Azerbaiyán - Informe 2008 Amnistia Internacional

حقوق الإنسان في República de Azerbaiyán

منظمة العفو الدولية  تقرير 2013


The 2013 Annual Report on
أذربيجانالصادر حديثاً

Jefe del Estado : Ilham Aliyev
Jefe del gobierno : Artur Rasizade
Pena de muerte : abolicionista para todos los delitos
PoblaciÓn : 8,5 millones
Esperanza de vida : 67,1 años
Mortalidad infantil (<5 años) (h/m) : 90/81 por cada 1.000
PoblaciÓn adulta alfabetizada : 98,8 por ciento

Siguió limitándose de forma generalizada la libertad de expresión y reunión. Periodistas críticos e independientes se enfrentaban a penas de cárcel por cargos de difamación; también sufrieron hostigamiento por parte de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y, en ocasiones, agresiones físicas. Las autoridades cerraron dos periódicos de oposición de amplia difusión; al final del año cinco periodistas fueron indultados y quedaron en libertad. Tres adolescentes comenzaron a cumplir penas de 10 años de prisión sin que sus denuncias de que habían «confesado» bajo tortura se hubiesen investigado. Activistas de derechos humanos sufrieron intimidación. Un activista de etnia azerí fue extraditado a Irán a pesar de que corría riesgo de sufrir tortura u otros malos tratos. Se impedía a las personas desplazadas internamente el ejercicio pleno de sus derechos sociales y económicos.

Libertad de expresión: periodistas

Siguió restringiéndose de forma sistemática el derecho a la libertad de expresión, en particular la de los periodistas que denunciaban casos de corrupción, otros abusos por parte de cargos públicos o problemas socioeconómicos. Varios hombres desconocidos propinaron una paliza a un periodista; según los informes, funcionarios encargados de hacer cumplir la ley golpearon a otros dos periodistas. Organismos gubernamentales locales confiscaron o prohibieron la venta de varias ediciones de periódicos críticos con el gobierno en los que se publicaron informaciones políticamente delicadas. No se avanzó en las investigaciones sobre el asesinato del director de periódico Elmar Hüseynov en 2005 y sobre las graves agresiones que en 2006 sufrieron varios periodistas a manos de hombres desconocidos.

  • La persistente campaña contra Eynulla Fetullayev, director de los conocidos periódicos Realny Azerbaydzhan (Azerbaiyán Real) y Gündelik Azerbaycan (Diario de Azerbaiyán) y persona abiertamente crítica con el gobierno, culminó en dos juicios, en abril y octubre, respectivamente. En abril lo condenaron a 30 años de prisión por difamar a víctimas y supervivientes de homicidios y otras violaciones de derechos humanos cometidas en el pueblo de Xocali durante la guerra de 1991-1994 en Nagorno-Karabaj. Eynulla Fetullayev negó ser el autor de los artículos colgados en Internet en que, a pesar de su origen poco claro, se basó la acusación. Las autoridades estatales llevaron a cabo una serie de inspecciones en las sedes de los periódicos, aparentemente con el fin de cerrarlos, lo que hicieron finalmente en mayo. En octubre, Eynulla Fetullayev fue condenado a ocho años y medio de prisión por cargos de terrorismo, incitación al odio étnico y evasión de impuestos. Él negó todos los cargos. Amnistía Internacional lo consideró preso de conciencia.
  • Otros cuatro periodistas y directores de periódico independientes o de oposición, Faramaz Novruzoğlu, Yaşar Agazade, Rovşan Kebirli y Nazim Quliev, ingresaron en prisión acusados de difamar e insultar, después de publicar artículos sobre importantes personalidades políticas o sobre la corrupción en la administración pública. Faramaz Novruzoğlu, Yaşar Agazade y Rovşan Kebirli fueron indultados y quedaron en libertad en diciembre. Nazim Quliyev también quedó en libertad en diciembre por orden judicial.
  • El periodista Rafiq Taği y el director del periódico Sanat (Arte), Samir Sedeqetoğlu, fueron condenados en mayo a tres y cuatro años de prisión, respectivamente, por incitar al odio religioso después de escribir y publicar un artículo crítico con el islam. Amnistía Internacional los consideró presos de conciencia, al no haber encontrado nada en el artículo que pudiera interpretarse como incitación a la hostilidad, la discriminación o la violencia. En diciembre los dos fueron indultados y quedaron en libertad.
  • Al terminar 2007 no se había esclarecido la grave agresión que sufrió el periodista de la oposición Üzeyir Ceferov, a manos de hombres desconocidos en abril, el mismo día en que había testificado en defensa de Eynulla Fetullayev (véase supra).
  • En septiembre, según los informes, funcionarios judiciales golpearon a la reportera del periódico Impuls (Impulso) Süheyle Qemberova, cuando investigaba para escribir un artículo sobre desalojos forzosos. Hubo de ser hospitalizada después de haber recibido patadas y puñetazos.
  • En Naxçivan (enclave azerbaiyano que limita al sur con Irán y al este con Armenia), la policía detuvo en septiembre a Hekimeldostu Mehdiyev, periodista del periódico opositor Yeni Müsavat (Nueva Igualdad). Al parecer lo golpearon y permaneció detenido cuatro días tras haber informado sobre los problemas socioeconómicos de la región.
  • En noviembre se acusó de vandalismo y de causar daños físicos a Qenimet Zahid, director del periódico de la oposición Azadlıq (Libertad) y hermano del escritor satírico encarcelado Sakit Zahidov, después de un incidente con dos transeúntes que, según afirmó el imputado, había sido preparado por las autoridades. Al final del año su caso seguía pendiente.

Policía: uso excesivo de la fuerza

Según los informes, la policía utilizó fuerza excesiva para impedir a los periodistas que informasen o filmasen actos políticamente delicados, tales como manifestaciones de los partidos de la oposición. En junio, unos 200 agentes de policía dispersaron una manifestación no autorizada en la que participaban unos 50 profesionales del periodismo que protestaban contra las restricciones a la libertad de expresión. Los periodistas recibieron patadas y puñetazos y uno de ellos hubo de ser hospitalizado con lesiones en el vientre. En julio, el presidente Ilham Aliyev declaró que no se abrirían diligencias penales contra ningún agente de policía por haber golpeado presuntamente a periodistas durante las elecciones al Parlamento celebradas en 2005. Activistas de derechos humanos condenaron este comentario porque contribuía a crear un clima de impunidad respecto al uso de la fuerza contra periodistas por parte de la policía.

Tortura y otros malos tratos

Hubo informes persistentes sobre el uso de la tortura y otros malos tratos por funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. En octubre, el viceministro del Interior, Vilayet Eyvazov, declaró en una conferencia de prensa que los agentes de policía utilizaban ocasionalmente la tortura al interrogar a sospechosos detenidos preventivamente.

  • En junio, el Tribunal de Delitos Graves condenó a los adolescentes Dmitri Pavlov, Maksim Genashilkin y Ruslan Bessonov, acusados del asesinato de otro adolescente, Vüsal Zeynalov, a 10 años de prisión después de un juicio caracterizado por graves irregularidades. Los adolescentes declararon que se habían incriminado mutuamente después de sufrir torturas tras su detención en marzo de 2005, pero estas afirmaciones no se investigaron. Los progenitores de los jóvenes declararon a Amnistía Internacional que creían que sus hijos estaban siendo perseguidos por pertenecer a la etnia rusa, lo cual permitía presentar el asesinato como un crimen por motivos étnicos, ya que Vüsal Zeynalov era de etnia azerí.

Defensores y defensoras de los derechos humanos

Según los informes, agentes encargados de hacer cumplir la ley intimidaron a personas que defendían los derechos humanos y en un caso no intervinieron para proteger a una ONG de la intimidación.

  • En abril, Javid Aliev, hijo de Akifa Alieva, coordinadora dela Asamblea de Ciudadanos de Helsinki en la ciudad de Ganja, fue detenido y condenado a tres días de prisión por negarse a cooperar con la policía, después de que ésta lo interrogase por colgar una cortina en el cristal trasero de su automóvil. Antes de su detención, al parecer, la policía local había lanzado la amenaza de que el activismo en favor de los derechos humanos de Akifa Alieva estaba poniendo en peligro a sus hijos.
  • El 5 de julio, miembros del partido Müasir Müsavat (Igualdad Moderna) formaron un piquete frente a la sede del Instituto para la Pazy la Democracia. Loscongregados arrojaron huevos y otros objetos contra la oficina, pero los agentes de policía presentes no intervinieron.

Expulsión y extradición

Las autoridades siguieron extraditando a personas a pesar del riesgo de tortura y otros malos tratos.

  • En abril, Hadi Sid Javad Musevi, un ciudadano iraní y activista de etnia azerí perteneciente al Movimiento Despertar Nacional del Sur de Azerbaiyán fue extraditado a Irán. Según los informes, Hadi Musevi había huido a Azerbaiyán en 2006, después de haber sufrido detención y tortura en Irán.
  • En mayo, el Comité de la ONU contrala Tortura decidió que la extradición de Elif Pelit, ciudadana turca de etnia kurda, a Turquía en octubre de 2006, contravenía las obligaciones internacionales que impiden la devolución de personas a Estados donde exista el riesgo de tortura.

En otro caso, se expulsó a personas sin darles acceso a procedimientos de apelación.

  • Seis testigos de Jehová –una persona neerlandesa, otra británica, dos rusas y dos georgianas– fueron expulsadas del país en enero, en virtud de órdenes de expulsión administrativas, que no requerían la celebración de ninguna vista judicial. Según las autoridades, se las expulsó en virtud de una ley que prohibía que los ciudadanos extranjeros generasen agitación religiosa. Las expulsiones se produjeron después de una redada llevada a cabo en una reunión de testigos de Jehová en diciembre de 2006 en la que, según las autoridades, se confiscó tecnología apta para realizar actividades de espionaje, algo que los testigos de Jehová negaron. Según los informes, no se permitió que las personas expulsadas recurrieran la decisión.

Personas internamente desplazadas

Cientos de miles de personas desplazadas internamente por el conflicto de Nagorno-Karabaj en 1991-1994 seguían encontrando obstáculos que les impedían disfrutar de sus derechos económicos y sociales. Entre ellos, presuntas restricciones de su libertad de circulación, reasentamiento en zonas remotas y deprimidas económicamente, dificultades para registrar las nuevas unidades familiares y ausencia de mecanismos consultivos.

En septiembre, el Comité Estatal sobre Personas Refugiadas e Internamente Desplazadas ofreció a Amnistía Internacional garantías de que todas las personas desplazadas disfrutaban de libertad de circulación sin restricciones en el país, aunque reconocía problemas con el registro de las nuevas unidades familiares y que era necesario seguir trabajando para garantizar los derechos económicos y sociales de las personas vulnerables desplazadas en áreas urbanas. Con este fin, el Comité Estatal había elaborado un programa que abordaba las necesidades de las personas desplazadas en áreas urbanas y alojadas en edificios municipales, antiguas escuelas y barracones. Sin embargo, se seguía negando a las personas realojadas la propiedad legal de su nueva vivienda, que se definía como «temporal». Esto ponía en peligro su capacidad para ejercer el derecho a elegir entre retornar a su lugar de origen si en el futuro se alcanzaba un acuerdo de paz, la integración, o el realojo permanente en otro lugar del país.

Informes y visita de Amnistía Internacional