India - Informe 2008 Amnistia Internacional

حقوق الإنسان في República de la India

منظمة العفو الدولية  تقرير 2013


The 2013 Annual Report on
الهندالصادر حديثاً

Jefa del Estado : Pratibha Patil (sustituyó a A.P.J. Abdulkalam en julio)
Jefe del gobierno : Manmohan Singh
Pena de muerte : retencionista
Población : 1.135,6 millones
Esperanza de vida : 63,7 años
Mortalidad infantil (<5 años) (h/m) : 84/88 por cada 1.000
Población adulta alfabetizada : 61 por ciento

Los atentados con bombas y los conflictos armados en diversas partes del país causaron la muerte de centenares de personas. Las conversaciones entre India y Pakistán y las iniciativas destinadas a resolver los conflictos existentes en Cachemira y Nagalan apenas progresaron.

El rápido ritmo de crecimiento de algunos sectores económicos alimentó las altas expectativas en las zonas urbanas; sin embargo, las medidas destinadas a la adquisición de tierras y de otros recursos para planes empresariales y urbanísticos provocaron protestas en varios estados, lo que coincidió con un recrudecimiento de las actividades de grupos armados maoístas en algunos estados, suscitando preocupación por la seguridad y los derechos humanos. Comunidades locales marginadas, como los adivasis (comunidades indígenas), los dalits y pequeños agricultores, protestaron al ver sus medios de vida amenazados y ante la negación de su derecho a participar en la toma de decisiones sobre los planes urbanísticos y los procesos de reasentamiento y rehabilitación.

Se recibieron informes de numerosos tipos de abusos contra los derechos humanos, como homicidios ilegítimos, desalojos forzosos, uso excesivo de la fuerza por parte de la policía, violencia contra las mujeres y hostigamiento de defensores y defensoras de los derechos humanos. Los mecanismos institucionales no protegieron los derechos civiles y políticos ni garantizaron justicia para las víctimas; tampoco protegieron los derechos económicos, sociales y culturales, especialmente los de las comunidades que ya sufrían marginación.

Información general

Cientos de personas murieron a causa de atentados con bombas, incluidos 66 pasajeros de un tren que se dirigía a Pakistán en febrero, 42 personas en Hyderabad en agosto y 10 en Uttar Pradesh en noviembre. La preocupación sobre los reiterados ataques dominó las conversaciones en curso entre India y Pakistán, en las que no se produjeron avances importantes. Las iniciativas para lograr la paz en Cachemira y Nagalan apenas progresaron. En enero y noviembre se produjeron nuevos atentados con bomba en Assam, además de agresiones contra migrantes procedentes de estados septentrionales.

Al menos 400 personas murieron en enfrentamientos entre la policía y los maoístas en los estados del centro y el este del país. Comunidades locales de estos estados se opusieron a los intentos de adquisición de tierras para proyectos empresariales y zonas económicas especiales. En varios estados, como Bengala Occidental, Orissa, Jharkhand, Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Andhra Pradesh, Maharashtra, Karnataka, Tamil Nadu, Pondicherry y Meghalaya, se produjeron protestas de comunidades locales que vieron sus medios de vida amenazados por proyectos empresariales, industriales, mineros y de irrigación que avanzaban a un ritmo acelerado. Cada vez se hizo más frecuente la utilización de métodos ilegales para hacer frente a estas protestas, y la impunidad por los abusos continuó siendo generalizada.

En algunos estados, como Maharashtra, continuaron registrándose elevados índices de suicidio de agricultores sumamente endeudados, a pesar de la existencia de algunas medidas de ayuda. El acceso insuficiente a la atención a la salud contribuyó a la epidemia de cólera que se produjo en comunidades adivasis del sur de Orissa.

Debido a la oposición política interna, el acuerdo alcanzado con Estados Unidos en 2006 que proporcionaba a India acceso a material y equipo nuclear estratégico para fines civiles aún no se había llevado a la práctica. En noviembre se suspendieron las exportaciones de armas a Myanmar, tras la represión que sufrió en ese país el movimiento defensor de la democracia.

En febrero, India firmó la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas y fue reelegida como miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Sin embargo, aún no había ratificado la Convención contra la Tortura ni la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares. Continuaron sin atenderse las peticiones para visitar el país presentadas por los relatores especiales de la ONU sobre la cuestión de la tortura y sobre ejecuciones extrajudiciales. Tampoco se invitó a los Grupos de Trabajo sobre la Detención Arbitraria y sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias.

Derechos económicos, sociales y culturales

Alrededor de 300 millones de personas —en torno a la cuarta parte de la población— seguían viviendo en la pobreza. Aumentaron los motivos de preocupación con respecto a la protección de los derechos de comunidades que ya estaban marginadas. Se hizo caso omiso de las disposiciones constitucionales existentes al asignar a industrias extractivas y de otro tipo zonas ricas en recursos demarcadas como lugar de residencia exclusivo de los adivasis. En general, a las comunidades afectadas se las excluyó de la toma de decisiones, salvo en lo relativo al reasentamiento y la rehabilitación tras el desplazamiento. Las autoridades continuaron mostrándose reticentes a revelar información crucial, a pesar de la legislación existente relativa al derecho a la información.

En Nandigram, en Bengala Occidental, milicias privadas leales al Partido Comunista Marxista de la India en el poder y simpatizantes armados de organizaciones locales se enfrentaron por el control del territorio. Las autoridades no lograron persuadir a los agricultores para que levantaran el bloqueo que habían iniciado como protesta contra la decisión de reubicar un proyecto industrial en aquella zona. A continuación se produjeron diversas violaciones de derechos humanos, como homicidios ilegítimos, desalojos forzosos, uso excesivo de la fuerza por parte de la policía, violencia contra las mujeres, negación del acceso y de la información a los medios de comunicación y a las organizaciones de derechos humanos, hostigamiento de defensores y defensoras de los derechos humanos y negación de justicia a las víctimas de violaciones de derechos humanos.

  • En enero y marzo, milicias privadas aliadas con el Partido Comunista Marxista de la India mataron en Nandigram a no menos de 25 personas, la mayoría habitantes de la zona; además, más de 100 personas resultaron heridas y al menos 20 mujeres fueron objeto de agresiones sexuales. Anteriormente, 1.500 personas, la mayoría de ellas simpatizantes del Partido Comunista Marxista de la India, habían sido desplazadas de sus hogares cuando partidarios de organizaciones locales levantaron bloqueos durante las protestas contra el desplazamiento forzoso.
  • En Orissa, no menos de 50 personas resultaron heridas durante las protestas que organizaciones de agricultores mantuvieron a lo largo de todo el año contra el desplazamiento forzoso causado por un proyecto de creación de una planta siderúrgica. Continuó sin realizarse una investigación oficial sobre la muerte de 12 manifestantes adivasis a manos de la policía en Kalinganagar en 2006. Tras una larga campaña llevada a cabo por adivasis de la zona, en noviembre el Tribunal Supremo falló en contra de la decisión del gobierno del estado que permitía a una empresa multinacional realizar prospecciones mineras en zonas forestales protegidas de Niyamagiri.
  • En julio, la policía hizo un uso excesivo de la fuerza contra manifestantes en Badwani, en Madhya Pradesh; al menos 10 personas resultaron heridas y 92 fueron detenidas. El motivo de las protestas eran los desplazamientos forzosos causados por el proyecto del embalse de Narmada.

Violencia contra adivasis y comunidades marginadas

En la zona de Dantewada, del estado de Chattisgarh, se produjo un aumento de la violencia entre maoístas armados y fuerzas estatales apoyadas por Salwa Judum, milicia civil que, según la opinión generalizada, estaba respaldada por el gobierno del estado. La población civil, especialmente los adivasis, se convirtió en objetivo de ambos bandos. Se recibieron informes de homicidios ilegítimos, secuestros, torturas y mutilaciones cometidos por ambas partes, así como informes de casos de agresiones sexuales por parte de agentes estatales y de homicidios tras juicios sumarios llevados a cabo por maoístas. La gran mayoría de estos abusos no fueron objeto de una investigación exhaustiva.

En torno a 50.000 adivasis procedentes de la zona de Dantewada continuaron viviendo como desplazados internos; la mayor parte de estas personas vivían en campos especiales. No se llevaron a cabo iniciativas serias para garantizar su regreso voluntario, a la vez que se recibían informes de que parte de sus tierras podría ofrecerse para proyectos empresariales y urbanísticos. Según los informes recibidos, al menos otros 10.000 adivasis habían huido a Andhra Pradesh.

  • El 15 de marzo, no menos de 55 personas, la mayoría pertenecientes a Salwa Judum, fueron víctimas de homicidio en un ataque perpetrado por presuntos maoístas cerca de Bijapur.
  • El 31 de marzo, la policía del estado y Salwa Judum mataron a 12 adivasis en Santoshpur.
  • El 14 de mayo, el doctor Binayak Sen, conocido activista de la Unión Popular por las Libertades Civiles, fue detenido y acusado en aplicación de la Ley Especial de Seguridad Pública de Chhattisgarh de 2005 y de las disposiciones modificadas de la Ley de Prevención de Actividades Ilegales de 1967. Su detención dio lugar a protestas generalizadas por parte de organizaciones de derechos humanos y de la comunidad médica.
  • El 10 de julio, 24 miembros de diversas fuerzas de seguridad y 20 presuntos maoístas murieron durante ataques y contraataques en Konta.

Se recibieron informes de abusos similares contra los derechos humanos en otros estados, como Karnataka, Jharkhand y Andhra Pradesh.

  • El 10 de julio, la policía de Karnataka mató a cinco activistas adivasis en Adyaka, en el distrito de Chikmagalur.
  • El 20 de agosto, 11 mujeres adivasis sufrieron agresiones sexuales por parte de la policía de Andhra Pradesh en Vakpalli, en el distrito de Visakhapatnam.
  • El 26 de octubre, maoístas armados hicieron explotar una mina terrestre en Vidyanagar, en el distrito de Nellore; al parecer, su objetivo era el ex ministro principal de Andhra Pradesh, N. Janardhana Reddy, y su esposa, N. Rajyalakshmi, que ostentaba el cargo de ministra. Murieron tres personas que viajaban en la comitiva.
  • El 27 de octubre, maoístas armados dispararon durante la celebración de un festival cultural en Chikhadia y mataron a 18 personas.

Los activistas que hacían campaña por los derechos a la tierra o por cuestiones medioambientales relacionadas con comunidades marginadas fueron objeto de abusos.

  • En julio, Saroj Mohanty, escritor y activista que protestaba contra la amenaza de desplazamiento que pendía sobre los adivasis a causa del proyecto industrial de Utkal Alumina en Kashipur, en Orissa, fue detenido y acusado de dacoity (robo en grupo), violación de la propiedad y tentativa de asesinato.
  • Roma, un activista que trabajaba con dalits y adivasis en Mirzapur, Uttar Pradesh, fue detenido en agosto en aplicación de la Ley de Seguridad Nacional.

En la mayor parte de los casos se hizo caso omiso de la nueva legislación que garantizaba el derecho de los adivasis a acceder a tierras en los bosques, y las comunidades sufrieron violencia policial.

  • En abril, en el distrito de Rewa, en Madhya Pradesh, la policía hizo un uso excesivo de la fuerza contra adivasis que protestaban ante la amenaza de desalojos forzosos por parte del departamento forestal del estado. Siete adivasis resultaron heridos.
  • En julio, siete manifestantes murieron cuando la policía disparó contra manifestaciones en favor de los derechos a la tierra que se celebraban en el distrito de Khammam, en Andhra Pradesh.

Seguridad y derechos humanos

Continuaron las peticiones para que se promulgase nueva legislación antiterrorista interna. A pesar de las protestas generalizadas, la Ley de Facultades Especiales de las Fuerzas Armadas, de 1958, no fue derogada. Uttar Pradesh pasó a engrosar la lista de estados cuya legislación para el control de las actividades delictivas organizadas permitía la detención arbitraria.

Impunidad

La impunidad continuó siendo generalizada.

Jammu y Cachemira

Agentes estatales y no estatales continuaron gozando de impunidad por torturas, muertes bajo custodia, secuestros y homicidios ilegítimos. Una organización de derechos humanos informó de que, sólo en el distrito de Baramulla, 1.051 personas habían sido víctimas de desaparición forzada durante los últimos 18 años. Organizaciones de derechos humanos cuestionaron las declaraciones oficiales, según las cuales no se habían producido desapariciones hasta el 10 de noviembre de 2007, y afirmaron que desde 2006 habían desaparecido 60 personas, nueve de ellas en 2007. Fueron localizadas cinco personas que al parecer habían sido detenidas ilegalmente. En algunos casos se iniciaron acciones penales por violaciones de derechos humanos cometidas en años anteriores.

  • En mayo, el Tribunal Superior de Jammu y Cachemira ordenó a la policía del estado que presentase cargos de asesinato contra 11 agentes de la Policía de la Frontera Indo-Tibetana en relación con la desaparición de Ashraf Ahmad Koka, residente en Gond, en octubre de 2001.

Gujarat

Cinco años después de los actos violentos en los que miles de musulmanes fueron atacados y más de 2.000 resultaron muertos, se siguió negando justicia a la mayoría de las víctimas y a los supervivientes. Responsables de los actos violentos señalaron en los medios de comunicación que miembros del Partido del Pueblo Indio (Bharatiya Janata Party) en el poder habían participado en la violencia, pero no se llevó a cabo una investigación efectiva.

Apenas se tomaron medidas en relación con el informe oficial que indicaba que más de 5.000 familias desplazadas continuaban viviendo en condiciones «infrahumanas» en Gujarat. Seguían pendientes en el Tribunal Supremo varias importantes causas relativas a homicidios y agresiones sexuales sufridas por mujeres musulmanas.

En mayo, las autoridades de Gujarat admitieron que altos cargos policiales habían participado en el homicidio ilegítimo de Sohrabuddin Shaikh y de su esposa, Kausar Bi, en noviembre de 2005. Posteriormente, familiares de al menos otras tres personas muertas a manos de la policía en años anteriores pidieron que se iniciasen nuevas investigaciones.

Punyab

En Punyab continuaron eludiendo la justicia la mayoría de los agentes de policía responsables de graves violaciones de derechos humanos cometidas durante el periodo de malestar social que tuvo lugar entre 1984 y 1994. Nueve años después del inicio de la investigación, aún no se habían hecho públicas las conclusiones de la Oficina Central de Investigaciones sobre las denuncias de los homicidios ilegítimos de 2.097 personas cuyos cadáveres fueron incinerados por la policía. La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) concedió una indemnización a los familiares de 1.298 víctimas de estos homicidios en un distrito, Amritsar. Sin embargo, la CNDH recibió críticas debido a la lentitud de las investigaciones; en octubre, la comisión creada en 2006 por la CNDH para examinar las peticiones de indemnización fue criticada por organizaciones de derechos humanos debido a diversos errores.

En mayo, el gobierno ordenó que se investigasen tres homicidios ilegítimos cometidos por la policía en Punyab en 1993 y 1994, tras recibir informes de que tres personas, que figuraban entre las que habían muerto, habían reaparecido en sus localidades natales.

Karnataka/Tamil Nadu

Once años después de denunciarse homicidios ilegítimos, torturas, agresión sexual y detención ilegal de adivasis por una fuerza conjunta de Tamil Nadu y Karnataka creada para atrapar a los contrabandistas de sándalo, la CNDH todavía no había presentado cargos contra ninguno de los 38 agentes presuntamente responsables de los abusos. En enero, la CNDH ordenó que 89 de las 140 víctimas y sus familiares que habían presentado denuncias recibiesen una indemnización provisional.

Assam

La comisión que investigaba los homicidios ilegítimos de 35 personas relacionadas con el Frente Unido de Liberación de Assam, cometidos entre 1998 y 2001, publicó sus conclusiones en noviembre. Según la comisión, los responsables de los homicidios fueron miembros de la organización que se habían entregado a instancias de un ex ministro principal y de la policía del estado. Continuaba sin estar claro si alguna persona sería procesada.

Pena de muerte

Al menos 100 personas fueron condenadas a muerte, pero no hubo ejecuciones. En diciembre, India votó en contra de una resolución de la Asamblea General de la ONU en la que se pedía la suspensión de la pena de muerte.

Informes y visitas de Amnistía Internacional