Document - Make our rights law: Enforce economic, social and cultural rights

QUE NUESTROS DERECHOS SEAN LEY.

POR EL RESPALDO JURÍDICO DE LOS DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES





Los derechos económicos, sociales y culturales, como el derecho a la alimentación, a una vivienda adecuada, a la salud, a la educación y al trabajo, están consagrados en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en diversos tratados, entre otros, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en el que 160 países son Estados Partes. Se reconocen en la legislación nacional de muchos países. Sin embargo, a millones de personas se les niegan a diario estos derechos.





El 10 de julio de 2010, excavadoras del ayuntamiento de Nairobi, Kenia, derribaron edificios en el asentamiento de Kabete NITD, dejando sumidos en la miseria a Joshua (que aparece en la foto), a su esposa y a sus cinco hijos. La nueva Constitución de Kenia, adoptada en agosto de 2010, convierte por primera vez varios derechos económicos y sociales, entre otros, el derecho a una vivienda adecuada, en derechos jurídicamente vinculantes en el país. Por lo tanto, en el futuro personas bajo amenaza de desalojo forzoso, como Joshua, tendrán acceso a vías de recurso más efectivas.

© Amnistía Internacional


“Nos han dejado sin nada, sólo con lo puesto. … Mi esposa y yo tenemos cinco hijos, de entre 6 y 15 años de edad, de los que ocuparnos.”




Cisterna con agua de lluvia para regar los cultivos, perteneciente a una comunidad palestina. El ejército israelí la destruyó con el pretexto de que se había construido sin permiso. A las comunidades palestinas se les conceden en muy raras ocasiones permisos para poner en marcha proyectos hídricos.

© Shabtai Gold/IRIN




Con demasiada frecuencia los gobiernos no han hecho más que cumplir de boquilla las obligaciones contraídas por sus países en virtud del derecho internacional para garantizar los derechos económicos, sociales y culturales para todas las personas. Algunos violan deliberadamente los derechos de las personas, por ejemplo, cuando desalojan forzosamente a las personas de sus hogares. En ocasiones, no cumplen con su obligación de evitar que se cometan abusos contra los derechos de las personas, de investigar estos abusos y de castigar a quienes los cometen, por ejemplo, cuando las empresas mineras contaminan el agua potable de la que dependen las comunidades.


Muchos gobiernos violan derechos al no tomar las medidas urgentes y viables que se necesitan para garantizar que se realizan los derechos económicos, sociales y culturales de todas las personas, por ejemplo, cuando no dan prioridad a los grupos desfavorecidos al distribuir los recursos públicos.


Cuando se producen estas violaciones, las personas a menudo no tienen la oportunidad de obtener justicia. En muchos países, las personas no pueden exigir estos derechos porque no están reconocidos en la legislación nacional. Las vías de recurso, si es que existen, pueden ser ineficaces o inaccesibles. Las personas que viven en la pobreza, en especial, tienen que sortear obstáculos considerables a la hora de acceder a la justicia. Y los gobiernos no siempre aplican las decisiones dictadas por tribunales y mecanismos internacionales de derechos humanos. Por tanto, los gobiernos a los que no se exige que rindan cuentas de sus actos continúan violando los derechos humanos con impunidad.


EL DERECHO A UN RECURSO EFECTIVO


Conforme al derecho internacional, todas las personas tienen derecho a interponer un recurso efectivo cuando se violan sus derechos humanos. Sin acceso a estas vías de recurso, los derechos humanos apenas tienen valor.


Para que sean efectivas, todas las vías de recurso deben ser accesibles, asequibles y rápidas. Las puede proporcionar un tribunal o cualquier otra institución facultada para actuar ante las denuncias. No obstante, las víctimas deben tener acceso a los tribunales en el caso de que éste sea el único medio efectivo de obtener una reparación.


EL DERECHO A INTERPONER RECURSOS Y OBTENER REPARACIONES


En virtud del derecho internacional, todas las víctimas de violaciones de derechos humanos tienen el derecho a interponer recursos efectivos y obtener reparaciones. La reparación requiere que, en la medida de lo posible, se subsanen las consecuencias de la violación. Los órganos que tramitan los recursos deben adoptar las medidas necesarias para reparar el daño concreto sufrido por las víctimas, en todas o algunas de las formas siguientes:


  • restitución, por ejemplo, devolviendo las viviendas que fueron arrebatadas durante un desalojo forzoso;

  • indemnización;

  • rehabilitación, mediante servicios que aborden el daño físico o psicológico;

  • satisfacción, mediante la imposición de reparaciones adicionales o alternativas que resulten satisfactorias para la víctima; por ejemplo, una disculpa pública y;

  • una garantía jurídicamente vinculante de no repetición.



Activistas de la Campaña de Acceso a Tratamientos se manifiestan durante la celebración de una conferencia sobre el sida en Durban, Sudáfrica, agosto de 2003.

© Campaña de Acceso a Tratamientos




LOSTRIBUNALES PUEDEN LOGRAR CAMBIOS


A medida que los gobiernos y los sistemas judiciales eliminan de forma progresiva los obstáculos a la exigibilidad jurídica de los derechos, personas de todo el mundo consiguen reclamar ante los tribunales sus derechos económicos, sociales y culturales.


En India en abril de 2001, una ONG llamada Unión Popular por las Libertades Civiles presentó una petición ante el Tribunal Supremo de India en la que argumentaba que el gobierno violaba el derecho a la alimentación al no abordar el problema de la malnutrición crónica. Pese a la existencia en muchos estados de programas subvencionados de almuerzos escolares y racionamiento de comida para familias que viven por debajo del umbral de la pobreza, con frecuencia la calidad y el alcance de estos programas eran limitados, debido a una gestión ineficiente.


En noviembre de 2001, el Tribunal determinó que la ración alimentaria mínima necesaria para las familias que viven por debajo del umbral de la pobreza era un derecho jurídicamente vinculante y debía hacerse plenamente efectivo. El Tribunal ordenó a las autoridades estatales que proporcionaran a todos los escolares durante un mínimo de 200 días al año la comida del mediodía con un contenido mínimo especificado de calorías y proteínas.


La orden incrementó la capacidad de negociación de los grupos de la sociedad civil que defendían el derecho a la alimentación. Además, el Tribunal nombró inspectores para que se encargaran de vigilar su cumplimiento. Se calcula que tras esta acción judicial, gracias al aumento de la disponibilidad de comidas escolares, en los centros educativos se matriculan al año 350.000 niñas más.


En Sudáfrica en el año 2000, el gobierno se negó a suministrar nevirapina —un medicamento antirretroviral empleado para prevenir la transmisión maternoinfantil del VIH— a todas las personas que necesitaban el tratamiento, a pesar de que cada año resultaban infectados 70.000 niños y niñas. Las autoridades decidieron que hasta que hubiesen diseñado su propio programa sólo se proveería el medicamento a determinados centros piloto. Esta decisión se tomó pese a que la Organización Mundial de la Salud y el Consejo de Control de Medicamentos de Sudáfrica daban su apoyo a este medicamento, y a que el fabricante se había ofrecido a suministrarlo gratuitamente durante cinco años.


El grupo de activistas Campaña de Acceso a Tratamientos se movilizó ampliamente en torno a la cuestión y llevó al gobierno a los tribunales. En 2002, el Tribunal Constitucional de Sudáfrica determinó que el gobierno debía permitir y facilitar el uso de la nevirapina en el sistema público de salud a fin de garantizar el derecho a la salud. Esta decisión ayudó a debilitar la oposición del gobierno al suministro generalizado de medicamentos antirretrovirales. Impulsó, además, la labor de captación de apoyos de Campaña de Acceso a Tratamientos para conseguir una distribución más amplia de los tratamientos antirretrovirales. En 2003, el gobierno sudafricano adoptó un plan operativo para luchar contra el sida en el que el tratamiento con antirretrovirales era uno de los elementos centrales.



Hay personas que esperan durante toda la noche, con temperaturas de 10 grados bajo cero, en el este de Kentucky, Estados Unidos, para ser atendidos por trabajadores de Remote Area Medical (RAM). RAM es una organización benéfica formada por voluntarios que fue fundada en el año 1985 para ofrecer atención médica gratuita en el mundo en desarrollo. Sin embargo, en la actualidad presta el 60 por ciento de sus servicios en Estados Unidos a personas que carecen de seguro médico.

© Dermot Tatlow/PANOS




DERECHOSNO RECONOCIDOS


El hecho de que sigan sin reconocerse los derechos económicos, sociales y culturales en las legislaciones nacionales continúa siendo el principal obstáculo a su exigibilidad jurídica en muchos países, lo que acarrea consecuencias reales para las personas.


En Estados Unidos, pese a la aprobación recientemente de legislación que amplía significativamente la cobertura de los seguros médicos, se prevé que más de 20 millones de personas seguirán sin seguro. El programa estadounidense Medicaid dirigido a personas con bajos ingresos conlleva complicados requisitos burocráticos, con lo que suelen producirse retrasos considerables a la hora de prestar atención prenatal a mujeres con derecho a asistencia pública. Algunas mujeres con bajos ingresos no tienen manera de acceder a una atención médica asequible, por lo que prescinden por completo de la atención prenatal. La educación en materia de salud pública es inadecuada y no hay suficiente información sobre métodos anticonceptivos y cómo acceder a ellos. Dado que Estados Unidos no reconoce el derecho a la salud en su legislación nacional, las mujeres disponen de pocas posibilidades de interponer recursos por estas desigualdades en el acceso a la asistencia médica.


Algunos gobiernos afirman que los derechos económicos, sociales y culturales no son jurídicamente exigibles y, por este motivo, no los reconocen. Sin embargo, un número cada vez mayor de países, como Alemania, Argentina, Colombia, Egipto, Indonesia, Letonia y Sudáfrica, han incorporado a su legislación nacional los derechos económicos sociales y culturales. Los tribunales de estos países pueden hacer valer estos derechos y así ha ocurrido en algunos lugares.


En Bangladesh, India y Pakistán, los tribunales han interpretado el derecho a la vida consagrado en sus Constitucionesde tal manera que incorpora varios derechos económicos y sociales. Los sistemas regionales de derechos humanos, como los establecidos por la Organización de los Estados Americanos, la Unión Africana y el Consejo de Europa, cuentan con mecanismos de denuncia que pueden ofrecer vías de recurso por violaciones de algunos de estos derechos.


Algunos gobiernos se oponen a los recursos judiciales para los derechos económicos, sociales y culturales, porque les preocupa que esto permita que los tribunales, en lugar del Parlamento, fijen las políticas económicas y de otra índole, e interfieran en los procesos presupuestarios. Sin embargo, en la práctica, los tribunales suelen limitarse a ordenar a los gobiernos que desarrollen nuevas políticas o revisen las existentes. Esto permite a los tribunales evaluar si las políticas de un gobierno están en consonancia con las obligaciones de derechos humanos contraídas en virtud del derecho internacional e interno, pero no determinar qué política adopta un gobierno.



Dos niños sacan agua de un pozo contaminado en la colonia de Sunder Nagar, en Bhopal, India, 2004. El gobierno ha pintado de rojo las bombas manuales de los pozos contaminados.

© Rachna Dhingra




Combustión de gas cerca de la comunidad de Iwhrekan, estado del Delta, Nigeria, febrero de 2008.

© Kadir van Lohuizen/NOOR




Un grupo de mujeres asiste a un curso sobre los derechos de la mujer organizado por la Liga de Mujeres Abogadas, Tayikistán, julio de 2009.

© Particular







NEGACIÓN DE RECURSOS


El reconocimiento de los derechos y la existencia de instituciones que puedan hacerlos valer, no garantizan por sí solos un recurso efectivo por las violaciones cuando éstas se producen. Si el órgano que se ocupa de la denuncia no se muestra dispuesto a hacer justicia, no se le permite imponer reparaciones efectivas o puede verse influido por el gobierno, entonces las violaciones pueden quedar impunes.


Cuando los gobiernos llevan a cabo acciones que dan lugar a violaciones de derechos humanos en otros países, como financiar proyectos que causan desalojos forzosos, los recursos a disposición de las víctimas son por lo general limitados o inexistentes. Las víctimas de abusos cometidos por poderosas empresas transnacionales descubren con frecuencia que sus gobiernos o no pueden o no están dispuestos a ofrecer una vía de recurso. Las iniciativas para pedir justicia ante los tribunales del país de origen de la empresa conllevan una gran inversión de tiempo y dinero, y casi nunca tienen éxito.


En Bhopal, India,el escape masivo de sustancias químicas tóxicas de una fábrica de pesticidas gestionada por Union Carbide India Limited (UCIL) acabó en 1984 con la vida de entre 18.000 y 20.000 personas. Medio millón de personas estuvieron expuestas a los gases tóxicos. Después de 25 años, el lugar donde se produjo el escape todavía no ha sido descontaminado. Más de 100.000 personas siguen sufriendo problemas de salud relacionados con esta catástrofe y carecen de acceso a la atención médica.


Finalmente, el gobierno indio llegó a un acuerdo extrajudicial con Union Carbide Corporation, empresa matriz de UCIL con sede en Estados Unidos. El Tribunal Supremo de India aprobó el acuerdo a pesar de que en las condiciones acordadas no se contemplaba una compensación adecuada para las víctimas. Además, los sobrevivientes que trataron de acceder al fondo de compensación tuvieron que sortear numerosos obstáculos, entre otros, la corrupción, las demoras prolongadas y la denegación de mecanismos de apelación adecuados.


Todavía sigue abierta una causa judicial para reclamar que se limpie el lugar donde se ubicaba la planta. A pesar de que el Tribunal Superior de Madhya Pradesh ordenó limpiar el emplazamiento, el gobierno no ha cumplido aún con esta orden y las discusiones legales sobre la responsabilidad civil hace ya muchos años que duran.



OBSTÁCULOS A LA JUSTICIA


Reclamar justicia lleva aparejados unos costes que a menudo no están al alcance de muchas personas, en especial, quienes viven en la pobreza. A fin de demostrar cómo les ha afectado la contaminación provocada por empresas petroleras en Nigeria, las víctimas de esta contaminación tienen que hacer frente a los honorarios de los abogados, los gastos de viaje, las costas judiciales y los posibles gastos derivados de contratar a testigos periciales y conseguir pruebas científicas.


En Brasil, los tribunales a menudo se muestran dispuestos a exigir al Estado que preste atención médica a personas a las que se les ha denegado, si bien las acciones judiciales colectivas emprendidas para abordar los fallos sistémicos del gobierno a la hora de garantizar el derecho a la salud no han tenido tanto éxito. Son principalmente las personas que pueden pagarse un abogado las que obtienen justicia.


Los gobiernos y las judicaturas nacionales de todo el mundo deben poner la justicia al alcance de todas las personas, eliminando las barreras procedimentales y de otra índole que dificultan el acceso de las víctimas, y quienes actúan en su nombre, al sistema judicial. Deben asegurarse de que las reparaciones abordan las deficiencias sistémicas del gobierno. Asimismo, deben prestar asistencia legal gratuita y dispensar de pagar las costas judiciales a personas con bajos ingresos. También deben asegurarse de que las personas conocen sus derechos.


Muchas víctimas de violaciones no pueden dedicar tiempo y dinero a hacer que los gobiernos rindan cuentas de sus actos. Algunas tan sólo luchan por sobrevivircada día. Debe reducirse la carga que soportan las víctimas encomendando a las instituciones nacionales de derechos humanos y a los órganos reguladores que vigilen de forma proactiva la actuación del gobierno, investiguen las denuncias de violaciones, impongan sanciones y, cuando sea necesario, y en la medida de lo posible, ayuden a las víctimas a acceder a los tribunales.



Vivienda de Belén Galarza, perteneciente a la comunidad Sawhoyamaxa, en la que vive con 10 miembros de su familia, junto a la autopista Pozo Colorado-Concepción, Santa Elisa, Paraguay, noviembre de 2008.

© Amnistía Internacional




Niños y niñas romaníes asisten a un centro educativo destinado a niños con “discapacidad mental leve” en Ostrava, República Checa, febrero de 2009.

© Amnistía Internacional




LA IMPORTANCIA DE LA EXIGIBILIDAD JURÍDICA


En algunas situaciones, los gobiernos socavan gravemente la exigibilidad de los derechos al no aplicar las decisiones vinculantes dictadas por tribunales nacionales y regionales.


Las comunidades indígenas Yakye Axa y Sawhoyamaxa de Paraguay viven en construcciones provisionales levantadas en una estrecha franja de terreno situada junto a una concurrida carretera con un acceso muy limitado a agua potable, alimentos y medicinas. Sus tierras ancestrales se encuentran en manos de propietarios privados. En 2005 y 2006, la Corte Interamericana de Derechos Humanos falló que las tierras debían ser devueltas a lascomunidades Yakye Axa y Sawhoyamaxa.


Miembros destacados del gobierno paraguayo, respaldados por terratenientes con gran influencia económica, se han resistido a aplicar las sentencias. En octubre de 2009, el Senado paraguayo votó en contra de devolver a la comunidad Yakye Axa sus tierras ancestrales. El gobierno intenta ahora ofrecerles terrenos alternativos en vez de devolverles las tierras con las que les une un estrecho lazo cultural.


En la República Checa, los niños y niñas romaníes son excluidos con frecuencia de la educación general, y escolarizados en escuelas prácticas y clases destinadas a alumnos con “discapacidad mental leve” en las que se ofrece un programa de estudios considerablemente reducido. En 2007, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos exigió a las autoridades que pusieran fin a la segregación racial en los centros educativos y ofrecieran reparación en la medida de lo posible.


El gobierno checo pidió a los directores de los centros educativos y a las autoridades regionales que dejasen de escolarizar de forma indebida en escuelas prácticas a niños y niñas romaníes. Sin embargo, estas directrices no se han puesto en práctica adecuadamente, y el gobierno no ha establecido adecuadas salvaguardias legales o prácticas ni medidas especiales para permitir la inclusión de niños y niñas romaníes en la educación general.


El hecho de que no se hagan cumplir estas decisiones perpetúa una cultura de impunidad con respecto a las violaciones y puede servir para disuadir a otras víctimas de intentar reclamar justicia. El activismo de la sociedad civil a escala nacional y local, así como el respaldo de la sociedad a las normas e instituciones de derechos humanos, son fundamentales para garantizar que los gobiernos rinden cuentas de sus actos. La exigibilidad jurídica de los derechos humanos debe ir unida a un creciente respaldo de la opinión pública al hecho de que los derechos humanos son para todas las personas, con independencia de quién se beneficie. Quienes aceptan que se violen los derechos de los otros ponen en peligro el disfrute futuro de sus propios derechos.



Escolares en una clase sobre derechos humanos en el contexto de una iniciativa organizada por el Sindicato de Profesores de Mongolia en Ulán Bator, Mongolia.






El edificio Prestes Maia ubicado en el centro de São Paulo, Brasil. Tras permanecer abandonado durante más de 12 años, en el año 2003 fue ocupado por 468 familias, y se convirtió en un símbolo de la difícil situación que soportan las personas sin hogar. Tras ser amenazadas durante varios años con el desalojo forzoso, las familias consiguieron que el tribunal de apelación del estado de São Paulo suspendiera la orden de desalojo mientras se ultimaban con éxito las negociaciones sobre vivienda alternativa con el gobierno municipal.

© Ricardo Lisias




JUSTICIA INTERNACIONAL


En diciembre de 2008, la Asamblea Generalde la ONU adoptó por consenso el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC). El Protocolo permitirá a las personas a las que se han negado sus derechos o que no tienen derecho a un recurso efectivo en su propio país obtener justicia a través de la ONU.


El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, órgano independiente constituido por expertos internacionales, examinará las denuncias recibidas.


El Protocolo no sólo beneficiará a las personas que presenten denuncias. Con toda probabilidad, sus decisiones influirán en los tribunales nacionales y regionales de todo el mundo. Además, ayudará a centrar la atención en los gobiernos que no hacen efectivos los derechos económicos, sociales y culturales.


El Protocolo sólo es jurídicamente vinculante en los países que son Estados Partes. Entrará en vigor cuando lo hayan ratificado 10 Estados. El Protocolo se abrió para la firma el 24 de septiembre de 2009. En julio de 2010, ya lo habían firmado 33 países, manifestando así su intención de ratificarlo. Ecuador y Mongolia fueron los primeros países en ratificarlo.


Amnistía Internacional forma parte de laCoalición Internacional de ONG por un Protocolo Facultativo del PIDESC, que promovió la adopción del Protocolo por la ONU, y actualmente continúa haciendo campaña para que se ratifique en todo el mundo.



Rasmata, joven mujer a punto de dar a luz a su primer hijo, está tendida en el pasillo del ala de maternidad del hospital Yalgado, en espera de que la atienda un médico, Uagadugú, Burkina Faso, 2009.

© Anna Kari




OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO


Los dirigentes mundiales se han comprometido a alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio de la ONU (ODM), que incluyen metas para reducir la pobreza, garantizar la salud materna, aumentar el acceso al agua y al saneamiento y mejorar la vida de las personas que viven en barrios marginales. Sin embargo, muchas personas que viven en la pobreza, como las que habitan en barrios marginales, quedan a menudo excluidas de los programas de los ODM. No pueden acceder a los mecanismos que hacen rendir cuentas a los gobiernos y dependen de la buena voluntad de estos.


Cuando no hay rendición de cuentas en los gobiernos, es posible que no se puedan cumplir los objetivos declarados por lo que respecta a los ODM. En Burkina Faso, la política del gobierno de procurar atención médica subvencionada a mujeres embarazadas se ha visto socavada por las tasas ilegales que cobran los hospitales. Las mujeres a las que se les exige el pago de tales tasas cuentan con pocas opciones a la hora de presentar una queja. Faltan mecanismos accesibles –ya sea dentro del hospital, mediante un órgano regulador médico, o en los tribunales– que les permitan hacerlo.


Si los gobiernos desean realmente garantizar los derechos humanos y reducir la pobreza, deben establecer mecanismos nacionales de rendición de cuentas, o fortalecer los ya existentes, y unirse a mecanismos internacionales y regionales, como el Protocolo Facultativo del PIDESC.


RECOMENDACIONES


Amnistía Internacional pide a todos los gobiernos que:


  • Garanticen que los derechos económicos, sociales y culturales son derechos exigibles


Todos los países deben ratificar el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, así como su Protocolo Facultativo. Los gobiernos deben garantizar asimismo que estos derechos son exigibles en virtud de la legislación nacional.


  • Garanticen recursos efectivos y accesibles por violaciones


Los gobiernos debeneliminar los obstáculos que dificultan el acceso a la justicia de las víctimas de violaciones de derechos humanos, en especial, los que excluyen a las personas que viven en la pobreza, y prestar asistencia legal gratuita. Deben garantizar que las instituciones de derechos humanos y los órganos reguladores nacionales tienen la capacidad y el mandato para investigar denuncias de violaciones y vigilar la actuación del gobierno a fin de asegurar que cumple con sus obligaciones en materia de derechos humanos.


  • Acaten plenamente las sentencias


Los gobiernos deben acatar las decisiones en materia de derechos humanos del poder judicial y de los mecanismos de derechos humanos regionales e internacionales.



Que nuestros derechos sean ley” es uno de los temas clave de la campaña Exige Dignidad de Amnistía Internacional, cuyo objetivo es poner fin a las violaciones de derechos humanos que generan y agudizan la pobreza.


Para averiguar si tu gobierno ha firmado o ratificado el Protocolo Facultativo del PIDESC, así como para conseguir información y materiales de campaña sobre los derechos económicos, sociales y culturales, visita nuestro sitio web: www.amnesty.org/demand-dignity




©iStockphoto.com/arturbo







Amnistía Internacional es un movimiento mundial, formado por 2,8 millones de simpatizantes, miembros y activistas de más de 150 países y territorios, que hacen campaña para acabar con los abusos graves contra los derechos humanos.


Nuestra visión es la de un mundo en el que todas las personas disfrutan de todos los derechos humanos proclamados en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en otras normas internacionales de derechos humanos.


Somos independientes de todo gobierno, ideología política, interés económico y credo religioso. Nuestro trabajo se financia en gran medida con las contribuciones de nuestra membresía y con donativos.


Índice: ACT 35/002/2010

Septiembre de 2010


http://demanddignity.amnesty.org/es


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