Brasil

حقوق الإنسان في República Federativa del Brasil

منظمة العفو الدولية  تقرير 2013


The 2013 Annual Report on
البرازيلالصادر حديثاً

Jefa del Estado y del gobierno
Dilma Rousseff

Información general

La situación socioeconómica continuó mejorando, lo que permitió que un mayor número de personas saliesen de la pobreza extrema. Sin embargo, los proyectos de desarrollo seguían constituyendo una amenaza para las viviendas y el sustento de indígenas, trabajadores rurales sin tierra, pescadores y habitantes de asentamientos precarios urbanos.

En noviembre, Brasil fue reelegido miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Criticó las violaciones de derechos humanos cometidas en el conflicto armado sirio, pero se abstuvo en la votación sobre una resolución de la Asamblea General de la ONU que expresaba preocupación por la situación de los derechos humanos en Irán.

En mayo, la Cámara de Diputados aprobó una enmienda a la Constitución que permitía la confiscación de tierras cuando se comprobase que se había recurrido al trabajo en condiciones de esclavitud. Al finalizar el año la reforma estaba pendiente de aprobación por parte del Senado.

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Impunidad

En mayo de 2012, la presidenta Dilma Rousseff creó la Comisión Nacional de la Verdad, encargada de investigar las violaciones de derechos humanos cometidas desde 1946 hasta 1988. A lo largo del año, la Comisión comenzó a escuchar testimonios e investigar expedientes, aunque la celebración de algunas sesiones a puerta cerrada suscitó cierta preocupación. Su creación llevó al establecimiento de comisiones similares en varios estados, como Pernambuco, Rio Grande do Sul y São Paulo. Sin embargo, seguía preocupando la capacidad para abordar la impunidad de los crímenes de lesa humanidad mientras continuase vigente la Ley de Amnistía de 1979; en 2010, la Corte Interamericana de Derechos Humanos había declarado que la Ley “carec[ía] de efectos jurídicos”.

Los fiscales federales iniciaron procesamientos penales de miembros de los servicios de seguridad por secuestros cometidos durante el gobierno militar (1964-1985), alegando que se trataba de “delitos continuados” y, por tanto, no comprendidos en la Ley de Amnistía.

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Seguridad pública

Los estados siguieron recurriendo a métodos de actuación policial represivos y discriminatorios para hacer frente a la violencia de la delincuencia armada. La violencia delictiva se cobró la vida de decenas de miles de personas –con un número desproporcionado de jóvenes negros entre las víctimas–, especialmente en el norte y el noreste del país.

El número de asesinatos se redujo en algunos estados, a menudo como consecuencia de proyectos específicos de seguridad pública. En Río de Janeiro, por ejemplo, el proyecto de las Unidades de Policía Pacificadora se amplió a nuevas favelas y contribuyó a la disminución del índice de homicidios.

En enero, el gobierno federal redujo a poco más de la mitad la financiación de su Programa Nacional de Seguridad Pública con la Ciudadanía. Aunque prometió poner en marcha algunos proyectos importantes para garantizar una mayor protección, como el Plan de Prevención de la Violencia contra la Juventud Negra (conocido como “Juventud Viva”), se temía que no los dotara de la financiación necesaria.

En los estados de Río de Janeiro y São Paulo, los homicidios cometidos por policías seguían registrándose como “actos de resistencia” o “resistencia seguida de muerte”. Casi ninguno de estos casos se investigaba de forma efectiva, ni siquiera ante indicios de uso excesivo de la fuerza y posible ejecución extrajudicial. En noviembre, el Consejo de Defensa de los Derechos Humanos aprobó una resolución en la que pedía a todos los estados que dejasen de registrar los homicidios policiales como “actos de resistencia” o “resistencia seguida de muerte”. También instaba en ella a que se investigasen todos los homicidios cometidos por la policía, se protegiesen las pruebas periciales y se publicasen periódicamente las cifras de homicidios de este tipo. Al concluir el año, el gobierno del estado de São Paulo estaba estudiando la resolución con vistas a, en 2013, introducir cambios en la denominación de los homicidios policiales y establecer medidas para preservar el escenario del delito.

En el estado de São Paulo, el número de homicidios aumentó espectacularmente, poniendo fin a la disminución lograda durante los ocho años previos. Entre enero y septiembre se registraron 3.539 asesinatos, lo que suponía un aumento del 9,7 por ciento con respecto al mismo periodo del año anterior. También hubo un pronunciado aumento de los homicidios de agentes de policía: sólo en noviembre murieron más de 90. La policía, así como intelectuales y medios de comunicación, denunció que este incremento se había producido en un contexto de crecientes enfrentamientos con la principal banda delictiva del estado, el Primer Comando de la Capital (PCC). Se anunció la creación de una iniciativa conjunta del estado y el gobierno federal para combatir la violencia; esta iniciativa estaría controlada por el recién nombrado secretario de Seguridad Pública del estado.

  • En mayo fueron detenidos tres miembros de la ROTA, fuerza perteneciente al Comando Policial de Choque de la policía militar. Se los acusó de la ejecución extrajudicial de un presunto miembro del PCC, cometida durante una operación policial en Penha, en el este de la ciudad de São Paulo, ese mismo mes. Según un testigo, los agentes detuvieron al presunto miembro del PCC, lo golpearon y lo mataron a tiros en un vehículo policial.

La policía seguía participando en actividades corruptas y delictivas. En Río de Janeiro, aunque se registraron algunos avances en cuanto a garantizar la seguridad pública, las milicias (integradas por agentes o ex agentes encargados de hacer cumplir la ley) continuaban dominando muchas de las favelas de la ciudad.

  • Según los informes recibidos, en octubre, miembros de la milicia Liga de la Justicia amenazaron de muerte a los propietarios de una de las empresas informales de autobuses de Río de Janeiro para que dejaran de trabajar en cuatro zonas de la ciudad. Debido a ello, hasta 210.000 personas se vieron afectadas por la interrupción de las conexiones en el transporte. Las amenazas coincidieron con el intento de la milicia de hacerse con el control de los servicios de transporte en el oeste de la ciudad.
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Tortura y condiciones crueles, inhumanas y degradantes

En julio, el Subcomité de la ONU para la Prevención de la Tortura expresó preocupación por el uso generalizado de la tortura y por el hecho de que las autoridades no garantizaran investigaciones ni procesamientos efectivos. Las autoridades federales y algunas autoridades estatales adoptaron medidas para combatir y prevenir la tortura mediante el Plan de Acción Integrado para la Prevención y Control de la Tortura. Un elemento central de este plan era la legislación federal, aún pendiente, necesaria para la creación de un mecanismo nacional de prevención conforme a lo dispuesto en el Protocolo Facultativo de la Convención de la ONU contra la Tortura. Sin embargo, los grupos de derechos humanos consideraban motivo de preocupación un cambio de la legislación que establecía que sólo el presidente estaba facultado para elegir a los miembros del Comité Nacional de Prevención y Lucha contra la Tortura, pues consideraban que vulneraba los requisitos del Protocolo Facultativo y de los Principios de la ONU relativos al Estatuto y Funcionamiento de las Instituciones Nacionales de Protección y Promoción de los Derechos Humanos (“Principios de París”).

El Subcomité de la ONU para la Prevención de la Tortura elogió el mecanismo del estado de Río de Janeiro por la independencia de su estructura y sus criterios de selección y por el mandato que se le había dado. Sin embargo, preocupaba que este mecanismo no estuviese recibiendo la financiación necesaria.

Continuó aumentando el número de personas privadas de libertad. Había un déficit de más de 200.000 plazas, por lo que las condiciones crueles, inhumanas y degradantes eran habituales. En el estado de Amazonas se recluía a las personas en celdas malolientes, inseguras y atestadas. Las mujeres, los niños y las niñas estaban recluidos en las mismas unidades que los hombres, y se recibieron numerosos informes de tortura, con prácticas como semiasfixia con una bolsa de plástico, palizas y descargas eléctricas. Los informes indicaban que en la mayoría de los casos estaban implicados miembros de la policía militar del estado.

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Derechos sobre la tierra

Cientos de comunidades estaban condenadas a vivir en condiciones atroces porque las autoridades no respetaban ni defendían su derecho constitucional a la tierra. Hubo amenazas, ataques y asesinatos contra activistas en favor del derecho a la tierra y contra líderes comunitarios. Las comunidades indígenas y quilombolas corrían especial peligro, a menudo como consecuencia de proyectos de desarrollo.

En julio, la Procuraduría General de la República publicó una polémica resolución (Portaria 303) que desató las protestas de indígenas y ONG en todo Brasil. La resolución permitiría poner en marcha proyectos mineros e hidroeléctricos y establecer instalaciones militares en territorios indígenas sin el consentimiento libre, previo e informado de las comunidades afectadas. Al concluir el año, su ejecución se había suspendido en espera de una decisión del Tribunal Supremo.

Al finalizar el año estaba pendiente de debate en el Congreso Nacional una reforma constitucional que transferiría a éste la responsabilidad de demarcar las tierras indígenas y quilombolas, cometido que hasta la fecha correspondía a organismos oficiales. Preocupaba que, de ser aprobada, la reforma politizara el proceso y menoscabara las garantías constitucionales de protección.

Siguieron en marcha proyectos de desarrollo que perjudicaban a los pueblos indígenas. Continuaron estancadas iniciativas emprendidas mucho tiempo atrás con el fin de identificar y demarcar tierras indígenas.

  • A pesar de las protestas e impugnaciones, continuó la construcción de la presa de Belo Monte. En agosto se interrumpieron las obras al fallar un tribunal federal que no se había consultado adecuadamente a los pueblos indígenas, pero el Tribunal Supremo anuló posteriormente el fallo.

En el estado de Mato Grosso do Sul, las comunidades indígenas guaraní-kaiowá seguían sufriendo intimidación y violencia y viviendo bajo la amenaza de desalojo forzoso de sus tierras ancestrales.

  • En agosto, después de que la comunidad guaraní-kaiowá de Arroio-Korá reocupara sus tierras ancestrales en Mato Grosso do Sul, fue atacada por hombres armados, que quemaron cultivos, profirieron insultos y realizaron disparos. Según testigos, los atacantes secuestraron a Eduardo Pires, que al finalizar el año seguía en paradero desconocido.
  • En octubre, tras recibir una orden de desalojo, la comunidad de Pyelito Kue/Mbarakay (Mato Grosso do Sul), envió una carta abierta al gobierno brasileño y a la judicatura en la que denunciaba que prácticamente vivía en estado de sitio, rodeada por hombres armados y sin acceso adecuado a alimentos y atención médica. En octubre, una mujer de Pyelito Kue/Mbarakay fue violada repetidamente por ocho hombres armados que luego la interrogaron acerca de la comunidad. A la semana siguiente, un tribunal federal suspendió la orden de desalojo en espera de la conclusión de un informe antropológico que identificase oficialmente las tierras de la comunidad.

Las comunidades quilombolas que luchaban por sus derechos constitucionales a la tierra continuaron sufriendo actos de violencia y amenazas de desalojo forzoso a manos de hombres armados contratados por terratenientes. La situación en el estado de Maranhão seguía siendo crítica: se registraron actos de intimidación violenta en al menos nueve comunidades, y decenas de líderes comunitarios recibieron amenazas de muerte.

  • En noviembre, unos hombres armados invadieron la comunidad quilombola de Santa Maria dos Moreiras, en el municipio de Codó (estado de Maranhão), y dispararon contra el asentamiento. El ataque formaba parte de los reiterados intentos de terratenientes locales de alejar a la comunidad de las tierras, recurriendo a métodos como la destrucción de cultivos y las amenazas de muerte contra líderes comunitarios.
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Defensores y defensoras de los derechos humanos

Los defensores y defensoras de los derechos humanos a menudo eran víctimas de amenazas y actos de intimidación como consecuencia directa de su trabajo. Quienes se enfrentaban a los intereses creados políticos y económicos corrían especial peligro. La protección que recibían los defensores era desigual, ya que el programa federal de protección no se aplicaba de forma efectiva.

  • En mayo, Nilcilene Miguel de Lima, activista rural del municipio de Lábrea (estado de Amazonas), que había denunciado la tala ilegal en la región, fue amenazada, golpeada y obligada a marcharse de su casa. Recibió protección armada a través del Programa Nacional de Protección, pero tuvo que abandonar la región tras intensificarse las amenazas. Desde 2007, al menos seis trabajadores rurales habían sido asesinados en la región por conflictos de tierras.
  • La ecologista Laísa Santos Sampaio, del asentamiento de Praia Alta Piranheira, en Nova Ipixuna (estado de Pará), continuó recibiendo amenazas de muerte. Esas amenazas habían comenzado tras la muerte de su hermana, María do Espírito Santo da Silva, y su cuñado, José Cláudio Ribeiro da Silva, a manos de asesinos a sueldo en mayo de 2011. Al finalizar 2012 no había recibido protección porque no se había puesto en marcha el Programa Nacional de Protección.
  • Alexandre Anderson de Souza, presidente de la Asociación de Hombres y Mujeres del Mar (AHOMAR), la cofradía pesquera de Magé (estado de Río de Janeiro), y su esposa, Daize Menezes, recibieron varias amenazas de muerte. AHOMAR había hecho campaña contra la construcción de una refinería petroquímica en la bahía de Guanabara, en Río de Janeiro. A finales de junio de 2012 se encontraron en la bahía de Guanabara los cadáveres de Almir Nogueira de Amorim y João Luiz Telles Penetra, pescadores y miembros activos de AHOMAR. Los habían atado antes de ahogarlos.
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Derecho a la vivienda

Durante 2012, los proyectos de infraestructura urbana, muchos de ellos relacionados con la Copa Mundial de Fútbol de 2014 y los Juegos Olímpicos de Río de 2016, provocaron el desalojo forzoso de familias en varias comunidades de todo Brasil. Los desalojos se llevaron a cabo sin ofrecer a los residentes información completa y oportuna sobre las propuestas gubernamentales que afectaban a sus comunidades. Las autoridades tampoco entablaron auténticas negociaciones con las comunidades para explorar todas las alternativas al desalojo y, en caso necesario, ofrecer una indemnización completa o una vivienda alternativa adecuada en la zona. Por el contrario, se trasladó a las familias a viviendas inadecuadas, que se encontraban a gran distancia y que, a menudo, contaban con un acceso limitado a servicios básicos y estaban en zonas con graves problemas de seguridad.

  • A lo largo del año se demolieron 140 casas en Providência, en el centro de Río de Janeiro, como parte de un proyecto de reactivación urbana de la zona del puerto, en donde estaba previsto eliminar hasta 800 casas.

Algunas comunidades desalojadas fueron trasladadas a lugares muy alejados, situados en la parte occidental de Río de Janeiro, donde muchas zonas estaban dominadas por milicias. Las familias que vivían en viviendas de protección oficial en los barrios de Cosmos, Realengo y Campo Grande denunciaron que habían sufrido acoso y amenazas por parte de miembros de las milicias, y que algunas se habían visto obligadas a marcharse de sus apartamentos bajo coacción.

  • En enero, más de 6.000 personas fueron desalojadas del lugar conocido como Pinheirinho, en São José dos Campos, estado de São Paulo, en donde vivían desde 2004. La policía utilizó perros, gas lacrimógeno y balas de goma durante el desalojo, que se produjo a pesar de que se había suspendido la orden de llevarlo a cabo y continuaban las negociaciones con el gobierno federal para hallar una solución que permitiera a los residentes quedarse allí. No se dio a los afectados previo aviso ni tiempo suficiente para sacar sus pertenencias de las viviendas. Las autoridades no les ofrecieron alojamiento alternativo, y al concluir el año la mayoría vivía en condiciones degradantes en albergues temporales y otros asentamientos irregulares.

En la ciudad de São Paulo se creó una comisión parlamentaria para investigar el elevado índice de incendios, que habían destruido una serie de favelas situadas, en muchos casos, al lado de barrios ricos. En septiembre, 1.100 personas se quedaron sin hogar al incendiarse totalmente la favela Morro do Piolho. En noviembre, 600 habitantes de la favela Aracati perdieron sus hogares a causa de un incendio. En julio, un incendio en la favela Humaitá dejó a unas 400 personas sin hogar. Los residentes de la favela Moinho denunciaron que la policía les había impedido reconstruir sus viviendas cuando un incendio destruyó varias casas de la comunidad en septiembre.

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Derechos de las mujeres

Los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres seguían amenazados.

En marzo, el Tribunal Superior de Justicia absolvió a un hombre de la violación de tres niñas de 12 años, alegando que al parecer se trataba de “trabajadoras sexuales”. En agosto, el mismo Tribunal Superior anuló el fallo, que había suscitado la condena nacional e internacional.

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