Document - AI Week 1995 appeal cases: The front line: human rights defenders at risk

ACT 31/04/95/S

1 octubre 1995


Semana de AI casos de llamamiento: En primera línea: defensores de los derechos humanos en peligro

CHINA


Bao Ge fue condenado sin cargos ni juicio a tres años de «reeducación por el trabajo» porque quería crear una organización de derechos humanos en China.


En 1994, Bao Ge comunicó sus planes de crear una organización llamada la Voz de los Derechos Humanos en una carta abierta al gobierno chino. La respuesta del gobierno fue detenerlo.


Según su hermana, Bao Ge iba a hacer públicos los nombres de más de cien personas que querían participar en la nueva organización de derechos humanos. Iban a pedir una compensación para los familiares de las personas que murieron en la matanza ocurrida en 1989 en Pekín. También tenían previsto trabajar en cuestiones como los sindicatos libres, la libertad de religión y la protección de los derechos de las mujeres y los niños en China.


Debido a la carta abierta al gobierno, Bao Ge fue detenido en Shanghai el 3 de junio de 1994. El 10 de septiembre de 1994 fue condenado a tres años de «reeducación por el trabajo» y fue trasladado al campo de trabajo de Da Feng en la provincia de Jiangsu.


El programa de «reeducación por el trabajo» se aplica desde 1957. Permite la detención sin cargos ni juicio. Los condenados no tienen acceso a un abogado que los defienda ni pueden defenderse ellos mismos.


La facultad de imponer estas condenas reside en organismos administrativos compuestos por miembros de los departamentos de Asuntos Civiles, Seguridad Pública y Trabajo de los gobiernos locales. En la práctica, es la policía quien decide las condenas. Se puede interponer un recurso contra estas resoluciones, pero esto conlleva un proceso largo y complejo que sólo en contadas ocasiones termina satisfactoriamente para el recurrente.


No es la primera vez que Bao Ge ha tenido problemas por su actividad en favor de los derechos humanos. También ha trabajado en otros asuntos, como la petición a Japón de compensaciones económicas por las atrocidades cometidas durante la Segunda Guerra Mundial.


Asimismo, Bao Ge fue miembro de la Asociación de Derechos Humanos, radicada en Shanghai, que fue un «grupo de estudios» hasta que en 1993 sus miembros pidieron la legalización. Varios integrantes de la Asociación ─entre ellos su presidente, Li Guotao, y uno de sus fundadores, Yang Zhou, también fueron detenidos en la primavera de 1994 y condenados, de la misma forma que Bao Ge, a periodos de tres años de «reeducación por el trabajo». La mayoría de ellos, incluido Bao Ge, ya habían sido detenidos arbitrariamente en numerosas ocasiones. Uno de los miembros había sido detenido seis veces, en una ocasión por firmar una «carta de paz».


Amnistía Internacional considera presos de conciencia a Bao Ge y a otros defensores de los derechos humanos recluidos en prisiones chinas que han sido detenidos únicamente debido a sus esfuerzos por mejorar la situación de los derechos humanos en China.


COLOMBIA


Los que protegen los derechos humanos en Colombia pueden ser víctimas de «desapariciones», homicidios, amenazas y hostigamiento en cualquier momento. En palabras del doctor Rafael Barrios, abogado y activista de derechos humanos:


«(...) todos sabemos que defender los derechos humanos nos pone personalmente en peligro. Pero tenemos que hacer frente al desafío».


La mayoría de los ataques contra activistas de derechos humanos son atribuidos a grupos paramilitares que obedecen órdenes de las fuerzas armadas colombianas. Los ataques físicos y las amenazas van acompañados de una campaña de desprestigio para desacreditar y socavar el trabajo en favor de los derechos humanos. Hay muchas personas valientes que arriesgan su vida trabajando para las organizaciones colombianas de defensa de los derechos humanos. El Comité Cívico de Derechos Humanos, con sede en Villavicencio (departamento de Meta) es una de estas organizaciones, no muy diferente de las demás. Se fundó en diciembre de 1991 para investigar las violaciones de derechos humanos en la región. Seis meses después comenzaron las amenazas y las intimidaciones. Al año siguiente, cuatro de sus miembros más destacados fueron abatidos a tiros y una clínica relacionada con el Comité se vio obligada a cerrar después de una serie de amenazas de muerte. Durante su segundo año de funcionamiento, la organización recibió numerosas amenazas y tres de sus integrantes «desaparecieron». En febrero de 1995, el Comité, que cuatro años antes representaba a 32 organizaciones sociales, englobaba a tan sólo siete organizaciones.


En febrero, la hermana Nohemy Palencia, monja católica y miembro destacado del comité, recibió la siguiente amenaza en el contestador automático:


«Que la hermana Nohemy se cuide porque la van a matar».


Cada vez se recibían más amenazas e intimidaciones. Se seguía a los miembros del Comité, el ejército realizó investigaciones para conocer sus nombres y se recibió información anómima que indicaba que la hermana Palencia y otros miembros iban a ser objeto de ataques. A mediados de marzo dejaron otro mensaje en el contestador automático:


«Perros, los voy a matar a todos, les voy a poner una bomba, (...)»


La hermana Palencia decidió que había llegado el momento de abandonar el país. Volvió a Colombia tan sólo seis semanas después. Sin embargo, su regreso a Villavicencio junto con otros miembros del Comité que también se vieron obligados a salir de la ciudad ha sido imposible hasta ahora. Teresa Mosquera, secretaria del Comité, Islena Rey, tesorera, y el presidente Josué Giraldo, que ha estado bajo vigilancia continua, son otros de los miembros del Comité que han recibido amenazas. Por ello, el Comité se siente más seguro desde que se ha trasladado a Bogotá, pero su trabajo se ve enormemente dificultado debido a la distancia.


El Comité Cívico ha pedido al Ministerio de Gobierno que garantice su seguridad en Villavicencio, pero ha sido en vano. No obstante, el Comité está decidido a continuar su trabajo en la medida de sus posibilidades.


CUBA


El trabajo en favor de los derechos humanos está muy restringido en Cuba, país en el que la ley sólo autoriza un partido político y los medios de comunicación están controlados por el Estado. Desde mediados de los años ochenta se han creado grupos independientes de derechos humanos, pero no se ha legalizado ninguno de ellos. Aunque las autoridades toleran algunas de sus actividades, los activistas de estas organizaciones no oficiales nunca están completamente seguros de hasta dónde pueden llegar sin que las autoridades actúen contra ellos.


Hay muestras de que el gobierno puede estar ablandando su actitud en relación con algunos grupos. Sin embargo, otros siguen siendo objeto de sus ataques.


Un ejemplo de ello es Sebastián Arcos Bergnes, vicepresidente del Comité Cubano pro Derechos Humanos (CCPDH). Esta organización, fundada en una cárcel cubana en 1976, fue el primer grupo de derechos humanos no oficial del país. Él y su hermano, Gustavo Arcos Bergnes, secretario general del CCPDH, fueron detenidos en La Habana en enero de 1992, junto con otro miembro del comité ejecutivo del grupo. Dos de ellos quedaron en libertad al día siguiente, pero Sebastián Arcos Bergnes fue procesado por la acusación de «propaganda enemiga» y condenado en octubre de 1992 a cuatro años y ocho meses de prisión. Las autoridades le acusaron de enviar al extranjero informes falsos utilizados en campañas difamatorias contra Cuba que eran promovidas por los Estados Unidos. Fue excarcelado en mayo de 1995, junto con otros cinco presos políticos. Su liberación se produjo después de una visita al país de una delegación internacional de derechos humanos.


Sebastián y Gustavo Arcos Bergnes, que habían sido funcionarios del gobierno de Castro durante los años sesenta, habían pasado varios años en la cárcel durante la década de los ochenta cuando se les descubrió tratando de abandonar el país de forma ilegal. Tras su liberación comenzaron a colaborar con el CCPDH. Desde entonces y debido a esta actividad han sufrido frecuentemente el hostigamiento de las autoridades, por ejemplo, mediante los llamados «actos de repudio», que son reuniones de simpatizantes del gobierno que, en colaboración con las fuerzas de seguridad, entonan lemas progubernamentales e insultan a disidentes.


El 10 de diciembre de 1992, día de los derechos humanos, otro destacado activista del CCPDH, Rodolfo González González, fue detenido en lo que fue el comienzo de una redada contra los más destacados activistas en cuestiones políticas y de derechos humanos independientes. Fue condenado a siete años de cárcel por «propaganda enemiga». Le acusaron, al igual que a Sebastián, de enviar informes falsos al extranjero. Quedó en libertad en febrero de 1995, antes de cumplir la totalidad de la pena, pero con la condición de que abandonara el país.


Amnistía Internacional cree que hasta que no se produzca un cambio fundamental en la actitud del gobierno, junto con una reforma de la legislación relativa a la libertad de expresión, asociación y reunión, los activistas de derechos humanos de Cuba no podrán realizar su trabajo legítimo sin miedo a ser detenidos en cualquier momento.


INDONESIA Y TIMOR ORIENTAL


Las personas que trabajan en favor de los derechos humanos en todo el territorio de Indonesia y Timor Oriental saben que esta labor no es la más segura.


Joe Antonio Neves, activista estudiantil de Timor Oriental, fue condenado a cuatro años de cárcel en febrero de 1995, en parte por tratar de enviar al extranjero información sobre la situación de los derechos humanos.


Los servicios de información militar comunicaron a un abogado de Java que, si no abandonaba un caso, podría morir. Otros abogados han visto cómo les quitaban las ruedas de los coches, les rompían los cristales de sus despachos o eran víctimas de palizas propinadas por personas vestidas de civil que se sospecha que pertenecían a los servicios de información militar.


Un abogado de Surabaya fue detenido en agosto de 1994 por declararse ilegal una reunión que mantuvo con un grupo de trabajadores que habían emprendido acciones legales contra su empresa. Los abogados que trabajan en zonas de conflictos, como Aceh y Timor Oriental, han denunciado que les acosan por teléfono, les siguen y les citan repetidamente para interrogarles.


Mindo Rajagukguk trabaja en Yakarta con la organización Nueva Vida (Hidup Baru), que asiste a los presos mediante la realización de visitas a las cárceles y ayudando a familiares a que visiten a los presos. El gobierno sigue de cerca el trabajo de Mindo.


La primera vez que las autoridades actuaron contra Mindo fue en octubre de 1993, cuando fue detenida en su domicilio por tres agentes del servicio de información militar que iban vestidos de civil. La llevaron a la jefatura militar del distrito y allí mientras almorzaban, le preguntaron sobre sus actividades.


Mindo preguntó si disponían de una orden de detención. Le contestaron que estaba «en el coche». Durante su interrogatorio sonó el teléfono. Mindo se quedó aterrada cuando oyó decir al agente que contestó el teléfono: «Aquí no hay ninguna Mindo».


Durante el interrogatorio, que duró todo el día, los agentes acusaron a Mindo, entre otras cosas, de colaborar con el ilegal Partido Comunista de Indonesia. Ella negó este extremo y los agentes le contestaron: «Pero usted piensa como un miembro del Partido Comunista». También le preguntaron sobre el contenido de las cartas que encontraron a su hermana cuando fue registrada en una reciente visita a una cárcel. A Mindo le permitieron volver a su casa después de sugerir que volvería al día siguiente con su hermana. A las siete de la mañana siguiente, las dos hermanas se presentaron, pero las autoridades no quisieron prestar más atención al asunto.


Un año después, Mindo volvió a ser citada para un interrogatorio que duró tres horas, esta vez con su jefe en Nueva Vida. En esas fechas se celebraba en Indonesia la reunión del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico y el gobierno trataba de asegurarse de que ningún grupo aprovechaba la ocasión para atraer la atención de los medios de comunicación extranjeros. Mindo y su jefe fueron interrogados como parte de la operación, en la que también se detuvo a muchos activistas políticos y de derechos humanos.


Mindo y su jefe quedaron en libertad de madrugada, pero como todos los que trabajan en favor de los derechos humanos en Indonesia siguen teniendo muy presentes los riesgos que corren.

MÉXICO



Manuel Manríquez San Agustín descubrió de primera mano la necesidad de crear una organización de derechos humanos. Por desgracia, las autoridades mexicanas están haciendo lo posible para que tenga que colaborar en la dirección de su organización de derechos humanos desde una celda durante los próximos 24 años.


Hasta junio de 1990, Manuel Manríquez trabajaba como mariachi. También era activista indígena otomí. Al igual que muchos otomíes, Manuel Manríquez no sabía español.


Como ocurre frecuentemente con los miembros de los sectores más pobres de la población mexicana, en especial con los indígenas, la policía le seleccionó al azar para implicarlo en sus «investigaciones» sobre un asesinato.


Manuel Manríquez fue detenido sin orden judicial por la policía judicial del Distrito Federal en la Ciudad de México el 2 de junio de 1990. Permaneció cuatro días detenido en régimen de incomunicación. Cuando se autorizó la visita de un médico, éste informó de que Manuel Enríquez había sido torturado. Manuel Manríquez describió cómo durante los cuatro días fue torturado brutalmente con palizas, intentos de asfixia, quemaduras y descargas eléctricas. También explicó que, a pesar de que no sabía español, le interrogaron constantemente en este idioma y, por último, le obligaron a firmar una confesión redactada en español.


La «confesión» fue la única prueba en el juicio y en la apelación posterior. A pesar del testimonio del médico de que existió tortura y de la inexistencia de otras pruebas aparte de la confesión, Manuel Manríquez fue declarado culpable de asesinato y condenado a 24 años de cárcel. La sentencia fue confirmada en apelación.


Amnistía Internacional cree firmemente que Manuel Manríquez fue elegido como sospechoso y torturado por su origen étnico. La organización cree además que su origen étnico también explica por qué pudo ser encarcelado a pesar de la inexistencia de pruebas salvo el hecho de que fue torturado hasta firmar una «confesión». Por estas razones, Amnistía Internacional le considera preso de conciencia.


Desde su detención en 1990, Manuel Manríquez, que ya ha aprendido español, ha dedicado gran parte de su tiempo a combatir las violaciones de derechos humanos dirigidas contra los pueblos indígenas de México. En septiembre de 1991 fue uno de los cofundadores del Comité Ricardo López Juárez, organización para la defensa de los campesinos.


El Comité realiza, con buenos resultados, una gran actividad para llamar la atención sobre la práctica habitual de extraer confesiones mediante torturas a los indígenas y campesinos. Y tanto es así que Amnistía Internacional teme que las autoridades mexicanas vuelvan a «castigar» a Manuel Manríquez rechazando su cuarto y último recurso contra la sentencia que le condenó a 24 años de cárcel.


MYANMAR


Khin Zaw Win quería que el mundo conociera las violaciones de derechos humanos que se cometen en Myanmar. Como consecuencia de ello fue condenado a 15 años de cárcel.


A Khin Zaw Win también se le conoce por Kelvin. El 4 de julio de 1994 fue detenido en el aeropuerto internacional de Yangon cuando embarcaba en un vuelo con destino a Singapur. Se cree que en el momento de su detención portaba documentos relativos a la oposición política de Myanmar. Se sabe que simpatizaba con la oposición política, con la que mantenía vínculos estrechos.


Tras su detención le llevaron al centro de detención de los servicios de información militar y después le trasladaron a la cárcel de Insein, en Yangon. Casi dos meses después de su detención, el periódico New Light of Myanmar ─controlado por el Estado─ dio la primera versión oficial de las acusaciones esgrimidas contra Khin Zaw Win:


«Se descubrieron en poder de Khin Zaw Win (...) documentos contra Myanmar, algunos disquetes con materiales e informaciones antigubernamentales (...) [y] (...) trató de enviar noticias falsas sobre Myanmar a (...) [el] representante de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas durante su visita en diciembre de 1992».


Aunque el gobierno negó que estuviera acusado de proporcionar información al relator especial para Myanmar de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, el relator especial hizo la siguiente observación:


«(...) la amplia cobertura de este hecho, incluso en el periódico oficial, (...) tendría un fuerte efecto psicológico en la gente para que no se ponga en contacto conmigo».


Además, la emisora de radio Radio Myanmar, controlada por el Estado, denunció que también había tratado de pasar por la aduana piedras preciosas. La autoridades birmanas han utilizado en diversas ocasiones supuestas actividades criminales como pretexto para encarcelar a activistas antigubernamentales. A Amnistía Internacional le preocupa que estas acusaciones puedan tener una motivación política.


El 6 de octubre de 1994, Khin Zaw Win fue condenado a cumplir 15 años de prisión. Se le consideró culpable de:


-Inventar o tratar de difundir noticias falsas, conociendo su falsedad (7 años)


-Pertenencia o contacto con organización ilegal (3 años)


-Posesión o control de información oficial secreta (2 años)


-Contrabando (3 años)


Amnistía Internacional considera que Khin Zaw Win es un preso de conciencia que fue detenido por realizar actividades políticas pacíficas y por atreverse a dar publicidad a la situación de derechos humanos de Myanmar.


NIGERIA


Trabajar en pro de los derechos humanos en Nigeria significa que uno debe estar preparado para que le disparen, le coloquen bombas, le encarcelen y le acosen con cierta frecuencia. Los que critican el comportamiento del gobierno militar en materia de derechos humanos han tenido que hacer frente a este tipo de tácticas antes y después de la fallida transición a un régimen civil en 1993.


Durante muchos años, el jefe Gani Fawehinmi, destacado abogado de derechos humanos y crítico con el gobierno, el doctor Beko Ransome-Kuti, presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos, y Femi Falana, presidente de la Asociación Nacional de Abogados Demócratas, han encabezado el trabajo de protección de los derechos humanos en Nigeria. Han sido detenidos y recluidos en numerosas ocasiones. Gani Fawehinmi fue detenido por primera vez en 1969.


En junio de 1993, el jefe del Estado, general Ibrahim Babangida, anuló los resultados de la elección presidencial que suponía la culminación de una larga transición a un régimen civil. Entre los cientos de presos de conciencia detenidos entonces había periodistas, activistas de derechos humanos y sindicalistas que protestaron contra esta medida. El doctor Ransome-Kuti y Femi Falana, que trabajaban para la coalición de grupos prodemocráticos Campaña por la Democracia, y Gani Fawehinmi fueron detenidos y acusados de sedición y conspiración. Después de dos meses y del clamor internacional, se retiraron los cargos y quedaron en libertad.


El gobierno siguió en manos de los militares después de que el general Sani Abacha se hizo con el poder en noviembre de 1993. La represión gubernamental aumentó drásticamente en junio de 1994 cuando Moshood Abiola, supuesto ganador de las elecciones presidenciales de 1993, se declaró a sí mismo jefe del Estado, por lo que fue detenido por traición. El doctor Ransome-Kuti fue uno de los activistas en favor de la democracia que fueron detenidos y acusados de traición en aquellos días. Se le mantuvo detenido en régimen de incomunicación durante más de tres semanas por publicar un panfleto en el que se decía que el gobierno militar era ilegal. En agosto de 1994, hombres armados dispararon e hirieron de gravedad a los guardias del despacho de Gani Fawehinmi, y un grupo de asaltantes sin identificar, que se sospecha que eran simpatizantes o agentes del gobierno, lanzaron bombas de gasolina contra el domicilio del doctor Ransome-Kuti. En enero de 1995, el doctor Ransome-Kuti y Femi Falana estuvieron detenidos durante más de una semana tras haber criticado públicamente en el extranjero la situación de los derechos humanos en Nigeria.


En mayo y junio de 1995, el doctor Ransome-Kuti y Femi Falana fueron detenidos reiteradamente sin cargos en una oleada de detenciones que trataba de impedir la conmemoración de las elecciones de 1993 por parte de los activistas en favor de la democracia y los derechos humanos. En julio, Gani Fawehinmi permaneció detenido sin cargos durante dos semanas. Acababa de regresar de un viaje clandestino al extranjero para recibir atención médica urgente después de que no se le permitió salir del país legalmente.


En un contexto de elecciones anuladas, gobierno militar y violaciones generalizadas de derechos humanos, muchas organizaciones y particulares de Nigeria siguen haciendo lo posible por trabajar en favor de los derechos humanos. Las autoridades nigerianas, como puede verse, hacen todo lo posible para que permanezcan callados.

RUANDA


El hostigamiento, las detenciones, las «desapariciones» y los homicidios de periodistas y otros defensores de los derechos humanos han ocurrido en Ruanda antes, durante y después de las matanzas y el genocidio que tuvo lugar entre abril y julio de 1994.


En Ruanda los defensores de los derechos humanos ejercen profesiones muy distintas: fiscales, jueces, abogados, periodistas, políticos, personalidades académicas y miembros de las fuerzas de seguridad.


Antes de las matanzas se detenía frecuentemente a los defensores de los derechos humanos. Durante las matanzas y el genocidio, que supusieron el asesinato de más de medio millón de ruandeses, la muerte de defensores de los derechos humanos también fue un objetivo para las fuerzas del anterior gobierno y de los grupos de milicias. Un nuevo gobierno llegó al poder en julio de 1994, pero continuó la persecución de los defensores de los derechos humanos.


Por ejemplo, en octubre de 1994, Gratien Ruhorahoza, presidente del Tribunal Superior de Kigali, ordenó la liberación de 80 detenidos acusados de genocidio por falta de pruebas. Dos días después, dos soldados sin orden de arresto detuvieron al juez en su domicilio. No se le ha vuelto a ver desde entonces: ha «desaparecido».


A principios de 1995, Pierre-Claver Rwangabo, gobernador provincial, se pronunció públicamente sobre las condiciones en las cárceles y las detenciones arbitrarias en su provincia. Como consecuencia de ello, un destacado periódico le calificó de miembro de los interahamwe, escuadrones de la muerte responsables de las matanzas ocurridas de abril a junio de 1994. En marzo de 1995 fue abatido a tiros por pistoleros sin identificar. No se ha realizado ninguna investigación sobre las circunstancias de su muerte.


El periódico Le Messager lleva años criticando las violaciones de derechos humanos cometidas en Ruanda. Antes de las matanzas de 1994 había mantenido una posición crítica respecto del historial de derechos humanos del anterior gobierno. A principios de 1995, el director del periódico, Edouard Mutsinzi, publicó un artículo en que criticaba las atrocidades cometidas por las fuerzas del actual gobierno. Poco después dijo a sus amigos que había recibido amenazas anónimas relacionadas con el artículo.


Antes de que transcurriera un mes, Edouard Mutsinzi estaba en un bar con su esposa cuando una banda de hombres armados que usaban insignias militares ordenaron a todos los presentes, excepto al director del periódico, que abandonaran el bar. Después le atacaron con cuchillos y machetes hasta que consideraron que estaba muerto. Pero Edouard Mutsinzi no estaba muerto y su mujer pudo llevarle a un hospital. Cuando tuvo fuerzas suficiente huyó del país.


Es comprensible que los defensores de los derechos humanos teman por su vida, precisamente en un momento en que su trabajo es especialmente valioso. Amnistía Internacional pide a las autoridades ruandesas que protejan a los defensores de los derechos humanos, que apoyen su trabajo y que pongan fin a su persecución y hostigamiento.


SUDÁN


El 24 de abril de 1990, 28 oficiales del ejército sudanés fueron ejecutados sumariamente por su participación en una tentativa de golpe de Estado. Desde entonces, sus familiares han estado protestando por las ejecuciones y pidiendo que los responsables sean juzgados.


Como consecuencia de ello, miembros de las familias que han llevado a cabo las protestas, encabezados por mujeres, han sido detenidos, golpeados e incluso amenazados con la violación y la muerte.


Samira Hassan Ali Karrar es un buen ejemplo de ello. Al parecer, las autoridades creen que es la líder del grupo. Ha sufrido reiteradas detenciones y amenazas.


El acoso empezó en octubre de 1991, cuando algunas familiares de los oficiales ejecutados se encontraban reunidas en un domicilio privado. Las fuerzas de seguridad disolvieron la reunión y todos los presentes ─mujeres, niños y sirvientes─ fueron arrestados y estuvieron detenidos hasta dos días.

Al año siguiente, en el aniversario de las ejecuciones sumarias, las familias de los oficiales ejecutados llevaron a cabo una manifestación de protesta en el centro de Jartum. Cortaron el tráfico y repartieron folletos, fotografías y poemas en recuerdo de los muertos. Diez mujeres fueron arrestadas y estuvieron detenidas hasta tres semanas. Las hicieron firmar una declaración; una de ellas afirmó: «La declaración decía que no insultaríamos a la revolución, no llevaríamos a cabo actividades contra el gobierno ni saldríamos de Jartum sin permiso. La ignoramos».


Las familias no se rindieron. Continuaron reuniéndose y en 1993 y 1994, las fuerzas de seguridad disolvieron reuniones y arrestaron a los asistentes. En 1994 había 30 hombres entre los detenidos. Fueron puestos en libertad seis días después de ser arrestados y afirmaron que los habían golpeado con mangueras de plástico.


El 25 de febrero de 1995, 28 mujeres vestidas de luto (trajes de algodón crudo) protagonizaron una pequeña manifestación de protesta en Jartum. Tras caminar varios centenares de metros repartiendo folletos y poemas de protesta, las fuerzas de seguridad y la policía les hicieron frente. Según un testigo presencial, unos agentes golpearon a una manifestante la cabeza contra un muro. Otras mujeres sufrieron cortes y hematomas.


Seis mujeres fueron detenidas, entre ellas Samira Hassan Ali Karrar. Las llevaron a las oficinas de seguridad y allí las insultaron y a algunas las golpearon. A Samira la amenzaron con matarla.


En un comunicado de prensa emitido en el momento de su detención, Amnistía Internacional afirmó:


Estas mujeres sudanesas están decididas a protestar hasta que se haga justicia. El desafío de los ciudadanos es insólito, pero el trato recibido por estas mujeres como opositoras al gobierno es excepcional y subraya por qué creemos que es necesario convertir a Sudán en una de las prioridades internacionales en relación con los derechos humanos.


SIRIA


En diciembre de 1991, la situación de los derechos humanos en Siria parecía haber mejorado. El súbito anuncio de que más de 2.000 presos políticos iban a ser liberados parecía sugerir que la historia de represión y de violaciones de derechos humanos llegaba a su fin.


En ese contexto, un grupo de personas decidieron que había llegado la hora de hablar públicamente sobre cuestiones políticas y sobre los derechos humanos. En asociación con el Comité pro Defensa de las Libertades Democráticas y los Derechos Humanos en Siria (CDL), elaboraron un folleto en el que protestaban sobre las violaciones de derechos humanos que se cometían en Siria y el procedimiento usado para elegir al presidente Hafez al Assad un mes antes.


El CDL, organización ilegal creada en 1989, había estado haciendo campaña en favor de la introducción de reformas políticas, incluida la abolición del estado de emergencia y la liberación de todos los presos políticos.


La última vez que se pidieron reformas similares ─durante una huelga de un día de duración llevada a cabo por asociaciones profesionales en 1980─ centenares de trabajadores profesionales fueron detenidos, se cerraron algunas organizaciones profesionales y puede que hubiera algunas ejecuciones. Sigue sin aclararse la suerte que corrieron cientos de detenidos. A lo largo de los 20 últimos años, millares de personas más ─entre ellas miembros de organizaciones comunistas, socialistas, baasistas, naseristas, islamistas o kurdas─ han sido sometidas a juicios injustos y torturadas.


Esperando un cambio de actitud, en 1991 al abogado Aktham Nuaysa y otras 16 personas participaron en la redacción y distribución del folleto, que fue publicado y distribuido el 10 de diciembre (Día Internacional de los Derechos Humanos).


Las personas que redactaron y distribuyeron el folleto afirman que éste provocó su tortura y encarcelamiento.


Los 17 implicados fueron arrestados por las fuerzas de seguridad sirias y recluidos en régimen de incomunicación. Fueron juzgados por el Tribunal Supremo de Seguridad del Estado a principios de 1992. Al parecer, Aktham Nuaysa no pudo entrar caminando a la sala del tribunal debido a las torturas sufridas.


El juicio fue manifiestamente injusto. Fueron acusados de «publicar información falsa», de «recibir dinero del extranjero» enviado por el CDL (una cantidad de unos 1.000 dólares estadounidenses) y de «ocultar información» sobre sus actividades. A los abogados defensores no se les permitió acceder a los acusados antes del juicio ni se les concedió el tiempo para preparar la defensa y hacer comparecer a testigos.


Las pruebas del ministerio fiscal consistieron en confesiones ─extraídas mediante torturas según los acusados─ y el folleto.


Tres de los acusados fueron absueltos y puestos en libertad. Catorce de ellos fueron sentenciados a penas de prisión de entre tres y diez años. Aktham Nuaysa fue condenado a nueve años de cárcel.


Aktham Nuaysa y sus compañeros son presos de conciencia y deben ser puestos en libertad de forma inmediata e incondicional.



TURQUÍA


Los observadores de la situación derechos humanos en Turquía ─que se deteriora a gran velocidad─ sufren acoso, detención, torturas, encarcelamiento, amenazas, asesinatos y «desapariciones».


La Asociación de Derechos Humanos (ADH) ha sido blanco especial de la represión. Fundada en 1986 y con sede en Ankara, tiene más de 50 secciones diseminadas por toda Turquía. Esta organización informa sobre la situación de los derechos humanos en Turquía y cuenta con el reconocimiento internacional como organización independiente y eficaz.


A principios de 1990, la ADH sufrió una serie de atentados con explosivos. En junio de 1991, el abogado Mustafa Zer murió al estallar una bomba colocada en su automóvil. Más tarde ese mismo mes, una de las sedes regionales de la ADH quedó destruida por una explosión. También en 1991, Vedat Aydin, miembro de una sección de la ADH, fue secuestrado por hombres armados que afirmaban ser policías. Tres días después fue hallado su cadáver con signos de tortura. En julio de ese mismo año, una bomba estuvo a punto de matar a un miembro de la junta directiva de la ADH y a su hijo; la bomba había sido colocada en su vehículo. En 1992, ese mismo miembro de la junta directiva fue abatido a tiros en misteriosas circunstancias.


La respuesta internacional a estos atentados con bomba y a estos homicidios fue intensa. Desde mediados de 1990, el acoso sufrido por la ADH ha sido de tipo judicial. Esto no significa que la violencia haya cesado: «Me vendaron los ojos, me abofetearon, me dieron patadas y me sometieron a vulgares insultos sexuales». De esta forma ha descrito Meral Dan Beta, secretaria de una sección de la ADH, el trato que recibió de la policía cuando fue detenida debido a su trabajo.


Mahmut Akar, secretario de la sección de Diyarbakir de la ADH, lo sabe a todo acerca del acoso judicial a su trabajo. Como muchos otros activistas de derechos humanos, chocó con la legislación que proscribe el «separatismo». En diciembre de 1994 fue detenido junto con otros tres compañeros por publicar un informe de la ADH sobre violaciones recientes de derechos humanos. Fue acusado de elaborar «propaganda separatista» y fue detenido por ello. Posteriormente le acusaron también de pertenencia al PKK, grupo violento de oposición armada. En total fueron detenidas y acusadas ocho personas. Bajo la atenta mirada de la comunidad internacional, todos los acusados fueron puestos en libertad cuando se hallaban en prisión preventiva al anunciar el tribunal que las declaraciones que los incriminaban habían sido obtenidas mediante tortura.


No obstante, los cargos no han sido retirados y se espera que el juicio continúe a lo largo de 1995. Tras ser puesto en libertad cuando estaba en prisión preventiva, Mahmut Akar envió el siguiente mensaje a Amnistía Internacional:


En las condiciones en las que vivíamos, el apoyo que nos mostraron significó mucho para nosotros y se convirtió en una importante fuerza psicológica para afrontar las dificultades en el curso de nuestra lucha.


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