تقرير منظمة العفو الدولية لعام  2013
حالة حقوق الإنسان في العالم

بيان صحفي

12 أغسطس 2013

Nigeria: Las autoridades del estado de Lagos deben detener la oleada de devastadores desalojos forzosos

Nuevas imágenes de satélite revelan la verdadera magnitud del desalojo forzoso de Badia East, en Lagos, una de las dos megalópolis de África. Las imágenes del antes y el después de las demoliciones llevadas a cabo por las autoridades estatales el 23 de febrero de 2013 demuestran a las claras que una zona densamente poblada, con casas de cemento y otras estructuras, quedó totalmente arrasada. 

Se calcula que cerca de 9.000 residentes de Badia East han perdido sus hogares o sus medios de vida, a pesar de que las autoridades del estado de Lagos afirmaban que la zona era un vertedero. 

“Los efectos del desalojo forzoso de febrero han sido devastadores para la comunidad de Badia East. Decenas de personas aún duermen a la intemperie o bajo un puente cercano, expuestas a la lluvia, los mosquitos y las agresiones físicas”, ha afirmado Oluwatosin Popoola, investigador sobre Nigeria de Amnistía Internacional. 

En un nuevo informe, Amnistía Internacional y el Centro de Acción por los Derechos Económicos y Sociales (SERAC) examinan el impacto de las demoliciones y documentan las deficiencias del gobierno del estado de Lagos. 

Las organizaciones piden que cesen de inmediato los desalojos masivos en el estado de Lagos hasta que se hayan establecido salvaguardias para proteger a las personas de los desalojos forzosos. 

En el informe se ponen de manifiesto los devastadores efectos que han tenido los desalojos forzosos sobre las vidas de las personas que residen en la zona. Muchas mujeres cuyos pequeños negocios fueron demolidos el 23 de febrero afirman que ahora dependen de familiares y amigos para cubrir sus necesidades básicas. Algunas señalan que sufren de malaria o de fiebres tifoideas tras vivir a la intemperie, pero que no pueden seguir pagando las medicinas y el tratamiento. 

“El gobierno debe proporcionar de inmediato un remedio eficaz para las violaciones que ha cometido y dar a todas las personas afectadas una vivienda alternativa adecuada y una indemnización”, ha dicho Felix Morka, director ejecutivo del SERAC. 

El gobierno ha afirmado que el desalojo del 23 de febrero fue la primera fase de sus planes para despejar toda la zona de Badia East a fin de “reurbanizarla”. Si estos planes siguen al ritmo previsto, decenas de miles de personas corren peligro de sufrir un desalojo forzoso y pueden quedar en la indigencia. 

Bimbo Omowole Osobe reside en Badia East. Su vivienda y sus tiendas fueron demolidas. Ahora vive bajo una mosquitera y ha tenido que enviar a sus hijos a vivir con otros familiares. También ha dejado de mandarlos al colegio, pues no tiene dinero para pagarlo. 

Bimbo dijo a Amnistía Internacional: 

“Lo primero en la vida es tener un techo, a partir de ahí puedes vivir con lo mucho o poco que haya. Pero si no tienes techo, ¿cómo sobrevives?” 

Los residentes de Badia East dicen que no les dieron aviso alguno sobre el desalojo, que se llevó a cabo con excavadoras y presencia de policías armados. Los integrantes de la comunidad no tuvieron tiempo de sacar sus pertenencias de sus casas para ponerlas a salvo antes de que empezaran a demolerlas. 

Las autoridades del estado de Lagos ha dado versiones totalmente contradictorias de la demolición. 

Mientras que el fiscal general ha reconocido que se desalojó a personas al despejar la zona, el consejero de Vivienda del estado de Lagos dijo a Amnistía Internacional en una reunión que en la zona de las demoliciones no había viviendas, y que era solo un vertedero. 

Amnistía Internacional ha encargado imágenes por satélite que muestran a las claras que esto no es cierto. En una foto tomada antes de la demolición, el 8 de febrero de 2013, se ven claramente estructuras de alta densidad, en marcado contraste con una imagen posterior, tomada el 8 de abril de 2013, en la que se observa que las estructuras han sido totalmente arrasadas. 

Una encuesta realizada por miembros de la comunidad con el apoyo del SERAC estima en 266 el número de estructuras totalmente destrozadas en las que había viviendas y negocios y cuya demolición afectó a unas 2.237 unidades familiares. 

“Las autoridades del estado de Lagos han infringido las leyes nacionales y el derecho internacional. Ya es hora de que tanto ellas como el gobierno nacional del Nigeria pongan fin a los desalojos forzosos y promulguen garantías jurídicas que sean de aplicación en todos los desalojos”, ha dicho Oluwatosin Popoola.   

Desgraciadamente, esta situación y los problemas que conlleva son característicos de una pauta de actuación general del gobierno del estado de Lagos en los desalojos forzosos. En muchos de ellos, documentados por SERAC y Amnistía Internacional, las autoridades no han consultado a las personas afectadas para estudiar alternativas al desalojo, no les han avisado adecuadamente de que iban a ser desalojadas ni les han proporcionado recursos legales ni vivienda alternativa adecuada. 

El gobierno de Nigeria debe suspender los desalojos forzosos hasta que se hayan aprobado leyes que protejan a los ciudadanos de esta práctica, que el derecho internacional considera ilegítima.

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