أنغولا

حقوق الإنسان في República de Angola

منظمة العفو الدولية  تقرير 2013


The 2013 Annual Report on
أنغولاالصادر حديثاً

Jefe del Estado y del gobierno
José Eduardo dos Santos

Información general

En abril, Angola presentó su informe sobre derechos humanos a la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos.

También en abril, el Tribunal Constitucional aprobó la inscripción de un nuevo partido político, Convergencia Amplia para la Salvación de Angola-Coalición Electoral (CASA-CE). Este partido participó en las elecciones generales del 31 de agosto, las segundas que se celebraban desde 1992 y las terceras desde la independencia en 1975. Antes de los comicios se tuvo noticia de violencia política esporádica por parte de miembros del partido gobernante, Movimiento Popular para la Liberación de Angola (MPLA), contra la Unión Nacional para la Independencia Total de Angola (UNITA), CASA-CE y otros partidos políticos, así como por parte de UNITA contra el MPLA. El MPLA obtuvo casi el 72 por ciento de los votos, y la abstención fue del 40 por ciento, aproximadamente. Aunque antes de los comicios se tuvo constancia de algunas irregularidades, a juicio de los observadores las elecciones fueron libres y limpias. UNITA, CASA-CE y el Partido de Renovación Social (PRS) impugnaron oficialmente los resultados, pero las impugnaciones fueron desestimadas por infundadas por la Comisión Nacional Electoral angoleña.

El 27 de octubre, Media Investe, empresa propietaria del Semanário Angolense, censuró un número de esta publicación periódica porque, según los informes, contenía un discurso sobre el estado de la nación del líder de UNITA Isaías Samakuva en el que se criticaba al gobierno. Aunque se quemaron las versiones impresas del semanario, circuló una versión online.

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Policía y fuerzas de seguridad

Se tuvo noticia de uso excesivo de la fuerza y de detenciones y reclusiones arbitrarias por parte de la policía, incluso de manifestantes pacíficos. Según trascendió, la policía usó también fuerza excesiva contra personas detenidas, y a consecuencia de ello se produjo al menos una muerte. También hubo casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales a manos de la policía, entre ellas las de siete jóvenes a los que se encontró esposados y con impactos de bala en el municipio de Cacuaco, Luanda. No se hizo pública información adicional alguna en relación con las investigaciones sobre presuntos casos de violaciones de derechos humanos cometidas por la policía en el pasado.

  • El 3 de octubre, Manuel “Laranjinha” Francisco fue detenido por agentes de policía que, según la información recibida, lo golpearon en el momento de la detención y lo llevaron a la Decimoséptima Comisaría de la Policía, división de Cazenga, en el barrio de Luanda conocido con el nombre de Antenove. Según testigos, la policía lo golpeó en la comisaría. Al día siguiente la policía comunicó a su familia que había sido trasladado al mando policial de Cazenga. La familia no pudo encontrarlo en ese lugar, pero ese mismo día recibió una llamada en la que se le comunicó que el cuerpo de Manuel Francisco estaba en el depósito de cadáveres de un hospital de Luanda tras haber sido encontrado en el municipio de Cacuaco. Según los informes, el cadáver presentaba signos de haber sufrido palizas: entre otras cosas, le faltaban un diente y una uña de un dedo de una mano, y tenía una pierna fracturada. Aunque la familia presentó una queja en la división de policía de Cazenga, las autoridades policiales no hicieron comentario alguno sobre las denuncias según las cuales a Manuel Francisco lo habían matado mientras estaba bajo custodia, ni manifestaron si se estaba llevando a cabo una investigación sobre las circunstancias en torno a su muerte. Al terminar el año no se disponía de más información.
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Libertad de reunión y de asociación

Las autoridades continuaron reprimiendo la libertad de reunión en todo el país. Las manifestaciones contra el gobierno que comenzaron en marzo de 2011 continuaron en 2012 y tuvieron lugar sobre todo en Luanda, Benguela y Cabinda. Al igual que en 2011, la policía no sólo no intervino para impedir la violencia contra quienes se manifestaban pacíficamente, sino que también, según se tuvo noticia, usó fuerza excesiva contra los manifestantes, algunos de los cuales fueron detenidos y recluidos arbitrariamente. La policía también usó fuerza excesiva durante huelgas, entre ellas la del Sindicato de Trabajadores de la Salud de Cabinda, y en una manifestación de veteranos de guerra de las Fuerzas Armadas Populares de Liberación de Angola (FAPLA) en Luanda. Nadie rindió cuentas por el uso excesivo de la fuerza y las detenciones arbitrarias ocurridas durante las manifestaciones de 2011.

  • En marzo, los medios de comunicación estatales difundieron las amenazas proferidas contra los manifestantes antigubernamentales por un individuo que dijo hablar en representación de un grupo anónimo cuyos integrantes se autodenominaban defensores de la paz, la seguridad y la democracia nacionales. Durante todo el año, algunos hombres no identificados, sospechosos de estar alineados con la policía, se infiltraron en manifestaciones pacíficas y atacaron a manifestantes. El 22 de mayo, un grupo de personas que se habían reunido para organizar una manifestación fueron atacadas y golpeadas por agresores no identificados en el barrio de Nelito Soares, Luanda. También en mayo, los organizadores de unas manifestaciones identificaron a cuatro individuos vinculados con la policía que, según aseguraban, habían participado en ataques contra manifestantes pacíficos. Aunque las autoridades policiales afirmaron que se estaban llevando a cabo investigaciones sobre las amenazas difundidas por televisión y los ataques, al terminar el año nadie había rendido cuentas.
  • En Cabinda, la policía usó porras y un cañón de agua contra miembros del Sindicato de Trabajadores de la Salud que habían montado un piquete ante el hospital provincial entre el 30 de enero y el 3 de febrero. El 3 de febrero, la policía bloqueó el acceso al hospital de los huelguistas, que el 4 de febrero se trasladaron a las oficinas de la Unión de Sindicatos. La policía golpeó a los huelguistas y usó un cañón de agua para dispersar a la multitud, a la que dijo que era ilegal manifestarse en las inmediaciones de un edificio oficial. Un total de 17 mujeres y 5 hombres fueron detenidos y liberados el mismo día.

La libertad de asociación fue objeto de restricciones.

  • El 15 de septiembre comenzó en el Tribunal Militar de la Región de Luanda el juicio de 15 guardias presidenciales de la Unidad Central de Protección y Seguridad de la Casa Militar de la Presidencia de Angola. Los guardias fueron acusados formalmente de hacer “reivindicaciones colectivas” por haber firmado una petición el 11 de septiembre en la que se solicitaban unos salarios más justos, se cuestionaba el proceso de solicitud de puestos de oficiales de bajo rango y se pedía la mejora de la asistencia social en caso de fallecimiento de familiar inmediato. Al terminar el año el juicio no había concluido.
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Libertad de expresión: periodistas

Continuó la represión de la libertad de expresión, especialmente la de la prensa. Se intentó impedir la publicación de periódicos o artículos que se consideraban potencialmente antigubernamentales. No hubo novedades en los recursos presentados por Armando Chicoca y William Tonet, declarados culpables de difamación en 2011.

  • El 12 de marzo, unos 15 agentes de policía adscritos a la Dirección Nacional de Investigación Criminal (DNIC) entraron en las oficinas del periódico Folha-8 y confiscaron 20 ordenadores en el marco de una investigación sobre la publicación el 30 de diciembre de 2011 de un fotomontaje satírico del presidente, el vicepresidente y el jefe de la Casa Militar. En junio, la DNIC interrogó a siete trabajadores del periódico.
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Desapariciones forzadas

Durante el año se tuvo noticia de al menos dos casos de presunta desaparición forzada.

  • António Alves Kamulingue e Isaías Sebastião Cassule desaparecieron los días 27 y 29 de mayo, respectivamente. Participaban en la organización de una manifestación prevista para el 27 de mayo por veteranos de guerra y ex guardias presidenciales para exigir el pago de pensiones y salarios que se les adeudaban.
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Derecho a la vivienda: desalojos forzosos

A pesar de las conversaciones del gobierno para mejorar el acceso a la vivienda, continuaron los desalojos forzosos en pequeña escala y miles de personas seguían en situación de riesgo. Miles de familias que habían sido objeto de desalojo forzoso en el pasado seguían sin recibir indemnización. El gobierno se comprometió en junio de 2011 a realojar antes de abril de 2012 a más de 450 familias de Luanda cuyos hogares habían sido demolidos entre 2004 y 2006, pero al terminar el año ninguna de ellas había sido realojada. En septiembre, ONU-HABITAT anunció que se disponía a firmar un acuerdo de cooperación con Angola para enviar a un representante al país con la misión de prestar servicios de asesoramiento técnico en materia de vivienda en Luanda a partir de 2013.

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Presos de conciencia y posibles presos de conciencia

El 17 de enero de 2012 fueron excarcelados Mário Muamuene y Domingos Capenda, dos miembros de la Comisión del Manifiesto Jurídico Sociológico del Protectorado de Lunda Tchokwe que continuaban en la prisión de Kakanda pese a haber terminado de cumplir sus condenas el 9 de octubre de 2011.

A pesar de la conclusión del Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria, hecha pública en noviembre de 2011, en la que se pedía la liberación de los miembros de la Comisión recluidos entre 2009 y 2011, cinco de ellos –Sérgio Augusto, Sebastião Lumani, José Muteba, António Malendeca y Domingos Henrique Samujaia– continuaban en prisión. Durante el año se recibieron informes de nuevas detenciones de miembros de la Comisión.

  • El 12 de febrero, Eugénio Mateus Sangoma Lopes y Alberto Mulozeno fueron detenidos y acusados formalmente de delitos contra la seguridad del Estado tras presentarse, según los informes, la policía de Lucapa en sus respectivos domicilios y ordenarles que se personasen en la comisaría de policía para hablar de la Comisión. Según la orden emitida por el tribunal, en junio fueron declarados culpables y condenados a 18 meses de prisión por rebelión.
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