تقرير منظمة العفو الدولية لعام  2013
حالة حقوق الإنسان في العالم

5 ديسمبر 2008

Terminadas las protestas en Tailandia, es hora de rendir cuentas

Terminadas las protestas en Tailandia, es hora de rendir cuentas
El miércoles 3 de diciembre, el grupo antigubernamental Alianza Popular por la Democracia pidió el cese de la ocupación de dos aeropuertos internacionales y de edificios del gobierno situados en Bangkok.

Las protestas llegaron a su fin con una reivindicación de triunfo por parte de la Alianza Popular, después de que el Tribunal Constitucional disolviera el Partido del Poder Popular, en el gobierno, e inhabilitara al primer ministro Somchai Wongsawat para el ejercicio de la política durante cinco años.

El gobierno tailandés, sus partidarios y los grupos antigubernamentales deben comprometerse a poner fin a los abusos contra los derechos humanos, tal como afirman en un comunicado conjunto Amnistía Internacional y Human Rights Watch.

Ambas organizaciones pidieron también al gobierno de Tailandia que crease una comisión independiente encargada de llevar a cabo sin demora una investigación efectiva e imparcial sobre la violencia de motivación política ejercida en los últimos meses por todas las partes implicadas, y de hacer rendir cuentas a los responsables.

Varias personas han muerto y decenas han resultado heridas desde que se intensificaron las protestas de la Alianza Popular en agosto. El peligro de que regrese la violencia no ha desaparecido: la Alianza Popular ha afirmado que podrían reanudarse las protestas si otra persona considerada subordinada al ex primer ministro Thaksin Shinawatra, como era el caso de Somchai Wongsawat, crea un nuevo partido, forma gobierno y se convierte en primer ministro.

“Los miembros de la Alianza Popular por la Democracia, los grupos progubernamentales y los cargos del gobierno responsables de la violencia y otros abusos contra los derechos humanos deben rendir cuentas ante la justicia”, declaró Sam Zarifi, director del Programa Regional para Asia y Oceanía de Amnistía Internacional.

“El legado de la época de Thaksin y del régimen militar ha sido un grave debilitamiento del Estado de derecho y de la rendición de cuentas. Debido a la volatilidad de la situación actual es necesario un compromiso de todas las partes para reforzar el respeto por los derechos humanos y acabar con la impunidad.”

Durante los meses recientes de turbulencias políticas, la policía ha hecho en ocasiones un uso excesivo de la fuerza para dispersar a los manifestantes de la Alianza Popular por la Democracia. El incidente más violento tuvo lugar el 7 de octubre, cuando la policía disparó gas lacrimógeno y balas de goma para dispersar a unos 2.000 manifestantes congregados ante la sede de Parlamento.

Imágenes de los servicios de noticias y declaraciones de testigos ponen de manifiesto que la policía disparó el gas lacrimógeno en línea recta, a corta distancia y directamente contra los manifestantes. Dos simpatizantes de la Alianza Popular murieron y 443 resultaron heridos, incluidos cuatro casos en los que fue preciso realizar amputaciones. Seguidores de la Alianza Popular, que dispararon pistolas, tirachinas y lanzaron ladrillos y tuberías de metal, hirieron a una veintena de policías. Algunos agentes fueron arrollados por camionetas o apuñalados con astas de banderas.

“Aunque la policía tiene derecho a emplear la fuerza para defenderse y para proteger a terceros de los ataques, el elevado número de víctimas exige una investigación sobre si el uso de la fuerza policial ha sido excesivo”, afirmó Brad Adams, director para Asia de Human Rights Watch. “Cuando se infligen heridas graves durante unas protestas, este tipo de investigaciones debe ser obligatorio.”

En contra de las afirmaciones de que la Alianza Popular por la Democracia es un grupo no violento y no armado, sus líderes han provisto de armas a muchos de sus miembros y no han hecho esfuerzos visibles por desarmar a sus seguidores. Numerosos manifestantes y guardias de seguridad de la Alianza Popular detenidos en controles policiales de Bangkok llevaban pistolas, explosivos, navajas y machetes.

El 25 de noviembre, la policía tailandesa informó de que había arrestado a un guardia armado de la Alianza Popular que estaba en posesión de una metralleta, un revólver, una navaja, granadas de fabricación casera y gran cantidad de munición. Tres días después, 17 manifestantes de la Alianza Popular fueron detenidos en un control policial cuando intentaban usar una camioneta con el logotipo de la Cruz Roja para transportar armas a los lugares de protesta del aeropuerto internacional de Suvarnabumi.

Material fílmico de los noticiarios y declaraciones de testigos muestran que guardias armados de la Alianza Popular por la Democracia agredieron y detuvieron a numerosas personas en los lugares de concentración, acusándolas de apoyar al gobierno.

Desde el 23 de noviembre, la Alianza Popular por la Democracia ha llevado a cabo lo que ha dado en llamar “la guerra final” para derrocar al gobierno elegido del primer ministro Somchai Wongsawat por sus estrechos vínculos con Thaksin Shinawatra. La Alianza Popular, que cuenta con un fuerte respaldo económico, político y logístico de partidos antigubernamentales, personas de negocio y sectores del ejército y la policía, propone la promulgación de una nueva Constitución que otorgue más poderes a las fuerzas armadas y a cargos no elegidos.

El 24 de noviembre, miles de manifestantes de la Alianza Popular por la Democracia rodearon la sede del Parlamento. Cortaron el suministro eléctrico, con lo que forzaron la cancelación de la sesión conjunta de la Cámara de Representantes y el Senado.

Otro grupo de manifestantes rodeó posteriormente la jefatura cercana de la Policía Metropolitana de Bangkok. La policía decidió no emplear la fuerza para dispersar a los simpatizantes de la Alianza Popular porque temía que, si lo hacía, el ejército vería una excusa para dar un golpe de Estado.

El 24 de noviembre, tras declarar su triunfo al forzar la cancelación de la sesión parlamentaria, los líderes de la Alianza Popular ordenaron a sus seguidores que sitiaran la sede temporal del gobierno establecida en el aeropuerto internacional de Don Muang. El 25 de noviembre, desbarataron los intentos del gobierno de celebrar una reunión del consejo de ministros en la sede de las fuerzas armadas de Tailandia. Después, simpatizantes de la Alianza Popular ocuparon los aeropuertos internacionales de Suvarnabumi y Don Muang de Bangkok, el 25 y 27 de noviembre respectivamente.

El 28 de noviembre, Sonthi Limthongkul, dirigente de la Alianza Popular, que no pasaba las noches en los puntos de las concentraciones, emitió un mensaje por televisión y por Internet en el que decía a los seguidores y guardias armados de la Alianza Popular que debían estar dispuestos a dar su vida por la defensa de los lugares que habían ocupado. “Protegeremos nuestros bastiones”, afirmó. “Si tenemos que morir, que así sea […] No se preocupen, hermanos y hermanas […] Derramen su sangre si es necesario [...] Nuestra protesta es justa y constitucional […] No abriremos la puerta a la policía. Si cargan contra nosotros y nos disparan, les devolveremos los disparos.”

“La Alianza Popular por la Democracia lleva meses intentando provocar una respuesta violenta de la policía a las protestas con la esperanza explícita de desencadenar un golpe de Estado militar que derroque al gobierno actual”, manifestó Sam Zarifi. “La Alianza Popular debe entender que cuando usa la fuerza, incluidas las armas de fuego, y pone en peligro las vidas no sólo de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley sino también de ciudadanos y ciudadanas de a pie, no puede reivindicar su condición de movimiento pacífico.”

Amnistía Internacional y Human Rights Watch instan al gobierno de Tailandia a garantizar que las fuerzas de seguridad cumplen los principios internacionales sobre los métodos para dispersar multitudes y el uso de la fuerza, por ejemplo, el emplearla sólo como último recurso y limitándola al mínimo necesario.
 
Las organizaciones también piden a la Alianza Popular por la Democracia que se abstenga de cometer abusos contra los derechos humanos, como el derecho a la vida y la libertad de circulación, y que no obstaculice las acciones del gobierno encaminadas a protegerlos.

للمزيد من المعلومات

Tailandia: El estado de emergencia no debe violar los derechos humanos (comunicado de prensa, 2 de septiembre)

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