Febrero - Marzo 09

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Portada La Revista 94

Ante la crisis económica

La premura mostrada por los países ricos para socorrer a los bancos contrasta enormemente con su lentitud y sus promesas incumplidas en materia de ayuda al desarrollo, lucha contra la pobreza, derechos humanos y cambio climático: las prioridades centrales para construir un mundo más justo.

Todavía es pronto para prever con exactitud las dificultades que sufrirán los países más pobres, pero es evidente que la reducción de las exportaciones y de las remesas, el descenso de la inversión extranjera y la escasez de liquidez internacional –que encarecerá la financiación del desarrollo– derivarán en menos crecimiento y riqueza para repartir, y por tanto menos educación y salud para cientos de millones de personas. Para quienes viven en los países más pobres esta situación es literalmente una cuestión de vida o muerte.

Ya a finales del pasado septiembre se supo que muy pocos gobiernos cumplirán los compromisos financieros necesarios para alcanzar las metas establecidas en los Objetivos de Desarrollo del Milenio para reducir la pobreza de aquí a 2015. La perspectiva para los derechos humanos o el cambio climático no es más optimista.

Si se produce una recesión económica prolongada y los países se aprietan el cinturón, las personas migrantes y refugiadas, y quienes que se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad, se verán sumidas en situaciones insostenibles. Podrían aumentar las tensiones sociales y el consiguiente nerviosismo de los gobiernos podría conducirlos a reprimir la disidencia y a imponer políticas de seguridad pública muy estrictas, que restringirían las libertades civiles. La crisis actual podría debilitar aún más a Estados ya frágiles y sumirlos de nuevo en la inestabilidad y la violencia.

Peores cosas podrían suceder aún si los países ricos decidieran utilizar la crisis financiera como un pretexto para disminuir las ayudas y los intercambios comerciales, como ha ocurrido en otros momentos de la historia.

Los gobiernos deben garantizar a través de una regulación sensata la adecuada protección de los derechos de las personas que pertenecen a los grupos más vulnerables. Deben dar muestras de una capacidad de liderazgo sin precedentes para construir una economía global que sea respetuosa con el medio ambiente, y en la que la mejora de la vida y de los medios de subsistencia de todas las personas prime sobre un sistema que beneficia sólo a unos pocos privilegiados.

INVESTIGACIÓN EN GAZA

Al cierre de esta edición, la población de Gaza, alrededor de 1.200.000 personas, intentaba volver a su vida habitual, después de que Israel (primero) y Hamas y otros grupos palestinos (a continuación) decretaran el alto el fuego, aunque con condiciones que hacían dudar de su vigencia. Más de 1.300 palestinos (la cifra es probablemente inferior a la real) no podrán hacerlo, entre ellos varios centenares de niños.

Un equipo de Amnistía Internacional pudo entrar en la Franja de Gaza el 17 de enero, horas antes de que Israel anunciara el alto el fuego, para comprobar in situ la devastación que se había producido. Nada más entrar encontró los primeros indicios de crímenes de guerra: el uso de bombas de fósforo blanco, lanzadas por el ejército de Israel en zonas densamente pobladas. Los resultados de su investigación serán publicados en el próximo número de esta revista.

Amnistía Internacional ha instado a todas las partes en el conflicto, y a la comunidad internacional, a que se inicie sin demora una investigación exhaustiva, independiente e imparcial sobre los abusos contra el derecho internacional y de los derechos humanos, y a que se garantice la plena rendición de cuentas.

Entre estos abusos se incluyen los ataques de las fuerzas israelíes, que han sido desproporcionados o se han llevado a cabo contra población civil o edificaciones de carácter civil de la Franja de Gaza, y los ataques de grupos armados palestinos, que han disparado cohetes de forma indiscriminada contra centros de población civil israelí en el sur de Israel.

Amnistía Internacional desplegó sus esfuerzos en todo el mundo para exigir la protección a la población civil y el acceso de la ayuda humanitaria, y pidió reiteradamente al consejo de seguridad de la ONU que declarara un embargo de armas inmediato para todas las partes en conflicto.



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