ميانمار

حقوق الإنسان في República de la Unión de Myanmar

منظمة العفو الدولية  تقرير 2013


The 2013 Annual Report on
ميانمارالصادر حديثاً

Jefe del Estado y del gobierno
Thein Sein

Información general

En abril se celebraron unas elecciones parciales que, según los observadores internacionales, fueron en gran medida libres y justas. El partido de la oposición, la Liga Nacional para la Democracia, obtuvo 43 de los 44 escaños en liza y pudo ocuparlos.

En agosto, la ex presa de conciencia Daw Aung San Suu Kyi fue nombrada presidenta de la Comisión para el Estado de Derecho y la Tranquilidad, recién creada en el Parlamento. En septiembre, la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Myanmar fue aceptada como miembro del Foro de las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos del Sudeste Asiático, y en noviembre fue admitida como miembro asociado del Foro de Asia y Oceanía, aunque persistía la preocupación por su capacidad para actuar como observador independiente de derechos humanos.

En noviembre, Myanmar adoptó la Declaración de Derechos Humanos de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), pese a la gran preocupación que suscitaba el hecho de que el documento no se ajustara a las normas internacionales. También en noviembre, el presidente Thein Sein autorizó al Comité Internacional de la Cruz Roja que reanudara sus visitas a las prisiones y anunció que el gobierno tenía previsto promover la creación de un mecanismo intergubernamental para revisar casos de presos.

La Unión Europea, así como Australia, Canadá, Suiza y Estados Unidos, suspendió durante el primer semestre del año la mayoría de las sanciones impuestas a Myanmar, aunque siguieron en vigor los embargos de armas.

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Conflicto armado interno

El gobierno firmó el alto el fuego o acuerdos de paz iniciales con los brazos políticos de alrededor de ocho grupos de oposición de minorías étnicas, como el Ejército de Liberación de Arakan, la Unión Nacional Karen, el Ejército del Estado de Shan-Norte y el Ejército del Estado de Shan-Sur. Sin embargo, se siguió recibiendo información sobre el estallido de enfrentamientos ocasionales en el este del país. En los estados de Kachin y Shan, en el norte, se intensificó el conflicto armado, y al concluir el año las fuerzas armadas recurrieron a los bombardeos aéreos para atacar puestos de avanzada del Ejército Independentista Kachin. El conflicto había comenzado cuando el ejército de Myanmar rompió el alto el fuego suscrito con el Ejército Independentista Kachin en junio de 2011. Los intentos de celebrar conversaciones entre el gobierno y este grupo a lo largo del año fueron infructuosos. En junio se firmó un plan de acción de la OIT sobre reclutamiento de menores de edad en el ejército, así como el plan de acción conjunto sobre reclutamiento y utilización de niños en conflictos armados previsto en la Resolución 1612 del Consejo de Seguridad de la ONU; además, las autoridades liberaron públicamente a 42 niños soldados en septiembre.

Los habitantes de las zonas afectadas por el conflicto armado, sobre todo en los estados de Kachin y Shan, en el norte, siguieron sufriendo abusos contra los derechos humanos, como detenciones arbitrarias, homicidios ilegítimos, violencia sexual, tortura, desapariciones forzadas y destrucción de medios de vida.

  • En enero, los abogados de la familia de Sumlut Roi Ja, mujer kachin desaparecida, presentaron una demanda ante el Tribunal Supremo en Nay Pyi Taw. Según la información recibida, Sumlut Roi Ja había desaparecido tras ser detenida por las fuerzas armadas en octubre de 2011. No se permitió prestar declaración a su esposo, que afirmó haber presenciado el secuestro. En marzo, el Tribunal Supremo desestimó el caso por falta de pruebas.
  • En junio, el ejército detuvo a cuatro hombres de etnia kachin que estaban cuidando del ganado por su presunta relación con la Organización Independentista Kachin y con el Ejército Independentista Kachin. Según fuentes fidedignas, los hombres fueron torturados.
  • El 1 de julio, los soldados detuvieron a 27 hombres de etnia kachin por su presunta relación con el Ejército Independentista Kachin. La mayoría quedó en libertad enseguida, pero Galau Bawm Yaw permaneció recluido. El 22 de julio se encontró su cadáver, que, según la información disponible, tenía señales de tortura.

Personas internamente desplazadas

Al concluir el año había más de 75.000 personas desplazadas por el conflicto que afectaba al estado de Kachin. Muchas de ellas vivían en campamentos levantados de manera provisional en zonas controladas por el Ejército Independentista Kachin cerca de la frontera con China, y no tenían acceso suficiente a comida, atención médica y saneamiento adecuado. Las organizaciones humanitarias no podían proporcionar asistencia constante en las zonas controladas por el Ejército Independentista Kachin y la Organización Independentista Kachin debido a las restricciones impuestas por el gobierno.

En el este del país seguía habiendo más de 400.000 personas desplazadas. Otros 115.000 musulmanes rohingyas y de otras etnias continuaban desplazados en el estado de Rajine debido a la violencia entre comunidades y a los abusos. Las agencias humanitarias tuvieron dificultades para asistir a quienes vivían fuera de los campos oficiales para desplazados internos, sobre todo a finales de octubre y principios de noviembre. La situación de los campos era de hacinamiento e insalubridad.

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Violencia entre comunidades

A principios de junio estallaron enfrentamientos violentos entre budistas de etnia rajine y musulmanes rohingyas y de otras etnias, tras la presunta violación y asesinato de una mujer rajine budista, cometidos por tres musulmanes el 28 de mayo en el estado de Rajine, y el posterior homicidio de 10 hombres musulmanes en un ataque por venganza. El 10 de junio, el presidente declaró el estado de excepción. Siguió habiendo actos violentos esporádicos en julio y agosto, y la violencia entre comunidades estalló de nuevo con intensidad entre el 21 y el 30 de octubre, cuando fueron atacadas también otras comunidades musulmanas, como la de etnia karan. Según cifras oficiales, murieron alrededor de 160 personas, aunque la cifra real podría ser muy superior.

El 17 de agosto, el gobierno creó una comisión para investigar la causa de la violencia en el estado de Rajine. La comisión estaba integrada por diversas partes afectadas, incluidos ex presos políticos y seis representantes musulmanes, pero no había ningún representante de la comunidad rohingya. Dos de los representantes musulmanes fueron relevados de sus cargos en noviembre. Al concluir el año la comisión no había dado a conocer su informe final.

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Conflictos de tierras

Durante el año estallaron protestas por las apropiaciones de tierras y los desalojos. Se creó una comisión parlamentaria para investigar los conflictos de tierras. Según la información recibida, la comisión estudió varios centenares de casos durante el último trimestre del año –de un total de 4.000 informes recibidos sobre confiscaciones de tierras– y debía presentar sus conclusiones ante el Parlamento a principios de 2013.

  • La madrugada del 29 de noviembre, la policía dispersó por la fuerza a los manifestantes pacíficos que estaban acampados en la mina de cobre de Letpadaung, en el municipio de Monywa, división de Sagaing, e hirió gravemente a varios, entre ellos algunos monjes. Los manifestantes protestaban por la ampliación de la mina, la confiscación de tierras que conllevaba y el impacto medioambiental que, según los informes, ya estaba causando la mina. En diciembre, Daw Aung San Suu Kyi fue nombrada presidenta de una comisión para investigar la ampliación de la mina y la represión de los manifestantes.

La Ley sobre Tierras de Cultivo y la Ley de Gestión de Tierras Desocupadas, Improductivas y Vírgenes, promulgadas en 2012, no proporcionaban suficiente protección a los agricultores frente a la confiscación de tierras por las autoridades.

En marzo se modificó la Ley de Administración de Distritos o Comarcas para penalizar el trabajo forzoso. En julio, el gobierno aprobó un plan de acción para poner fin a todas las formas de trabajo forzoso antes de 2015. Sin embargo, esta práctica continuaba, sobre todo en las zonas habitadas por minorías étnicas.

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Libertad de reunión

En julio, el gobierno promulgó la Ley sobre el Derecho de Reunión y Marcha Pacíficas, de 2011, en virtud de la cual había que solicitar permiso para manifestarse con un mínimo de cinco días de antelación y no debía denegarse el permiso salvo que fueran a vulnerarse “la seguridad del Estado, el Estado de derecho, la tranquilidad pública y las leyes vigentes de protección al público”.

Algunas personas que organizaron manifestaciones pacíficas sin autorización o participaron en ellas fueron acusadas de delitos en aplicación del artículo 18 de la Ley y se enfrentaban a una pena de hasta un año de prisión por cada municipio en el que hubieran entrado sin permiso.

  • Varias personas fueron acusadas de delitos con arreglo a la Ley por organizar una marcha por la paz no autorizada en septiembre. Los manifestantes atravesaron varios municipios, y se formularon cargos en su contra en cada uno de ellos.
  • En diciembre, al menos seis activistas fueron acusados en virtud del artículo 18 de la Ley por manifestarse sin autorización el 1 de diciembre en Yangón. Los activistas habían salido a expresar su preocupación por la represión violenta sufrida en noviembre por los manifestantes de la mina de Monywa, en la región de Sagaing.
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Libertad de expresión

El 20 de agosto, el Ministerio de Información anunció el fin de todos los procedimientos de censura previa, y ese mismo día dictó un conjunto de estrictas directrices para la publicación que prohibían, entre otras cosas, las críticas negativas a las políticas del Estado. El Ministerio siguió exigiendo que los artículos fueran presentados a la División de Examen y Acreditación de Prensa después de su publicación.

A principios de agosto, el gobierno creó el Consejo Básico de Prensa de Myanmar como órgano provisional, encargado de supervisar y abordar las cuestiones relacionadas con los medios de comunicación hasta que se promulgara la nueva ley sobre medios de comunicación. Los periodistas se opusieron enérgicamente a su falta de independencia, su composición y su autoridad. A mediados de septiembre se estableció un nuevo Consejo de Prensa provisional; más de la mitad de sus miembros eran periodistas.

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Detención y reclusión arbitrarias

Cientos de personas, menores de edad entre ellas, se hallaban recluidas arbitrariamente y sometidas a régimen de incomunicación y a tratos crueles, inhumanos y degradantes en centros de detención sin acceso a la debida atención médica. Siguieron recibiéndose informes sobre tortura y otros malos tratos, causantes en ocasiones de muerte bajo custodia.

  • Entre las personas recluidas se encontraba el preso de conciencia Tun Aung, médico y presidente del Consejo de Asuntos Religiosos Islámicos de Maungdaw, estado de Rajine. Había sido detenido el 11 de junio por provocar disturbios entre comunidades religiosas en Maungdaw y condenado a 11 años de prisión en el segundo semestre del año. Se creía que había sido perseguido por su papel como líder de la comunidad musulmana de Maungdaw.
  • En julio, Myo Myint Swe murió en una comisaría de policía de Yangón, tras ser acusado de estar implicado en un asesinato. Su cadáver tenía señales de tortura.

Amnistías de presos

Las autoridades pusieron en libertad a más de 8.500 presos, entre los que había cientos de presos de conciencia. La mayoría quedaron en libertad condicional en aplicación del artículo 401 del Código de Enjuiciamiento Criminal, cuya violación podía conllevar ser encarcelado de nuevo para cumplir el resto de la condena.

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Pena de muerte

A principios de enero, el presidente conmutó por cadena perpetua todas las condenas de muerte. Sin embargo, durante el año se impuso la pena capital al menos a 17 hombres.

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Impunidad

La Comisión Nacional de Derechos Humanos no tenía autoridad para recibir e investigar denuncias de violaciones de derechos humanos cometidas antes de su creación, el 5 de septiembre de 2011. No existía ningún mecanismo integral e independiente para investigar posibles crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, lo que dejaba a las víctimas y a sus familias sin medios adecuados para obtener justicia, verdad y reparación. Muchos responsables de violaciones graves de derechos humanos no habían respondido de ellas ante la justicia.

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