Document - The death penalty in wartime: arguments for abolition







La pena de muerte en tiempo de guerra: argumentos a favor de la abolición




ENERO DE 1994 RESUMEN ÍNDICE AI: ACT 50/01/94/s

DISTR: SC/DP


En los últimos años, el mundo avanza más rápidamente que nunca hacia la abolición de la pena de muerte. Algunos países han logrado la abolición total en una fase, mientras que otros han establecido dos fases, decidiendo primero la abolición de la pena de muerte sólo para los delitos comunes, para proceder después a la abolición total. Sin embargo, la segunda fase constituye, al parecer, un proceso prolongado, y algunos países llevan mucho tiempo estancados en la primera.


En este documento se plantea la cuestión de si existen argumentos especiales que justifiquen que la abolición se limite a los delitos comunes. También se hace un breve análisis del tema desde el punto de vista del derecho internacional. Se incluye en un apéndice un resumen de las disposiciones legales sobre la pena de muerte para delitos excepcionales existentes en los Estados donde esta pena ha sido abolida para delitos ordinarios.


PALABRAS CLAVE: PENA DE MUERTE1/CONFLICTO ARMADO/PIDCP/CADH/ INSTRUMENTOS DE DERECHOS HUMANOS/ARGENTINA/BRASIL/CANADA/CHIPRE/EL SALVADOR/FIJI/ISRAEL/ITALIA/MALTA/MEXICO/NEPAL/PARAGUAY/PERU/ SEYCHELLES/ESPAÑA/REINO UNIDO


Este texto resume un informe titulado La pena de muerte en tiempo de guerra: argumentos a favor de la abolición (Índice AI: ACT 50/01/94/s), publicado por Amnistía Internacional en enero de 1994. Quienes deseen más información o emprender alguna acción al respecto deberán consultar el documento completo.




SECRETARIADO INTERNACIONAL, 1 EASTON STREET, LONDRES WC1X 8DJ, REINO UNIDO

TRADUCCIÓN DE EDITORIAL AMNISTÍA INTERNACIONAL, ESPAÑA





La pena de muerte en tiempo de guerra:

argumentos a favor de la abolición



Por Antonio Marchesi1


Actualmente, 52 países han abolido por completo la pena de muerte y 16 países la han abolido para todos los delitos, salvo los excepcionales, como por ejemplo los que se cometen en tiempo de guerra. Diecinueve países retienen en su legislación la pena capital, aunque no se ha ejecutado a nadie desde hace 10 años o más. Ciento tres países retienen y utilizan la pena de muerte para delitos comunes2.


En los últimos años, a pesar de que la mayoría de los países mantienen la pena de muerte, el mundo avanza con más rapidez que nunca hacia su abolición. Algunos países han logrado la abolición total en una fase, mientras que otros han establecido dos fases, decidiendo primero la abolición de la pena de muerte sólo para los delitos comunes, para proceder luego a su abolición total. Sin embargo, la segunda fase constituye, al parecer, un proceso prolongado. Austria tardó 18 años; Dinamarca, 45; Finlandia, 23; los Países Bajos, 112; Nueva Zelanda, 28; Noruega, 74; Portugal, 110, y Suecia, 513, algunos países llevan mucho tiempo estancados en la primera fase.


¿Se debe esta lentitud, sencillamente, a falta de interés por una cuestión que parece tener poca relevancia práctica en tiempo de paz? ¿O existen motivos importantes para no extender la abolición a todos los delitos, incluidos los que se cometen en tiempo de guerra?


En este documento se plantea la cuestión de si existen argumentos especiales que justifiquen la retención de la pena de muerte en tiempo de guerra y, por tanto, que la abolición se limite a los delitos comunes. También se hace un breve análisis del tema desde el punto de vista del derecho internacional. Se incluye en un apéndice un resumen de las disposiciones legales sobre la pena capital para delitos excepcionales existentes en los Estados donde esta pena ha sido abolida para los delitos comunes.


1. ARGUMENTOS A FAVOR Y EN CONTRA DE LA RETENCIÓN DE LA PENA DE MUERTE PARA DELITOS COMETIDOS EN TIEMPO DE GUERRA


En 1991, durante un debate sobre una propuesta de abolición de la pena de muerte de la Ley de las Fuerzas Armadas celebrado en la Cámara de los Lores del Reino Unido, tanto los partidarios como los detractores de la propuesta declararon que las normas que se aplican en situaciones especiales no deberían diferenciarse de las normas generales, salvo que haya una «buena razón» para ello. Es decir, que una vez que se incluye el principio de la abolición en el ordenamiento jurídico de un Estado, la existencia de situaciones excepcionales en las que no es aplicable ese principio ha de ser suficientemente demostrada.


El segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Politicos, del que se habla más adelante, expone un razonamiento similar: impone a los Estados que lo ratifican la obligación de abolir la pena de muerte totalmente, permitiendo la retención de dicha pena en tiempo de guerra, sólo en casos excepcionales y únicamente mediante la introducción de una reserva específica al respecto, que ha de ser formulada en el momento de la ratificación o de la adherencia al Protocolo.


Siguiendo este enfoque, no examinaremos aquí ninguno de los argumentos generales a favor ni en contra de la pena de muerte4, sino únicamente los pros y los contras de las excepciones dentro de un enfoque abolicionista en términos generales.


a. La pena de muerte para delitos cometidos en tiempo de guerra y el derecho a la vida


La mayoría de los tratados y resoluciones internacionales analizan el tema de la pena de muerte en el contexto del derecho a la vida. Los abolicionistas ─personas partidarias de la abolición de la pena capital─ consideran este castigo como una violación de ese derecho fundamental en todos los casos, tanto si se impone por delitos comunes como por delitos excepcionales (ya que el derecho a la vida forma parte de un núcleo de derechos humanos básicos que no pueden derogarse nunca). Por otra parte, los que apoyan la pena de muerte estiman que se trata de una excepción legítima al derecho a la vida.


Independientemente de la postura que se adopte, en el contexto del derecho a la vida no existe ningún elemento diferenciador entre los delitos excepcionales y los delitos comunes. Ciertamente, quienes apoyan la pena de muerte en circunstancias especiales, como el tiempo de guerra, opinan que es particularmente difícil aceptar que la vida de una persona que ha traicionado a su país y a sus compatriotas deba ser tratada como inviolable o «sagrada». Sin embargo, este tipo de objeciones, aunque resulta comprensible en algunos casos, no es convincente. Una vez que se acepta el principio de que la pena de muerte viola el derecho a la vida, las circunstancias en las que se produce esta violación, por excepcionales que sean, son inevitablemente irrelevantes.


b. ¿Tiene la pena de muerte un efecto disuasorio especial en tiempo de guerra?


El debate general sobre la pena de muerte también se basa en consideraciones prácticas tales como si ésta es un elemento disuasorio contra el delito más eficaz que otros castigos. Los partidarios de la abolición total insisten en que nunca se ha demostrado que la pena de muerte tenga un efecto disuasorio especial, ni en tiempo de paz ni en tiempo de guerra. Otros creen que, tanto en la paz como en la guerra, no deja de ser un elemento disuasorio fundamental. Otras personas no descartan la posibilidad de que produzca un efecto disuasorio especial en algunos casos, pero señalan que es sumamente dudoso, ya que los individuos reaccionan de maneras muy distintas. También señalan que la posibilidad de ser descubierto y castigado, tanto en tiempo de paz como de guerra, parece disuadir mucho más que la dureza de la pena.


En lo referente a las circunstancias excepcionales, tales como la guerra, algunos defensores de la pena de muerte sostienen que podría resultar especialmente útil en situaciones muy inestables donde la amenaza de encarcelamiento no sirve de mucho. Pero se ha señalado que las personas dispuestas a ayudar al enemigo en una guerra están normalmente motivadas por un idealismo ciego o por un odio ciego, mientras que los desertores ─la deserción es otro delito que a menudo se castiga con la muerte en tiempo de guerra─ tienden a actuar por miedo. Probablemente, la amenaza de la pena de muerte influye poco en ambas categorías de transgresores, ya que muchas veces no meditan las consecuencias de sus actos de manera racional. Además, en una guerra el riesgo de muerte es igualmente alto para todos, por lo que la pena de muerte pierde fácilmente el efecto disuasorio especial que pudiera haber tenido en tiempo de paz.


Pero también se deben considerar otros argumentos a la hora de analizar el argumento de la disuasión en relación con los delitos cometidos en tiempo de guerra. Cabe suponer que, para que una sentencia de muerte tenga un efecto disuasorio eficaz, debe ser ejecutada con rapidez: pero esto implica una reducción de las salvaguardias judiciales y, por consiguiente, un mayor riesgo de ejecutar a una persona inocente. Además, hay que señalar que quienes defienden la abolición total por motivos morales no cambiarían de opinión, ni en términos generales ni en lo que a los excepcionales cometidos en tiempo de guerra se refiere, aunque se demostrara el efecto disuasorio especial de la pena de muerte. Para quienes apoyan la abolición por razones morales, este tipo de argumentos prácticos no constituyen nunca una razón válida para el mantenimiento de la pena de muerte.


c. La pena de muerte y el mantenimiento de la disciplina militar


Se puede alegar que, en tiempo de guerra, la pena de muerte es útil o necesaria no sólo para impedir que se cometan delitos sino también para mantener la disciplina de los soldados en una situación de mucha tensión y presión.


Sin embargo, en primer lugar, la existencia de una relación especial entre la eficacia militar y la pena de muerte no se ha demostrado nunca. Al contrario, es probable que una serie de elementos muy distintos, tales como el deseo de defender a la patria, tengan mucha más importancia a la hora de determinar la voluntad de lucha de un soldado que el saber que la traición, la deserción y otros delitos cometidos en tiempo de guerra se castigarán con la muerte.


En segundo lugar, mantener la disciplina de los soldados es un propósito que tiene poco que ver con la idea de justicia, en términos generales o en casos individuales. ¿Acaso no es inaceptable por principio, y peligroso en la práctica, dejar que la elección de ejecutar a una persona se vea fuertemente influida por elementos de carácter general, como la eficacia militar?


d. Castigo Justo


En el debate sobre la pena de muerte para delitos excepcionales, los defensores de su aplicación basan a menudo su postura en la idea moral de «pagar por un delito» (lo que, cuando se trata de delitos muy graves, sólo se salda con la muerte, según algunos) en vez de esgrimir argumentos prácticos, como la disuasión. La idea de «pagar por un delito» está, a veces, muy ligada a un deseo implícito o explícito de venganza. En tiempo de guerra, el predominio de las reacciones emocionales sobre las respuestas racionales es particularmente fuerte y puede alentar esa postura.


Pero deberían prevalecer las respuestas racionales. En primer lugar, incluso en el contexto de la teoría del castigo justo, la abolición de la pena de muerte no tiene por qué hacer que ciertos delitos parezcan menos graves. Sigue siendo posible establecer una jerarquía en los castigos, y las condenas a encarcelamientos prolongados no son sentencias leves. En segundo lugar, en la política penal, la rehabilitación del delincuente es un objetivo aceptado desde hace tiempo y que implica, necesariamente, una actitud abolicionista en relación con la pena de muerte.


e. Analogía de la pena de muerte con la defensa propia»


A veces, los argumentos a favor de la pena de muerte para delitos excepcionales, tales como los cometidos en tiempo de guerra, se basan en una analogía con la defensa propia. Se aduce que las personas que justifican la utilización de armas letales contra el enemigo también deberían justificar, para ser consecuentes, el uso de armas letales contra los «enemigos internos». Es decir, que las tendencias abolicionistas en la legislación interna deben avanzar al tiempo que las tendencias pacifistas a nivel internacional, y no adelantarse a ellas.


Sin embargo, las condiciones en las que se recurre a la pena de muerte y a la defensa propia difieren claramente. Mientras que la defensa propia puede justificarse en el caso de un Estado o un individuo que responda inmediatamente (es decir, en el momento en que se produce) a la agresión de otro Estado o individuo, respectivamente, no puede justificarse que un Estado, aduciendo defensa propia, responda premeditadamente y a sangre fría a una «agresión» (el delito) cometida, normalmente mucho antes, por un individuo.


f. El uso arbitrario de la pena de muerte en tiempo de guerra


En circunstancias excepcionales tales como la guerra, el riesgo de una imposición arbitraria de la pena de muerte aumenta. Es precisamente en situaciones excepcionales, caracterizadas por fuertes emociones colectivas, cuando existe un mayor riesgo de abusar de la pena de muerte. Además, en tiempo de conflicto armado, no es raro que un «traidor» se convierta en un «héroe» con relativa rapidez; pero la aplicación de la pena de muerte hace imposible la adaptación a cualquier nueva evaluación de los hechos históricos.


Los abolicionistas señalan, además, que durante una guerra puede aumentar el riesgo de que se produzca un error judicial y sea ejecutada una persona inocente. Esto se debe, entre otras razones, a que los procedimientos en tiempo de guerra tienden a ser sumarios (celebrándose a menudo los juicios a puerta cerrada y sin un procedimiento de apelación adecuado), las ejecuciones se suelen llevar a cabo rápidamente después de la sentencia y sentimientos de rencor y de venganza pueden influir en los testigos y los jueces (estos últimos tienden a ser menos independientes del poder ejecutivo que en tiempo de paz).


g. La opinión predominante en las fuerzas armadas


Las fuerzas armadas tienen un conocimiento y una experiencia especiales de la guerra y los estados de emergencia. Algunas de las personas que apoyan el uso de la pena de muerte en tiempo de guerra, sugieren que se debería conceder un peso especial al predominio de esta postura entre los militares. Pero existen al menos dos buenas razones para rechazar esta actitud. En primer lugar, si se acepta que la pena de muerte es una cuestión de derechos humanos, permitir que la mayoría de la población, o la mayoría de un sector de la población, como las fuerzas armadas, decida la retención de la pena de muerte, supondría infringir uno de los principios básicos de la civilización. En segundo lugar, hay que recordar que en los resultados de las encuestas de opinión realizadas entre la población general o entre grupos concretos influyen notablemente factores emocionales y, muchas veces, la falta de una información adecuada. Los resultados de tales encuestas suelen variar considerablemente en poco tiempo, y las respuestas pueden variar dependiendo de cómo se formulen las preguntas.


2. LEGISLACION INTERNACIONAL


La legislación internacional no contiene una prohibición general de la pena de muerte. Sin embargo, en un comentario general del Artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Comité de Derechos Humanos establecido en aplicación de lo dispuesto en este Pacto sostiene que el Artículo 6, sobre el derecho a la vida, está redactado de tal manera que sugiere encarecidamente la conveniencia de abolir este castigo. La abolición de la pena de muerte es uno de los objetivos de la Asamblea General de Naciones Unidas, y se intenta introducir, en la práctica, en la legislación internacional, por medio de la aprobación de una serie de restricciones y de salvaguardias sobre el uso de la pena de muerte internacionalmente acordadas5.


Recientemente se ha introducido una obligación limitada de abolir la pena de muerte en el Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y, a nivel regional, en el Sexto Protocolo del Convenio Europeo de Derechos Humanos y el Protocolo Facultativo de la Convención Americana sobre Derechos Humanos relativo a la Abolición de la Pena de Muerte6. Estos tres protocolos son vinculantes para los Estados que los ratifiquen o que se adhieran a ellos.


En los instrumentos que establecen restricciones sobre el uso de la pena de muerte, no se mencionan específicamente los delitos excepcionales, como los cometidos en tiempo de guerra. Estos últimos pueden analizarse en relación con la categoría de «delitos sumamente graves» a los que queda restringida la pena de muerte según el Artículo 6 (2) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. La única conclusión segura en este contexto es que condenar a muerte a una persona declarada culpable de cualquier delito cometido en tiempo de guerra que no se considere particularmente «grave» constituye una violación del Artículo 6 (2) del Pacto.


Los tres protocolos facultativos citados anteriormente contienen disposiciones específicas acerca de los delitos excepcionales. Así, el Artículo 2 del segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional permite a cada estado parte indicar, en el momento de la ratificación o de la adhesión, su deseo de mantener la posibilidad de imponer «la pena de muerte en tiempo de guerra como consecuencia de una condena por un delito sumamente grave de carácter militar cometido en tiempo de guerra». El Protocolo de la Convención Americana sobre Derechos Humanos contiene una disposición similar. En términos algo diferentes, el Artículo 2 del Sexto Protocolo del Convenio Europeo establece que un Estado puede estipular en su legislación la pena de muerte para actos cometidos en tiempo de guerra o cuando haya una amenaza inminente de guerra. El segundo Protocolo Facultativo es aún más restrictivo: los delitos capitales deben ser particularmente graves, de carácter militar y cometidos en tiempo de guerra. El Sexto Protocolo no contiene las dos primeras restricciones, y puede imponerse la pena de muerte cuando la amenaza de guerra sea inminente. Por otra parte, en el Segundo Protocolo Facultativo, los estados deben formular una reserva explícita en el momento de ratificarlo o de adherirse a él en caso de que quieran retener la pena capital en tiempo de guerra, mientras que en el Sexto Protocolo, la disposición mencionada en el Artículo 2 se aplica a todas las partes. Los tres protocolos parecen descartar la posibilidad de recurrir a la pena de muerte en una guerra civil.


Los cuatro Convenios de Ginebra, de 1949, y los dos Protocolos adicionales a los Convenios, de 1977, también establecen restricciones a la pena de muerte7.


Por lo que a los conflictos armados internacionales se refiere, el Artículo 101 del Tercer Convenio de Ginebra y el Artículo 75 del Cuarto Convenio establecen un período de seis meses antes de la ejecución de una sentencia de muerte contra un prisionero de guerra o un civil, respectivamente.


El Artículo 68 del Cuarto Convenio establece que la pena de muerte puede imponerse a un civil en un territorio ocupado sólo cuando a éste se le declara culpable de espionaje, actos graves de sabotaje contra las instalaciones militares de las fuerzas ocupantes, o delitos intencionados que causen la muerte, siempre y cuando dichos delitos hubieran sido castigados con la muerte por las leyes vigentes en el territorio ocupado antes de la ocupación.


En cuanto a los conflictos armados no internacionales, el Artículo 6 (4) del Protocolo Adicional II de 1977 estipula que la pena de muerte «no se dictará ... contra las personas que tuvieren menos de 18 años de edad en el momento de la infracción, ni se ejecutará en las mujeres encintas ni en las madres de niños de corta edad».

APÉNDICE


LA PENA DE MUERTE PARA DELITOS EXCEPCIONALES EN LOS ESTADOS QUE LA HAN ABOLIDO PARA LOS DELITOS COMUNES: ESTUDIO POR PAÍSES


Argentina


El Código de Justicia Militar establece la pena de muerte facultativa para los delitos de traición, espionaje, rebelión y amotinamiento. Los acusados son juzgados ante un tribunal militar. En 1984 se aprobaron nuevas leyes según las cuales las Cámaras Federales de Apelación, de carácter civil, pueden revisar todas las decisiones de los tribunales militares. No obstante, el Artículo 759 del Código de Justicia Militar estipula que cualquier soldado que huya del enemigo o se deje llevar del pánico durante una batalla «podrá ser muerto en el mismo instante, para castigo de su cobardía y ejemplo de los demás». En tiempo de guerra, los militares también están autorizados para ejecutar sumariamente a militares y civiles, por medio de la promulgación de normas de emergencia, de acuerdo con los artículos 131 y 132 del Código de Justicia Militar.


Brasil


La pena de muerte se abolió en la primera Constitución republicana, de 1891, pero se mantuvo en la legislación militar para tiempo de guerra. En la Constitución de 1988, actualmente en vigor se incluye una disposición análoga.


Canadá


La pena de muerte por asesinato se abolió en una votación del Parlamento, en julio de 1976. Se mantiene para diversos delitos militares que, de acuerdo con la Ley de Defensa Nacional de 1950, acarrean la pena de muerte preceptiva. Sólo se puede aplicar la pena de muerte si el veredicto es unánime. La Ley de Defensa Nacional contiene disposiciones sobre la revisión y la apelación de la sentencia, y la ejecución sólo puede llevarse a cabo si es aprobada por el gobernador general en consejo. No se ha llevado a cabo ninguna ejecución al amparo de esta ley.


Chipre


En 1983 se abolió la pena de muerte para el asesinato premeditado. Se mantiene en el Código Penal para los delitos de traición, instigación a la invasión y piratería con violencia.


En 1990 se enmendó el Código Penal Militar y se abolió la pena de muerte para 19 delitos, ahora castigados con cadena perpetua. Pero se mantiene para seis delitos, incluidos los de traición, amotinamiento, revelación de secretos militares a otro país, complicidad con el enemigo y abandono de una posición militar. Tanto el presidente como el vicepresidente del país están autorizados para conmutar una sentencia de muerte por cadena perpetua.


El Salvador


En virtud del Artículo 27 de la Constitución de 1983, sólo se puede aplicar la pena de muerte durante una guerra internacional, a las personas declaradas culpables de traición, deserción, espionaje o sedición, según lo estipulado en el Código Militar de El Salvador. No se aplica la pena capital a los delitos cometidos durante una guerra civil. Según el Código Penal Procesal, el poder ejecutivo puede conmutar la pena de muerte.


España


La Constitución de 1978 abolió la pena de muerte salvo para los delitos cometidos en tiempo de guerra regulados por las leyes penales militares. Un nuevo Código de Justicia Militar, que entró en vigor en 1986, retiene la pena de muerte como castigo opcional para un gran número de delitos en tiempo de guerra. Como Jefe del Estado, el Rey está facultado por la Constitución para ejercer el derecho de gracia.


Fiji


Fiji abolió la pena de muerte por asesinato en 1979. Sólo se mantiene para los delitos de traición, instigación a extranjeros a invadir Fiji y genocidio.


Israel y los Territorios Ocupados


Se abolió la pena de muerte para asesinato en 1954. El Código Penal israelí la mantiene para el delito de traición, y las leyes de 1950 sobre genocidio y colaboración con los nazis, para los crímenes de guerra. Por otra parte, la Normativa de Defensa de 1945 estipula la pena capital para los delitos de asesinato terrorista, intento de asesinato terrorista, sabotaje y tenencia ilícita de armas. La aplicación de la pena de muerte no es obligatoria.


En los Territorios Ocupados de Cisjordania y Gaza se estipula la pena de muerte para los delitos de asesinato terrorista e intento de asesinato terrorista según la Normativa de Defensa de 1945 y la Orden Militar 378. Pero, en 1968, las órdenes militares 268 (para Cisjordania) y 72 (para Gaza) dispusieron que los tribunales locales no dictasen sentencias de muerte. Los tribunales locales de Cisjordania aplican el Código Penal jordano, y los de Gaza, la legislación introducida por Egipto antes de 1967. En Israel existe la posibilidad de apelar en todos los casos punibles con la pena capital y una prerrogativa de conmutación.


Italia


El Artículo 27 de la Constitución de 1947 establece que: «No se admite la pena de muerte, salvo en los casos especificados por las leyes militares para tiempo de guerra». El Código Penal Militar aplicable en tiempo de guerra, que permanece vigente, retiene la pena de muerte para un gran número de delitos. El Artículo 87 de la Constitución autoriza al presidente de la República a conceder indultos o conmutar sentencias.


En julio de 1993, la Cámara de Diputados, una de las dos cámaras del parlamento italiano, aprobó una ley para eliminar la pena de muerte del Código Penal Militar aplicable en tiempo de guerra. Un proyecto de ley parecido iba a ser examinado por el Senado, pero el Parlamento se disolvió en enero de 1994 para dar paso a las elecciones generales.


Malta


Desde 1971 se mantiene la pena de muerte, en virtud de la Ley de las Fuerzas Armadas de 1970, únicamente para los delitos cometidos por personas sujetas a las leyes militares. Estos delitos incluyen ayudar al enemigo, comunicar información al enemigo, o participar en un motín. Sólo se puede aplicar la pena de muerte en tiempo de guerra. El juicio se debe celebrar ante un consejo de guerra. El Presidente está facultado para conceder indultos y suspender o conmutar sentencias de muerte tras consultar con el Consejo de Ministros.


México


La Constitución de 1917 estipula que la pena de muerte sólo puede imponerse por una serie de delitos particularmente graves (no todos de carácter militar). Sin embargo, ninguno de los estados de México retiene la pena de muerte en su código penal, aunque se mantiene en el Código de Justicia Militar.


Nepal


En 1990 se abolió la pena de muerte por asesinato y actividades subversivas. Se retiene para el espionaje y los ataques a la Familia Real.


Paraguay


El 21 de junio de 1992 entró en vigor una nueva Constitución paraguaya que abolió la pena de muerte. El Capítulo 1, Sección 1, Artículo 4 de la Constitución establece que la pena de muerte queda abolida. No obstante, se mantiene la pena capital en virtud del Código Penal Militar de 1980, que permite su imposición en tiempo de guerra. El personal militar declarado culpable de traición o deserción en tiempo de guerra puede ser condenado a muerte, pero el poder ejecutivo está facultado para conmutar la sentencia por 25 años de cárcel.


Perú


De acuerdo con el Artículo 140 de la Constitución que entró en vigor en diciembre de 1993, la pena de muerte sólo se puede imponer por traición en tiempo de guerra y terrorismo. El Código Penal Militar que entró en vigor en julio de 1980 estipula que la pena de muerte es preceptiva para una serie de actos delictivos contra el Estado, considerados delitos de traición, en tiempo de guerra externa. En enero de 1994, el Código Penal peruano no preveía la pena de muerte por terrorismo.



Seychelles


La pena de muerte por asesinato fue abolida provisionalmente en 1966, cuando Seychelles era todavía una colonia británica, y la abolición se mantuvo tras la independencia, en 1976. Sólo se retiene la pena de muerte para el delito de traición.


Reino Unido


En 1969 se abolió la pena de muerte por asesinato. Se retiene para los delitos de alta traición en tiempo de paz y de guerra, y en Inglaterra y Gales, para la piratería con violencia. También se mantiene para los miembros del ejército que en tiempos de guerra cometan ciertos delitos, como la traición y el espionaje. El monarca ejerce la prerrogativa real de gracia asesorado por el ministro del Interior.

INTERNO (Sólo miembros de AI)Índice AI: ACT 50/01/94/s

Distr: SC/DP

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Amnistía Internacional

Secretariado Internacional

1 Easton Street

Londres WC1X 8DJ

Reino Unido


A:Todas las Secciones

Coordinadores de Pena de Muerte


De:Equipo Temático, Departamento de Organización y Campañas


Fecha:2 de febrero de 1994





LA PENA DE MUERTE EN TIEMPO DE GUERRA: ARGUMENTOS A FAVOR DE LA ABOLICION



Resumen


Se adjunta un documento EXTERNO sobre los argumentos a favor y en contra de mantener la pena de muerte para los crímenes de guerra. Se pretende que este documento sirva para abogar por la abolición de la pena de muerte, tanto en los países que ya la han abolido para todos los delitos, salvo los excepcionales, como en aquéllos que la siguen aplicando para delitos comunes, como el asesinato. Se incluye en un apéndice un estudio por países de los delitos punibles con la muerte en los países que han abolido la pena de muerte para los delitos comunes.


Distribución


La que figura anteriormente.


Acciones recomendadas


1. Este documento se puede distribuir a parlamentarios y otras personas que trabajan en favor de la total abolición de la pena de muerte. Los argumentos expuestos pueden adaptarse a los debates de cada país.


2. Las Secciones que tengan la intención de dedicarse a promover la abolición de la pena de muerte para los delitos cometidos en tiempo de guerra deberán contactar con el equipo de pena de muerte del Secretariado Internacional para solicitar una copia de la información recopilada por el grupo de pena de muerte de la Sección neerlandesa, que se utilizó para redactar este documento. Estos apuntes incluyen datos sobre los esfuerzos realizados en Bélgica, Canadá, Italia, los Países Bajos, Nueva Zelanda, Noruega, España, Suiza y el Reino Unido para abolir la pena de muerte por los delitos cometidos en tiempo de guerra.

1. Antonio Marchesi es abogado y presidente de la Sección italiana de Amnistía Internacional. Este documento se basa en un estudio realizado por el grupo temático sobre la pena de muerte de la Sección neerlandesa de Amnistía Internacional.

2. Amnistía Internacional, "List of Abolitionist and Retentionist Countries", junio de 1993 (Indice de AI: ACT 50/04/93).

3. Loc. cit.

4. Los argumentos a favor y en contra de la pena de muerte se examinan en «Cuando es el Estado el que mata... Los derechos humanos frente a la pena de muerte», Editorial Amnistía Internacional (EDAI), Madrid, 1989.

5. Véase Cuando es el Estado el que mata..., capítulo 3.

6. Los textos de estos tres protocolos figuran en el Informe de 1990 de Amnistía Internacional, apéndice IX, Cuando es el Estado el que mata..., apéndice 7, y el Informe de 1991 de Amnistía Internacional, apéndice XI, respectivamente.

7. En el Apéndice 6 de Cuando es el Estado el que mata... se recogen parcialmente estos instrumentos.

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