Timor Oriental - Informe 2008 Amnistia Internacional

حقوق الإنسان في República Democrática de Timor Oriental

منظمة العفو الدولية  تقرير 2013


The 2013 Annual Report on
تيمور - ليشتيالصادر حديثاً

Jefe del Estado : José Manuel Ramos-Horta (sustituyó a Kay Rala Xanana Gusmão)
Jefe del gobierno : Kay Rala Xanana Gusmão (sustituyó a Estanislau da Silva en agosto, que a su vez sustituyó a José Manuel Ramos-Horta en mayo)
Pena de muerte : abolicionista para todos los delitos
PoblaciÓn : 1,1 millones
Esperanza de vida : 59,7 años
Mortalidad infantil (<5 años) (h/m) : 118/110 por cada 1.000
PoblaciÓn adulta alfabetizada : 50,1 por ciento

Aunque las elecciones presidenciales y parlamentarias fueron relativamente justas y pacíficas, a lo largo del año se produjeron protestas e incidentes violentos. El poder judicial y la policía seguían siendo instituciones débiles. El número de personas desplazadas internamente continuó siendo elevado. Avanzaron las investigaciones y los procesamientos de responsables de las violaciones de derechos humanos cometidas en 2006, aunque continuó reinando la impunidad por las violaciones cometidas bajo la ocupación indonesia.

Información general

En abril se celebraron las primeras elecciones presidenciales en Timor desde la independencia. Los observadores las calificaron de relativamente libres y justas. Las elecciones parlamentarias que se celebraron en junio concluyeron con una mayoría poco clara. El recién elegido presidente, José Ramos-Horta, anunció en agosto que el ex presidente Xanana Gusmão sería designado primer ministro.

En febrero se amplió hasta comienzos de 2008 la Misión Integrada de la ONU en Timor-Leste (UNMIT), que tenía el mandato de promover la estabilidad y apoyar las elecciones nacionales.

A lo largo de 2007 continuó la violencia a baja escala, tras los violentos disturbios de abril y mayo de 2006 en los que se calculaba que 38 personas habían muerto y otras 150.000 habían quedado desplazadas internamente. En agosto, después del nombramiento del nuevo gobierno, se produjeron actos violentos por todo el país que causaron muertes y destrucción de propiedades.

Policía y fuerzas de seguridad

Continuó el programa para rehacer la fuerza policial nacional, que incluía la inspección rigurosa de todo el personal existente. Hasta agosto habían recibido certificación provisional 1.200 agentes de policía, de un total de 3.000.

Continuaron recibiéndose informes de violaciones de derechos humanos cometidas por militares y agentes de policía, como trato cruel, inhumano y degradante, detenciones arbitrarias, uso excesivo de la fuerza y disparos mortales.

También se recibieron informes sobre denuncias de uso excesivo de la fuerza y trato cruel y degradante por parte de agentes de policía de la UNMIT y de fuerzas de seguridad internacionales.

Personas desplazadas internamente

Seguía habiendo alrededor de 100.000 personas desplazadas internamente por todo el país a consecuencia de los acontecimientos de 2006 y 2007. Necesitaban con urgencia alimentos y alojamiento adecuados, además de agua y servicios sanitarios.

Sistema de justicia: los disturbios de 2006

Hubo algunos avances en las investigaciones sobre los actos delictivos perpetrados por militares y agentes de policía durante los hechos de 2006, y comenzaron los procesamientos. En agosto, el Tribunal de Apelaciones declaró inconstitucional la Ley sobre la Verdad y la Adopción de Medidas de Clemencia que el Parlamento había aprobado en junio. De ser promulgada, preocupaba que pudiera haber debilitado las investigaciones y los procesamientos relativos a los hechos de 2006.

El ex primer ministro Mari Alkatiri fue absuelto de su presunta participación en actividades ilegales relacionadas con la entrega de armas a milicias civiles durante los hechos de 2006.

Impunidad

La UNMITvolvió a establecer un equipo de investigación de delitos graves para completar las investigaciones de casos pendientes correspondientes a los hechos ocurridos en relación con el referéndum sobre la independencia celebrado en 1999, cuando se cometieron graves violaciones de derechos humanos. Sin embargo, no se volvió a crear la fiscalía. Los gobiernos de Timor e Indonesia se opusieron a las nuevas iniciativas de procesar a todos los responsables de los delitos de 1999.

La Comisión de la Verdad y la Amistad, creada conjuntamente por Indonesia y Timor Oriental para documentar los delitos cometidos en Timor Oriental en 1999 y promover la reconciliación, comenzó sus investigaciones mediante vistas públicas y a puerta cerrada. En julio, el secretario general de la ONU ordenó a representantes de la ONU que no prestaran declaración, ya que la Comisión de la Verdad y la Amistad podría recomendar una amnistía para delitos graves. Observadores nacionales e internacionales expresaron preocupación ante el trato que la Comisión de la Verdad y la Amistad dispensaba a las víctimas durante las vistas y por la posible parcialidad existente al dar mayor peso a las declaraciones de militares, miembros de milicias y burócratas que a los testimonios de las víctimas.