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Al menos 14 personas fueron detenidas hace poco más de un año en Libia por preparar una manifestación pacífica con motivo del aniversario de la muerte, en Bengasi, de 12 manifestantes a manos de las fuerzas de seguridad. Doce de ellas están siendo sometidas a un juicio injusto ante el recién creado Tribunal de Seguridad del Estado. Otras dos, Jum’a Boufayed y Abdelrahman al-Qateewy, se encuentran en paradero desconocido desde su detención.  

El 1 de febrero de 2007, los activistas políticos Idriss Boufayed, Al-Mahdi Saleh Hmeed, Ahmed Youssef al-Obaidi y Bashir Qasem al-Hares habían anunciado la manifestación en sitios web de noticias extranjeros. Dos semanas más tarde, el 16 de febrero, fueron detenidos, junto con Alaa al-Drissi y los escritores Jamal al-Hajji y Farid Mohammed al-Zwai.

Idriss Boufayed, secretario general de la organización libia Unión Nacional de Reforma, criticaba abiertamente a Muamar al Gadafi y había denunciado la situación política en Libia y el historial del país en materia de derechos humanos. Fue detenido el 16 de febrero de 2007 en casa de su familia, en Gheryan.

Horas después, su hermano, Jum’a Boufayed, concedió una entrevista telefónica a los medios de comunicación en la que contó que un grupo de hombres armados habían ido a casa de su familia, habían echado la puerta abajo al ver que nadie les abría y se habían llevado a Idriss Boufayed.

En la entrevista, Jum’a Boufayed dijo además que temía que no tardaran en detenerlo a él también por revelar esta información por teléfono. De hecho, lo detuvieron ese mismo día. Dos días más tarde lo llevaron a casa de su familia para que recogiera su teléfono móvil y un ordenador, y esa fue la última vez que se lo vio.

Todas las personas procesadas están acusadas de delitos definidos de manera poco precisa, como “intento de derrocar el sistema político”, “posesión de armas y explosivos destinados a actividades subversivas” y “comunicación con potencias enemigas”. Están siendo juzgadas ante el Tribunal de Seguridad del Estado, y si son declaradas culpables podrían ser condenadas a muerte.

La información disponible indica que desde su detención han estado recluidas en régimen de incomunicación durante largos periodos y que al menos dos de ellas han sufrido tortura. Según los informes, al menos durante una sesión de interrogatorio les dieron puñetazos y golpes con palos, las sometieron a falaqa (golpes en las plantas de los pies) y las introdujeron en ataúdes para intimidarlas.

Debido a la tortura, necesitaron atención médica, y, de acuerdo con los informes, no tienen acceso suficiente a ella. A las que se encuentran recluidas actualmente en la prisión de Ain Zara no se les permite recibir visitas de sus familias desde su detención, mientras que las que están en la prisión de Al Yadida han recibido algunas.

Amnistía Internacional ha pedido que todas estas personas sean puestas en libertad de inmediato y sin condiciones si se encuentran recluidas únicamente por el ejercicio pacífico de su derecho a la libertad de expresión. Asimismo, la organización ha expresado su preocupación por los informes de tortura y ha instando a las autoridades a que manden abrir una investigación completa, imparcial e independiente sobre ellos.

Amnistía Internacional ha pedido también a las autoridades que garanticen que las personas detenidas tienen acceso a servicios médicos y a abogados de su elección y que pueden recibir visitas de sus familias. En el caso de Jum’a Boufayed y Abdelrahman al-Qateewy, la organización ha instado a las autoridades a que revelen de inmediato su paradero y garanticen que están recibiendo un trato humano.