تقرير منظمة العفو الدولية لعام  2013
حالة حقوق الإنسان في العالم

26 مارس 2013

La “justicia” de Luisiana mantiene en aislamiento a un hombre durante más de 40 años

La “justicia” de Luisiana mantiene en aislamiento a un hombre durante más de 40 años
Albert Woodfox ha pasado más de la mitad de su vida en régimen de aislamiento en una cárcel de Luisiana.

Albert Woodfox ha pasado más de la mitad de su vida en régimen de aislamiento en una cárcel de Luisiana.

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Basta ya. Después de cuatro décadas, ya va siendo hora de que se haga justicia real con esta causa.
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Tessa Murphy, adjunta de investigación y acción en el equipo de Estados Unidos del Secretariado Internacional

Albert Woodfox ha pasado más de la mitad de su vida en una celda en la que solo se pueden dar tres pasos a lo ancho y cuatro pasos a lo largo.

Albert, de 66 años, fue condenado en 1972 por el asesinato de Brent Miller, un guardia penitenciario. Él defiende su inocencia y algunas organizaciones, incluida Amnistía Internacional, han afirmado que su caso suscita serias preocupaciones en materia de legalidad y derechos humanos.

Un tribunal de distrito federal de Luisiana dictaminó recientemente que la declaración de culpabilidad de Albert Woodfox debía anularse, pero el fiscal general de Luisiana, James Caldwell, ha dicho que recurrirá el fallo. Afirma que Albert Woodfox es un “delincuente de carrera” que debe permanecer entre rejas.

Este caso sigue proyectando una imagen preocupante sobre la justicia en Luisiana.

En 2008, este mismo tribunal de distrito federal resolvió invalidar la declaración de culpabilidad de Albert Woodfox, aunque permaneció en prisión a la espera de la vista de la fianza.

Entretanto, la Fiscalía General envió correos electrónicos a los vecinos de la sobrina de Woodfox, con quien tenía intención de vivir cuando fuera puesto en libertad bajo fianza, para advertirles de que su tío era un agresivo violador y un asesino convicto. El fiscal general pidió a los vecinos que firmaran peticiones en contra de la puesta en libertad de Woodfox.

Cuando el tribunal de distrito federal ordenó que Albert Woodfox fuera puesto en libertad bajo fianza, el juez criticó la campaña intimidatoria del fiscal general. A pesar de la orden de fianza impuesta, Woodfox permaneció en prisión tras una nueva intervención del fiscal general, que había recurrido la recomendación ante un tribunal superior.

El fiscal general Caldwell ha reiterado recientemente sus ataques públicos, haciendo circular acusaciones sobre las presuntas actividades delictivas de Woodfox en los años 60, vinculándolo a casos de violaciones y agresiones sexuales sin resolver, e insistiendo en que la causa estatal por asesinato que pesa sobre Woodfox es “muy sólida”.

Aclaraciones sobre los informes

Albert Woodfox nunca ha sido juzgado ni condenado por violación, y tras 41 años en prisión, sus informes disciplinarios tampoco reflejan que sea peligroso o violento. Las valoraciones sobre salud mental del propio sistema penitenciario indican que Woodfox no supone una amenaza para sí mismo ni para los demás.

Ha sido juzgado dos veces por el asesinato de Brent Miller. La primera condena fue anulada, Woodfox fue juzgado de nuevo y lo volvieron a declarar culpable. Se invalidó dicha condena, se recurrió la decisión, y fue condenado de nuevo. Ahora, este último dictamen anula la condena una vez más.

En el primer juicio, la declaración de culpabilidad de Woodfox se basó fundamentalmente en el testimonio de Hezekiah Brown, que fue el único testigo que declaró haber visto a Albert cometer el crimen, así como en las afirmaciones de otros cuatro internos.

No se halló ninguna prueba física que vinculase a Albert Woodfox con el asesinato, y las pruebas de ADN potencialmente favorables al acusado han desaparecido. Se encontró una huella dactilar ensangrentada cerca del cadáver que no coincidía con ninguno de los cuatro acusados, pero ni el estado ni los funcionarios de prisiones hicieron ningún intento por identificarla con las huellas dactilares recogidas en la base de datos del centro penitenciario.

Tras la muerte de Hezekiah Brown en 1996, han aparecido indicios que sugieren que a cambio de su testimonio el estado le ofreció algunas ventajas, como su traslado inmediato de prisión a una casa de campo en los terrenos y el suministro semanal de un cartón de cigarrillos.

Durante más de 10 años, el director de la prisión pidió en repetidas ocasiones el indulto de Brown, que finalmente le fue concedido en 1986.

Según un juez que revisó la causa en 2008, el testimonio de Brown fue “tan sumamente decisivo para la fiscalía, que sin él probablemente no habría causa”.

Dos de los cuatro testigos oculares que declararon que Albert Woodfox estaba implicado en el crimen se han retractado de sus testimonios. Uno de ellos ha afirmado que se inventó sus declaraciones porque los funcionarios le habían prometido que le ayudarían a ser trasladado de la prisión de Angola.

El coronel Nyati Bast, un ex recluso, testificó en el primer juicio de Albert Woodfox que estaba con él en el comedor cuando Brent Miller fue agredido, algo que ocurrió en otra zona distinta de la cárcel.

Bast fue encerrado en una celda de asilamiento al poco tiempo de revelar esta información a los funcionarios de prisión, y cumplió allí los 20 años de su condena. Bast sigue reafirmando su testimonio.

Por lo que respecta al resto de testigos, uno de ellos estaba considerado legalmente ciego y el otro se encontraba bajo los efectos de una fuerte medicación en el momento del asesinato.

Justicia real

Las contradicciones y errores del proceso legal llevaron a la viuda de Brent Miller a solicitar en 2008 que se llevara a cabo una nueva investigación sobre el caso: “Si ellos no lo hicieron –y eso es lo que creo yo– han estado viviendo una pesadilla durante 36 años”.

Albert Woodfox ha permanecido en una celda de aislamiento durante más de 40 años: 23 horas al día en un pequeño cubículo austeramente amueblado, del que solo le permiten salir para caminar por el pasillo de la celda, ducharse o hacer ejercicio en solitario.

No se le ha permitido trabajar, participar en programas de rehabilitación ni en actividades de grupo. Como consecuencia de ello, su salud física y mental se ha visto deteriorada. Amnistía Internacional insta al fiscal general a que no recurra la reciente decisión del tribunal de distrito.

“Basta ya. Después de cuatro décadas, ya va siendo hora de que se haga justicia real con esta causa –ha dicho Tessa Murphy, adjunta de investigación y acción en el equipo de Estados Unidos del Secretariado Internacional–. Debe respetarse el dictamen del tribunal de distrito federal.”

موضوعات

معايير حقوق الإنسان 
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