganistán, Indonesia, Mongolia y Pakistán.

Estos éxitos se producen tras las decisiones tomadas por la Asamblea General de la ONU en 2007 y 2008 de pedir una moratoria mundial de las ejecuciones como primer paso para la abolición total. Amnistía Internacional espera y cree que estas resoluciones de la Asamblea General –las primeras de este tipo– sigan teniendo una gran influencia a la hora de persuadir a los países para que dejen de utilizar la pena capital. A finales de 2010, la Tercera Comisión de la Asamblea General de la ONU estudiará otra resolución similar.

Pero aun cuando la opinión pública y la práctica tienden inexorablemente hacia la abolición en todo el mundo, en países como China, Irán y Sudán sigue dándose un uso muy amplio y politizado de la pena de muerte. En 2009, como en años anteriores, la mayoría de las ejecuciones del mundo se produjeron en dos regiones: Asia y Oriente Medio y Norte de África.

En dos países –Irán y Arabia Saudí– continuó ejecutándose a personas condenadas por delitos cometidos cuando eran menores de 18 años, violando con ello el derecho internacional.

El uso de la pena de muerte en países como China, Bielorrusia, Corea del Norte, Irán, Mongolia y Vietnam está envuelto en el secreto. Este hermetismo es insostenible: si la pena capital es un acto Estado legítimo, como afirman estas naciones, no hay motivo para que su uso se oculte a la opinión pública y al escrutinio internacional.

En 2009 hubo ejecuciones en 18 países. Amnistía Internacional ha documentado la ejecución de 714 personas, pero este total no incluye las ejecuciones en China, el país donde se llevan a cabo la mayoría de las ejecuciones del mundo, de modo que el total mundial es mucho mayor. En 2009, China volvió a negarse a hacer públicas cifras exactas sobre su uso de la pena de muerte, aunque la evidencia de años anteriores y varias fuentes indican que siguieron siendo miles.

En 2009, los métodos de ejecución fueron la horca, el disparo, la decapitación, la lapidación, la electrocución y la inyección letal.

Este documento es un resumen de las investigaciones de Amnistía Internacional en todo el mundo sobre el uso de la pena capital en 2009. La información procede de diversas fuentes: estadísticas oficiales (cuando existen), organizaciones no gubernamentales e intergubernamentales, activistas de derechos humanos, medios de comunicación e investigación sobre el terreno.

Hemos utilizado las cifras más elevadas que pueden inferirse con seguridad de nuestras investigaciones, pero es necesario subrayar que las verdaderas cifras son significativamente más elevadas. Algunos Estados ocultan a propósito sus actuaciones en casos de pena de muerte, otros no elaboran estadísticas sobre el número de condenas a muerte y ejecuciones o no las ponen a disposición del público.

En los casos en que aparece un signo “+” tras el nombre del país precedido por un número significa que la cifra estimada por Amnistía Internacional es la cifra mínima. Cuando aparece el signo “+” no precedido de un número, eso indica que en dicho país hubo ejecuciones o condenas a muerte (más de una), pero no fue posible calcular una cifra.

En el anexo I figura la lista de países abolicionistas y retencionistas a 31 de diciembre de 2009. En el anexo II figuran los países que han ratificado tratados internacionales que disponen la abolición de la pena de muerte, también a 31 de diciembre de 2009.



LA OPOSICIÓN DE Amnistía Internacional A LA pena de muerte EN TODO EL MUNDO





Amnistía Internacional lleva desde 1977 haciendo campaña para la total abolición de la pena de muerte. La organización considera que la pena capital viola el derecho a la vida y es el exponente máximo de pena cruel, inhumana y degradante.1La organización se opone a la pena de muerte en todos los casos sin excepción, independientemente de la naturaleza del delito, las características del delincuente o el método utilizado por el Estado para matar al preso.

Amnistía Internacional cree que la pena de muerte legitima un acto irreversible de violencia por parte del Estado. Las investigaciones han demostrado que la pena capital se aplica a menudo de forma discriminatoria y se utiliza de forma desproporcionada contra las personas sin recursos económicos, las minorías y los miembros de comunidades raciales, étnicas y religiosas. Además, con frecuencia se impone tras juicios flagrantemente injustos. Pero incluso cuando en los juicios se respetan las normas internacionales de justicia procesal, es imposible eliminar por completo el peligro de ejecutar a un inocente: la pena de muerte se cobra inevitablemente víctimas inocentes, tal como se ha demostrado una y otra vez.

La pena de muerte no sólo entraña el peligro de cometer un error irreversible; además, no se ha demostrado que tenga un especial efecto disuasorio. Niega la posibilidad de la rehabilitación. Fomenta respuestas simplistas a problemas humanos complejos, en lugar de buscar soluciones constructivas. Consume recursos que estarían mejor empleados para combatir la delincuencia violenta y ayudar a las personas afectadas por ella. Es un síntoma de la cultura de la violencia, no una solución a ella y constituye una afrenta a la dignidad humana.

Amnistía Internacional es un movimiento mundial, formado por 2,8 millones de simpatizantes, miembros y activistas en más de 150 países y territorios, que hacen campaña para acabar con los abusos graves contra los derechos humanos. En 2009, sus Secciones, Estructuras y activistas en todo el mundo se movilizaron simultáneamente durante varios Días Mundiales para protestar por la aplicación de la pena de muerte.

El 6 de mayo de 2009, por ejemplo, la membresía de Amnistía Internacional tomó parte en un homenaje a Delara Darabi en un acto contra la aplicación de la pena de muerte a menores en Irán. Delara Darabi, iraní de 22 años declarada culpable tras un juicio sin garantías durante el cual mantuvo siempre que era inocente, fue ejecutada en la horca por un asesinato perpetrado cuando tenía 17 años. Su ejecución, que se llevó a cabo a pesar de la suspensión ordenada por el presidente de la magistratura, causó indignación en todo el mundo.

El 19 de mayo de 2009, activistas de Amnistía Internacional se unieron al movimiento abolicionista estadounidense en la organización de aproximadamente 155 eventos para llamar la atención sobre la injusticia del caso de Troy Davis. Troy Davis lleva 18 años condenado a muerte en Georgia por el asesinato de un policía, que afirma no haber cometido. En los últimos dos años se han fijado tres fechas para su ejecución, ya que el estado de Georgia sigue tratando de ejecutarlo a pesar de que la mayoría de los testigos en los que basó su sentencia condenatoria, dictada en agosto de 1991, se han retractado de su declaración. El 17 de agosto de 2009, la Corte Suprema estadounidense ordenó que se llevara a cabo una nueva vista probatoria del caso. Con esta orden, la más alta instancia judicial de la nación decidió que Davis debía tener otra oportunidad para demostrar su inocencia antes de que el estado de Georgia lo ejecute.2

El movimiento abolicionista renueva su compromiso con la abolición de la pena de muerte el 10 de octubre de cada año. Amnistía Internacional, como miembro fundador de la Coalición Mundial contra la Pena de Muerte, tomó parte en una iniciativa dedicada a la importancia de educar y llegar a las personas de todos los países del mundo instándolas a que se declaren contrarias a la pena de muerte.3

Durante el año, Amnistía Internacional siguió haciendo campaña para terminar con la aplicación de la pena capital en todo el mundo y asegurar que se respetan el derecho y las normas internacionales que limitan su uso. La campaña continuará hasta que por fin veamos un mundo libre de la más cruel, inhumana y degradante de las penas. Si desean más información, consulten http://www.amnesty.org/es/death-penalty.



PANORAMA MUNDIAL



Más de dos tercios de los países del mundo han abolido ya la pena de muerte en la ley o en la práctica. Si bien en 2009 aún conservaban la pena de muerte 58 países, la mayoría no la utilizaron. En total fueron ejecutadas 714 personas en 18 países, pero esta cifra no incluye los miles de ejecuciones que probablemente tuvieron lugar en China, país que de nuevo se negó a dar a conocer cifras sobre su uso de la pena capital.

Ejecuciones de las que se tiene noticia en 2009

Arabia Saudí (al menos 69), Bangladesh (3), Botsuana (1), China (+), Corea del Norte (+), Egipto (al menos 5), Estados Unidos (52), Irak (al menos 120), Irán (al menos 388), Japón (7), Libia (al menos 4), Malaisia (+), Singapur (1), Siria (al menos 8), Sudán (al menos 9), Tailandia (2), Vietnam (al menos 9), Yemen (al menos 30).



Los métodos de ejecución utilizados en 2009 fueron la horca (Bangladesh, Botsuana, Corea del Norte, Egipto, Irak, Irán, Japón, Malaisia, Singapur, Siria, Sudán), el disparo (China, Libia, Siria, Vietnam, Yemen), la decapitación (Arabia Saudí), la lapidación (Irán), la electrocución (Estados Unidos) y la inyección letal (China, Estados Unidos y Tailandia).

La región de Oriente Medio y Norte de África registró la mayor tasa de ejecuciones per cápita del mundo, en Irak, seguida por las de Irán, Arabia Saudí y Yemen.

No hubo informes de ejecuciones en Afganistán, Bahréin, Bielorrusia, Emiratos Árabes Unidos, Indonesia, Mongolia, Pakistán ni San Cristóbal y Nieves en 2009, aunque en todos estos países las había habido en 2008. Por otro lado, en agosto de 2009 Tailandia llevó a cabo sus dos primeras ejecuciones desde 2003.

En 2009, al menos 2001 personas fueron condenadas a muerte en 56 países

La cifra real es mucho mayor: Afganistán (al menos 133), Arabia Saudí (al menos 11), Argelia (al menos 100), Autoridad Palestina (17), Bahamas (al menos 2), Bangladesh (al menos 64), Benín (al menos 5), Bielorrusia (2), Botsuana (2), Burkina Faso (al menos 6), Chad (+), China (+), Corea del Norte (+), Corea del Sur (al menos 5), Egipto (al menos 269), Emiratos Árabes Unidos (al menos 3), Estados Unidos (al menos 105), Etiopía (al menos 11), Gambia (al menos 1), Ghana (al menos 7), Guyana (3), India (al menos 50), Indonesia (1), Irán (+), Irak (al menos 366), Jamaica (2), Japón (34), Jordania (al menos 12), Kenia (+), Kuwait (al menos 3), Liberia (3), Libia (+), Malaisia (al menos 68), Malí (al menos 10), Marruecos y Sáhara Occidental (13), Mauritania (al menos 1), Myanmar (al menos 2), Nigeria (58), Pakistán (276), Qatar (al menos 3), República Democrática del Congo (+), Sierra Leona (al menos 1), Singapur (al menos 6), Somalia (12, seis en Puntland y seis bajo la jurisdicción del Gobierno Federal de Transición), Sri Lanka (108), Sudán (al menos 60), Siria (al menos 7), Tailandia (+), Taiwán (7), Tanzania (+), Trinidad y Tobago (al menos 11), Túnez (al menos 2), Uganda (+), Vietnam (al menos 59), Yemen (al menos 53), Zimbabue (al menos 7).

A 31 de diciembre de 2009 había al menos 17.118 personas condenadas a muerte. La verdadera cifra es superior, pues se trata de una estimación mínima, la más exacta que puede inferirse de las investigaciones de Amnistía Internacional. No hay disponible información fundamental de países clave como China, Egipto, Irán, Malaisia, Sudán, Tailandia y Vietnam.

Si bien en 2009 hubo menos ejecuciones que en 2008, para Amnistía Internacional siguió siendo motivo de preocupación el uso cada vez más politizado de la pena de muerte, que se aplicó ampliamente contra opositores políticos o para influir en la opinión pública a fin de reforzar el liderazgo del gobierno en países como China, Irán y Sudán.

Las autoridades chinas, por ejemplo, si bien afirman tener como objetivo reducir el uso de la pena de muerte, continúan utilizando las ejecuciones para demostrar que las actividades consideradas dañinas para la estabilidad social se tratarán con mano dura. En 2009, esto se tradujo en una rápida y enérgica respuesta a los disturbios de la Región Autónoma Uigur del Sin-kiang, la corrupción y el narcotráfico. Dos hombres fueron ejecutados en 2009 por participar en los disturbios de la Región Autónoma del Tíbet de 2008. En estos casos, las ejecuciones reciben mayor cobertura de los medios de comunicación y a menudo se presentan como evidencia de los grandes esfuerzos realizados por el gobierno para resolver la criminalidad y, supuestamente, disuadir de la comisión de delitos.

En Irán, donde fueron ejecutadas como mínimo 388 personas, la pena de muerte siguió aplicándose en casos políticos, en los que la acusación suele ser “enemistad contra Dios”. En las ocho semanas transcurridas entre las elecciones presidenciales del 12 de junio y la toma de posesión de Mahmud Ahmadineyad para un segundo mandato, el 5 de agosto, se produjo un drástico aumento en el número de ejecuciones. Muchas de estas ejecuciones fueron de personas que habían sido declaradas culpables en procedimientos sin garantías, algunas tras haber realizado “confesiones” televisadas.

También en Sudán la aplicación de la pena de muerte siguió marcada por deficiencias y arbitrariedades judiciales, y a menudo se basó en juicios sin garantías y en pruebas obtenidas bajo tortura, y se utilizó como medio para controlar la oposición política en el país.



MENORES DE EDAD



Irán y Arabia Saudí ejecutaron a menores de edad, aunque el derecho internacional prohíbe taxativamente la aplicación de la pena de muerte a personas condenadas por delitos cometidos cuando tenían menos de 18 años. En 2009 fueron ejecutadas al menos siete personas que tenían menos de 18 años en el momento de cometerse el delito. 'Issa bin Muhammad 'Umar Muhammad y Sultan Bin Sulayman Bin Muslim al-Muwallad, ambos de 17 años en el momento del delito, fueron ejecutados en Arabia Saudí el 10 de mayo de 2009. En Irán se ejecutó a otras cinco personas que tenían 17 años cuando se cometió el delito: Mola Gol Hassan, ejecutado el 21 de enero de 2009; Delara Darabi, el 1 de mayo de 2009; Ali Jafari, el 20 de mayo de 2009; Behnoud Shojaee, el 11 de octubre de 2009, y Mosleh Zamani, el 17 de diciembre de 2009.

Al acabar 2009, Mohammadreza Reza Haddadi estaba en peligro de ejecución inminente en Shiraz, Irán, por un delito que presuntamente había cometido cuando tenía 15 años. Su ejecución estaba programada para el 9 de diciembre, pero no se llevó a cabo. Amnistía Internacional siguió temiendo que las autoridades lo ejecutaran sin informar a sus abogados con antelación, como exigen las leyes iraníes. Delara Darabi, condenada por delitos presuntamente cometidos cuando era menor de edad, fue ejecutada en la horca el 1 de mayo de 2009, a pesar de una suspensión de la ejecución ordenada por el presidente de la magistratura el 19 de abril y sin que se informara previamente a sus abogados.

En varios países más de todo el mundo había personas condenadas a muerte por delitos cometidos cuando eran menores de edad. En junio de 2009, la relatora especial sobre la situación de los derechos humanos en el Sudán, en su informe presentado en el 11 periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, afirmó que dos de las personas detenidas en relación con un ataque contra Jartum tenían menos de 18 años cuando se produjo el ataque. También expresó su temor de que otros menores siguieran detenidos con adultos, y de que cuatro personas de 17 años estuvieran siendo juzgadas por su presunta participación en el ataque.

En su informe de enero al Consejo de Seguridad,4el secretario general de la ONU afirmó, refiriéndose a Sudán: “La Asamblea Nacional aprobó una Ley de derechos del niño para proporcionar un marco jurídico de protección de esos derechos […]. En el norte, permanecen condenados a muerte al menos ocho niños procesados en relación con los ataques perpetrados en Omdurman, a pesar de que el Gobierno ha asegurado a mi Representante Especial para la cuestión de los niños y los conflictos armados que no se ejecutará a ningún niño en el Sudán”.Según información recibida por Amnistía Internacional, en 2009 fueron indultadas dos personas condenadas por delitos cometidos cuando eran menores de edad

A finales de 2009 había en Nigeria y Uganda personas condenadas por delitos cometidos cuando eran menores de edad. En octubre de 2009, al menos un niño soldado fue condenado a muerte en Myanmar por el asesinato de otro niño soldado.

En Yemen, a pesar de que las leyes yemeníes prohíben la imposición y la aplicación de la pena de muerte a menores, continuó habiendo ejecuciones de menores debido a disputas por la edad de los infractores. Walid Haykal, condenado a muerte por un delito cometido cuando tenía 16 años, continuó en espera de ejecución. Había agotado todos los recursos y esperaba que el presidente ratificara su condena.



pena de muerte preceptiva



En Uganda se dieron importantes avances en 2009 para suprimir de la ley las condenas a muerte preceptivas. El 21 de enero de 2009, el Tribunal Supremo de Uganda confirmó el fallo del Tribunal Constitucional según el cual la aplicación preceptiva de la pena de muerte es inconstitucional, aunque la pena de muerte en sí sigue siendo constitucional. El Supremo decidió también que las penas de muerte preceptivas impuestas a la inmensa mayoría de las más de 400 personas que habían recurrido en este caso debían ser conmutadas por cadena perpetua.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos falló en septiembre de 2009 en el caso DaCosta Cadogan v Barbadosque las penas de muerte preceptivas impuestas en casos de asesinatos en Barbados violaban el derecho a la vida: según la Corte, la imposición preceptiva de la pena de muerte es arbitraria y no limita la aplicación de la pena capital en los casos más graves, violando los artículos 4.1 y 4.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En su fallo, la Corte concluyó también que el Estado había violado el derecho del señor Cadogan a un juicio justo, afirmando: “[...] el Estado deberá asegurar que todas las personas acusadas de un delito, cuya sanción sea la pena de muerte obligatoria, sean debidamente informadas al inicio del procedimiento penal en su contra del derecho [que la normativa en Barbados les reconoce] en cuanto a obtener una evaluación psiquiátrica por parte de un psiquiatra empleado por el Estado”.

En Singapur se suspendió en diciembre de 2009 una ejecución para que el Tribunal de Apelaciones pudiera estudiar un recurso de inconstitucionalidad sobre la imposición preceptiva de una condena a muerte. El 8 de diciembre, el Tribunal de Apelaciones admitió a trámite el recurso, presentado por Yong Vui Kong y posteriormente retirado, y anuló su retirada, que los abogados de Yong Vui Kong atribuyeron a la mala salud mental de su cliente tras 20 meses de “aislamiento”.





avanzando por el largo camino hacia la abolición mundial





Para Amnistía Internacional, la erradicación total de la pena de muerte debe conseguirse cuanto antes. El uso de la pena capital disminuyó radicalmente en el último siglo, y este avance ha continuado en la primera década del nuevo. En los últimos 10 años, 23 naciones han abolido la pena capital para todos los delitos. En 2009, por primera vez en la historia moderna, toda Europa y la ex Unión Soviética disfrutaron de un año completo sin ejecuciones.

Dos Estados africanos, Burundi y Togo, abolieron la pena de muerte. El 24 de abril de 2009, Burundi se convirtió en el 93 país del mundo que abolía la pena de muerte para todos los delitos al aprobar un nuevo Código Penal. El 23 de junio de 2009, la Asamblea Nacional de Togo votó unánimemente a favor de la adopción de la ley 2009-011, convirtiéndose así este país en el 15 miembro de la Unión Africana y el 94 país del mundo abolicionista para todos los delitos.

En países donde se sigue condenando a muerte, parecen más frecuentes las conmutaciones y los indultos de las penas de muerte. En Kenia, donde no hay ejecuciones desde 1987,se produjo la mayor conmutación masiva de penas de muerte conocida por Amnistía Internacional: el gobierno anunció la conmutación de la pena de muerte por penas de prisión a 4.000 presos.

Amnistía Internacional recibió confirmación de la conmutación de penas de muerte o el indulto de personas condenadas a la pena capital en Arabia Saudí, Corea del Sur, Estados Unidos, Ghana, Irán, Libia, Malaisia, Mongolia, Marruecos y Sáhara Occidental, Nigeria, Qatar, República Dominicana, San Vicente y las Granadinas, Sierra Leona, Taiwán, Uganda y Zambia.

En 2009, Nicaragua y Brasil se convirtieron en Estados Partes en el Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.5Lamentablemente, Brasil formuló una reserva respecto al artículo 2 del Protocolo, que permite al país aplicar la pena de muerte “en tiempo de guerra como consecuencia de una condena por un delito sumamente grave de carácter militar cometido en tiempo de guerra”.

España e Italia ratificaron el Protocolo núm. 13 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que se refiere a la abolición de la pena de muerte en todas las circunstancias. Ambos países eran ya signatarios del Protocolo.

La Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos organizó una conferencia subregional en Kigali, Ruanda, en septiembre de 2009 para debatir la abolición de la pena de muerte en África central, oriental y meridional. A la conferencia asistieron representantes de la sociedad civil, gobiernos, organizaciones internacionales y regionales, incluidos representantes de diez Estados miembros de la Unión Africana, de las Naciones Unidas, de instituciones nacionales de derechos humanos y miembros del Grupo de Trabajo sobre la Pena de muerte de la Comisión Africana.

Aprovechando el impulso generado por la adopción en el 44 periodo de sesiones de la Comisión Africana de una resolución en la que se pedía a los Estados Partes en la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos que establecieran una suspensión de las ejecuciones, los representantes de la Comisión Africana renovaron su compromiso con la abolición de la pena capital y proporcionaron a los participantes una plataforma en la que debatir cuestiones relacionadas con la pena de muerte. Los representantes de la Comisión Africana propusieron también la creación de un protocolo de la Carta Africana, encaminado hacia la abolición de la pena capital en África. En abril de 2010 se celebrará una segunda conferencia regional sobre la aplicación de la pena de muerte en África Occidental y Septentrional.

En Europa, durante el periodo anual de sesiones de la Asamblea Parlamentaria de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), celebrado entre el 29 de junio y el 3 de julio de 2009 en Vilnius, Lituania, se aprobó una resolución sobre el establecimiento de una suspensión de la pena de muerte. La resolución expresa los motivos de preocupación de la Asamblea Parlamentaria de la OSCE respecto a la aplicación de la pena de capital e insta a los países participantes a que establezcan una suspensión inmediata de las ejecuciones. En concreto, insta a los Estados participantes de la OSCE Bielorrusia y Estados Unidos a que adopten de inmediato dicha suspensión, y pide a Kazajistán y Letonia que modifiquen las disposiciones de sus legislaciones que siguen permitiendo la imposición de la pena de muerte para ciertos delitos en circunstancias excepcionales.

La situación de los países árabes se planteó en julio de 2009, durante la reunión que representantes de la sociedad civil y expertos de los países árabes mantuvieron en Madrid para debatir cómo ir hacia el establecimiento de una moratoria de las ejecuciones. A la reunión asistió un representante de la Liga de Estados Árabes, miembros de la sociedad civil de ocho países árabes (Argelia, Egipto, Irak, Jordania, Líbano, Marruecos, Siria y Territorios Palestinos Ocupados), organizaciones no gubernamentales internacionales y nacionales, así como periodistas y expertos regionales e internacionales en derechos humanos. Los participantes emitieron la Declaración de Madrid, que anima a los gobiernos de los países árabes a cumplir las resoluciones de la Asamblea General de la ONU e introducir una moratoria de las ejecuciones.

Amnistía Internacional espera y cree que continuará la tendencia mundial hacia la abolición de la pena de muerte. A finales de 2010, la Tercera Comisión de la Asamblea General de la ONU estudiará una tercera resolución sobre el uso de la pena de muerte. Esto ofrece otra oportunidad de que la comunidad global exprese su aversión hacia la pena capital y trate de conseguir que desaparezca en todo el mundo.

Amnistía Internacional se ha comprometido a que la pena de muerte pase a la historia. Se han efectuado enormes progresos, y 2009 es el primer año completo de los últimos tiempos en que no hubo ejecuciones en Europa. Existe un claro aumento a largo plazo del número de países abolicionistas y la comunidad internacional expresa cada vez con más fuerza su oposición al uso de la pena de muerte, tanto en la ONU como en otros foros. Sin duda, quienes se oponen a los homicidios judiciales a manos del Estado aún se enfrentan a duros retos en muchos países, pero pueden inspirarse y sacar fuerzas de la tendencia mundial hacia la abolición. La historia –y los seres humanos– están de su lado.

NOVEDADES REGIONALES





Asia y oceanía



Como en años anteriores se ejecutó a más personas en Asia que en todo el resto del mundo. La inmensa mayoría de las ejecuciones se llevaron a cabo en China, aunque al menos 26 de las que se tuvo noticia tuvieron lugar en otros siete países de la región de Asia y Oceanía: Bangladesh (3), Corea del Norte (+), Japón (7), Malaisia (+), Singapur (1), Tailandia (2), Vietnam (al menos 9).

Hubo noticia de al menos 819 condenas a muerte, impuestas en estos países: Afganistán (al menos 133), Bangladesh (al menos 64), China (+), Corea del Norte (+), Corea del Sur (al menos 5), India (al menos 50), Indonesia (1), Japón (34), Malaisia (al menos 68), Myanmar (al menos 2), Pakistán (276), Singapur (al menos 6), Sri Lanka (108), Taiwán (7), Tailandia (+), Vietnam (al menos 59).

Chinavolvió a negarse a divulgar las cifras exactas sobre su uso de la pena de muerte. Aunque se permite que los medios de comunicación cubran este tipo de noticia en algunos casos seleccionados, la información sobre el número de ejecuciones tiene carácter de secreto de estado y quienes revelan secretos de Estado pueden ser acusados penalmente. Amnistía Internacional, por tanto, desconoce el número exacto de ejecuciones llevadas a cabo en 2009. Sin embargo, la evidencia de años anteriores y las fuentes actuales indican que ascendieron a miles. En China hay aproximadamente 68 delitos punibles con la muerte, algunos no violentos. Ninguna condena a muerte en China se dicta tras un juicio con garantías según las normas internacionales de derechos humanos. En muchos casos se admiten confesiones a pesar de que el acusado afirma ante el tribunal que fueron extraídas bajo tortura, el acusado tiene que demostrar su inocencia, en lugar de que se demuestre su culpabilidad y su acceso a asesoramiento legal es limitado.

Dos tibetanos, Losang Gyaltse y Loyar,fueron ejecutados en octubre de 2009. Habían sido detenidos durante los disturbios que estallaron en la Región Autónoma del Tíbet y en zonas de población tibetana de provincias vecinas en marzo de 2008 y fueron condenados a muerte al mes siguiente por el Tribunal Popular Municipal Intermedio de Lhasa.

Nueve personas –ocho de la minoría étnica uigur y una de etnia china han– figuraban entre las 21 condenadas en octubre en relación con los disturbios que estallaron en la Región Autónoma Uigur del Sin-kiang, en el oeste de China, en julio de 2009. Las nueve fueron declaradas culpables de delitos que iban desde el atraco y el incendio provocado al asesinato. El 9 de noviembre, las autoridades anunciaron que todas habían sido ejecutadas después de que el Tribunal Supremo Popular revisara sus causas con inusitada rapidez y aprobara sus condenas a muerte.

Du Yimin, empresaria, fue condenada por “recaudación fraudulenta de fondos” en marzo de 2008y ejecutada el 5 de agosto de 2009 tras aprobar su condena el Tribunal Supremo Popular. Su abogado afirma que debería haber sido condenada por un delito más leve castigado como máximo con 10 años de cárcel y multa de 500.000 yuanes (73.000 dólares estadounidenses).

Akmal Shaikh fue ejecutado mediante inyección letal el 29 de diciembre de 2009 en una cárcel de Urumqi. Acusado de narcotráfico, había sido condenado a muerte el 29 de octubre de 2008 por el Tribunal Popular Intermedio de la Región Autónoma Uigur del Sin-kiang, y el Tribunal Superior Popular de la Región Autónoma Uigur del Sin-kiang había rechazado su apelación, a pesar de que su abogado alegó que padecía una enfermedad mental.

En junio, las autoridades chinas anunciaron como objetivo a largo plazo abandonar progresivamente la ejecución mediante pelotón de fusilamiento y sustituirla por la inyección letal, método que consideraban “más limpio, seguro y cómodo”. Según la información aparecida en los medios de comunicación en agosto, autoridades chinas admitieron que aproximadamente el 65 por ciento de los órganos para transplante proceden de los cadáveres de presos ejecutados. El viceministro de Sanidad declaró a los medios de comunicación que los presos condenados “sin duda no eran una fuente adecuada de órganos para transplante”. Amnistía Internacional ha criticado el uso de órganos procedentes de presos ejecutados.

En los últimos años, y especialmente desde que en 2007 se reintrodujo la revisión de todas las penas de muerte por el Tribunal Supremo Popular, las autoridades chinas han afirmado reiteradamente que el número de ejecuciones y condenas a muerte se ha reducido. Sin embargo, mientras las estadísticas sobre el uso de la pena capital en China sigan siendo un secreto de Estado, resultará imposible verificar esta afirmación y analizar la verdadera tendencia. Hace tiempo que China debería haberse ajustado a los tratados y leyes internacionales sobre la pena de muerte y haber adoptado una actitud abierta y transparente respecto a su uso de la pena capital.

En 2009 no se tuvo noticia de ninguna ejecución en Pakistán, un cambio alentador frente a 2008, año en que, con al menos 36 ahorcamientos, fue el país de Asia con más ejecuciones. Sin embargo, durante 2009 se impusieron al menos 270 condenas a muerte, y más de 7.000 presos siguieron en espera de ejecución, que se sepa el mayor número de presos condenados del mundo.

El Partido Popular de Pakistán, en el gobierno, parece haber impuesto una suspensión de hecho de las ejecuciones. Sus líderes han criticado el uso de la pena de muerte en el pasado y el 21 de junio de 2008, aniversario del nacimiento de la primera ministra Benazir Bhutto, muerta en atentado, el primer ministro, Yusuf Raza Gillani, propuso a la Asamblea Nacional que se conmutaran todas las penas de muerte por cadenas perpetuas. Desgraciadamente no hubo ninguna conmutación y después de la propuesta hubo 16 ejecuciones en 2008. Por ello, el hecho de que 2009 fuera un año sin ejecuciones es una verdadera señal de avance. Pakistán ha llevado a cabo ejecuciones durante al menos los últimos 17 años, y en los últimos 10 ha ejecutado a unas 347 personas.

Mongolia no llevó a cabo ninguna ejecución en 2009. El presidente Elbegdorjconmutó las condenas a muerte de al menos tres presos por penas de 30 años de cárcel. En los últimos años, Mongolia ha llevado a cabo varias ejecuciones al año, aunque a menudo no se conocen las cifras, ya que la pena de muerte está sometida a la “Ley sobre Secretos de Estado”.

Indonesia tampoco efectuó ninguna ejecución en 2009, que fue el primer año sin ejecuciones desde 2004. En 2008 habían sido ejecutadas 10 personas.

Por quinto año consecutivo, India no llevó a cabo ejecuciones, aunque impuso numerosas condenas a muerte. La última ejecución en la horca tuvo lugar en 2004. En varios fallos del Tribunal Supremo se reconoció la arbitrariedad de la aplicación de la pena de muerte en el país. En uno de ellos6se hacía referencia a un informe de Amnistía Internacional sobre la pena capital en India y se señalaba: “la aplicación sumamente irregular [de la fórmula ‘los más excepcionales de los casos excepcionales’] [...] ha dado lugar a un estado de incertidumbre en el derecho sobre imposición de condenas a muerte que infringe claramente las garantías constitucionales sobre el debido proceso y el principio de igualdad”. Los jueces pidieron que la Comisión Nacional de Derechos Humanos o la Comisión Jurídica de India llevaran a cabo investigaciones fidedignas que estimularan un debate fundado sobre la cuestión de la pena de muerte. En el mismo fallo, el Tribunal Supremo reconoció también la resolución de la Asamblea General de la ONU en la que se pedía una moratoria de las condenas a muerte y la tendencia mundial hacia la supresión de la pena capital, señalando en concreto dos Estados abolicionistas de Asia meridional, Bután y Nepal, y los avances de Filipinas y Corea del Sur al respecto.

Por segundo año consecutivo se tuvo noticia de una ejecución en la horca en Singapur. Este Estado insular ha reducido significativamente el uso de la pena de muerte en los últimos años. En el último decenio, y según los informes, la media fue de siete ejecuciones al año, alcanzándose un pico en 2000, año en que hubo 21 ejecuciones en la horca. Las perspectivas de que Singapur suprima la pena de muerte parecen escasas. Aunque dos partidos políticos –el Partido Reformista y el Partido Democrático de Singapur– expresaron su oposición a la aplicación de la pena capital para delitos de narcotráfico, ninguno de ellos tiene escaños en el Parlamento.

En Tailandiase efectuaron las primeras ejecuciones desde 2003. En agosto fueron ejecutados Bundit Jaroenwanit y Jirawat Poompreuk mediante inyección letal. Ambos habían sido condenados a muerte por delitos relacionados con la droga en 2001. Según la información aparecida en la prensa, se les avisó de su ejecución con sólo una hora de antelación. No hubo más ejecuciones en todo el año.

En Vietnam, según las informaciones de los medios de comunicación, fueron ejecutadas al menos nueve personas, frente a las 19 de 2008, aunque se cree que la verdadera cifra fue muy superior. En junio, la Asamblea Nacional votó a favor de que se redujera el número de delitos punibles con la muerte, y un comunicado parlamentario anunció que ya no se incluirían en esta categoría la violación, el fraude, el contrabando, la falsificación de moneda, el consumo de drogas, el soborno, el secuestro, la piratería y la destrucción de armamento militar. La pena de muerte se mantuvo para 22 delitos, incluido el tráfico de drogas y el asesinato. Las enmiendas al Código Penal entrarían en vigor a partir de enero de 2010, y las penas de quienes hubieran sido condenados a muerte por delitos que ya no acarrean esta condena se conmutarían por cadenas perpetuas. En noviembre, en la Asamblea Nacional se debatió si sustituir el actual método de ejecución (pelotón de fusilamiento) por la inyección letal.

Entre las personas en peligro de ser ejecutadas figuran los activistas en favor de la democracia del Partido Democrático de Vietnam. En diciembre, cinco de ellos fueron acusados, en aplicación del artículo 88 del Código Penal, de “difundir propaganda contra la República Socialista de Vietnam”, un cargo que puede acarrear la pena de muerte. Una semana después de su detención, los cinco aparecieron por televisión “confesando” sus delitos.

En Japón, la escalada de las ejecuciones de los últimos años podría estar tocando a su fin. Al iniciarse el siglo, el número de ejecuciones ascendía a una o dos al año. En 2006, cuatro personas fueron ahorcadas, cifra que se elevó a 9 en 2007 y a 15 en 2008. En 2009 hubo siete ejecuciones hasta septiembre, cuando subió al poder un nuevo gobierno del Partido Socialdemócrata. A partir de ese mes no hubo ejecuciones, y la nueva ministra de Justicia, Chiba Keiko, es una franca detractora de la pena de muerte. En diciembre, el ex agente de policía y actual ministro Kamei Shizuka anunció que el gobierno trabajaría para lograr la abolición de la pena de muerte, afirmando: “Va a ser un viaje difícil por un empinado camino, teniendo en cuenta que el 85 por ciento de la población está a favor de la pena capital”.7Al acabar 2009, 106 personas continuaban condenadas a muerte en Japón.

Corea del Norte fue el único país fuera de Oriente Medio que llevó a cabo ejecuciones públicas. Los métodos de ejecución fueron la horca y el pelotón de fusilamiento. Al parecer se ejecutó públicamente a personas condenadas por asesinato, tráfico de personas, contrabando, propagación de información “dañina”, distribución de material religioso y espionaje.

En junio, Ri Hyun-ok fue ejecutada públicamente en la ciudad noroccidental de Ryongchon (cerca de la frontera con China). Había sido condenada por distribución de biblias y espionaje. Sus padres, su esposo y sus tres hijos fueron enviados a un campo penitenciario para presos políticos. Representantes norcoreanos dijeron al Consejo de Derechos Humanos de la ONU en diciembre que las personas ejecutadas públicamente son las condenadas por “delitos muy brutales y violentos” y que este tipo de ejecución se utiliza “en circunstancias muy excepcionales” a petición de los familiares de la víctima.

En Corea del Sur, el Tribunal Constitucional vio el recurso de un preso condenado a muerte que alegaba que la pena de muerte era inconstitucional. Está previsto que el tribunal emita su fallo en 2010. En Corea del Sur no hay ejecuciones desde finales de diciembre de 1997, pero numerosos presos siguen condenados a muerte.

El número de miembros de la Red Asiática contra la Pena de Muerte ha aumentado, y en la actualidad asciende a casi 40, originarios de 22 países. Se trata de una red independiente de ámbito regional fundada en 2006 que trabaja en favor de la abolición de la pena de muerte en la región de Asia y Oceanía. Entre sus actividades figuran la emisión de declaraciones conjuntas, las acciones emprendidas por sus miembros para evitar ejecuciones y las actividades en torno a las personas enfermas mentales en Japón, los motivos de preocupación en toda la región sobre la pena de muerte y las drogas y los cambios legislativos en apoyo de la abolición de la pena de muerte en Corea del Sur.

AMÉRICA



Desde que Cubaabandonó las ejecuciones en 2003, conmutando las penas de la mayoría de los presos condenados a muerte, Estados Unidos es el único país del continente americano que lleva a cabo ejecuciones, si exceptuamos San Cristóbal y Nieves, que ejecutó a una persona en 2008.

Se supo que hubo 52 ejecuciones en Estados Unidos: Texas (24), Alabama (6), Ohio (5), Georgia (3), Oklahoma (3), Virginia (3), Florida (2), Carolina del Sur (2), Tennessee (2), Indiana (1), Misuri (1).

Son al menos 123 las condenas a muerte de las que hay constancia en cinco países de América: Bahamas (al menos 2), Estados Unidos (al menos 105), Guyana (3), Jamaica (2), Trinidad y Tobago (al menos 11) .

En Trinidad y Tobago se emitió una orden de ejecución, pero los tribunales suspendieron la ejecución. En muchos de los países caribeños donde existe un apoyo generalizado a la reanudación de las ejecuciones en la horca continuó el debate sobre la pena capital. Este apoyo parece basarse en la equivocada creencia de que dicha práctica disuadirá de la comisión de delitos violentos.

A pesar de continuar llevando a cabo ejecuciones, Estados Unidos muestra ciertas señales de rechazo hacia la pena capital. Aunque 2009 fue el año con más ejecuciones de los últimos tres (52), fueron casi la mitad de las 98 de 1999, diez años antes. El año 2009 también fue el primero en el que no se suspendieron las ejecuciones durante ningún periodo, a diferencia de lo que ocurrió en 2007 y 2008, años en que la Corte Suprema dictó la suspensión de todas las ejecuciones durante los periodos en que examinaba la constitucionalidad de la inyección letal. La mayoría de las ejecuciones siguen llevándose a cabo en un reducido número de estados (10 en 2009). Texas encabeza la lista, con 24 ejecuciones, seguida de Alabama con 6.

El número de condenas a muerte también está disminuyendo en Estados Unidos, y esta tendencia continuó en 2009. Con un total de 106 condenas a muerte dictadas en todo el país durante el año –según los cálculos del Centro de Información sobre la Pena de Muerte–, 2009 fue el séptimo año consecutivo de descenso y el que presentó un total anual más bajo desde la reanudación de las ejecuciones en 1977. El número de condenas a muerte alcanzó su punto máximo en 1994 con 328, y en los últimos diez años ha descendido un 60 por ciento.

Incluso en Texas y Virginia, que acumulan casi la mitad de las ejecuciones llevadas a cabo en Estados Unidos desde 1977, las condenas a muerte han disminuido radicalmente. En 2009 se impusieron 10 en Texas y una en Virginia, mientras que durante la década de 1990, la media anual fue de 34 en Texas y seis en Virginia.

En marzo, Nuevo México se convirtió en el decimoquinto estado que abolía la pena de muerte al firmar su gobernador una nueva ley de abolición. Otros estados estaban examinando proyectos de ley abolicionistas y en futuros periodos legislativos podrían producirse nuevos avances.

El declive del apoyo público y político a la pena de muerte en Estados Unidos podría atribuirse, entre otros factores, a que la opinión pública cada vez tiene más conciencia de la existencia de condenas erróneas en casos de pena capital. En marzo, al promulgar con su firma la ley que abolía la pena de muerte en el de Nuevo México, su gobernador, Bill Richardson, señaló que, aunque había sido un defensor de la pena de muerte durante toda su vida adulta, en los últimos años, y en vista de la evidencia de errores en los casos de pena de capital en Estados Unidos, había llegado a la conclusión de que el carácter irrevocable de la pena de muerte hacía de ella un castigo insostenible en un sistema de justicia imperfecto.

En octubre, el Consejo del Instituto Jurídico de Estados Unidos se pronunció a favor de retirar el apartado 210.6 de su Código Penal Modelo “en vista de la existencia en la actualidad de obstáculos institucionales y estructurales insalvables para garantizar un sistema de administración de la pena capital mínimamente adecuado”. El apartado 210.6 de este Código Penal Modelo, publicado por el Instituto en 1962, tenía como objetivo proporcionar al legislador directrices encaminadas a aumentar la imparcialidad y la fiabilidad en la imposición de la pena de muerte. La decisión de la Corte Suprema de dar luz verde en 1976 a la reanudación de las ejecuciones en virtud de leyes revisadas (Gregg v. Georgia) mencionaba disposiciones del apartado 210.6, y muchas leyes estatales de pena de muerte reflejaban estas disposiciones. Al decidir retirar el apartado 210.6, el Instituto Jurídico de Estados Unidos tuvo en cuenta, entre otras cosas, la politización de la pena de muerte, la discriminación racial en los casos de pena capital, la falta de financiación de los servicios jurídicos de defensa y el riesgo para el inocente.

Siguen surgiendo evidencias del riesgo de condenas erróneas en los casos de pena de muerte, que alimentan el debate sobre la pena capital en Estados Unidos. Nueve hombres que habían sido condenados a muerte fueron absueltos y puestos en libertad en 2009. Esta cifra es la segunda más alta de absoluciones desde la reanudación de la pena capital, detrás de las 12 de 2003.

Los nueve presos puestos en libertad en 2009 habían pasado un total de 121 años encarcelados desde su condena a muerte hasta su absolución. El total de absoluciones desde 1973 asciende ahora a 139, según el Centro de Información sobre la Pena de Muerte.

Aún está por demostrar que Estados Unidos haya ejecutado a algún inocente desde la reanudación de los homicidios judiciales en 1977, aunque varios presos han sido ejecutados a pesar de existir serias dudas sobre su culpabilidad. Uno de ellos fue Cameron Willingham, ejecutado en Texas en 2004 tras ser declarado culpable de asesinato mediante incendio provocado. La junta de indultos y el gobernador Rick Perry permitieron que la ejecución se llevara a cabo. Las pruebas periciales han indicado hace tiempo que podría haberse tratado de un incendio accidental, no provocado. El caso recibió de nuevo atención en 2009, cuando un experto en investigación de incendios terminó un estudio de revisión encargado por la Comisión de Ciencias Forenses de Texas, creada por el Parlamento estatal en 2005 para vigilar e investigar las denuncias de negligencia profesional o conducta indebida de los peritos. El experto concluyó que la investigación sobre el incendio en el caso Willingham no se había ajustado a los criterios actuales ni a los existentes entonces (año 1991), y que bajo cualquiera de estos criterios “hubiera sido insostenible” la conclusión de que se trató de un

CONDENAS A MUERTE Y EJECUCIONES EN 2009

DATOS Y CIFRAS

China ejecutó a más personas que la suma de todos los demás países del mundo.

En Arabia Saudí fueron decapitadas en público 69 personas.

Irán ejecutó al menos a 112 personas en 8 semanas tras las elecciones presidenciales.

9 presos condenados a muerte en EE. UU. fueron exonerados y excarcelados…

tras pasar entre todos 121 años en el pabellón de la muerte.

En 2009 fueron ejecutados 7 presos que eran menores de 18 en el momento de cometerse el delito.

95 países han abolido la pena de muerte para todos los delitos.

9 países han abolido la pena de muerte sólo para los delitos comunes.

35 son abolicionistas en la práctica.

58 países mantienen la pena de muerte.









18 países llevaron a cabo ejecuciones en 2009



Métodos empleados:

DECAPITACIÓN

LAPIDACIÓN

AHORCAMIENTO

ELECTROCUCIÓN

DISPARO

INYECCIÓN LETAL




CONDENAS A MUERTE

EN 2009

En los siguientes países fueron condenadas a muerte un número desconocido de personas:



UGANDA +

TANZANIA +

COREA DEL NORTE +

TAILANDIA +

LIBIA +

KENIA +

IRÁN +

REP. DEM. CONGO +

CHAD +

CHINA +


IRAK 366+

PAKISTÁN 276

EGIPTO 269+

AFGANISTÁN 133+

SRI LANKA 108

EE. UU. 105+

ARGELIA 100+

MALAISIA 68+

BANGLADESH 64+

SUDÁN 60+

VIETNAM 59+

NIGERIA 58

YEMEN 53+

INDIA 50+

JAPÓN 34

AUTORIDAD PALESTINA 17

MARRUECOS/SÁHARA OCCIDENTAL 13

SOMALIA 12 (Puntland 6, TFG 6)

JORDANIA 12+

ETIOPÍA 11+

ARABIA SAUDÍ 11+

TRINIDAD Y TOBAGO 11+

MALÍ 10+

GHANA 7+

SIRIA 7+

ZIMBABUE 7+

TAIWÁN 7

BURKINA FASO 6+

SINGAPUR 6+

BENÍN 5+

COREA DEL SUR 5+

KUWAIT 3+

QATAR 3+

EMIRATOS ÁRABES UNIDOS 3+

GUYANA 3

LIBERIA 3

BAHAMAS 2+

MYANMAR 2+

TÚNEZ 2+

BIELORRUSIA 2

BOTSUANA 2

JAMAICA 2

GAMBIA 1+

INDONESIA 1

MAURITANIA 1+

SIERRA LEONA 1+

El símbolo + indica que en el país en cuestión se dictaron sentencias de muerte (más de una, al menos) pero que no ha sido posible verificar la cifra real.


Número de personas 400 350 300 250 200 150 100 50 0




PAÍSES CON EL MAYOR NÚMERO DE EJECUCIONES EN 2009



CHINA ejecutó a más personas que la suma de todos los demás países del mundo.

IRÁN 388+

IRAK 120+

ARABIA SAUDÍ 69+

EE. UU. 52

YEMEN 30+

SUDÁN 9+

VIETNAM 9+

SIRIA 8+

JAPÓN 7



El símbolo + indica que en el país en cuestión se llevaron a cabo ejecuciones (más de una, al menos) pero que no ha sido posible verificar la cifra real.



Número de personas 400 350 300 250 200 150 100 50 0







EJECUCIONES

EN 2009

Corea del Norte +

Tailandia 2

Vietnam 9+

Bangladesh 3

China 1.000s+

Japón 7

Malaisia +

Singapur 1

Yemen 30+

Arabia Saudí 69+

Siria 8+

Irak 120+

Irán 388+

Sudán 9+

Botsuana 1

Egipto 5+

EE. UU. 52

Libia 4+



El símbolo + indica que en el país en cuestión se llevaron a cabo ejecuciones (más de una, al menos) pero que no ha sido posible verificar la cifra real.

© Amnistía Internacional

incendio provocado.

Poco antes de la comparecencia del experto ante la Comisión, el gobernador Perry lo sustituyó y la vista fue cancelada. El nuevo presidente de la Comisión, un fiscal de Texas designado por elección, subrayó posteriormente que la función de la Comisión no era determinar la culpabilidad o la inocencia de personas concretas, sino servir de “foro para el debate de asuntos temas de interés social, como la idoneidad de la pena de muerte”. La Comisión aún debe publicar su informe final sobre el caso Willingham.

El fallo de 2008 de la Corte Suprema de Estados Unidos que confirmaba la constitucionalidad del protocolo de aplicación de la inyección letal utilizado por el estado de Kentucky, consistente en la administración de tres sustancias, puso fin a una suspensión de seis meses de las ejecuciones, pero no al litigio que impugnaba este método de ejecución en varios estados. Uno de ellos era Ohio, donde en septiembre de 2009 una inyección letal fallida volvió a poner de manifiesto la falsedad del mito de la ejecución “humana” e hizo que se introdujeran modificaciones en el protocolo de aplicación de la inyección letal del estado.

Romell Broom, afroamericano de 53 años condenado a muerte desde 1985, fue llevado a la cámara de ejecución el 15 de septiembre de 2009. El equipo que debía administrarle la inyección letal no consiguió encontrar una vena adecuada y se rindió después de dos horas de intentos. Según su abogado, Romell Broom temblaba de miedo mientras el equipo lo sujetaba y trataba de encontrar la vena una y otra vez. El gobernador de Ohio, que le había denegado el indulto, aplazó la ejecución una semana, plazo que los tribunales ampliaron posteriormente. En 2009 no se volvió a intentar ejecutar a Romell Broom, que demandó al estado. Mientras, Ohio cambió a un protocolo de inyección letal con una sola sustancia –el primer estado que aplicaba este procedimiento en Estados Unidos– y utilizó este método de ejecución por primera vez el 8 de diciembre de 2009.



Europa y asia central



El año 2009 fue el primero de la historia moderna en que no hubo ejecuciones en Europa. Bielorrusia, el único país europeo donde se realizaron ejecuciones en los últimos años, no ejecutó a ningún preso, aunque se dictaron dos sentencias de muerte y dos presos siguieron bajo la amenaza de ser ejecutados por pelotón de fusilamiento.

El Tribunal Constitucional de Rusiaprorrogó en noviembre la suspensión de las ejecuciones, iniciada en 1999 hasta que en toda Rusia se hubiera puesto en marcha el sistema de juicios con jurado, lo cual sucedió el 1 de enero de 2010. En noviembre de 2009, el Tribunal Constitucional de Rusia emitió el siguiente fallo: “La introducción de los juicios con jurado no abre una vía al posible uso de la pena de muerte. El camino hacia la plena abolición de la pena capital no admite retorno”.

Tayikistánes el único Estado de Asia Central que conserva la pena de muerte para delitos comunes, aunque desde que en 2004 se introdujera una suspensión de las condenas a muerte y las ejecuciones no ha habido ninguna ejecución.



ORIENTE MEDIO Y NORTE DE ÁFRICA



Aunque las autoridades de varios Estados llevaron a cabo muchas ejecuciones, en otros, como Argelia, Líbano, Marruecos y Sáhara Occidental y Túnez, los gobiernos mantuvieron largas suspensiones de las ejecuciones, a pesar de que la pena de muerte siguió en vigor para diversos delitos y que continuaron imponiéndose condenas a muerte.

En Oriente Medio y el Norte de África se tuvo noticia de al menos 624 ejecuciones en siete países en 2009: Egipto (al menos 5), Irán (al menos 388), Irak (al menos 120), Libia (al menos 4), Arabia Saudí (al menos 69), Siria (al menos 8) y Yemen (al menos 30).

En esta región se supo de la imposición de al menos 863 condenas a muerte en 15 países en 2009: Argelia (al menos 100), Egipto (al menos 269), Irán (+), Irak (al menos 366), Jordania (al menos 12), Kuwait (al menos 3), Libia (+), Marruecos y Sáhara Occidental (13), Autoridad Palestina (17), Qatar (al menos 3), Arabia Saudí (al menos 11), Siria (al menos 7), Túnez (al menos 2), Emiratos Árabes Unidos (al menos 3), Yemen (al menos 53)

Amnistía Internacional registró 388 ejecuciones –al menos 14 de ellas públicas– en Irán, país sólo superado por China en cuanto a número de ejecuciones. Irán no publica estadísticas oficiales sobre las ejecuciones, y es probable que la cifra real sea superior. En el periodo de ocho semanas transcurrido entre las elecciones presidenciales del 12 de junio y la toma de posesión del presidente Mahmud Ahmadineyad para su segundo mandato, el 5 de agosto, Amnistía Internacional registró 112 ejecuciones, mientras que en los cinco meses y medio transcurridos entre el 1 de enero y el 12 de junio el número de ejecuciones fue de 196.

La mayoría de las ejecuciones se llevaron a cabo tras juicios que violaron el derecho y las normas internacionales relativos a la pena de muerte.

Cinco de las personas ejecutadas habían sido declaradas culpables de delitos cometidos cuando eran menores de edad. Tales ejecuciones suponen una violación del derecho internacional y globalmente cada vez son más raras en los últimos años, ya que los Estados rechazan el homicidio judicial de menores, prohibido en virtud de la Convención sobre los Derechos del Niño de la ONU (en la cual Irán es Estado Parte). Una de las personas ejecutadas fue Delara Darabi, de 22 años, condenada por un delito presuntamente cometido cuando tenía 17 años, que fue ejecutada en la horca el 1 de mayo a pesar de que el presidente de la magistratura había aplazado su ejecución por dos meses el 19 de abril.

Las autoridades iraníes siguieron utilizando la pena de muerte contra presos políticos y contra personas condenadas por realizar ciertas prácticas sexuales extramaritales.

Tres presuntos miembros del Movimiento Popular de Resistencia de Irán, conocido también como Jondallah, fueron ejecutados públicamente en la horca en Zahedan el 30 de mayo de 2009, menos de 48 horas después de una explosión en una mezquita chií cuya autoría se atribuyó el Movimiento y en la que murieron hasta 25 fieles. Fuentes oficiales afirmaron que, aunque los tres hombres estaban detenidos en el momento de la explosión, habían “confesado” haber introducido en el país los explosivos utilizados y haber participado en otros atentados con explosivos así como en secuestros. Otros 13 presuntos miembros del Movimiento Popular de Resistencia de Irán fueron ejecutados en la horca el 14 de julio de 2009.

Ehsan (Esma’il) Fattahian, perteneciente a la minoría kurda de Irán, fue ejecutado el 11 de noviembre a pesar de la presión nacional e internacional para salvar su vida. Había sido declarado culpable de “enemistad contra Dios” por sus actividades como miembro de Komala, grupo de oposición de la minoría kurda, y condenado inicialmente a 10 años de cárcel que debería cumplir en el destierro, pero esta condena se convirtió en una de pena de muerte en la apelación. En una carta enviada desde la cárcel, Ehsan Fattahian afirmaba que le habían dicho que le aplicarían una condena más dura por haberse negado a realizar una “confesión” televisada en la que habría tenido que mostrarse arrepentido de sus creencias. No tuvo oportunidad de apelar contra su condena a muerte.


Se sabía que al menos otros 21 miembros de la minoría kurda, dos de ellos mujeres, estaban en espera de ejecución por delitos políticos en el momento en que se redacta este informe. Uno de ellos era Zaynab Jalalian, condenada en enero de 2009 o en fechas cercanas por “enemistad contra Dios” por su presunta pertenencia a un grupo armado de oposición kurdo. Según los informes, durante el juicio, que al parecer duró sólo unos minutos, no se le permitió acceder a su abogado. La condena a muerte de Zaynab Jalalian fue confirmada en apelación y posteriormente por el Tribunal Supremo el 26 de noviembre de 2009. Al día siguiente, Zaynab Jalalian escribió una carta en la que denunciaba haber sido torturada y afirmaba: “Le pedí al juez que me permitiera despedirme de mi madre y me dijo: ‘¡Cállate!’. El juez rechazó mi petición y se negó a dejarme ver a mi madre”.


Rahim Mohammadi murió en la horca el 5 de octubre tras haber sido declarado culpable de “sodomía”. Las autoridades iraníes no informaron a su abogado de que estaba a punto de ser ejecutado y al parecer su esposa, Kobra Babaei, corría peligro de morir lapidada. Sin embargo, al acabar 2009 la sentencia no había sido ejecutada. Ambos fueron condenados por “adulterio durante el matrimonio”, que conlleva una condena a muerte preceptiva por lapidación, pero Rahim Mohammadi también fue condenado por “sodomía”, delito también castigado con la muerte mediante el sistema que determine el juez que entienda del caso. El abogado de la pareja manifestó públicamente su opinión de que Rahim Mohammadi había sido acusado y condenado por “sodomía” únicamente para que su ejecución fuera en la horca, y no mediante lapidación.

A pesar de la directiva judicial de 2002 que establecía la suspensión de las ejecuciones por lapidación, y del anuncio realizado en agosto de 2008 por un portavoz de la judicatura de que esta forma de ejecución había sido suspendida, al menos cinco hombres y una mujer han muerto lapidados desde 2002. En enero de 2009, un portavoz de la judicatura confirmó que en diciembre de 2008 había habido lapidaciones, y afirmó que la directiva sobre la suspensión no tenía peso legal y que los jueces podían ignorarla.

El 5 de marzo de 2009, Vali Azad fue lapidado en una ejecución secreta en la cárcel de Llakan, en Rasht, al noroeste de Irán.

Al menos otras siete mujeres y tres hombres viven bajo la amenaza de ser lapidados tras ser declarados culpables de “adulterio durante el matrimonio”.

En Irak, las autoridades llevaron a cabo al menos 120 ejecuciones en 2009, la gran mayoría por presuntos delitos de “terrorismo”. El primer ministro iraquí Nuri al Maliki pidió públicamente que se ejecutara a todos los miembros del gobierno baasista de Sadam Husein, y otros ministros del gobierno iraquí defendieron también el uso de la pena de muerte. El presidente del país, Jalal Talabani, partidario de la abolición de este castigo, se ha negado personalmente a firmar órdenes de ejecución desde que subió al poder. El periódico español El Mundo publicó el 28 de mayo de 2008 las siguientes declaraciones de la doctora Wijdan Mikhail Salim, ministra de Derechos Humanos iraquí: “Creo que en este momento la pena de muerte es muy necesaria en Irak. No es el momento de abolirla. Y pueden estar seguros de que no resulta fácil condenar a alguien a muerte”. Estas palabras contrastan con las que pronunció ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en marzo de 2007: “En la actualidad trabajamos para allanar el camino hacia la eliminación de la pena capital en Irak, tras restringir su uso lo más posible”. Para Amnistía Internacional resulta decepcionante que una ministra cuya cartera consiste en promover la causa de la protección de los derechos humanos deba justificar el uso de la pena de muerte.

Al parecer, más de 900 personas, entre ellas 17 mujeres, corrían peligro inminente de ejecución en Irak al acabar 2009. Según los informes, estas personas habían agotado todos los recursos y al parecer el consejo presidencial había ratificado sus condenas a muerte.

En Arabia Saudí, las autoridades siguieron ejecutando a un ritmo alarmante. Al menos 69 personas fueron decapitadas públicamente durante 2009. Al acabar 2009, Amnistía Internacional supo de la existencia de al menos 141 personas condenadas a muerte en Arabia Saudí, de ellas al menos 104 extranjeros, la mayoría de países en desarrollo de África, Asia y Oriente Medio. Los presos son condenados en juicios secretos e injustos, a menudo sin abogado defensor, y por ello se cree que las verdaderas cifras de condenas a muerte son muy superiores. Al menos un preso, según informes de las autoridades, fue condenado por delitos de “terrorismo” tras un juicio secreto ante un tribunal especial.

Dos de las personas ejecutadas eran menores en el momento de cometerse el delito y sus ejecuciones violaron el derecho internacional. Sultan Bin Sulayman Bin Muslim al-Muwallad e 'Issa bin Muhammad 'Umar Muhammad fueron ejecutados el 10 de mayo de 2009 tras ser declarados culpables de delitos cometidos cuando tenían 17 años.

En In Arabia Saudí hay muchos delitos punibles con la muerte, entre ellos el de “brujería”. En diciembre de 2009 se supo que un ciudadano libanés, 'Ali Hussain Sibat, y otro hombre no identificado corrían peligro de ser ejecutados tras ser declarados culpables de “brujería”. 'Ali Hussain Sibat, presentador de televisión que aparecía como consejero y futurólogo en la cadena de televisión por satélite libanesa Sheherazade, fue condenado mientras estaba en Arabia Saudí realizando la ‘umra (un tipo de peregrinación musulmana). Allí, según su abogado, lo interrogaron y le dijeron que pusiera por escrito lo que hacía para ganarse la vida, asegurándole que, si lo hacía, lo dejarían marchar. Pero el documento que escribió fue presentado en los tribunales como “confesión” y utilizado para condenarlo a muerte en Medina el 9 de noviembre, tras un juicio secreto en el que no contó con abogado defensor. Su condena a muerte fue revocada a comienzos de 2010.

El delito de “brujería” no está tipificado en la ley saudí, pero se ha utilizado para castigar el ejercicio legítimo de derechos humanos como el derecho a la libertad de pensamiento, conciencia, religión, creencias y expresión.

Otro caso es el de Muhammad Basheer bin Sa’oud al-Ramaly al-Shammari, de 22 años, decapitado en diciembre tras ser declarado culpable del secuestro y la violación de cuatro personas. Tras decapitarlo, le cosieron la cabeza al cuerpo, que colgaron de un poste en una plaza pública, una práctica que se conoce como crucifixión en Arabia Saudí. Este fue el segundo caso de crucifixión conocido: en efecto, en mayo, Ahmed bin 'Adhaib bin 'Askar al-Shamlani al-'Anzi, condenado por secuestro y asesinato, también fue decapitado y su cadáver recibió idéntico tratamiento. Previamente había sido condenado por otros delitos, incluido el de luwat (prácticas homosexuales).

En Yemen, las autoridades ejecutaron al menos a 30 presos y se creía que cientos más estaban en espera de ejecución. Sólo en la cárcel central de Ta'iz había recluidos más de 70. En julio, Yahia al-Raghwa fue ejecutado de un disparo en público. Había sido declarado culpable de la violación y el asesinato de un niño. Entre las personas ejecutadas figuraba también 'Aisha Ghalibal-Hamzi, ejecutada el 19 de abril por el asesinato de su marido. Sus siete hijos se habían negado a que la indultaran. En casos de qisas(castigo equivalente al delito cometido), los familiares de la víctima tienen la facultad de pedir la ejecución, solicitar una indemnización o indultar al condenado.

En Egipto,las autoridades llevaron a cabo al menos cinco ejecuciones. En Libia, al menos cuatro.

ÁFRICA SUBSAHARIANA



Sólo dos países del África subsahariana llevaron a cabo ejecuciones: Botsuana (1) y Sudán (al menos 9). Burundiy Togo abolieron la pena de muerte.

En el África subsahariana se tuvo noticia de la imposición de al menos 194 penas de muerte en 19 países en 2009: Benín (al menos 5), Botsuana (2), Burkina Faso (al menos 6), Chad (+), Etiopía (al menos 11), Gambia (al menos 1), Ghana (al menos 7), Kenia (+), Liberia (3), Malí (al menos 10), Mauritania (al menos 1), Nigeria (58), República Democrática del Congo (+), Sierra Leona (al menos 1), Somalia (12, seis en Puntland y seis bajo la jurisdicción del Gobierno Federal de Transición), Sudán (al menos 60), Tanzania (+), Uganda (+), Zimbabue (al menos 7).

En abril, Burundiaprobó un nuevo Código Penal que no contemplaba la pena de muerte. Uno de los autores de la nueva ley, el parlamentario y ex ministro de Justicia Didace Kiganahe, afirmó: “Se trata de un Código Penal revolucionario, pues suprime la pena de muerte por primera vez en Burundi. Aprobarlo exigió cierto valor, ya que los legisladores votaron a favor de abolir la pena de muerte sabiendo que su electorado deseaba mantenerla”.8Las últimas ejecuciones de personas condenadas a muerte por tribunales civiles se llevaron a cabo en 1997, año en que seis personas fueron ejecutadas tras juicios sin garantías. Una organización local de derechos humanos afirmó a finales de 2008 que había unas 800 personas en espera de ejecución. Además de abolir la pena capital, el nuevo Código Penal tipifica como delitos la tortura, el genocidio, los crímenes de guerra y los crímenes contra la humanidad.

Togoabolió la pena de muerte en junio. Al anunciar la abolición, en diciembre de 2008, el ministro de Justicia, Kokou Tozoun, afirmó: “Este país ha decidido crear un sistema de justicia saludable que limite los errores judiciales [...] y garantice los derechos inherentes a la persona. Este [nuevo] sistema ya no es compatible con un Código Penal que mantenga la pena de muerte y otorgue a la judicatura un poder absoluto con consecuencias irrevocables”.

Liberiareintrodujo la pena de muerte en 2008, pero no lleva a cabo ejecuciones desde 2000.

En Botsuana, Gerald Dube, ciudadano de Zimbabue, fue ejecutado por asesinato el 18 de diciembre de 2009.

El gobierno de Sudán ejecutó a nueve hombres en abril de 2009. Todos afirmaron que habían sido torturados para obligarlos a firmar confesiones. Fueron declarados culpables de asesinar en 2006 al director de un periódico, Mohamed Taha, autor de unos artículos considerado críticos contra los darfuríes. Los acusados se habían retractado de sus confesiones ante el tribunal, y habían solicitado un examen médico para probar sus denuncias de tortura. El Tribunal de Apelaciones no sólo se negó a satisfacer su petición, sino que aceptó sus confesiones como prueba y los condenó a muerte en noviembre de 2007.

Para Amnistía Internacional es motivo de preocupación que el uso de la tortura para conseguir confesiones esté plenamente integrado en el sistema de justicia sudanés. La Ley sobre Pruebas de 1993 establece: “[...] las pruebas no deben desestimarse únicamente por haber sido conseguidas utilizando un procedimiento inadecuado si el tribunal está convencido de que son independientes y admisibles”.9

Al menos 60 personas fueron condenadas a muerte en 2008 por “tribunales especiales” creados tras el ataque a Jartum de un grupo armado de oposición con base en Darfur. Según abogados y activistas de derechos humanos locales, muchos de estos juicios fueron sumamente injustos. Los acusados a menudo no tuvieron acceso a asistencia letrada hasta después de comenzar el juicio. Muchos fueron torturados o víctimas de otros malos tratos, y las condenas se basaron en muchos casos en “confesiones” obtenidas bajo tortura. Entre abril de 2009 y enero de 2010, otras 56 personas fueron condenadas a muerte por su presunta pertenencia al Movimiento Justicia e Igualdad, grupo armado de oposición con base en Darfur, y por su presunta participación en un ataque contra la capital, Jartum, en mayo de 2008. Con estas nuevas condenas el número de personas condenadas a muerte por los ataques contra Jartum se elevaba a 106 a 19 de enero de 2010. Todas ellas fueron declaradas culpables de delitos como pertenecer a una organización terrorista y luchar contra el Estado, y condenadas por tribunales especiales antiterroristas.

En junio de 2009, la relatora especial sobre la situación de los derechos humanos en el Sudán afirmó en su informe presentado en el 11 periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos que los acusados detenidos en relación con el ataque contra Jartum habían pasado recluidos en régimen de incomunicación hasta cuatro meses antes del inicio de sus juicios. Mientras estaban en prisión preventiva, la mayoría firmaron confesiones de las que más tarde se retractaron ante el tribunal, alegando que las habían efectuado bajo coacción.

El 25 de febrero de 2010, el gobierno de Sudánanunció la puesta en libertad de 57 presuntos miembros del Movimiento Justicia e Igualdad tras firmar un acuerdo con dicha organización. De ellos, 50 estaban condenados a muerte.

En agosto, el gobierno de Kenia anunció la conmutación de las penas de muerte de más de 4.000 presos por penas de cárcel. Se trata de la mayor conmutación masiva que jamás ha llegado a oídos de Amnistía Internacional. Kenia sigue dictando sentencias de muerte aunque no lleva a cabo ejecuciones desde 1987.

También hubo conmutaciones en Nigeria. En junio, el gobernador del estado de Lagos indultó y dejó en libertad a tres presos condenados a muerte. La condena a muerte de otros 29 presos del mismo estado se conmutó por cadena perpetua, y la de otros ocho, por diversas penas de cárcel. Sin embargo, durante el año seis estados nigerianos tipificaron el secuestro como delito punible con la muerte: Abia, Akwa Ibom, Anambra, Ebonyi, Enugu e Imo.

Varios países del África subsahariana han iniciado un proceso de revisión constitucional que podría ser una oportunidad para que se aboliera la pena de muerte. Es el caso, por ejemplo, de Benín, Ghana, Kenia, Zambia y Zimbabue. En noviembre de 2009, el gobierno de Benín remitió a la Asamblea Nacional un proyecto de ley para la supresión de la pena de muerte en la Constitución. En Ghana se creó en enero de 2010 una Comisión de Revisión Constitucional que celebrará diversas consultas públicas, una de ellas sobre la abolición de la pena capital, presentará recomendaciones al gobierno y redactará un proyecto de ley de reforma constitucional. En Kenia, el artículo 26 del proyecto de Constitución propuesto garantiza el derecho a la vida, pero no prohíbe el uso de la pena de muerte. El 3 de febrero de 2010, la Conferencia Constitucional Nacional de Zambia decidió conservar la pena capital en un proyecto de Constitución que se someterá a consulta pública.



INFORMES Y EJECUCIONES DE LAS QUE SE tuvo NOTICIA EN 2009





En las siguientes listas se resumen las ejecuciones que se llevaron a cabo y las condenas a muerte que se impusieron en 2009 según los informes recibidos. Estas cifras indican las condenas a muerte de las que Amnistía Internacional tuvo noticia.

Es posible que otros países hayan llevado a cabo ejecuciones o impuesto condenas a muerte, pero la información no se ha difundido.

Las cifras son estimaciones mínimas.

Clave

El signo “+” indica que sabemos que en el país hubo ejecuciones o se impusieron penas de muerte (al menos más de una) en 2009, pero no sabemos cuántas.

EJECUCIONES EN 2009

China: +

Irán: al menos 388

Irak: al menos 120

Arabia Saudí: al menos 69

Estados Unidos: 52

Yemen: al menos 30

Sudán: al menos 9

Vietnam: al menos 9

Siria: al menos 8

Japón: 7

Egipto: al menos 5

Libia: al menos 4

Bangladesh: 3

Tailandia: 2

Botsuana: 1

Singapur: 1

Malaisia: +

Corea del Norte: +



CONDENAS A MUERTE EN 2009



China: +

Irak: al menos 366

Pakistán: 276

Egipto: al menos 269

Afganistán: al menos 133

Sri Lanka: 108

Estados Unidos: al menos 105

Argelia: al menos 100

Malaisia: al menos 68

Bangladesh: al menos 64

Sudán: al menos 60

Vietnam: al menos 59

Nigeria: 58

Yemen: al menos 53

India: al menos 50

Japón: 34

Autoridad Palestina: 17

Marruecos y Sáhara Occidental: 13

Somalia: 12 (seis en Puntland y seis bajo la jurisdicción del Gobierno Federal de Transición)

Jordania: al menos 12

Etiopía: al menos 11

Arabia Saudí: al menos 11

Trinidad y Tobago: al menos 11

Malí: al menos 10

Ghana: al menos 7

Siria: al menos 7

Zimbabue: al menos 7

Taiwán: 7

Burkina Faso: al menos 6

Singapur: al menos 6

Benín: al menos 5

Corea del Sur: al menos 5

Kuwait: al menos 3

Qatar: al menos 3

Emiratos Árabes Unidos: al menos 3

Guyana: 3

Liberia: 3

Bahamas: al menos 2

Myanmar: al menos 2

Túnez: al menos 2

Bielorrusia: 2

Botsuana: 2

Jamaica: 2

Gambia: al menos 1

Indonesia: 1

Mauritania: al menos 1

Sierra Leona: al menos 1

Chad: +

República Democrática del Congo: +

Irán: +

Kenia: +

Libia: +

Corea del Norte: +

Tanzania: +

Tailandia: +

Uganda: +



AnEXO I-países abolicionistas y retencionistas a 31 de diciembre de 2009

Más de dos tercios de los países del mundo ha abolido la pena de muerte en su legislación o en la práctica. El número de países abolicionistas y retencionistas se distribuye en la actualidad de la siguiente forma:

Abolicionistas para todos los delitos: 95

Abolicionistas sólo para delitos comunes: 9

Abolicionistas en la práctica: 35

Cifra total de países abolicionistas en la legislación o en la práctica: 139

Cifra total de países retencionistas: 58

A continuación figuran las listas de países conforme a estas categorías: abolicionistas para todos los delitos , abolicionistas sólo para delitos comunes, abolicionistas en la práctica y retencionistas.

Al final encontrarán una lista de los países que han abolido la pena de muerte desde 1976. De su análisis se concluye que en la última década una media de más de tres países al año han abolido la pena capital en su legislación o, tras haberlo hecho para los delitos comunes, han ampliado la abolición a todos los delitos.

1. abolicionistas para todos los delitos



Países cuyas leyes no establecen la pena de muerte para ningún delito:

Albania, Alemania, Andorra, Angola, Argentina, Armenia, Australia, Austria, Azerbaiyán, Bélgica, Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, Bután, Burundi, Cabo Verde, Camboya, Canadá, Chipre, Colombia, Costa de Marfil, Costa Rica, Croacia, Dinamarca, Ecuador, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Filipinas, Finlandia, Francia, Georgia, Grecia, Guinea-Bissau, Haití, Honduras, Hungría, Irlanda, Islandia, Islas Cook, Islas Marshall, Islas Salomón, Italia, Kirguistán, Kiribati, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Macedonia, Malta, Mauricio, México, Micronesia, Moldavia, Mónaco, Montenegro, Mozambique, Namibia, Nepal, Nicaragua, Níue, Noruega, Nueva Zelanda, Países Bajos, Palau, Panamá, Paraguay, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, República Dominicana, Ruanda, Rumania, Samoa, San Marino, Santa Sede, Santo Tomé y Príncipe, Senegal, Serbia (incluido Kosovo), Seychelles, Sudáfrica, Suecia, Suiza, Timor Oriental, Togo, Turkmenistán, Turquía, Tuvalu, Ucrania, Uruguay, Uzbekistán, Vanuatu, Venezuela, Yibuti.

2. abolicionistas sólo para delitos comunes



Países cuyas leyes establecen la pena de muerte únicamente para delitos excepcionales, como los delitos previstos en el código penal militar, o los cometidos en circunstancias excepcionales, como los cometidos en tiempo de guerra.

Bolivia, Brasil, Chile, El Salvador, Fiyi, Israel, Kazajistán, Letonia, Perú.

3. abolicionistas en la práctica



Países que mantienen la pena de muerte para los delitos comunes como el asesinato pero que pueden ser considerados abolicionistas de hecho dado que no han ejecutado a nadie durante los últimos diez años y se cree que mantienen una política o una práctica establecida de no llevar a cabo ejecuciones. En esta lista se incluyen también países que se han comprometido internacionalmente a no hacer uso de la pena capital:

Argelia, Benín, Brunei, Burkina Faso, Camerún, Congo (República del), Corea del Sur, Eritrea, Federación Rusa, Gabón, Gambia, Ghana, Granada, Kenia, Laos, Liberia, Madagascar, Malawi, Maldivas, Malí, Marruecos, Mauritania, Myanmar, Nauru, Níger, Papúa Nueva Guinea, República Centroafricana, Sri Lanka, Surinam, Suazilandia, Tanzania, Tayikistán, Tonga, Túnez, Zambia.

4. retencionistas



Países y territorios que mantienen la pena de muerte para delitos comunes.

Afganistán, Antigua y Barbuda, Arabia Saudí, Autoridad Palestina, Bahamas, Bahréin, Bangladesh, Barbados, Belice, Bielorrusia, Botsuana, Comoras, Corea del Norte, Cuba, Chad, China, Dominica, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Estados Unidos de América, Etiopía, Guatemala, Guinea, Guinea Ecuatorial, Guyana, India, Indonesia, Irak, Irán, Jamaica, Japón, Jordania, Kuwait, Laos, Lesoto, Líbano, Libia, Malaisia, Mongolia, Nigeria, Omán, Pakistán, Qatar, República Democrática del Congo, San Cristóbal y Nevis, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Sierra Leona, Singapur, Siria, Somalia, Sudán, Tailandia, Taiwán, Trinidad y Tobago, Uganda, Vietnam, Yemen, Zimbabue.

Anex0 II-ratificación de tratados internacionales a 31 de diciembre de 2009





La comunidad de naciones ha aprobado cuatro tratados internacionales que establecen la abolición de la pena de muerte. Uno de ellos es de ámbito mundial y los otros tres regionales.

Encontrarán a continuación una breve descripción de los cuatro tratados aludidos en el párrafo anterior y las listas actualizadas de sus Estados Partes y de los países que los han firmado pero no los han ratificado. (Los Estados pueden convertirse en Estados Partes de tratados internacionales ya sea por adhesióno por ratificación. La firma de un tratado indica la intención del país de convertirse en Estado Parte en fecha posterior mediante la ratificación. Al convertirse en Estados Partes en los tratados internacionales, los gobiernos asumen la obligación, en virtud del derecho internacional, de respetar las disposiciones de esos tratados y no hacer nada que menoscabe el objeto y propósito de los tratados que ha firmado.

SEGUNDO Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos



El Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, relativo a la abolición de la pena de muerte, adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1989, es un tratado de ámbito mundial que establece la abolición total de la pena de muerte, pero permite a los Estados Partes mantenerla en tiempo de guerra si hacen una reserva a tal efecto en el momento de ratificar el Protocolo o adherirse a él. Todo Estado que sea Parte en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos puede convertirse también en Estado Parte de este Protocolo.

Estados Partes: Albania, Andorra, Alemania, Argentina, Australia, Austria, Azerbaiyán, Bélgica, Bosnia Y Herzegovina, Brasil, Bulgaria, Canadá, Cabo Verde, Chile, Chipre, Colombia, Costa Rica, Croacia, Dinamarca, Ecuador, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Filipinas, Finlandia, Francia, Georgia, Grecia, Honduras, Hungría, Irlanda, Islandia, Italia, Liberia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Macedonia, Malta, México, Moldova, Mónaco, Montenegro, Mozambique, Namibia, Nepal, Nicaragua, Noruega, Nueva Zelanda, Países Bajos, Panamá, Paraguay, Portugal, Reino Unido, República Checa, Ruanda, Rumania, San Marino, Serbia, Seychelles, Sudáfrica, Suecia, Suiza, Timor Oriental, Turquía, Turkmenistán, Ucrania, Uruguay, Uzbekistán, Venezuela y Yibuti. (total: 72)

Países que lo han firmado, pero no lo han ratificado: Guinea-Bissau, Nicaragua, Polonia, Santo Tomé y Príncipe (total: 5)



Protocolo de la Convención Americana sobre Derechos Humanos



El Protocolo de la Convención Americana sobre Derechos Humanos Relativo a la Abolición de la Pena de Muerte, adoptado por la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos en 1990, establece la abolición completa de la pena de muerte, pero permite a los Estados mantenerla en tiempo de guerra si hacen una reserva a tal efecto en el momento de ratificar el Protocolo o adherirse a él. Todo Estado Parte en la Convención Americana sobre Derechos Humanos puede convertirse también en Estado Parte de este Protocolo.

Estados Partes: Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador, Mexico, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Uruguay y Venezuela. (total: 11)

Protocolo número 6 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales, referente a la abolición de la pena de muerte



El Protocolo número 6 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (Convenio Europeo de Derechos Humanos) referente a la abolición de la pena de muerte, adoptado por el Consejo de Europa en 1982, establece la abolición de la pena de muerte en tiempo de paz. Sin embargo, los Estados Partes pueden mantenerla «por actos cometidos en tiempo de guerra o de peligro inminente de guerra». Todo Estado Parte en el Convenio Europeo de Derechos Humanos puede convertirse también en Estado Parte de este Protocolo.

Estados Partes: Albania, Alemania, Andorra, Armenia, Austria, Azerbaiyán, Bélgica, Bosnia Y Herzegovina, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Georgia, Grecia, Hungría, Irlanda, Islandia, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Macedonia, Malta, Moldavia, Mónaco, Montenegro, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumania, San Marino, Serbia, Suecia, Suiza, Turquía y Ucrania (total: 46)

Países que lo han firmado pero no lo han ratificado:Federación Rusa (total: 1)

Protocolo número 13 del Convenio Europeo de Derechos Humanos



El Protocolo número 13 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (Convenio Europeo de Derechos Humanos) referente a la abolición de la pena de muerte en cualquier circunstancia, adoptado por el Consejo de Europa en 2002, establece la abolición de la pena de muerte en cualquier circunstancia, incluidos los actos cometidos en tiempos de guerra o de peligro inminente de guerra. Todo Estado Parte en el Convenio Europeo de Derechos Humanos puede convertirse también en Estado Parte de este Protocolo.

Estados Partes: Albania, Alemania, Andorra, Austria, Bélgica, Bosnia Y Herzegovina, Bulgaria, Croacia, Chipre, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Georgia, Grecia, Hungría, Irlanda, Islandia, Italia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Macedonia, Malta, Moldavia, Montenegro, Mónaco, Noruega, Países Bajos, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumania, San Marino, Serbia, Suecia, Suiza, Turquía, Ucrania. (total: 42)

Países que lo han firmado pero no lo han ratificado: Armenia, Letonia, Polonia total: 3).


NOTAS FINALES

1 El derecho a la vida y la prohibición de penas crueles, inhumanas o degradantes están recogidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la ONU, la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otros importantes tratados de derechos humanos. Muchas leyes y Constituciones nacionales también garantizan estos derechos.

  1. 2 Si desean más información sobre el caso de Troy Davis, consulten Estados Unidos: 'Unconscionable and unconstitutional’: Troy Davis facing fourth execution date in two years, mayo de 2009, http://www.amnesty.org/en/library/info/AMR51/069/2009/en y Estados Unidos: Supreme Court orders evidentiary hearing into Troy Davis's claim of innocence, agosto de 2009, http://www.amnesty.org/en/library/asset/AMR51/091/2009/en/113e915b-17c0-43bf-b12a-44c970c7fb9e/amr510912009en.html#sdfootnote1sym

3 También se organizaron vigilias el 30 de noviembre en diferentes ciudades del mundo para celebrar la primera abolición de la pena de muerte por un país de Europa, decretada por Leopoldo II de la Habsburgo en 1786 en su Gran Ducado de Tuscany (iniciativa de Ciudades por la Vida)

4 Informe del Secretario General sobre el Sudán, 19 de enero de 2010, S/2010/31, párrs. 64-65.

5 Nicaragua ya era signataria del Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos .

6 Santosh Kumar Satishbhushan Bariyar v. State of Maharashtra, (2009) 6 SCC 498

7 Shizuka Kamei, Ministro de Asuntos Económicos y Reforma Postal.

8 En “Burundi abolishes the death penalty, outlaws homosexuals”, 22 de noviembre, AFP

9 Artículo 10.i.















Documento sometido a estricto embargo hasta las 00:01 horas GMT del martes 30 de marzo de 2010.

Si desean más información, pónganse en contacto con la oficina de prensa del Secretariado Internacional en el teléfono: +44 207 413 5810

Condenas a muerte y ejecuciones en 2009

Al terminar 2009, un total de 139 países habían abolido en todo el mundo la pena de muerte en la ley o en la práctica. Sólo 58 países seguían manteniendo este castigo en su legislación. En 2009, además, se adoptaron importantes medidas para aplicar una moratoria mundial sobre las ejecuciones en todas las regiones del mundo, y dos países más –Burundi y Togo– abolieron la pena de muerte para todos los delitos.

Las cifras que cada año recopila Amnistía Internacional en su trabajo de vigilancia global de la aplicación de la pena de muerte muestran que el mundo está cada vez más próximo a la abolición total. Son 18 los países que aún siguen ejecutando a personas como forma de disuasión contra el crimen, y una pequeña proporción de ellos lo hacen además como forma de represión de la oposición política. Por primera vez en la historia, en una región del mundo –Europa– ha transcurrido un año entero libre de ejecuciones.

En este informe se analizan algunos de los acontecimientos clave en el mundo en torno a la aplicación de la pena de muerte, y se citan las cifras recopiladas por Amnistía Internacional sobre el número de sentencias de muerte dicatadas y ejecuciones llevadas a cabo en el mundo durante 2009.

Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos sin excepción independientemente de la naturaleza del delito, de las características del delincuente, o del método utilizado por el Estado para llevar a cabo la ejecución.

Publicado originalmente en 2010 por Amnesty International Publications

International Secretariat

Peter Benenson House

1 Easton Street

London WC1X 0DW

Reino Unido

www.amnesty.org


© Amnesty International Publications 2010

Índice: ACT 50/001/2010

Marzo de 2010

Idioma original: inglés.


Edición española a cargo de:

EDITORIAL AMNISTÍA INTERNACIONAL (EDAI)

Valderribas, 13.

28007 Madrid

España

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